“Cerca de la revolución, yo estoy cantando esta canción”: Un análisis de sus incentivos económicos

Del libro “El foro y el bazar”:

Un límite último y final al abuso de poder es la revolución, esto es el cuestionamiento al monopolio del poder en un determinado momento con el objetivo de modificarlo o derribarlo. Estas revoluciones pueden ser promovidas por acciones violentas o por resistencia civil, generalmente pacífica. Sin duda que hay casos de revoluciones que han sido exitosas en lograr la limitación del abuso de poder, más las pacíficas que las violentas. Pero esto no se extiende a todas ellas, muchas revoluciones terminaron con regímenes más totalitarios que los existentes.

La ciencia política ha tratado este tema desde antaño, no es nuestra intención siquiera resumirlo aquí. Sólo desde una perspectiva económica, Tullock (1971), plantea el dilema individual de participar en una revolución o en la resistencia civil ya que podría haber costos importantes como el castigo que pudiera imponer el régimen o incluso la muerte en la lucha, que parecerían exceder los beneficios, teniendo en cuenta que el individuo puede evaluar que su participación personal no llegará a ser determinante del resultado final. Y los beneficios que pudieran obtenerse, tendrían la característica de “bienes públicos”, los recibiría de todas formas, incluso no participando. Si buscara maximizar su utilidad sería un “free rider” de los esfuerzos de otros y no participaría, pero tampoco lo harían los demás.

El problema planteado se extendería a otro camino de larga tradición en la literatura de la ciencia política, el tiranicidio. Éste sería también inexplicable, al igual que las conductas de los terroristas suicidas, como los que perpetraron el ataque de las Torres Gemelas. Obviamente, el modelo del homo economicus que asume Tullock no logra explicar estas acciones, recurrentes en la historia.

Estas acciones pueden explicarse como parte de la figura del emprendedor “institucional” que es considerada en el Cap. 9 sobre cambio institucional y el papel que cumplen estos individuos que proponen un cierto cambio del status quo, para bien o para mal, y promueven ese cambio con más o menos éxito.  El costo de esta acción empresarial se ha visto notoriamente reducido con la extensión de las redes sociales como Facebook, YouTube o Twitter. Ahora, organizar una manifestación en la principal plaza de una capital puede hacerse con mensajes en cualquiera de esas redes, como ha ocurrido, con distinto resultado, en Túnez, Irán, Moldavia o Egipto[1].

[1] “Debido a que las protestas se organizaron principalmente a través de redes informales online, su éxito hizo preguntarse si un nuevo movimiento opositor se había formado que pudiera desafiar cualquier gobierno recién establecido. El Primer Ministro Mohamed Ghannouchi, un estrecho aliado del pueblo del presidente anunció en la televisión estatal que tomaba el poder como presidente interino. Pero ese paso violaba la Constitución de Túnez, la que establece la sucesión hacia el presidente del Congreso, algo que el Sr. Ghannouchi trató de obviar describiendo al Sr. Ben Ali como “temporalmente” inhabilitado para gobernar. Sin embargo, para el viernes a la noche (7/1/11), las páginas de Facebook en Túnez encabezadas por el eslogan revolucionario “Fuera Ben Ali” habían sido remplazadas por el nombre del presidente interino, declarando  “Fuera  Ghannouchi”.  Y los protestantes utilizaron intensamente los medios sociales en la Web como Facebook o Twitter para circular videos de cada demostración y para emitir llamados para la siguiente” (Kirkpatrick, David D., “President of Tunisia Flees, New York Times, 14/1/11:

http://www.nytimes.com/2011/01/15/world/africa/15tunis.html?_r=1

¿Por qué necesita el grupo Benetton, o cualquier otro, subsidios para plantar árboles en la Patagonia?

El grupo Benetton es uno de los propietarios de tierras más grande en Argentina y es también el que más árboles ha plantado en la Patagonia: unas 8.600 hectáreas, con planes de llegar a las 16.000. Así lo comenta una nota en el diario La Nación titulada: “Los Benetton, de la moda al pino ponderosa”. http://www.lanacion.com.ar/1874419-los-benetton-de-la-moda-al-pino-ponderosa

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La producción de madera es un proceso a largo plazo. Así, comenta el administrador de este proyecto:

“En esos suelos magros en materia orgánica y con mucha piedra bocha, siempre en riesgo de volarse por el viento constante y con un clima que promedia en el año 9 C°, con un mínimo de -20 C° en invierno y un máximo de 35 C° en verano, los pinos ponderosa tardan entre 40 y 50 años en permitir un corte comercial. “No nos intimidan estos tiempos. Leleque tiene 104 años. La consistencia genética de nuestros rodeos se logró en 50 a 60 años. Y antes requirió implantación de alambrados, construcción de chacras, mucha preparación”, dice Mac Donald”.

 El proyecto traerá una serie de beneficios: “La compañía considera muy importante este proyecto en el mediano y largo plazo, ya que en su momento va a generar un buen flujo de ingresos, y con gran cantidad de mano de obra de alta, media y baja calificación. Por eso se decidió mantenerlo pese a las trabas de los últimos años”, dice Perazzo.

Además, plantar los árboles algo más alejados entre sí ha permitido un mejor aprovechamiento del recurso: “No solo aumentó el rendimiento, sino que además, al pasar más la luz del sol y crecer más el pasto, pudo hacerse cría silvopastoril de ovinos. Cuando el árbol tiene 10 a 12 años, los ovinos ya no pueden dañarlo. En Leleque ya tienen entre 4500 a 5000 hectáreas silvopastoriles.”

Ahora bien, ¿por qué necesita éste, o cualquier otro proyecto forestal, recibir subsidios?

Además, en esta caso en particular, no los están cobrando: “Entre esas trabas, se cuentan unos u$s 750.000 que el Gobierno le adeuda en subsidios correspondientes a 2013, 2014 y 2015. La ley 25080/98, de Inversiones para Bosques Cultivados, promovió muchas forestaciones que ahora, con la falta de pago acumulada, se suspendieron. “Se hace cuesta arriba, muchos emprendimientos forestales más chicos en estas zonas han desistido. Nosotros estamos plantando por debajo de lo estipulado, ya que no puedo sacar recursos de la oveja y de la vaca. Si los subsidios se pagaran en tiempo y forma se plantaría mucho más y podríamos emplear mucha más gente”, dice Mac Donald, con esperanza de que la nueva administración actualice y agilice los pagos.”

Después de todo, si bien no hay números precisos, el negocio parece ser suficientemente rentable:

“En las plantaciones se llevan invertidos u$s 2,4 millones y en el mantenimiento u$s 4,2 millones, mientras que los subsidios permitieron recuperar u$s 2,6 millones. Y la valuación de los bosques implantados por la empresa al día de hoy, al precio actual de la madera prorrateado por los distintos estadios de crecimiento de los árboles -es decir, si se talara todo como está-, sería de u$s 17 millones. Ahí donde no había ni pasto para las ovejas.”

El verdadero problema del negocio forestal no es nada que tenga que ver con subsidios, sino con la constante depreciación de la moneda. El negocio parece rentable pero a 40 o 50 años es poco lo que se puede planificar en monedas que pierden poder adquisitivo en forma constante. Esto hace, además, que no exista crédito a esos plazos: ningún banco prestará a 50 años recibiendo préstamos a tres meses o un año. Sin embargo, en tiempos del patrón-oro, las empresas de ferrocarriles emitían bonos a 100 años!!

La emisión monetaria excesiva, en todo el mundo por supuesto, distorsiona el cálculo económico y perjudica, en particular, a los procesos productivos muy largos. Claro, éstos después requieren de subsidio para poder producir, pero no los necesitarían si contáramos con un patrón monetario estable.

Perverso pacto sindical docente: “ellos pretenden pagarnos,… y nosotros pretendemos trabajar”

Como todos los años, y ya todos estamos cansados de esto, cuando se acerca la fecha del inicio de clases en todo el país, las discusiones salariales con los gremios docentes ocupan la primera planta de las noticias. La gente, en general, tiene una alta estima de la función del “docente”, en términos generales, porque valora mucho la educación para sus hijos y entiende que buena parte de los problemas del país tienen que ver con “falta de educación” (aunque en muchos casos no es falta de educación formal, sino de valores morales, que es otra cosa).

Pero los docentes reales, no la figura ideal del “docente”, y sobre todo sus dirigentes sindicales han llevado a estos trabajadores a un trato perverso: ellos pretenden pagarnos y nosotros pretendemos trabajar. Es decir, sus dirigentes sindicales han impulsado, y los maestros aceptado, un marco laboral muy permisivo en cuanto a ausencias, licencias, etc, y la contraparte de eso han sido bajos salarios.

Los gremios han priorizado la cantidad (claro, cuanto más afiliados, más recursos, tanto en la calle como en las arcas) y a través de todo tipo de “conquistas” se ha terminado con una muy baja relación entre docentes y alumnos. Es decir, buena parte del gasto se va en salarios “bajos”, pero el “costo” docente de cada aula no es menor, porque la cantidad necesaria de docentes para tender cada curso es alta.

Así lo comenta la Fundación Libertad y Progreso como parte de un informe donde se plantea una reforma educativa: http://www.libertadyprogresonline.org/wp-content/uploads/2014/06/PROGRESAR-EN-LIBERTAD-Reforma-Educativa.pdf

Comentando un gráfico, sostiene que se puede… “visualizar la disparidad existente entre provincias en la relación cantidad de alumnos por docente, encontrando casos como Misiones donde en la escuela secundaria hay 37 alumnos por docente, a otros como Santiago del Estero y Tierra del Fuego donde la relación es 13 alumnos por cada docente. En la escuela primaria encontramos los extremos de 10 alumnos por docente en varias provincias y en la de Buenos Aires donde habría 19 alumnos por docente. De más está decir que estos son datos reales que no necesariamente se encuentren así en el aula. La razón por la cual no vemos 10 alumnos por docente se debe a que estos datos no nos muestran cuántos de estos docentes están en actividad frente al curso y cuántos en licencia, cuántos se ausentan por distintas razonas o cuántos están desempeñando otras tareas. El último censo docente (2004) registró 759.284 docentes en actividad. Otras fuentes citadas por la prensa indican que la cantidad de cargos a ser cubiertos es 526.456, lo cual reflejaría una sobre contratación del orden del 30%. Según declaraciones del ministro del área, en 2010 el promedio de ausentismo a nivel nacional es del 20%, mientras que la provincia más afectada llegaría al 40%. En el 2000, el ausentismo docente era entre un 5% y 10% mayor que en cualquiera de las demás actividades laborales. Nótese que ese ausentismo es crónico y se estima que ocasiona un 17% de incremento en el gasto educativo.”

Y luego:

“Nos preguntamos acerca de las causas por las cuales no encontramos en la realidad pocos alumnos por docentes y sí muchos alumnos por aula: consideramos al menos como explicaciones: el sistema de licencias, el ausentismo docente, la ausencia de incentivos para cumplir con las tareas como producto del estatuto docente, la incapacidad de los directores de escuela para tomar decisiones sobre la contratación de sus maestros y la asignación de otras tareas que quitan maestros al frente del aula y lo asignan a otras actividades. Todo esto genera un aumento del 17% del presupuesto educativo, según cálculos estimativos.”

¿Qué es la desigualdad? ¿De riqueza, de ingresos, de consumo? ¿De qué estamos hablando?

Muy interesante estudio de Ignacio Moncada y Juan Ramón Rallo sobre la desigualdad en España, publicado por el Instituto Juan de Mariana: La desigualdad en España: ¿Realmente es España uno de los países más desiguales de Europa?, : https://www.juandemariana.org/investigacion/archivo-de-publicaciones/mitos-y-realidades-sobre-la-desigualdad-en-espana

Antes de lanzarse a estudiar más a fondo la desigualad es preciso clarificar la crucial diferencia entre los tres tipos de desigualdad económica: la desigualdad de riqueza, desigualdad de renta y desigualdad de consumo

La desigualdad de riqueza

La riqueza se refiere al conjunto de activos financieros y reales que posee un hogar o persona. La riqueza que se contabiliza en las métricas utilizadas en este informe incluye propiedades inmobiliarias, vehículos, títulos de renta fija, acciones y otros títulos de propiedad sobre sociedades y capital productivo, fondos de inversión, fondos de pensiones, seguros, depósitos, saldos de tesorería y otros activos. Habitualmente  la riqueza se mide en términos netos, calculada a partir del valor de mercado de los activos y descontando el valor de los pasivos.

Medir la desigualdad de la distribución de la riqueza consiste en medir cuán desiguales son los patrimonios y las haciendas de los hogares. En todos los países del mundo, la desigualdad de riqueza suele ser muy elevada (valores del índice Gini cercanos a 1) por varios sesgos que afectan a la distribución de riqueza:

• Sesgo demográfico: las personas jóvenes suelen carecer de patrimonio porque no han tenido tiempo para acumularlo.

• Sesgo del triunfador: las personas que tienen éxito creando una gran empresa poseen mucha riqueza porque son dueños de la misma; en cambio, las personas que han intentado crearla y han fracasado carecerán de ella.

• Sesgo de la definición de riqueza: las mediciones de riqueza suelen contabilizar activos como los antes mencionados, pero otros activos importantes no se incluyen en la definición de riqueza, como por ejemplo la formación de los trabajadores (su capital humano) o el derecho a percibir prestaciones y servicios del Estado. En la sección del presente informe correspondiente a la desigualdad de riqueza se profundiza en mayor detalle sobre la implicación de este sesgo.

Es importante tener presente que el valor de la riqueza no corresponde al valor de renta presente, sino que es una estimación de rentas futuras que se espera que dichos activos generen, descontados el tiempo y el riesgo. Así, la riqueza representa una valoración virtual e incierta de unas rentas futuras esperadas. No hay que olvidar que esta valoración es una señal con un papel crucial en la coordinación económica: proporciona la información adecuada sobre cómo deben emplearse y gestionarse dichos activos para satisfacer las necesidades de los consumidores.

Por este motivo, la desigualdad de riqueza no debería ser de excesiva preocupación: la finalidad última de la riqueza es generar renta (bienes y servicios para el dueño de la riqueza) y, por tanto, lo relevante es cómo se distribuye esa renta. Con ello no quiere decirse que la riqueza no cumpla otras funciones valiosas (ostentación o seguridad económica), sino que un cambio en la distribución de riqueza que sepamos que no va a afectar a la distribución de la renta a largo plazo debería ser irrelevante salvo a efectos de ostentación.

Salud pública, preferencias sociales y preferencias individuales: presa fácil del paternalismo

En la revista Regulation, del Cato Insitute, Pierre Lemieux escribe un muy interesante artículo sobre la “salud pública” y cómo ha cambiado, desde un comienzo en el cual supuestamente proveía solamente ‘bienes públicos’, a una agenda política que busca imponer ciertas preferencias a la gente. El artículo original, aquí: http://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2015/9/regulation-v38n3-4.pdf

Van algunos párrafos:

Preferencias sociales frente a las preferencias individuales

Metodológicamente, la actual visión del mundo para la salud pública choca directamente con el enfoque económico. Expertos en salud pública, que por lo general provienen del campo de la medicina, ven al individuo como incapaz de realizar compensaciones para maximizar su propio bienestar. Compensaciones, por supuesto, deben hacerse: prácticamente todo implica un algún riesgo para la salud. Pero los expertos en salud pública han decidido que esos intercambios son mejor determinados por expertos como ellos, que supuestamente pueden apreciar mejor qué beneficios debe ser no percibidos a cambio de reducción de riesgos de salud.

Un buen ejemplo de esto es la justificación para la campaña de salud pública contra el consumo de tabaco. Scott Ballin, un experto en salud pública y activista, expresó la opinión de muchos de sus colegas cuando declaró que “no hay ningún aspecto positivo a [fumar]. El producto no tiene ningún beneficio potencial”. Para un economista, este razonamiento no tiene sentido. Los consumidores de tabaco no quieren algo que lleva sólo los costos (el precio de compra de productos de tabaco y los riesgos para la salud), por lo que el consumo de tabaco debe tener algún beneficio según lo juzgado por los consumidores mismos. No para los defensores de la salud pública quienes simplemente responden que la demanda del fumador se debe a la adicción, no al deseo de placer; muchos fumadores dejan de fumar y la mitad de los no fumadores son ex fumadores, así que “tabaquismo” no es “destino”.

Por otra parte, todo lo que nos gusta es difícil de abandonar, pero no significa que las personas son adictas a todo lo que les gusta. Otro argumento, a la vez sobreexplotado por el movimiento antitabaco, es que el consumidor es incompetente en cuanto a maximizar su utilidad, porque carece de información sobre los riesgos del consumo de tabaco. Esta línea de argumentación fue abandonada cuando los investigadores descubrieron que los consumidores generalmente sobrestiman el riesgo para la salud del hábito de fumar. Por otra parte, nadie parece más motivado que el individuo a sí mismo en la obtención de información (teniendo en cuenta el costo de la información) sobre decisiones que afectan su propia vida.

Paternalismo

En el último par de décadas, la economía del comportamiento ha argumentado que la racionalidad del consumidor es disminuida por limitaciones cognitivas. Los individuos tienden a dar más importancia a la información que confirma sus ideas preconcebidas (los sesgos de confirmación), dan demasiado crédito a información inmediatamente disponible (sesgo de la disponibilidad) y así sucesivamente. Algunos defensores de la salud pública aprovechan estas ideas para defender la participación de funcionarios públicos de salud en las opciones de salud de las personas. Sin embargo, un individuo es quien está probablemente en la mejor posición para tomar decisiones con respecto a su propia vida, aunque sólo sea porque todos, incluyendo los políticos y los burócratas — están sujetos a las mismas limitaciones cognitivas. Como sostiene la filósofo político de la Universidad de Richmond, Jessica Flanigan, “los expertos en salud pública son personas también.”

¿Distribución de la riqueza, de la renta, o del consumo? No es fácil hablar de (y medir) la desigualdad

Muy interesante estudio de Ignacio Moncada y Juan Ramón Rallo sobre la desigualdad en España, publicado por el Instituto Juan de Mariana: La desigualdad en España: ¿Realmente es España uno de los países más desiguales de Europa?, : https://www.juandemariana.org/investigacion/archivo-de-publicaciones/mitos-y-realidades-sobre-la-desigualdad-en-espana

Antes de lanzarse a estudiar más a fondo la desigualad es preciso clarificar la crucial diferencia entre los tres tipos de desigualdad económica: la desigualdad de riqueza, desigualdad de renta y desigualdad de consumo

La desigualdad de riqueza

La riqueza se refiere al conjunto de activos financieros y reales que posee un hogar o persona. La riqueza que se contabiliza en las métricas utilizadas en este informe incluye propiedades inmobiliarias, vehículos, títulos de renta fija, acciones y otros títulos de propiedad sobre sociedades y capital productivo, fondos de inversión, fondos de pensiones, seguros, depósitos, saldos de tesorería y otros activos. Habitualmente  la riqueza se mide en términos netos, calculada a partir del valor de mercado de los activos y descontando el valor de los pasivos.

Medir la desigualdad de la distribución de la riqueza consiste en medir cuán desiguales son los patrimonios y las haciendas de los hogares. En todos los países del mundo, la desigualdad de riqueza suele ser muy elevada (valores del índice Gini cercanos a 1) por varios sesgos que afectan a la distribución de riqueza:

• Sesgo demográfico: las personas jóvenes suelen carecer de patrimonio porque no han tenido tiempo para acumularlo.

• Sesgo del triunfador: las personas que tienen éxito creando una gran empresa poseen mucha riqueza porque son dueños de la misma; en cambio, las personas que han intentado crearla y han fracasado carecerán de ella.

• Sesgo de la definición de riqueza: las mediciones de riqueza suelen contabilizar activos como los antes mencionados, pero otros activos importantes no se incluyen en la definición de riqueza, como por ejemplo la formación de los trabajadores (su capital humano) o el derecho a percibir prestaciones y servicios del Estado. En la sección del presente informe correspondiente a la desigualdad de riqueza se profundiza en mayor detalle sobre la implicación de este sesgo.

Es importante tener presente que el valor de la riqueza no corresponde al valor de renta presente, sino que es una estimación de rentas futuras que se espera que dichos activos generen, descontados el tiempo y el riesgo. Así, la riqueza representa una valoración virtual e incierta de unas rentas futuras esperadas. No hay que olvidar que esta valoración es una señal con un papel crucial en la coordinación económica: proporciona la información adecuada sobre cómo deben emplearse y gestionarse dichos activos para satisfacer las necesidades de los consumidores.

Por este motivo, la desigualdad de riqueza no debería ser de excesiva preocupación: la finalidad última de la riqueza es generar renta (bienes y servicios para el dueño de la riqueza) y, por tanto, lo relevante es cómo se distribuye esa renta. Con ello no quiere decirse que la riqueza no cumpla otras funciones valiosas (ostentación o seguridad económica), sino que un cambio en la distribución de riqueza que sepamos que no va a afectar a la distribución de la renta a largo plazo debería ser irrelevante salvo a efectos de ostentación.

¿Para proteger derechos se necesita un poder central fuerte o uno débil? Estados Unidos y Suiza

Del libro “El Foro y el Bazar”:

Como vemos se presentan dos opiniones distintas: ¿es necesario un poder central fuerte para evitar el abuso hacia los derechos de los individuos por parte de los gobiernos locales o, por el contrario, es necesario un poder central débil para evitar el abuso de éste sobre los derechos de los estados y, por ende, de  los individuos? ¿Existirá alguna salida para este dilema?

La evidencia empírica no parece brindarnos una respuesta clara al respecto. Entre todos los países del mundo podemos encontrar dos con una estabilidad institucional prolongada que nos permita realizar una comparación: Estados Unidos, como el de una federación y Suiza, como ejemplo de una confederación. No obstante el ejemplo de Suiza como una confederación se remonta desde 1291 con la firma del pacto entre los cantones de Schwyz, Uri y Unterwalden hasta la constitución de 1848, a partir de la cual se convierte en una federación.

La supervivencia de esa confederación durante cinco siglos y medio muestra que dicha configuración es posible. En cuanto al argumento “federalista” de la necesidad de un poder central fuerte para evitar el abuso de los gobiernos locales, la historia de Suiza muestra un ejemplo que refuta esta tesis. Los cantones suizos mantuvieron una profunda convicción y práctica democrática, si bien los de las ciudades fueron centralizados y poco democráticos (Kendall & Louw, 1989, p. 12). Uno de las principales pruebas a las que la libertad individual fue sometida fueron los conflictos religiosos entre católicos y protestantes con motivo de la Reforma.

Estos conflictos fueron similares a los ocurridos en otros países de Europa, pero su solución fue claramente diferente. En 1526 se realizó un debate público en Baden, en el cual se resolvió que los cantones decidirían si permanecían con la Iglesia de Roma o adoptaban la Reforma. Luego de algunos disturbios e intentos de forzar una u otra salida, la Paz de Kappeler fue firmada dando a cada comunidad local, por voto mayoritario, el poder de decidir sobre el asunto. En el cantón de Thurgau, por ejemplo, catorce distritos decidieron ser católicos, 18 protestantes y 30 eligieron la igualdad religiosa, Appenzell se dividió en dos en el año 1595, y en el borde entre uno u otro los propietarios de tierras pudieron elegir a cuál pertenecerían. Por cierto que la religión es un tema de decisión individual y no colectiva, pero el proceso mencionado es un ejemplo en una época donde lo que predominaba no era precisamente la libertad religiosa. En estos años, los poderes centrales no garantizaban libertad sino que la eliminaban. Es decir, para seguir el debate de los federalistas, es cierto que un gobierno local puede someter a una minoría, pero no lo es que un gobierno central sea garante perfecto de la libertad, ya que puede ser todo lo contrario.

En cuanto al grado de centralización/descentralización de los gastos del estado, es necesario tener en cuenta que el tamaño de los mismos fue muy pequeño durante siglos y que cuando se inicia su expansión en el siglo XX ya ambos países contaban con un modelo similar, lo que impide la comparación entre federación y confederación en ese sentido. En la actualidad, ambos se encuentran entre los países más libres y con calificaciones similares en los estudios comparativos de libertad.

Según Vaubel (1996, p. 79), pese a que Madison en El Federalista Nº 45 (p. 197) afirmaba que el número de empleados del gobierno federal iba a ser mucho más pequeño que el de los empleados por los gobiernos estaduales, doscientos años después, los primeros son más que todos los empleados estaduales juntos y en casi todos los países federales, el gasto del gobierno central (incluyendo la seguridad social) supera la mitad del gasto público total siendo la única excepción Canadá. En los Estados Unidos la participación del gobierno federal en el total del gasto público era del 34% en 1902, creció hasta alcanzar un máximo del 69% en 1952 y luego descender hasta el 58% en 1992 (Oates, 1998, p. xviii)[1].

Según el estudio de Vaubel, realizado con datos del período 1989-91, los países menos centralizados serían las Antillas Holandesas (donde un 44,8% del gasto total está en manos del gobierno central), Canadá (49,4%) y Suiza (53,8%). En promedio, los estados federales serían más descentralizados que los unitarios y los países industriales más que los países en desarrollo. El promedio de gasto del gobierno central sobre gasto total en los países industriales federales en el mencionado período sería de 65,9% y en los industriales unitarios del 84,7%. El mismo promedio en los países federales en desarrollo sería de 78,8% y en los unitarios en desarrollo 98,7%. El promedio de todos los países federales (industriales y en desarrollo) sería de 71,8%. Bird & Vaillancourt (1997, p. 12) comparan ocho países en desarrollo (Argentina, China, Colombia, India, Indonesia, Marruecos, Pakistán y Túnez) con cinco países desarrollados (Australia, Canadá, Alemania, Suiza y Estados Unidos) y constatan que el promedio de gastos locales en el total del gasto público es de 35% para los países en desarrollo y del 47% para los desarrollados siendo la variación mucho más grande en el primer caso que en el segundo (ya que no diferencian entre países federales o unitarios). Para Mochida & Lotz (1998, p. 3) en el caso de Japón el gasto local sería del 30,8% y el del gobierno central del 69,2%.

En definitiva, la evidencia empírica nos muestra que los países federales son más descentralizados que los unitarios, y que los países desarrollados lo son que los en desarrollo. Pero no es éste un análisis que nos permita arribar a algún tipo de conclusión más allá de la que muestra que un país federal resulta levemente más descentralizado y que esta circunstancia, “ceteris paribus”, permitiría alcanzar un mayor grado de control sobre el poder político y un grado de alineamiento mayor entre las preferencias de los ciudadanos y los bienes  y servicios públicos que reciben.

[1] Stigler [(1957) 1998] afirma que: “En 1900, virtualmente todas las cuestiones relacionadas con la vivienda, salud pública, crimen y transporte local eran tratadas por los estados o los gobiernos locales, y el papel del gobierno federal en la educación, la regulación de prácticas comerciales, el control de los recursos naturales y la redistribución del ingreso era mínima. Hoy, el gobierno federal es muy activo en todas estas áreas, y su grado de participación crece gradualmente.” (p. 3)

La desigualdad en España: en verdad, una excusa para considerar la desigualdad en general (II)

Muy interesante estudio de Ignacio Moncada y Juan Ramón Rallo sobre la desigualdad en España, publicado por el Instituto Juan de Mariana: La desigualdad en España: ¿Realmente es España uno de los países más desiguales de Europa?, : https://www.juandemariana.org/investigacion/archivo-de-publicaciones/mitos-y-realidades-sobre-la-desigualdad-en-espana

“DESDE QUE ESTALLÓ LA CRISIS ECONÓMICA DE 2008, en España se ha experimentado una creciente preocupación por el fenómeno de la desigualdad. Una preocupación en la que España no está aislada, pues algo similar ha ocurrido en muchos países occidentales. Movimientos como el de “Occupy Wall Street” o “We are the 99%” en Estados Unidos o el ascenso de partidos políticos populistas en Europa son una pequeña muestra del efecto de esta creciente preocupación por la desigualdad económica a ambos lados del Atlántico.

Para el caso español, es habitual leer en medios de comunicación que “España es uno de los países con mayor desigualdad de Europa” y titulares similares. El objetivo del presente informe es analizar qué hay de cierto en dicha afirmación y proporcionar al lector una comprensión más profunda y completa acerca del fenómeno de la desigualdad aplicado al caso español.

Uno de los principales problemas que pueden verse en reportajes de prensa, artículos e incluso en publicaciones de organizaciones oficiales, es una cierta confusión en torno a los distintos significados del término desigualdad.”

“Mito 3: Los causantes principales de las desigualdades en la distribución de la renta en España son las abultadas rentas del capital y la desigualdad salarial.

Adicionalmente, el informe muestra que la principal causa de desigualdad en la renta para el caso español no son las diferencias salariales ni los rendimientos del capital, sino la extraordinariamente elevada tasa de desempleo. Existe, por tanto, una medida que contribuiría a reducir la desigualdad de la renta en España y al mismo tiempo sería respetuosa con la libertad individual: una liberalización profunda del mercado laboral. Las barreras que impiden que en la actualidad muchas personas puedan acceder a un puesto de trabajo no sólo vulneran la libertad de dichas personas, sino que además exacerban la desigualdad de la peor manera posible: imposibilitando que quienes están peor puedan progresar por sus propios medios.

Mito 4: España es uno de los países de Europa con mayor desigualdad en el bienestar real de su población.

Múltiples autores afirman que la forma más adecuada de medir el bienestar real de la población no es midiendo la desigualdad de la renta sino la del consumo. El análisis de los datos de la desigualdad en el consumo arroja una conclusión clara: España se encuentra entre los países europeos con una menor desigualdad en el consumo.

El índice Gini de consumo (2010) es de 0,22 para España, al nivel de Suecia o Bélgica (0,22 en ambos casos), y por debajo de países como Dinamarca (0,23), Francia (0,23), Italia (0,26) o Alemania (0,27). Similares resultados se obtienen al analizar la ratio entre el consumo del 20% de la población que más consume y el 20% que menos. Además, las métricas de consumo también omiten partidas que sesgan al alza los resultados de desigualdad, como el consumo de servicios sanitarios o educativos que la población.

Mito 5: España es uno de los países de Europa con menor movilidad social.

La realidad es que España figura como un país con una movilidad social intermedia en el contexto europeo, por encima de países como Alemania, Francia, Italia o Reino Unido, como muestran las medidas de elasticidad intergeneracional. La movilidad social hace que la desigualdad de la renta tienda a difuminarse entre generaciones. Por tanto, la desigualdad de renta de España, incluso teniendo en cuenta los matices anteriores, se diluye a un ritmo mayor que en los principales países de Europa.

En conclusión, España es uno de los países de Europa con menor desigualdad en la riqueza y en el consumo; además, es un país con una desigualdad de la renta intermedia en el contexto europeo si tenemos en cuenta el valor de los alquileres imputados y la movilidad social.

La desigualdad en España: en verdad, una excusa para considerar la desigualdad en general (I)

Muy interesante estudio de Ignacio Moncada y Juan Ramón Rallo sobre la desigualdad en España, publicado por el Instituto Juan de Mariana: La desigualdad en España: ¿Realmente es España uno de los países más desiguales de Europa?, : https://www.juandemariana.org/investigacion/archivo-de-publicaciones/mitos-y-realidades-sobre-la-desigualdad-en-espana

LA DESIGUALDAD EN ESPAÑA: MITOS Y REALIDADES

¿Realmente es España uno de los países más desiguales de Europa?

Autores: Ignacio Moncada y Juan Ramón Rallo

España es uno de los países de Europa con mayor desigualdad en la riqueza.

Realidad: España es uno los países de Europa con una distribución de la riqueza más igualitaria en términos comparados. Una de las principales causas es que cerca del ochenta por ciento de los hogares tiene su vivienda en propiedad y el patrimonio inmobiliario es el componente de más peso de la riqueza en España.

Determinar los niveles de desigualdad de renta es relativamente sencillo y los resultados son indiscutibles: España está a la cabeza de la desigualdad en Europa.

Realidad: La mayor parte de los indicadores que se publican sobre distribución de la renta omiten componentes muy significativos como los alquileres atribuibles a la vivienda en propiedad o los servicios públicos de salud y educación. Si se tienen en cuenta estas rentas en especie omitidas, la desigualdad de la renta en España se reduce en al menos una quinta parte y nuestro país se aleja de ser uno de los países con más desigualdades en renta.

Los causantes principales de las desigualdades en la distribución de la renta en España son las abultadas rentas del capital y la desigualdad salarial.

Realidad: El principal causante de la desigualdad de la renta en España es, con diferencia, el desempleo.

España es uno de los países de Europa con mayor desigualdad en el bienestar real de su población.

Realidad: España es uno de los países de Europa con una distribución del consumo más igualitaria, siendo el consumo seguramente el indicador más relevante a efectos de determinar el bienestar.

España es uno de los países de Europa con menor movilidad social.

Realidad: España figura como un país con una movilidad social intermedia en el contexto europeo, por encima de países como Alemania, Francia, Italia o Reino Unido, como muestran las medidas de elasticidad intergeneracional.

¿ES ESPAÑA UNO DE LOS PAÍSES CON MAYOR  desigualdad económica de Europa?

Atendiendo a titulares de prensa, artículos en medios de comunicación e incluso publicaciones de instituciones oficiales, la respuesta parecería clara: sí, España sería uno de los países más desiguales, no ya de Europa, sino del mundo (El Mundo, 2015; El Economista, 2015; El Confidencial, 2015).

El objetivo del presente informe es doble: en primer lugar, analizar a fondo los datos sobre la desigualdad en España y ver en qué medida estas afirmaciones están fundadas; y, en segundo lugar, proporcionar al lector una comprensión más profunda y completa del fenómeno de la desigualdad económica en España.

Federalistas y Anti-Federalistas: los límites al poder y el crecimiento (¿inevitable?) del Estado

Inicialmente las colonias (norteamericanas) se habían organizado como una confederación. Sus principales críticos fueron los autores de los Papeles Federalistas, Alexander Hamilton, James Madison y John Jay quienes publicaron setenta y siete artículos desde Octubre de 1787 hasta Mayo de 1788 en tres periódicos de la ciudad de Nueva York. Los problemas que aquejaban a la Confederación tendrían su origen en el colapso del sistema judicial real (Dietze, 1960, p. 130) y la debilidad del ejecutivo. El vacío había sido ocupado por las legislaturas creadas por las nuevas constituciones las que, influenciadas por los deudores, comenzaron a suspender acciones judiciales, modificar o anular sentencias y determinar los méritos de las disputas. Esta negación de los que Dietze llama “gobierno libre” (definido como el gobierno popular donde la mayoría es limitada por la constitución para proteger los derechos de las minorías y donde la participación popular en el gobierno es sólo un medio para protección de la vida, la libertad y la propiedad, nota p. 69) no podía, según los Federalistas, ser frenada por la confederación ya que la Unión era un mero tratado entre las partes y no hubiera podido impedir la tiranía de la mayoría en los estados[1].

El objetivo de los Papeles Federalistas fue el de proponer una “más perfecta UNION” (en mayúscula en los originales). No obstante, Dietze (p. 160) señala diferencias entre estos autores, ya que en el caso de Hamilton, si bien reconoce las bondades de la división territorial e institucional del poder, no deja dudas de que prefiere una concentración a una dispersión del poder. Esto implica la superioridad de la legislación federal sobre la estadual y la posibilidad de ejecutar esa ley federal dentro de los estados. Esa superioridad, a su vez necesita de la existencia de una autoridad federal que sea capaz de imponerla y alguna autoridad federal que resuelva las diferencias entre uno y los otros. Este sería el rol de Corte Suprema. Esta supremacía del poder central sería controlada de su abuso por la revisión judicial, para lo cual se requiere la absoluta independencia de la justicia.

Madison, por el contrario destaca las bondades de un gobierno federal principalmente porque crea balances de poder, es decir, enfatiza el valor de los estados miembros. Para él, el federalismo es una institución diseñada para proteger a los estados y aunque reconoce que la soberanía reside en última instancia en el gobierno central, el federalismo no sería compatible con la concentración de poder en manos de éste. Sostiene que una confederación tendería a reducir el poder del gobierno central[2]. Señalando los casos de la liga aquea y la confederación lisia señala que ninguna de las dos mostró una tendencia a degenerar en un solo gobierno consolidado.

Esta era, precisamente, la preocupación de los Anti-Federalistas y se mantiene hoy como uno de los principales puntos de debate respecto al federalismo y la descentralización. Ya que si bien de Tocqueville ([1835] 1957, p. 86) pudo afirmar,

“Lo que más llama la atención al europeo que recorre los Estados Unidos es la ausencia de lo que se llama entre nosotros el gobierno o la administración. En Norteamérica, se ven leyes escritas, se palpa su ejecución cotidiana, todo se mueve en torno nuestro, y no se descubre en ninguna parte su motor. La mano que dirige la máquina social se oculta a cada instante”

Lo cierto es que a los anti-federalistas les preocupaba precisamente que la existencia de un poder central fuerte tendiera a eliminar o limitar el poder de los estados y los derechos de los individuos.[3] Según Gordon (1998, p. 8) la Bill of Rights fue incorporada en la constitución no como la entrega masiva de poder al gobierno central para controlar supuestas violaciones de derechos individuales por parte de los estados sino para proteger a las comunidades de éstos de la inevitable tendencia del gobierno central a acumular poder, siendo el elemento esencial de la misma la 10ª. Enmienda que afirma la soberanía de los estados y define los poderes del gobierno central como “enumerados” y “delegados”. Opinión similar mantienen Wilson (1995) y Pilon (1995).

Este último afirma que la doctrina de los “poderes enumerados y delegados” ha sido abandonada por intermedio de dos cláusulas constitucionales: la comercial y la del bienestar general. La primera otorga al Congreso el poder de regular el comercio entre los estados, y tuvo su origen en la preocupación por la existencia de barreras comerciales entre ellos. Pero los constitucionalistas no habrían imaginado que ésta iba a ser utilizada (desde 1937: NLRB v. Jones & Laughlin Steel Corp., 301 U.S. 1) no ya como un escudo contra el abuso de los estados sino como un mecanismo que permitiría luego al Congreso pretender el logro de innumerables fines sociales y económicos. Ya que el Congreso ahora se atribuye el poder de regular cualquier cosa que afecte el comercio interestatal, es decir prácticamente todo. La segunda tenía el objetivo de prevenir que el Congreso actuara en defensa de algún beneficio particular pero en 1937 (Helvering v. Davis, 301 U.S. 619, 640) la Corte mantuvo que si bien había que mantener la diferencia entre interés particular e interés general no iba a controlar esa distinción, dejando al Congreso que se controle por sí mismo.

[1] Madison lo señala de esta forma en El Federalista XLV (Hamilton, et al, 1943, p. 196): “Hemos visto en todos los ejemplos de las confederaciones antiguas y modernas, que la tendencia más potente que continuamente se manifiesta en los miembros, es la de privar al gobierno general de sus facultades, en tanto que éste revela muy poca capacidad para defenderse contra estas extralimitaciones…

Los gobiernos de los estados tendrán siempre la ventaja sobre el gobierno federal, ya sea que los comparemos desde el punto de vista de la dependencia inmediata del uno respecto del otro, del peso de la influencia personal que cada lado poseerá, de los poderes respectivamente otorgados a ellos, de la predilección y el probable apoyo del pueblo, de la inclinación y facultad para resistir y frustrar las medidas del otro”.

[2] También en el “El Federalista” XLV afirma: “Hemos visto en todos los ejemplos de las confederaciones antiguas y modernas, que la tendencia más potente que continuamente se manifiesta en los miembros, es la de privar al gobierno general de sus facultades, en tanto que éste revela muy poca capacidad para defenderse contra estas extralimitaciones”.

 

[3] Así, escribe Centinel en la Carta I (Storing, 1981, p. 18) que: “…si los Estados Unidos han de ser fusionados en un solo imperio, deberán ustedes considerar si tal gobierno, como sea construido, ¿sería elegible en todo en un territorio tan extenso, y si sería practicable, consistente con la libertad? Es la opinión de los más importantes escritores, que un país muy extenso no puede ser gobernado por principios democráticos, o ningún otro plan, que una confederación de pequeñas repúblicas, poseyendo todos los poderes del gobierno interior, pero unidas en el manejo de sus asuntos exteriores y generales. No sería difícil probar, que nada menos que el despotismo, podría unir a un país tan grande bajo un gobierno, y que cualquier plan que ustedes establezcan terminaría en despotismo”.