Más sobre la economía del bienestar, el superávit del consumidor, el tabaquismo y las advertencias publicitarias

La revista Regulation, del Cato Institute, cumple 40 años y trae algunos artículos que analizan la evolución de las regulaciones en ese período. Pero antes de verlos, es interesante este artículo de Pierre Lemieux, que se refiere a las regulaciones sobre las advertencias gráficas en los cigarrillos, pero que considera la cuestión de la economía del bienestar, el excedente del consumidor y el análisis de beneficios y costos. Van algunos párrafos: https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2017/3/regulation-v40n1-4.pdf

“Durante décadas, la literatura de salud pública ignoró el método económico y consideró el tabaquismo como una enfermedad involuntaria que sólo tenía costos y ningún beneficio. Contrariamente a la economía del bienestar ya los análisis de costo-beneficio, la teoría y la promoción de la salud pública se basaron en las preferencias de quienes realizan la investigación y la promoción. En sus declaraciones de política pública, la investigación en salud pública era casi científica. Esto no es sorprendente porque la salud pública contemporánea es más un movimiento político que un campo científico de estudio. (Ver “Los peligros de la salud pública”, otoño de 2015.)

A partir de la década de 1980, varios economistas mostraron que la investigación en salud pública sobre los costos y beneficios del tabaquismo era metodológicamente errónea. Los investigadores en salud pública no tuvieron en cuenta los beneficios subjetivos de los fumadores. Confundían los costos privados y externos, suponiendo que la productividad de un fumador pertenece a la “sociedad”. Confundían costos reales y meros traslados. Cometían muchos otros errores elementales. En un artículo del British Journal of Addiction de 1989, los economistas A. Markandya y D.W. Pearce escribió: “La conclusión primordial sobre la literatura empírica debe ser que las diversas estimaciones producidas generalmente carecen de fundamento en una teoría adecuada del costo social”. Muchos otros economistas mostraron que, con una contabilidad adecuada de los costos, no había un costo externo neto de fumar. La demostración fue devastadora, o debería haber sido.

En la década de 1990, el Banco Mundial vino al rescate del movimiento antitabaco. Esta organización reunió a un grupo de economistas que comenzaron a hacer el análisis costo-beneficio en su cabeza. Afirmaron que los fumadores no tenían el excedente del consumidor que creían tener porque carecían de información completa sobre las consecuencias para la salud del tabaquismo y porque eran adictos al tabaco. Su argumento era irregular, pero se podría argumentar que fue una gran mejora sobre el desierto metodológico de la defensa de la salud pública. (Véase “La economía del tabaco del Banco Mundial”, otoño de 2001.)

Sin embargo, los economistas del Banco Mundial fueron prudentes. “Los fumadores claramente reciben beneficios del tabaquismo”, admitió un cuarteto de autores que incluía al conocido economista Frank Chaloupka en un libro de 2000 patrocinado por el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, “de lo contrario no pagarían por hacerlo”. Kenneth Warner, profesor del Departamento de Gestión y Política de Salud de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Michigan y otro economista externo del Banco Mundial, escribió que “el tabaco produce utilidad para algunos miembros de la sociedad” y “esto La utilidad merece el reconocimiento (y tal vez algún respeto) en la planificación de una política de control óptima “.

Nueve “economistas prominentes”

Esta prudencia pronto fue rechazada. Una vez descubierto el truco del excedente de los cultivos, los economistas dirigistas y los activistas de salud pública se convirtieron rápidamente en adictos a esta nicotina metodológica. Ellos eran asistidos por el elitismo del campo en desarrollo de la economía conductual, que tiende a rechazar el valor normativo de las preferencias individuales.

Hoy, los economistas revisionistas y sus nuevos ventiladores de la salud pública abiertamente demandan que el análisis estándar del coste-beneficio no se aplica al tabaco. Los fumadores mal informados y adictos no pueden tomar decisiones racionales y prácticamente no tienen excedentes de consumo, afirman. Por ejemplo, nueve economistas, presentándose como “un grupo de economistas prominentes”, hicieron este argumento en un artículo de Control del Tabaco de 2014. Criticaron a la FDA por tomar el análisis de costo-beneficio demasiado en serio cuando evaluó los beneficios sociales y los costos de las advertencias gráficas (antes de que su mandato fuera anulado por un tribunal).

Los “economistas prominentes” rechazaron los “supuestos de la teoría económica tradicional” y declararon que “casi todo el” placer perdido “del uso del tabaco, tal como se representa por el excedente del consumidor medido convencionalmente, no debería ser incluido como costo en los análisis de la FDA Económico de sus reglamentos sobre el tabaco “. Es breve, escribieron,” nos parece inapropiado medir el área bajo una curva de demanda para definir el bienestar “.

El control del tabaco es una criatura interesante en sí mismo. A pesar de todas las campanas y silbidos de una revista revisada por pares, se parece más a un órgano activista del movimiento contra el tabaquismo. Kenneth Warner, uno de los economistas raros asociados con el control del tabaco y el presidente de su consejo editorial, fue uno de los firmantes del artículo. Tanto Warner como Chaloupka ejemplifican a los economistas que han descartado el excedente del consumidor al tratar con el tabaco.

Antes del artículo sobre el control del tabaco de 2014, la FDA no era un portaestandarte del análisis de costo-beneficio ni un brillante defensor del excedente del consumidor. Su análisis de costo-beneficio de 2011 -el criticado en el artículo de los nueve economistas- reconoció que “el concepto de excedente del consumidor es una herramienta básica de la economía del bienestar”. Esta herramienta no podía ser rechazada si se realizaba un “análisis completo y objetivo” A realizarse de acuerdo con las directrices federales. Sin embargo, sugirió recortar el 50% del excedente del consumidor de los fumadores, frente al 75% propugnado por el Banco Mundial y el artículo sobre el control del tabaco.

Las manipulaciones de la FDA y los nueve economistas son bastante complicadas y desordenadas. El “análisis de costo-beneficio” del gobierno australiano hizo todo más fácil simplemente rechazando el excedente del consumidor por completo. Invocando a los “economistas prominentes”, un resumen de dos páginas en el informe concluye que “la pérdida del excedente del consumidor no es una consideración apropiada con respecto a las intervenciones de control del tabaco” porque fumar no representa la “verdadera preferencia” de los fumadores.”

Esta modificación ad hoc a la metodología económica estándar viola las propias reglas del gobierno australiano para el análisis de costo-beneficio, que no mencionan ninguna posibilidad de incluso reducir el excedente del consumidor. Por el contrario, su Manual de Análisis de Costo-Beneficio claramente afirma: “Un principio básico es que los bienes valen lo que la gente está dispuesta a pagar por ellos”. Pero cuando usted quiere absolutamente probar algo, incluso los principios básicos no deben ser obstáculos.”

Regulaciones sobre los cigarrillos: buen caso para analizar la economía del bienestar y el cálculo de costos y beneficios

La revista Regulation, del Cato Institute, cumple 40 años y trae algunos artículos que analizan la evolución de las regulaciones en ese período. Pero antes de verlos, es interesante este artículo de Pierre Lemieux, que se refiere a las regulaciones sobre las advertencias gráficas en los cigarrillos, pero que considera la cuestión de la economía del bienestar, el excedente del consumidor y el análisis de beneficios y costos. Van algunos párrafos: https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2017/3/regulation-v40n1-4.pdf

“Análisis de costo-beneficio es la aplicación práctica de la economía del bienestar, un campo de la teoría económica. Proporciona un método para evaluar las políticas, programas y proyectos del gobierno de acuerdo con su contribución al “bienestar social”, es decir, a la utilidad o bienestar de todos los individuos en la sociedad. Rescindir los costos sociales de la política de sus beneficios sociales da el cambio en el bienestar social.

La economía del bienestar y el análisis de costo-beneficio están en el lado normativo de la economía. Lo que debe hacerse es la pregunta. En vez de importar una noción externa de lo que es moral o bueno, tradicionalmente los economistas han usado preferencias individuales como criterio último. Las preferencias individuales constituyen el fundamento de la metodología costo-beneficio: todos los costos y beneficios se definen desde el punto de vista de las preferencias subjetivas de los individuos involucrados.

Los costos sociales son el costo total de los recursos reales (mano de obra y capital) utilizados en el proyecto o la política bajo consideración. Se hacen de costos privados (o internalizados) y costos externos. Los costos internalizados son soportados por las partes dispuestas en una transacción y esas partes tienen un amplio incentivo para considerar los costos al decidir si deben operar. Del mismo modo, las partes consideran naturalmente los beneficios internalizados. Los costos externos, también llamados externalidades negativas, son costos reales que se trasladan a terceros no dispuestos; Un ejemplo clásico es la contaminación. Del mismo modo y simétricamente, los beneficios sociales son la suma de los beneficios privados para los individuos y de los beneficios externos generados por terceros.

La principal fuente de beneficios privados es el “excedente del consumidor”, definido como la diferencia entre lo que los individuos estarían dispuestos a pagar por un bien o servicio (o actividad) y el precio que pagan efectivamente. Técnicamente, es el área bajo la curva de demanda menos gastos de consumo. Es el beneficio neto que obtienen los consumidores. Como economista del bienestar y experto en costo-beneficio E.J. Mishan escribió: “El superávit del consumidor es el concepto más crucial en la medición de los beneficios sociales en cualquier cálculo social costo-beneficio”.

El significado normativo del excedente del consumidor proviene de que se basa enteramente en las preferencias individuales, es decir, en cada individuo que evalúa lo que es bueno o malo para sí mismo. Una nota importante: estamos hablando, por supuesto, de las preferencias de los adultos. Por definición, los niños necesitan tutores obligatorios; Los adultos no. Así es como los niños y los adultos se distinguen legalmente en una sociedad libre. Sólo en una filosofía en el polo opuesto de la economía normativa estándar podría el estado reclamar la paternidad sobre los ciudadanos adultos.

Según la economía del bienestar, la intervención del gobierno se requiere si y sólo si las externalidades están presentes; De lo contrario, los mercados libres maximizan automáticamente el bienestar social. Cuando el gobierno considera intervenir, el análisis costo-beneficio trata de determinar si la intervención resultará en más (mayor) beneficios que (aumento) de los costos.

En el caso de la política de control del tabaco, el análisis estándar costo-beneficio equipararía el costo social de la política al costo real de implementación (costos de cumplimiento y cumplimiento privado), más la pérdida en el excedente del consumidor de los fumadores. Los beneficios de la política incluirían cualquier posible aumento del excedente del consumidor de no fumadores, por ejemplo, a través de la reducción de la absorción involuntaria del humo de segunda mano (suponiendo que hay algún daño mensurable e inevitable allí).

Los costos de la atención de la salud de fumar sería una cuestión para cada fumador a considerar cuando él trae su demanda de tabaco para el mercado. La salud y la productividad del fumador adulto le pertenecen, por lo que su decisión de fumar implica sólo costos privados, que (en su evaluación) son inferiores a los beneficios subjetivos que obtiene al fumar. Obsérvese que los gastos de salud subsidiados no son un costo real, sino simplemente una transferencia, que en el caso del tabaquismo va de los fumadores a los no fumadores, ya que los primeros mueren más jóvenes y recaudan menos en las pensiones públicas.”

Los países de mayor apertura comercial son también los de mayor calidad institucional. La apertura limita al poder

Los países de mayor apertura comercial son países de mayor calidad institucional porque esa apertura limita la discrecionalidad de los gobernantes, reduce las presiones para obtener esos u otros privilegios y “protecciones” y empodera a los consumidores, no a los distintos sectores de interés. Una estructura institucional permeable a las presiones desata una carrera por obtener privilegios que termina convirtiendo a la política en una rapiña a obtener a costa de los consumidores, quienes pagan también como ciudadanos ya que el estado desatiende las necesidades generales de la población para convertirse en un instrumento de la distribución de rentas hacia quienes tienen más éxito político o poder de fuerza para presionar.

Mejorar la calidad institucional demanda muchos esfuerzos en distintos frentes, pero el resultado final es más y mejores oportunidades de progreso. El mercantilismo populista nunca ha llevado a esto, todo lo contrario.

La amenaza de retirar a Estados Unidos de las negociaciones para un tratado de libre comercio en el Pacífico, las amenazas del nuevo gobierno norteamericano de dar marcha atrás con el acuerdo comercial que tiene con México (no está claro si pretende lo mismo con Canadá) y la salida de Inglaterra de la Unión Europea serían pasos negativos, a menos que la alternativa fuera la apertura unilateral tanto sea de Estados Unidos como de Inglaterra, que no parece ser el caso, especialmente en el primero de ellos.

Esos tratados, si bien no brindan los beneficios del libre comercio, cumplen un objetivo “institucional”, ya sea porque fuerzan mejoras institucionales que serían difíciles de implementar a través del sistema político local (México en el TLCAN o NAFTA) o porque consolidan y bloquean reformas ya realizadas (los TLCs firmados por Chile, por ejemplo). En el primer caso, un Acuerdo Comercial Preferencial (ACP) se convierte en un condicionante externo para cambios que resulta difícil alcanzar internamente en países de la baja calidad Institucional y también en una barrera para el deterioro en aquellos de mejor calidad. En el primer caso se lo llama muchas veces “importación de instituciones”. En el segundo, es por el temor a que ese consenso no se obtenga en el futuro, a que políticas puedan deteriorar la calidad institucional, que no funcionen los límites internos, y de esta forma se impone un límite externo que cumple la función de “limite al poder” que la política local no puede alcanzar. Ambos casos implican “atarse las manos”, o tal vez más preciso, comprar límites al poder que la política interna es incapaz de proveer.

En particular, esos tratados (y, por supuesto, más aún el libre comercio unilateral) pueden poner freno a presiones proteccionistas locales, si es que por alguna circunstancia prefieren una limitación a la capacidad de lobby que puedan tener productores locales.

No es casualidad tampoco que los países de mayor calidad institucional sean más abiertos al comercio internacional y tengan más tratados preferenciales firmados. Salir de ellos sería una ventaja solamente si fuera para avanzar hacia el libre comercio, pero los mensajes recientes muestran que la intención es ir en sentido contrario.

Dinero y banca: una introducción al origen de los bancos, la creación secundaria de dinero y el manejo de las reservas

Con los alumnos de Proceso Económico II, de la UFM, vemos temas introductorios de dinero y banca. Ahora, sobre el origen de los bancos y sus primeras prácticas, del libro de Julio Cole, Dinero y Banca: 

“Generalmente se acepta que la banca moderna se origina en Italia, pero eso ha sido cuestionado por algunos autores, ya que los primeros bancos italianos—el Banco de Venecia fundado en 1171, y el Banco de San Jorge, fundado en Génova en 1320—de hecho no realizaban muchas de las funciones actualmente desempeñadas por los bancos comerciales. Si se considera que la función distintiva del banco comercial es la aceptación de depósitos a la vista transferibles mediante cheque, entonces los primeros orígenes se remontan al Banco de Barcelona, fundado en 1401, aunque una investigación más meticulosa probablemente revele orígenes más antiguos.

En los siglos XV y XVI se produjo un cambio en las rutas comerciales, y la supremacía comercial en Europa pasó del Mediterráneo a los países del Norte, y el poder financiero también pasó gradualmente al Norte de Europa. Como consecuencia, fueron las prácticas bancarias desarrolladas en estos países las que hubieron de determinar la posterior evolución de la banca moderna.

2.2.1. La necesidad de una nueva moneda estable para promover el intercambio comercial.

De los bancos establecidos en el Norte de Europa en este período, podemos tomar como representativo al Banco de Ámsterdam. Habiéndose convertido Holanda en un importante centro del comercio mundial, el banco fue inicialmente establecido en 1609 para manejar la heterogénea gama de monedas que los comerciantes holandeses recibían de todas partes del mundo. El principal objeto del banco era proporcionar una moneda estable que pudiera facilitar y promover el intercambio comercial. El banco aceptaba en depósito monedas de todo tipo, tamaño y peso, muchas de ellas desgastadas o adulteradas, las pesaba y evaluaba su contenido metálico, y abonaba en la cuenta del depositante el valor metálico de las monedas depositadas, o entregaba un recibo o certificado por el depósito. Estos certificados pasaban de persona en persona y servían como medio circulante, aunque eran redimibles en el banco por el metal que representaban. Los ingresos del banco provenían de una comisión cobrada sobre cada nuevo depósito, y se entendía al principio que el banco se manejaría sobre la base de 100 % de reservas metálicas: se esperaba que el banco mantuviera en sus bóvedas en todo momento la cantidad total de dinero metálico depositado (aunque no en la misma forma física en que había sido depositado).

Las cuentas de los depositantes eran abonadas en términos de una misma unidad de cuenta que representaba una determinada cantidad de dinero metálico de determinada pureza. La contraparte física de tales cuentas no pertenecía al banco sino a los depositantes, quienes pagaban al banco por el servicio de servir como depositario. Eventualmente, sin embargo, el banco empezó a dar en préstamos parte de las reservas metálicas que se le habían confiado en custodia. Esto gradualmente destruyó la confianza en el banco, y cuando uno de sus grandes prestatarios quebró en 1794, el Banco de Ámsterdam también entró en bancarrota.

2.2.2. El Abuso de las Reservas.

Este fue una de las primeras de una larga y triste lista de quiebras bancarias que se extiende a lo largo de los siglos. La mayoría de estas quiebras se debieron a la misma causa: la creación por parte de los bancos de obligaciones depositarias, pagaderas en dinero en efectivo, en una cantidad muy por encima de sus reservas de dinero en efectivo.”

El mercantilismo proteccionista no sólo deteriora la calidad institucional, también frena cambios competitivos

El avance del proceso de globalización en las últimas décadas ha generado notables resultados en términos de incremento de los ingresos per cápita, reducción de la pobreza, de la mortalidad, del hambre y hasta de la violencia y las guerras. Esos cambios han impactado negativamente en algunos sectores que pierden competitividad y ven caer su actividad. Algunos líderes populistas, y Donald Trump es un claro ejemplo de esto aunque el populismo estuviera siempre asociado a países de menor calidad institucional y particularmente a los de América Latina, utilizan demagógicamente esta circunstancia prometiendo e imponiendo una supuesta “protección” que sólo puede ofrecer un pequeño alivio a corto plazo pero que termina siempre en estancamiento y condena a los sectores menos competitivos a continuar siéndolo.

Así, las amenazas proteccionistas de Trump, si bien pueden tener éxito en esos sectores, llegan en el momento en que las empresas han realizado ya los ajustes necesarios para recuperar su productividad y competitividad.

Un estudio de la consultora internacional Boston Consulting Group (The Shifting Economics of Global Manufacturing: How Cost Competitiveness is Changing Worldwide, 2014), señala:

“Durante la mayor parte de las tres últimas décadas, un concepto rústico del mundo ha guiado las decisiones de inversión y abastecimiento de las empresas. América Latina, Europa oriental y la mayor parte de Asia han sido consideradas regiones de bajos costos. Los Estados Unidos, Europa y Japón han sido consideradas de costos elevados.

Pero esta visión global está anticuada. Años de cambio constante en los salarios, la productividad, los costos de la energía, los valores de las monedas y otros factores están rediseñando dramáticamente el mapa global de la competitividad en los costos de la industria. El nuevo mapa se parece en forma creciente a un entramado de economías de bajos costos, de costos elevados y muchas en el medio, en todas las regiones.

En algunos casos, los cambios en los costos relativos son asombrosos. ¿Quién hubiera pensado hace una década que Brasil sería uno de los países de altos costos industriales, o que México podría ser más barato que China? Mientras Londres se convierte en uno de los lugares más caros en el mundo para vivir y visitar, el Reino Unido se ha vuelto el productor industrial de más bajos costos en Europa. Los costos en Rusia y buena parte de Europa oriental han casi igualado a los de Estados Unidos”.

Y señala más adelante: “Las estructuras de costos en México y los Estados Unidos han mejorado más que todas las otras 25 economías exportadoras de mayor tamaño” (p. 5).

Esa mejora en la eficiencia productiva fue impulsada por las presiones e incentivos que genera la competencia y el libre comercio (y en el caso de Estados Unidos y México el TLCAN). El mercantilismo que muestra el ahora presidente Trump solamente pondrá freno a este proceso que ya estaba en marcha y dando resultados, que no fueron, obviamente, todavía visibles para los votantes.

El mercantilismo populista amenaza tanto los beneficios del comercio internacional para los consumidores, como la calidad institucional de los países que buscan cerrarse a la competencia. De forma similar a como la presión competitiva mueve a las empresas manufactureras a mejorar su productividad y eficiencia, favoreciendo tanto a quienes trabajan en ella como a los consumidores, la apertura comercial intensifica la competencia institucional que conduce a mejoras en la calidad de las instituciones.

La apertura al comercio internacional mejora la calidad institucional porque expone a los países a la competencia

El comercio impacta en las instituciones porque la movilidad de los bienes y servicios, al igual que la de las personas, somete a las jurisdicciones nacionales a una cierta competencia y limita las posibilidades de abusar del poder en beneficio de algunos y en perjuicio de otros.

La ciencia política define al Estado como el “monopolio de la coerción”, quien monopoliza ese recurso para que podamos dejar atrás el “estado de naturaleza” y convivir pacíficamente. La palabra monopolio implica ausencia de competencia y esto así ocurre en un determinado territorio. De hecho, cuando ese monopolio es cuestionado, hay problemas, y puede serlo tanto interna como externamente.

No obstante, la creciente movilidad de los factores de producción, trabajo, capital, tecnologías, ideas, somete a esos monopolios a una mayor competencia. Eso es resultado de lo que ahora denominamos “globalización”. En cierto sentido, entonces, los estados “compiten” entre sí atrayendo o expulsando recursos.

La apertura económica y comercial mejora la opción de “salida”, reduce las posibilidades de que los ciudadanos, como consumidores, vean restringidas sus posibilidades de elección y queden atrapados en la protección y el privilegio de ciertos grupos económicos locales que aprovechan el favor gubernamental para obtener ventajas a costa de los consumidores. El consumidor puede “salir” de bienes o servicios que no satisfacen correctamente sus necesidades y “entrar” en otros que sí lo hacen, o lo hacen igual pero a menor costo.

Como productores, la apertura comercial y económica le permite optimizar las cadenas de producción, proveyéndose de insumos y servicios en la forma más eficiente. La globalización es, precisamente, la internacionalización de estas cadenas. Tanto los productos o servicios que producimos como aquellos que consumimos recorren un camino internacional, reciben insumos o los proveen como parte de un proceso que se origina en ciertos países, que reúne elementos elaborados en distintas jurisdicciones para luego distribuirlos en todo el mundo. Incluso en servicios hasta ahora tan locales como la educación este proceso está vigente: utilizamos conocimiento desarrollado todo el mundo, recibido a través de textos o distintas tecnologías impresos o generados en diversidad de localidades, ofrecemos capacitación tanto a alumnos locales o extranjeros que se trasladan o que reciben las clases en forma virtual.

Estas posibilidades de “salida” y “entrada” que permite la globalización limitan la capacidad de los gobiernos de abusar su poder. Tomemos el ejemplo de la educación. Supongamos que un gobierno autoritario impone a sus ciudadanos un cierto contenido (una cierta ideología, una cierta religión) o impide algún tipo de contenido. En tanto y en cuanto los ciudadanos tuvieran la libertad de comerciar, este control sería imposible. Por eso todo intento totalitario viene acompañado con comercio restringido. Por otro lado, si un gobierno intervencionista quisiera privilegiar a un cierto sector a costa de todos los consumidores, tampoco podría hacerlo si éstos tuvieran la posibilidad de “salir” de los productos privilegiados y elegir los que estiman más convenientes. Las restricciones al comercio son los instrumentos por los que gobiernos buscan redistribuir ingresos en favor de unos y a costa de otros.

La ausencia de libre comercio, entonces, deteriora la calidad institucional porque viola un derecho básico que las instituciones están llamadas a proteger: el derecho de propiedad y su libre disposición. También convierte al estado en una herramienta para obtener privilegios, alienta a los políticos a aprovechar estas posibilidades y desvía la atención de grupos productivos hacia obtenerlos en lugar de enfocar sus esfuerzos hacia los consumidores. Las posibilidades de corrupción se multiplican cuando restricciones comerciales pueden determinar el margen de ganancias, o de pérdidas, de un negocio.

Voto con los pies: además de la consulta popular la semana pasada, ya emigraron dos millones de venezolanos

Relial, la Red Liberal de América Latina, ha publicado una nueva edición de su revista “Mirada Liberal”, disponible aquí: http://relial.org/biblioteca/libro/migracion-y-libertades-2017

Este número está dedicado al tema de las migraciones. Entre otros interesantes artículos, y dada la situación dramática que se vive en estos días, copio el artículo de María Teresa Romero sobre Venezuela:

“El actual gobierno de Nicolás Maduro –como el anterior de Hugo Chávez– se ha negado a publicar estadísticas, pero entre los registros de inmigrantes de otros países y los de varios estudios de expertos en la materia, en 2015 eran unos dos millones de venezolanos los que habían abandonado Venezuela desde que el denominado Socialismo del Siglo XXI llegó al país, en 1999; una migración semiforzada ante las cada vez más deterioradas condiciones políticas, económicas y sociales nacionales.

Sin embargo, ya se está hablando de cifras mucho mayores. Sólo en los Estados Unidos, se dice que la cifra actual de venezolanos legales e ilegales para este 2017 llegó al millón y medio. En 2015, sólo los residenciados legalmente en ese país se estimaban en unos 260,000; una cantidad ya entonces contrastante con la de 1980 que no pasaba de 33,000 inmigrantes. También en 2015 se produjeron casi 20,000 movimientos migratorios hacia España, un 53% más que en 2014, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Colombia, un reciente artículo del diario El Tiempo, señala lo siguiente: “Pese a que la oficina de Migración de Colombia tiene reportados 40,000 venezolanos viviendo legalmente y calcula que estén 60,000 irregularmente, una investigación liderada del sociólogo y experto en migración venezolana Iván De la Vega, profesor de la Universidad Simón Bolívar, realizada con colegas y alumnos del Laboratorio Internacional de Migraciones (LIM), revela que son 900,000 los venezolanos -incluyendo los que tienen doble nacionalidad- (el 1.8% de nuestra población), los que han llegado al país en los últimos 20 años, por el efecto de la llamada ‘revolución bolivariana’ y la crisis social en ese país”. http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/venezolanos-lamigracion-mas-grande-en-la-historia-del-pais-72872

Según el sociólogo Tomás Páez de la Universidad Central de Venezuela, autor de uno de los pocos estudios confiables sobre el tema titulado La voz de la diáspora venezolana, la emigración masiva producida en el país hasta el 2015 “implica al 6 o 7% de la población, y de manera indirecta no menos de la mitad de la población, entre familiares y amigos, tiene a alguien fuera de Venezuela” http://www.elconfidencial.com/mundo/2016-08-30/venezuela-emigracion-maduro-chavez-diaspora-petroleo_1252510/

En todo caso, cifras considerables, sin precedentes en la historia venezolana y que aumenta cada día en más de 90 países del mundo y de forma alarmante debido a sus impactos más negativos que positivos, no sólo para la sociedad venezolana, sino para el continente americano y en general para todos los países receptores de esta nueva ola migratoria.

La dispar situación de vida del migrante

Es cierto, como señalan numerosos expertos, que la mayoría de los migrantes venezolanos han sido jóvenes profesionales de clase media, altamente formados con estudios universitarios, que han logrado insertarse bien en el mercado laboral de los países de acogida. Pero en la   medida que la crisis política, económica, y humanitaria se incrementa en Venezuela, con niveles de inflación y de inseguridad jurídica y personal de los peores del mundo, emigran al exterior más connacionales de las clases bajas y de todas las edades, buena parte de ellos de forma ilegal. Ello ha declinado ostensiblemente las condiciones de vida de la denominada diáspora de origen venezolano, que en muchos casos están padeciendo grandes necesidades de trabajo y salud.

En la ciudad de Miami en los EE.UU, por ejemplo, la creciente cantidad de familias que han llegado entre 2016 y 2017 desde Venezuela buscando asilo político o quedándose en el país como ilegales -muchas de ellas durmiendo en automóviles y debajo de puentes-, ha hecho que las autoridades migratorias, policiales y otras del gobierno tomen medidas, y que varias asociaciones de venezolanos se organicen para protegerlos. Ya en éste y otros países están evaluando leyes de atención especial para migrantes venezolanos, como se hizo anteriormente con los migrantes cubanos.

En Curazao y otras islas caribeñas vecinas a Venezuela, las autoridades aseguran, aunque sin dar números precisos, que es un hecho que en el último año se ha incrementado de manera preocupante el número de migrantes venezolanos que llegan a las islas para quedarse a vivir en forma ilegal. Llegan por aire y tierra, como turistas e incluso escondidos en balsas pesqueras. Varios reportajes periodísticos de cadenas televisivas, como la mexicana-estadounidense Telemundo, han confirmado en forma audiovisual estos hechos.

Uno de los sectores de migrantes más afectados ha sido el de las mujeres. A la vecina Colombia, por ejemplo, llegan diariamente mujeres embarazadas y en condiciones de pobreza. “Tanto así que solo en los dos primeros meses de este año, ya han sido atendidas 82 mujeres de ese país en la clínica Rafael Calvo, de Cartagena”. http://blogs.eltiempo.com/campamento-de-los-mojados/2017/03/29/embarazadas-pobres-e-inmigrantes-una-travesiade-venezuela-a-colombia/

Pero también en ese país y en muchos otros viven venezolanas en condición de prostitución. Así, en el último informe de la Oficina de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Panamá, se establece:

“Se observa un incremento de mujeres procedentes de Venezuela para ejercer la prostitución en Panamá, lo que debe analizarse más exhaustivamente para verificar las condiciones en las que llegan al país y si la actividad realizada responde a una decisión personal o es fruto de haber sido captada por alguna red de trata”. http://elestimulo.com/climax/venezuela-exporta-prostitutas-a-panama/

Otro sector fuertemente afectado es el de la tercera edad y el de jubilados y pensionados que, debido a la crisis nacional y las medidas del gobierno de Nicolás Maduro, hace más de un año no reciben ningún tipo de ingreso desde Venezuela. La situación deplorable en que viven ha producido varias manifestaciones públicas dentro y fuera del país, así como iniciativas para tratar de solventar la situación con los gobiernos, partidos y grupos de la sociedad civil de los países receptores. Recientemente en España, por ejemplo, la muy dinámica Asociación de Pensionados y Jubilados de Venezuela en la Comunidad de Madrid, logró que el Partido Popular, el Grupo Popular y Grupo Ciudadanos españoles aprobaran una iniciativa de apoyo financiero para paliar la situación.

Impactos más negativos que positivos

Sin duda, el resultado de esta migración masiva es que Venezuela está sufriendo una pérdida significativa de capital humano, en especial en materia de talento profesional y mano de obra calificada, lo que significa un descenso de población en edad de trabajar. La revista The Economist señaló en 2015 que nuestro país, junto a Serbia, había alcanzado el segundo lugar en la “fuga de cerebros” del mundo. Ello genera innumerables efectos negativos para el desarrollo político, económico, y sociocultural venezolano e, inclusive, en el ámbito familiar, ya que muchas familias han quedado desintegradas. También hay repercusiones negativas para los países recipientes de esa migración, derivando en cambios de políticas migratorias, de seguridad y salud, entre otras, así como en sentimientos nacionalistas antiinmigración. Si en Venezuela continúa profundizándose la dictadura y el estancamiento económico, podría generarse una imparable ola migratoria. En 2016, ya la ONU alertó sobre esta posibilidad.

Pero esta movilidad también ha traído consigo efectos positivos, como mayor conocimiento, inversión y aprendizaje e integración socio-cultural. Son muchas las empresas venezolanas grandes que han debido trasladarse a los países vecinos para seguir operando, y son numerosos los pequeños empresarios que han surgido a causa de la diáspora venezolana, todo lo cual está generando empleos y nuevos productos que favorecen a los demás países, que ojalá retornen al país.”

Calidad institucional en América: Chile, que lidera las posiciones entre los latinoamericanos, ¿puede cambiar de rumbo?

Canadá y Estados Unidos intercambian liderazgos en uno u otro subíndice y las islas caribeñas muestran mejores resultados en las políticas que en las económicas. Otros como Chile, Guatemala o México tienen mejor desempeño en las económicas. El análisis detallado de cada caso, junto al desempeño en cada indicador visto antes, permitiría destacar cuáles son las áreas que más requieren atención y reforma en cada uno de los países. Ese análisis no se presenta aquí, pero se puede realizar con los datos existentes.

Conclusión

El panorama institucional en América Latina y en los países de mayor calidad muestra una situación de alguna forma contrapuesta. América Latina parece abrir las puertas a una mejora en su calidad luego del agotamiento de modelos populistas. Por otro lado, el marco institucional de los países de mayor calidad se ve amenazada por el avance del populismo que América Latina busca dejar.

Curiosamente, Chile, el país de mejor calidad institucional en América Latina, muestra señales similares a la de los países con los que comparte la tabla; las presiones populistas son fuertes y luego de años de estabilidad ha comenzado a caer, aunque poco por el momento. Es de esperar que no exista un movimiento de confluencia por el cual los países que están ahora más abajo suban, y los que están arriba caigan, acercándose todos en el medio, ya que beneficia a todos que la mejora sea general.

Calidad de las instituciones políticas y de mercado en América: hay diferencias, pero los buenos, son buenos en ambas

Los diferentes desempeños en cuanto a las instituciones políticas y de mercado se muestran en la siguiente tabla:

País Política País Mercado
9 Canadá 0,9398 6 Estados Unidos 0,9495
18 Estados Unidos 0,8708 8 Canadá 0,9274
19 Barbados 0,8607 23 Chile 0,8392
23 Santa Lucía 0,8326 42 Costa Rica 0,7109
24 San Vicente y las Granadinas 0,8265 48 Panamá 0,6852
26 Uruguay 0,8158 49 Santa Lucía 0,6724
28 Bahamas 0,8102 50 Perú 0,6597
29 Costa Rica 0,8021 59 Bahamas 0,6285
30 Chile 0,8003 62 México 0,6194
38 Dominica 0,7813 64 Jamaica 0,6093
40 San Kitts y Nevis 0,7687 66 Colombia 0,5953
50 Grenada 0,6971 67 Dominica 0,5908
56 Antigua y Barbuda 0,6669 71 Uruguay 0,5815
61 Jamaica 0,6390 72 Guatemala 0,5804
66 Surinam 0,6154 74 San Vicente y las Granadinas 0,5641
69 Belice 0,5938 83 El Salvador 0,5332
71 Trinidad y Tobago 0,5815 88 Barbados 0,4950
76 Panamá 0,5588 89 República Dominicana 0,4923
78 Brasil 0,5482 96 Trinidad y Tobago 0,4560
88 Guyana 0,4868 98 Honduras 0,4474
94 El Salvador 0,4735 106 Nicaragua 0,4202
98 Perú 0,4595 108 Antigua y Barbuda 0,4105
100 República Dominicana 0,4490 112 Paraguay 0,3982
102 Colombia 0,4465 117 Brasil 0,3312
104 Argentina 0,4358 118 Belice 0,3304
121 Bolivia 0,3587 125 San Kitts y Nevis 0,3000
126 México 0,3437 132 Grenada 0,2789
127 Paraguay 0,3396 134 Surinam 0,2721
135 Nicaragua 0,3026 137 Guyana 0,2652
143 Ecuador 0,2769 141 Ecuador 0,2447
148 Guatemala 0,2670 145 Haití 0,2333
149 Cuba 0,2644 159 Argentina 0,1806
151 Honduras 0,2517 160 Bolivia 0,1727
157 Haití 0,2227 185 Venezuela, RB 0,0274
180 Venezuela, RB 0,0942 189 Cuba 0,0112

 

Canadá y Estados Unidos intercambian liderazgos en uno u otro subíndice y las islas caribeñas muestran mejores resultados en las políticas que en las económicas. Otros como Chile, Guatemala o México tienen mejor desempeño en las económicas. El análisis detallado de cada caso, junto al desempeño en cada indicador visto antes, permitiría destacar cuáles son las áreas que más requieren atención y reforma en cada uno de los países. Ese análisis no se presenta aquí, pero se puede realizar con los datos existentes.

Los componentes de la calidad institucional en los países de América: Canadá lidera en cinco, Estados Unidos en dos

En relación a los componentes del ICI, América muestra estos resultados:

País Rule of Law Voz y rend. Libertad prensa Corrupción Comp. global Heritage Lib Econ Fraser Lib Ec. Haciendo negocios
Antigua y Barbuda 0,6316 0,7059 0,6634 0,4105
Argentina 0,2249 0,5931 0,4851 0,4400 0,2464 0,0562 0,0252 0,3947
Bahamas 0,7129 0,8186 0,8465 0,8629 0,8315 0,6855 0,3684
Barbados 0,8230 0,9167 0,8861 0,8171 0,4855 0,7528 0,3522 0,3895
Belice 0,2632 0,6716 0,8465 0,3427 0,2327 0,4158
Bolivia 0,1148 0,4706 0,4950 0,3543 0,1304 0,1067 0,2327 0,2211
Brasil 0,5024 0,6029 0,5446 0,5429 0,4203 0,3202 0,2264 0,3579
Canadá 0,9522 0,9608 0,8861 0,9600 0,8986 0,9719 0,9497 0,8895
Chile 0,8708 0,7647 0,7030 0,8629 0,7609 0,9663 0,9245 0,7053
Colombia 0,4498 0,4608 0,4010 0,4743 0,5580 0,8202 0,2767 0,7263
Costa Rica 0,6938 0,8431 0,9059 0,7657 0,6159 0,7247 0,8239 0,6789
Cuba 0,3014 0,0637 0,0297 0,6629 0,0112
Dominica 0,7368 0,8284 0,7772 0,7829 0,7079 0,4737
Ecuador 0,1435 0,3873 0,2624 0,3143 0,3478 0,1124 0,1132 0,4053
El Salvador 0,3206 0,5098 0,6238 0,4400 0,2464 0,6517 0,7296 0,5053
Estados Unidos 0,9043 0,8137 0,8564 0,9086 0,9855 0,9438 0,9057 0,9632
Grenada 0,4928 0,7402 0,8069 0,7486 0,2789
Guatemala 0,1579 0,3431 0,3614 0,2057 0,4420 0,5449 0,7925 0,5421
Guyana 0,3636 0,5588 0,6535 0,3714 0,2921 0,1509 0,3526
Haití 0,1005 0,2549 0,4554 0,0800 0,1629 0,4843 0,0526
Honduras 0,1722 0,3235 0,2426 0,2686 0,3623 0,3708 0,6038 0,4526
Jamaica 0,4833 0,6667 0,8861 0,5200 0,4638 0,7360 0,5849 0,6526
México 0,3780 0,4363 0,2921 0,2686 0,6159 0,6573 0,4465 0,7579
Nicaragua 0,2823 0,3529 0,4208 0,1543 0,2464 0,3933 0,7044 0,3368
Panamá 0,5359 0,6520 0,5446 0,5029 0,6957 0,6348 0,7736 0,6368
Paraguay 0,2871 0,4412 0,3614 0,2686 0,1594 0,5393 0,4465 0,4474
Perú 0,3493 0,5441 0,5446 0,4000 0,5145 0,7303 0,6730 0,7211
República Dominicana 0,3828 0,5147 0,5842 0,3143 0,3406 0,5112 0,6541 0,4632
San Kitts y Nevis 0,6651 0,7696 0,8713 0,3000
San Vicente y las Granadinas 0,7225 0,8775 0,9059 0,8000 0,7809 0,3474
Santa Lucía 0,7273 0,8676 0,9356 0,8000 0,7921 0,5526
Surinam 0,4785 0,6324 0,7277 0,6229 0,2528 0,3899 0,1737
Trinidad y Tobago 0,5263 0,6422 0,7574 0,4000 0,3261 0,5955 0,4025 0,5000
Uruguay 0,7464 0,8333 0,7921 0,8914 0,4783 0,7753 0,5409 0,5316
Venezuela, RB 0,0096 0,1814 0,1287 0,0571 0,0652 0,0169 0,0063 0,0211
Promedio 0,4716 0,6013 0,6139 0,5270 0,4524 0,5346 0,5047 0,4714
Prom LA 0,3697 0,4985 0,4750 0,4418 0,4094 0,4826 0,4958 0,5053

 

Canadá ocupa el primer lugar en la región en cinco de los indicadores que forman el ICI (Rule of Law, Voz y Rendición de Cuentas, Percepción de la Corrupción y los dos de Libertad Económica); Estados Unidos lidera en dos (Competitividad y Haciendo Negocios), y comparten el primer puesto en Libertad de Prensa Costa Rica y San Vicente y las Granadinas. Es destacable que Canadá tenga esas posiciones tanto sea en cuanto a la seguridad jurídica, el funcionamiento de la democracia y la apertura de su economía. Las últimas posiciones nos muestran a Venezuela en cinco de ellos (Rule of Law, Corrupción, Competitividad Global, Libertad Económica Fraser y Haciendo Negocios) y a Cuba en los otros tres (Voz y Rendición de Cuentas, Libertad de Prensa y Libertad Económica Heritage), aunque en este caso hay que tener en cuenta que no figura en todos los índices tomados en cuenta[1]. Si consideramos solamente los países latinoamericanos, Chile encabeza las posiciones en cuatro indicadores (Rule of Law, Competitividad Global y los dos de Libertad Económica); Costa Rica en dos (Voz y Rendición de Cuentas y Libertad de Prensa; y luego Uruguay en Percepción de la Corrupción y México en Haciendo Negocios. Se nota también que el ámbito de los negocios no es de los mejores en la región latinoamericana, ya que quienes lideran los índices de Competitividad Global y Haciendo negocios tienen posiciones más bajas relativamente, que los que lideran en los otros.

Toda la región alcanza su peor promedio en Competitividad Global, luego Haciendo Negocios y Rule of Law. El mejor el Libertad de Prensa. Respecto a América Latina, su mejor promedio está en Voz y Rendición de cuentas y el peor en Rule of Law.

[1] Para estar incluido en el ICI un país tiene que figurar en no menos de cuatro de los índices considerados, y el menos uno en cada subíndice (política y mercado).