La volatilidad de los precios de las materias primas, afecta a ciertos países. ¿Cómo hacen las empresas para que no las afecte?

Muy interesante trabajo publicado por el Cato como Policy Analysis, titulado “Curse or Blessing? How Institutions Determine Sucess in Resource-Rich Economies”: https://www.cato.org/publications/policy-analysis/curse-or-blessing-how-institutions-determine-success-resource-rich

Muy importante, además, en el caso argentino porque los estatistas de siempre han presentado la teoría de la “enfermedad holandesa” como una de las razones para cerrar la economía y subsidiar a ciertos sectores. Uno de los argumentos presentados en el trabajo sostiene que, si bien es cierto que ciertos países tienen una importante dependencia de algún recurso natural y eso los expone a sus vaivenes, las empresas que producen esos recursos naturales están más expuestas aún, y no parece haberles ido mal. Es decir, una empresa petrolera está expuesta en un ciento por ciento a las fluctuaciones de los precios del petróleo.

Los gobiernos deberían aprender de las empresas, deberían tomar nota de cómo hacen para hacer frente a los vaivenes de precios (hedging, reducción de costos, etc.). Y respecto a un tema algo relacionado, he aquí dos cuadros que muestran comparativamente la rentabilidad de las empresas petroleras privadas y las empresas petroleras estatales:

Una encuesta de Gallup sobre un tema que fue tratado muchas veces aquí: el impacto de las migraciones en el empleo

Hemos publicado aquí una serie de posts acerca de las Migraciones. Gallup publica hoy los resultados de una encuesta en los Estados Unidos, según la cual, una mayoría en ese país parecería comprender los beneficios de recibir trabajadores inmigrantes. Interesantes resultados de este trabajo.

El texto del informe está aquí: http://www.gallup.com/poll/213152/americans-say-immigrants-help-rather-hurt-economy.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_content=morelink&utm_campaign=syndication

Y su resumen dice:

“Cinco meses después de la presidencia de Donald Trump, el 49% de los adultos estadounidenses creen que los inmigrantes ayudan a la economía del país proporcionando mano de obra barata, superando al 40% que cree que los inmigrantes perjudican a la economía al bajar los salarios. Este es un retroceso cercano a la última vez que Gallup hizo esta pregunta, en 2005, cuando más gente pensó que los inmigrantes dañaron (49%) más que ayudaron (42%) a la economía.

Los últimos resultados provienen de una encuesta de Gallup del 7 al 11 de junio.

La tendencia de Gallup en esta cuestión se remonta a la presidencia de Bill Clinton, en 1993. En ese momento, poco después de la recesión de 1990-1991, casi dos tercios de los adultos estadounidenses pensaban que los inmigrantes hacían más daño que bien a la economía. Esta inquietud disminuyó en 1999 y 2000, pero se disparó brevemente en 2004, cuando el ex presidente George W. Bush propuso un programa de trabajadores temporales que permitiría a 8 millones de inmigrantes ilegales obtener un estatus legal antes de caer al 49% en 2005.

Trump hizo campaña para la presidencia en 2015 y 2016 en una plataforma para impedir que los inmigrantes indocumentados ingresaran al país y deportar a los que ya vivían en Estados Unidos. Como resultado, el debate sobre los inmigrantes, legales e ilegales, llegó al primer plano del discurso nacional de la campaña de Trump y se intensificó desde que se ha movido para entregar en sus promesas como presidente. Este debate ha abordado el potencial de que los inmigrantes están tomando puestos de trabajo de los ciudadanos estadounidenses y si los inmigrantes ilegales deben recibir servicios gubernamentales como la sanidad y la educación.

Dada la dura política del presidente republicano Trump sobre los inmigrantes, no es sorprendente que los miembros de su partido tengan menos probabilidades de decir que los inmigrantes ayudan a la economía. Los demócratas tienen más probabilidades de decir que los inmigrantes ayudan a la economía (59%) que los republicanos (28%). Esto es en contraste con la última vez Gallup hizo esta pregunta, en 2005, cuando el 40% de los demócratas dijo que la inmigración ayudaría en su mayoría a la economía, mientras que el 35% de los republicanos dijo lo mismo.

Los estadounidenses dicen que los inmigrantes toman empleos que los estadounidenses no quieren

La preocupación pública sobre los efectos de los inmigrantes sobre la economía puede ser incluso menos pronunciada de lo que parece ser. Gallup pregunta a los encuestados si piensan que los inmigrantes toman trabajos que los estadounidenses quieren o si toman empleos mal pagados que los adultos estadounidenses no están interesados. Por un margen abultado, el 72% dijo que los inmigrantes toman puestos de trabajo los estadounidenses sobre un 18% que dice que los inmigrantes toman trabajos que los adultos estadounidenses quieren.

Los puntos de vista de los estadounidenses sobre este tema han sido relativamente consistentes desde 1993, con la gran mayoría constantemente diciendo que los inmigrantes toman en su mayoría empleos que los estadounidenses no quieren. Esto fue más alto en 2004, cuando el 77% creía que los inmigrantes tomaban trabajos indeseados.

Los defensores de la inmigración a menudo afirman que los inmigrantes benefician a la economía de los Estados Unidos debido a su disposición a aceptar salarios inferiores a los que los estadounidenses trabajarán, manteniendo bajos los costos de bienes y servicios. Por el contrario, los opositores a la inmigración ilegal dicen que los inmigrantes ilegales bajan los salarios, bajando los ingresos de los estadounidenses que ya están empleados en los puestos de trabajo más mal pagados.

Los inmigrantes no tienen un efecto en los empleos o empresas de los estadounidenses

Además de la opinión de los estadounidenses de que los inmigrantes tienen un impacto positivo en la economía, y que aceptan trabajos que otros no quieren, la mayoría de los adultos empleados no ven que los inmigrantes tienen un efecto negativo en su propia situación de trabajo. Específicamente, el 60% dice que la inmigración no tiene ningún efecto en su propio trabajo, mientras que el 54% dice que no está afectando al negocio u organización para la que trabaja.

Entre los trabajadores estadounidenses que creen que la inmigración ha tenido un impacto en su trabajo o empresa, más dicen que esto ha sido positivo en lugar de negativo. Sólo entre el 11% y el 12% dice que la inmigración ha tenido un efecto negativo en su trabajo o empresa para la que trabajan.

Línea de fondo

La inmigración ha sido durante mucho tiempo un tema polémico en los Estados Unidos, que se remonta a los años 1800, cuando los inmigrantes de fuera de Europa del Norte comenzaron a llegar en gran número. Desde entonces, la cuestión nunca se ha desvanecido de la conciencia estadounidense, ya que las oleadas de inmigrantes de otras áreas del mundo continúan llegando a los Estados Unidos. Como Gallup ha determinado en los últimos años, más estadounidenses creían que los inmigrantes perjudican a la economía al bajar los salarios. En 2017, esto se volcó, potencialmente debido a un renovado aprecio por los inmigrantes o una reacción contra las políticas de inmigración del presidente Trump.

Las voces públicas en materia de inmigración han sido diversas, algunas de las cuales continúan presionando para obtener visas adicionales H-1B para atraer a más inmigrantes legales a este país, mientras que algunos estadounidenses critican más la inmigración. Queda por ver si habrá un aumento de la inmigración con el tiempo. Con el presidente promocionando el aumento de la “seguridad fronteriza” en sus primeros 100 días para mantener fuera a los inmigrantes ilegales, seguirá habiendo controversia sobre quién debe o no debe permitirse en este país.”

Jimmy Wales, fundador de Wikipedia, en el Cato Institute, cita a F. A. Hayek como una fuente de inspiración

En el Cato Policy Report de Enero/Febrero de este año, se presenta la conferencia que dictara en Cato, el fundador de Wikipedia, James Wales:

“Jmmy Wales, fundador de Wikipedia, pronunció la primera conferencia Joseph K. McLaughlin en el Instituto Cato en noviembre. La tarde comenzó con un homenaje al difunto Dr. McLaughlin, un epidemiólogo de cáncer de renombre mundial y amigo y patrocinador de largo tiempo del Instituto Cato.

El Dr. McLaughlin trabajó durante varios años en el Instituto Nacional del Cáncer y cofundó el Instituto Internacional de Epidemiología en 1994. El presidente de Cato, Peter Goettler, elogió su “intelecto amplio y consumado”, recordando su biblioteca de miles de libros y su amplio académico Intereses – tenía un conocimiento enciclopédico de todo, desde la economía a la genética hasta el cine negro. La esposa del doctor McLaughlin, Jeanne Rosenthal, a través de cuya generosidad la serie de conferencias fue posible, y su hija Alison estuvo presente en el evento, que fue transmitido por C-SPAN.

Wales discutió la historia y el impacto de Wikipedia, centrándose especialmente en el papel del “discurso razonado” descentralizado en su organización. Él atribuye el sitio a su apasionada red de voluntarios, que se coordinan para escribir, editar y debatir las entradas en la búsqueda de la misión sublime de Wikipedia: “imaginar un mundo en el que cada persona en el planeta tiene acceso libre a la suma de todos Conocimiento humano “.

Wales acreditó el famoso ensayo de Friedrich Hayek, “El uso del conocimiento en la sociedad”, con la influencia de su pensamiento sobre cómo organizar su enciclopedia en línea como un proceso colaborativo de abajo hacia arriba, en lugar de un proyecto planificado centralmente. Hayek criticó la idea de una economía planificada de forma centralizada, argumentando que los planificadores centrales no pueden reunir toda la información necesaria para tomar decisiones -que el conocimiento se difunde en toda la sociedad, cada pieza perteneciente a individuos separados- y su cooperación voluntaria, basada en El conocimiento que Cada uno tiene mejores resultados que la organización de arriba hacia abajo. “Por analogía, esto es parte del concepto de Wikipedia”, dijo Wales.

Crear una enciclopedia de la manera tradicional, como Britannica, donde un pequeño grupo de expertos se supone que recopilar y sintetizar toda la información en el mundo, es inherentemente limitada por el número de expertos y su capacidad finita para recopilar información. También están obligados a cometer errores, y esos errores son difíciles de corregir. “El modelo de Wikipedia empuja toda la toma de decisiones a los puntos finales. Dejamos entrar a la gente, tomamos cualquier interés que tengan y trabajemos en esas entradas “, dijo Wales. “Y muchas veces lo que encontramos es que la experiencia está muy ampliamente distribuida en la sociedad y no necesariamente cae a lo largo de líneas” profesionales “. Hay aficionados aficionados a los aviones y aficionados, por ejemplo, que han investigado sus entradas más a fondo que un grupo selecto De los estudiosos tendría.

El éxito de Wikipedia es asombroso, con más de 40 millones de artículos escritos en 284 idiomas y más de 400 millones de visitantes únicos al mes. Esto les ha dado una plataforma enorme en política y asuntos mundiales – Wales tocó algunos de estos temas, incluyendo el tratamiento de la censura en países como China, y la lucha de Wikipedia contra la Ley de la piratería en línea (SOPA) en 2012, lo que habría permitido a la American Justice Department para censurar la Internet. “Con demasiada frecuencia los legisladores proponen leyes, y es bastante claro que ni siquiera tienen la más rudimentaria comprensión de cómo funciona Internet”, observó Wales.

 

En última instancia, dijo Wales, Wikipedia es una plataforma para combatir las voces de “ira y odio” y las fallas de los medios de comunicación, proporcionando un lugar donde el discurso razonado puede permitir a los individuos para resolver sus desacuerdos libre y pacíficamente y hacer juicios válidos Acerca del mundo. “Wikipedia es construir puentes, no paredes”, dijo. “Creo que Wikipedia es una fuerza para el conocimiento, y el conocimiento es una fuerza para la paz y la comprensión”.

¿Se puede controlar a la bestia indomable del gasto público? Dos ideas, entre otras, límites al déficit fiscal y al gasto

Con los alumnos de la materia Economía e Instituciones vemos algunas de las conclusiones normativas del Public Choice, en particular propuesta para limitar el oportunismo político. Aquí van solamente dos:

1.            Límites al déficit fiscal

Se impone una prohibición o límite al déficit fiscal. En el primer caso no puede gastarse más de lo que ingresa, pero el Estado, como cualquier empresa, se maneja con un presupuesto anual que se espera cumplirá. Si el dinero recaudado no alcanzara a cubrir el gasto presupuestado, el Estado terminaría sin cumplir algunos contratos y paralizando ciertos servicios. Para evitar esto, se impone la necesidad que el presupuesto presentado para su aprobación no tenga déficit, luego puede haber algún desvío si durante el transcurso del ejercicio fiscal los ingresos o los gastos difieren de lo presupuestado.  Para que la prohibición de déficit tenga alguna credibilidad ese límite al desvío debe ser pequeño y también considerarse un mecanismo para que sea compensado. Es decir, si el ejercicio termina con déficit podría pensarse en que ese exceso se cubrirá en el ejercicio siguiente, o que si termina con superávit, pasa a formar una reserva que sirva para cubrir desvíos negativos en el futuro.

En cuanto a establecer un límite al déficit fiscal, se lo suele hacer en relación al PIB. Así, por ejemplo, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, parte del  Tratado de Maastricht, establece un límite del 3% del PIB para los países miembros de la Unión Europea, un nivel superior impone la obligación de medidas correctivas. Argentina, promulgó una ley de “déficit cero” el 30 de Julio de 2001, pocos meses antes de que se desatara la peor crisis de su historia.

En este último caso la norma fue aprobada cuando ya era demasiado tarde. Pretendía ser más una señal que generara confianza en los mercados para que éstos siguieran financiado la renovación de la deuda argentina. En el primero, su incumplimiento por los países más importantes de Europa no generó suficiente credibilidad para las sanciones y no extraña que luego se desatara en la región una profunda crisis fiscal (2010-11) .

Una diferencia importante entre una y otra que analizaremos en mayor detalle adelante es el nivel constitucional de la norma. En el caso argentino era una ley aprobada por el Congreso, en el de la Unión Europea formaba parte de un tratado internacional. Algunos autores sostienen que cuanto más alto el nivel constitucional, mayor impedimento será para las conductas que se quieren evitar (mejor una ley a un decreto presidencial, mejor una cláusula constitucional a una ley, mejor un tratado internacional a una cláusula constitucional), pero la experiencia europea muestra que esto no es necesariamente así. Todo depende de dónde se encuentra el mayor poder de control sobre el cumplimiento de la norma. En el caso europeo, el tratado imponía un límite relativamente estricto pero con pocas posibilidades de control, generando un incentivo por parte de ciertos países a actuar como free riders de los esfuerzos de los demás. Ellos obtenían los beneficios de las garantías de estabilidad generadas por la UE, pero aplicaban políticas fiscales irresponsables con las que nunca podrían haber generado tal credibilidad por parte de los acreedores que financiaron esos déficits. El control más fuerte puede estar en manos de los votantes, como veremos en el punto 3.

La obligación de no incurrir en un déficit fiscal no necesariamente genera una restricción en el crecimiento del gasto público, ya que se lo puede aumentar al mismo tiempo que se aumenta la presión impositiva e igualmente se cumple con el requisito, y el Estado termina así llevándose una mayor parte de la riqueza producida por los ciudadanos. Para evitarlo se han propuesto límites al crecimiento del gasto y a la creación de nuevos impuestos o el aumento de las tasas de los existentes.

2.            Límites al crecimiento del gasto público

En este caso se establece un límite a su crecimiento, normalmente asociado a la evolución del PIB. Podría establecerse un límite algo por encima del crecimiento del PIB si se quiere que el gasto aumente en relación a ese indicador, igual para que se mantenga o menor para que se reduzca.

Competencia institucional: impulsada por la movilidad de los factores, la “salida”, el voto con los pies, efecto Tiebout

Con los alumnos de OMMA Madrid, en la materia Economía e Instituciones, vemos el capítulo del libro sobre Competencia Institucional y Globalización. Aquí una parte del texto:

La economía de mercado es altamente eficiente cuando sus participantes pueden iniciar o terminar relaciones de producción e intercambio entre sí. En otros términos, pueden “entrar” o “salir” de esas relaciones. Si un determinado bien o servicio ofrecido por un productor es considerado “peor” en comparación con otros producidos por otros productores, el consumidor simplemente ejerce su opción de “salida” y elige alguno de los otros proveedores.

Este mecanismo de la competencia, que traslada ganancias a quienes mejor satisfacen las necesidades de los consumidores, garantiza la existencia de los bienes y servicios deseados, y los recursos hacia ese tipo de producción son atraídos por los mayores niveles de ganancia. Los productores se sienten presionados siempre por la competencia para lograr ser más eficientes. Esta es básicamente la lógica del mercado como la desarrolló Adam Smith.

Este enfoque fue ampliado por primera vez por Charles Tiebout (1956) al análisis de la eficiencia de los gobiernos locales, asimilando el consumidor al votante, que de la misma forma que, de acuerdo con sus necesidades, elige en el mercado el que considera mejor bien o servicio, elige también la comunidad “que mejor satisface sus preferencias por bienes públicos” (p. 183). Según Tiebout, a nivel del gobierno central, las preferencias del consumidor-votante están dadas y el gobierno trata de ajustarse a ellas; mientras que, en el ámbito de los gobiernos locales, estos tienen sus ingresos y gastos más o menos fijados y el consumidor-votante se traslada al gobierno local que mejor satisfaga su juego de preferencias. Cuanto mayor sea el número de comunidades y mayor la diferencia entre ellas, más se acercará el consumidor a su posición preferida, como sucede en el mercado.

Pero el mismo argumento de Tiebout puede extenderse a la competencia entre distintos estados “nacionales”, en la medida que la migración y el flujo de capitales, ideas y tecnologías sean posibles. Los gobiernos centrales estarían, entonces, sujetos también a la competencia de otros gobiernos nacionales en la provisión de servicios, algo que las corrientes migratorias parecen confirmar.

Así, la opción de “salida” reemplaza a la prueba del mercado de la preferencia para comprar un determinado bien o servicio, lo que garantiza entonces que cada localidad tendría el sistema de ingresos y gastos que refleja los deseos de sus residentes (p. 185). Es decir: como el mercado alcanza la “eficiencia”, la competencia entre gobiernos locales también la alcanza a ese nivel de gobierno. Tiebout parafrasea a Samuelson diciendo que “cada individuo, tratando, como comprador competitivo, de alcanzar los mayores niveles de indiferencia, dados precios e impuestos, será guiado como por una mano invisible a la gran solución del óptimo social”.

Los autores de la Escuela de la Elección Pública (public choice) o la “economía política constitucional”, que ya hemos visto, no suponen el carácter benevolente del gobierno y presentan el mismo argumento de Tiebout, pero con un enfoque diferente. Según ellos, la lógica del análisis de Adam Smith es la misma que la de los Papeles Federalistas. En ambos casos contienen el supuesto de que los individuos, incluyendo a los funcionarios del gobierno, actúan en pos de su propio interés y tratarán de utilizar el poder gubernamental en ese sentido, a no ser que se vean restringidos por la posibilidad de que la gente pueda buscar protección, o preferir a otros funcionarios de otros niveles o regiones.

Así, distintos autores  destacan que, dada la posibilidad que ofrece la opción de “salida”, el proceso de competencia entre los gobiernos locales limitaría las posibilidades de tales gobiernos de abusar de sus ciudadanos y empresas. Y destaca Buchanan que no es necesario que esa opción sea ejercida por una gran parte de la población, sino que los efectos se sentirían igual con que una proporción relativamente pequeña lo hiciera. Incluso los ciudadanos y empresas que nunca considerarían trasladarse serían protegidos por la reconocida existencia de aquellos que marginalmente están dispuestos a hacerlo. En este sentido, el federalismo y la descentralización servirían para limitar las posibilidades de abuso e ineficiencia, tanto del gobierno federal como de los gobiernos locales: del primero, porque los recursos se encuentran repartidos entre distintos niveles de gobierno; de los segundos, porque existe la posibilidad de movilizarse.

Buchanan señala, además, que incluso si los ciudadanos y las empresas no están dispuestos a ejercer la opción de “salida”, la existencia de pequeñas unidades de jurisdicción gubernamental mejora la otra opción, la de “voz”: es decir expresar su opinión mediante los mecanismos democráticos de gobierno, ya que un voto resulta más decisivo en un electorado de cien que en uno de mil o de un millón. Además, es más fácil organizar un pequeño grupo —que puede resultar en una coalición ganadora— en una jurisdicción pequeña.

Y aunque no se utilizara la opción de “salida”, existiría la de “salida virtual”, que es la observación de cómo se manejan las cosas en otras jurisdicciones y los efectos que esto pueda tener en el proceso político interno. Por ejemplo, en la caída del socialismo, si bien la salida de ciudadanos fue importante, especialmente en el caso de Alemania, la observación de las economías, la cultura y la política en los países occidentales por los ciudadanos de Europa Central y Oriental cumplió un papel destacado en las revoluciones de 1989-1991.

Por otro lado, la “salida” no tendría que ser necesariamente física; no requeriría el traslado físico del individuo o la empresa para garantizar la competencia. Ribstein y Kobayashi (1997) afirman que la existencia de distintos sistemas legales en un estado federal origina una competencia potencial entre ellos, en tanto en cuanto las personas y empresas puedan elegir la jurisdicción legal de su relación contractual. Esto es evidente en el ámbito del comercio y las finanzas internacionales, donde las partes eligen en muchos casos la autoridad judicial a la que se someterán en caso de disidencias con respecto al cumplimiento del contrato; pero también sucede entre Estados siendo un ejemplo de esto el establecimiento legal de las empresas en los Estados Unidos, las que eligen los estados que les otorgan mejores sistemas legales, no siendo estos los mismos en que tales empresas tienen su sede central y sin siquiera tener operaciones en tales estados.

Migraciones: ¿positivas o negativas? Son parte de la competencia institucional entre los países (X)

Conclusión

La primera conclusión es sencilla, y hasta obvia: refugiados e inmigrantes buscan dejar atrás aquellos países o jurisdicciones donde la mala calidad institucional da como resultado violencia, terror, hambrunas o pobreza; y pretenden alcanzar aquellos de mejor calidad institucional donde ésta permite la existencia de más y mejores oportunidades de progreso.

En definitiva es la verificación de una vieja ley de la economía: los recursos se trasladan en busca de sus usos más valiosos, y ese movimiento seguirá presente en tanto existan esas diferencias y hasta que desparezcan. Por supuesto, las cambiantes condiciones mantienen ese proceso en permanente movimiento, pero en el fondo con esa tendencia. En este caso, los seres humanos somos ese “recurso” productivo que se mueve buscando esas mejores condiciones. Si bien el estricto análisis económico focaliza su análisis en las diferencias de ingresos monetarios como el motor de esos movimientos, lo cierto es que tomamos nuestras decisiones en razón de una muy diversa variedad de motivos que nos impulsan a actuar para mejorar la situación en las que nos encontramos. Todas ellas, económicas o económicas, sea la búsqueda de mayores ingresos, de mejores oportunidades futuras, de paz y tranquilidad, de posibilidades educativas, de libertad religiosa, de mejor clima, de mayor sociabilidad, tienden a presentarse como más accesibles en los países que nuestro análisis muestra como de mayor calidad institucional.

Es que ésta es la que permite que estas condiciones existan. Por supuesto que hay algunas que son ajenas a la calidad institucional, tal el clima, por ejemplo; otras que a veces están más presentes en países de menor calidad institucional, tal como la sociabilidad; pero en términos generales la voluntad que manifiestan los emigrantes para alcanzar estos países es la mejor señal de lo que están buscando.

Aunque muy lentamente, se produce a nivel global un proceso de competencia entre las distintas jurisdicciones de la que la salida y entrada de migrantes es un efecto y un indicador. La calidad institucional es un elemento fundamental en esa competencia y pone presión sobre los países, porque aquellos con buena calidad atraen recursos y los de peor calidad los expulsan, como a los emigrantes. Parece haber una tendencia de largo plazo hacia una mejora de esa calidad institucional, aunque muchos eventos presentes o de un pasado cercano generan ciertas dudas y, sin dudas, retrocesos. Un proceso que parece impulsado por esa competencia. En el pasado, esa competencia tenía un contenido básicamente militar; con la llegada del capitalismo y la globalización es esencialmente comercial y económica. Aunque, como vemos, la primera no ha dejado de estar presente: los refugiados son el resultado de la competencia militar; los emigrantes de la económica.

Cerrar las puertas a ambos limita esa competencia, arriesga reemplazar la competencia económica por la militar. Por cierto, el proceso no está exento de costos, pero podemos razonablemente esperar que continúe ejerciendo presión para lograr una mejora institucional en los países donde hoy no existe y mejoren así las oportunidades de progreso para sus habitantes.

Algo nuevo: “Behavioral Public Choice”, ¿cómo llamarlo, tal vez el análisis económico de la conducta política?

Con los alumnos de la materia Public Choice, vemos el trabajo de Schnellenbach, Jan; Schubert, Christian sobre un campo nuevo en esta área, “behavioral public choice” o, ¿cómo traducirlo? ¿análisis económico de la conducta política?. El paper se titula “Behavioral public choice: A survey” Freiburger Diskussionspapiere zur Ordnungsökonomik, No. 14/03; Freiburger Diskussionspapiere zur Ordnungsökonomik, No. 14/03 (2014). Disponible en: http://hdl.handle.net/10419/92975 Walter Eucken Institut; ORDO Constitutio in Libertate. Algunos párrafos:

“En el origen de la teoría de Public Choice se encuentra un llamado para alinear los supuestos motivacionales que subyacen en el estudio de la política con los de la economía. Se asume típicamente que la gente maximiza su utilidad subjetiva tanto en el mercado (como productores o consumidores) como en la política (como votantes, políticos, burócratas o lobbystas). Como enfatiza Brenna (2008), sin embargo, esa simetría motivacional no se traslada necesariamente a simetría conductual, dados los débiles incentivos para invertir en una toma de decisiones racional en el campo de las decisiones colectivas. Esto ocurre particularmente con los votantes, cuya conducta perfectamente racional puede llevar a resultados colectivos catastróficos, porque los mecanismos individuales de aprendizaje en la política son mucho más débiles y más indirectos que los del mercado.

Por ello, se espera que los sesgos cognitivos jueguen un papel tan importante en la política como en el mercado. La teoría de Public Choice es, por lo tanto, uno de los campos que muy probablemente se beneficiará de aplicar conceptos de la economía conductual (behavioral economics). Sorprendentemente, estos enfoques son relativamente nuevos en Public Choice. Tal vez se explique porque los académicos de PC se enfocaron originalmente en exportar el enfoque de la elección racional a áreas de no-mercado, y no consideraron modificar sus propios métodos analíticos (Wallerstein, 2004).

Al aplicar enfoques conductistas al Public Choice, afirmando que los individuos son más proclives a sesgos y otros problemas cognitivos cuando entran la arena política no ha de ser el fin de la historia. Más bien, un análisis sistemático de los desvíos del supuesto básico de conducta racional es requerido. Por ello, muchos autores han alentado a los académicos a que se aventuren más allá  de los supuestos básicos de racionalidad y maximización de utilidad (p. ej., Simon 1995; Ostrom 1998; Kliemt 2005).”…

“Hay un cierto número de ancestros del Behavioral Public Choice (BPC). No sorprende que Adam Smith se haya adentrado en este territorio cuando especulaba, primero, que una razón clave para la existencia del gobierno es la protección de la propiedad privada de transgresiones que se alejen de la conducta “razonable” (que, para Smith, implicaba actuar moralmente). Segundo, argumentaba que los individuos racionales van a subinvertir en la calidad de las decisiones políticas: como observara George Stigler, Smith era un pesimista al respecto, en el sentido de que ‘daba un papel más importante a la emoción, el prejuicio y la ignorancia en la vida política de lo que diera alguna vez en los asuntos económicos ordinarios’ (Stigler 1982). Luego de Smith, la creencia que los individuos pierden algo de su capacidad de razonamiento cuando entran en la esfera política puede encontrarse en Mill (1948), quien defendiendo al laissez-faire advertía sobre la conducta de ‘manada’ en la política, la incompetencia debida a la falta de especialización, malos incentivos debido al pequeño interés personal en juego en las decisiones gubernamentales y el peligro que los individuos perdieran su capacidad de contribuir voluntariamente a los bienes públicos si se acostumbraban a delegar más y más competencias en el estado.”

Soluciones “institucionales”, o podríamos decir “voluntarias”, “comunitarias”, a las supuestas fallas de mercado

Con los alumnos de OMMA Madrid, en la material Economía e Instituciones, vemos la provisión voluntaria de bienes públicos, del capítulo “Soluciones Institucionales”:

En cuanto a la provisión de bienes públicos, la respuesta casi inmediata es que deben ser provistos por el Estado, ya que el mercado sería incapaz de hacerlo. El caso típico, presentado por distintos economistas, es el de un faro, en relación con el cual la imposibilidad de excluir a quien no pague, una vez que la luz es emitida, daría como resultado una conducta de free rider, que trataría  de evitar el pago, dado que es imposible evitar que vea la señal de todas formas. El ejemplo aparece en John Stuart Mill, Henry Sidgwick y Alfred C. Pigou, con ese mismo argumento de la “no exclusión”, y reaparece en Paul Samuelson con otro adicional, según el cual no tendría sentido excluir a los que no pagan, ya que no hay congestionamiento en el servicio; es decir, no hay ningún costo extra, si un barco más observa la señal del faro para guiarse. En este caso no solamente sería improbable que el sector privado proveyera los faros, sino que, de poder hacerlo, no sería conveniente, ya que cada barco desincentivado para navegar por dichas aguas debido al pago del peaje por los servicios del faro, representaría una pérdida económica social

Conocida es la respuesta de Coase (1974) a este ejemplo, después de estudiar la historia de los faros en Inglaterra y demostrando que durante varios siglos fueron financiados y administrados por los dueños de barcos y emprendedores privados. Durante varios siglos, en Gran Bretaña, los faros fueron construidos y mantenidos por Trinity House (Inglaterra y Gales), los Comisionados de Faros del Norte (Escocia) y los Comisionados de Faros en Irlanda, cuyo presupuesto provenía del Fondo General de Faros, formado a su vez por los cargos que pagaban los armadores de buques. Esto en cuanto se refiere a los faros que ayudaban a la navegación general, ya que los faros de tipo “local” eran financiados por los puertos, que recuperaban los gastos en que incurrían mediante los cargos que hacían a quienes los utilizaban.

Había pocos faros antes del siglo XVII. Trinity House era una institución que evolucionó desde un gremio de navegantes en la Edad Media, que en 1566 obtuvo el derecho a proveer y regular las ayudas a la navegación, que incluyen, además de los faros, boyas, balizas y otras marcas.

Coase (p. 360) sostiene que “a comienzos del siglo diecisiete, Trinity House estableció faros en Caister y Lowestoft. Pero no fue sino hasta fines de ese siglo que construyó otro. Entretanto la construcción de faros había sido realizada por individuos particulares. De 1610 a 1675 Trinity House no construyó ningún faro nuevo. Por lo menos diez fueron construidos por individuos particulares”. Trinity House se oponía a estas iniciativas privadas, pero los particulares evitaban el incumplimiento del control de tal organización obteniendo una patente de la Corona, que les permitía construir el faro y cobrar el peaje a los barcos que supuestamente se beneficiaban del mismo.

La intervención de la “Corona” y el cobro de un “peaje” parece indicar la participación estatal, por más que el faro fuera construido por algún particular. Es decir: se necesitaría el poder estatal para tener la posibilidad de cobrar peajes, en forma coercitiva, a los barcos que transitaran por tal ruta marítima. Pero no era este el caso. Coase subraya que el particular presentaba una petición de los armadores y operadores de buques sobre la necesidad del faro, el beneficio que obtendrían con él y su voluntad para pagar el peaje, por lo que se trataba de una operación voluntaria y el Estado participaba simplemente porque se había adueñado de la autoridad para erigirlos, ya que el acuerdo entre armadores y operadores y el particular se podría haber realizado de todas formas, sin seguir obligatoriamente ese camino, pues los primeros aceptaban voluntariamente el pago y no actuaban como free riders.

He aquí un tema importante, ya que, según la teoría de los bienes públicos de Mill/Sigdwick/Pigou/Samuelson, todos buscarían su beneficio inmediato, consistente en no tener que pagar dicho peaje, sabiendo que, una vez que el faro estuviera allí, no podrían excluirlos de su uso, y que, actuando todos de esa forma, el cobro del peaje y la provisión privada serían imposibles. Sin embargo, esto no ocurría; evidentemente había otros elementos que llevaban a una conducta diferente, entre los cuales podemos destacar dos: un sentido de cooperación entre los armadores, aunque fueran competidores entre sí, o que no se le diera importancia al hecho de que algunos pasarían por allí y recibirían el servicio gratuitamente.

Buscando algún ejemplo más cercano en el tiempo y el espacio, ya vimos que los residentes de Buenos Aires no tienen que ir más lejos del río junto al que se asienta su ciudad. Allí, en el canal por el que el río Luján desemboca en el Río de la Plata, hay una serie de boyas con la inscripción “UNEN” y una numeración. Esta sigla significa “Unión Nacional de Entidades Náuticas”, que reúne a los distintos clubes náuticos privados. La provisión de esta señalización proviene de aportes voluntarios privados, que realizan estos clubes, y en definitiva de las cuotas sociales que pagan sus socios. No parece que estos actúen como free riders e incluso, si algún barco pasa por allí y no pertenece a ninguno de esos clubes, ello no constituye impedimento para que los demás se organicen, y provean y mantengan este sistema de señales. Y no solo eso: los mismos clubes tienen en sus entradas sobre la costa balizas rojas y verdes, con el obvio fin de ayudar a sus socios en la maniobra de entrada y salida, pero brindando también un servicio gratuito a quienes pasan por allí. Nuevamente, la existencia de estos free riders no frena o limita la provisión de tales servicios.

¿Habría más señales de ese tipo, si pudiera cobrar a esos free riders? Depende de con qué se lo compare: si es con una supuesta condición ideal, parecería que sí, y en tal caso esa comparación daría como resultado una “falla” del mercado, pero Coase y Demsetz (en Cowen, pp. 107-120) denominan a esto “el enfoque Nirvana”: es decir, algo así como comparar las imperfecciones de este mundo con el ideal del Paraíso, dado que lo que corresponde es comparar arreglos institucionales alternativos; en este caso, esta provisión voluntaria privada, con una posible provisión estatal. En el caso de las boyas UNEN mencionadas, su misma existencia es una demostración del “fracaso de la provisión estatal”, ya que los clubes lo han hecho ante la inacción pública al respecto.

Comenta Coase una historia de notable espíritu emprendedor, relacionada con el famoso faro de Eddystone, erigido en un peñasco, a veinte kilómetros de Plymouth. El Almirantazgo británico recibió un pedido para construir un faro y Trinity House consideró que era imposible; pero en 1692 el emprendedor Walter Whitfield hizo un acuerdo con Trinity House, por el que se comprometía a construirlo y a compartir las ganancias. Nunca llegó a construirlo, pero sus derechos fueron transferidos a Henry Winstanley, que negoció un acuerdo mejor: recibiría todas las ganancias durante los primeros cinco años y luego los repartiría en partes iguales con Trinity House, durante otros cincuenta años. Construyó primero una torre y luego la reemplazó por otra, cuya conclusión tuvo lugar en 1699, pero una gran tormenta lo destruyó en 1703, cobrándose la vida de Winstanley y de algunos de sus trabajadores. Dice Coase (p. 364): “Si la construcción de faros hubiera quedado solamente en manos de hombres motivados por el interés público, Eddystone hubiera permanecido sin faro por largo tiempo. Pero la perspectiva de ganancias privadas asomó nuevamente su horrible cara”.

Otros dos emprendedores, Lovett y Rudyerd, decidieron construirlo de nuevo, y el acuerdo se pactó en mejores términos: una concesión por noventa y nueve años, con una renta anual de cien libras y el cien por cien de las ganancias para los constructores. El nuevo faro se completó en 1709 y operó hasta 1755, cuando fue destruido por un incendio. La concesión, que tenía todavía unos cincuenta años por delante, había pasado a otras manos y los nuevos propietarios decidieron construirlo nuevamente, para lo que contrataron al mejor ingeniero de esos tiempos, John Smeaton, que completó una nueva estructura de piedra en 1759, que se mantuvo operando hasta 1882, cuando fue reemplazado por una estructura nueva, elaborada por Trinity House.

Según Coase, un informe del Comité de faros de 1834 reporta la existencia de cuarenta y dos faros en manos de Trinity House, tres concesionados por ella a individuos, siete concesionados por la Corona a individuos particulares, cuatro en manos de propietarios según distintos permisos, un total de cincuenta y seis, de los cuales catorce estaban en manos privadas, amparados por distintos acuerdos de propiedad. Trinity House, recelosa de la competencia, y argumentando que bajo su égida los peajes serían más bajos, terminó consiguiendo el monopolio de los faros y todos quedaron bajo su órbita.

En una respuesta directa a Mill, Sidgwick, Pigou y Samuelson, Coase concluye: “… los economistas no deberían utilizar los faros como un ejemplo de servicio que puede ser provisto solamente por el Estado. Pero en este trabajo no se intenta resolver la cuestión de cómo debería organizarse y financiarse el servicio de faros. Eso deberá esperar estudios más detallados. Entretanto, los economistas que deseen señalar un servicio como mejor provisto por el Estado, deberían utilizar un ejemplo que tenga más fundamento” .

Demsetz y Hayek sobre el origen de la propiedad, como fenómeno evolutivo que surge para superar la escasez

Con los alumnos de Economía e Instituciones en OMMA Madrid vemos dos artículos sobre la institución social más importante: el derecho de propiedad. El primero presenta una teoría económica para explicar el origen y la utilidad del DP, por Harold Demsetz. El segundo es de Hayek, un capítulo de su libro “La Arrogancia Fatal”. Algunos párrafos:

“Nadie que valore la sociedad civilizada osará recusar la propiedad plural. La historia de una y otra están íntimamente ligadas. Henry Sumner Maine 

La propiedad…, por lo tanto, es intrínsecamente inseparable de la economía humana en su modalidad social. Carl Menger

El hombre está capacitado para disfrutar de las libertades civiles en la misma medida en que esté dispuesto a contener sus apetitos, sometiéndolos a algún condicionamiento moral; lo está en la medida en que su amor por la justicia prevalece sobre su rapacidad. Edmund Burke

 Hayek

La libertad y el orden extenso

  Establecido que, en definitiva, fueron la moral y la tradición —más que la inteligencia y la razón calculadora— las que permitieron al hombre superar su inicial estado de salvajismo, parece razonable también situar el punto de partida del proceso civilizador en las regiones costeras de Mediterráneo. Las posibilidades facilitadas por el comercio a larga distancia otorgaron ventaja relativa a aquellas comunidades que se avinieron a conceder a sus miembros la libertad de hacer uso de la información personal sobre aquellas otras en las que era el conocimiento disponible a nivel colectivo o, a lo sumo, el que se encontraba en poder de su gobernante de turno el que determinaba las actuaciones de todos. Fue, al parecer, en la región mediterránea donde por primera vez el ser humano se avino a respetar ciertos dominios privados cuya gestión se dejó a la responsabilidad del correspondiente propietario, lo que permitió establecer entre las diferentes comunidades una densa malla de relaciones comerciales. Surgió la misma al margen de los particulares criterios o veleidades de los jefes locales, al no resultar posible entonces controlar eficazmente el tráfico marítimo. Cabe recurrir a la autoridad de un respetado investigador (al que ciertamente no se puede tildar de proclive al mercado) que se ha expresado en los siguientes términos:

  “El mundo greco-romano fue esencial y característicamente un mundo de propiedad privada, tratárase de unos pocos acres o del las inmensas posesiones de los emperadores y senadores romanos; era un mundo dedicado al comercio y a la manufactura privados” (Finley, 1973:29).

  Tal orden, basado en la integración de muchos esfuerzos orientados al logro de una pluralidad de metas individuales, sólo devino posible sobre la base de eso que yo prefiero denominar propiedad plural, expresión acuñada por H. S. Maine y que considero más adecuada que la de “propiedad privada”. Si aquélla constituye la base de toda civilización desarrollada, correspondió en su día, al parecer, a la Grecia clásica el mérito de haber por vez primera advertido que es también intrínsecamente inseparable de la libertad individual. Los redactores de la Constitución de la antigua Creta “daban por sentado que la libertad es la más importante aportación que el Estado puede ofrecer; y precisamente por ello, y por ninguna otra razón, establecieron que las cosas perteneciesen indubitablemente a quienes las adquirieran. Por el contrario, en los regímenes en los que prevalece la esclavitud todo pertenece a los gobernantes” (Estrabón, 10, 4, 16).”

Para algunos países, el dinero que ingresa por remesas es el principal ingreso de divisas y alto % del PIB (IX)

Paper sobre la cuestión migratoria:

  1. Los emigrantes ayudan al resto de la población pobre

Esta no es, en realidad, un tema de debate, simplemente la consideración de un hecho que debe ser tenido en cuenta. La llegada de los emigrantes, tanto refugiados como laborales, acerca a quienes provienen de sociedades con baja productividad debido a la escasez de capital invertido a otras donde su productividad es mucho mayor. Esto les genera ingresos muy superiores a los de los lugares de donde han partido, siendo éste uno de los principales incentivos para emigrar. Y esos mayores ingresos se han convertido en el programa de ayuda más importante y con mayor sustento moral que pueda imaginarse: las remesas.

El Banco Mundial estima que las remesas en 2015 alcanzaron la suma de 588.199 millones de dólares , unas cuatro veces más que toda la ayuda internacional. Para algunos países se ha convertido en su principal ingreso. Por ejemplo, las remesas son un 41,7% del PIB de Tayikistán, un 30,3% del de Kirguistán o un 29,9% del de Nepal. En cuanto a América Latina se refiere, significan el 22,4% del PIB de Haití, el 17,8% del de Honduras, 16,8% en el caso de El Salvador, 15,7% para Jamaica, 10,2% para Guyana, 9,9% en Guatemala o 9,7% para Nicaragua.

Estos fondos que quienes han emigrado y prosperado ahora remiten al resto de la familia que quedó en el país de origen, se han convertido en un enorme programa social, de tal magnitud que en varios países de, por ejemplo, Centroamérica, el ingreso de remesas se ha convertido en el ítem más grande de su balanza de pagos. Es decir, ingresan más dólares por remesas que los que ingresan por la venta de cualquier otro producto que exporten.

Las remesas son el símbolo de las personas y las familias ayudándose a sí mismas, en base a su propio esfuerzo y a su prosperidad. Pocos resultados de la migración son tan loables y efectivos como éste.