Vincent Ostrom sobre el federalismo, la dispersión del poder y los órdenes policéntricos

Con los alumnos de la materia Public Choice, vemos a Vincent Ostrom, quien fuera profesor de ciencias políticas y también marido de Elinor Ostrom, la única mujer galardonada con el premio Nobel en Economía, sobre un tema en el cual se especializara: el federalismo. Aquí, de su artículo “Consideraciones Constitucionales con particular referencia a los Sistemas Federales”, Revista Libertas IV: 7 (Octubre 1987):

“Madison (sin fecha: 337-338) resumió los principios constitucionales que se aplican a un sistema republicano de gobierno:

“Al constituir un gobierno que ha de ser administrado por hombres que regirán los destinos de otros hombres, la gran dificultad reside en que debemos darle la posibilidad de controlar a los gobernados y, en segundo lugar, obligarlo a controlarse a sí mismo. No hay duda de que el principal control depende del pueblo, pero la experiencia ha enseñado a los hombres la necesidad de tomar precauciones auxiliares.

Esta política de suplir, por medio de intereses opuestos y rivales, la falta de mejores motivos, podría rastrearse a lo largo de todo el manejo de los asuntos humanos, tanto públicos como privados. Tal política puede observarse particularmente en las distribuciones subordinadas del poder, cuyo objetivo consiste siempre en dividir y disponer los diversos cargos de manera que cada uno de ellos pueda controlar a los demás; en otras palabras, que los intereses privados de cada individuo vigilen y controlen los derechos públicos. Estas prudentes disposiciones son requisitos importantes para la distribución de los supremos poderes del Estado”.

Los intereses opuestos y rivales de Madison se basan en el mismo presupuesto enunciado por Montesquieu (1966: Libro XI) cuando afirma que el poder debe ser usado para controlar al poder.

De acuerdo con esta concepción, ningún individuo o grupo de individuos gobierna la sociedad. Por el contrario, el gobierno depende de la concurrencia de diversos grupos que toman las decisiones. Pueden establecerse normas, y éstas pueden ser puestas en vigor, pero nadie ejerce privilegios ilimitados. Todo el mundo tiene acceso a prerrogativas que pueden utilizarse para recusar el inadecuado ejercicio de la autoridad por parte de cualquier funcionario o grupo de funcionarios. Este sistema, organizado sobre la base de intereses opuestos y rivales, depende decisivamente del conocimiento compartido que pueda tener el pueblo acerca de los estándares de valor fundamentales que se utilizan para establecer distinciones esenciales respecto del adecuado ejercicio de las funciones gubernamentales. Cuando surgen conflictos, las diversas estructuras de decisión proveen múltiples remedios para solucionarlos y transformarlos en relaciones mutuamente fecundas y productivas. La estructuración de esos intereses opuestos y rivales puede ser el preludio de un estancamiento o de un desacuerdo insuperable, a menos que se utilicen métodos de resolución de conflictos destinados a crear o restablecer comunidades de relaciones mutuamente fecundas. La implantación de un gobierno de este tipo debe tener necesariamente un alto costo. La utilización de intereses opuestos y rivales como principio básico de organización implica la aparición de altos niveles de conflicto; la retórica asociada con éstos dará una engañosa idea de desorden. Sin embargo, el conflicto se va diluyendo cuando los individuos se esfuerzan por encontrar los remedios que están disponibles en las diversas estructuras de decisión. Proporcionalmente, mucho tiempo y esfuerzo se dedicarán a la deliberación y a la toma de decisiones pública. El secreto será difícil de lograr incluso en áreas esenciales relacionadas con la seguridad nacional. El ejercicio de las prerrogativas de la función pública estará sujeto al escrutinio de la ciudadanía. Los procesos de gobierno deberán subordinarse a la dirección y al control de aquellos que se comprometen a ajustarse a los estándares de comportamiento y desempeño inherentes a un sistema de gobierno constitucional. La ciudadanía podría considerarse, entonces, como una suerte de unión compartida de asociaciones cívicas moralmente obligadas a defender y respetar los estándares de corrección, justicia y libertad en comunidades de relaciones mutuamente productivas. Los métodos basados en las Eidgenossenschaften podrían considerarse entonces como una alternativa de los métodos de Herrschaft, donde la Herrschaft es monopolizada por un centro único de autoridad o soberanía.”

¿Impulsa el gasto público al crecimiento de la economía? Un estudio de Libertad y Desarrollo dice que no

La idea que el gasto público puede impulsar el crecimiento de la economía es muy común. El Instituto Libertad y Desarrollo de Chile publica un estudio al respecto, disponible aquí: http://www.lyd.org/lyd/TemasPublicos/TP1303GASTOFISCALYCRECIMIENTODELPIB.pdf

Algunas de sus conclusiones:

“EFECTOS DEL GASTO FISCAL EN EL CRECIMIENTO DEL PRODUCTO: EVIDENCIA

Hay una serie de trabajos que analizan el efecto de la política fiscal en el crecimiento económico. Al realizar una recopilación de estudios empíricos recientes se observa que la mayor parte ellos se basan en la experiencia de países desarrollados, debido principalmente a la mayor disponibilidad de información. Sin embargo, se encontró también evidencia para países en desarrollo, dando cuenta que, por las diferentes características de los mismos, el impacto del gasto fiscal podría tener diferentes resultados en términos de dirección y magnitud.

Los resultados de los diversos estudios empíricos dan cuenta que el efecto de un incremento del gasto fiscal depende de varios factores: en primer lugar, existe una diferencia de efectos en economías desarrolladas versus aquellas en vías de desarrollo. Mientras en las primeras hay evidencia de un efecto positivo (aunque pequeño), en las segundas no lo hay, e incluso podría ser negativo. En segundo lugar, es importante el régimen cambiario, puesto que aquellas economías con tipo de cambio flexible no presentan efectos en el producto. Tercero, la apertura comercial también determina el efecto en el crecimiento del producto de una política fiscal expansiva: a mayor apertura, el impacto del mayor gasto fiscal puede ser negativo. Finalmente, el nivel de deuda también podría afectar negativamente, al menos en tramos de deuda mayores al 60% del PIB.

Chile es un país en vías de desarrollo, con tipo de cambio flexible, con gran apertura comercial y con un nivel de deuda que está creciendo. Por lo tanto, un incremento de gasto de gobierno, en nuestro caso, estaría lejos de lograr el efecto de mayor crecimiento del producto. Es más, podría generar precisamente el efecto contrario.

Veamos qué dice la evidencia local al respecto. El trabajo de Cerda et. al (2005) utiliza la metodología de VAR estructural (SVAR) con datos para Chile para el período 1986-2001. Sus estimaciones muestran que un shock de gasto fiscal tiene un efecto negativo en el PIB sólo durante el primer trimestre, con una magnitud pequeña (-0,3%). Luego, los efectos sobre el PIB no son significativos. Es decir, no se registra evidencia que la política fiscal expansiva sea reactivadora del crecimiento económico. Siguiendo el trabajo de Cerda (2005), realizamos una nueva estimación, con datos que cubren entre el primer trimestre de 1990 y el tercer trimestre de 2016. A partir del modelo SVAR estimado, el siguiente gráfico presenta la función impulso respuesta para un incremento (shock) del crecimiento del gasto público de 1 punto porcentual.

El resultado salta a la vista: el impacto del incremento del gasto fiscal es cero en el crecimiento del producto, lo que refuta la idea que podría ayudar a reimpulsar el aletargado dinamismo que exhibe actualmente nuestra economía.”

El papel de los precios, y el sistema de precios como un gran sistema de comunicaciones, según F. A. Hayek

A los médicos y nutricionistas de la UFM les toca ahora la lectura de un texto algo más complejo, pero de fundamental importancia. Es el artículo de Hayek, “El uso del conocimiento en la sociedad”. Un artículo famoso, por supuesto, publicado en el American Economic Review y, tal vez, el más citado de este autor y el único que conozcan muchos economistas del mainstream.

Hayek

Curiosamente, muchos que lo leyeron parecen no haber considerado las consecuencias de sus conclusiones.

El artículo de Hayek es un torpedo que explota en la sala de máquinas del modelo de equilibrio general, desarrollado primero por Leon Walras y asumido como un elemento fundacional de la economía moderna bajo la forma del primer teorema de la economía del bienestar.

Este teorema sostiene que el equilibrio competitivo describe una situación donde los recursos se asignan en forma eficiente según el criterio de Pareto.

Hayek afirma en el artículo que el problema a resolver en la ciencia económica no es uno de asignación de recursos que están “dados” sino del uso del conocimiento limitado y disperso. El equilibrio general debe asumir que el conocimiento es perfecto, de otra forma no llegaría a alcanzarse, y esto es imposible. El equilibrio general, para Mises, es un modelo ideal que sirve para entender como la realidad “no es”.

La economía del bienestar pasa del análisis positivo al normativo; el equilibrio general “debería alcanzarse” y si el mercado no lo logra es porque falla (externalidades, bienes públicos, etc.), por lo que el gobierno debe intervenir para acercar la situación al óptimo de Pareto.

Pero el conocimiento, no solamente es limitado, sino que esta disperso entre todos los participantes del mercado, cada uno de los cuales tiene tan solo una porción. Además, ese conocimiento describe las condiciones particulares de tiempo y lugar que no se pueden transmitir al “planificador central” y se pierden en todo intento de planificación de la economía. Al mismo tiempo, “el hombre en el lugar” necesita información general para coordinar sus acciones con el resto, la que recibe a través del sistema de precios, que actúa como un gran sistema de telecomunicaciones.

Hayek sostiene que no un problema de planificación o no, sino de quién planifica. En el socialismo es el buró de planificación, en la sociedad libre hay mucha planificación pero descentralizada, ya que cada individuo y empresa planifican aprovechando su conocimiento particular.

Hasta ahí un breve resumen del artículo, del cual se pueden extraer muchas cosas más. Pero veamos algunas interesantes preguntas que plantearon los alumnos:

“¿Cuál es el problema que queremos resolver cuando tratamos de construir un orden económico racional en una sociedad compleja y con grupos con puntos de vista políticamente diferentes?”

Esos puntos de vista políticamente diferentes son uno de los problemas que enfrenta el planificador. Digamos que son las preferencias de los individuos por la provisión de bienes “públicos” (aunque el mercado puede proveer bienes con características de públicos y casi todos los estados terminan proveyendo bienes con características de bienes privados). El planificador tendría que conocer las preferencias de cada uno, en términos de que bienes y en que cantidades. Ejemplo: Prefiero yo mas educación o mas salud? o mas defensa? o mas justicia? Y en todo caso cuanto de cada una? Ni hablar de como definir “educación” (ir a la escuela, tener acceso a Internet, tener un tutor, buenas conversaciones en mi casa, padres que me ensenan).

Y, además, como se expresaría mi preferencia? El principal instrumento que tengo es el voto, pero Public Choice ya nos ha mostrado cuan rudimentario e imperfecto es este instrumento. Cuando voto a un candidato, que quiero decir respecto a mas o menos educacion, de que tipo, con que proveedores, etc. Y deberia agregar toda esa informacion en algo asi como una “funcion de bienestar general”. Precisamente es esto lo que algunos economistas han intentado hacer: un fracaso y un ridiculo.

El planificador, si quisiera organizar toda la sociedad, deberia tambien conocer mis preferencias por bienes privados: cuantas manzanas quiero, de que tipo, en que momento, etc. Pues esa informacion no la tiene disponible porque solamente se manifiesta como “preferencia revelada” en el momento en que compro tales manzanas en el mercado. Es decir, sin mercados, no puedo saberlo.

“Debemos, más bien, demostrar cómo se llega a una solución a través de interacciones entre individuos que poseen, cada uno de ellos, un conocimiento parcial. Por otro lado ¿Cómo suponer todo el conocimiento dado a una sola mente, como suponemos que nos es dado a los economistas en tanto que constructores de teorías explicativas? ¿Esto no es suponer el problema resuelto e ignorar todo lo que es realmente importante y significativo en el mundo real?”

Los economistas desarrollan teorias para tratar de explicar la realidad. A diferencia del planificador, compiten entre si, se encuentran en un entorno de mercado. Algunas teorias podran explicar la realidad mejor que otras. No hay una sola mente entre los economistas, hay muchas. Las teorias desarrollan modelos abstractos, simplificaciones de fenomenos complejos, no pueden describir toda la realidad, destacan sus aspectos mas importantes.

Jorge Luis Borges mostraba esto en forma ironica, el mapa perfecto tendria el mismo tamano de la region descripta. Desde esa perspectiva, todo mapa es “imperfecto” (pero al mismo tiempo util, a ninguno nos serviria un mapa de Brasil del tamano del Brasil!)

“¿Sería posible construir una sociedad y economía racional una vez que muchas personas, los estados y las organizaciones están más preocupados por maximizar su bienestar individual que con el colectivo?”

La respuesta a esta pregunta es el aporte mas extraordinario de la economia a las ciencias sociales: el concepto de orden espontaneo, la “mano invisible” de Adam Smith. Cada uno persigue su propio interes, pero se ve guiado a contribuir al bienestar de otros, incluso sin haberselo propuesto. Incluso mas que cuando se proponen contribuir al bienestar general.

Alberdi sobre el financiamiento del gasto con deuda y su preocupación por que un gobierno dejara de pagarla

Con los alumnos de la UBA Derecho, vemos a Alberdi en Sistema Económico y Rentístico, tratar el tema del “crédito público”, o sea, de la deuda.

Dice:

“Siendo el crédito del Estado el recurso más positivo de que pueda disponer en esta época anormal y extraordinaria por ser de creación y formación, será preciso que los gobiernos argentinos sean muy ciegos para que desconozcan, que faltar a sus deberes en el pago de los intereses de la deuda, es lo mismo que envenenar el único pan de su alimento, y suicidarse; es algo más desastroso que faltar al honor, es condenarse a la bancarrota y al hambre. El gobierno argentino acaba de dar una prueba de que comprende esta verdad en toda su latitud, cambiando la organización que había ensayado por error para su crédito público, por otra que le restablece a sus bases más normales y más firmes.

La estabilidad y subsistencia de los compromisos de crédito contraído por el gobierno es garantía que acompaña a los del gobierno actual de la Confederación Argentina, por ser constitucional y enteramente legítima su existencia, lo cual hace que sea la Nación misma, más bien que el gobierno, que la sirve de intermedio, quien se obliga por los actos legislativos del Congreso que la representa, y a cuya autoridad ha dejado la facultad de contraer empréstitos de dinero sobre el crédito de la Confederación, por el art. 64,. inciso 3 de su Constitución federal. Y como ese mismo Congreso vota anualmente por ley la forma en que ha de invertir los valores obtenidos a préstamo como todos los que sirven al gasto público, la Constitución, que esto determina, da en ello una nueva garantía a los prestamistas, de que la inversión útil, moderada y tal vez reproductiva de los fondos prestados, se hará de un modo que asegure el pago de su renta y sostenga el valor de sus capitales escritos. De este modo el gobierno constitucional y responsable contribuye, por el hecho mismo de existir, a ensanchar las riquezas del Estado.

En cuanto a la estabilidad del gobierno, es decir, a la paz y al mantenimiento del orden, en que reposa el edificio del crédito y de toda la industria, jamás la Confederación ha tenido garantías comparables a las que hoy aseguran su tranquilidad.

La paz es firme y estable hoy día, porque hay un gobierno nacional que cuide de mantenerla. Ese gobierno ha faltado enteramente por espacio de treinta años, en que las provincias vivieron aisladas unas de otras y destituidas de gobierno interior común. En la ausencia total del gobierno interior, la paz no podía existir por sí sola en las provincias del Plata, como no existiría en los condados de Inglaterra, si faltase el gobierno general del Reino Unido, cuyo principal atributo es sostenerla.

El gobierno será estable porque tiene elementos reales de poder, lo cual no sucedía en el tiempo en que las provincias privadas del comercio directo por la clausura de sus ríos, en vano tenían el derecho abstracto de gobernarse a sí mismas como Nación independiente y soberana; las rentas, en que consiste el poder de hecho, quedaban en manos de la provincia que tenía el privilegio exclusivo de la aduana exterior.

El comercio directo a que deben las provincias el goce de sus medios materiales de gobierno es estable para siempre, porque descansa en la libre navegación de los ríos, en cuyas márgenes están los puertos de las provincias, abiertos a ese comercio directo de la Europa, por tratados internacionales de duración indefinida.”

Samuelson y Coase sobre los faros, pero en realidad sobre los bienes privados y públicos y el papel del Estado

Con los alumnos de la UBA Económicas, vemos a Samuelson y a Coase en un debate central. Es sobre los faros, pero en verdad sobre los bienes públicos y el papel del Estado.

En cuanto a la provisión de bienes públicos, la respuesta casi inmediata es que deben ser provistos por el Estado, ya que el mercado sería incapaz de hacerlo. El caso típico, presentado por distintos economistas, es el de un faro, en relación con el cual la imposibilidad de excluir a quien no pague, una vez que la luz es emitida, daría como resultado una conducta de free rider, que trataría  de evitar el pago, dado que es imposible evitar que vea la señal de todas formas. El ejemplo aparece en John Stuart Mill, Henry Sidgwick y Alfred C. Pigou, con ese mismo argumento de la “no exclusión”, y reaparece en Paul Samuelson con otro adicional, según el cual no tendría sentido excluir a los que no pagan, ya que no hay congestionamiento en el servicio; es decir, no hay ningún costo extra, si un barco más observa la señal del faro para guiarse. En este caso no solamente sería improbable que el sector privado proveyera los faros, sino que, de poder hacerlo, no sería conveniente, ya que cada barco desincentivado para navegar por dichas aguas debido al pago del peaje por los servicios del faro, representaría una pérdida económica social

Conocida es la respuesta de Coase (1974) a este ejemplo, después de estudiar la historia de los faros en Inglaterra y demostrando que durante varios siglos fueron financiados y administrados por los dueños de barcos y emprendedores privados. Durante varios siglos, en Gran Bretaña, los faros fueron construidos y mantenidos por Trinity House (Inglaterra y Gales), los Comisionados de Faros del Norte (Escocia) y los Comisionados de Faros en Irlanda, cuyo presupuesto provenía del Fondo General de Faros, formado a su vez por los cargos que pagaban los armadores de buques. Esto en cuanto se refiere a los faros que ayudaban a la navegación general, ya que los faros de tipo “local” eran financiados por los puertos, que recuperaban los gastos en que incurrían mediante los cargos que hacían a quienes los utilizaban.

Había pocos faros antes del siglo XVII. Trinity House era una institución que evolucionó desde un gremio de navegantes en la Edad Media, que en 1566 obtuvo el derecho a proveer y regular las ayudas a la navegación, que incluyen, además de los faros, boyas, balizas y otras marcas.

Coase (p. 360) sostiene que “a comienzos del siglo diecisiete, Trinity House estableció faros en Caister y Lowestoft. Pero no fue sino hasta fines de ese siglo que construyó otro. Entretanto la construcción de faros había sido realizada por individuos particulares. De 1610 a 1675 Trinity House no construyó ningún faro nuevo. Por lo menos diez fueron construidos por individuos particulares”. Trinity House se oponía a estas iniciativas privadas, pero los particulares evitaban el incumplimiento del control de tal organización obteniendo una patente de la Corona, que les permitía construir el faro y cobrar el peaje a los barcos que supuestamente se beneficiaban del mismo.

La intervención de la “Corona” y el cobro de un “peaje” parece indicar la participación estatal, por más que el faro fuera construido por algún particular. Es decir: se necesitaría el poder estatal para tener la posibilidad de cobrar peajes, en forma coercitiva, a los barcos que transitaran por tal ruta marítima. Pero no era este el caso. Coase subraya que el particular presentaba una petición de los armadores y operadores de buques sobre la necesidad del faro, el beneficio que obtendrían con él y su voluntad para pagar el peaje, por lo que se trataba de una operación voluntaria y el Estado participaba simplemente porque se había adueñado de la autoridad para erigirlos, ya que el acuerdo entre armadores y operadores y el particular se podría haber realizado de todas formas, sin seguir obligatoriamente ese camino, pues los primeros aceptaban voluntariamente el pago y no actuaban como free riders.

He aquí un tema importante, ya que, según la teoría de los bienes públicos de Mill/Sigdwick/Pigou/Samuelson, todos buscarían su beneficio inmediato, consistente en no tener que pagar dicho peaje, sabiendo que, una vez que el faro estuviera allí, no podrían excluirlos de su uso, y que, actuando todos de esa forma, el cobro del peaje y la provisión privada serían imposibles. Sin embargo, esto no ocurría; evidentemente había otros elementos que llevaban a una conducta diferente, entre los cuales podemos destacar dos: un sentido de cooperación entre los armadores, aunque fueran competidores entre sí, o que no se le diera importancia al hecho de que algunos pasarían por allí y recibirían el servicio gratuitamente.

Buscando algún ejemplo más cercano en el tiempo y el espacio, ya vimos que los residentes de Buenos Aires no tienen que ir más lejos del río junto al que se asienta su ciudad. Allí, en el canal por el que el río Luján desemboca en el Río de la Plata, hay una serie de boyas con la inscripción “UNEN” y una numeración. Esta sigla significa “Unión Nacional de Entidades Náuticas”, que reúne a los distintos clubes náuticos privados. La provisión de esta señalización proviene de aportes voluntarios privados, que realizan estos clubes, y en definitiva de las cuotas sociales que pagan sus socios. No parece que estos actúen como free riders e incluso, si algún barco pasa por allí y no pertenece a ninguno de esos clubes, ello no constituye impedimento para que los demás se organicen, y provean y mantengan este sistema de señales. Y no solo eso: los mismos clubes tienen en sus entradas sobre la costa balizas rojas y verdes, con el obvio fin de ayudar a sus socios en la maniobra de entrada y salida, pero brindando también un servicio gratuito a quienes pasan por allí. Nuevamente, la existencia de estos free riders no frena o limita la provisión de tales servicios.

¿Habría más señales de ese tipo, si pudiera cobrar a esos free riders? Depende de con qué se lo compare: si es con una supuesta condición ideal, parecería que sí, y en tal caso esa comparación daría como resultado una “falla” del mercado, pero Coase y Demsetz (en Cowen, pp. 107-120) denominan a esto “el enfoque Nirvana”: es decir, algo así como comparar las imperfecciones de este mundo con el ideal del Paraíso, dado que lo que corresponde es comparar arreglos institucionales alternativos; en este caso, esta provisión voluntaria privada, con una posible provisión estatal. En el caso de las boyas UNEN mencionadas, su misma existencia es una demostración del “fracaso de la provisión estatal”, ya que los clubes lo han hecho ante la inacción pública al respecto.

Comenta Coase una historia de notable espíritu emprendedor, relacionada con el famoso faro de Eddystone, erigido en un peñasco, a veinte kilómetros de Plymouth. El Almirantazgo británico recibió un pedido para construir un faro y Trinity House consideró que era imposible; pero en 1692 el emprendedor Walter Whitfield hizo un acuerdo con Trinity House, por el que se comprometía a construirlo y a compartir las ganancias. Nunca llegó a construirlo, pero sus derechos fueron transferidos a Henry Winstanley, que negoció un acuerdo mejor: recibiría todas las ganancias durante los primeros cinco años y luego los repartiría en partes iguales con Trinity House, durante otros cincuenta años. Construyó primero una torre y luego la reemplazó por otra, cuya conclusión tuvo lugar en 1699, pero una gran tormenta lo destruyó en 1703, cobrándose la vida de Winstanley y de algunos de sus trabajadores. Dice Coase (p. 364): “Si la construcción de faros hubiera quedado solamente en manos de hombres motivados por el interés público, Eddystone hubiera permanecido sin faro por largo tiempo. Pero la perspectiva de ganancias privadas asomó nuevamente su horrible cara”.

Otros dos emprendedores, Lovett y Rudyerd, decidieron construirlo de nuevo, y el acuerdo se pactó en mejores términos: una concesión por noventa y nueve años, con una renta anual de cien libras y el cien por cien de las ganancias para los constructores. El nuevo faro se completó en 1709 y operó hasta 1755, cuando fue destruido por un incendio. La concesión, que tenía todavía unos cincuenta años por delante, había pasado a otras manos y los nuevos propietarios decidieron construirlo nuevamente, para lo que contrataron al mejor ingeniero de esos tiempos, John Smeaton, que completó una nueva estructura de piedra en 1759, que se mantuvo operando hasta 1882, cuando fue reemplazado por una estructura nueva, elaborada por Trinity House.

Según Coase, un informe del Comité de faros de 1834 reporta la existencia de cuarenta y dos faros en manos de Trinity House, tres concesionados por ella a individuos, siete concesionados por la Corona a individuos particulares, cuatro en manos de propietarios según distintos permisos, un total de cincuenta y seis, de los cuales catorce estaban en manos privadas, amparados por distintos acuerdos de propiedad. Trinity House, recelosa de la competencia, y argumentando que bajo su égida los peajes serían más bajos, terminó consiguiendo el monopolio de los faros y todos quedaron bajo su órbita.

En una respuesta directa a Mill, Sidgwick, Pigou y Samuelson, Coase concluye: “… los economistas no deberían utilizar los faros como un ejemplo de servicio que puede ser provisto solamente por el Estado. Pero en este trabajo no se intenta resolver la cuestión de cómo debería organizarse y financiarse el servicio de faros. Eso deberá esperar estudios más detallados. Entretanto, los economistas que deseen señalar un servicio como mejor provisto por el Estado, deberían utilizar un ejemplo que tenga más fundamento” .

Megaproyectos de obras públicas: todos exceden su presupuesto y su tiempo previsto, una y otra vez

En el Cato Policy Report de Enero/Febrero de este año, Bent Flyvbjerg analiza los “megaproyectos” de obras públicas, que tanto parecen gustar a los políticos y a los votantes. Al respecto, dice:

“Los datos de rendimiento de los megaproyectos hablan su propio idioma. Nueve de cada diez proyectos de este tipo tienen exceso de costos. Los excesos de hasta el 50 por ciento en términos reales son comunes, más del 50 por ciento no es infrecuente. El exceso de costes del túnel del Canal de la Mancha, el túnel ferroviario submarino más largo de Europa, que conecta el Reino Unido y Francia, fue del 80 por ciento en términos reales. Para el Big Dig de Boston, el 220 por ciento. El Sydney Opera House, 1.400 por ciento. Del mismo modo, los déficit de beneficios de hasta el 50 por ciento también son comunes, y por encima del 50 por ciento no es infrecuente.

Como ejemplo, considere el Túnel del Canal en más detalle. Este proyecto fue originalmente promovido como altamente beneficioso tanto económica como financieramente. De hecho, los costos fueron un 80 por ciento sobre el presupuesto para la construcción, como se mencionó anteriormente, y 140 por ciento para la financiación. Los ingresos han sido la mitad de los previstos. La tasa interna de rendimiento de la inversión es negativa, con una pérdida total para la economía británica de 17.800 millones de dólares. Por lo tanto, el Túnel del Canal de la Mancha disminuye la economía en lugar de aumentarla. Esto es difícil de creer cuando se utiliza el servicio, que es rápido, conveniente y competitivo con los modos alternativos de viaje. Pero, de hecho, cada pasajero está fuertemente subvencionado. No por el contribuyente esta vez, sino por los muchos inversionistas privados que perdieron su dinero cuando Eurotunnel, la empresa que construyó y abrió el canal, fue insolvente y se reestructuró financieramente. Esto lleva a casa un punto importante: un megaproyecto puede ser un éxito tecnológico, pero un fracaso financiero, y muchos lo son. Una evaluación económica y financiera ex post del Túnel del Canal de la Mancha, que comparaba sistemáticamente los costos reales y los previstos, concluyó que “la economía británica habría sido mejor si el túnel nunca hubiera sido construido”.

Si la evidencia indica que aproximadamente uno de cada diez megaproyectos está dentro del presupuesto, uno de cada diez está dentro del cronograma y uno de cada diez entrega los beneficios prometidos, entonces aproximadamente uno de cada mil proyectos es un éxito, definido como objetivo Para los tres. Incluso si los números estuvieran equivocados por un factor de dos, la tasa de éxito todavía sería deprimente. Esto sirve para ilustrar lo que puede llamarse la “ley de hierro de los megaproyectos”: sobre el presupuesto, con el tiempo, una y otra vez.”

¿Si en el estado de naturaleza no se pueden hacer contratos, cómo es que pueden hacer el contrato original?

Con los alumnos de la materia Public Choice vemos de Antony de Jasay, “La antinomia del contractualismo”, publicado en Libertas 23 (Octubre de 1995): ¿si en el estado de naturaleza las personas no podrían realizar contratos entre sí, cómo es que podrían realizar el contrato originario?

“Este juego, sumamente simplificado, se ajusta más o menos al esquema siguiente. Hay n jugadores: n-1 ciudadanos que son las partes contratantes y un estado creado por ellos en la etapa previa al juego para que haga cumplir sus contratos. Para abreviar, llamaremos a los primeros, Mandantes, y al segundo, Agente. En forma amplia digamos que los jugadores hacen elecciones estratégicas en cada uno de los nudos del “árbol del juego” y de acuerdo con ellas pasan al nudo siguiente. En el primer nudo, los Mandantes optan entre “transferir el poder” al Agente (entregándole sus armas y brindándole el acceso a sus otros recursos) o “retener el poder”. Las utilidades esperadas dependen del número de Mandantes que eligen hacer la “transferencia”. Si este número es suficiente y se le otorga fuerza al Agente, la opción de “retener” es ligeramente mejor, porque si bien los Mandantes que retienen poder recogen las mismas utilidades del cumplimiento forzoso en los nudos futuros del juego que los que han hecho transferencias, pueden resistir mejor la coacción ejercida contra ellos. Por otro lado, si no hay un número suficiente de mandantes que opten por transferir y el Agente carece de poder, la opción de “transferir” es ligeramente mejor, porque con esta estrategia en el mejor de los casos se confiere poder al Agente y, en consecuencia, se le otorga la capacidad de ejercer coacción en el futuro. Si no fuera así, porque el poder transferido es escaso, en el peor de los casos los Mandantes pueden recuperar, gracias a la debilidad del Agente, esa pequeña cuota de poder. Sobre la base de estos supuestos, resultará del primer nudo del árbol del juego una estrategia mixta mediante la cual algunos Mandantes transferirán poder y otros lo retendrán (o bien todos transferirán únicamente una pequeña proporción de su poder), otorgando al Agente fuerza suficiente pero dejando que todos los Mandantes, o algunos de ellos, conserven algunos medios de resistencia.(4) (No es necesario especificar cómo se logra retener el poder, pero parece haber un espectro de prácticas posibles, desde la posesión encubierta de armas hasta la evasión impositiva o, al menos, la “planificación de las contribuciones”.)

Tal como podría esperarse, en cada uno de los dilemas sociales derivados del principal, a saber, el del Agravio, el de los Bienes Públicos, el del Trabajo de Equipo, el de Defensa o el del Buen Samaritano se repite la misma paradoja. Leslie Green (1990, pp. 147-9) ilustra esto con un perspicaz enunciado del problema en relación con los bienes públicos. En lugar de ocuparse del cumplimiento de los contratos como precondición de la cooperación, y viceversa, trata de la autoridad como precondición de la capacidad de producir bienes públicos, y viceversa. La autoridad, que impone la obediencia que está por encima de los intereses personales, es un bien público (de orden superior). Debe surgir en primer lugar a partir de la anarquía, que es el estado de la sociedad en el cual la autoridad no existe. La anarquía puede generar bienes públicos o no. Si lo hace, la autoridad no es necesaria, y si no, nunca podría surgir en primer lugar. Green, cuyo razonamiento me parece plausible, continúa diciendo que es más probable, por ser menos dificultoso, que en la anarquía se produzcan lo que llama bienes públicos de primer orden en lugar de la autoridad que, supuestamente, es condición necesaria para superar el Dilema de los Bienes Públicos y para asegurar la producción de éstos. En consecuencia, no existe una salida contractual del estado de naturaleza: si el estado debe ser creado por un contrato, no puede serlo porque él constituye en sí mismo la condición necesaria para su creación.”

Un análisis del estado benefactor en todo el mundo: los resultados no son bueno, pero es difícil cambiarlo

En el Cato Policy Report de Enero/Febrero de este año, se comenta un libro de James Bartholomew titulado “The Welfare of Nations”:

“En 2006 el periodista  James Bartholomew, que recientemente había publicado su libro más vendido, The Welfare State We’re In, fue presentado a Margaret Thatcher en un pequeño almuerzo en Inglaterra. Comenzó a contarle acerca de su libro, que argumentaba que el estado de bienestar moderno británico había hecho más daño que bien, y que Gran Bretaña habría estado mejor si nunca hubiera sido creado.

Lady Thatcher le preguntó qué, en ese caso, debería hacerse para arreglarlo. Bartholomew ofreció su respuesta estándar de libro-gira: que él no creía que ninguna democracia moderna aceptara los cambios realmente necesarios, y no le importaba recomendar algo de lo mejor. “¡No no no! ¡No puedes decir que hay un problema y no encontrar una solución! “, Replicó Lady Thatcher. “Si usted dice que el estado de bienestar no es bueno, debe sugerir una alternativa!” Bartholomew trató de protestar que llevar a cabo la investigación necesaria sería demasiado costoso, y la gente lo encontraría “aburrido.” Aquí de nuevo, la baronesa Thatcher no estaba impresionado: ¡Si no puedes pensar en una buena manera de comunicarlo, debes encontrar una forma de comunicarlo! ”

El nuevo libro de Bartholomew, El Bienestar de las Naciones, publicado por el Instituto Cato, es un intento de responder al reto de Thatcher. Para encontrar sus respuestas, Bartholomew despegó en una misión de trote mundial para examinar modelos de bienestar alrededor del mundo. Registra sus viajes a 11 países diferentes, donde busca la mejor atención de la salud, la mejor educación, los mejores servicios de apoyo, al mismo tiempo que expone a los países con el peor desempleo, el peor cuidado de la salud y la educación. También investiga otros países, incluso llegando de nuevo a la historia para discutir el bienestar en la antigua Grecia y Roma. Él hace preguntas como: ¿Por qué el desempleo es tan bajo en Suiza? ¿Por qué es tan alto en España? ¿Por qué la educación del gobierno es tan mala en tantas partes del mundo?

El trabajo de Bartolomé no es sólo una lista seca de hechos o estadísticas sino una historia, tejida con cuentos de sus viajes, que trae a la vida la crueldad y los fracasos del estado de bienestar, así como las historias de éxito en las que Bartolomé modela sus recomendaciones para la reforma. Bartholomew recuerda al lector que la mayoría de los países y sus estados de bienestar no encajan en los “clichés” que imaginamos a partir de estadísticas desnudas – él utiliza la información sobre el terreno y las ideas para compilar, capítulo por capítulo, recomendaciones para diferentes elementos del Estado de bienestar, en última instancia destilándolos en una lista de consejos para mejorar el estado de bienestar en su conjunto. Y en el camino, encuentra aún más pruebas de cómo la existencia de los estados de bienestar está cambiando realmente la civilización mundial.

Al final, Bartholomew sigue siendo escéptico sobre la voluntad de las sociedades de emprender los cambios radicales necesarios para lograr el ideal de un estado de bienestar absolutamente mínimo. Y advierte que, una vez que se ha impuesto un estado de bienestar, la libertad nunca puede ser tan grande como lo fue una vez -escribe, es el “precio inevitable” de imponer un estado de bienestar en primer lugar. Sin embargo, es al menos posible crear un mejor estado de bienestar, reducir el desempleo, mejorar la vivienda y fortalecer a las familias.”

Manuel Ayau: cómo se pasa de valoraciones subjetivas a precios, y el papel que cumplen los precios relativos

Los alumnos de la materia Proceso Económico en la UFM, todos médicos y nutricionistas, avanzan en la materia Proceso Económico, y para ello leemos el Manual de Manuel Ayau, fundador de la UFM, donde explica el paso de valoraciones subjetivas a precios, y el papel de los precios relativos:

“La valoración es subjetiva y no cuantificable. Sin embargo, en cualquier tiempo y lugar, hay suficiente coincidencia entre las valoraciones de muchos individuos como para que el mercado pueda establecer una tendencia que refleje la mayoría de ellas. El mercado plasma, en un dato objetivo, una multitud de valoraciones subjetivas. Ese dato objetivo es el precio, resultado de la interacción de muchos vendedores y muchos compradores.

Si no contáramos con precios expresados en unidades monetarias, la determinación del valor de intercambio de varios productos nos obligaría a visualizar mentalmente una columna para cada producto. El dinero, que sirve como denominador común y unidad de medida, permite expresar el valor de intercambio de una multitud de bienes en una sola columna.

  Pan Blusa Libro U$S
Pan 1 0,01 0,1 0,50
Blusa 100 1 10 50
Libro 10 0,1 1 5

 

Las columnas centrales de la Tabla 6.1 establecen el valor de intercambio recíproco de tres productos. La columna de la derecha hace innecesarias las otras tres.

Los precios relativos

En abstracto y en forma aislada, el precio de un objeto no tiene significado alguno. Su significado se deriva de la comparación que hacemos entre ese precio y todos los demás precios. En última instancia, nos interesa comparar precios para asignar eficientemente nuestros recursos, es decir para satisfacer, en la mayor medida posible, nuestro conjunto ilimitado de necesidades y deseos con nuestros limitados recursos.

Supongamos que, con esfuerzo, un individuo podría pagar US$300 mensuales para amortizar una deuda. La Tabla 6.2 contiene los precios de diferentes cosas que desea y el tiempo que tardaría en pagar cada una, si la comprara al crédito:

Opción Precio Deuda
Viaje U$S 2100 7 meses
Computadora U$S 3000 10 meses
Guitarra U$S 2400 8 meses

 

Este rudimentario sistema de precios permite que el individuo compare varias satisfacciones, entre ellas y con el sacrificio que representaría pagar cada una. El sistema de precios, que es el conjunto de los precios vigentes, coloca cada precio en relación con los demás precios.

En el mercado, se intercambian bienes y servidos por bienes y servicios. El dinero es nada más un intermediario. Nuestra capacidad de compra está limitada por nuestros ingresos pasados si pagamos al contado, y por nuestros ingresos futuros si nos endeudamos.

Nuestros ingresos no alcanzan para comprar todo lo que deseamos, y es esta circunstancia la que nos obliga a escoger y a comparar. Los precios relativos son los precios de las diferentes cosas expresados, no en unidades monetarias, sino en unidades dé los demás bienes. Por ejemplo, según los datos de la Tabla 6.2, el precio relativo de la guitarra sería el viaje + un pago mensual adicional. No podríamos establecer objetivamente el precio relativo de la guitarra, si no contáramos con un sistema de precios nominales, es decir, expresados en unidades monetarias.

Demsetz y una teoría económica de los derechos de propiedad que explica cómo resuelven externalidades

Con los alumnos de la UBA Económicas, consideramos los aportes de Ronald Coase, y también vemos el artículo de Demsetz “Hacia une teoría de los derechos de propiedad”. Comienza diciendo:

“Cuando en el mercado se realiza una transacción se intercambian dos “paquetes” de derechos de propiedad. Una parte de esos derechos está ligada al bien o al servicio concreto que se intercambia, pero es el valor de los derechos de propiedad el que determina el valor de lo que cambia de propietario. Las preguntas dirigidas a determinar la aparición y la combinación de tales componentes del paquete de derechos de propiedad son en realidad previas a las que comúnmente se hacen los economistas. Éstos, por lo general, toman los derechos de propiedad como un dato y buscan explicaciones para las fuerzas que determinan el precio o el número de bienes a los que se refieren tales derechos de propiedad.

En este trabajo procuro llamar la atención sobre algunos de los elementos para una teoría económica de los derechos de propiedad. El trabajo está organizado en tres partes. En la primera se desarrolla brevemente el concepto y el rol de los derechos de propiedad en los sistemas sociales. La segunda parte ofrece una guía para investigar la aparición de los derechos de propiedad. La tercera parte establece algunos principios pertinentes para comprender la combinación de los derechos de propiedad con vistas a formar determinados tipos de derechos y determinar así la estructura de propiedad que está asociada a los distintos tipos.

El concepto y el rol de los derechos de propiedad

En el mundo de Robinson Crusoe los derechos de propiedad no desempeñan ningún rol. Son un instrumento de la sociedad y su significación deriva del hecho de que ayudan a formarse las expectativas que se pueden sustentar razonablemente en las relaciones con otros. Estas expectativas encuentran su expresión en leyes, hábitos y costumbres de una sociedad. El propietario de ciertos derechos de propiedad posee el consentimiento de sus pares para permitirle actuar de determinadas maneras. Un propietario espera que la comunidad impida que otros interfieran en sus propias acciones a partir de que tales acciones no están prohibidas en la especificación de sus derechos.

Es importante notar que los derechos de propiedad conllevan el derecho a beneficiarse o perjudicarse a sí mismo así como a beneficiar o perjudicar a otros. Perjudicar a un competidor por el hecho de fabricar mejores productos puede estar permitido, mientras que pegarle un tiro no lo está. Por lo contrario, si puede estar permitido beneficiarse uno a sí mismo disparando un arma contra un intruso, puede no estarlo vender productos por debajo de cierto precio establecido. Está claro entonces que los derechos de propiedad especifican de qué modo las personas pueden beneficiarse o perjudicarse y, por tal razón, quién debe pagar a quién para modificar acciones llevadas a cabo por personas. El reconocimiento de esto permite entender fácilmente la estrecha relación que existe entre derechos de propiedad y factores externos o externalidad.

La externalidad es un concepto ambiguo. Para los objetivos de este trabajo, el concepto incluye costos externos, beneficios externos y externalidades tanto pecuniarias como no pecuniarias. Ningún efecto benéfico o perjudicial es externo al conjunto. Alguna persona siempre resulta perjudicada o beneficiada por tales efectos. Lo que convierte a un efecto benéfico o perjudicial en una externalidad es que el costo de hacer que gravite en la decisión de una o más de las personas interactuantes sea demasiado alto como para justificarse, y esto es lo que el término quiere decir aquí. La “internalización” de tales efectos está ligada a un proceso -usualmente un cambio en los derechos de propiedad- que permite a dichos efectos gravitar sobre todas las personas interactuantes. Una función primaria de los derechos de propiedad es la de promover incentivos para alcanzar una mayor internalización de las externalidades. Cada costo y beneficio asociado con interdependencias sociales es una externalidad potencial.

Una condición es necesaria para hacer que costos y beneficios sean externalidades: el costo de una transacción de derechos entre partes (internalización) debe exceder la ganancia de la internalización. En general, el costo de la transacción puede ser grande en relación con las ganancias por las “naturales” dificultades del intercambio comercial, o bien puede ser grande por razones legales. En una sociedad jurídicamente organizada, la prohibición de negociaciones voluntarias puede hacer infinito el costo de las transacciones. Algunos costos y beneficios no son tomados en cuenta por quienes utilizan los recursos, toda vez que las externalidades existen, pero permitir tales transacciones incrementa el grado en el cual las internalizaciones tienen lugar