Vemos los capítulos 2 y 3. Fallas de Mercado y un tema nuevo:¿existen los bienes Públicos globales?

El proceso de globalización, o la movilización de recursos por todo el mundo, plantea, para algunos autores, no solo la necesidad de bienes públicos nacionales, sino también “globales”. Sus características principales serían (Kaul et al 1999, p. 2) las ya mencionadas de no exclusión y no rivalidad en el consumo, y que sus beneficios sean “cuasi universales” en términos de países —cubriendo más de un grupo de países—, pueblos —llegando a varios, preferiblemente todos—, grupos poblacionales y generaciones —extendiéndose tanto a generaciones presentes como futuras, o por lo menos cubriendo las necesidades de las generaciones actuales, sin eliminar las opciones de desarrollo para generaciones futuras—. En tales circunstancias, pocas cosas quedan fuera de esta definición y la lista de bienes públicos aumenta considerablemente.

Estos autores clasifican a los bienes en públicos puros y públicos impuros. Los primeros fueron definidos antes y a nivel global se presenta como ejemplo la paz, ya que, “cuando existe, todos los ciudadanos de un país pueden disfrutarla y su gozo, digamos, por poblaciones rurales no reduce los beneficios de las poblaciones urbanas”. Ya hemos comentado antes el grado de colectividad de la defensa; ahora se suman también en esta categoría la provisión de la ley y el orden, y un buen manejo macroeconómico. En cuanto a los bienes públicos impuros, serían aquellos que cumplen parcialmente con las características mencionadas: es decir, son parcialmente no rivales o parcialmente no excluyentes. Como ejemplo, Kaul y otros plantean el caso del consumo de una comida nutritiva, que a primera vista parece ser un bien privado, pero que también brinda beneficios públicos, ya que mejora la salud y con ella la posibilidad de adquirir habilidades para desempeñar un trabajo productivo, lo cual beneficiaría no solamente a la familia, sino también a la sociedad en su conjunto, pese a que los beneficios inmediatos sean mayormente privados.

Está claro que con esta definición no hay bien o servicio alguno que no tenga algún tipo de impacto en los demás. Y en tanto vivamos en sociedad, parece que esto es inevitable. La discusión no es que produzcan o no produzcan algún tipo de impacto, sino cómo considerar si ese impacto es negativo o positivo, siendo que las valoraciones son subjetivas, y si el Estado es el único capaz de proporcionar determinados bienes. Así, “males” públicos demandarían soluciones colectivas que serían “bienes” públicos, incluyendo, según Kaul y otros, las crisis bancarias, crímenes y fraudes en Internet, problemas sanitarios debidos al mayor comercio y transporte de personas, y también del incremento de actividades riesgosas, como el abuso de las drogas y el tabaquismo.

Un programa para aliviar la pobreza en África, por ejemplo, sería un bien público global si, además de mejorar la situación de esa población contribuyera también a prevenir conflictos, o a fortalecer la paz internacional, o a reducir el deterioro ambiental, o a mejorar las condiciones sanitarias globales. Las organizaciones internacionales y las ONG internacionales serían las que proporcionan este tipo de bienes públicos globales (Martin 1999).

Pero si se pudiera justificar la existencia de cualquier bien o servicio con efectos para terceros por el hecho de ser proporcionado por el Estado, o a través de organismos internacionales financiados por los Estados, o en última instancia por contribuyentes nacionales, entonces prácticamente “todo” tiene características de bien público. Un bien público “puro” no sería ya un bien económico, como en el caso del aire puro; y todos los demás serían “impuros” y sujetos a ser proporcionados mediante decisiones políticas, y no por la decisión de los consumidores tomadas en el mercado.

Stiglitz (1999), por ejemplo, considera que el “conocimiento sobre el desarrollo” es un bien público que debería ser provisto por instituciones como el Banco Mundial. Es cierto que las ideas tienen características de bien público, ya que, una vez producidas, su costo de reproducción es mas bien bajo. Esto lleva a dicho autor a pensar que serán “subproducidas” en el mercado, problema que se puede superar con la provisión pública. Sin embargo, el ejemplo no podría ser peor elegido: una gran cantidad de autores han escrito sobre el tema y propuesto enseñanzas sobre el mismo, desde Adam Smith en La riqueza de las naciones hasta una gran cantidad de autores contemporáneos. ¿Por qué hacen eso, si luego, cuando un país se desarrolla —siguiendo, por ejemplo, las enseñanzas de Adam Smith— este o sus sucesores no pueden excluir a quienes implementaron esas ideas y no pagaron por esos beneficios? En otros términos: una vez que dicen cómo se desarrolla un país, nadie parece que les va a pagar por ello; entonces no habría propuestas y el mercado fracasaría en proporcionarlas.

Nada de eso sucede en la realidad, sino todo lo contrario: hay un sinnúmero de libros y artículos sobre las causas del desarrollo económico; un activo mercado de ideas donde compiten las propuestas de Stiglitz con muchas otras. ¿Por qué ofrecen los autores estas ideas, si luego no pueden cobrar por ellas? Existe una gran cantidad de incentivos para hacerlo: el autor cobra un porcentaje por las ventas de sus libros; es invitado a conferencias donde recibe honorarios, viaja a lugares que nunca conocería de otra forma y se aloja en los mejores hoteles; puede llegar hasta recibir el Premio Nobel, que, además de ser un premio suculento, le garantiza un flujo de ingresos asegurado de ahí en adelante, como sabe muy bien el mismo Stiglitz, que lo ha recibido[1].

[1]. “Gran parte del conocimiento que se necesita para el desarrollo exitoso no es patentable; no es el conocimiento que subyace en nuevos productos o procesos. Más bien, es conocimiento fundamental: cómo organizar empresas, cómo organizar sociedades, cómo vivir vidas más saludables de forma que ayudan al medio ambiente. Es conocimiento que afecta la fertilidad y el conocimiento acerca del diseño de políticas económicas que promueven el crecimiento económico” (Stiglitz 1999, p. 318). “Las ideas presentadas hasta aquí dejan en claro que ese conocimiento es un bien público, y sin un apoyo público activo, habrá una sub-provisión de ese bien. Las instituciones internacionales, incluyendo al Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) cumplen un papel especial en la producción y diseminación de este conocimiento” (p. 319).

 

Provisión privada de bienes Públicos: juegos repetidos, economía experimental y sicología evolutiva

El Capítulo 6 del libro El Foro y el Bazar, considera los aportes teóricos que puedan sustentar la provisión privada de bienes públicos a partir de conductas cooperativas. En particular, analiza los aportes de la teoría de los juegos, la economía experimental y la sicologia evolutiva:

 La principal dificultad para lograr la provisión voluntaria de bienes públicos es el incentivo que el individuo tiene para ser free rider del esfuerzo de los demás; es decir, usuario gratuito de las contribuciones de otros. En la teoría de los juegos esa figura es modelada como la persona que traiciona, en lugar de cooperar en el dilema del prisionero. La conclusión de esto es que no podríamos esperar que los individuos cooperen voluntariamente.

El análisis de tales incentivos es correcto. Sin embargo, esto ocurre en tanto en cuanto nos encontramos en una situación de un juego único, de una sola jugada, ya que, en cuanto incorporamos la posibilidad de múltiples jugadas, el incentivo sirve para cooperar en lugar de traicionar. El contacto y la interrelación constante fomentan la cooperación. Este incentivo podría desaparecer si se conoce el momento en que el juego terminará, pero en la vida en sociedad la mayor parte de los juegos son continuos y no sabemos cuándo terminarán. Tomemos el caso de una relación laboral: las dos partes se encuentran en una relación continua, un contrato según el cual una parte ofrece su trabajo y el otro una paga determinada —en términos tan sencillos que no reflejan la complejidad de este intercambio—. Las dos partes saben también que esa relación puede terminarse en cualquier momento, por miles de circunstancias diversas. Pero no saben la fecha cierta de ese fin y mientras no lo sepan, el incentivo a cooperar se mantiene.

La economía experimental cuestiona el supuesto del individuo racional y maximizador de ingresos y prefiere verificar las conclusiones de la teoría de los juegos con gente de carne y hueso. Para ello diseña experimentos, como los del dictador o del ultimátum, en los cuales busca verificar esas conductas. Las respuestas son muy interesantes y contundentes: los individuos, incluso los estudiantes de economía, no se comportan de esa forma y muestran conductas de cooperación en porcentajes elevados. Esto abre el campo para analizar un individuo más complejo en sus conductas; permite considerar la posibilidad de cooperación voluntaria y también comprender las instancias de provisión de bienes públicos que veremos en el capítulo siguiente.

La psicología evolutiva aporta como conclusiones que esos incentivos a cooperar forman parte de nuestra estructura mental, desarrollada en largos procesos evolutivos. Es decir: venimos con un software que permite y estimula la cooperación, aunque no estemos determinados por ello para hacerlo.

Salud pública, preferencias sociales y preferencias individuales: presa fácil del paternalismo

En la revista Regulation, del Cato Insitute, Pierre Lemieux escribe un muy interesante artículo sobre la “salud pública” y cómo ha cambiado, desde un comienzo en el cual supuestamente proveía solamente ‘bienes públicos’, a una agenda política que busca imponer ciertas preferencias a la gente. El artículo original, aquí: http://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2015/9/regulation-v38n3-4.pdf

Van algunos párrafos:

Preferencias sociales frente a las preferencias individuales

Metodológicamente, la actual visión del mundo para la salud pública choca directamente con el enfoque económico. Expertos en salud pública, que por lo general provienen del campo de la medicina, ven al individuo como incapaz de realizar compensaciones para maximizar su propio bienestar. Compensaciones, por supuesto, deben hacerse: prácticamente todo implica un algún riesgo para la salud. Pero los expertos en salud pública han decidido que esos intercambios son mejor determinados por expertos como ellos, que supuestamente pueden apreciar mejor qué beneficios debe ser no percibidos a cambio de reducción de riesgos de salud.

Un buen ejemplo de esto es la justificación para la campaña de salud pública contra el consumo de tabaco. Scott Ballin, un experto en salud pública y activista, expresó la opinión de muchos de sus colegas cuando declaró que “no hay ningún aspecto positivo a [fumar]. El producto no tiene ningún beneficio potencial”. Para un economista, este razonamiento no tiene sentido. Los consumidores de tabaco no quieren algo que lleva sólo los costos (el precio de compra de productos de tabaco y los riesgos para la salud), por lo que el consumo de tabaco debe tener algún beneficio según lo juzgado por los consumidores mismos. No para los defensores de la salud pública quienes simplemente responden que la demanda del fumador se debe a la adicción, no al deseo de placer; muchos fumadores dejan de fumar y la mitad de los no fumadores son ex fumadores, así que “tabaquismo” no es “destino”.

Por otra parte, todo lo que nos gusta es difícil de abandonar, pero no significa que las personas son adictas a todo lo que les gusta. Otro argumento, a la vez sobreexplotado por el movimiento antitabaco, es que el consumidor es incompetente en cuanto a maximizar su utilidad, porque carece de información sobre los riesgos del consumo de tabaco. Esta línea de argumentación fue abandonada cuando los investigadores descubrieron que los consumidores generalmente sobrestiman el riesgo para la salud del hábito de fumar. Por otra parte, nadie parece más motivado que el individuo a sí mismo en la obtención de información (teniendo en cuenta el costo de la información) sobre decisiones que afectan su propia vida.

Paternalismo

En el último par de décadas, la economía del comportamiento ha argumentado que la racionalidad del consumidor es disminuida por limitaciones cognitivas. Los individuos tienden a dar más importancia a la información que confirma sus ideas preconcebidas (los sesgos de confirmación), dan demasiado crédito a información inmediatamente disponible (sesgo de la disponibilidad) y así sucesivamente. Algunos defensores de la salud pública aprovechan estas ideas para defender la participación de funcionarios públicos de salud en las opciones de salud de las personas. Sin embargo, un individuo es quien está probablemente en la mejor posición para tomar decisiones con respecto a su propia vida, aunque sólo sea porque todos, incluyendo los políticos y los burócratas — están sujetos a las mismas limitaciones cognitivas. Como sostiene la filósofo político de la Universidad de Richmond, Jessica Flanigan, “los expertos en salud pública son personas también.”

Salud pública: de la provision de un ‘bien público’, a la imposición de una agenda política (I)

En la revista Regulation, del Cato Insitute, Pierre Lemieux escribe un muy interesante artículo sobre la “salud pública” y cómo ha cambiado, desde un comienzo en el cual supuestamente proveía solamente ‘bienes públicos’, a una agenda política que busca imponer ciertas preferencias a la gente. El artículo original, aquí: http://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2015/9/regulation-v38n3-4.pdf

Van algunos párrafos:

Los peligros de la ‘Salud pública’

Pierre Lemieux

Pierre Lemieux es economista afiliado con el Departamento de Ciencias de la gestión de la Université du Québec en Outaouais. Su último libro es “¿Quien necesita puestos de trabajo? Difusión de la pobreza o aumentar el bienestar “(Palgrave Macmillan, 2014).

“Hasta finales de siglo XIX, la salud pública era en gran medida con lo que los economistas llaman “bienes públicos”. Un bien público es algo cuyo consumo es no rival (el consumo por un individuo no reduce el consumo de otro) y no excluyente (ningún consumidor, incluyendo free riders, puede ser excluido). La defensa nacional es el ejemplo más común: es difícil para un ejército proteger sólo algunas casas que pagan un “cargo en la defensa privado. Del mismo modo, el saneamiento básico y control de las epidemias de enfermedades infecciosas o la resistencia a los antibióticos pueden ser ejemplos de bienes públicos porque beneficia la salud de todo el mundo una vez que están disponibles.

La salud pública, sin embargo, ha sido tentada siempre por corrientes autoritarias. En el XIX y principios del siglo XX, la “higiene pública” se convirtió en “higiene racial” e “higiene social”. Un desarrollo paralelo fue el movimiento eugenésico, que tuvo como objetivo evitar que nacieran personas que se consideraban “no aptas” de aprobar por sus defectos genéticos y a veces simplemente eliminando esas personas en conjunto.

En América, salud pública y eugenesia florecieron durante la Era progresista. Aunque los dos movimientos no eran idénticos, tenían muchas similitudes y había compartido promotores. El fundador de la U.S. Food and Drug Administration, Harvey Wiley, figuraba entre los partidarios de un cirujano de Chicago que, en la última década de 1910, “permitió o aceleró la muerte de al menos seis niños que diagnosticó como eugénicamente defectuosos,” según el historiador de la Universidad de Michigan Martin Pernick. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de 1927 sosteniendo la involuntaria esterilización eugenésica invocó un caso de la vacunación obligatoria de 1905. Justicia Oliver Wendell Holmes explicó, “el principio que sustenta la vacunación obligatoria es lo suficientemente amplio como para cubrir el corte de las trompas del Falopio.”

Lo que antes era una preocupación por los bienes públicos se ha transformado en una cruzada social con una agenda política.

En 1920, Charles Edward Amory Winslow, profesor de salud pública de la Universidad de Yale, definió la salud como “el desarrollo de la maquinaria social para asegurar a todos un nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la salud”. En su Constitución de 1946, la Organización Mundial de la salud (OMS) declaró, “salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

El profesor de la Universidad de Illinois en Chicago Bernard Turnock, autor de un libro de texto actual en salud pública, reconoce “el amplio y creciente alcance del campo”. El dominio tradicional de interés de salud pública incluye biología, medio ambiente, estilo de vida y organización de servicios de salud”, escribe. La última versión de la enciclopedia de Stanford de la filosofía abre su artículo sobre la salud pública mediante la identificación de agencias de salud pública federal, incluyendo el centro para el Control de las enfermedades y la FDA, así como la Agencia de protección ambiental y la “Agencia de protección de consumidores” (los autores probablemente significan la Comisión de seguridad de productos de consumo o Buró de protección de la Comisión Federal de comercio del consumidor).

Salud pública abarca ahora las enfermedades no transmisibles y “epidemias de estilo de vida,” como el uso de tabaco y alcohol, así como la obesidad, cuestiones que están muy lejos del interés público. También se encuentran muchas condiciones o formas de comportamiento, como montar en moto, coche, posesión de armas de fuego, participar en “abuso de sustancias,” tener acceso imperfecto a la atención médica, ser pobre y así sucesivamente. Salud pública significa atención a  la salud y todo lo que está relacionado con la salud.

Por otra parte, «justicia social» se ha convertido en una característica esencial de salud pública: «Justicia Social», escribe Turnock, “es la base de  la salud pública”.

Justicia privada en entornos voluntarios: el caso de Perú, Chicago y los “punteros” políticos

Para analizar las soluciones voluntarias a problemas de externalidades o bienes públicos es interesante investigar un entorno donde, básicamente, el estado no está presente. Tal el caso de los barrios informales. Antes vimos el caso de La Cava, ahora Perú, Chicago y los “punteros” en Argentina:

En algunos casos las organizaciones informales administran justicia, básicamente sobre temas relacionados con la propiedad o el crimen. En este segundo caso, de Soto et al (1987, p. 30) relata el procedimiento, que permite la presencia tanto de la víctima como del acusado, testigos y jurados, en contraste con el sistema judicial formal en Perú donde no hay jurados. Las penalidades incluyen golpizas o el destierro que se acompaña con la pérdida de la propiedad. Si hay resistencia o la expulsión fracasa se permite que un nuevo habitante ocupe el espacio libre del predio del criminal reduciendo su derecho de propiedad informal. Para los homicidios el criminal es entregado a la policía o puede ser “linchado”, particularmente por la violación de menores.

En cuanto a las cuestiones relacionadas con la propiedad, el sistema judicial peruano nunca se ocupó mucho de resolver disputas y se trasladaban a las autoridades administrativas, que también estaban abarrotadas y eventualmente aceptaban las decisiones de las organizaciones informales. Los Jueces de Paz son usualmente solicitados para mediar pero no resuelven las disputas siguiendo la ley formal sino las normas extra-legales.

Los líderes de las organizaciones informales actúan como jueces de primera instancia y las Asambleas como segunda instancia en cuestiones de delimitación de la propiedad y los contratos de venta o alquiler.

Resulta importante destacar que las organizaciones informales que administran justicia sobre cuestiones de propiedad se encuentran en un entorno competitivo: sus líderes son removidos si no cumplen con las expectativas de los ocupantes tanto sea en cuanto a vínculos con las autoridades formales como la provisión de bienes públicos o la administración de justicia. De Soto et al también comentan que no tienen remordimiento alguno para cambiar de líderes sin tomar en cuenta su alineamiento político o ideológico (p. 28); una visión compartida por Cravino (2009, p. 163)  sobre las “villas miseria” de Buenos Aires, quien encuentra que los “delegados” toman decisiones e incluso imponen medidas de control de la “vida cotidiana (cómo construyen, si hacen ruido, si tienen conflictos con otros vecinos, etc)”. Ese entorno competitivo reduce los problemas de agencia y alinea las decisiones de los jueces más estrechamente con los valores de los ocupantes.

Zarazaga (2010a) ha investigado el papel que cumplen los llamados “punteros” en Argentina, activos en los barrios informales que prosperan encontrando y asegurando votos para ciertos líderes políticos a cambio de servicios de todo tipo. El “puntero” es un residente de larga data quien puede conseguir planes sociales, alimentos, o materiales de construcción a cambio de votos el día de la elección.  Los intendentes de estos distritos construyen una red jerárquica con estos “punteros” para lograr el control político y ser relectos. La mayoría de los intendentes de los suburbios de Buenos Aires, donde se enfoca la investigación de Zarazaga, han sido relectos muchas veces. Pero si bien el voto es la recompensa para el político, el puntero puede quedarse con una parte del salario de los residentes o incluso con favores sexuales. Lo importante para nuestras consideraciones es que se trata de un intercambio basado en la conveniencia y vacío de un contenido político real. El papel del “puntero” se basa en la reputación para conseguir los bienes y sabe muy bien cuáles son las necesidades específicas de cada uno y mantendrá su posición en tanto continúe entregándolos y esté disponible en cualquier momento del día. De otra forma son abandonados y removidos sin remordimiento.

Como parte de su investigación Zarazaga (2010b) entrevistó a 120 “punteros” en diferentes villas de Buenos Aires, 92% de los cuales tenían un promedio de 24 años de actividades sociales y políticas allí, 94% conocían la composición y necesidades específicas de cada familia a la que entregaban bienes y servicios, 92% conocía también las preferencias políticas del grupo. La reputación se obtiene “resolviendo problemas”, lo que incluye la resolución de disputas.

En Maquis Park, Chicago, Ill., Venkatesh (2006, p. 4) informa sobre servicios similares: “Big Cat (líder de la banda local) no solamente ayudaba a Marlene a controlar a los miembros jóvenes de la banda; también le daba dinero para fiestas del club de chicos de la cuadra, y miembros de su banda patrullaban el vecindario tarde a la noche porque la presencia de la policía era muy escasa”. Y en relación al papel de las iglesias: “El Pastor Wilkins pertenece a ese pequeño grupo de seis a diez sacerdotes (el número cambia con el tiempo) quienes son el primer punto de contacto por incumplimiento de contratos y disputas sociales entre sombríos negociantes –bandas callejeras, prostitutas y ladrones entre ellos. Estos pastores y ministros recuperan objetos robados, arreglan una relación rota entre la prostituta y su proxeneta, y evita que las batallas entre bandas callejeras terminen en una guerra. Un ministro estimó que, entre 1989 y 1995 ganó aproximadamente 10.000 dólares por esos servicios” (p. 258).

Soluciones voluntarias para problemas de externalidades y bienes públicos: el caso de La Cava

Con los alumnos de Economía e Instituciones, en OMMA Madrid, vemos ahora las posibles soluciones voluntarias a problemas de externalidades o bienes públicos, en el Capítulo 8 del libro El Foro y el Bazar. Allí presento un ejemplo basado en una investigación que realizáramos con Marcos Hidding Ohlson en el barrio de La Cava, San Isidro.

En presencia de costos de transacción, las negociaciones sobre los efectos de externalidades negativas son costosas y las soluciones voluntarias pueden fracasar. Esto ha llevado a muchos economistas a descartar este tipo de soluciones analizando estas situaciones como un observador externo que evalúa cuán elevados estos costos son.

Sin embargo, para los economistas austríacos los costos son subjetivos también e inherentes al individuo actuante. La valoración se hace evidente solamente como “preferencia revelada” en la acción. Por lo tanto, no es mucho lo que un observador externo puede decir excepto que si la transacción se ha realizado debe asumirse que las partes pensaron que “llevaría a un incremento en el valor de la producción”, y si no, que los costos subjetivos eran superiores a los beneficios subjetivos.

En un estudio de campo realizado en un barrio informal de los suburbios de Buenos Aires donde no existe una definición formal de derechos de propiedad en las viviendas, encontramos una gran número de soluciones informales (Hidding Ohlson & Krause, 2010).

San Isidro es una localidad a 30 kilómetros al norte del lugar donde fuera fundada la ciudad de Buenos Aires, una zona límite entre las áreas ocupadas, o más bien, transitadas por las tribus Guaraníes y Querandíes. Juan de Garay, su fundador, distribuyó parcelas en la costa norte del Río de la Plata entre sus hombres, hasta un poco más allá de San Isidro. Sólo dos siglos después comenzó a crecer un pequeño pueblo con ese nombre, el del santo patrono de Madrid, que completara su desarrollo gracias a la inmigración que se originara con el despegue económico de Argentina en la segunda mitad del siglo XIX.

Las extensas propiedades fueron parceladas y originaron un centro urbano, por un lado, y unos barrios residenciales con parcelas mayores y casas llamado Lomas de San Isidro. La Cava es un barrio informal, creado principalmente sobre tierras públicas, vecino al barrio residencial. En 1946 la empresa estatal de agua, Obras Sanitarias, solicitó este terreno al gobierno para utilizar su tierra roja como filtro de agua y para la fabricación de ladrillos, generando un pozo o “cava”, que le diera su nombre. La excavación llegó pronto hasta la napa de agua y el proyecto fue abandonado. El pozo fue rellenado parcialmente y comenzó a ser ocupado. Diferentes censos estiman la ocupación entre 1700 y 2100 viviendas y entre 8 y 11 mil habitantes, aunque alcanzó un número superior en el pasado.

En La Cava, solamente el 16% de los encuestados manifestó poseer un título de propiedad sobre su vivienda. Entre los restantes, el 17% dijo poseer un documento informal, consistente usualmente en una factura informal de compra/venta. En total, el 84% dijo no tener documentación formal. En promedio han habitado en la misma casa por 15 años, lo que muestra una baja rotación. Cuando se les preguntó cómo obtuvieron la vivienda, el 37% dijo haberla comprado mientras que el 26% la construyó. En muchos casos, crecieron como anexos de la casa de familia; el 6% dijo haber recibido la vivienda del gobierno.

Preguntamos a los habitantes de La Cava cómo resolvían los problemas que pudieran tener con vecinos cuando había algún conflicto relacionado con la coexistencia, tal como externalidades negativas. Por ejemplo, ¿qué sucede si un vecino escucha música a un volumen muy alto, o emite humos y olores desagradables? ¿Qué sucedía si existían problemas en cuanto a la delimitación de las viviendas o límites poco claros entre una y otra, o se construía un segundo piso bloqueando la luz o dañando la propiedad vecina? Las casas son precarias, pequeñas y muy contiguas y estas posibilidades son reales.

Confirmando las conclusiones desde una interpretación subjetiva del Teorema de Coase, el 76% manifestó que resolvían estos problemas hablando con el vecino. Preferían no tener intermediarios, ni del barrio ni de fuera de él, y buscaban evitar la violencia. Sólo en casos extremos acudían a ella, conscientes de que no pueden acudir a la justicia y que nunca se sabe cuando termina. Además, cuando la gente vive tan cerca entre sí, mantener una buena relación con los vecinos es un activo importante. Los casos que no se resuelven  se relacionan con la naturaleza, usualmente violenta, del  vecino, por lo que en esos casos prefieren asumir el costo de la externalidad antes que intentar una solución negociada.

Bienes públicos que justifican la provisión estatal, ahora “globales”. Con Star Wars llegarían los “galácticos”.

Con los alumnos de OMMA Madrid vemos el Cap. 2 del libro El Foro y el Bazar, sobre la teoría de las fallas de mercado. Luego de presentar brevemente las imperfecciones de la competencia, externalidades y bienes públicos, vemos algo sobre “bienes públicos globales”:

                El proceso de globalización, o la movilización de recursos por todo el planeta plantea, para algunos autores, no sólo la necesidad de bienes públicos nacionales, sino también “globales”. Sus características principales serían (Kaul et al, 1999, p. 2) las ya mencionadas de no exclusión y no rivalidad en el consumo y que sus beneficios sean “cuasi universales en términos de países (cubriendo más de un grupo de países), pueblos (llegando a varios, preferiblemente todos, grupos poblacionales) y generaciones (extendiéndose tanto a generaciones presentes como futuras o por lo menos cubriendo las necesidades de las generaciones actuales sin eliminar las opciones de desarrollo para generaciones futuras). En tales circunstancias, pocas cosas quedan fuera de esta definición y la lista de bienes públicos aumenta considerablemente.

                Estos autores clasifican a los bienes en públicos puros e impuros. Los primeros fueron definidos antes y a nivel global se presenta como ejemplos la paz, ya que “cuando existe, todos los ciudadanos de un país pueden disfrutarla y su gozo, digamos, por poblaciones rurales no reduce los beneficios de las poblaciones urbanas”. Ya hemos comentado antes sobre el grado de colectividad de la defensa, ahora se suman también en esta categoría la provisión de ley y orden y un buen manejo macroeconómico. En cuanto a los bienes públicos impuros serían aquellos que cumplen parcialmente con las características mencionadas, es decir son parcialmente no rivales o parcialmente no excluyentes. Como ejemplo, Kaul et al, plantean el caso del consumo de una comida nutritiva que a primera vista parece ser un bien privado pero que también brinda beneficios públicos ya que mejora la salud y ésta la posibilidad de adquirir habilidades que permitan un trabajo productivo, lo que beneficiaría no solamente a la familia sino a la sociedad en su conjunto pese a que los beneficios inmediatos sean mayormente privados.

                Está claro que con esta definición no hay bien o servicio alguno               que no tenga algún tipo de impacto en los demás. Y en tanto vivamos en sociedad parece que esto fuera inevitable. La discusión no es que tengan o no tengan algún tipo de impacto sino cómo considerar si ese impacto es negativo o positivo siendo que las valoraciones son subjetivas y si el estado es el único capaz de proveerlos. Así, “males” públicos demandarían soluciones colectivas que serían “bienes” públicos incluyendo, según Kaul et al,  las crisis bancarias, crímenes y fraudes en Internet, problemas sanitarios debidos al mayor comercio y transporte de personas y también de la extensión de actividades riesgosas como el abuso de drogas y el tabaquismo.

                Un programa de alivio de la pobreza en África, por ejemplo, sería un bien público global si, además de mejorar la situación de esa población también contribuyera a la prevención de conflictos o la paz internacional o redujera el deterioro ambiental o mejorara las condiciones sanitarias globales. Las organizaciones internacionales y las ONGs internacionales serían las que proveen este tipo de bienes públicos globales (Martin, 1999).

                Pero si todo bien o servicio que tenga efectos hacia terceros justificara con esa circunstancia su provisión estatal o a través de organismos internacionales financiados por estados y, en última instancia, contribuyentes nacionales, entonces prácticamente “todo” tiene características de bien público. Un bien público “puro” no sería ya un bien económico, tal el caso del aire puro; y todos los demás serían “impuros” y sujetos a la provisión vía decisiones políticas y no de los consumidores en los mercados.

                Stiglitz (1999), por ejemplo, considera que el “conocimiento sobre el desarrollo” es un bien público que debería ser provisto por instituciones como el Banco Mundial. Es cierto que las ideas tienen características de bien público, ya que una vez producida su costo de reproducción es mas bien bajo, y esto lleva a este autor a pensar que serán “sub-producidas” en el mercado, problema que se puede superar con la provisión pública. Sin embargo, el ejemplo no podría ser peor elegido, una gran cantidad de autores han escrito sobre el tema y propuesto enseñanzas sobre el tema desde Adam Smith en “La Riqueza de las Naciones” hasta la gran cantidad de autores contemporáneos. ¿Por qué hacen eso si luego cuando un país se desarrolla, por ejemplo siguiendo las enseñanzas de Adam Smith, éste o sus sucesores no pueden excluir a quienes implementaron esas ideas y no pagaron por esos beneficios? En otros términos, una vez que dicen cómo se desarrolla un país nadie parece que les va a pagar por eso, entonces no habría propuestas y el mercado fracasaría en proveerlas.

                En verdad, nada de eso sucede en la realidad. Todo lo contrario, existe un sinnúmero de libros y artículos sobre las causas del desarrollo económico, un activo mercado de ideas donde compiten las propuestas de Stiglitz con muchas otras. ¿Por qué ofrecen los autores estas ideas sin luego no pueden cobrar por ellas? Es que existen gran cantidad de incentivos para hacerlo: el autor cobra un porcentaje de las ventas de sus libros, es invitado a conferencias donde recibe honorarios y viaja a lugares que nunca conocería de otra forma y se aloja en los mejores hoteles; puede llegar hasta recibir el premio Nobel lo que le garantiza no solamente un premio suculento sino un flujo de ingresos asegurado de ahí en adelante, como debería saber el mismo Stiglitz que lo ha recibido. 

La teoría del Contrato Social como justificación de la existencia del estado: ¿el opio de los pueblos?

Con los alumnos de la materia “Public Choice” consideramos nada menos que la teoría que justifica la existencia del estado como resultado de un Contrato Social, teoría por todos conocida y, además, fundamento básico de autores centrales en esta escuela, como James Buchanan. Vemos para ello el artículo de Anthony de Jasay, “La antinomia del contractualismo”, donde analiza las nuevas justificaciones de esta teoría, basadas ahora en Teoría de los Juegos o de la decisión. Buchanan respetaba mucho a de Jasay, pero éste no ahorra críticas con la teoría. Algunos párrafos y conclusiones:

De Jasay

“¿Puede ser razonable querer que exista el estado? ¿O querer que no exista? Cada generación se ha preguntado, de manera siempre renovada y a menudo con cierto apasionamiento, por qué las sociedades necesitan el estado y, si lo necesitan, qué tipo de estado se ajusta a sus requerimientos. Tal vez es extraño que haya sido así, si se considera que las sociedades y los estados viven en gran manera como hermanos siameses, o por lo menos así los percibimos. Al respecto, es revelador el modo como usamos las dos palabras: una sociedad no podría ser plenamente madura y completa, ni merecería el nombre de sociedad, si no tuviera un estado propio. Probablemente es válido inferir que si, pese a todo, seguimos cuestionando la necesidad de la relación entre ambos y buscando justificaciones para ella, esto se debe a la incomodidad que sentimos ante dos de sus atributos que parecen ser antagónicos. Uno de ellos es el hecho de que nos obliga, a veces con mucha severidad, a hacer aquello que no haríamos por nuestra propia voluntad y a abstenernos de lo que sí haríamos gustosamente. Y no lo hace hasta un límite moral netamente demarcado, sino que no toma en cuenta la mayoría de nuestras posibles elecciones. Sobre todo, se queda con la mayor parte de los recursos que el individuo posee por haberlos ganado y los usa para fines que no son los que éste habría escogido por sí mismo; y lo hace así porque de otro modo la comunidad no estaría dispuesta a gastar su dinero de esa manera. El otro es que todo esto parece ser, aunque no sea demasiado claro el porqué, legítimo: el estado gravita sobre nosotros con nuestro consentimiento y no deberíamos desear, razonablemente, que fuese de otro modo.

Una y otra vez, las sucesivas versiones del contrato social han tratado de conciliar los términos de esta oposición, cuya aceptación en el caso del individuo equivale a una actitud masoquista y en lo que respecta a la coexistencia dentro del grupo es un dilema. Con todo, la incomodidad persiste y se renuevan permanentemente las explicaciones y justificaciones acerca del estado en formas cada vez más sofisticadas y elegantes; últimamente, la teoría del juego y de la decisión ha arrojado cierta luz sobre el tema.”

Y algo de sus conclusiones:

“Con todo lo dicho nos hemos referido a la mayor parte de lo que se necesita para reconocer nuestra propia capacidad, muy descuidada, desdeñada y desaprovechada, de evitar los dilemas sociales (no de “resolverlos”) mediante acuerdos obligatorios. Los arreglos racionales colectivos se pueden lograr, en el caso que valga la pena el esfuerzo, sin necesidad de estados ni de constituciones establecidas con la intención de obligarlos a que estén a nuestro servicio. Todo el orden social posee propiedades auto-correctivas que, como los músculos, se desarrollan con el uso y se atrofian con el desuso. En último análisis, le han sido impartidas por las propiedades auto-correctivas de la convención compleja que defiende la observancia de los contratos. Los estados son una imposición, a veces útil, a veces agobiante, siempre costosa, nunca legítima y nunca necesaria para la existencia de acuerdos obligatorios. Si lo fueran, resulta difícil concebir cómo podría ser creado el estado, “como si” fuera mediante un acuerdo, antes de que éste exista. Las teorías que al sostener su legitimidad quedan atrapadas con aparente facilidad en trampas lógicas de este tipo sólo pueden ser redimidas, si es posible que lo sean, por sus propiedades apaciguadoras, como si fuesen un opio secular para el pueblo.”

 

Más bienes públicos provistos voluntariamente: desde información para navegantes hasta corsarios

Con los alumnos de la materia Economía e Instituciones de OMMA-Madrid vemos distintas “Soluciones Institucionales” a los problemas de acción colectiva que plantea la provisión de bienes denominados “públicos”. Allí presento el caso de los faros analizado por Coase y también su provisión totalmente voluntaria en el Río de la Plata. Pero no son los únicos ejemplos. Van otros:

Larry Sechrest (2004) amplía el análisis de Coase, encontrando otra serie de ejemplos en la historia marítima. La vida en el mar antes de los vapores, la radio y el radar era muy similar a la vida en las “fronteras”, donde los “servicios” públicos eran raros o inexistentes y su provisión quedaba en manos de particulares. Uno de los ejemplos que presenta es la historia de los corsarios, que bien podrían ser definidos como emprendedores que proveían servicios de defensa (y de ataque, en verdad), motivados por ganancias, una práctica que persistió durante setecientos años. Esta figura se originó en la restitución por una pérdida ocasionada a un ciudadano por otro de otro país. Este solicitaba y recibía una autorización para capturar barcos de la otra bandera. La primera fue otorgada en Toscana en el siglo XII y en Inglaterra en 1243. Hubo guerras en las que participaron de corsarios. En la de Independencia de Estados Unidos los ingleses comisionaron unos setecientos y los independentistas unos ochocientos.

Corsarios

El autor también presenta la historia de la provisión de información para los navegantes, que en el caso de los Estados Unidos fue elaborada y publicada por Nathaniel Bowdicht en el famoso libro American Practical Navigator, una edición muy completa de lo que hoy son las “cartas de navegación”, publicadas por las autoridades costeras de distintos países. Algo similar podría decirse de la información sobre los barcos y el famoso Lloyd’s Register, con información detallada sobre cada barco, completada luego para los barcos norteamericanos por el American and Foreign Shipping, y para el resto de los barcos europeos por el Bureau Veritas. En la práctica, lo que habían establecido era un sistema global de monitoreo a través de 1,500 agentes en puertos de todo el mundo. De ese modo rastreaban el paradero de cada barco y publicaban la información en el Lloyd’s List, el registro más completo de información sobre movimiento de barcos en el mundo.

Adicionalmente se desarrollaron en el ámbito marítimo una serie de normas y costumbres para facilitar la comunicación entre barcos, la información sobre sus paraderos y la ayuda entre ellos, en las que no intervino ningún organismo gubernamental o internacional. Según la teoría de Samuelson, ninguno de estos servicios hubiera sido provisto en cantidad suficiente debido a la existencia de free riders o “colados” del esfuerzo ajeno. Sin embargo, la historia muestra que no es así; que hubo faros y muchos más servicios marítimos provistos voluntariamente. Así que la provisión estatal de servicios públicos ha de buscar otra luz que los guíe, si es que la hay.

 

Reservas naturales: otro caso de provision privada de un “bien público”. ¿No es que no era posible?

Justo cuando estamos viendo con las alumnos de Derecho en la UBA el tema de los “bienes públicos” y si la única alternativa es su provisión pública, se publica este muy interesante editorial en La Nación sobre las reservas naturales privadas: http://www.lanacion.com.ar/1789280-la-importancia-de-las-reservas-naturales-privadas

La teoría predominante sostiene que, dada la imposibilidad de excluir a quienes no pagan, tendríamos al incentivo a ser usuarios gratuitos, o ‘free riders’, por lo que ningún particular estaría interesado en proveer estos bienes. Por otro lado, como el consumo de unos no reduce el posible consumo de otros, no tendría tampoco sentido excluir a nadie. La initiciativa privada no estaría interesada en este tipo de bienes.

El editorial comenta una iniciativa de la Fundación Vida Silvestre “cuya idea central es articular e impulsar este movimiento en el país en conjunto con propietarios de reservas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en esta temática” y destaca que esta institución ha creado la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas: http://reservasprivadas.org.ar/

reserva natural

“Vida Silvestre junto con Asociación Aves Argentinas, Asociación Conservación Argentina, Asociación Conservación Patagónica, Asociación Protágonos – Ecología Humana, Fundación BIORed, Fundación para la Conservación y Estudio de la Biodiversidad, Fundación Ecologista Verde, Fundación Hábitat & Desarrollo, Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Fundación Huellas para un Futuro, Fundación Naturaleza para el Futuro, Fundación Patagonia Natural, Fundación Proyungas, Fundación Temaikèn, The Nature Conservancy y Fundación Yuchán llevan adelante la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas, que cuenta ya con 60 reservas integrantes distribuidas en 15 provincias del país. Entre todos sus miembros está trabajando para proteger más de 188.000 hectáreas de propiedad privada de la Argentina.”

¿Qué es una Reserva Natural Privada? Así lo explica la Red en su página web:

“Un área protegida privada o una reserva natural privada es una porción de terreno de cualquier superficie de propiedad privada, manejada para la conservación de la biodiversidad y/o el uso sustentable de sus valores naturales.

Puede ser de propiedad de, y estar gestionada por, personas físicas, familias, empresas, clubes, universidades, cooperativas u organizaciones de la sociedad civil. A su vez, puede contar o no con reconocimiento formal del gobierno.

Las reservas naturales privadas nacen del interés y la voluntad de sus propietarios por proteger los recursos naturales que albergan sus tierras. Son una herramienta de gran potencial para complementar la superficie protegida por el Estado, que en la Argentina, actualmente alcanza solo el 7,7% de la superficie continental. También pueden generar importantes aportes a una estrategia nacional o regional de desarrollo sustentable.”

¿Por qué harían esto los propietarios si tan sólo les interesara obtener la mayor rentabilidad de su recurso? Es que como la gente ahora valora la naturaleza de una forma en que no lo hacía antes, muy probablemente porque tenía otras necesidades más imperiosas para satisfacer, el “mercado” reacciona ante ese cambio y ofrece a los consumidores lo que estos están dispuestos a pagar, tanto sea como turistas como consumidores de productos naturales o ecológicos.

Dice la Red:

“En la mayoría de los casos, los privados que crean reservas en sus propiedades compatibilizan la conservación de la biodiversidad con alguna actividad productiva que desarrollan de manera sustentable; en general el turismo, pero también ganadería y explotaciones forestales entre otras.

De esta manera, realizan un valioso aporte para asegurar la conservación de la vida silvestre y el funcionamiento de los ecosistemas.”

En definitiva, las reservas naturales privadas están proveyendo un “bien público” que, según la teoría predominante, solo podría ser provisto por el Estado. Pero como tantos otros ejemplos: los faros, la radio, la televisión, las redes sociales o los buscadores en Internet, surgen otros mecanismos para su provisión que no requieren del aporte compulsivo.