Aunque evaluamos la calidad institucional en términos relativos, en el mundo ha mejorado

 Como dijimos antes, no tenemos un parámetro absoluto sobre la calidad de las instituciones contra el cual evaluar el desempeño de todos los países. Sabemos cuáles tienen mejores instituciones que otros, pero esa falta nos limita la posibilidad de analizar si el mundo, y nuestra región, están mejorando o empeorando en calidad institucional. Es decir, no podemos ver la tendencia general.

Nuestra evaluación tiene que ser necesariamente cualitativa. Y es desde esta perspectiva que podría tal vez decirse que la calidad institucional ha estado mejorando en las últimas décadas en el mundo, un proceso favorecido y presionado por la competencia institucional que genera la globalización. La caída de los regímenes comunistas, ocurrida antes que comenzáramos a producir este índice, ha dado como resultado la mejora institucional de casi todos los países que abandonaran ese modelo. Algunos de ellos, como Estonia, han alcanzado destacadas posiciones; otros como Turkmenistán han cambiado de régimen pero sin que esto significara una mejora institucional, sigue estando entre los peores.

El avance de los países asiáticos y ahora algunos países de África también nos brinda señales de mejora institucional. Y en el caso latinoamericano hubo una gran mejora a partir de los años 80s con el abandono de las dictaduras militares que pisotearan las democracias, los derechos humanos y en muchos casos hicieran también estragos económicos. Algunos países de la región  mejoraron sus instituciones de mercado durante los años 90s, y alguno entre ellos dieron marcha atrás y volvieron a los años 70s o peor aún. ¿Tal vez un rechazo de esas sociedades a los desafíos e inseguridades que plantea un nuevo mundo globalizado? Puede ser, pero lo cierto es que ese rechazo llevó a una caída fuerte de la calidad institucional en la región que ahora podría haberse detenido e insinuar un regreso al camino de la mejora. El nuevo gobierno argentino y el nuevo Congreso venezolano parecen ser fuertes señales de que los latinoamericanos quieren dejar atrás el populismo chavista que destruye las instituciones. Habrá que ver si esto es así y si refleja una tendencia que pueda presentarse en el resto de la región. Y habrá que ver también si esa tendencia perdura y se alcanzan esos consensos institucionales que algunos pocos países de la región han logrado alcanzar, permitiendo obtener resultados bien superiores al resto, generando más oportunidades de progreso para sus habitantes.

Puntos fuertes y débiles de la calidad institucional en América Latina: ¿dónde fallamos?

A continuación veremos el desempeño relativo que ha tenido cada país de la región en cada uno de los indicadores que son tomados en cuenta en nuestro análisis. En negrita aparece el país con la mejor posición entre todos los de América; en negrita e itálica, el de mejor posición entre los latinoamericanos; en rojo el que muestra la peor posición:

2016 Rule of Law Voice & Acc. Freedom Press Corrupción Global Comp Heritage Fraser Doing Business
País
Antigua y Barbuda 0,4928 0,6814 0,6281 0,4550
Argentina 0,1866 0,5882 0,4673 0,3690 0,2500 0,0562 0,0407 0,3651
Bahamas 0,7464 0,8088 0,8643 0,8315 0,3902 0,4444
Barbados 0,8182 0,9167 0,8945 0,7528 0,3821 0,3757
Belice 0,2488 0,6618 0,8492 0,3483 0,2927 0,3704
Bolivia 0,1292 0,4853 0,5477 0,4167 0,1714 0,1067 0,3089 0,1746
Brasil 0,5550 0,6078 0,5528 0,5536 0,4714 0,3258 0,2520 0,3915
Canadá 0,9474 0,9559 0,8945 0,9524 0,9143 0,9719 0,9512 0,9312
Chile 0,8804 0,8039 0,6834 0,8690 0,7571 0,9663 0,9106 0,7513
Colombia 0,4258 0,4608 0,4121 0,5119 0,5714 0,8258 0,2439 0,7196
Costa Rica 0,7129 0,8382 0,9146 0,7679 0,6357 0,7303 0,8699 0,6984
Cuba 0,3254 0,0686 0,0352 0,6726 0,0112
Dominica 0,6890 0,8235 0,7990 0,7022 0,5238
Ecuador 0,1388 0,3971 0,3015 0,3690 0,4643 0,1124 0,1463 0,3862
El Salvador 0,3589 0,5245 0,6131 0,5774 0,3286 0,6517 0,7398 0,5503
Estados Unidos 0,8995 0,7990 0,8492 0,9107 0,9857 0,9438 0,8943 0,9683
Grenada 0,5024 0,7402 0,8291 0,2910
Guatemala 0,1483 0,3529 0,3367 0,2738 0,4500 0,5449 0,6829 0,5767
Guyana 0,3206 0,5441 0,6533 0,2976 0,1429 0,2921 0,3252 0,2804
Haití 0,0813 0,2549 0,4874 0,0655 0,0500 0,1685 0,5935 0,0423
Honduras 0,1531 0,3382 0,2412 0,3393 0,3786 0,3708 0,4797 0,4233
El de 0,4450 0,6569 0,9146 0,5952 0,3929 0,7416 0,7317 0,6667
México 0,3828 0,4804 0,3065 0,4405 0,6000 0,6573 0,4309 0,7989
Nicaragua 0,2919 0,3578 0,4472 0,2321 0,2357 0,3933 0,4959 0,3439
Panamá 0,5502 0,6324 0,5176 0,5774 0,6500 0,6348 0,6667 0,6402
Paraguay 0,2823 0,4314 0,3668 0,2321 0,1643 0,5393 0,4228 0,4762
Perú 0,3349 0,5147 0,5477 0,4821 0,5143 0,7247 0,6179 0,7407
República Dominicana 0,4067 0,5392 0,5829 0,3929 0,3071 0,5112 0,5203 0,5132
San Kitts y Nevis 0,6172 0,8480 0,8693 0,3492
San Vicente y las Granadinas 0,7225 0,8627 0,9146 0,7809 0,4180
Santa Lucía 0,7177 0,8725 0,9497 0,7921 0,5979
Suriname 0,4976 0,6422 0,7186 0,4821 0,2528 0,1799
Trinidad y Tobago 0,5311 0,6275 0,7638 0,5774 0,3714 0,5955 0,5041 0,5344
Uruguay 0,7608 0,8284 0,8141 0,8810 0,4857 0,7753 0,5285 0,5185
Venezuela, RB 0,0096 0,1912 0,1206 0,0655 0,0643 0,0169 0,0081 0,0212

 

Como puede observarse en términos de Respeto a la Ley, el primer lugar es para Canadá y para Chile entre los latinoamericanos y el peor para Venezuela. En cuanto al funcionamiento de la democracia (Voz y Rendición de Cuentas), el liderazgo recae también en Canadá, pero ahora corresponde a Costa Rica entre los latinoamericanos y a Cuba la última posición. En cuanto a Libertad de Prensa encabeza toda la zona Santa Lucía, con Costa Rica entre los latinos y Cuba también en el último lugar. Por último, entre los indicadores políticos, el país con menos corrupción en toda la región sería Canadá, Uruguay entre los latinoamericanos y Venezuela en el final de la tabla.

Tomando en cuenta ahora los indicadores de mercado Estados Unidos se lleva el primer puesto, Chile entre los latinos y Haití el último; el de Libertad Económica de Heritage muestra a Canadá primero, Chile entre los latinoamericanos y Cuba en la última posición. El otro indicador de libertad económica en el mundo, del Fraser Institute, ubica también a Canadá a la cabeza en la zona y a Chile entre los latinoamericanos pero muestra a Venezuela en la última posición (no evalúa a Cuba). Y finalmente, el de Haciendo Negocios nos muestra que el país donde habría más facilidades para ello sería Estados Unidos, y que entre los latinoamericanos ahora estaría México en lugar de Chile, un cambio que habrá que seguir de vista en el futuro; y Venezuela también en el último lugar.

Calidad Institucional en América: Canadá el primero; Chile y Costa Rica entre los latinoamericanos

El cambio institucional se produce lentamente y, además, el ICI lo refleja con cierto rezago. Esto se debe a que estamos tomando en consideración indicadores que se publicaron en 2015 los que, a su vez, en muchos casos han tomado datos de 2014, o incluso en algún caso antes. Los lectores de Argentina, por ejemplo, estarán una mejorando una mejora con los cambios ocurridos tras el cambio de gobierno; pero lo cierto es que eso no lo refleja el ICI 2016 sino, por el contrario, sigue mostrando la caída sufrida desde fines de los años 90s, acelerada a partir de la crisis de 2001/2002 y profundizada en los últimos años. Este año muestra a la Argentina perdiendo otros cinco puestos para caer hasta el 142º.

Pero, en verdad, comenzaremos considerando los resultados respecto a toda América, no solamente América Latina. Esto ha sido así desde el comienzo del ICI. SI bien es cierto que existen diferencias culturales entre los países latinos y no latinos de la región, por cierto es que tanto unos como otros se incorporaron (o fueron incorporados) al resto del mundo en momentos similares. También han tenido peso las diferencias de origen legal, con la mayoría de países latinoamericanos heredando los sistemas legales codificados continentales y los otros recibiendo, en general, el common law inglés. Estas causas, y otras que hemos analizado en ediciones anteriores de este Índice pueden explicar las diferencias de desempeño en la región. Veamos los resultados:

2016 ICI 2016 Política 2016 Mercado
6 Canadá 0,9398 9 Canadá 0,9375 6 Estados Unidos 0,9480
13 Estados Unidos 0,9063 18 Barbados 0,8764 7 Canadá 0,9422
22 Chile 0,8278 20 Estados Unidos 0,8646 21 Chile 0,8463
32 Costa Rica 0,7710 22 Santa Lucía 0,8467 39 Costa Rica 0,7336
33 Santa Lucía 0,7708 25 San Vicente y las Granadinas 0,8333 43 Santa Lucía 0,6950
38 San Vicente y las Granadinas 0,7164 27 Uruguay 0,8211 54 Perú 0,6494
40 Uruguay 0,6990 29 Chile 0,8092 55 Panamá 0,6479
41 Dominica 0,6918 30 Costa Rica 0,8084 60 Jamaica 0,6332
42 Barbados 0,6900 32 Bahamas 0,8065 64 México 0,6218
45 Bahamas 0,6810 37 San Kitts y Nevis 0,7782 65 Dominica 0,6130
53 Jamaica 0,6431 39 Dominica 0,7705 66 San Vicente y las Granadinas 0,5994
60 Panamá 0,6087 52 Grenada 0,6906 68 Colombia 0,5902
66 San Kitts y Nevis 0,5637 60 Jamaica 0,6529 69 Uruguay 0,5770
67 Trinidad y Tobago 0,5631 62 Trinidad y Tobago 0,6249 71 El Salvador 0,5676
68 Perú 0,5596 67 Antigua y Barbuda 0,6008 74 Guatemala 0,5636
74 El Salvador 0,5430 70 Belice 0,5866 77 Bahamas 0,5554
77 Antigua y Barbuda 0,5279 71 Suriname 0,5851 84 Barbados 0,5035
79 Colombia 0,5214 76 Panamá 0,5694 85 Trinidad y Tobago 0,5013
88 México 0,5122 77 Brasil 0,5673 94 República Dominicana 0,4630
94 Grenada 0,4908 86 El Salvador 0,5185 95 Antigua y Barbuda 0,4550
96 República Dominicana 0,4717 96 República Dominicana 0,4804 104 Honduras 0,4131
98 Brasil 0,4638 98 Perú 0,4699 107 Paraguay 0,4006
100 Belice 0,4619 100 Guyana 0,4539 110 Nicaragua 0,3672
106 Guatemala 0,4208 101 Colombia 0,4526 113 Brasil 0,3602
112 Suriname 0,4007 111 Argentina 0,4028 115 San Kitts y Nevis 0,3492
119 Paraguay 0,3644 112 México 0,4025 119 Belice 0,3371
122 Guyana 0,3570 114 Bolivia 0,3947 130 Grenada 0,2910
125 Nicaragua 0,3497 129 Nicaragua 0,3323 134 Ecuador 0,2773
131 Honduras 0,3405 131 Paraguay 0,3282 136 Guyana 0,2602
140 Bolivia 0,2926 141 Ecuador 0,3016 147 Suriname 0,2164
142 Argentina 0,2904 145 Guatemala 0,2779 149 Haití 0,2136
144 Ecuador 0,2895 146 Cuba 0,2754 160 Bolivia 0,1904
162 Haití 0,2179 147 Honduras 0,2680 161 Argentina 0,1780
171 Cuba 0,1433 157 Haití 0,2223 185 Venezuela, RB 0,0276
183 Venezuela, RB 0,0622 182 Venezuela, RB 0,0967 188 Cuba 0,0112

Calidad Institucional: los peores países del mundo. Por ahora, Corea del Norte no tiene rivales

Con la Fundacion Libertad y Progreso presentamos los resultados del Índice de Calidad Institucional 2016. Antes vimos los países con mejor calidad, ahora los peores:

Corea del Norte tiene el destacable logro negativo de aparecer en la última posición tanto en el indicador general como en los dos subíndices. La zona está poblada de países de África y aquellos de Asia que no han sabido acompañar o imitar a los otros países exitosos de la región. En cuadro también llama la atención acerca de la presencia de dos países latinoamericanos: Cuba en la posición 171º y Venezuela en la 183º. ¿Cuba mejor que Venezuela? Es discutible, aunque ciertos avances recientes en la isla y tantos retrocesos en Venezuela podrían estar justificando esto. También puede ser resultado una determinación metodológica que afecta el resultado. Se refiere esto a cuál es el criterio para incluir a un país dentro del ICI si no aparece en los ocho indicadores que se toman en cuenta. Tomar solamente a los que aparecen en los ocho hubiera sido muy restrictivo, por lo que se decidió que se considerarían a los países que aparecieran al menos en cuatro de ellos, y al menos también, con uno en alguno de los dos subíndices. Es decir que un país puede aparecer en el ICI si a su vez aparece en, digamos, tres indicadores sobre las instituciones políticas y uno de las de mercado. Algo así es el caso de Cuba, como se verá más adelante, y al no aparecer en algunos indicadores de mercado puede esto mejorar su posición relativa en relación a Venezuela. Nótese que Cuba aparece por debajo de Venezuela en cuanto a esas instituciones se refiere.

Esto refiere, inevitablemente, a si existe un cierto grado de discrecionalidad en la conformación del ICI, y la respuesta es afirmativa. Y es también, inevitable. Por ejemplo, los subíndices de instituciones políticas y de mercado reciben la misma ponderación: ambos aportan el 50% del ICI cada uno. ¿Es así como debería ser, o debería tener uno mayor ponderación que el otro? Podríamos discutir décadas sobre esto, y otra asignación sería tan discutible como ésta. El criterio para asignarle la misma ponderación (y también la misma a cada uno de los ocho indicadores considerados) es que la libertad es una sola que se refleja tanto en las acciones políticas como económicas y dada la importancia de las decisiones que tomamos en uno u otro ámbito, resulta entonces conveniente esa asignación. Por otro lado, la misma ponderación similar a cada índice plantea el dilema que ciertas cuestiones están siendo consideradas en más de un indicador. No solamente hay dos índices de libertad económica (aunque no son lo mismo y presentan resultados relativamente diferentes) sino que ciertos componentes aparecen en unos y otros, dándoles entonces una mayor ponderación de facto. Por ejemplo, la protección del derecho de propiedad aparece en el índice del respeto a la Ley, y también en los de libertad económica. Pero no solamente no sería posible eliminarlo de alguno de los indicadores mencionados sino que su misma presencia en ellos sería una señal clara de su importancia y, por ende, merecer una ponderación mayor.

Ahora bien, ¿cuáles son las peores tragedias en materia de calidad institucional? Desde ya se ha señalado a aquellos países que consistentemente ocupan los últimos lugares desde el inicio de este ejercicio evaluativo. Dos décadas en las peores circunstancias institucionales no ofrecen resultados recomendables para nadie. Pero también pueden ser tragedias, tal vez menos intensas que esas otras, aquellos países que han perdido la mayor cantidad de posiciones. Así, por ejemplo, desde 1996, Bolivia ha perdido 100 puestos, Argentina 99, Ecuador y Venezuela 74, señalando un particular deterioro en América Latina bajo la influencia del “socialismo del siglo XXI”, la nueva vertiente populista que trajo el nuevo siglo. Por supuesto que la magnitud de la caída tiene que ver también con la posición de partida. Bolivia y Argentina pierden más porque comenzaron de más arriba que Ecuador y Venezuela, aunque este último país haya llegado más abajo que todos ellos.

Otras ‘tragedias’ en el período han sido Zimbabwe (-66), Líbano (-61), Papúa Nueva Guinea y Djibouti (-59), Belice (-58). De todos estos, sin embargo, Ecuador y Zimbabwe han mejorado su posición en el último, siete y seis posiciones respectivamente, y Venezuela una, aunque es probable se deba más al deterioro de otro país que estuviera arriba suyo que a una mejora que no parece haber ocurrido, ni siquiera en esa magnitud.

Final de la Copa América: tal vez gana Argentina, pero en calidad institucional hace años gana Chile

Con la Fundacion Libertad y Progreso presentamos el Índice de Calidad Institucional 2016. Respecto a América:

Canadá y Estados Unidos mantienen, como siempre, las primeras posiciones; Chile y Costa las primeras entre los países latinoamericanos y Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas entre las islas caribeñas. Es claramente destacable el desempeño de Canadá, que ha alcanzado estas posiciones a partir de las reformas económicas que ordenaron su economía allá por los años 90s y recuperado algunas posiciones que había cedido entre los años 2003 y 2007. También lo es el caso de Chile, con uno de los resultados más estables que se puedan encontrar en todo el ICI, ya que no registra cambios en su posición respecto a la que tenía 21 años atrás, diez años atrás o el 2015. Esta es una de las características de los países de sólida calidad institucional; los gobiernos cambian por un signo u otro pero parece existir un consenso básico y fundamental en relación al respeto de cierto marco institucional que se sostiene en el tiempo. Este consenso en sí mismo, es de un valor institucional fundamental, ya que se convierte en la columna central de lo que llamaríamos “seguridad jurídica”. Más que el dictado de norma o constitución alguna. El inversor puede pensar en el largo plazo reduciendo al menos el riesgo político institucional a un mínimo, aunque, por supuesto, no eliminándolo del todo. Esta solidez institucional parece también poner límite a cualquier intento  de modificar ese rumbo institucional en forma negativa, aunque ahora parece que los chilenos están queriendo alterar esto en cierta medida sin considerar, tal vez, el costo que puede tener el debilitamiento del consenso mencionado. Por último, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas representan la posibilidad, y tal vez la necesidad, que los países isleños y pequeños tienen de contar con instituciones de calidad. Su tamaño no les permite cerrarse sobre sí mismos y deben estar abiertos al mundo, sobre todo comercial y financieramente. Esta inevitable apertura los somete a una mayor competencia institucional a la cual deben responder con condiciones institucionales y jurídicas que les permitan competir en un entorno altamente competitivo. Por otro lado, son ejemplos también que reafirmarían la hipótesis de quienes sostienen que la herencia del sistema legal del common law determina luego la existencia de instituciones más amistosas con el respeto a las libertades, el derecho de propiedad y los contratos.

Como siempre, encontraremos diferentes desempeños en las dos áreas que cubre el ICI. Son varios los países que han logrado mejorar su desempeño en las instituciones de mercado pero han quedado rezagados o han descendido en las instituciones políticas: Panamá, Guatemala, México, Paraguay, Nicaragua; y otros que, al revés están rezagados en las de mercado en relación a las políticas: San Vicente y las Granadinas, Uruguay, Bahamas, St. Kitts y Nevis, Belice.

Los países con mejor calidad institucional: ¿tienen economías socialistas o mercados abiertos?

Con la Fundacion Libertad y Progreso presentamos el Índice de Calidad Institucional 2016. Desde que comenzamos a hacerlo hay cuatro países que siempre han ocupado las primeras cuatro posiciones, aunque intercambiando entre sí: Suiza, Nueva Zelanda, Dinamarca y Finlandia. Suele pensarse que estos son países que tienen “socialismos de Mercado”. ¿Es asi?

Vale la pena señalar, sin embargo, que todos ellos también ocupan destacadas posiciones en cuanto a las instituciones de mercado se refiere. Así, Noruega, que encabeza la lista en cuando a instituciones políticas ocupa la posición 18º en cuanto a las de mercado se refiere; Finlandia, segunda en este caso, está 13º en las de mercado; el tercer lugar de Suecia es con el puesto 17º en instituciones de mercado y el cuarto, Dinamarca, en el 9º. La relación es apropiada para disipar una visión existente que considera a esos países nórdicos como economías cuasi-socialistas. En verdad, son países con fuertes estados benefactores y altas tasas impositivas, pero con una apertura comercial y a las inversiones y una protección del derecho de propiedad y la libertad contractual como poco se encuentran en muchos otros países. Por otro lado, dos consideraciones son importantes en este caso: las elevadas tasas impositivas no lo son tanto y recaen sobre todo sobre los individuos, no las empresas. Por ejemplo, en el caso de Suecia, la tasa del impuesto a las ganancias corporativas es del 22%, mientras que en Suazilandia es el 27,5% y en Túnez o Tanzania del 30%. En Brasil es del 34%, en México 30%. En Noruega es del 34%, Finlandia 20% y Dinamarca 23,5%.

En cuanto a los impuestos a las personas en Suecia van desde el 31% al 60%; en  Noruega desde 0% al 47% (incluyendo un 8,2% de contribución a las pensiones); en Finlandia del 7,71% al 62% (incluyendo el impuesto nacional, el municipal y la contribución a las pensiones) y en Dinamarca del 30% al 48%. En cuanto a algunos países latinoamericanos en Argentina van del 9 al 35%; en Brasil del 0 al 27,5%; en Colombia del 0 al 33%, en Perú del 0 al 30%. Aunque siempre, por supuesto, resulta muy difícil hacer comparaciones debido a las distintas bases y deducciones vigentes en los distintos países, por un lado, y por otro, por las contraprestaciones que se reciben a cambio. En los países nórdicos las tasas impositivas a las ganancias empresarias son más bajas; las tasas a las personas más altas pero ellas reciben, a su vez, servicios de salud o educación gratuitos de calidad muy superior a los que obtiene un ciudadano latinoamericano aunque pague tasas menores. Y, además, en algunos casos como el de Suecia, los contribuyentes reciben ‘vouchers’ que les permiten un cierto grado de elección entre escuelas y hospitales privados o públicos.

Por otra parte, es más que destacable el desempeño de Suiza. No solamente encabeza el ICI por segundo año consecutivo sino que presenta el resultado más parejo, con un sexto puesto en las instituciones políticas y un cuarto en las de mercado. Suiza, además, ha logrado esto en un país con diversas culturas, idiomas y religiones, aprovechando las ventajas de la descentralización y las limitaciones al poder. La combinación de democracia representativa y democracia directa en los niveles federal, cantonal y municipal, un gobierno colegiado con rotación en los principales cargos ejecutivos y competencia fiscal entre los cantones ha logrado niveles de institucionalización destacados.

Principios libertarios: Rothbard sobre la ley, los derechos de propiedad y la contaminación del aire

Con los alumnos de la materia Law & Economics del Master en Environmental Entrepreneurship de la UFM, vemos un artículo de Murray Rothbard titulado “Ley, derechos de propiedad y contaminación del aire”. Algunos párrafos:

 

Hemos intentado exponer una serie de principios libertarios con los que estimar y reconstruir la ley. Hemos concluido que todos deberían poder hacer lo que quieran, excepto si comete un acto abierto de agresión contra la persona y propiedades de otro. Solo ese acto debería ser ilegal y debería ser perseguible solo en los tribunales bajo la ley de agravios, con la víctima o sus herederos o representantes presentando el caso contra el supuesto agresor. Por tanto, ninguna norma o regla administrativa que cree acciones ilegales debería permitirse. Y como no es permisible ninguna persecución en nombre de la “sociedad” o el “estado”, la ley penal debería integrarse en una ley de agravios reconstituida, incorporando el castigo y parte de la ley de tentativas.

El agraviante o delincuente sería estrictamente responsable por su agresión, sin permitir eludir la responsabilidad basándose en las teorías de la “negligencia” o de la “razonabilidad”; Sin embargo la responsabilidad debe probarse basándose en la causalidad estricta de la acción del acusado contra el demandante y debe probarse por el demandante más allá de cualquier duda razonable.

El agresor y solo el agresor debería ser responsable y no el empleador de un agresor, siempre, por supuesto, que el agravio no se cometa pro indicación del empleador. El actual sistema de responsabilidad indirecta del empresario es un residuo de las relaciones amo/siervo precapitalistas y es básicamente un método injusto de encontrar bolsillos profundos que saquear.

Estos principios deberían aplicarse a todos los agravios, incluyendo la contaminación del aire. La contaminación del aire es una molestia privada generada en la propiedad de una persona que pasa a otra y es una invasión del espacio aéreo correspondiente y a menudo de la persona del terrateniente. El concepto de la ocupación, en el que el primer ocupante y usuario de un recurso lo convierte en propiedad suya, es básico para la teoría libertaria de los derechos de propiedad. Por tanto, cuando un “contaminador” ha producido primero la contaminación y ha precedido al propietario del terreno al emitir contaminación al aire o ruido excesivo a una territorio vacío, ha ocupado así una servidumbre de contaminación o ruido excesivo.

Una servidumbre así se convierte en su legítimo derecho de propiedad en lugar del posterior terrateniente adyacente. Luego la contaminación del aire no es un agravio sino solamente el derecho ineluctable de contaminante si está simplemente ejecutando una servidumbre de ocupación. Pero cuando no exista servidumbre y la contaminación sea evidente a los sentidos, la contaminación es un agravio por sí misma porque interfiere con la posesión y el uso del aire de otro. El cruce de límites (por ejemplo por ondas de radio o radiación de bajo nivel) no puede considerarse agresión porque no interfiere con el uso y disfrute del propietario de su persona o propiedad. Solo si el cruce de ese límite genera un daño demostrable (de acuerdo con los principios de la causalidad estricta y más allá de cualquier duda razonable) puede considerarse un agravio y estar sujeto a responsabilidad y mandato judicial.

Un pleito conjunto, en el que los acusados se ven obligados a defenderse juntos, debería aplicarse solo sido todos actuaron de común acuerdo. Cuando sus acciones son separadas, también las demandas deben ser separadas y la responsabilidad dividida de f orma separada. Los demandantes deberían poder unir sus demandas contra un acusado solo si sus casos tienen un elemento común que predomine sobre los intereses separados e individuales. Las demandas de acción popular no son permisibles más allá de una unión voluntaria de los demandantes, porque presumen actuar en nombre de y obligar a miembros de una clase que no han aceptado unirse a la demanda.

Finalmente, debemos renunciar a la práctica común de escritores de derecho medioambiental de actuar como demandantes especiales en demandas de contaminación del aire, lamentando siempre que no se permita que los demandantes se lleven por delante a los acusados. Los f actores fundamentales en el derecho de contaminación del aire, como en otras partes del derecho, deberían ser los principios libertarios y los derechos de propiedad en lugar de la comodidad o los intereses especiales de una serie de concursantes.”

Una teoría ‘austriaca’ sobre economía ambiental: derechos de propiedad, pero algo distintos a Coase

Con los alumnos de la materia Law & Economics del Master en Environmental Entrepreneurship de la UFM, vemos un artículo de ROY CORDATO titulado TOWARD AN AUSTRIAN THEORY OF ENVIRONMENTAL ECONOMICS

Sus conclusiones:

“El propósito, y unos espera que también sea la contribución, de este trabajo, ha sido restituir tanto la economía positiva como normativa de la economía ambiental, desde la base, utilizando el método praxeológico de la Escuela Austriaca. Como se destacara al comienzo, el ejercicio es más el de unir distintas piezas que están separadas en la literatura Austriaca que el de elaborar un nuevo material. Persiguiendo ese objetivo hemos integrado el foco austriaco en el marco de medios y fines del actor, incluyendo su énfasis en la naturaleza subjetiva del valor y, por lo tanto de los costos, con la definición de lo que constituye un problema ambiental. Definiendo los problemas en estos términos, tanto la naturaleza de la polución y la definición de contaminador asumen un nuevo significado. Los problemas ambientales son presentados como planteando el corazón del problema de la eficiencia como la ven los Austriacos, esto es, generan un conflicto humano y distorsionan la formulación de planes inter e intrapersonales. Esto es diferente a la economía Pigouviana o Coasiana, que define a los problemas ambientales en términos de la asignación de recursos.

También se demuestra que el enfoque basado en los derechos de propiedad para el análisis de las políticas de Mises y Rothbard no solo es conceptualmente diferente del enfoque de Coase, sino que es una derivación natural, y emana directamente de sus raíces praxeológicas. El papel de los derechos de propiedad en el análisis ambiental es integrado con el que le otorga Menger más generalmente. Para Menger, el propósito social de la propiedad privada es resolver conflictos interpersonales y permitir la convivencia pacífica de distintos planes. Siguiendo este enfoque, la discusión austriaca moderna es considerada como un continuo histórico, que comienza en Menger.

La confusión actual que rodea la formulación de políticas ambientales es una derivación de la teoría de la economía ambiental que es fundamentalmente errónea. El enfoque estándar se basa en conceptos indefinibles del costo social y el equilibrio general e implica políticas que no pueden implementarse en el mundo real. A la luz de esto la mayoría de los economistas han aceptado la idea de que su rol es diseñar métodos eficientes para lograr ciertos objetivos políticamente determinados como objetivos de emisión. Como notara Lloyd Orr, los economistas ha propuesto impuestos por efluentes como medio para alcanzar estándares determinados políticamente a un menor costo. La solución propuesta estabiliza… la estructura de cargas requerida para alcanzar ciertos estándares (orr, 1981, p. 57).

Son los políticos quienes determinan qué es y qué no es polución y cuáles son los límites apropiados. El economista llega entonces para aconsejarles cómo desarrollar un impuesto o un sistema de derechos de emisión que se base en la ‘eficiencia’ de incentivos de mercado para alcanzar esos objetivos políticos. (Cordato, 1997).

Los austriacos pueden ofrecer un enfoque alternativo que no depende en definir o medir lo que es conceptualmente indefinible o medible. Esto no significa sugerir que una clara definición de derechos de propiedad sea sencilla en todas las situaciones. No lo es. Pero, mientras el enfoque austriaco para la resolución de problemas ambientales puede encontrarse con algunos problemas marginales, con algunos casos ‘difíciles’, la definición y aplicación de derechos de propiedad ya es una parte fundamental de la forma en que se evitan todo tipo de conflictos interpersonales. El en foque es claramente operacional ya que ha estado vigente, de una forma u otra, a través de la historia humana. El desafío para los austriacos es explicar cómo aplicar la teoría en algunos casos complicados, no explicar cómo si es que pueden ser aplicados”.

Innovaciones tecnológicas institucionales: software abierto y la General Public License (GPL)

Del Cap XVIII

Un gran ejemplo de instituciones evolutivas es lo que ahora se conoce como “Open Source”, en particular referido al software. Este es un enfoque del desarrollo de programas de software, basado en las contribuciones voluntarias de muchos “productores”. Todos ellos contribuyen a un proyecto común, cada uno con alguna motivación especial para hacerlo —que puede ser fama o experiencia adquirida—, compartiendo sus aportes sin que ninguno de ellos en particular tenga derecho de excluir a los demás, y realmente a nadie, del resultado.

El software, como otros productos, tiene un muy alto componente intelectual y, dada la dificultad de establecer mecanismos de exclusión, se han generado “derechos de propiedad intelectual” que asignan la propiedad a quien lo desarrolla; por lo tanto, se generan los incentivos para su producción. Esta asignación varía según países y puede hacerse a través de la figura de patentes o de derechos de autor.

Esto ha sido tradicionalmente así en todo tipo de invenciones. Pero he aquí que el modelo de patentes o licencias resultó no ser restrictivo para quienes quisieran un modelo abierto. Así, para evitar que el producto del esfuerzo conjunto de muchos colaboradores fuera apropiado por alguien en particular, los que participan de un proyecto de open source retienen el derecho de autor de su contribución particular al producto, pero le dan la licencia a cualquiera en un modelo que combina una licencia universal con ciertas restricciones que impiden que algún colaborador o un tercero se puedan adueñar del proyecto.

Esta ha sido una “innovación institucional” que no provino de legislación alguna, sino de la creatividad aplicada a la legislación existente sobre derechos de propiedad intelectual. Su historia comienza en 1984, cuando Richard Stallman comenzó a trabajar en un proyecto de sistema operativo para computadoras, que llamó GNU. Stallman era un activista del software libre; uno que, curiosamente, pudo alcanzar su objetivo a través de las figuras jurídicas del derecho de propiedad. Comenzó a desarrollar el software y —como se daba cuenta de que no podía escribir todo un sistema operativo solo— empezó a divulgar partes de su código bajo una licencia que permitía a cualquiera copiar, distribuir o modificar el software de la forma que mejor le pareciera, con el único requisito de que debía aceptar las mismas condiciones para esos otros desarrollos posteriores. Como tenía un “derecho de autor” sobre el proyecto original, podía incorporar esta cláusula en la licencia que le permitía a cualquier otro copiar el material.

Todos podían copiar el software y modificarlo para su uso personal, pero, si empezaban a distribuir esa modificación, tenían que hacerlo en las mismas condiciones “abiertas”. Así nació la Licencia Pública General GNU, ahora conocida como GPL, por sus siglas en inglés. Esto dio origen a lo que ahora se denomina “producción entre pares”, según la cual muchas personas, en muy distintos lugares del mundo y sin ni siquiera conocerse, van aportando sus contribuciones para llevar a cabo un proyecto.

Esto ha tenido un crecimiento notable. Casi el 70% del software para “servers” funciona sobre un software libre (Apache Web server). Google, Amazon y CNN.com manejan sus servidores con el sistema operativo GNU/Linux (Benkler 2006, p. 64). Precisamente en relación con este último, Linus Torvalds comenzó a compartir los componentes de su sistema operativo Linux con la misma licencia GPL. Curiosamente, un enemigo de la “propiedad” encontró que podía aprovecharla para llevar adelante su modelo de propiedad abierta y conocimientos compartidos. Los usuarios de este software ya son millones, y entre ellos se encuentran tanto los que lo instalan en sus computadoras personales como los que ni siquiera lo saben al utilizar celulares con Android, GPS, computadoras de autos o de televisores. La mayoría de las películas de animación de Hollywood se producen en equipos con Linux. Y todo comenzó con Minix, un sistema operativo educativo de código abierto creado por un profesor, que solamente se licenciaba para fines educativos, pero que Torvalds convirtió en una versión gratuita con licencia GPL. Linux creció hasta contar con innumerables distribuciones, como se llama a las distintas variaciones existentes y disponibles. Linux es así un “orden espontáneo”, que evoluciona con el tiempo sin que exista un cerebro central que lo haya diseñado.

La GPL fue creada por Stallman para evitar el problema denominado “la tragedia de los anticomunes”. Se trata de una versión opuesta a la ya comentada respecto a la ausencia de derechos de propiedad claramente definidos, que genera la posibilidad de que cualquiera utilice un recurso, por lo que termina depredado. En el caso contrario, lo que habría sería un exceso de barreras de ingreso al recurso. Esto ocurre cuando se patenta software, ya que un programa puede ser el resultado de la combinación de muchas ideas y, si cada una de ellas está patentada, sería muy difícil y costoso obtenerlas todas.

Políticas sociales en educación o salud: subsidio a la oferta o subsidio (¿privado?) a la demanda

Del Cap XVII

El subsidio a la oferta es ya tradicional: predomina en la mayoría de los países y se cuenta con una larga experiencia que permite evaluar sus resultados. La lógica de esta alternativa es la siguiente: existen personas que no pueden acceder a servicios básicos de educación, salud o vivienda, por lo que el Estado proveerá esos servicios, en muchos casos de forma gratuita. De esta manera, el Estado construye y administra hospitales, escuelas y viviendas, por ejemplo.

Pero el Estado no suele ser un buen administrador: sus funcionarios no tienen incentivos tan intensos como los del sector privado. En este, tanto las potenciales ganancias como las pérdidas actúan como un gran motivador para alcanzar la eficiencia; el premio puede ser importante, pero también es fuerte el castigo: los malos resultados llevarán a la pérdida del capital. En el ámbito público, es difícil implementar estos incentivos, ya que los funcionarios públicos no suelen ser remunerados con base a resultados, entre otras cosas por la dificultad de evaluar resultados cuando los servicios provistos no se “venden” y, por ende, no tienen precios que permitan el cálculo económico.

Por otra parte, con los objetivos de brindar un buen servicio en forma eficiente suelen mezclarse objetivos de otro tipo —políticos, por ejemplo—, que enturbian la tarea de los más eficientes profesionales a cargo de la gestión. El Estado termina entonces administrando grandes estructuras, muy poco ágiles y resistentes al cambio.

Por ejemplo, la educación pública universitaria es en Argentina tan costosa que le cuesta mucho más al Estado un graduado de lo que hubiera costado pagarle toda la carrera en una universidad privada, incluso entre las mejores del exterior. Si se divide el presupuesto universitario por la cantidad de graduados que habrá en el 2012 la cifra es de 52,386 dólares. Si se la divide, en cambio, por los inscritos, la suma es de 3,083 dólares, señalando los efectos de una política permisiva para el ingreso, que permite un influjo masivo en alumnos que luego desertan en una alta proporción (La Nación, 9/10/2011).

Existe una alternativa, que es esta: en vez de subsidiar a la oferta, subsidiar a la demanda. En lugar de administrar esas grandes estructuras burocráticas, administrar simplemente un sistema de subsidios a la compra de esos servicios en forma competitiva. Es decir: si los más necesitados no pueden acceder a salud, educación o vivienda, no se debe montar toda una estructura para ofrecer esos servicios, sino permitir que los usuarios los adquieran eligiendo entre distintos proveedores.

Veamos esto en un área tan fundamental para el progreso de los países como es la educación. Se presentan al respecto las alternativas de provisión de educación, que se muestran en el siguiente cuadro:

 

Cuadro 1: Alternativas de provisión de educación
Operadas por el gobierno →  

 

NO

Financiadas por el gobierno ↓
Escuelas públicas Escuelas charter
NO -.- Escuelas privadas

Autoeducación-tutores

Educación en la casa

 

Las escuelas públicas, como ya lo hemos comentado, se enfrentan a un serio problema de incentivos y, por lo tanto, no alcanzan a ser eficientes por más que se ensayen todo tipo de reformas. Los fracasos de la educación pública para los pobres están realmente bien documentados. Por ejemplo, un informe del organismo británico de ayuda al exterior, Oxfam, señala que “no se puede dudar del atroz estándar de la provisión de educación pública en todo el mundo en desarrollo” (The Probe Team 1999, p. 47). La Unesco informa que en ciertos lugares de África “los puntajes educativos basados en pruebas de elección múltiple son tan bajos que son casi al azar, lo que indica que asistir a la escuela tiene poco o ningún valor. En estas circunstancias, no es difícil ver por qué muchos hogares pobres consideran el gasto en educación [pública] como un mal uso de los escasos recursos” (Unesco 2005, p. 18).

El ausentismo docente es uno de los principales problemas. Una encuesta sobre los recursos disponibles en materia de educación en cuatro estados del norte de India tuvo resultados, al menos curiosos. Cuando los investigadores llegaron, sin anunciarse, a una gran muestra tomada al azar en escuelas gubernamentales, solo en la mitad de ellas había alguna “actividad docente” en marcha. En un tercio de las mismas, el director estaba ausente (World Development Report 2004, p. 24).

Y esto no ocurre solamente en India. En la edición 2005 de EFA Global Monitoring Report, de la Unesco se informa: “Encuestas al azar confirman en muchos países que el ausentismo docente sigue siendo un problema constante. La necesidad de tener un segundo trabajo, los estándares profesionales relajados y la falta de apoyo de las autoridades educativas son causas comunes”.

Si le sumamos al ausentismo el problema de la corrupción y los sobornos dentro de los sistemas estatales, la falta de compromiso y de preparación de los maestros, y la malversación de recursos, resulta fácil ver por qué a los expertos en desarrollo no les extraña encontrar opiniones similares sobre los problemas de la educación estatal para los pobres. En su edición 2004 de World Development Report, el Banco Mundial lo llama “fracaso del gobierno”, con “servicios tan deficientes que sus costos de oportunidad sobrepasan los beneficios para la mayor parte de la gente pobre” (p. 113).

Sin embargo, los mismos expertos en desarrollo expresan que la única manera de progresar consiste en brindar más educación estatal, apoyada con miles de millones más de ayuda internacional. La edición 2004 de World Development Report concluye el hecho de que “los recursos de que se dispone en materia de educación han fracasado en la creación de una educación efectiva y al alcance de todos, no implica que la solución sea un enfoque radicalmente diferente” (p. 18).

Dadas estas circunstancias, parece razonable considerar otras alternativas para proveer educación. Es a las que se encuentran en los otros cuadrantes del gráfico anterior a las que se les ha prestado mayor atención en los últimos tiempos.