Alberdi y las libertades políticas que tienen consecuencias económicas

Para Alberdi las libertades políticas tienen claros contenidos económicos.

Alberdi 3

Por ejemplo:

La libertad o derecho de petición, es una salvaguardia de la producción económica, pues ella ofrece el camino de obtener la ejecución de la ley, que protege el capital, la tierra y el trabajo, sin cuya seguridad la riqueza carece de estímulo y la producción de objeto.

La libertad o derecho de locomoción es un auxilio de tal modo indispensable al ejercicio de toda industria y a la producción de toda riqueza, que sin ella o con las trabas puestas a su ejercicio, es imposible concebir la práctica del comercio, v. g., que es la producción o aumento del valor de las cosas por su traslación del punto de su producción al de su consumo; y no es menos difícil concebir producción agrícola o fabril, donde falta el derecho de darle la circulación, que le sirve de pábulo y de estímulo.

La libertad de publicar por la prensa importa esencialmente a la producción económica, ya se considere como medio de ejercer la industria literaria o intelectual, o bien como garantía tutelar de todas las garantías y libertades tanto económicas como políticas. La experiencia acredita que nunca es abundante la producción de la riqueza, en donde no hay libertad de delatar y de combatir por la prensa los errores y abusos que embarazan la industria; y, sobre todo, de dar a luz todas las verdades con que las ciencias físicas y exactas contribuyen a extender y perfeccionar los medios de producción.

La libertad de usar y disponer de su propiedad es un complemento de la libertad del trabajo y del derecho de propiedad; garantía adicional de grande utilidad contra la tendencia de la economía socialista de esta época, que, con pretexto de organizar esos derechos, pretende restringir el uso y disponibilidad de la propiedad (cuando no niega el derecho que ésta tiene de existir), y nivelar el trabajo del imbécil con el trabajo del genio.

La libertad de asociación aplicada a la industria, es uno de los resortes más poderosos que reconozca la producción económica moderna; y en la República Argentina es garantía del único medio de satisfacer la necesidad que ese país tiene de emprender la construcción de ferrocarriles, de promover la inmigración europea, de poner establecimientos de crédito privado, mediante la acción de capitales asociados o unidos, para obrar en el interés de esos fines y objetos.

La libertad de asociación supone el ejercicio de las otras libertades económicas; pues si el crédito, si el trabajo, si el uso de la propiedad, si la locomoción no son del todo libres, ¿para qué ha de servir la libertad de asociación en materia industrial?

El derecho de profesar libremente su culto, es una garantía que importa a la producción de la riqueza argentina, tanto como a su progreso moral y religioso. La República Argentina no tendrá inmigración, población ni brazos, siempre que exija de los inmigrantes disidentes, que son los más aptos para la industria, el sacrificio inmoral del altar en que han sido educados, como si la religión aprendida en la edad madura tuviese poder alguno y fuese capaz de reemplazar la que se ha mamado con la leche.

La libertad de enseñar y aprender se relaciona fuertemente con la producción de la riqueza, ya se considere la primera como industria productiva, ya se miren ambas como medio de perfeccionar y de extender la educación industrial, o como derogación de las rancias leyes sobre maestrías y contratos de aprendizaje. En este sentido las leyes restrictivas de la libertad de enseñar y aprender, a la par que ofensivas a la Constitución que las consagra, serían opuestas al interés de la riqueza argentina.

Vemos, por todo lo que antecede, que la libertad, considerada por la Constitución en sus efectos y relaciones con la producción económica, es principio y manantial de riqueza pública y privada, tanto como condición de bienestar moral. Toda ley, según esto, todo decreto, todo acto, que de algún modo restringe o compromete el principio de libertad es un ataque más o menos serio a la riqueza del ciudadano al Tesoro del Estado y al progreso material del país. – El despotismo y la tiranía, sean del poder, de las leyes o de los reglamentos, aniquilan en su origen el manantial de la riqueza -que es el trabajo libre-, son causas de miseria y de escasez para el país, y origen de todas las degradaciones que trae consigo la pobreza.

Inflación: ¿aumento de costos o expansión monetaria? Funes de Rioja y Espert

Ya hemos mencionado en estas páginas, en más de una oportunidad, el debate sobre la causa de la inflación. He visto en estos días una opinión y un dato que dan mucha claridad a esta discusión. La opinión es del vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y presidente de la Coordinadora de Empresas de Industrias Alimenticias (COPAL), Daniel Funes de Rioja. El dato es del economista José Luis Espert.

Primero la entrevista: http://www.lanacion.com.ar/1692137-daniel-funes-de-rioja-el-gobierno-debe-intervenir-mas-fuerte-en-las-paritarias

“-Usted es titular de Copal, Coordinadora de Empresas de Industrias Alimenticias. Déjeme provocarlo: “Funes de Rioja pertenece al club de los formadores de precios”.

-(Imperturbable) No es cierto. La industria de alimentos y bebidas no forma precios. Hay muchos componentes que están arriba en la cadena. Hay que ver el impacto de la materia prima, la logística, los impuestos, los salarios…

-Graciela Bevacqua, ex Indec, dice que los alimentos subieron más del 50% en 12 meses.

-Bueno, hay factores que perturban. Cae piedra o granizo sobre el tomate, y subió el tomate. Entonces, cuidado con las simplificaciones. Me parece que esto es como decir quién tiene la culpa de la inflación. Y yo contestaría “Fuenteovejuna, señor”.

-Pero Fuenteovejuna es todos y es nadie. En este juego del Gran Bonete, nadie es culpable de la inflación. El Gobierno no se hace cargo, los empresarios tampoco…

-Sí, pero son todos los eslabones de la cadena.Desde la política macro hacia los costos energéticos o de la logística.”

Dada la primer pregunta, parece que la teoría que Funes de Rioja presenta es la de “inflación de costos”, esto es, que lo que genera el aumento de los precios es el aumento de los costos. Esta idea se refuerza en el comentario final cuando señala que “son todos los eslabones de la cadena”, y, ¿tal vez en un gesto de diplomacia?, engloba tanto a los costos (energéticos, de logística), con la política macro.

Pero, ¿acaso los costos no son precios también? Solo que no son precios de bienes de consumo sino precios de bienes intermedios, material primas, mano de obra. ¿Qué es lo que hace que esos precios aumenten entonces? ¿Cómo es la relación entre la política macro y los costos/precios?

Bueno, la entrevista sigue por otros temas y no trata este punto que es central. ¿Por qué aumentan los costos? ¿Hay algún villano al final de las cadenas, que tal como un maremoto genera una sacudida que luego se transmite por kilómetros hasta llegar a los precios de consumo?

José Luis Espert señala cuál es esa causa última con un dato tan claro como contundente. En una nota muy escueta señala:

“Enero de 1943-Marzo de 2013 (70 años) = 831 meses = 831 datos.

Emisión monetaria promedio mensual (cualquier definición de dinero que tomes) = 3.97%.

Inflación = 3.96%

Devaluación = 3.65%.

Emisión=inflación=devaluación.

O sea, a la larga, inflarás y devaluarás lo que emitas de dinero”.

Correlacionar dos variables no demuestra causalidad. Para eso hace falta una teoría. Esa teoría está implícita en la nota de Espert, ha sido ya presentada y comentada en este blog o, para ir a sus comienzos, por David Hume hace más de 250 años.

Mises y Hayek sobre el cálculo económico en el socialismo y el equilibrio general

Los alumnos de Historia del Pensamiento Económico I leyeron a Mises “El problema del cálculo económico socialista” y a Hayek: “El uso del conocimiento en la sociedad”. Los dos artículos están separados por 25 años pero muestran el proceso que llevó a estos autores desde la discusión acerca de la planificación socialista a la del modelo del equilibrio general y el planteo sobre el uso del conocimiento disperso.

mises2

Mises plantea que el “cálculo económico” no es posible en el socialismo porque para ello se necesitan precios, y como los precios son el resultado de intercambios libres de derechos de propiedad en el mercado, y como el socialismo precisamente tiene como objetivo abandonar al mercado y eliminar la propiedad, entonces no habrá tal cosa como “precios” que puedan guiar la asignación de factores. Una administración socialista podrá decidir la producción de ciertos bienes de consumo final, pero será incapaz de poder determinar qué factores de producción asignar en cada caso, pues ése es el cálculo que hace el empresario en base a los precios que se generan en el mercado.

Tomemos un simple ejemplo: supongamos que hay que hacer un puente. (Claro, ¿cómo saber que un puente es necesario? En fin, asumamos esto ahora). SI preguntamos a los ingenieros de qué material pueden decirnos que, desde el punto de vista técnico, las posibilidades son: madera, cemento, acero, acero inoxidable o platino. Tenemos ahora que decidir qué material utilizar.

A primera vista parecería que usar platino sería ridículo (aunque tal vez los ingenieros digan que sería el material más flexible o resistente), pero esto es porque tenemos una noción de su precio que nos la da el mercado, o en el caso de una economía socialista tanto sea la memoria del mercado antes existente o los precios del “mercado” internacional. Mises hace referencia a esto y dice que, paradójicamente, la planificación socialista necesitaba del mercado aunque lo denigrara.

Sin precios, no habría forma de realizar un cálculo económico que permitiera asignar los recursos escasos y podríamos terminar con el puente de platino, o con uno de madera que no resiste al paso de los camiones, mientras que tanto el platino como la madera eran más necesarios para otros productos.

En respuesta a esta crítica de Mises, Oskar Lange y Abba Lerner, quienes no eran economistas soviéticos sino profesores de Chicago y la London School of Economics, propusieron que se generara un mercado y precios pero que las empresas serían todas del estado el que decidiría la asignación de capitales como lo harían los empresarios, y ajustaría los precios de la misma forma que lo haría el mercado, hasta llegar al equilibrio. El planificador socialista cumpliría el papel del “subastador walrasiano” quien modificaría precios hasta que las cantidades ofrecidas y demandadas se igualaran.

Hayek

El artículo de Hayek es el resultado postrero de este debate, al comprender, entonces, que la discusión no era ya con quienes proponían la economía planificada socialista sino con la idea del equilibrio general de Walras, ese mundo en el cual todas las acciones se encuentran coordinadas, todos los mercados se encuentran en el punto de equilibrio donde la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida.

Hayek señala que tal estado ideal solamente podría alcanzarse con el conocimiento completo de todas las circunstancias presentes y futuras, pero eso es precisamente lo que tenemos que explicar, esto es, cómo el mercado hace uso de ese conocimiento limitado y disperso y cómo lo transmite a través del sistema de precios. Existe un tipo de conocimiento, de tiempo y lugar, que no se puede transmitir a una autoridad central para que esta decida sobre la producción, o que si se hiciera lo sería a un alto costo. Es necesario entonces, dejar esa decisión en manos del “hombre en el lugar”, que posee tal información. Éste, as su vez, necesita información acerca del resto del mercado, de lo que los demandantes están necesitando y lo que otros oferentes están ofreciendo. Esto lo recibe a través de los precios.

Supongamos un productor de leche que tiene 30 vacas. Conoce a cada una de ellas con detalle, sabe cómo tratarlas para extraer la mayor y mejor cantidad de leche, sabe a cuál sacarle más si es que ha aumentado el precio o a cual sacarle menos si es que ha bajado. En una economía planificada esta información tendría que ir hasta una autoridad central y regresar como una decisión de producción. EL funcionario estaría evaluando la demanda total de leche, lo que se necesita en cada región o ciudad, y luego ordenando la producción.

EL mercado, en cambio, deja que esa decisión la toma el productor, con su propio conocimiento de las circunstancias y con la información que recibe del mercado a través del precio. Hayek señala que la discusión no si habrá o no habrá planificación. Siempre la hay, el tema es quién planifica.

Instituciones políticas y económicas en América: ¿en qué nos va mejor y peor?

SI nos referimos a la calidad de las instituciones políticas, los cinco primeros puestos de toda la región corresponden a Canadá, Estados Unidos, Barbados, St. Lucia y St. Vincent y las Granadinas. Si tomamos solamente los países latinoamericanos serían Chile, Uruguay, Costa Rica, Puerto Rico y Brasil. En cuanto a las instituciones de mercado: Estados Unidos, Canadá, Chile, Puerto Rico y Perú. En América Latina: Chile, Puerto Rico, Perú, Panamá y Colombia.

Los cinco peores en instituciones políticas en la región son: Venezuela, Haití, Honduras, Cuba y Paraguay, todos latinoamericanos y los cinco peores en instituciones de mercado: Cuba, Venezuela, Haití, Argentina y Bolivia, también todos latinoamericanos.

Todo el hemisferio registra un ICI promedio de 0,5391. Si tomamos solamente a Estados Unidos y Canadá, obtienen 0,9254, el resto cae a 0,5164. Los países caribeños no latinos promedian 0,6688 mientras que América Latina presente el promedio más bajo: 0, 4365.

Política Mercado ICI 2013
Canadá 0,9272 0,9357 0,9315
Estados Unidos 0,8912 0,9475 0,9194
Chile 0,8114 0,8757 0,8436
St. Lucia 0,8432 0,7434 0,7933
Puerto Rico 0,7479 0,7989 0,7734
Bahamas 0,7958 0,7047 0,7503
Barbados 0,8733 0,6165 0,7449
St. Vincent y las Granadinas 0,8353 0,6425 0,7389
Uruguay 0,7806 0,6237 0,7021
Dominica 0,7596 0,6248 0,6922
Costa Rica 0,7746 0,6019 0,6882
Antigua y Barbuda 0,6951 0,6296 0,6623
St. Kitts y Nevis 0,8190 0,4709 0,6449
Perú 0,4895 0,7453 0,6174
Panamá 0,5188 0,6558 0,5873
Jamaica 0,6157 0,5440 0,5798
Trinidad y Tobago 0,6076 0,5309 0,5693
Colombia 0,4530 0,6270 0,5400
Belice 0,6453 0,4149 0,5301
México 0,4117 0,6112 0,5114
Brasil 0,5697 0,4302 0,4999
El Salvador 0,4676 0,4832 0,4754
República Dominicana 0,4337 0,4629 0,4483
Guatemala 0,2939 0,5476 0,4207
Surinam 0,5963 0,2341 0,4152
Nicaragua 0,3421 0,4461 0,3941
Guyana 0,4425 0,3308 0,3866
Paraguay 0,2882 0,4049 0,3466
Honduras 0,2393 0,4012 0,3202
Argentina 0,4316 0,2052 0,3184
Bolivia 0,3870 0,2284 0,3077
Ecuador 0,3159 0,2655 0,2907
Haití 0,2320 0,1501 0,1910
Cuba 0,2727 0,0112 0,1420
Venezuela 0,1236 0,0445 0,0841

 

Componentes del ICI

¿Cuáles son los puntos débiles y fuertes de cada país de la región? Esto puede observarse en el siguiente cuadro:

Vigencia derecho Voz y rend. de cuentas Libertad prensa Percep. de corrupción Comp. Global Lib Econ Heritage Lib Econ Fraser Haciendo Negocios
Antigua y Barbuda 0,8019 0,6792 0,6041 0,6296
Argentina 0,2972 0,5708 0,4518 0,4068 0,3041 0,0730 0,1053 0,3386
Bahamas 0,6792 0,7547 0,8680 0,8814 0,8034 0,7500 0,5608
Barbados 0,8113 0,8726 0,8883 0,9209 0,6892 0,7528 0,5000 0,5238
Belice 0,4151 0,6934 0,8274 0,3596 0,4408 0,4444
Bolivia 0,1604 0,4528 0,5279 0,4068 0,3514 0,1180 0,2961 0,1481
Brasil 0,5236 0,6132 0,5431 0,5989 0,6284 0,3652 0,3355 0,3915
Canadá 0,9528 0,9434 0,8579 0,9548 0,9122 0,9719 0,9539 0,9048
Chile 0,8821 0,8019 0,6802 0,8814 0,7770 0,9663 0,9342 0,8254
Colombia 0,4434 0,4575 0,4365 0,4746 0,5405 0,8146 0,3750 0,7778
Costa Rica 0,6509 0,8302 0,8883 0,7288 0,6419 0,7079 0,5921 0,4656
Cuba 0,3255 0,0802 0,0355 0,6497 0,0112
Dominica 0,6934 0,7689 0,8020 0,7740 0,6517 0,5979
Rep. Dominicana 0,3019 0,5283 0,5939 0,3107 0,3041 0,5562 0,6053 0,3862
Ecuador 0,1226 0,3868 0,3249 0,4294 0,5338 0,1124 0,1250 0,2910
El Salvador 0,2830 0,4670 0,5838 0,5367 0,3514 0,6742 0,5263 0,3810
Estados Unidos 0,9151 0,8632 0,8883 0,8983 0,9730 0,9382 0,8947 0,9841
Guatemala 0,1509 0,3585 0,3553 0,3107 0,4257 0,5393 0,6382 0,5873
Guyana 0,3774 0,4953 0,6599 0,2373 0,3243 0,3258 0,2763 0,3968
Haití 0,0708 0,2547 0,5178 0,0847 0,0405 0,1292 0,3618 0,0688
Honduras 0,1179 0,3302 0,2944 0,2147 0,2568 0,3764 0,6382 0,3333
Jamaica 0,4245 0,6132 0,8883 0,5367 0,3784 0,6910 0,5987 0,5079
México 0,3632 0,5519 0,3249 0,4068 0,6351 0,6966 0,3882 0,7249
Nicaragua 0,2925 0,3208 0,4670 0,2881 0,3514 0,4326 0,6513 0,3492
Panamá 0,4906 0,6274 0,5279 0,4294 0,7365 0,6067 0,5658 0,7143
Paraguay 0,2264 0,4434 0,3249 0,1582 0,2027 0,5674 0,4211 0,4286
Perú 0,3302 0,5377 0,5533 0,5367 0,5946 0,7416 0,8618 0,7831
Puerto Rico 0,7406 0,6840 0,8192 0,8041 0,7937
St. Kitts y Nevis 0,7170 0,8821 0,8579 0,4709
St. Lucia 0,6887 0,8585 0,9442 0,8814 0,8202 0,6667
St. Vincent y las Granadinas 0,7642 0,8491 0,9086 0,8192 0,7135 0,5714
Surinam 0,5330 0,5755 0,8020 0,4746 0,2905 0,2753 0,2171 0,1534
Trinidad y Tobago 0,5000 0,6274 0,7665 0,5367 0,3851 0,5955 0,4868 0,6561
Uruguay 0,6651 0,7925 0,7665 0,8983 0,4392 0,7921 0,7237 0,5397
Venezuela 0,0142 0,2264 0,1523 0,1017 0,1014 0,0225 0,0066 0,0476

 

Canadá lidera en Vigencia del Derecho, Voz y Rendición de Cuentas, Percepción de la Corrupción, Libertad Económica (Heritage), Libertad Económica (Fraser); St. Lucia en Libertad de Prensa; Estados Unidos en Competitividad Global y Haciendo Negocios.

En América Latina Chile lidera en Vigencia del Derecho, Libertad Económica (Heritage), Libertad Económica (Fraser) y Haciendo Negocios; Costa Rica en Voz y Rendición de Cuentas y Libertad de Prensa; Uruguay en Percepción de la Corrupción; Puerto Rico en Competitividad Global.

Venezuela se encuentra último en Vigencia del Derecho, Libertad Económica (Fraser) y Haciendo Negocios; Cuba en Voz y Rendición de Cuentas, Libertad de Prensa y Libertad Económica (Heritage); Haití en Percepción de la Corrupción y Competitividad Global.

 

Conclusión

En términos generales, América ha reducido su calidad institucional, el valor promedio de 2014 para todo el hemisferio (0,5391), es menor que el de 2013, con una reducción en casi todos sus componentes. El par de Canadá-Estados Unidos cae levemente de 0,9271 a 0,9254; el resto de América cae de 0,5186 a 0,5164. Dentro de este conjunto, los países del Caribe no latinos aumentan su promedio de 0,6366 a 0,6688 y los de América Latina caen de 0,4522 a 0,4365.

América Latina ha reducido su calidad institucional este año aunque, por supuesto, no todos los países muestran esa reducción. Hay buenos desempeños en la región, aunque los deterioros tiran el promedio hacia abajo. Es de esperar que los éxitos terminen iluminando el camino a los fracasos.

Calidad institucional en América: Canadá, Estados Unidos, Chile, Uruguay, Costa Rica

En todas las ediciones hemos presentado al conjunto de países del hemisferio americano en primer lugar. Todos estos países se incorporaron a Occidente, fueron “descubiertos”, esencialmente al mismo tiempo, todos siguieron también, más tarde o más temprano, un mismo camino de independencia. Hay distintos idiomas, distintas culturas, pero no menos de las que hay en Europa u otros continentes. No tiene mayor sentido separarlos entre “latinos y no latinos”, aunque luego separemos a los primeros para permitir una comparación entre sí dentro de una clasificación predominante.

Desde el inicio del ICI Canadá ha ocupado la primera posición. Este país ha mejorado también su posición en la clasificación general a partir de una mejora en sus instituciones de mercado resultado de reformas implementadas a fines del siglo pasado. El segundo lugar ha pertenecido a Estados y el tercero a Chile, que se mantiene estable en una destacada posición y a la cabeza de los países latinoamericanos. Si bien no exento de problemas esta calidad institucional le ha permitido a Chile alcanzar importantes logros en materia de progreso económico y calidad de vida, que ya fueran analizados aquí específicamente en ediciones anteriores.

La evolución de las posiciones en el hemisferio ha sido:

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Dif. 2007/2013
Canadá 7 7 5 5 5 6 7 11 4
Estados Unidos 11 11 9 9 7 9 9 13 2
Chile 22 22 21 21 22 24 21 22 0
St. Lucia 28 24 27 23 21 23 22 25 -3
Puerto Rico 30 32 35 35 29 34 33 3
Bahamas 35 34 38 41 34 29 26 23 -12
Barbados 36 33 37 40 31 39 42 32 -4
St. Vincent y las Granadinas 39 37 33 36 30 28 35 29 -10
Uruguay 43 41 44 46 52 60 53 50 7
Dominica 46 43 49 51 44 44 49 44 -2
Costa Rica 49 46 48 45 49 52 50 54 5
Antigua y Barbuda 53 49 47 48 48 47 40 51 -2
St. Kitts y Nevis 55 51 54 53 36 32 45 47 -8
Perú 60 64 65 68 79 83 81 80 20
Panamá 68 55 55 60 61 68 66 68 0
Jamaica 71 76 76 71 69 66 64 58 -13
Trinidad y Tobago 73 71 68 70 71 67 70 63 -10
Colombia 80 83 86 89 92 97 99 100 20
Belice 87 85 83 50 62 76 60 56 -31
México 89 88 87 85 82 79 79 75 -14
Brasil 94 89 89 94 95 98 93 90 -4
El Salvador 97 94 88 79 76 77 68 65 -32
Rep. Dominicana 105 106 109 100 101 102 101 114 9
Guatemala 109 108 106 103 102 109 102 109 0
Surinam 111 113 111 109 99 101 113 97 -14
Nicaragua 116 118 124 127 121 116 111 95 -21
Guyana 117 120 121 122 129 130 110 111 -6
Paraguay 125 126 131 134 140 136 137 128 3
Honduras 132 123 118 124 108 106 120 113 -19
Argentina 134 127 122 125 120 114 112 93 -41
Bolivia 136 136 140 143 145 133 125 118 -18
Ecuador 143 151 145 148 148 143 143 133 -10
Haití 164 168 163 152 153 164 169 165 1
Cuba 176 173 173 175 163 162 174 164 -12
Venezuela 184 183 181 185 180 174 172 161 -23

 

Como en años anteriores, luego de los tres primeros puestos se encuentran países pequeños o islas caribeñas, lo que parece sustentar la teoría que vincula la calidad institucional al tamaño de los países. El argumento es que países pequeños o insulares no pueden aislarse del mundo del cual dependen para el abastecimiento de gran número de bienes y servicios, y que esa apertura impone presión para generar buena calidad institucional, el costo del aislamiento sería muy elevado, tal como lo muestra Cuba. Algunos de esos países han caído en el índice pero, en general, se encuentran en buenas posiciones.

Como los dos primeros países en el ICI de la región son bien grandes (Canadá y Estados Unidos), esto podría señalar que el tamaño como tal no es un determinante directo de la calidad institucional. Otra teoría, que podría explicar estos casos, hace referencia al origen legal señalando que aquellos países que heredaron el sistema del common law inglés mostrarían una calidad institucional superior. Este sistema es más amistoso con las actividades económicas que los sistemas de tradición codificada continental. Algunos países caribeños clasifican en ambas categorías: tamaños pequeños y herencia del common law.

En definitiva, la diversidad de teorías que buscan explicar el origen de la calidad institucional, ya analizadas en informes anteriores, muestran el carácter complejo de este fenómeno que, muy probablemente, dependa de distintas circunstancias, éstas y otras.

Se destaca el notable avance de Perú, un país que ha mantenido consistentes políticas con gobiernos de distinto tinte, generando condiciones de seguridad para la inversión y un continuo proceso de crecimiento económico.  Este país ha mejorado 20 posiciones desde 2007. Lo acompaña Colombia en esta mejora, aunque unos veinte puestos más atrás en el indicador, mostrando la misma continuidad de políticas económicas más un destacado avance en materia de seguridad y violencia. El caso de Perú, sobre todo, sumado al de Chile, son ejemplos de los logros que permite la mejora de la calidad institucional y, además, que se puede salir de las peores condiciones imaginables (dictadura militar, hiperinflación, caos), y lograr consistentes mejoras que cambian la situación de esos países de forma tal que parece imposible que esos pasados hayan existido o puedan volver a ocurrir. Nada está garantizado, por supuesto. Argentina experimentó un proceso similar durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, para luego estancarse y retroceder relativamente por casi un siglo.

Uruguay y Costa Rica, con características similares, son también otros dos ejemplos en la región, el primero en el puesto 43 y el segundo en el 49. Países pequeños, de alta tradición democrática, de convivencia, diálogo y consenso que han tenido sus problemas, por supuesto, pero que han recuperado su tradición civil y han mejorado sobre todo sus instituciones económicas. Uruguay se encuentra en la posición 65 en este subíndice y Costa Rica en el 71. Ambos están mejor posicionados en instituciones políticas, Uruguay en el puesto 37 y Costa Rica en el 40. Algunas reformas económicas y más apertura comercial permitirían a estos países avanzar varios puestos en el ICI.

Los dramas de la región son aquellos países que consistentemente ocupan los últimos puestos (Haití, Cuba, Venezuela) y los que han sufrido caídas notables en estos años (Argentina, Belice, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Bolivia). El caso de Cuba lleva ya seis décadas y no se encuentra por debajo de Venezuela porque no figura en algunos índices que evalúan las instituciones de mercado (el ICI presenta a un país cuando figura al menos en cuatro de los ocho indicadores que lo componen y como mínimo en uno de cada subcategoría, condición que Cuba cumple aunque apareciendo en solo un indicador económico). Haití no logra establecer instituciones creíbles y sufre todo tipo de tipo de calamidades, Venezuela ya sido comentada antes, simbolizando la mala calidad institucional del populismo socialista.

La caída de Argentina se profundiza a partir de los ataques del gobierno de Cristina Kirchner a la propiedad (expropiación de YPF, control de cambios), la libertad de prensa y un creciente descalabro económico. Avances contra la justicia ponen en riesgo su independencia y la división de poderes, y una constante conducta de confrontación anulan las posibilidades de consenso y reducen a papel decorativo aquellas instituciones apropiadas para alcanzarlo, como el Congreso. El uso de poderes extraordinarios concentra aún más las decisiones y genera más incertidumbre.

Estatizaciones y default son los principales componentes del deterioro institucional de Belice, el populismo con inclinaciones socialistas se apodera de El Salvador, Nicaragua y Honduras, versiones menos extremas del chavismo afectan a Bolivia y Ecuador, con sus correspondientes reformas para lograr reelecciones, controles de la prensa opositora e intervencionismo económico.

México y Brasil se mantienen en el medio de la tabla con una leve caída, producto tanto de retrocesos propios como del avance de otros que los terminan superando en las posiciones. Panamá cae trece posiciones luego de haber registrado un constante avance, revirtiendo en parte el buen desempeño de los últimos años.

En definitiva, los ejemplos destacados de la región son Chile, por su constante posición destacada, y Perú y Colombia por sus notables avances. En el otro extremo, Venezuela, Cuba y Haití por sus recurrentes posiciones al final de la tabla  y Argentina por su acelerado deterioro.

Alberdi se plantea cómo proteger los principios de libertad económica de la Constitución

Rige en Argentina la Constitución de 1853 inspirada por Alberdi. Está claro que poco tiene que ver la organización actual de la sociedad argentina con los principios que inspiraron a quien inspirara esa constitución. Sin embargo, para Alberdi, ella contenía “un sistema completo de política económica”. Así lo dice:

Alberdi 2

“La Constitución Federal Argentina contiene un sistema completo de política económica, en cuanto garantiza, por disposiciones terminantes, la libre acción del trabajo, del capital, y de la tierra, como principales agentes de la producción, ratifica la ley natural de equilibrio que preside al fenómeno de la distribución de la riqueza, y encierra en límites discretos y justos los actos que tienen relación con el fenómeno de los consumos públicos. Toda la materia económica se halla comprendida en estas tres grandes divisiones de los hechos que la constituyen.”

“Esparcidas en varios lugares de la Constitución, sus disposiciones no aparecen allí como piezas de un sistema, sin embargo de que le forman tan completo como no lo presenta tal vez constitución alguna de las conocidas en ambos mundos.”

¿Acaso no se dio cuenta Alberdi que el espíritu de esa Constitución podía ser alterado luego por las leyes y otras medidas gubernamentales que se aprobaran. Al respecto, esto dice:

“Conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, es concedido el goce de las libertades económicas. La reserva deja en manos del legislador, que ha sido colono español, el peligro grandísimo de derogar la Constitución por medio de los reglamentos, con sólo ceder al instinto y rutina de nuestra economía colonial, que gobierna nuestros hábitos ya que no nuestros espíritus. Reglamentar la libertad no es encadenarla. Cuando la Constitución ha sujetado su ejercicio a reglas, no ha querido que estas reglas sean un medio de esclavizar su vuelo y movimientos, pues en tal caso la libertad sería una promesa mentirosa, y la Constitución libre en las palabras sería opresora en la realidad.”

“Todo reglamento que es pretexto de organizar la libertad económica en su ejercicio, la restringe y embaraza, comete un doble atentado contra la Constitución y contra la riqueza nacional, que en esa libertad tiene su principio más fecundo.”

Este tema es toda una preocupación en esta obra. Más adelante, en una sección titulada “Garantías de la Constitución contra las derogaciones de la ley orgánica – Base constitucional de toda ley económica”, dice:

“De dos medios se ha servido la Constitución para colocar sus garantías económicas al abrigo de los ataques derogatorios de la ley orgánica: primero ha declarado los principios que deben ser bases constitucionales y obligatorios de toda ley; después ha repetido para mayor claridad explícita y terminantemente, que no se podrá dar ley que altere o limite esos principios, derechos y garantías con motivo de reglamentar su ejercicio.”

No obstante, esto no le parecía suficiente, y más adelante agrega:

“En efecto, el sistema económico de la Constitución argentina debe buscar su más fuerte garantía de estabilidad y solidez en el sistema económico de su política exterior, el cual debe ser Un medio orgánico del primero, y residir en tratados de comercio, de navegación, de industria agrícola y fabril con las naciones extranjeras. Sin esa garantía internacional la libertad económica argentina se verá siempre expuesta a quedar en palabras escritas y vanas.”

Aun así todo eso fue insuficiente. Hemos visto en otros posts la importancia de los valores e ideas en la evolución de las sociedades. Si estos cambian, no hay ninguna disposición constitucional o tratado internacional que pueda detener esa marea de cambio. No lo pudo en el caso de la Argentina. Otros valores e ideas comenzaron a prevalecer en la sociedad y, tarde o temprano, el cambio se produjo (y también cien años de estancamiento y retroceso).

La teoría del valor (precio) trabajo y el precio de Vaca Muerta

Los alumnos de Historia del Pensamiento Económico I leyeron a Böhm-Bawerk refutando a Marx sobre el valor y el trabajo. Envían comentarios y hacen preguntas. No puedo decir que así las respondería BB pero veamos.

Por ejemplo:

“desde mi punto de vista Bohm Bawerk no logra refutar contundentemente la tesis de Marx principalmente porque no la interpreta del modo en que aquel la expresa son de uno distinto. Así, afirma que su definición de mercancía es estrecha por dejar fuera todos los bienes naturales, y hasta llega a afirmar que estos constituyen parte sustancial de la riqueza de cualquier país, mientras que en realidad Marx aclara que ningún bien natural posee valor por sí mismo sino como parte integrante dentro de cualquier proceso de producción, y ello requiere indefectiblemente de fuerza de trabajo en su extracción, siendo este el creador de su valor.”

Primero aclaremos que Marx está hablando de “valor de cambio”, lo que ahora llamaríamos precio, algo distinto del “valor de uso”, o utilidad. Precisamente, Marx descarta que la utilidad deba ser considerada para comprender por qué un bien se intercambia con otro en determinada proporción (o sea su precio) y sostiene que solamente la cantidad de trabajo (socialmente necesaria) lo explica.

¿Ningún bien natural posee valor por sí mismo y solamente lo tiene por el trabajo necesario para su extracción? Pensemos, por ejemplo, en el yacimiento de shale oil y gas de Vaca Muerta. ¿Qué precio tiene? No tengo idea, pero acá hay una noticia de un periódico oficialista que dice que sería de 810.000 millones de dólares!!! (http://tiempo.infonews.com/2014/03/03/argentina-119809-el-valor-del-petroleo-de-ypf-en-vaca-muerta-supera-los-us-800-mil-m.php)

Shale oil

Pregunto: ¿sacaron ese precio de la cantidad de trabajo socialmente necesaria para extraer ese petróleo? ¿Están contando la plusvalía que se obtendrá del trabajo que luego se realice? En verdad la cifra puede ser una exageración, pero no conozco del tema; podemos tomar cualquier otra cifra menor y preguntarnos qué relación tiene con la cantidad de trabajo socialmente necesario.

Aunque, en verdad, si lo que le da valor a las cosas es el trabajo, deberíamos considerar el trabajo hasta el momento, más el costo de los equipos usados hasta ahora y la plusvalía.  ¿O sea que un precio de venta hoy sería todo plusvalía entonces? ¿Estaría eso medianamente cerca del “precio potencial” que tiene este recurso, incluso si tomamos el 10% de esa cifra, digamos $80.000 millones? ¿Cuánto fue el trabajo realizado hasta el momento como para extraer tal plusvalía?

Otra más: ¿Acaso Axel Kicilloff usó la teoría del valor-trabajo y su relación con el precio para la tasación de YPF? ¿Y cómo resultado de eso le dio que el trabajo socialmente necesario incorporado en los activos de esa empresa tiene semejante precio?

Pero Marx, ¿habla de valor o de precio?

Dice Böhm-Bawerk: “Marx comienza de la proposición que el valor de cambio de todos los bienes es regulado enteramente por la cantidad de trabajo que su producción cuesta.”  Bien, uno puede decir que es una interpretación errónea de BB, pero esto dice Marx:

“La utilidad de una cosa le da un valor de uso. Pero esta utilidad no es algo en el aire. Está limitada por las propiedades del bien, y no tiene ninguna existencia al margen del bien. El bien mismo, el hierro, maíz, diamante es entonces un valor de uso… El valor de uso constituye la materia de la riqueza, cualquiera sea su forma social. En la forma social que vamos a considerar constituye al mismo tiempo el sustrato material del valor de cambio. El valor de cambio se presenta en primera instancia como una relación cuantitativa, la proporción en la que valores de uso de un tipo se intercambian por los de un tipo diferente, una relación siempre cambiante en tiempo y lugar. Por lo tanto, el valor de cambio parece ser algo accidental y puramente relativo, y un valor de cambio intrínseco una contradicción en términos. Veamos la cuestión en mayor detalle”.

“Un simple bien, p. ej., un cuarto de trigo, se intercambia con otros artículos en las proporciones más variadas. Pero su valor de cambio permanece inalterado ya sea que se exprese en X pomada para zapatos, Y seda o Z dinero. Debe, por lo tanto, poseer un contenido diferente de esas distintas formas de expresión. Tomemos entonces dos bienes, trigo y hierro. Cualquiera sea la proporción en la que se intercambien, siempre puede representarse como una ecuación, en la que una cantidad de trigo aparece como igual a una cierta cantidad de hierro. Por ejemplo, 1 cuarto de trigo = 1 cwt de hierro. ¿Qué nos dice esta ecuación?  Que hay un elemento en común de igual cantidad que en sí mismo no es ni uno ni el otro.”…

“Si dejamos de lado el valor de uso de los bienes, solo queda una propiedad, la de ser productos del trabajo”

¿También en Vaca Muerta?

La “economía de la oferta”: impuestos e inflación

Al considerar a Jean-Baptiste Say y su famosa “ley” me preguntaron qué vigencia tenía ese concepto en la actualidad. Como Keynes la descalifica y busca desterrarla, pocos creen que alguien la defienda. Sin embargo, éstos no son pocos y entre ellos mencioné a los “supply-siders”, de quienes los alumnos no tenían ni noticia. Encontré aquí un relato sobre su impacto en las políticas económicas aplicadas en Estados Unidos, que traduzco: http://www.cato.org/policy-report/januaryfebruary-2014/tax-revolt-its-time-learn-past-success

El autor es Brian Domitrovic:

La “economía de la oferta” que culminó en la reducción de impuestos de 1981 surgió primero (el nombre se originó en 1976) en la corriente principal de la economía académica, en el trabajo de principios de los 60s del economista Robert A. Mundell. Éste trabajaba para el FMI durante los primeros años, recesivos, de la presidencia de John F. Kennedy. Desde 1961 publicó una serie de trabajos mostrando que la mejor forma en que Estados Unidos podía dejar atrás esos malos tiempos era fortaleciendo al dólar y reduciendo impuestos.

Mundell

Uno de esos trabajos de 1963 fue un modelo de análisis –en 1999, cuando Mundell obtuvo el premio Nobel de Economía, el anuncio citaba este trabajo. Su objetivo era mostrar que dinero fácil y altos impuestos conducían a la estanflación. En particular, si las ganancias se obtendrán en una moneda que se deprecia, y está sujeta a tasas impositivas cada vez más altas, los inversores no van a tener incentivos para tomar riesgos. El resultado de dinero fácil y altos impuestos es no crecimiento y desempleo. Por el contrario, un dólar sólido (particularmente contra su medida clásica, el oro), y apoyado por reducciones de impuestos generarían un boom de negocios y empleos.

En alguna medida el consejo de Mundell fue tomado, aunque sea por default, en los años de Kennedy. Las grandes reducciones de impuestos de 1962 y 1964 –junto con mayor vigilancia de la Reserva Federal sobre el dólar- resultó en ocho años de crecimiento al 5% anual. Pero luego el consenso desapareció. En 1968 y 1969 hubo aumentos de impuestos. Desde 1971 a 1973 la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro conspiraron con el presidente Richard M. Nixon para desligar al dólar del oro y también de las paridades fijas con otras monedas.

La era de la “estanflación” llegó. Luego de una doble recesión en 1969-70, hubo una doble más severa aún en 1973-75, y una aún más severa en 1980-82. Desde 1969 a 1982, en conjunto, el crecimiento anual fue un mediocre 2,4%, el nivel de precios casi se triplicó, y las acciones perdieron la mitad de su valor. Fue el peor desempeño extendido de la economía norteamericana desde la Gran Depresión de los años 30 –y aún se debate si nuestra propia época de la Gran Recesión excede en su magnitud la crisis de los años 70.

En el medio de estas dificultades, una transición intelectual se produjo. Las ideas de Mundell, olvidadas por la academia (ni mencionar por la política) en los 70s, comenzaron a resonar en el periodismo, particularmente en la página editorial de The Wall Street Journal. El economista Arthur B. Laffer, colega de Mundell en la Universidad de Chicago, llamó la atención de Jude Wanniski, de esa página. Los dos comenzaron extensas discusiones sobre cómo superar la estanflación vía estabilidad del dólar y reducciones de impuestos. El editor de Wanniski, Robert L. Bartley, tomó la iniciativa de organizar reuniones mensuales en una parrilla de Manhattan donde el grupo, incluido Mundell, ahora en la Universidad de Columbia y residente de Nueva York, discutían los temas.

Hacia el final de los penosos años 1973-75, de recesión y estanflación, cuando el desempleo alcanzó el 9% en el contexto de inflación de dos dígitos y un colapso de la bolsa del 45%, el Journal publicaba regularmente las visiones de Mundell y Laffer. Se había eludido a la academia. Si el establishment económico no iba a promover bajos impuestos y moneda estable, entonces el principal medio de negocios lo haría.

Mientras el Journal hacía esto, algunos rincones del Congreso, incluyendo el Comité Económico Conjunto desarrollaban nuevas ideas de política económica en esta línea. Jack Kemp, representando a Buffalo, Nueva York, que experimentaba desindustrialización frente a la estanflación, comenzó a preparar un proyecto de ley para llevarlo a la práctica. En 1977, Roth dio su apoyo como co-firmante y nació así el proyecto Kemp-Roth. La ley proponía tres cortes anuales del 10% al impuesto a las ganancias. El modelo era la reducción de 1964, que había reducido todas las tasas en un 30% y ocasionado la gran recuperación de entonces.

Los impuestos eran particularmente pesados en los 70s por la forma que se combinaban con la inflación. No estaban indexados, por lo que cada aumento anual de 7% en los precios, más contribuyentes alcanzaban tasas más altas si los ingresos subían en la misma proporción. Si uno tenía un ajuste por “costo de vida”, el ingreso real caía, y el gobierno se llevaba la diferencia.

La situación era peor en relación a impuestos sobre las ganancias de propiedad y bienes de capital. En los 70s el valor de las casas se disparó como forma de protegerse contra la inflación, y también las tasaciones sobre esas casas. Las acciones (y las casas) que subían por la inflación estaban sujetas a tasas de ganancias (que alcanzaban 49%) que eran irreales.

Así, sucedió lo inevitable, una rebelión fiscal nacional. En California, donde los precios de las casas habían aumentado hasta cinco veces pues la gente buscaba protegerse contra el dólar, los impuestos aumentaron proporcionalmente. El empresario de Los Angeles, Howard Jarvis, organizó un movimiento que culminó en una consulta popular aprobando una reducción de los impuestos sobre las propiedades. La Proposición 13 ganó holgadamente en Junio de 1978.

En el Congreso, ese mismo año, un representante poco conocido de Wisconsin, William A. Steiger (quien fallecería ese diciembre con 40 años) propuso una reducción de la tasa de impuestos a las ganancias de capital de 21 puntos. Fue tan popular que el presidente Carter la convirtió en ley, a condición de que se archivara Kemp-Roth.

Estos primeros movimientos electorales y legislativos en dirección a reducciones impositivas dieron paso a cuatro de los más extraños en la economía norteamericana. Desde 1979 a 1981 la inflación fue superior al 10% cada año, aun cuando hubo recesión y el crecimiento alcanzó solo 1.2%. En 1982 la inflación se moderó al todavía excesivo nivel de 6% pero el crecimiento fue negativo (-1,9%). Era más que estanflación, era una economía que se achicaba en el contexto de intolerables aumentos de precios.

En la última parte de este bastante terrible período, con el Journal proponiendo la reducción de impuestos y la estabilidad monetaria, Reagan impulsó la ley Kemp-Roth a los siente meses de su asunción en Agosto de 1981. Sin embargo, la reducción del primer año fue de solo 5%. Cuando llegó la del 10% a mediados de 1982 la economía cambió, y mucho, para el largo plazo.

Las acciones alcanzaron el fondo en Agosto de 1982, crecieron un 30% el resto del año, y en los siguientes 18 años aumentaron 11 veces. La inflación, intratable por 12 años con 8% de promedio, cayó al 3% inmediatamente y allí quedó. El desempleo cayó de 11% a 5%, luego a 4%, mientras la oferta de mano de obra aumentaba en 40 millones de personas. La cantidad de tiempo en recesión en los 18 años siguientes a 1982 fue un quinto de los que hubo en los 13 años de estanflación.

Alberdi sobre la libertad económica y la generación de riqueza

Los alumnos de Historia del Pensamiento Económico tuvieron que leer a Juan Bautista Alberdi, parte del “Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina”, donde explica el contenido económico de la Constitución sancionada en 1853. Esto dice en la Introducción sobre la libertad económica y la generación de riqueza:

Alberdi

Nuestra revolución abrazó la libertad económica, porque ella es el manantial que la ciencia reconoce a la riqueza de las naciones; porque la libertad convenía esencialmente a las necesidades de la desierta República Argentina, que debe atraer con ella la población, los capitales, las industrias de que carece hasta hoy con riesgo de su independencia y libertad, expuestas siempre a perderse para el país, en el mismo escollo en que España perdió su señorío: – en la miseria y pobreza.

En efecto, ¿quién hace la riqueza? ¿Es la riqueza obra del gobierno? ¿Se decreta la riqueza? El gobierno tiene el poder de estorbar o ayudar a su producción, pero no es obra suya la creación de la riqueza.

La riqueza, es hija del trabajo, del capital y de la tierra; y como estas fuerzas, consideradas como instrumentos de producción, no son más que facultades que el hombre pone en ejercicio para crear los medios de satisfacer las necesidades de su naturaleza, la riqueza es obra del hombre, impuesta por el instinto de su conservación y mejora, y obtenida por las facultades de que se halla dotado para llenar su destino en el mundo.

En este sentido, ¿qué exige la riqueza de parte de la ley para producirse y crearse? Lo que Diógenes exigía de Alejandro; que no le haga sombra. Asegurar una entera libertad al uso de las facultades productivas del hombre; no excluir de esa libertad a ninguno, lo que constituye la igualdad civil a de todos los habitantes; proteger y asegurar a cada uno los resultados y frutos de su industria: he ahí toda la obra de la ley en la creación de la riqueza. Toda la gloria de Adam Smith, el Hornero de la verdadera economía, descansa en haber demostrado lo que otros habían sentido, – que el trabajo libre es el principio vital de las riquezas.

La libertad del trabajo, en este sentido, envuelve la de sus medios de acción, la tierra y el capital y todo el círculo de su triple empleo -la agricultura, el comercio, las manufacturas,- que no son más que variedades del trabajo.

Según esto, organizar el trabajo no es más que organizar la libertad; organizarlo en todos sus ramos, es organizar la libertad agrícola, la libertad de comercio, la libertad fabril. Esta organización es negativa en su mayor parte; consiste en la abstención reducida a sistema, en decretos paralelos de los del viejo sistema prohibitivo. que lleven el precepto de dejar hacer a todos los puntos en que los otros hacían por sí, o impedían hacer.

Pero la riqueza no nace por nacer: tiene por objeto satisfacer las necesidades del hombre, que la forma. Así es que luego que existe, ocurre averiguar cómo se reparte o distribuye entre los que han concurrido a producirla. Para esto es producida; y si el productor no percibe la parte que corresponde a su colaboración, deja de colaborar en lo sucesivo, o trabaja débilmente, la riqueza decae y con ella la prosperidad de la Nación. Luego es preciso que se cumpla la ley natural, que hace a cada productor dueño de la utilidad o provecho correspondiente al servicio de su trabajo, de su capital o de su tierra, en la producción de la riqueza común y partible.

El dictador benevolente

Con los alumnos de la material “Public Choice” veremos el “análisis económico de la política”

En toda sociedad hace falta un mecanismo que permita que se expresen las preferencias de los individuos y luego señales que guíen a los productores a satisfacerlas. En el caso de los bienes privados, hemos visto cómo el mercado cumple ese papel. También vimos que se presentan problemas para que lo cumpla. En el caso de los bienes públicos es la política; es decir, los ciudadanos expresan sus preferencias por bienes colectivos y hay un mecanismo que las agrega, resuelve sus diferencias (Buchanan, 2009) y envía una señal a los oferentes (en este caso las distintas agencias estatales) para satisfacerlas. Como veremos, éste también se enfrenta a sus propios problemas.

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El siguiente análisis de las fallas de la política se basa en el espíritu de aquella famosa frase de Winston Churchill (1874-1965): “Muchas formas de gobierno han sido ensayadas, y lo serán en este mundo de vicios e infortunios. Nadie pretende que la democracia sea perfecta u omnisciente. En verdad, se ha dicho que es la peor forma de gobierno excepto por todas las otras que han sido ensayadas de tiempo en tiempo”.

Churchill nos dice que no hemos ensayado un sistema mejor,  por el momento, pero que éste no puede ser considerado perfecto. Por ello, cuando se ponen demasiadas expectativas en él, pueden frustrarse, ya que la democracia no garantiza ningún resultado en particular (mejor salud, educación o nivel de vida), aunque ciertas democracias lo hacen bastante mejor que las monarquías, o las dictaduras.

Por mucho tiempo buena parte de los economistas se concentraron en comprender y analizar el funcionamiento de los mercados y olvidaron analizar el papel que cumplen los marcos institucionales y jurídicos, los gobiernos. Analizaban los mercados asumiendo que funcionaban bajo un “gobernante benevolente”, definiendo como tal a quien persigue el “bien común” sin consideración por el beneficio propio; coincidiendo en esto con buen parte de las ciencias políticas y jurídicas[1]. Posee el monopolio de la coerción, tal como define al Estado la ciencia política, pero lo ejerce en beneficio de los gobernados.

Por cierto, hubo claras excepciones a este olvido. Inspirados en ellas, autores como Anthony Downs o James Buchanan y Gordon Tullock iniciaron lo que se ha dado en llamar “análisis económico de la política” en el contexto de gobiernos democráticos, originando una abundante literatura. Su intención era aplicar las herramientas del análisis económico a la política y el funcionamiento del estado, pues la teoría política predominante no lograba explicar la realidad en grado satisfactorio. Uno de los primeros pasos fue cuestionar el supuesto del “gobernante benevolente” que persigue el bien común; porque, ¿cómo explicaba esto los numerosos casos en que los gobiernos implementan medidas que favorecen a unos pocos? O más aún, ¿cómo explicar entonces cuando los gobernantes aplican políticas que los favorecen a ellos mismos en detrimento de los votantes/contribuyentes? Por último, ¿cómo definir al “bien común”[2]?

Dadas las diferencias en las preferencias y valores individuales, ¿cómo se podría llegar a una escala común a todos? Esto implicaría estar de acuerdo y compartir dicha escala, pero el acuerdo que pueda alcanzarse tiene que ser necesariamente vago y muy general y en cuanto cualquier quiera traducir eso en propuestas específicas surgirán las diferencias. Es por eso que vemos interminables discusiones acerca de la necesidad de contar con un “perfil de país” o una “estrategia nacional” que nos lleve a alcanzar ese bien común, pero cuando se consideran los detalles los “perfiles de país” terminan siendo más relacionados con algún sector específico o difieren claramente entre sí. Los autores antes mencionados decidieron, entonces, asumir que al igual que el individuo en el mercado, quien persigue su propio interés, no el de otros, en la política sucede lo mismo.

En el mercado, esa famosa “mano invisible” de Adam Smith lleva a que dicha conducta de los individuos termine beneficiando a todos. En el Estado, ¿sucede lo mismo? En particular en el Estado democrático, porque se supone que gobiernos tiránicos o autoritarios desde ya que no dan prioridad a los intereses de sus gobernados.

[1] Esta visión, por supuesto, no es sorprendente. Madison (2001), por ejemplo, mostraba una posición clásica aún hoy muy popular, que la búsqueda del “bien común” depende de la delegación del poder a los representantes correctos, no de la información y los incentivos existentes: “…un cuerpo de ciudadanos elegidos, cuya sabiduría pueda discernir mejor el verdadero interés de su país, y cuyo patriotismo y amor por la justicia harán muy poco probable que lo sacrifiquen a consideraciones parciales o temporales. Bajo tal regulación, puede bien suceder que la voz pública, pronunciada por los representantes del pueblo sea más consonante con el bien público que si fuera pronunciada por el pueblo mismo, reunido para tal propósito. Por otro lado, el efecto puede invertirse. Hombres de temperamento faccioso, prejuicios locales, o designios siniestros, pueden por intriga, corrupción u otros medios, primero obtener votos, y luego traicionar los intereses del pueblo”.

[2] Muchos filósofos políticos han cuestionado este concepto. Entre los economistas, Hayek (1976 [1944]): “El ‘objetivo social’ o el ‘designio común’, para el que ha de organizarse la sociedad, se describe frecuentemente de modo vago, como el ‘bien común’, o el ‘bienestar general’, o el ‘interés general’. No se necesita mucha reflexión para comprender que estas expresiones carecen de un significado suficientemente definido para determinar una vía de acción cierta. El bienestar y la felicidad de millones de gentes no pueden medirse con una  sola escala de menos y más” (p. 89).