Alberdi y la necesidad de revisar y derogar la legislación colonial. ¿Y ahora sería igual con la legislación populista?

Con los alumnos de la UBA Derecho vemos a Juan Bautista Alberdi en Sistema Económico y Rentístico, cuando se refiere a la necesidad de eliminar la legislación heredada de la colonia.

¿No estaremos ahora en una situación parecida respecto a la “legislación populista”?

Aquí párrafos de Alberdi:

“¿Qué estímulo ni qué aliciente pueden tener los capitales extranjeros para venir a colocarse en países en que, a más de vivir expuestos a los peligros de la anarquía permanente y del despotismo que renace con cualquier pretexto, encuentran su peor enemigo en la ley civil, que les presenta de frente un ejército de competidores armados de privilegios, los cuales echan al capital ocupado en empresas progresistas en el último rango, cada vez que es necesario expropiar judicialmente al común deudor insolvente? El menor, el enfermo, la mujer, el ausente, el fisco, el cabildo, los colegios, los hospitales, todo el mundo es de mejor condición que el capital aplicado a la producción de la riqueza nacional en cualquiera de los tres grandes ramos de la industria, comercio, agricultura y fábricas. Tales leyes son ciegas; no ven dónde estamos ni adónde vamos. Ellas son el secreto de nuestra pobreza, soledad y abandono, en el mismo grado que el desorden permanente.

Sobre todo esa legislación civil, destructora del equilibrio, que es la ley dinámica de la riqueza, es opuesta a la Constitución (art. 16), que hace a todos los habitantes iguales ante la ley, y que suprime todas las prerrogativas y fueros personales. La igualdad deja de existir desde que hay prerrogativas, fueros o privilegios, que todo es igual, ya emanen de la sangre, ya de la edad, del sexo o de la miseria. Al capital excluido, oprimido, vencido por el privilegio, poco le importa que sea un noble o un menor el vencedor: la iniquidad es la misma a los ojos de la igualdad proclamada base obligatoria y constitucional de la moderna ley civil. – El art. 64, inciso 16, encarga al Congreso de promover el progreso industrial y material, y la importación de capitales extranjeros, por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo. Las leyes de que hablamos son destructoras de estos fines, porque en vez. de atraer los capitales, ofreciéndoles privilegios y estímulos en su favor, los alejan concediendo privilegios en su contra. Esa disposición constitucional es la sanción de la doctrina que acabamos de exponer; importa ahora que la reforma convierta en verdad práctica el favor ofrecido a los capitales extranjeros, reemplazando los privilegios que los hostilizan por otros que los atraigan. El privilegio al capital, sí, que es un medio de igualación o nivelación: es la reacción que debe traer el nivel.”

El mercantilismo proteccionista no sólo deteriora la calidad institucional, también frena cambios competitivos

El avance del proceso de globalización en las últimas décadas ha generado notables resultados en términos de incremento de los ingresos per cápita, reducción de la pobreza, de la mortalidad, del hambre y hasta de la violencia y las guerras. Esos cambios han impactado negativamente en algunos sectores que pierden competitividad y ven caer su actividad. Algunos líderes populistas, y Donald Trump es un claro ejemplo de esto aunque el populismo estuviera siempre asociado a países de menor calidad institucional y particularmente a los de América Latina, utilizan demagógicamente esta circunstancia prometiendo e imponiendo una supuesta “protección” que sólo puede ofrecer un pequeño alivio a corto plazo pero que termina siempre en estancamiento y condena a los sectores menos competitivos a continuar siéndolo.

Así, las amenazas proteccionistas de Trump, si bien pueden tener éxito en esos sectores, llegan en el momento en que las empresas han realizado ya los ajustes necesarios para recuperar su productividad y competitividad.

Un estudio de la consultora internacional Boston Consulting Group (The Shifting Economics of Global Manufacturing: How Cost Competitiveness is Changing Worldwide, 2014), señala:

“Durante la mayor parte de las tres últimas décadas, un concepto rústico del mundo ha guiado las decisiones de inversión y abastecimiento de las empresas. América Latina, Europa oriental y la mayor parte de Asia han sido consideradas regiones de bajos costos. Los Estados Unidos, Europa y Japón han sido consideradas de costos elevados.

Pero esta visión global está anticuada. Años de cambio constante en los salarios, la productividad, los costos de la energía, los valores de las monedas y otros factores están rediseñando dramáticamente el mapa global de la competitividad en los costos de la industria. El nuevo mapa se parece en forma creciente a un entramado de economías de bajos costos, de costos elevados y muchas en el medio, en todas las regiones.

En algunos casos, los cambios en los costos relativos son asombrosos. ¿Quién hubiera pensado hace una década que Brasil sería uno de los países de altos costos industriales, o que México podría ser más barato que China? Mientras Londres se convierte en uno de los lugares más caros en el mundo para vivir y visitar, el Reino Unido se ha vuelto el productor industrial de más bajos costos en Europa. Los costos en Rusia y buena parte de Europa oriental han casi igualado a los de Estados Unidos”.

Y señala más adelante: “Las estructuras de costos en México y los Estados Unidos han mejorado más que todas las otras 25 economías exportadoras de mayor tamaño” (p. 5).

Esa mejora en la eficiencia productiva fue impulsada por las presiones e incentivos que genera la competencia y el libre comercio (y en el caso de Estados Unidos y México el TLCAN). El mercantilismo que muestra el ahora presidente Trump solamente pondrá freno a este proceso que ya estaba en marcha y dando resultados, que no fueron, obviamente, todavía visibles para los votantes.

El mercantilismo populista amenaza tanto los beneficios del comercio internacional para los consumidores, como la calidad institucional de los países que buscan cerrarse a la competencia. De forma similar a como la presión competitiva mueve a las empresas manufactureras a mejorar su productividad y eficiencia, favoreciendo tanto a quienes trabajan en ella como a los consumidores, la apertura comercial intensifica la competencia institucional que conduce a mejoras en la calidad de las instituciones.

Calidad institucional en América: Chile, que lidera las posiciones entre los latinoamericanos, ¿puede cambiar de rumbo?

Canadá y Estados Unidos intercambian liderazgos en uno u otro subíndice y las islas caribeñas muestran mejores resultados en las políticas que en las económicas. Otros como Chile, Guatemala o México tienen mejor desempeño en las económicas. El análisis detallado de cada caso, junto al desempeño en cada indicador visto antes, permitiría destacar cuáles son las áreas que más requieren atención y reforma en cada uno de los países. Ese análisis no se presenta aquí, pero se puede realizar con los datos existentes.

Conclusión

El panorama institucional en América Latina y en los países de mayor calidad muestra una situación de alguna forma contrapuesta. América Latina parece abrir las puertas a una mejora en su calidad luego del agotamiento de modelos populistas. Por otro lado, el marco institucional de los países de mayor calidad se ve amenazada por el avance del populismo que América Latina busca dejar.

Curiosamente, Chile, el país de mejor calidad institucional en América Latina, muestra señales similares a la de los países con los que comparte la tabla; las presiones populistas son fuertes y luego de años de estabilidad ha comenzado a caer, aunque poco por el momento. Es de esperar que no exista un movimiento de confluencia por el cual los países que están ahora más abajo suban, y los que están arriba caigan, acercándose todos en el medio, ya que beneficia a todos que la mejora sea general.

Calidad de las instituciones políticas y de mercado en América: hay diferencias, pero los buenos, son buenos en ambas

Los diferentes desempeños en cuanto a las instituciones políticas y de mercado se muestran en la siguiente tabla:

País Política País Mercado
9 Canadá 0,9398 6 Estados Unidos 0,9495
18 Estados Unidos 0,8708 8 Canadá 0,9274
19 Barbados 0,8607 23 Chile 0,8392
23 Santa Lucía 0,8326 42 Costa Rica 0,7109
24 San Vicente y las Granadinas 0,8265 48 Panamá 0,6852
26 Uruguay 0,8158 49 Santa Lucía 0,6724
28 Bahamas 0,8102 50 Perú 0,6597
29 Costa Rica 0,8021 59 Bahamas 0,6285
30 Chile 0,8003 62 México 0,6194
38 Dominica 0,7813 64 Jamaica 0,6093
40 San Kitts y Nevis 0,7687 66 Colombia 0,5953
50 Grenada 0,6971 67 Dominica 0,5908
56 Antigua y Barbuda 0,6669 71 Uruguay 0,5815
61 Jamaica 0,6390 72 Guatemala 0,5804
66 Surinam 0,6154 74 San Vicente y las Granadinas 0,5641
69 Belice 0,5938 83 El Salvador 0,5332
71 Trinidad y Tobago 0,5815 88 Barbados 0,4950
76 Panamá 0,5588 89 República Dominicana 0,4923
78 Brasil 0,5482 96 Trinidad y Tobago 0,4560
88 Guyana 0,4868 98 Honduras 0,4474
94 El Salvador 0,4735 106 Nicaragua 0,4202
98 Perú 0,4595 108 Antigua y Barbuda 0,4105
100 República Dominicana 0,4490 112 Paraguay 0,3982
102 Colombia 0,4465 117 Brasil 0,3312
104 Argentina 0,4358 118 Belice 0,3304
121 Bolivia 0,3587 125 San Kitts y Nevis 0,3000
126 México 0,3437 132 Grenada 0,2789
127 Paraguay 0,3396 134 Surinam 0,2721
135 Nicaragua 0,3026 137 Guyana 0,2652
143 Ecuador 0,2769 141 Ecuador 0,2447
148 Guatemala 0,2670 145 Haití 0,2333
149 Cuba 0,2644 159 Argentina 0,1806
151 Honduras 0,2517 160 Bolivia 0,1727
157 Haití 0,2227 185 Venezuela, RB 0,0274
180 Venezuela, RB 0,0942 189 Cuba 0,0112

 

Canadá y Estados Unidos intercambian liderazgos en uno u otro subíndice y las islas caribeñas muestran mejores resultados en las políticas que en las económicas. Otros como Chile, Guatemala o México tienen mejor desempeño en las económicas. El análisis detallado de cada caso, junto al desempeño en cada indicador visto antes, permitiría destacar cuáles son las áreas que más requieren atención y reforma en cada uno de los países. Ese análisis no se presenta aquí, pero se puede realizar con los datos existentes.

Cambios en la calidad institucional en América Latina: durante 2016 el caso más destacado fue el de Argentina

La región parece estar perdiendo un par de posiciones en relación al resto, ya que, si observamos la columna con los cambios en relación al año anterior, surge claramente que la mayoría de los cambios son negativos. Claro, este retroceso puede tener dos fuentes: tanto que estos países han deteriorado su calidad institucional como que otros en otras regiones la han mejorado y, por lo tanto, los superan en la clasificación final. De una forma u otra, el resultado es que la región está perdiendo posiciones en la competencia institucional que se ha intensificado con el proceso de globalización.

No obstante, hay algunos cambios positivos, tal el caso de Guyana (+10), Antigua & Barbuda (+6), Panamá y Surinam (+5), y Argentina (+4). En particular, parece destacable el avance de Panamá que continúa una tendencia de dos años y Argentina, que presenta una mejora por segunda vez desde 2002, luego de una leve en 2011.

De todos ellos, el caso más destacado parece ser el de Argentina, ya que todo parece mostrar que comienza a revertir una tendencia de catorce años, y que esta mejora no sería circunstancial sino un primer paso en una tendencia de mejora que podría afirmarse en el futuro. De hecho, la mejora de este año no captura todavía todos los cambios que han ocurrido en el país durante 2016, los que comenzará seguramente a notarse más el próximo año, dada la demora con que los datos básicos del ICI se producen. Además, lo ocurrido en ese país, y teniendo en cuenta su tamaño y peso político relativo, podría estar señalando una tendencia que podría inclinar la balanza entre los dos modelos que han estado en pugna durante estos últimos años, entre países que buscan consolidar sus instituciones y en mayor o menor medida su apertura económica y aquellos otros más cercanos al proyecto del “socialismo del siglo XXI”.

Con un poco más detalle, si analizamos el desempeño argentino en cada uno de los indicadores vemos que ha mejorado, aunque levemente, en casi todos ellos, salvo los de libertad económica que tardan más en recolectar sus datos y, en el caso de Fraser se refiere a 2014 (mostrando una caída).

Argentina 2016 2017 Cambio
Rule of Law 171 163 +8
Voz y rendición de cuentas 85 84 +1
Libertad de prensa 107 104 +3
Corrupción 107 95 +12
Competividad global 106 103 +3
Libertad Econ -Heritage 169 169 0
Libertad Econ – Fraser 149 156 -7
Haciendo negocios 121 116 +5

 

La principal mejora se dio en el índice de Percepción de la Corrupción, por un lado, por los avances observados en 2016, también porque es el índice que se dio a conocer más recientemente. La otra mejora importante es en Rule of Law, seguido de Haciendo Negocios.

Cuando consideramos los retrocesos hay caídas puntuales, pero es más impresionante observar lo ocurrido desde 1996 o desde 2007. En el primer caso nos encontramos con todos los países de “espíritu bolivariano”, que muestran caídas de 105 posiciones en el caso de Bolivia, o 94 para Argentina, 78 Ecuador o 75 Venezuela. Y siendo lo dramático que todo esto es, como nos muestran las noticias diarias sobre Venezuela, tal vez sea peor el caso de Haití, que perdió 42 puestos o Cuba, 29, con pocas menores modificaciones porque siempre estuvieron al final de la tabla.

No son muchos, pero hay casos de países con distinta calidad institucional en el ámbito de la política y del mercado

El ICI comenzó a ser producido en 2007, luego hemos extendido sus resultados hasta el año 1996, por lo que contando este último, tenemos ya 22 años de análisis comparativo. En ese período, las posiciones de los países mejor ubicados han cambiado en un sentido o en otro, y entre los que se destacan en este grupo de elite y no estaban entre los 25 mejores en 1996 tenemos a Estonia (que pasó de 39°a 15°), Taiwán ( de 33° a 20°)y  Lituania (de 62° a 22°. Los países bálticos son un ejemplo de reforma y avance institucional.

Ahora bien, el ICI está compuesto por dos subíndices que buscan reflejar la calidad de las instituciones políticas por un lado, y las de mercado por otro. Y si bien aquellos países de mejor calidad tienen buen desempeño en ambas, se encuentran algunas interesantes diferencias, ya que hay países con un claro mejor desempeño en las primeras, y otros en las segundas, aunque no se encuentran casos de muy buen desempeño en unas y muy malo en otras.

País Política País Mercado
1 Noruega 0,9907 1 Singapur 0,9939
2 Suecia 0,9898 2 Hong Kong RAE, China 0,9816
3 Finlandia 0,9863 3 Nueva Zelandia 0,9723
4 Dinamarca 0,9853 4 Reino Unido 0,9529
5 Suiza 0,9774 5 Suiza 0,9516
6 Países Bajos 0,9744 6 Estados Unidos 0,9495
7 Nueva Zelandia 0,9594 7 Dinamarca 0,9305
8 Luxemburgo 0,9577 8 Canadá 0,9274
9 Canadá 0,9398 9 Australia 0,9222
10 Bélgica 0,9343 10 Irlanda 0,9136
11 Islandia 0,9318 11 Taiwan, China 0,9089
12 Alemania 0,9246 12 Finlandia 0,9039
13 Irlanda 0,9171 13 Alemania 0,9036
14 Austria 0,9098 14 Países Bajos 0,8984
15 Australia 0,9082 15 Emiratos Arabes Unidos 0,8936
16 Reino Unido 0,8986 16 Estonia 0,8935
17 Estonia 0,8826 17 Suecia 0,8871
18 Estados Unidos 0,8708 18 Noruega 0,8815
19 Barbados 0,8607 19 Lituania 0,8732
20 Portugal 0,8504 20 Austria 0,8618
21 Japón 0,8408 21 Japón 0,8497
22 Francia 0,8389 22 Corea, República de 0,8453
23 Santa Lucía 0,8326 23 Chile 0,8392
24 San Vicente y las Granadinas 0,8265 24 República Checa 0,8362
25 Palau 0,8214 25 Georgia 0,8317

 

Los casos son conocidos: Hong Kong y Singapur obtienen las primeras posiciones en instituciones de mercado pero están más atrás en las políticas. Precisamente, uno de los objetivos del ICI ha sido siempre evaluar ambas, entendiendo que las oportunidades que se presentan a los individuos dependen de unas y otras. Y, como siempre, vale la pena destacar que los países nórdicos (Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca), generalmente destacados como países con fuertes estados benefactores, se encuentran también entre los 25 primeros en instituciones de mercado.  En cuanto a nuestra región se refiere, se destaca la presencia de algunos países caribeños entre los de mejor institucionalidad política, como Barbados, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. El único latinoamericano en este lote es Chile en cuanto a las instituciones de mercado se refiere.

North y Thomas sobre la teoría del cambio institucional y las razones del crecimiento de Occidente

Con los alumnos de la materia Economía e Instituciones de OMMA-Madrid comenzamos viendo el ya clásico artículo de Douglass C. North y Robert P. Thomas “Una teoría económica del crecimiento del mundo occidental”, (Revista Libertas VI: 10 (Mayo 1989). Allí, los autores elaboran una teoría sobre el cambio institucional. North recibiría luego el premio Nobel por sus contribuciones en este campo, pero en alguna medida cambió su visión más adelante, particularmente en su libro “Understanding the process of economic change”, donde, en vez de presentar a los cambios en los precios relativos y la población como determinantes de esos cambios hace más hincapié en la evolución de los valores e ideas. Pero aquí, algunos párrafos de este trabajo:

North

“En este artículo nos proponemos ofrecer una nueva explicación del crecimiento económico del mundo occidental. Si bien el modelo que presentamos tiene implicaciones igualmente importantes para el estudio del desarrollo económico contemporáneo, centraremos nuestra atención en la historia económica de las naciones que formaron el núcleo del Atlántico Norte entre los años 1100 y 1800. En pocas palabras, postulamos que los cambios en los precios relativos de los productos y los factores de producción, inducidos inicialmente por la presión demográfica malthusiana, y los cambios en la dimensión de los mercados, dieron lugar a una serie de cambios fundamentales que canalizaron los incentivos hacia tipos de actividades económicas tendientes a incrementar la productividad. En el siglo XVIII estas innovaciones institucionales y los cambios concomitantes en los derechos de propiedad introdujeron en el sistema cambios en la tasa de productividad, los cuales permitieron al hombre de Occidente escapar finalmente al ciclo malthusiano. La llamada “revolución industrial” es, simplemente, una manifestación ulterior de una actividad innovadora que refleja esta reorientación de los incentivos económicos.”

“Las instituciones económicas y, específicamente, los derechos de propiedad son considerados en general por los economistas como parámetros, pero para el estudio de largo plazo del crecimiento económico son, evidentemente, variables, sujetas históricamente a cambios fundamentales. La naturaleza de las instituciones económicas existentes canaliza el comportamiento de los individuos dentro del sistema y determina, en el curso del proceso, si conducirá al crecimiento, al estancamiento o al deterioro económico.

Antes de avanzar en este análisis, debemos dar una definición. Resulta difícil asignar un significado preciso al término “institución”, puesto que el lenguaje común lo ha utilizado en formas diversas para referirse a una organización (por ejemplo, un banco), a las normas legales que rigen las relaciones económicas entre la gente (la propiedad privada), a una persona o un cargo (un rey o un monarca), y a veces a un documento específico (la Carta Magna). Para nuestros fines, definiremos una “institución” o una disposición institucional (que es, en realidad, un término más descriptivo) como un ordenamiento entre unidades económicas que determina y especifica la forma en que -estas unidades pueden cooperar o competir.

Como en el caso más conocido de la introducción de un nuevo producto o un nuevo proceso, las instituciones económicas son objeto de innovaciones porque a los miembros o grupos de la sociedad les resulta aparentemente provechoso hacerse cargo de los costos necesarios para llevar a cabo tales cambios. El innovador procura obtener algún beneficio imposible de conseguir con los antiguos ordenamientos. El requisito básico para introducir innovaciones en una institución o un producto es que las ganancias que se espera obtener excedan los presuntos costos de la empresa; sólo cuando se cumple este requisito cabe esperar que se intente modificar la estructura de las instituciones y los derechos de propiedad existentes en el seno de la sociedad. Examinaremos sucesivamente la naturaleza de las ganancias potenciales y de los costos potenciales de tal innovación y exploraremos luego las fuerzas económicas que alterarían la relación de dichos costos y ganancias a lo largo del tiempo.”

Ya adelantaba Alberdi cómo las leyes pueden alterar la Constitución, y habría que agregar los fallos de la Corte

Con los alumnos de Economía Política y Economía Argentina de Derecho, UBA, vemos El Sistema Económico y Rentístico, de Juan Bautista Alberdi. Al autor le preocupaba que los principios de libertad de la Constitución fueran alterados por las leyes que reglamentaran su ejercicio (lo que efectivamente sucedió). Esto dice al respecto:

Alberdi

“La libertad declarada no es la libertad puesta en obra.

Consignar la libertad económica en la Constitución es apenas escribirla, es declararla como principio y nada más; trasladarla de allí a las leyes orgánicas, a los decretos, reglamentos y ordenanzas de la administración práctica, es ponerla en ejecución: y no hay más medio de convertir la libertad escrita en libertad de hecho.

Ninguna Constitución se basta a sí misma, ninguna se ejecuta por sí sola. Generalmente es un simple código de los principios que deben ser bases de otras leyes destinadas a poner en ejecución esos principios. A este propósito ha dicho Rossi, con su profunda razón habitual, que las disposiciones de una Constitución son otras tantas cabezas de capítulos del derecho administrativo.

Nuestra Constitución misma reconoce esta distinción. Los principios, garantías y derechos reconocidos (dice el art. 28) no podrán ser alterados por leyes que reglamenten su ejercicio. – El artículo 64, inciso 28, da al Congreso el poder de hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes concedidos por la Constitución al gobierno de la Confederación Argentina.

Según esto, poseer la libertad económica escrita en la Constitución, es adquisición preciosa sin la menor duda: pero es tener la idea, no el hecho; la semilla, no el árbol de la libertad. La libertad adquiere cuerpo y vida desde que entra en el terreno de las leyes orgánicas, es decir, de las leyes de acción y de ejecución; de las leyes que hacen lo que la Constitución dice o declara solamente.

A los tiranos se imputa de ordinario la causa de que la libertad escrita en la Constitución no descienda a los hechos. Mucha parte tendrán en ello: pero conviene no olvidar que la peor tiranía es la que reside en nuestros hábitos de opresión económica, robustecidos por tres siglos de existencia; en los errores económicos, que nos vienen por herencia de ocho generaciones consecutivas; y, sobre todo en nuestras leyes políticas, administrativas y civiles, anteriores a la revolución de América, que son simples medios orgánicos de poner en ejercicio los principios de nuestro antiguo sistema de gobierno colonial, calificado por la ciencia actual como la expresión más completa del sistema prohibitivo y restrictivo en economía política. Somos la obra de esos antecedentes reales, no de las proclamas escritas de la revolución.

Esas costumbres, esas nociones, esas leyes, son armas de opresión que todavía existen y que harán renacer la tiranía económica porque han sido hechas justamente para consolidarla y sostenerla.

Es necesario destruirlas y reemplazarlas por hábitos, nociones y leyes, que sean otros tantos medios de poner en ejecución la libertad proclamada en materias económicas. Cambiar el derecho de los virreyes, es desarmar a los tiranos, y no hay más medio de acabar con ellos. El tirano es la obra, no la causa de la tiranía; nuestra tiranía económica es obra de nuestra legislación de Carlos V y Felipe II, vigente en nuestros instintos y prácticas, a despecho de nuestras brillantes declaraciones de principios.

Mientras dejéis que nuestros gobernadores y presidentes republicanos administren los intereses económicos de la República según las leyes y ordenanzas que debemos a aquellos furibundos enemigos de la libertad de comercio y de industria, ¿qué resultará en la verdad de los hechos? – Que tendremos el sistema colonial en materias económicas, viviendo de hecho al lado de la libertad escrita en la Constitución republicana.

En efecto, todas las libertades económicas de la Constitución pueden ser anuladas y quedar reducidas a doradas decepciones, con sólo dejar en pie una gran parte de nuestras viejas leyes económicas, y promulgar otras nuevas que en lugar de ser conformes a los nuevos principios, sean conformes a nuestros viejos hábitos rentísticos y fiscales, de ordinario más fuertes que nuestros principios.”

La Constitución se inspiró en una escuela económica. Luego, no cambiaron la Constitución, cambiaron la escuela

Con los alumnos de la UBA Derecho comenzamos a ver el libro de Juan Bautista Alberdi, “Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina”. En su introducción, Alberdi analiza las distintas escuelas económicas y a cual pertenece la Constitución:

Alberdi 3

“Hay tres elementos que concurren a la formación de las riquezas:

1° Las fuerzas o agentes productores, que son el trabajo, la tierra y el capital.

2° El modo de aplicación de esas fuerzas, que tienen tres fases, la agricultura, el comercio y la industria fabril.

3° Y, por fin, los productos de la aplicación de esas fuerzas.

Sobre cada uno de esos elementos ha surgido la siguiente cuestión, que ha dividido los sistemas económicos: – En e1 interés de la sociedad, ¿vale más la libertad que la regla, o es más fecunda la regla que la libertad? Para el desarrollo de la producción, ¿es mejor que cada uno disponga de su tierra, capital o trabajo a su entera libertad, o vale más que la ley contenga algunas de esas fuerzas y aumente otras? ¿Es preferible que cada uno las aplique a la industria que le diere gana, o conviene más que la ley ensanche la agricultura y restrinja el comercio, o viceversa? ¿Todos los productos deben ser libres, o algunos deben ser excluidos y prohibidos, con miras protectoras?

He ahí la cuestión más grave que contenga la economía política en sus relaciones con el derecho público. Un error de sistema en ese punto es asunto de prosperidad o ruina para un país. La España ha pagado con la pérdida de su población y de su industria el error de su política económica, que resolvió aquellas cuestiones en sentido opuesto a la libertad.

Veamos, ahora, cómo ha sido resuelta esta cuestión por las cuatro principales escuelas en que se divide la economía política.

La escuela mercantil, representada por Colbert, ministro de Luis XIV, que sólo veía la riqueza en el dinero y no admitía otros medios de adquirirla que las manufacturas y el comercio, seguía naturalmente el sistema protector y restrictivo. Colbert formuló y codificó el sistema económico introducido en Europa por Carlos V y Felipe II. Esa escuela, perteneciente a la infancia de la economía, contemporánea del mayor despotismo político en los países de su origen galo-español representa la intervención limitada y despótica de la ley en el ejercicio de la industria.

A esta escuela se aproxima la economía socialista de nuestros días, que ha enseñado y pedido la intervención del Estado en la organización de la industria, sobre bases de un nuevo orden social más favorable a la condición del mayor número. Por motivos y con fines diversos, ellas se dan la mano en su tendencia a limitar la libertad del individuo en la producción, posesión y distribución de la riqueza.

Estas dos escuelas son opuestas a la doctrina económica en que descansa la Constitución argentina.

Enfrente de estas dos escuelas y al lado de la libertad, se halla la escuela llamada physiocrática, representada por Quesnay, y la grande escuela industrial de Adam Smith.

La filosofía europea del siglo XVIII, tan ligada con los orígenes de nuestra revolución de América, dió a la luz la escuela physiocrática o de los economistas, que flaqueó por no conocer más fuente de riqueza que la tierra, pero que tuvo el mérito de profesar la libertad por principio de su política económica, reaccionando contra los monopolios de toda especie. A ella pertenece la fórmula que aconseja a los gobiernos: – dejar hacer, dejar pasar, por toda intervención en la industria.

En medio del ruido de la independencia de América, y en vísperas de la revolución francesa de 1789, Adam Smith proclamó la omnipotencia y la dignidad del trabajo; del trabajo libre, del trabajo en todas sus aplicaciones -agricultura, comercio, fábricas- como el principio esencial de toda riqueza. “Inspirado por la nueva era social, que se abría para ambos mundos (sin sospechado él tal vez, dice Rossi), dando al trabajo su carta de ciudadanía y sus títulos de nobleza, establecía el principio fundamental de la ciencia.” Esta escuela, tan íntima, como se ve, con la revolución de América, por su bandera y por la época de su nacimiento, que a los sesenta años ha tenido por neófito a Roberto Peel en los últimos días de su gloriosa vida, conserva hasta hoy el señorío de la ciencia y el respeto de los más grandes economistas. Su apóstol más lúcido, su expositor más brillante es el famoso Juan Bautista Say, cuyos escritos conservan esa frescura imperecedera que acompaña a los productos del genio.

A esta escuela de libertad pertenece la doctrina económica de la Constitución Argentina, y fuera de ella no se deben buscar comentarios ni medios auxiliares para la sanción del derecho orgánico de esa Constitución.”

Convenciones que se auto-cumplen o controlan, podrían explicar la posible existencia de un orden espontáneo

En Teoría de los Juegos, el contrato social y la creación del Estado sirve para resolver problemas del tipo Dilema del Prisionero, donde los incentivos a traicionar superan a los incentivos a cooperar. Es por eso que muchos autores no conciben que puedan generarse, por ejemplo, derechos de propiedad, sin la previa existencia del estado. No sería esa la visión de Hume, y la Anthony de Jasay, como la presenta en un artículo titulado “Conduct and Contract”:

“Gracias al creciente interés en Hume en las últimas décadas, la naturaleza y el rol de las convenciones es ahora ampliamente comprendido. Son formas de conducta que, si las adopta un número significativo de personas, otorgan mejorados beneficios a cada uno; por lo tanto, si se alcanza un crítico límite mínimo, los no-adherentes son inducidos a adherir. Eso no es el resultado de un acuerdo, sino una elección unilateral. Todas las convenciones son equilibrios de Nash (ver Lewis 1969); esto es, se auto-imponen, pero solo unas pocas son auto-impuestas en el sentido de que su incumplimiento es ipso facto malo para el que se desvía; el lenguaje, el papel moneda y las reglas de tránsito son bien conocidos ejemplos de las más simples. La mayoría de las convenciones, sin embargo, sólo son auto-impuestas en un sentido compuesto; dejan abierta una opción para que el desviado sea free rider, pero desatan una estrategia de castigo si intenta tomar ventaja de ello desviándose. Hay disponible una amplia gama de castigos para desalentar a los free riders. Tal vez el más obvio sea el rechazo a interactuar en futuras rondas del juego con el incumplidor, pero, por supuesto, hay otras. Debe asumirse que el costo del castigo no es mayor que la ventaja de suprimir el free riding y así, se protege a la convención de debilitarse y favorece su longevidad. Dicho supuesto parece razonable, ya que explica la permanente supervivencia de convenciones que parecen invitar al free riding. Tengamos en cuenta que ningún poder central, especializado, parece necesario, o incluso económico, especialmente el caso del empleo de una ‘agencia protectora’ en el sentido de Nozick, que eventualmente llega a ser un estado (ver Nozick, 1974), la cual crea problemas de agencia que pueden generar costos muy altos en explotación y pérdida de libertades.

Un sistema humeano de convenciones puede consistir en tres niveles. El más importante actúa contra los daños; protege la vida y la persona, la libre búsqueda de objetivos pacíficos; en palabras de Hume, la ‘estabilidad de la posesión’(Hume, Libro III, Parte II, Sección 3) y su transferencia por consentimiento (Sección 4) como también el mantenimiento de las promesas (Sección 5). En el segundo nivel están las convenciones contra molestias y externalidades negativas. En nuestros días, algunas nuevas convenciones contra la degradación ambiental pueden llegar a agregarse a las otras externalidades de este segundo nivel, aunque es temprano para afirmarlo. El tercer nivel consiste de convenciones laxamente aplicadas que tienen como objetivo frenar ciertos actos poco civilizados y defender ciertos beneficios de la civilización. El conjunto de estas convenciones, tolerablemente cumplidas pero no necesariamente a prueba de errores, para confortablemente suficiente para crear y sostener un orden social que podría ser denominado una anarquía ordenada.”