Sistema jubilatorio en Chile: ¿para qué crecer y progresar si nos podría ir realmente mal a todos? (II)

Continúa el análisis de Libertad y Desarrollo sobre la idea de modificar el sistema jubilatorio chileno, pero con argumentos débiles, creo yo, y sin ninguna mención a la libertad de disponer de la propiedad, ahorrarla o gastarla, invertirla o consumirla, etc:

¿COMPARACIÓN JUSTA?

Una de las razones para volver al sistema de reparto se basa en el supuesto que éste pagaría mejores pensiones que el sistema de capitalización individual. Al menos es la sensación que queda al mirar los promedios de pensión que entrega la Superintendencia de Pensiones para ambos sistemas. Al mirar las últimas cifras oficialesv, la pensión entregada por el IPS para quienes estaban en el sistema antiguo es aproximadamente 5,5% mayor que la de las AFPvi,vii. Sin embargo, dicha comparación se presta para confusión por varias razones. En primer lugar, esta comparación olvida que bajo el antiguo sistema sólo reciben pensión quienes cumplen con un número mínimo de aportesviii, lo cual de acuerdo a información del IPS, corresponde a cerca del 50% de sus imponentes. En simple, 50% de los cotizantes del sistema antiguo no reciben pensión alguna y además pierden todo lo ahorrado durante su vida activa. Tal como vemos en la Tabla N° 1, al corregir sólo por este hecho (pues en el sistema de cotización individual todos reciben sus aportes con la rentabilidad acumulada), las pensiones de vejez del sistema antiguo resultarían 47% inferiores a las que entrega el sistema vigente.

En segundo lugar, mientras la tasa de cotización del sistema de capitalización individual es cercana al 13% (incluyendo la comisión de la administradora y el seguro de invalidez y sobrevivencia de cargo al empleador)ix, la tasa de cotización vigente para los que siguen cotizando en el sistema antiguo es de aproximadamente 20% (sin incluir salud para hacer ambas cifras comparables)x. Con dicha cotización, las pensiones promedio del sistema de capitalización individual serían aún mayores que las que hoy muestra el sistema.

Existe un tercer aspecto a destacar de la tabla anterior que incrementa la brecha de las pensiones de vejez a favor del sistema de capitalización individual: éste otorga pensión de vejez a sus afiliados sin importar la densidad de cotizaciones del trabajador. Por ende, el promedio de pensión de $ 227.400 muestra la pensión promedio de vejez obtenida por quienes presentan una gran varianza de densidad de cotizaciónxi y no sólo de aquellos que cotizaron por al menos 10 años como en el caso del sistema antiguo. De hecho, dicho promedio no refleja la pensión que entregaría el sistema de capitalización individual para quienes sí cotizaron en el sistema un tiempo razonable y de manera sostenida.

Cálculos recientesxii señalan que si en el sistema de reparto la cotización fuere del 10% y se le exigiera entregar pensión a todos sus imponentes, las pensiones promedio variarían entre un cuarto y un tercio de las pensiones que entrega el sistema de capitalización individual.

SISTEMAS DE REPARTO Y SOSTENIBILIDAD DE LARGO PLAZO

Un sistema de reparto por definición financia el pago de sus pensiones con el ahorro de los trabajadores activos. Esto es insostenible en un país como el nuestro, donde el envejecimiento de la población, cada vez más acelerado, está provocando un incremento en la relación entre población pasiva y activa. De hecho, así lo respalda el mismo estudio citado anteriormentexiii, el que utilizando proyecciones de población y distintos supuestos de crecimiento en el gasto en pensiones y la evolución de las remuneraciones, estima la tasa de cotización que hasta el año 2100 necesitaría un sistema de reparto para financiar los actuales niveles de pensiones del sistema de capitalización individual.

Sus resultados concluyen que si bien en lo inmediato se podrían financiar los niveles actuales de pensiones, e incluso mejorarlos a través de la expropiación del ahorro acumulado en los fondos de pensiones, en el largo plazo el sistema sería financieramente inviable, por cuanto se requeriría duplicar e incluso llegar a tasas por sobre el 50% para mantener los beneficios constantes. Lo anterior, como resultado tanto del factor demográfico como de la significativa contribución que hace a las pensiones el retorno del capital acumulado a través del tiempo, la cual desaparece bajo un sistema de reparto.

¿HACIA DÓNDE DEBIÉSEMOS AVANZAR?

En suma, existen argumentos objetivos para señalar que la idea de volver a un sistema de reparto no es viable. Esto no significa que no debamos preguntarnos cómo mejorar las pensiones del actual sistema, de tal modo de atenuar la brecha entre éstas y las expectativas de la población. En lo esencial, deberíamos propender a eliminar barreras que nos impidan ahorrar más (en frecuencia y nivel) y por más tiempo. Esto implica no sólo revisar al alza el nivel de la tasa de cotización con aportes adicionales del empleador o del trabajador (procurando no generar informalidad que puede terminar jugando en contra del objetivo último), sino también buscar mecanismos que incentiven a que ciertos grupos de la población (mujeres, jóvenes y adultos mayores) puedan encontrar un empleo formal que se acomode a sus necesidades de tiempo y flexibilidad.

Asimismo, se deberían incorporar gradualmente los aportes de los trabajadores independientes al sistema, además de (en línea con lo realizado en países desarrollados) aumentar la edad legal de cotización (sobre todo en el caso de mujeres), y ajustar cambios futuros de dicho umbral en base a nuevos potenciales cambios en las expectativas de vida de la población.

Estas soluciones sólo tendrán un impacto en el largo plazo en el monto de las pensiones, por lo que adicionalmente a lo anterior, deberíamos buscar mecanismos que, sin poner en riesgo nuestras arcas fiscales, nos permitan mejorar gradualmente la contribución que el Estado realiza hoy a los pensionados más necesitados a través de un fortalecimiento gradual del Pilar Solidario.

 

v Disponibles para mayo de 2016 en http://www.spensiones.cl/portal/informes/581/articles11024_recurso_1.pdf vi Este promedio incluye pensión de vejez y pensión de vejez anticipada, que considera al 67% de los pensionados del sistema de AFP y a 50% de los pensionados por el IPS. En ambos casos, el resto de los pensionados corresponde a pensiones de invalidez y sobrevivencia. vii Esta diferencia alcanza 8,2% cuando consideramos, adicional a la pensión autofinanciada, el Pilar Solidario. viii En el Servicio de Seguro Social (SSS) se requieren como mínimo 10 años de imposiciones para las mujeres y 20 años para los hombres, mientras que en CANAEMPU y EMPART son 10 años como mínimo, para hombres y mujeres; además de tener la calidad de imponente activo al momento de solicitar la jubilación. ix http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/apps/estcom/estcom.php x http://www.ips.gob.cl/pensiones-y-tramites-96642/134-tasas-ex-cajas-regimen-antiguo xi Por ejemplo, incluye la pensión de las mujeres que sólo cotizaron por una vez de tal modo de obtener el Bono por Hijo creado en la Reforma Previsional de 2008.  xii Titze, M. (Noviembre 2015). “¿Se sostiene un sistema de reparto?”. Serie de Informe Económico N° 253, Libertad y Desarrollo. Disponible en http://lyd.org/wp-content/uploads/2015/12/SIE-253-Se-sostiene-unsistema-de-reparto-MTitze-Noviembre2015.pdf                                                                                                                                                                                 xiii Titze, M. (Noviembre 2015).

Chile y el sistema jubilatorio: ¿para qué vamos a crecer y progresar si nos podría ir muy mal a todos? (I)

Chile ha realizado muchas reformas en las últimas décadas y muchas de ellas han dado resultado, llevando a ese país a tener el PIB per cápita más alto de América Latina, un logro no menor. Sin embargo, parece que los pueblos se empecinan en destruir aquello que les permitió el éxito, o no entienden las causas del mismo, o se lanzan a redistribuir todo lo que pueda expropiarse a través del estado.

El sistema jubilatorio chileno cumplió un papel importante en eso, En primer lugar, quitando estos fondos de las manos de estado, que los había vaciado; luego permitiendo que financiaran la inversión del capital y por ende, el crecimiento económico. Es cierto que no otorgó un derecho de propiedad completo sobre esos fondos, porque los aportantes no eran libres de aportar o no, o de decidir qué hacer con ese dinero, pero digamos que era un gran avance sobre el sistema anterior.

Ahora, en un impulso de suicidio colectivo, muchos chilenos quisieran ir para atrás. Así lo analiza el Libertad y Desarrollo de ese país (aunque diría que con argumentos contundentes y sin mención alguna a la violación de la propiedad que el estado realiza cuando fuerza un sistema por sobre las preferencias de los individuos:

La marcha del domingo pasado es el reflejo de un descontento por parte de la ciudadanía frente al nivel de las pensiones que entrega nuestro sistema previsional con respecto a lo esperado. Esta insatisfacción se vio acrecentada al darse a conocer la situación de Myriam Olate, quien se benefició con una pensión de más de $5 millones, lo cual llevó a muchos a mirar los sistemas de reparto como una alternativa. Sin embargo,  estamos comparando con un sistema insostenible en el mediano y largo plazo.

BREVE CONTEXTO HISTÓRICO

Vale la pena recordar por estos días que nuestro sistema de capitalización nació en 1981 buscando superar las ineficiencias del antiguo sistema. Este último era un sistema atomizado, operado por más de treinta cajas, cada una con normativa propia, por lo que sus principales parámetros (edad de retiro, requisitos para pensionarse y nivel de la pensión) dependían de la caja a la que le correspondiera a cada trabajador acceder de acuerdo a la ley, en general asociado al sector económico donde se desempeñaba. Está ampliamente documentado que los beneficios, tanto en términos de monto de pensión como exigencias, dependían de la presión que ejerciese cada gremio respecto de su propia cajai.

  • Una de las razones para volver al sistema de reparto se basa en el supuesto de que éste pagaría mejores pensiones que el sistema de capitalización individual. • Sin embargo, es necesario recordar que bajo el antiguo sistema sólo reciben pensión quienes cumplen con un número mínimo de aportes, por lo que el 50% de los cotizantes no reciben pensión alguna y además pierden todo lo ahorrado durante su vida activa. Sólo con esta corrección, las pensiones de vejez del sistema antiguo resultarían 47% inferiores a las que entrega el sistema vigente. • Existen argumentos objetivos para señalar que la idea de volver a un sistema de reparto no es viable. Esto no significa que no debamos preguntarnos cómo mejorar las pensiones actuales, de tal modo de atenuar la brecha entre éstas y las expectativas de la población.

Las ineficiencias iban más allá de estas evidentes injusticias. A inicios de los ’70, sólo el 60% del pago de pensiones se financiaba con las cotizaciones del trabajador, el 40% restante correspondía a aporte estatalii. Y a principios de los 80 el déficit era de tal magnitud que las opciones eran o aumentar aún más el aporte fiscal o subir la tasa de cotización, que incluso en algunos casos llegaba a más de 50% de la remuneración imponible, después de haber sido 5% en su origen. Evidentemente el sistema, con un proceso de envejecimiento de la población como el nuestro, iba directo a la quiebra.

En este contexto nació el sistema de capitalización individual, el cual estableció derechos de propiedad sobre los aportes durante la vida laboral de los cotizantes, y relacionó directamente cotizaciones (y por ende esfuerzo individual) con beneficios a recibir, eliminando los privilegios, y generando una estructura financiera que contribuyera a la sustentabilidad macroeconómica de largo plazo tanto de él mismo como del país. El Estado, por su parte, garantizaba una pensión mínima a quienes, cumpliendo ciertos requisitos mínimos de cotización, no pudiesen autofinanciarla, y una pensión asistencial (PASIS) a los adultos mayores de menores ingresos, hubiesen cotizado o no.

En 2008 se reforma el sistema sustituyendo las pensiones estatales señaladas por un Pilar Solidario al cual pudieron acceder  los adultos mayores pertenecientes al 60% de los hogares más pobres, hayan cotizado o no. Consiste en una Pensión Básica Solidaria (PBS) a quienes nunca cotizaron y un Aporte Previsional Solidario (APS) complementario a su pensión autofinanciada para el resto, que es decreciente según el monto de esta últimaiii. Este aporte se financia con impuestos generales, lo que no castiga el empleo formal. Hoy se destinan cerca de 0,7 puntos del PIB al Pilar Solidario, para beneficiar sólo por concepto de vejez a cerca de 1.100.000 adultos mayores (cerca de 400 mil por PBS y 700 mil por APS)iv.

i En una reciente columna, Hernán Cheyre da cuenta de una ilustrativa revisión de estos privilegios. Más detalles en “Sistema de reparto, ¿jubilación justa?”, El Mercurio 20/07/2016, disponible en http://www.udd.cl/medios-y-prensa/sistema-reparto-jubilacion-justa/ ii Gaete, M. E., & Matthei, E. (1988). La privatización de la previsión social en Chile. Puntos de Referencia, 32. iii El APS llega a cero cuando la pensión autofinanciada es igual a la Pensión Máxima con Aporte Solidario (PMAS). La PBS y PMAS alcanzan el 1 de julio de 2016, $ 93.543 y $ 304.062, respectivamente, mientras que el APS de vejez promedio bordea los $ 56.000. iv Los beneficiados por el Pilar Solidario de Invalidez corresponden a cerca de 250 mil pensionados más.

La iniciativa emprendedora en la educación: una alternativa menospreciada, en Panamá y A. Latina

Junto a Irene Giménez y Eloy Fisher, más otros colaboradores de Goethals Consulting en Panamá, hicimos un estudio, y luego un informe, sobre el papel de los emprendedores y de la educación privada en ese país, con el título “La iniciativa emprendedora en la educación: una alternativa menospreciada”. El sistema educativo panameño es muy similar al resto de América Latina, por lo que el análisis sirve también para otros países.

Aquí va parte de su contenido:

“Muchos creen, y entre ellos buena parte de los dirigentes políticos, que el sector privado cumple un papel menor en el ámbito de la educación ya que suponen que ésta se ocupa principalmente de atender a las élites o a las clases medias, pero no a los pobres. Quienes afirman preocuparse por la provisión de la educación para los pobres, centran toda su atención, como trataremos de mostrar en estas páginas, en las políticas públicas, en la acción del Estado y en la gestión de las escuelas estatales, y prestan poca atención a la acción voluntaria, permitiendo tan solo un pequeño espacio para el papel de la educación “privada”, la cual es también “pública”, ya que se dirige a atender las necesidades del “público” tanto como la educación estatal.

Aunque se acepta a regañadientes que la calidad de la educación privada para las elites es superior a la que puede obtenerse en las escuelas estatales, esto no se extiende a las escuelas privadas que proveen servicios para las clases medias o los más pobres. Se presume que la principal preocupación de éstas es el lucro y no la satisfacción de los padres y alumnos aunque sea esto, en definitiva, lo que luego garantiza la rentabilidad necesaria para seguir operando. Por eso, cuando se piensa en esta educación se demanda una puntillosa regulación y supervisión, que termina ahogando la actividad.

Esta subestimación de la capacidad del sector privado, consciente o no, aparece en los principales documentos públicos referidos al área. Por ejemplo, el Plan Estratégico de Gobierno 2015-2019 considera las prioridades estratégicas del país, entre las cuales destaca, correctamente, como motores de la economía panameña a la logística y el transporte, la agricultura y el turismo y como objetivos la dotación de agua potable a toda la población durante las 24 horas del día y la eliminación de las letrinas de más de 300 mil hogares para mejorar la calidad de vida de más de un millón de panameños (p. 3). Y a continuación:

“Otra de las prioridades de la actual administración dentro del plan de acción gubernamental es crear un sistema educativo de excelencia con educación bilingüe de calidad en todas las escuelas públicas, incrementando la beca universal, fortaleciendo la educación vocacional, dando impulso a los sectores de mayor crecimiento…”

La mención a las escuelas “públicas” (o más bien estatales) es correcta ya que son las que se encuentran bajo la administración directa del Estado, pero, como trataremos de mostrar en este trabajo, la nación panameña es atendida en términos de educación tanto por el sector estatal como por el sector privado.

Y pese al énfasis en la educación estatal, compartido por sucesivos gobiernos durante décadas, los resultados siguen siendo desalentadores tal como el mismo Estado reconoce. Dice el Plan Estratégico: “En Panamá, pese al aumento en el gasto en educación en los últimos años, las debilidades en materia educativa y desarrollo del capital humano persisten y constituyen uno de los más importantes limitantes para la equidad, la competitividad y el pleno desarrollo productivo y social del país” (p. 95).

Se reconocen ciertos avances cuantitativos pero de baja calidad: “Panamá muestra avances recientes en materia educativa, particularmente en cobertura de la educación preescolar, pre-media, mejorando los niveles de permanencia en el sistema de la población en edad escolar. Sin embargo, los aspectos relacionados con la calidad educativa y la igualdad de oportunidades no han llegado a los mismos resultados” (p. 96).”

Conclusiones sobre las Migraciones: son parte de la competencia institucional, buscan calidad

Como parte del Índice de Calidad Institucional 2016, que prepare con la Fundación Libertad y Progreso, presentamos un informe sobre un tema de suma actualidad mundial: las migraciones. Una breve consideración primero y luego una evaluación de los temas que se debaten:

Refugiados

La primera conclusión es sencilla, y hasta obvia: refugiados e inmigrantes buscan dejar atrás aquellos países o jurisdicciones donde la mala calidad institucional da como resultado violencia, terror, hambrunas o pobreza; y pretenden alcanzar aquellos de mejor calidad institucional donde ésta permite la existencia de más y mejores oportunidades de progreso.

En definitiva es la verificación de una vieja ley de la economía: los recursos se trasladan en busca de sus usos más valiosos, y ese movimiento seguirá presente en tanto existan esas diferencias y hasta que desparezcan. Por supuesto, las cambiantes condiciones mantienen ese proceso en permanente movimiento, pero en el fondo con esa tendencia. En este caso, los seres humanos somos ese “recurso” productivo que se mueve buscando esas mejores condiciones. Si bien el estricto análisis económico focaliza su análisis en las diferencias de ingresos monetarios como el motor de esos movimientos, lo cierto es que tomamos nuestras decisiones en razón de una muy diversa variedad de motivos que nos impulsan a actuar para mejorar la situación en las que nos encontramos. Todas ellas, económicas o económicas, sea la búsqueda de mayores ingresos, de mejores oportunidades futuras, de paz y tranquilidad, de posibilidades educativas, de libertad religiosa, de mejor clima, de mayor sociabilidad, tienden a presentarse como más accesibles en los países que nuestro análisis muestra como de mayor calidad institucional.

Es que ésta es la que permite que estas condiciones existan. Por supuesto que hay algunas que son ajenas a la calidad institucional, tal el clima, por ejemplo; otras que a veces están más presentes en países de menor calidad institucional, tal como la sociabilidad; pero en términos generales la voluntad que manifiestan los migrantes para alcanzar estos países es la mejor señal de lo que están buscando.

Aunque muy lentamente, se produce a nivel global un proceso de competencia entre las distintas jurisdicciones de la que la salida y entrada de migrantes es un efecto y un indicador. La calidad institucional es un elemento fundamental en esa competencia y pone presión sobre los países, porque aquellos con buena calidad atraen recursos y los de peor calidad los expulsan, como a los migrantes. Parece haber una tendencia de largo plazo hacia una mejora de esa calidad institucional, aunque muchos eventos presentes o de un pasado cercano generan ciertas dudas y, sin dudas, retrocesos. Un proceso que parece impulsado por esa competencia. En el pasado, esa competencia tenía un contenido básicamente militar; con la llegada del capitalismo y la globalización es esencialmente comercial y económica. Aunque, como vemos, la primera no ha dejado de estar presente: los refugiados son el resultado de la competencia militar; los migrantes de la económica.

Cerrar las puertas a ambos limita esa competencia, arriesga reemplazar la competencia económica por la militar. Por cierto, el proceso no está exento de costos, pero podemos razonablemente esperar que continúe ejerciendo presión para lograr una mejora institucional en los países donde hoy no existe y mejoren así las oportunidades de progreso para sus habitantes.

Una Mirada externa, y cercana, de la economía argentina: Informe de Libertad y Desarrollo (final)

El Instituto Libertad y Desarrollo de Chile publica regularmente “Economía Internacional al Instante”, y en el Nº 862 del 12 de julio de 2016 analiza la situación Argentina: http://www.lyd.org/lyd/EII/EII862Argentina12072016.pdf            

Es interesante cómo nos ven desde el país vecino:

Relación con Chile

De acuerdo a la Embajada de Chile en Argentina “las relaciones económicas y comerciales expresan una de las áreas de mayor dinamismo y crecimiento bilateral y conllevan un importante potencial a raíz de la gran complementariedad que presentan las economías de Argentina y Chile. Es en este marco, que los países mantienen un Acuerdo de Complementación Económica desde 1991 además de diversos tratados de apoyo, amistad y paz.

Chile ha mantenido inversiones directas en el país trasandino que totalizan US$ 16.764 millones desde 1990 hasta 2013. Sin embargo, la DIRECON reporta que para 2013 la presencia de inversiones directas de capitales chilenos en Argentina fue negativa por US$ 28 millones, lo que evidencia el retiro de la inversión en chilena en ese país, por las complejidades operativas y los riesgos existentes.

El intercambio comercial bilateral ha aumentado sustancialmente desde el año 1997, aunque 2012 en adelante se evidencia una disminución sustantiva del comercio bilateral entre ambos países. Dada la situación de incertidumbre política hasta la elección del año pasado en el país trasandino, el sector privado había optado por reducir su relación con Argentina, ya que la posibilidad de un colapso mayor de la economía hace que el país deje de ser un foco atractivo de comercio para Chile. Para 2013, las exportaciones desde Chile a Argentina totalizaron US$ 1.045,8 millones, mientras que las importaciones ascendieron a US$ 3.933,8 millones. En 2014, las exportaciones fueron US$ 963 millones, mientras que las importaciones US$ 2.915 millones. El año pasado, se observó una caída de 16,2% en las exportaciones, que totalizaron US$ 807 millones, mientras que las importaciones desde Argentina también disminuyeron, aunque menos, totalizando US$ 2516 millones. Cabe destacar que parte importante de las importaciones argentinas son de tránsito e ingresan a Chile para luego trasladarse a mercados asiáticos, por lo que la baja en las importaciones se explica principalmente por el menor comercio internacional del país vecino.

Los principales productos exportados fueron derivados del cobre, cajas de cambio de automóviles y papelería. En cambio, las principales importaciones fueron aceite crudo de petróleo, preparaciones para alimentación animal y mezclas de aceite vegetal.

En conclusión, las perspectivas económicas de Argentina son promisorias en el largo plazo, pero dependen del compromiso, credibilidad y la coherencia que logre tener la administración actual para seguir implementando reformas estructurales necesarias para fortalecer los pilares y fundamentos macro de la economía nacional. El recorte de los subsidios y el debilitamiento de los salarios reales acarrearán costos políticos importantes, que ya se han manifestado, pero el gobierno ha dado muestras de su compromiso con un golpe de timón y con un manejo político hábil, al que han cooperado los escándalos de corrupción de la administración anterior. La modernización del Estado, el acuerdo con los hedge funds, la liberalización del sector financiero, el término de los controles cambiarios y las reformas al mercado laboral han sido las primeras batallas que ha enfrentado con relativo éxito el gobierno del Presidente Macri, lo cual ha significado un fortalecimiento externo e interno de la imagen del país y la confianza de inversionistas extranjeros. Si el gobierno es capaz de manejar de forma idónea los conflictos sociales y políticos, es probable que Argentina alcance un crecimiento económico y desarrollo social sin precedentes en las últimas décadas.

El historiador argentino Luis Alberto Romero dice que Argentina “llega a 2016 con una gran división” y agrega “yo formo parte del grupo que cree que tenemos una oportunidad chiquita que requiere mucho talento político y mucha suerte. No creo que sea verdad que Argentina debiera jugar en ligas mayores, yo me conformo con ser un país mediano razonable. Pero estamos muy lejos de eso”.

Una Mirada externa, y cercana, sobre la economía argentina: informe de Libertad y Desarrollo (IV)

El Instituto Libertad y Desarrollo de Chile publica regularmente “Economía Internacional al Instante”, y en el Nº 862 del 12 de julio de 2016 analiza la situación Argentina: http://www.lyd.org/lyd/EII/EII862Argentina12072016.pdf            

Es interesante cómo nos ven desde el país vecino:

Exitoso plan de pago de deuda encabezado por el Ministro Prat-Gay

Luego de que el año 2001 la economía argentina cayera en una profunda recesión durante el llamado “corralito”, se produjo un default que afectó fuertemente la credibilidad del país ante acreedores y las agencias de calificación de riesgo.

La administración actual ha asumido el desafío de recuperar la confianza y credibilidad ante las entidades financieras internacionales. Durante los primeros días de gobierno, el Ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay, se reunió con más de una veintena de fondos de inversión, entre ellos los llamados “buitres”, para transmitir certeza de que se respetarían los acuerdos financieros del gobierno argentino.

El proyecto de Ley presentado por el Ministro Prat-Gay para negociar con los fondos de inversión contempló tres elementos relevantes. En primer lugar, la derogación de las llamadas “leyes cerrojo” de 2005 y 2009, aprobadas por el gobierno anterior, las cuales inhibían legislativamente al gobierno central la negociación bilateral con los fondos de inversión, dificultando el pago a los acreedores.

En segundo lugar, el proyecto estableció la potestad del Ministerio de Hacienda de negociar bilateralmente o multilateralmente con los fondos de inversión para terminar con los pleitos judiciales y la polémica vinculada al no pago de los bonos.

El tercer punto estableció los márgenes para la negociación, fijando en primer lugar que ningún pago podría exceder los montos estipulados en sentencias judiciales locales o extranjeras que hagan referencia a la deuda. En ese escenario, se establecieron dos mecanismos de pago. El primero establece un pago equivalente al monto de capital adeudado de sus títulos con más un 50% de dicho monto de capital, y está orientado a los fondos de inversión menos agresivos que no han establecido disputas judiciales, o bien aquellos con sentencias menores. El segundo, llamado “Pari Passu” está orientado a resolver de manera expedita los litigios con los “buitres” y prevé el pago de un 70% del reclamo legal para quienes tienen fallo monetario dictado por Griesa, el juez neyorkino que falló en segunda instancia contra el gobierno argentino por el litigio de los Holdouts. Esto incluye el total de la sentencia más los intereses devengados hasta el 31 de enero de 2016.

Líderes mundiales destacan la gestión del gobierno actual en gira del Presidente

Mientras el Presidente Macri se encuentra realizando actualmente una gira internacional, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un informe donde alaba las políticas macroeconómicas impulsadas por la administración actual, y promueve la inversión en el país trasandino.

Los aspectos abordados por el informe señalan en primer lugar, que el atractivo de Argentina para la inversión extranjera directa ha aumentado debido a las reformas económicas emprendidas hasta ahora y el compromiso con la comunidad internacional, manifestado especialmente en la voluntad de regularizar la situación con los acreedores denominados ”fondos buitres” por la administración anterior.

Por otro lado, el informe del Departamento de Estado indica que existe una gran oportunidad de comercio bilateral e inversión en sectores, mientras que durante el gobierno de Cristina Fernández, prevalecían los riesgos, debido a la posibilidad de expropiación y la carencia de certeza jurídica y tributaria. Los sectores económicos con mayor potencial son infraestructura, salud, agricultura, tecnología de la información, energía y minería. Esto gracias a que la administración del conglomerado “Cambiemos” eliminó los controles de capital, los controles cambiarios y los derechos de exportación, considerados como arbitrarios por varios analistas.

Finalmente, el informe establece que si bien el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial proyectan que este año Argentina siga en recesión, con una caída esperada de 1% en el PIB real, las reformas macroeconómicas orientadas a la estabilización fiscal, además de las reformas estructurales al aparato público y la liberalización del mercado financiero y laboral, deberían traducirse en una potente mejora en la competitividad del país en el largo plazo. En el corto plazo se espera que para 2017 el PIB vuelva a crecer en torno al 3%, impulsado principalmente por el consumo privado y la inversión.

Durante su estadía en Alemania, el Ministro de Finanzas de dicho país alabó el compromiso del Presidente y su administración por respetar el derecho de propiedad e instó a inversionistas europeos a volver a poner sus ojos sobre Argentina.

El “programa social” más importante del mundo: las remesas de los migrantes hacia sus familias

Como parte del Índice de Calidad Institucional 2016, que prepare con la Fundación Libertad y Progreso, presentamos un informe sobre un tema de suma actualidad mundial: las migraciones. Una breve consideración primero y luego una evaluación de los temas que se debaten:

Refugees

5.            Los migrantes ayudan al resto de la población pobre

Esta no es, en realidad, un tema de debate, simplemente la consideración de un hecho que debe ser tenido en cuenta. La llegada de los migrantes, tanto refugiados como laborales, acerca a quienes provienen de sociedades con baja productividad debido a la escasez de capital invertido a otras donde su productividad es mucho mayor. Esto les genera ingresos muy superiores a los de los lugares de donde han partido, siendo éste uno de los principales incentivos para emigrar. Y esos mayores ingresos se han convertido en el programa de ayuda más importante y con mayor sustento moral que pueda imaginarse: las remesas.

El Banco Mundial estima que las remesas en 2015 alcanzaron la suma de 588.199 millones de dólares , unas cuatro veces más que toda la ayuda internacional. Para algunos países se ha convertido en su principal ingreso. Por ejemplo, las remesas son un 41,7% del PIB de Tayikistán, un 30,3% del de Kirguistán o un 29,9% del de Nepal. En cuanto a América Latina se refiere, significan el 22,4% del PIB de Haití, el 17,8% del de Honduras, 16,8% en el caso de El Salvador, 15,7% para Jamaica, 10,2% para Guyana, 9,9% en Guatemala o 9,7% para Nicaragua.

Estos fondos que quienes han emigrado y prosperado ahora remiten al resto de la familia que quedó en el país de origen, se han convertido en un enorme programa social, de tal magnitud que en varios países de, por ejemplo, Centroamérica, el ingreso de remesas se ha convertido en el ítem más grande de su balanza de pagos. Es decir, ingresan más dólares por remesas que los que ingresan por la venta de cualquier otro producto que exporten.

Las remesas son el símbolo de las personas y las familias ayudándose a sí mismas, en base a su propio esfuerzo y a su prosperidad. Pocos resultados de la migración son tan loables y efectivos como éste.

Una Mirada externa, y cercana, sobre la economía argentina: informe de Libertad y Desarrollo, de Chile (III)

El Instituto Libertad y Desarrollo de Chile publica regularmente “Economía Internacional al Instante”, y en el Nº 862 del 12 de julio de 2016 analiza la situación Argentina: http://www.lyd.org/lyd/EII/EII862Argentina12072016.pdf            

Es interesante cómo nos ven desde el país vecino:

 “Tarifazo” del gobierno del Presidente Macri contrae el consumo interno

Una de las primeras medidas emprendidas por el gobierno del Presidente Macri fue la revisión de la estructura de subsidios a los precios que había instalado la administración kirchnerista. Luego de una evaluación de rentabilidad social, se identificó la ineficiencia de varios de ellos y la utilización de esos recursos en programas más rentables socialmente. De este modo, se mantuvieron subsidiados los precios de servicios básicos como gas y electricidad para familias en situación de pobreza, especialmente pensionados y el grupo que recibe salario mínimo.

En paralelo, el gobierno decreto el alza de las tarifas de los servicios básicos, alzas que habían sido postergadas por decreto por la administración anterior.

Todo lo anterior ha significado un aumento en las tarifas de algunos servicios de hasta un 700% en algunas provincias, lo cual ha sido resistido por asociaciones de consumidores y gremios, argumentando el impacto que tendrá en la ya descontrolada inflación, que se estima en un 40%. La oposición, por su parte, ha señalado que el aumento de las tarifas podría haberse decretado de forma más paulatina, crítica que pierde validez ante el hecho de que fue el conglomerado que arguye el argumento, quienes no cumplieron con responsabilidad mientras estaban en el gobierno.

Las cortes de varias provincias han decretado la detención provisoria del aumento en las tarifas luego de varias denuncias recibidas.

Analistas internacionales han valorado la valentía del gobierno actual de tomar medidas serias para disminuir el déficit fiscal argentino, que alcanzó un 6,8% el año 2015. Al mismo tiempo, han aplaudido la consistencia del gobierno en avanzar con reformas impopulares pero necesarias para fortalecer la situación fiscal de la Casa Rosada.

El costo de las reformas no ha sido menor. Centros de estudios vinculados a la oposición han sacado a la luz el aumento de la pobreza, indigencia y vulnerabilidad, sobre todo en la zona metropolitana de la provincia de Buenos Aires. Según cálculos del Instituto de Economía Popular, el número de personas que viven bajo la línea de la pobreza pasó de 4,5 millones a 5 millones en 6 meses, mientras que la tasa de indigencia aumentó de un 5,71% a un 7,17% en la zona metropolitana de Buenos Aires. Otros centros de estudio han señalado, que el aumento explosivo de la pobreza se explica por una combinación entre corte de subsidios, alza del costo de vida y disminución de salarios reales, pero que es un fenómeno de corto plazo que debería revertirse dentro del 2017.

Ranking de Competitividad y Riesgo Soberano

El ranking mundial de competitividad confeccionado por WEF ubica a Argentina en el puesto N° 106, de los 148 países que son considerados. Esto implica un nuevo deterioro en su posición, ya que bajaron dos puestos en relación al ranking anterior, y doce puestos con respecto al ranking del año 2014. En cuanto a la categoría de Requerimientos Básicos del mismo informe, se ubica en la posición número 104, y su mejor calificación es en Salud y Educación Primaria, donde se ubica en el puesto N° 68, con una caída de 7 puestos en comparación al 2015. En contraste, y no siendo una sorpresa, su peor posición es la categoría Instituciones donde obtiene el lugar Nº 135 del ranking, superando sólo a países como Haití, Venezuela y Angola. En su informe, el World Economic Forum (WEF) destaca las malas condiciones de gobierno del país trasandino: en cuanto a los niveles de corrupción, Argentina se situó en el puesto 145º, en eficiencia del gobierno, quedó penúltimo y en favoritismo político, 146º de los 148 países analizados.

Luego del default al que cayó Argentina en agosto del año 2014, las calificadoras de riesgo han mejorado levemente las perspectivas sobre el país. Moodys entrega un B3, que se traduce en la categoría de Riesgo Sustancial, mientras que S&P cambió su calificación desde SD (Selective Default, o Default Selectivo) a B-. En la misma línea, Fitch´s entregaba la calificación de RD (Restrictive Default o Default Restringido) en septiembre de 2015, mientras que hoy lo califica con B.

La Fundación Heritage, en su Ranking de Libertad Económica 2016 ubica a Argentina en el puesto número 169° a nivel mundial y en el puesto 27 a nivel regional, sólo por encima de Venezuela y Cuba. En Argentina prevaleció un fuerte intervencionismo en la economía real y financiera, con expropiaciones de industrias y control de precios sobre casi todos los bienes y servicios, junto a una economía cerrada al exterior. La economía informal sigue creciendo mientras que la economía formal muestra una contracción que ya dura 2 años. En los últimos 7 años el índice para Argentina ha caído 8 puntos en general, con decrecimiento notables en materia de intervencionismo y gasto estatal, libertad para invertir, derechos de propiedad y libertad para hacer negocios. La corrupción seguía siendo un problema y el poder judicial está altamente politizado en todos sus niveles salvo la corte suprema. El gasto gubernamental supera el 40% del PIB y continuaba creciendo, sostenido insuficientemente por una alta tasa de impuestos del 29,5% efectiva.

La calificación de la Fundación Heritage ha anunciado que las políticas implementadas en los últimos meses por el gobierno argentino deberían traducirse en un cambio significativo en la calificación que entrega la fundación al país.

Exitoso plan de pago de deuda encabezado por el Ministro Prat-Gay

Luego de que el año 2001 la economía argentina cayera en una profunda recesión durante el llamado “corralito”, se produjo un default que afectó fuertemente la credibilidad del país ante acreedores y las agencias de calificación de riesgo.

La administración actual ha asumido el desafío de recuperar la confianza y credibilidad ante las entidades financieras internacionales. Durante los primeros días de gobierno, el Ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay, se reunió con más de una veintena de fondos de inversión, entre ellos los llamados “buitres”, para transmitir certeza de que se respetarían los acuerdos financieros del gobierno argentino.

El proyecto de Ley presentado por el Ministro Prat-Gay para negociar con los fondos de inversión contempló tres elementos relevantes. En primer lugar, la derogación de las llamadas “leyes cerrojo” de 2005 y 2009, aprobadas por el gobierno anterior, las cuales inhibían legislativamente al gobierno central la negociación bilateral con los fondos de inversión, dificultando el pago a los acreedores.

En segundo lugar, el proyecto estableció la potestad del Ministerio de Hacienda de negociar bilateralmente o multilateralmente con los fondos de inversión para terminar con los pleitos judiciales y la polémica vinculada al no pago de los bonos.

El tercer punto estableció los márgenes para la negociación, fijando en primer lugar que ningún pago podría exceder los montos estipulados en sentencias judiciales locales o extranjeras que hagan referencia a la deuda. En ese escenario, se establecieron dos mecanismos de pago. El primero establece un pago equivalente al monto de capital adeudado de sus títulos con más un 50% de dicho monto de capital, y está orientado a los fondos de inversión menos agresivos que no han establecido disputas judiciales, o bien aquellos con sentencias menores. El segundo, llamado “Pari Passu” está orientado a resolver de manera expedita los litigios con los “buitres” y prevé el pago de un 70% del reclamo legal para quienes tienen fallo monetario dictado por Griesa, el juez neyorkino que falló en segunda instancia contra el gobierno argentino por el litigio de los Holdouts. Esto incluye el total de la sentencia más los intereses devengados hasta el 31 de enero de 2016.

¿Pueden los inmigrantes trastocar la cultura local y, finalmente, deteriorar la calidad institucional?

1.       Los inmigrantes pueden trastocar la cultura local y, luego, las instituciones

Se mencionó antes que Borjas (2015) introduce ahora la preocupación de que un influjo migratorio puede llegar a modificar la cultura del país receptor y, por ende, sus instituciones. En particular, este autor pone en la balanza el supuesto que utiliza en su modelo respecto a que solamente con una migración masiva se pueden alcanzar los prometidos beneficios de la migración. “Para que la inmigración genere beneficios globales importantes, debe ser que miles de millones puedan trasladarse a las economías industriales sin importar sus ‘malas’ organizaciones, modelos sociales y cultura que llevaron a que tuvieran pobres condiciones económicas en primer lugar.” (p. 968).

La existencia de barrios enteros en algunas ciudades europeas y norteamericanas hace temer que esto sea ocurra pero de ahí a afirmar que sea posible existe un largo trecho. La cultura occidental, la de los países que más inmigración reciben, es la que les permitió desarrollar las instituciones que permitieron su crecimiento y riqueza. SI han deteriorado sus instituciones ha sido más por modificaciones culturales propias que importadas a través de inmigrantes. Después de todo, las grandes ideologías totalitarias del siglo XX, que causaron estragos y catástrofes en todo el mundo son de origen europeo, no importadas por los inmigrantes. Por otra parte, la cultura “occidental” no parece ser tan débil sino que, más bien, parece que las que han de preocuparse son las culturas del resto del mundo. Comenta Huemer en una nota al pie (2010):

“Por ejemplo, Coca Cola vende ahora sus productos en más de 200 países del mundo, con un promedio de consumo por habitante del planeta del 4,8 galones de Coke por año. McDonald’s opera más de 32.000 restaurantes en más de 100 países. Las tres películas que más han recaudado en todos los tiempos fueron Avatar, Titanic y El Señor de los Anillos: el retorno del Rey. Las tres fueron realizadas por empresas norteamericanas, pero el 70% de su recaudación fue fuera de los Estados Unidos. El show de televisión, Who wants to be a Millionaire?, ha sido franquiciado en más de 100 países del planeta, incluyendo lugares tan diversos como Japón, Nigeria, Venezuela y Afganistán. Ya sea que uno vea este fenómeno como deseable, indeseable o neutral, la cultura occidental ha mostrado una gran capacidad de establecer raíces en una variedad de sociedades del mundo, incluyendo sociedades pobladas casi enteramente por gente no-occidental. Esta robustez sugiere que la cultura norteamericana no está en riesgo de ser desarraigada de América, aún si incrementara dramáticamente la inmigración. Otras sociedades pueden tener causa para temer la pérdida de sus culturas debido a la influencia extranjera, pero Estados Unidos no.”

Porque seguramente que la inmigración influye en la cultura de un país, pero le aporta mayor diversidad y perfectamente el efecto puede ser opuesto, conocido como ‘melting pot’, por el que es el inmigrante, o sus hijos, quienes se integran a la cultura local. Es cierto que esto parece estar siendo más difícil con algunos grupos que llegan y se establecen en algunos lugares de Europa donde no llegan ni a aprender el idioma del país receptor, pero habría que considerar aquí si no hay barreras para que lo hagan.

Ludwig von Mises, ciudadano del Imperio Austro-Húngaro que era una colección muy variada de nacionalidades, idiomas y culturas, analizaba el tema (1983, p. 76):

“Una nación que cree en sí misma y su futuro, una nación que quiere enfatizar el firme sentimiento de que sus miembros están unidos unos a otros no por simple accidente de nacimiento sino también por la posesión común de una cultura que es valiosa para cada uno de ellos, necesariamente sería capaz de mantenerse imperturbable cuando ve a personas individuales trasladarse a otras naciones. Un pueblo consciente de su propio valor se abstendría de frenar por la fuerza a quienes quieren irse y de incorporarse por la fuerza en la comunidad nacional aquellos que no quieran unirse por su libre voluntad. Dejar que la fuerza atractiva de su propia cultura se pruebe en la libre competencia con otros pueblos –eso solo ya es síntoma de una nación orgullosa, esa sería la verdadera política nacional y cultural. Las herramientas del poder y el poder político no son en absoluto necesarios para esto”.

Comenta Huemer (2010) que la gente puede tener un interés en controlar su cultura, pero no todo en lo que uno esté interesado es algo que uno puede asegurar o proteger a través de la fuerza. Supongamos que el barrio en que uno vive comienza a ser habitado por inmigrantes que posee otra religión, o para el caso, ciudadanos nativos que tienen otra religión. ¿Se tiene derecho a obligar a estar personas que no practiquen su religión, siendo que muchas veces una religión es un componente importante de una cultura? ¿Y si no tengo ese derecho respecto a connacionales, lo tengo respecto a los inmigrantes?

Argumentos similares pueden desarrollarse en relación al temor que ingresen inmigrantes que cometerán crímenes. La evidencia empírica muestra la tasa de criminalidad de los inmigrantes no es superior a la de los locales y el argumento se puede extender a todo tipo de migración interna o a la existencia de criminales en los barrios informales, pese a que sean nacionales.

Una Mirada externa, y cercana, sobre la economía argentina: informe de Libertad y Desarrollo, de Chile (II)

El Instituto Libertad y Desarrollo de Chile publica regularmente “Economía Internacional al Instante”, y en el Nº 862 del 12 de julio de 2016 analiza la situación Argentina: http://www.lyd.org/lyd/EII/EII862Argentina12072016.pdf            

Es interesante cómo nos ven desde el país vecino:

La tasa de política monetaria es fijada por el Banco Central de Argentina. Esta institución no goza todavía de la independencia de otros bancos centrales de la región, aunque dentro de la realidad de las instituciones trasandinas tiene un excelente presidente Federico Sturzenegger, mayor credibilidad y libertad de acción, y con el cambio de gobierno se ha hecho un esfuerzo por reforzar la imagen de independencia y minimizar las señales de intervencionismo. La Tasa de Política Monetaria (TPM) se encuentra hoy en uno de los niveles más altos de los últimos 15 años, en un rally de volatilidad sin precedentes que comenzó en 2013. La TPM para el mes de julio es de 31 puntos, por debajo del máximo del registro alcanzado en marzo de este año, de 36 puntos, que se explica por el término del llamado “cepo cambiario”.

La inflación en Argentina ha sido uno de los problemas que más aquejan a la población. Pese a ello no se habían tomado medidas concretas para resolverla estructuralmente, en los últimos años, hasta el gobierno actual. Durante parte importante del 2014 la fuente oficial de estadísticas del gobierno central no publicó cifras de inflación. Estimaciones privadas señalan que la inflación acumulada fue de 40,5% durante ese año. Para el 2015 se esperaba una inflación de 27,25% mientras que el 2016 se estima que la cifra acumulada sería de 40%, la cual ha bajado a 36%, producto de ciertas medidas fiscales promisorias. La incertidumbre en torno al valor futuro de la moneda y la permanente depreciación del peso es un fenómeno que históricamente ha generado la compra de divisas extranjeras, sobre todo de dólares, para garantizar el valor del dinero en el futuro. En los escenarios de alta inflación, este fenómeno se acrecienta y en parte explica la disparidad entre el tipo de cambio oficial y el “dólar blue”.

La moneda, el peso argentino, operó oficialmente con un tipo de cambio controlado, a través de operaciones del Banco Central de la República Argentina hasta noviembre del año pasado. El peso argentino ha sido históricamente intervenido, para mantener una paridad artificial con el dólar americano. En los ’90 el afán por mantener una paridad 1-1 con el dólar, mientras se aumentaba el gasto fiscal, fue uno de los motivos que provocaron el default, y la crisis financiera, que desembocaron en la devaluación súbita del peso a una paridad 1-3. Esta paridad pudo ser sostenida durante el superciclo de los commodities de la década anterior, pero ya en el año 2010 comenzó un rally al alza que llevó la paridad promedio del 2013 a 5,5 pesos por dólar, versus los 3,6 de toda la década pasada. Durante el 2014 el tipo de cambió se encumbro a los 8,1 pesos por dólar y durante el 2015 el cambio oficial promedio fue de 9 pesos por dólar americano. Luego de que Macri decretara el término del cepo cambiario, el valor se equiparó con el del mercado negro, depreciándose casi un 70% en dos meses. En lo que va del año el tipo de cambio promedio es de 14,35 pesos por dólar, habiendo alcanzado un peak en marzo de 14,98. En junio, el promedio fue de 14,04, lo que indica una estabilización, producto del fortalecimiento de la confianza y mejora de las expectativas económicas.

La balanza comercial de Argentina se mantuvo en niveles superavitarios hasta el año 2014. En línea con el resto de la región de América Latina, se vio favorecida con el superciclo de los commodities, y los años 2011, 2012 y 2013 superó las exportaciones por US$ 70.000 millones, lo que significó un importante empujón a la economía que en 2006 exportó US$ 46.000 millones. La desaceleración china y la recesión de Brasil han repercutido fuertemente en las exportaciones de Argentina y por consiguiente en su balanza comercial. De este modo, el 2014 las exportaciones fueron de US$ 68.000 millones y se esperaba que en el año 2015 alcanzaran los US$ 61.000 millones, sin embargo fue más de US$ 56.000 millones, un 5% por debajo de las proyecciones. Las cifras de balanza comercial se mantendrán deficitarias en los próximos dos años, con cifras esperadas de US$ 152 millones y US$ 460 millones para 2016 y 2017, respectivamente.

Al igual que las cifras de inflación, las cifras oficiales de desempleo de Argentina no gozan de confianza por parte de los analistas. La cifra se publica trimestralmente y mide el desempleo en las zonas urbanas más importantes de cada estado federal. En la última década el promedio ha sido de 8% con una tendencia a la baja desde el 2007 hasta el 2014. Durante el 2015 la cifra de desempleo tuvo un aumento explosivo de casi 2 puntos porcentuales en un año, revirtiendo las mejoras mostradas desde el 2007. En lo que va del 2016 el desempleo promedio es de 7,7%, cifra alta que se explica en parte por la corrección, modernización y optimización del aparato fiscal desde la llegada de Macri al poder. Se espera una disminución de un punto porcentual para 2017, alcanzando un 6,7%.

En términos de deuda pública, Argentina enfrenta una dualidad. Por un lado ha logrado bajar su exposición como porcentaje del PIB, desde un 64,3% que tenía en 2007 a un 29,1% el 2015. Esta disminución se explica principalmente porque Argentina estuvo fuera de los mercados financieros y porque muchos acreedores no compran bonos soberanos Argentinos, luego del escándalo que se generó producto del default selectivo declarado en agosto del año pasado, el cual perjudicó la previamente negativa noción que tienen inversionistas internacionales e instituciones como el FMI y el Banco Mundial sobre la capacidad de pago de Argentina. El nuevo gobierno ha emprendido una campaña por fortalecer la confianza en Argentina como pagador responsable de sus obligaciones financieras, por lo que las perspectivas de aumento de deuda como porcentaje del PIB para el 2016 y 2017 muestran cifras de 37%, exposición no alcanzada desde 2009.