North & Thomas y una teoría del cambio institucional. Más adelante, North enfatizaría el papel de las ideas

Con los alumnos de la materia Economía e Instituciones de OMMA-Madrid comenzamos viendo el ya clásico artículo de Douglass C. North y Robert P. Thomas “Una teoría económica del crecimiento del mundo occidental”, (Revista Libertas VI: 10 (Mayo 1989). Allí, los autores elaboran una teoría sobre el cambio institucional. North recibiría luego el premio Nobel por sus contribuciones en este campo, pero en alguna medida cambió su visión más adelante, particularmente en su libro “Understanding the process of economic change”, donde, en vez de presentar a los cambios en los precios relativos y la población como determinantes de esos cambios hace más hincapié en la evolución de los valores e ideas. Pero aquí, algunos párrafos de este trabajo:

North

“En este artículo nos proponemos ofrecer una nueva explicación del crecimiento económico del mundo occidental. Si bien el modelo que presentamos tiene implicaciones igualmente importantes para el estudio del desarrollo económico contemporáneo, centraremos nuestra atención en la historia económica de las naciones que formaron el núcleo del Atlántico Norte entre los años 1100 y 1800. En pocas palabras, postulamos que los cambios en los precios relativos de los productos y los factores de producción, inducidos inicialmente por la presión demográfica malthusiana, y los cambios en la dimensión de los mercados, dieron lugar a una serie de cambios fundamentales que canalizaron los incentivos hacia tipos de actividades económicas tendientes a incrementar la productividad. En el siglo XVIII estas innovaciones institucionales y los cambios concomitantes en los derechos de propiedad introdujeron en el sistema cambios en la tasa de productividad, los cuales permitieron al hombre de Occidente escapar finalmente al ciclo malthusiano. La llamada “revolución industrial” es, simplemente, una manifestación ulterior de una actividad innovadora que refleja esta reorientación de los incentivos económicos.”

“Las instituciones económicas y, específicamente, los derechos de propiedad son considerados en general por los economistas como parámetros, pero para el estudio de largo plazo del crecimiento económico son, evidentemente, variables, sujetas históricamente a cambios fundamentales. La naturaleza de las instituciones económicas existentes canaliza el comportamiento de los individuos dentro del sistema y determina, en el curso del proceso, si conducirá al crecimiento, al estancamiento o al deterioro económico.

Antes de avanzar en este análisis, debemos dar una definición. Resulta difícil asignar un significado preciso al término “institución”, puesto que el lenguaje común lo ha utilizado en formas diversas para referirse a una organización (por ejemplo, un banco), a las normas legales que rigen las relaciones económicas entre la gente (la propiedad privada), a una persona o un cargo (un rey o un monarca), y a veces a un documento específico (la Carta Magna). Para nuestros fines, definiremos una “institución” o una disposición institucional (que es, en realidad, un término más descriptivo) como un ordenamiento entre unidades económicas que determina y especifica la forma en que -estas unidades pueden cooperar o competir.

Como en el caso más conocido de la introducción de un nuevo producto o un nuevo proceso, las instituciones económicas son objeto de innovaciones porque a los miembros o grupos de la sociedad les resulta aparentemente provechoso hacerse cargo de los costos necesarios para llevar a cabo tales cambios. El innovador procura obtener algún beneficio imposible de conseguir con los antiguos ordenamientos. El requisito básico para introducir innovaciones en una institución o un producto es que las ganancias que se espera obtener excedan los presuntos costos de la empresa; sólo cuando se cumple este requisito cabe esperar que se intente modificar la estructura de las instituciones y los derechos de propiedad existentes en el seno de la sociedad. Examinaremos sucesivamente la naturaleza de las ganancias potenciales y de los costos potenciales de tal innovación y exploraremos luego las fuerzas económicas que alterarían la relación de dichos costos y ganancias a lo largo del tiempo.”

Ahora que el populismo es una amenaza en todo el mundo, lo investigan economistas de todo el mundo

Ahora que el tema del populismo dejó de ser un fenómeno latinoamericano para presentarse, bajo distintas formas, en países desarrollados, no es de extrañar que los economistas de esos países hayan comenzado a ocuparse del tema.

Por ejemplo: Nicholas Chesterley, de Oxford University y Paolo Roberti, de la Universidad de Bologna, presentan este paper titulado “Populism and Institutional Capture”: http://amsacta.unibo.it/5455/1/WP1086.pdf

Va el resumen y los primeros párrafos (se pueden encontrar las referencias en el paper):

“Este trabajo considera la conducta electoral y la captura institucional cuando los votantes escogen entre un político populista y otro no-populista. Los políticos populistas proveen a los votantes un boom de utilidad seguido de consiguiente colapso, como en Dornbusch y Edwards (The Macroeconomics of Populism in Latin America, University of Chicago Press, 1991).

Los no-populistas proveen un nivel constante de utilidad. Sin embargo, una vez en el poder, políticos de los dos tipos pueden tomar control de las instituciones y asegurarse la reelección. Mostramos aquí que, en equilibrio, los políticos populistas pueden capturar las instituciones y evitar ser reemplazados durante la crisis: pero los no-populistas no. Los votantes, eligen racionalmente a un populista si los votantes descuentan suficientemente el futuro o si es demasiado costoso para el populista tomar control de las instituciones. Desgraciadamente, ambos tipos de políticos pueden preferir instituciones débiles, tanto para permitir su captura o para desalentar la elección del populista. “

“Es ampliamente reconocido que el populismo es un fenómeno destacado de comienzos del siglo XXI, aunque resulta difícil de definir. El concepto típicamente incluye a figuras tan dispares como Chávez, Cristina Fernández, Berlusconi y Putin, como también movimiento tales como el Frente Nacional en Francia o el Movimiento 5 Stelle en Italia. Los cientistas políticos suelen analizar al populismo a través del contraste entre un discurso marxista y uno populista (Mudde, 2004), M’eny and Surel (2002). Mientras la retórica marxista hace referencia a la lucha de clases, la retórica populista subraya el contraste entre el pueblo como un todo y una élite corrupta.

Dornbusch & Edwards (1991) analizaron el contenido económico de las propuestas populistas, y concluyeron que el populismo presenta soluciones fáciles a problemas complejos, lo cual puede mejorar el bienestar en el corto plazo, pero resulta costoso en el largo plazo. Esta visión es compartida por Sachs (1989), quien llama a este tipo de dinámica “el ciclo político populista”. Un ejemplo reciente es Venezuela bajo Chávez, donde las políticas redistributivas junto a una conducta fiscal imprudente llevaron luego de varios años a una espiral inflacionaria y pusieron al país el borde del colapso. Argentina experimentó un resultado similar bajo la presidencia de Fernández”.

Los efectos de largo plazo de las políticas populistas son analizados por Dornbusch & Edwards (1991) se contradicen con la persistencia en el poder de líderes populistas durante los últimos años, y sugiere que el uso de alguna forma de ventaja del incumbente los ayuda a perpetuarse en el poder. El principal objetivo de este trabajo es comprender si los políticos populistas tienen más incentivos para mantenerse en el poder a pesar de la voluntad de los votantes, y estudiar los incentivos de los votantes para elegir políticos que puedan intentar esa captura.”

Preocupado por sus preocupaciones: se deterioran las instituciones que deberían proteger libertades

Estoy en Chile participando de un seminario para jóvenes organizado por la Fundación para el Progreso de este país. Además de interesantes conferencias, FPP ha realizado un estudio jungo con GfK Adimark que titula “Barómetro de la Libertad”. Aquí está disponible el resumen y el informe completo: http://fppchile.org/es/barometro-de-la-libertad-fpp-adimark-2/

Mi impresión, al margen de los comentarios que el estudio presenta, es que encuentro a los chilenos deprimidos y preocupados por el futuro. EL informe, realizado en base a una encuesta, sostiene que “los chilenos sienten que se ha avanzado en: poder organizar manifestaciones, decidir plenamente sobre embarazarse y/o tener hijos, poder formar grupos u organizaciones y decidir sobre cómo y con quién formar pareja y/o casarse”. Por cierto, todas libertades individuales muy importantes. Pero es notable la preocupación sobre la calidad de las instituciones, aquellas que, en definitiva, son necesarias para proteger esas libertades. Así, sienten que han retrocedido en: ser dueño de una propiedad sin que el Estado se adueñe de ésta; decidir la forma de criar y educar a sus hijos, que existan elecciones con un sistema transparente y libre, que los tribunales de justicia actúen de manera independiente, que existan instituciones independientes que controlen a las autoridades.

Son importantes los avances, pero muy preocupantes… las preocupaciones…

“Estudio revela que un 84% de la población considera “muy importante” la libertad para la toma de decisiones. Mientras que un 85% de los chilenos siente que hoy es más difícil que antes ejercer alguna de sus libertades.

¿Cuán libres se sienten los chilenos? ¿En qué ámbitos se ejerce la libertad? ¿Quiénes se sienten más y menos libres en el país? Estas son algunas de las preguntas que intenta responder el primer “Barómetro de la Libertad”, elaborado por Fundación para el  Progreso y GfK Adimark.

El estudio, lanzado este miércoles 7 de octubre en las oficinas de la Fundación para el Progreso,  mide cómo los chilenos perciben y valoran el rol que cumple la libertad en distintos ámbitos de su vida, tanto en la esfera pública como privada. Este tendrá una periodicidad anual, pues el objetivo es generar indicadores y cuadros comparativos en el tiempo.

En su primera edición 2015, el estudio muestra que la libertad es ampliamente valorada por los chilenos. Un 84% de la población la considera “muy importante” para la toma de decisiones.

Roberto Méndez, presidente de GfK Adimark añade que “un 60% de los chilenos se siente hoy mayoritariamente libre, una buena noticia que contrasta con el 40% que percibe que existen restricciones o vulneraciones a su capacidad de control sobre sus vidas”.

Por otro lado, un 85% de los chilenos tiene una percepción de restricción de alguna de sus libertades, es decir  siente que hoy es más difícil que antes ejercer alguna de éstas. La dimensión “Limitación del poder político, independencia judicial y democracia” es el ámbito relativo a la libertad peor percibida. Los chilenos tienen menos confianza en las instituciones que fiscalizan a las autoridades y mayoritariamente consideran que los tribunales de justicia no actúan de manera independiente del gobierno y el parlamento.

“Esto no sólo denota la importancia que asignan los chilenos a las instituciones y su buen funcionamiento, también  debiera ser materia de preocupación, pues claramente las instituciones están viéndose debilitadas”, explica Armando Holzapfel, Gerente de la Fundación para el Progreso.

En términos de relevancia en relación con el desarrollo del país, lo más valorado por los chilenos es: que el gobierno respete la vida y la integridad de las personas (9,2%); decidir la forma de criar y educar a los hijos (9,1%) y ser dueño de una propiedad sin que el Estado se adueñe de ésta (7,4%).

Los aspectos en que se perciben mejoras en el último tiempo son los derechos relacionados a la libertad de expresión y de manifestar puntos de vista.  También se aprecia un progreso en las libertades relacionadas con la vida sexual, relaciones de pareja y reproducción.”

Conclusiones sobre las Migraciones: son parte de la competencia institucional, buscan calidad

Como parte del Índice de Calidad Institucional 2016, que prepare con la Fundación Libertad y Progreso, presentamos un informe sobre un tema de suma actualidad mundial: las migraciones. Una breve consideración primero y luego una evaluación de los temas que se debaten:

Refugiados

La primera conclusión es sencilla, y hasta obvia: refugiados e inmigrantes buscan dejar atrás aquellos países o jurisdicciones donde la mala calidad institucional da como resultado violencia, terror, hambrunas o pobreza; y pretenden alcanzar aquellos de mejor calidad institucional donde ésta permite la existencia de más y mejores oportunidades de progreso.

En definitiva es la verificación de una vieja ley de la economía: los recursos se trasladan en busca de sus usos más valiosos, y ese movimiento seguirá presente en tanto existan esas diferencias y hasta que desparezcan. Por supuesto, las cambiantes condiciones mantienen ese proceso en permanente movimiento, pero en el fondo con esa tendencia. En este caso, los seres humanos somos ese “recurso” productivo que se mueve buscando esas mejores condiciones. Si bien el estricto análisis económico focaliza su análisis en las diferencias de ingresos monetarios como el motor de esos movimientos, lo cierto es que tomamos nuestras decisiones en razón de una muy diversa variedad de motivos que nos impulsan a actuar para mejorar la situación en las que nos encontramos. Todas ellas, económicas o económicas, sea la búsqueda de mayores ingresos, de mejores oportunidades futuras, de paz y tranquilidad, de posibilidades educativas, de libertad religiosa, de mejor clima, de mayor sociabilidad, tienden a presentarse como más accesibles en los países que nuestro análisis muestra como de mayor calidad institucional.

Es que ésta es la que permite que estas condiciones existan. Por supuesto que hay algunas que son ajenas a la calidad institucional, tal el clima, por ejemplo; otras que a veces están más presentes en países de menor calidad institucional, tal como la sociabilidad; pero en términos generales la voluntad que manifiestan los migrantes para alcanzar estos países es la mejor señal de lo que están buscando.

Aunque muy lentamente, se produce a nivel global un proceso de competencia entre las distintas jurisdicciones de la que la salida y entrada de migrantes es un efecto y un indicador. La calidad institucional es un elemento fundamental en esa competencia y pone presión sobre los países, porque aquellos con buena calidad atraen recursos y los de peor calidad los expulsan, como a los migrantes. Parece haber una tendencia de largo plazo hacia una mejora de esa calidad institucional, aunque muchos eventos presentes o de un pasado cercano generan ciertas dudas y, sin dudas, retrocesos. Un proceso que parece impulsado por esa competencia. En el pasado, esa competencia tenía un contenido básicamente militar; con la llegada del capitalismo y la globalización es esencialmente comercial y económica. Aunque, como vemos, la primera no ha dejado de estar presente: los refugiados son el resultado de la competencia militar; los migrantes de la económica.

Cerrar las puertas a ambos limita esa competencia, arriesga reemplazar la competencia económica por la militar. Por cierto, el proceso no está exento de costos, pero podemos razonablemente esperar que continúe ejerciendo presión para lograr una mejora institucional en los países donde hoy no existe y mejoren así las oportunidades de progreso para sus habitantes.

Bastante obvio: migrantes y refugiados van de países con mala a otros buena calidad institucional

Como parte del Índice de Calidad Institucional 2016, que prepare con la Fundación Libertad y Progreso, presentamos un informe sobre un tema de suma actualidad mundial: las migraciones. Una breve consideración primero y luego una evaluación de los temas que se debaten:

Refugiados

El porcentaje total de la población es un 3,3% sobre el total, lo cual indica que no estamos en presencia de una estampida de migraciones, aunque es necesario notar que esto no nos indica lo que podría suceder si no existieran las actuales barreras que limitan esos movimientos. También es cierto que ese porcentaje de población migrante impacta en proporciones muy diversas en distintas jurisdicciones. Los países con poblaciones reducidas, en particular islas o ciudades-estados, presentan altos porcentajes de migrantes . Salvando esta circunstancia, los casos más destacados son los de Emiratos Árabes Unidos (88,4%), Qatar (75,5%), Kuwait (73,6%), Singapur (45,4%), Luxemburgo (44%), Hong Kong (38,9%), Arabia Saudita (32,3%), Suiza (29,4%), Australia (28,2%), Israel (24,9%), Nueva Zelanda (23%), Canadá (21,8%), Austria (17,5%), Suecia (16,8%). Entre países de mayor población encontramos a Alemania (14,9%), Estados Unidos (14,5%), Reino Unido (13,2%), España (12,7%), Francia (12,1%).

En América Latina, salvando los altos porcentajes de las pequeñas islas caribeñas (Bonaire 52,3%; Anguilla 37,4%, Aruba 34,8%, por ejemplo), los porcentajes más elevados son los de Costa Rica (8,8%), Argentina (4,8%), Panamá (4,7%), Venezuela (4,5%). Y finalmente, México (0,9%), Brasil y Colombia (0,3%) para completar a los países de mayor población. Como se ve, niveles mucho más bajos de los alcanzados por Europa o América del Norte.

Datos también que señalan la preferencia por esos países que se destacan por su calidad institucional y también por aquellos de Medio Oriente que muestran, por un lado, una natural escasez de mano de obra y, por otro, relativamente altas posiciones en términos de calidad de las instituciones de mercado. El elevado número de migrantes en la Federación Rusa tiene que ver con el desmembramiento de la Unión Soviética. Durante las décadas de poder soviético, pobladores de origen ruso se expandieron a todos los países periféricos dentro de esa unión; y una vez independizados esos países, la ‘diáspora’ rusa comenzó un lento pero continuo retorno hacia Rusia.

Entre los países con menor porcentaje de migrantes se encuentran algunos con baja calidad institucional. El caso de China es en cierta forma inevitable, dado el volumen de su población nativa y su relativa baja calidad institucional (el porcentaje de migrantes es de 0,1%). Otros países con el mismo bajo porcentaje de migrantes son Myanmar, Madagascar, Indonesia, Cuba y Vietnam.

El porcentaje promedio de migrantes en los diez países de mayor calidad institucional es de 17,85%, mientras que ese mismo porcentaje entre los diez de peor calidad institucional es de 3,66%.

Economistas que propusieron grandes reformas institucionales: ¿utopias? ¿tienen alguna chance?

Con los alumnos de Economía e Instituciones de OMMA-Madrid, vemos el capítulo sobre Límites al Oportunismo Político, y luego de analizar muchos de ellos, que van desde la separación de poderes, pasando por limitaciones constitucionales al gasto o al endeudamiento, o a la emission, hasta que los impuestos sean explícitos, consideramos a algunos economistas que hay hecho propuestas “constitucionales”. Aquí algunos de ellos:

Hayek

Para Hayek, la separación de poderes y las otras medidas mencionadas solamente serán efectivas cuando los valores y la cultura predominantes en una sociedad así lo demanden. Ningún tipo de diseño constitucional podrá reemplazar estos valores sobre el poder gubernamental. Argentina es un ejemplo de esto: con la misma Constitución —aprobada en 1853—[1], el país recorrió setenta años en una dirección y los siguientes setenta en la dirección opuesta.

La evolución cultural es lo que en última instancia determina las limitaciones existentes al poder. En Suiza, aunque también ha habido cambios en el último par de siglos y el Estado benefactor ha crecido como en todos los demás países, ciertos principios básicos de limitación del poder siguen siendo parte importante de los valores y la cultura de sus habitantes[2].

No obstante, no descarta Hayek todo tipo de diseño constitucional, aunque dando prioridad a los procesos evolutivos, y presenta un modelo de organización que permitiría un predominio de las normas que son el resultado de esos procesos, a diferencia de las que son el resultado de decisiones políticas formales. Como las reglas formales que favorecen los procesos evolutivos son normas de carácter “general” que se aplican a todos los ciudadanos por igual, imagina un proceso legislativo que pueda aislar la elaboración de ese tipo de normas de las presiones de los grupos de interés que buscan un beneficio particular. Esta preocupación proviene de entender que las legislaturas modernas están sujetas a estos intereses desde que se han ocupado del diseño de políticas específicas. Una legislatura que tenga a su cargo ambas tareas —diseño de políticas y reglas generales— terminará dominada por las primeras. Para ello imagina un poder legislativo constituido por dos asambleas, que se acomode a la diferencia entre “leyes” y “comandos”. La primera, —la Asamblea Legislativa— se ocupa de las reglas generales y de la extensión del poder gubernamental, mientras la segunda, —Asamblea Gubernamental— se ocupa de las políticas públicas, teniendo primacía la primera sobre la segunda.

La Asamblea Legislativa debería estar constituida de tal forma que garantice el cumplimiento de esa función. Para ello Hayek considera un mecanismo de elección que evite la llegada de políticos profesionales, por lo que aquellos electos a la Asamblea Gubernamental no podrían acceder a la Legislativa. Sugiere que los miembros de esta deberían ser elegidos a una cierta “edad madura” y por periodos relativamente largos, como de quince años, debido a lo cual no estarían preocupados por su reelección. En cierta forma, como sucede con los miembros de una Corte Suprema de Justicia. También sugiere que los votantes que los elegirían sean mayores en edad que los que participan en la elección de las demás posiciones en el Ejecutivo o en la Asamblea Gubernamental. La experiencia y la sabiduría adquiridas con los años, más su independencia respecto a una “carrera política”, tenderían a centrar su atención en las reglas generales y en los beneficios a largo plazo.

Es decir: la Asamblea Gubernamental estaría formada por políticos profesionales que buscarían su reelección y estarían interesados en atender a los intereses inmediatos o puntuales de los votantes o de distintos grupos de interés, mientras que los de la Asamblea Legislativa constituirían algo así como un grupo de sabios y prudentes, que se ocuparían de velar por las normas que protegen los derechos de todos.

Buchanan

James Buchanan, por el contrario, fundamenta su análisis en la filosofía política contractualista, por lo que es más escéptico respecto a las normas de origen evolutivo espontáneo y, con un enfoque más racionalista, concentra su análisis en la forma de modificar los incentivos vigentes en la política, con especial énfasis en los niveles de mayorías necesarias para distinto tipo de normas. Inspirado en el análisis del economista sueco Knut Wicksell (1851-1926), sostiene que el óptimo sería la unanimidad. Ya hemos visto esto en el capítulo 4, cuando analizamos los problemas para la agregación de preferencias expresadas a través del voto. La unanimidad garantizaría que nadie se vería perjudicado por la aprobación de una cierta norma; es decir, ninguna mayoría podría violar los derechos de una minoría, incluso ni la de una sola persona. También vimos allí que la unanimidad generaría el statu quo total; sería prácticamente modificar cualquier norma, dados los altos costos de alcanzar la unanimidad. La respuesta de Buchanan es diferenciar entre normas de rango constitucional, que protegen derechos individuales y limitan las potenciales acciones abusivas de un gobierno, de aquellas que se refieren a cuestiones más coyunturales o de contenido administrativo, relacionadas con la gestión de tal gobierno. Para modificar las primeras, se requerirían mayorías especiales, mientras que para modificar las segundas bastaría con mayorías simples. Qué asuntos requerirían, según Buchanan, mayorías especiales lo veremos más adelante.

Frey

Bruno Frey (2005) presenta una propuesta a la que llama FOCJ, por sus siglas en inglés: jurisdicciones funcionales, superpuestas, en competencia. Desde su perspectiva, el federalismo permite acercar la provisión de bienes públicos a las preferencias específicas de distintos grupos en la sociedad, pero para hacerlo deben cumplirse dos principios básicos: la equivalencia fiscal, es decir que los fondos para pagar el gasto público de una jurisdicción se obtengan de los ciudadanos de esa misma jurisdicción; y equivalencia política, o sea que los funcionarios sean electos nada más por los votantes de la misma jurisdicción.

Las jurisdicciones propuestas tendrían estas características:

Funcionales: se extenderían sobre áreas geográficas definidas por las tareas o funciones que cumplen.

Superpuestas: habría distintas jurisdicciones gubernamentales extendiéndose sobre distintas áreas.

En competencia: los gobiernos locales, y en algunos casos los ciudadanos, podrían elegir a qué jurisdicción pertenecer.

Jurisdicciones: serían jurisdicciones con poder gubernamental para cobrar impuestos.

El argumento básico es que las jurisdicciones geográficas no necesariamente coinciden con la extensión geográfica que propone la economía de escala de un cierto servicio. Por ejemplo: una red de electricidad puede abarcar una cierta zona, pero el servicio de defensa que brinda un regimiento puede abarcar otra, con lo cual cada una tendría un área geográfica diferente. Los servicios de un hospital podrían abarcar a ciudadanos de más de una jurisdicción política actual, creando problemas de usuarios gratuitos; la jurisdicción en este caso se extendería sobre la división política, para abarcar a todos los usuarios. Obviamente, distintas jurisdicciones se superpondrían, incluso brindando algunas de ellas el mismo tipo de servicios. Los ciudadanos podrían elegir entre las mismas, aunque “deberían” elegir, ya que se trata de jurisdicciones gubernamentales. La competencia sería fomentada por la acción de “salida”, aunque no tendría que ser geográfica: las personas o los gobiernos locales podrían cambiar de afiliación a esas diferentes jurisdicciones, sin tener que mudarse a otra jurisdicción geográfica para hacerlo.

El autor menciona como ejemplo a la Liga Hanseática, un grupo funcional que brindaba normas comerciales comunes, aunque no tenía ningún tipo de vinculación geográfica. Eran miembros de la liga ciudades como Lübeck, Bremen y Colonia (hoy Alemania), Stettin y Danzig (hoy Polonia), Kaliningrado (hoy Rusia), Riga (Letonia), Reval (hoy Tallinn, Estonia) y Dorpat (hoy Tartu, Estonia), Groningen y Deventer (hoy Holanda). Londres (Inglaterra), Brujas y Amberes (Bélgica) y Novgorod (Rusia) eran miembros asociados. En los Estados Unidos hay “distritos especiales”. En Suiza hay 26 cantones y unas 8,000 comunas de distinto tipo, de las cuales 2,940 definen la ciudadanía política (los ciudadanos lo son de las comunas, no de “Suiza”). Hay comunas educativas que ofrecen servicios a más de un gobierno local.

Esta profunda descentralización y división de poderes actuaría como un límite al abuso de poder y permitiría la participación ciudadana en la toma de decisiones, sobre todo asociado al uso de mecanismos de democracia directa.

Rothbard y Friedman

Finalmente, Murray Rothbard (2002) y David Friedman (1989) presentan un modelo también con jurisdicciones funcionales, en competencia y superpuestas, pero, a diferencia de Frey, se trata solamente de agencias privadas. Según esta visión “libertaria”, todos los bienes y servicios serían provistos por el mercado, ya que este puede hacerlo, si bien no en forma perfecta, superior a la provisión estatal. Así, ambos autores analizan cada uno de los servicios que actualmente proveen los Estados y cómo los podría proveer el mercado. Las propuestas de uno y otro son similares en cuanto a la provisión de todos los bienes y servicios por el mercado, con algunas diferencias, sobre todo relacionadas con los fundamentos filosóficos —una filosofía moral iusnaturalista, en el caso de Rothbard, y consecuencialista, en el de Friedman— y a una hipótesis sobre el posible nacimiento de una sociedad anarcocapitalista, como la que proponen —un contrato social, donde las partes consentirían un código legal, en el caso de Rothbard, y un enfoque incremental, en el caso de Friedman—.

En el caso tal vez más complejo de todos —la seguridad personal y la defensa—, critica la visión predominante de que el Estado debe proveer protección policial, como si fuera una entidad única y absoluta, consistente en una cantidad fija que se brinda a todos por igual. Ese tipo de bien general no existiría, de la misma forma que no existe un bien “comida” o “vivienda”[3]. Por lo tanto, el Estado debería asignar un recurso escaso, sujeto a las ineficiencias de la política y la burocracia. Para Rothbard, los individuos deberían contratar este servicio, como los demás, en el mercado, y lo harían según sus preferencias específicas: desde la patrulla de un policía cuando sea necesaria, hasta protección personal durante las veinticuatro horas. Se argumentará que, en tal caso, los consumidores deberían pagar algo que ahora reciben gratis, pero es necesario tener en cuenta que en el modelo libertario no habría impuestos, así que los recursos que la población destina, en un determinado momento, con ese fin, estarían disponibles directa o indirectamente para contratar ese tipo de servicios.

El modelo no considera que cada persona tendría que salir a contratar un agente privado, en caso de haber sido robada o atacada, sino que, como ocurre actualmente en muchos barrios abiertos o cerrados, contrataría una compañía que le brindaría ese servicio. Es bastante probable, además, que los servicios fueran ofrecidos por empresas de seguros, ya que, si se ha asegurado, por ejemplo, una casa contra robo, la protección podría ser parte del servicio del seguro[4]. La competencia se transformaría en eficiencia y control por parte de los consumidores, ya que podrían cambiar de agencia en caso de no estar contentos con el servicio que reciben, algo que no pueden hacer ahora por tratarse de un servicio monopólico, del cual se recibe simplemente lo que toque.

[1]. Dice Alberdi ([1854] 1993): “Al legislador, al hombre de Estado, al publicista, al escritor, sólo toca estudiar los principios económicos adoptados por la Constitución, para tomarlos por guía obligatoria y reglamentaria. Ellos no pueden seguir otros principios, ni otra doctrina económica que los adoptados ya en la Constitución, si han de poner en planta esa Constitución, y no otra que no existe. Ensayar nuevos sistemas, lanzarse en el terreno de las novedades, es desviarse de la Constitución en el punto en que debe ser mejor observada, falsear el sentido hermoso de sus disposiciones, y echar el país en desorden y en el atraso, entorpeciendo los intereses materiales, que son los llamados a sacarlos de la posición oscura y subalterna en que se encuentra” (p. 2).

 

[2]. Dice Willy Linder, editora económica del Neue Züricher Zeitung: “Los suizos siguen siendo suficientemente generosos y sensibles para votar a veces a favor de cuestiones que parecen ir en contra de su propio interés. Sin embargo, en el largo plazo, estas actitudes han contribuido a la estabilidad política y económica de Suiza. Durante los tres últimos años, por ejemplo, los suizos, por márgenes excediendo generalmente 3 a 1, han decidido en referéndums no cobrar impuestos especiales a los ricos y los que ganan altos sueldos, no otorgar a los trabajadores suizos participación en la administración de las empresas, no reducir la edad mínima para ingresar en el generoso sistema de pensiones, no permitir al gobierno central que recaude fondos para compensar tendencias locales recesivas, y finalmente no permitir al gobierno central que tenga déficit”. Fortune, diciembre 18 de 1978; citado en “President’s Essay”, Washington DC: The Heritage Foundation, 2011.

 

[3]. “A cualquier persona o negocio, la policía puede proveerle desde un oficial que haga una ronda una vez por noche, dos policías que patrullen constantemente cada cuadra, otros que lleven a cabo la vigilancia en un móvil, hasta uno o incluso varios guardaespaldas personales permanentes. Además, debe tomar muchas otras decisiones cuya complejidad se hace evidente tan pronto como levantamos el velo del mito de la “protección” absoluta. ¿Cómo podría la policía asignar adecuadamente sus fondos, que por supuesto son siempre limitados, como lo son los de todos los individuos, organizaciones y agencias? ¿Cuánto debería invertir en equipamiento electrónico? ¿En equipos para tomar huellas dactilares? ¿En detectives o en policías uniformados? ¿En patrulleros o en agentes que prestan servicio a pie, etcétera?”. (Rothbard 2002, p. 268).

 

[4]. “Esta debería ser la primera respuesta simple a la pregunta típica que expresa el temor de la gente a la que se le habla por primera vez de una policía totalmente privada: “Bueno, eso significa que si a uno lo atacan o le roban, tiene que apresurarse a encontrar un policía y comenzar a negociar acerca de cuánto le costará que lo defienda”. Bastaría un momento de reflexión para darse cuenta de que ningún servicio se suministra de esa manera en el libre mercado. Es obvio que la persona que quiere estar protegida por la Agencia A o la Compañía Aseguradora B pagará primas regulares en lugar de esperar a ser atacada antes de comprar la protección. “Pero supongamos que se produce una emergencia y el policía de la Compañía A ve que alguien es asaltado; ¿se detendría a preguntar si la víctima adquirió el seguro de la Compañía A?” En primer lugar, este tipo de asalto callejero estaría, como ya lo hemos señalado, dentro de la jurisdicción de la policía contratada por el dueño de la calle en cuestión. Pero ¿qué ocurriría en la situación, poco probable, de que un barrio no tuviera servicio policial, y que un policía de la Compañía A viera casualmente que alguien es atacado? ¿Saldría en defensa de la víctima? Eso, por supuesto, dependería de la Compañía A, pero es casi inconcebible que las compañías de policía privada no cultivaran la buena voluntad estableciendo, como política, la ayuda gratuita a las víctimas en situaciones de emergencia y, quizá, pidiendo luego a la persona rescatada un aporte voluntario. En el caso de un propietario que sufriera un asalto o un ataque, por supuesto recurriría a la compañía policial que hubiera contratado. Llamaría a la Compañía Policial A en lugar de a “la policía”, como lo hace ahora”. (Rothbard 2002, p. 270).

 

Cambio institucional: ¿en qué medida son las instituciones el resultado de una evolución espontánea?

Del capítulo 10 sobre cambio institucional:

¿En qué medida son las instituciones resultado de la “evolución espontánea”? ¿Acaso no se necesita la “mano visible” del político o del legislador para modificar las instituciones? Es decir: el concepto de “espontáneo” puede interpretarse a veces como algo “que sucede” sin que nadie haga necesariamente nada. Por supuesto que esto no es así: la evolución espontánea, en palabras de Adam Ferguson, es resultado de la “acción humana, no del designio humano”. En otras palabras, es el resultado no esperado o no buscado de las acciones humanas. Por ejemplo: cuando nuestros antecesores comenzaron a utilizar ciertos bienes como medios de intercambio, no tenían idea de que estuvieran creando la “moneda”, pero el resultado de sus acciones fue precisamente ese. Los primeros hombres de negocios que se asociaron y formalizaron los primeros acuerdos y contratos —que dieron origen a las “sociedades comerciales”— simplemente querían resolver las cuestiones vinculadas con su negocio en particular, y no se planteaban crear una nueva figura jurídica, difundida hoy por todo el planeta.

La idea del orden espontáneo, que emerge como resultado de las acciones voluntarias de los individuos y no de las decisiones de un gobierno, es clave en la economía y fue desarrollada principalmente por quienes fueron al mismo tiempo precursores de esta ciencia. Esta visión fue luego abandonada en las ciencias sociales, debido al predominio del constructivismo positivista del siglo XIX, con una confianza ciega en la razón y en la capacidad del hombre de generar el tipo de sociedad perfecta, o el tipo de política económica perfecta. Esto resultó especialmente dañino en el ámbito de la economía, donde los intentos de dirigir y planificar los mercados fracasaron repetidamente. La concepción evolutiva, sin embargo, se trasladó a las ciencias naturales y floreció a partir de los aportes de Charles Darwin.

La teoría de los órdenes espontáneos se ocupa en analizar aquellas regularidades que encontramos en la sociedad, que no se originan en acciones deliberadas ni son fenómenos naturales que ocurren independientemente de las acciones humanas. Estos patrones de conducta originan órdenes que parecieran ser el resultado de alguna “mano visible”, pero son realmente una consecuencia no buscada; son procesos del tipo “la mano invisible”.

Si bien algunos autores encuentran antecedentes de esta visión en los escolásticos de la Escuela de Salamanca, fue Bernard de Mandeville (1670-1733) quien más impacto causó en los principales autores del “iluminismo escocés”. En su libro La fábula de las abejas: o vicios privados, beneficios públicos presentó una osada idea por ese entonces, demostrando los beneficios sociales que se obtenían de las motivaciones interesadas y la preferencia por ciertos “vicios” como el lujo, el pecado, la corrupción. Aunque presentada en forma agresiva —y aunque le discutieran porque tenía que considerarse un vicio cualquier consumo por encima de las necesidades más básicas de alimento, vivienda o abrigo—, la importancia del argumento de Mandeville consistió en que presentaba las pasiones del ser humano como no dañinas y en que podía existir un orden sin necesidad de reprimir los instintos humanos más básicos. Un orden era posible, a pesar de las limitaciones de los seres humanos reales y sin necesidad de que todos llegaran a actuar desinteresadamente.

Precisamente la famosa frase de la “mano invisible” de Adam Smith hace referencia a eso: a que los individuos persiguen su propio interés y al hacerlo terminan contribuyendo al bienestar común, incluso más que si se hubieran puesto el mismo como propósito. No es de extrañar que Hume —siendo tan escéptico respecto a los fundamentos del conocimiento humano y la posibilidad de alumbrar principios morales a través de la razón— descreyera de la posibilidad de que individuos razonables alcanzaran un contrato social y pusieran el énfasis sobre el origen espontáneo de las normas.

La división del trabajo no es resultado de ningún designio particular, sino de esa propensión natural del ser humano a mejorar su condición a través de intercambios y comercio, que, según la sicología evolutiva, formaría ya parte de nuestra herencia biológica, como vimos en el capítulo 6.

La recuperación de las teorías evolutivas para las ciencias sociales, si bien estaba presente en Frederic Bastiat y Herbert Spencer, se debe a Carl Menger (1840-1921), fundador de la Escuela Austríaca, reconocido como uno de los autores de la teoría subjetiva del valor basada en la utilidad marginal decreciente. Menger quería refutar al historicismo alemán, que negaba el individualismo metodológico y la existencia de leyes económicas asociadas a regularidades de conducta, y las vinculaba con entes agregados como la nación, buscando regularidades inducidas a partir de eventos históricos.

Menger sostenía que las ciencias sociales debían explicar ciertos fenómenos evolutivos como el origen del dinero, el lenguaje, los mercados y la ley. En uno de sus trabajos más interesantes (1985), descarta que el origen de las monedas sea una convención o un ley, ya que “presupone el origen pragmático del dinero y de la selección de esos metales, y esa presuposición no es histórica” (p. 212). Considera necesario tomar en cuenta el grado de “liquidez” de los bienes; es decir, la regularidad o facilidad con la que puede recurrirse a su venta. Y suelen elegirse aquellos productos que sean de fácil colocación, por un lado, y que mantengan el valor por el cual han sido comprados en el momento de su venta; esto es, que no presenten diferencias entre un precio de “comprador” y otro de “vendedor”[1].

[1]. “El hombre que va al mercado con sus productos, en general intenta desprenderse de ellos pero de ningún modo a un precio cualquiera, sino a aquel que se corresponda con la situación económica general. Si hemos de indagar los diferentes grados de liquidez de los bienes de modo tal de demostrar el peso que tienen en la vida práctica, sólo podemos hacerlo estudiando la mayor o menor facilidad con la que resulta posible desprenderse de ellos a precios que se correspondan con la situación económica general, es decir, a precios económicos. Una mercancía es más o menos líquida si podemos, con mayor o menor perspectiva de éxito, desprendernos de ella a precios compatibles con la situación económica general, a precios económicos”. (p. 217).

 

Preocupaba a Alberdi que las leyes derogaran los principios de la Constitución: eso fue lo que pasó

Con los alumnos de Economía Política y Economía Argentina de Derecho, UBA, vemos El Sistema Económico y Rentístico, de Juan Bautista Alberdi. Al autor le preocupaba que los principios de libertad de la Constitución fueran alterados por las leyes que reglamentaran su ejercicio (lo que efectivamente sucedió). Esto dice al respecto:

Alberdi

“La libertad declarada no es la libertad puesta en obra.

Consignar la libertad económica en la Constitución es apenas escribirla, es declararla como principio y nada más; trasladarla de allí a las leyes orgánicas, a los decretos, reglamentos y ordenanzas de la administración práctica, es ponerla en ejecución: y no hay más medio de convertir la libertad escrita en libertad de hecho.

Ninguna Constitución se basta a sí misma, ninguna se ejecuta por sí sola. Generalmente es un simple código de los principios que deben ser bases de otras leyes destinadas a poner en ejecución esos principios. A este propósito ha dicho Rossi, con su profunda razón habitual, que las disposiciones de una Constitución son otras tantas cabezas de capítulos del derecho administrativo.

Nuestra Constitución misma reconoce esta distinción. Los principios, garantías y derechos reconocidos (dice el art. 28) no podrán ser alterados por leyes que reglamenten su ejercicio. – El artículo 64, inciso 28, da al Congreso el poder de hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes concedidos por la Constitución al gobierno de la Confederación Argentina.

Según esto, poseer la libertad económica escrita en la Constitución, es adquisición preciosa sin la menor duda: pero es tener la idea, no el hecho; la semilla, no el árbol de la libertad. La libertad adquiere cuerpo y vida desde que entra en el terreno de las leyes orgánicas, es decir, de las leyes de acción y de ejecución; de las leyes que hacen lo que la Constitución dice o declara solamente.

A los tiranos se imputa de ordinario la causa de que la libertad escrita en la Constitución no descienda a los hechos. Mucha parte tendrán en ello: pero conviene no olvidar que la peor tiranía es la que reside en nuestros hábitos de opresión económica, robustecidos por tres siglos de existencia; en los errores económicos, que nos vienen por herencia de ocho generaciones consecutivas; y, sobre todo en nuestras leyes políticas, administrativas y civiles, anteriores a la revolución de América, que son simples medios orgánicos de poner en ejercicio los principios de nuestro antiguo sistema de gobierno colonial, calificado por la ciencia actual como la expresión más completa del sistema prohibitivo y restrictivo en economía política. Somos la obra de esos antecedentes reales, no de las proclamas escritas de la revolución.

Esas costumbres, esas nociones, esas leyes, son armas de opresión que todavía existen y que harán renacer la tiranía económica porque han sido hechas justamente para consolidarla y sostenerla.

Es necesario destruirlas y reemplazarlas por hábitos, nociones y leyes, que sean otros tantos medios de poner en ejecución la libertad proclamada en materias económicas. Cambiar el derecho de los virreyes, es desarmar a los tiranos, y no hay más medio de acabar con ellos. El tirano es la obra, no la causa de la tiranía; nuestra tiranía económica es obra de nuestra legislación de Carlos V y Felipe II, vigente en nuestros instintos y prácticas, a despecho de nuestras brillantes declaraciones de principios.

Mientras dejéis que nuestros gobernadores y presidentes republicanos administren los intereses económicos de la República según las leyes y ordenanzas que debemos a aquellos furibundos enemigos de la libertad de comercio y de industria, ¿qué resultará en la verdad de los hechos? – Que tendremos el sistema colonial en materias económicas, viviendo de hecho al lado de la libertad escrita en la Constitución republicana.

En efecto, todas las libertades económicas de la Constitución pueden ser anuladas y quedar reducidas a doradas decepciones, con sólo dejar en pie una gran parte de nuestras viejas leyes económicas, y promulgar otras nuevas que en lugar de ser conformes a los nuevos principios, sean conformes a nuestros viejos hábitos rentísticos y fiscales, de ordinario más fuertes que nuestros principios.”

El papel de la voz y la salida en la competencia entre jurisdicciones: contribución de Albert Hirschman

Con los alumnos de la materia Economía e Instituciones de OMMA Madrid, vemos el capítulo del libro sobre competencia institucional. Allí comento los interesantes conceptos de “voz” y “salida” planteados por Hirschman:

El análisis de los conceptos de “salida” y “voz” fue desarrollado en el trabajo seminal de Albert Hirschman (1970). Este autor señala que hasta ese momento la ciencia económica había concentrado su análisis en el mecanismo de “salida”, el cual promueve la eficiencia en el mercado, interpretando tal salida como la decisión del consumidor de dejar de lado un determinado producto o servicio cuando su calidad no le satisface o también cuando ciertas personas abandonan una firma. Como resultado de esto los ingresos de la firma caen, se reducen sus clientes o miembros y los administradores son forzados a buscar formas de corregir las fallas que ocasionaran esta deserción.

Por otro lado, la ciencia política se ha concentrado en el mecanismo de “voz”, es decir, de la forma en que los individuos, como ciudadanos, expresan su aprobación o descontento con determinadas políticas y proceden a la elección de sus representantes. Esto incluye desde las elecciones, pasando por manifestaciones públicas en las calles hasta cartas de lectores en los diarios.

No obstante, señala Hirschman, ambos mecanismos están vigentes tanto en uno como en otro campo: la “voz” está presente en el mercado cuando los clientes o miembros manifiestan directamente su insatisfacción por la calidad de los productos y servicios a los administradores y la “salida” está presente en el ámbito de las decisiones políticas cuando los ciudadanos, mediante su movilidad, se desplazan desde aquellas jurisdicciones que ofrecen servicios de baja calidad o costos hacia aquellas con mejor oferta.

De hecho, las empresas realizan muchos esfuerzos para conocer qué es lo que opinan los consumidores porque, en definitiva, esa opinión se traduce luego en una “reputación”, y en el prestigio de una marca, un valor intangible pero cada vez más importante en el mundo moderno.

Por otro lado, la existencia de miles de refugiados señala tanto una “opinión” sobre la calidad institucional del Estado que se ha abandonado como la de aquél en que se ha buscado refugio. Este mecanismo de “salida” refleja una opinión tan fuerte como la más poderosa “voz”.

Cuando compiten países o niveles similares de gobierno se denomina “competencia horizontal”. Pierre Salmon (2005), analiza este fenómeno y, en particular, los distintos tipos de competencia que se presentan a este nivel. Estos son principalmente dos: el primero se relaciona con la movilidad de los recursos y pueden ser tanto personas que se van o quieren ingresar (los balseros cubanos son un ejemplo extremo de “salida”, los mejicanos que atraviesan la frontera a Estados Unidos clandestinamente son otro de “entrada”) ¿Acaso no están demostrando una preferencia con su accionar? A veces no se movilizan las personas sino sus capitales, en particular el capital financiero que es fácilmente transferible de una jurisdicción a otra: el éxodo de capital de muchos países con pesadas cargas burocráticas e impositivas es un ejemplo de ello. El atractivo que presenta Suiza es una demostración de su superioridad en cuando a la protección de las inversiones se refiere. También se refiere este fenómeno al destino de las inversiones internacionales, las cuales en su gran mayoría se realizan entre países desarrollados. Por último, hay una forma de movilización que no implica trasladarse a otra jurisdicción sino simplemente sumergirse en la economía informal, esto es, “salir” del esquema regulatorio vigente para desempeñarse en otro. En fenómeno se extiende también a la elección de una moneda, por ejemplo.

Esta movilidad sujeta a las jurisdicciones a un proceso de competencia, ya que aquellos países o jurisdicciones que no logran ofrecer los marcos institucionales adecuados pierden recursos, tanto sea de personas o de capitales. El segundo mecanismo se refiere más a la “voz” y se trata de la competencia que el autor llama “de comparación”, cual es la que se establece cuando los habitantes de un determinado país o jurisdicción conocen las condiciones vigentes en otra y demandan, por lo tanto, algo similar a sus propios representantes. Así, por ejemplo, los medios y algunos viajes, permitieron observar a muchos habitantes de los ex países socialistas las condiciones de vida en Occidente y sus demandas terminaron derribando todo el sistema.

Ahora bien, Salmon dice que en general las empresas y el capital responden principalmente con la movilidad, mientras que los trabajadores y los consumidores lo hacen fundamentalmente con el voto. El problema serio que se presenta para la política es cuando esas dos formas de competencia proveen incentivos contradictorios. Puede ser cuando las empresas quieren menos impuestos y cargas y los votantes más gasto y transferencias del estado.  O cuando los consumidores quieren más variedad de productos y mayor poder adquisitivo y las empresas quieren más protección arancelaria. O cuando se quieren más puestos de trabajo pero se ataca a las empresas.

Douglass North (1920-2015): una evolución hayekiana sobre el origen y desarrollo de las instituciones

Con los alumnos de la materia “Economía e Instituciones” de OMMA Madrid vemos el aporte de Douglass North, economista e historiador, quien recibiera el Premio Nobel en Economía en 1993 junto a Robert Fogel, por sus aportes al desarrollo de lo que ahora se denomina “Economía Institucional”. North falleció recientemente, el 23 de Noviembre de 2015.

North

North, quien comenzara con una aproximación claramente “neoclásica” y economicista sobre el origen de las instituciones, basando su análisis en modificaciones “exógenas” a los incentivos económicos existentes en la sociedad, evolucionó hacia una visión que enfatiza el papel de las ideas, acercándose así a la visión clásica tradicional que sostuvieran Mises, Hayek y Milton Friedman. Veamos, por ejemplo, de su artículo con Robert Thomas, publicado originalmente en The Economic History Review, de 1970  y luego en castellano en Libertas 10: “Una teoría del crecimiento del mundo occidental”:

“En este artículo nos proponemos ofrecer una nueva explicación del crecimiento económico del mundo occidental. Si bien el modelo que presentamos tiene implicaciones igualmente importantes para el estudio del desarrollo económico contemporáneo, centraremos nuestra atención en la historia económica de las naciones que formaron el núcleo del Atlántico Norte entre los años 1100 y 1800. En pocas palabras, postulamos que los cambios en los precios relativos de los productos y los factores de producción, inducidos inicialmente por la presión demográfica malthusiana, y los cambios en la dimensión de los mercados, dieron lugar a una serie de cambios fundamentales que canalizaron los incentivos hacia tipos de actividades económicas tendientes a incrementar la productividad. En el siglo XVIII estas innovaciones institucionales y los cambios concomitantes en los derechos de propiedad introdujeron en el sistema cambios en la tasa de productividad, los cuales permitieron al hombre de Occidente escapar finalmente al ciclo malthusiano. La llamada “revolución industrial” es, simplemente, una manifestación ulterior de una actividad innovadora que refleja esta reorientación de los incentivos económicos”.

Y veamos ahora su visión en 2003, en un artículo publicado por Cato Institute: “Instituciones, ideología y desempeño económico”: http://www.elcato.org/instituciones-ideologia-y-desempeno-economico

“El argumento central de este ensayo es que las instituciones, junto con la ideología, dan forma al desempeño económico. Las instituciones afectan el desempeño económico al determinar (junto con la tecnología usada) el costo de transacción y de producción. Las instituciones se componen de reglas formales, restricciones informales, y características del cumplimiento de éstas. Mientras que las reglas formales pueden cambiarse de la noche a la mañana por la comunidad, las restricciones informales cambian muy lentamente. Ambas son moldeadas en última instancia por las percepciones subjetivas de la gente sobre el mundo que los rodea; a la vez, estas percepciones determinan opciones explícitas entre las reglas formales y las restricciones informales evolutivas. En las secciones siguientes desarrollaré esta estructura analítica, la cual utilizaré para diagnosticar el desempeño contrastante de las economías occidentales de mercado con las del tercer mundo y con las economías socialistas.”