Artículo en La Nación sobre los 100 años de fracaso socialista: “Las promesas del socialismo no se cumplieron”

Artículo en La Nación: http://www.lanacion.com.ar/2072766-las-promesas-del-socialismo-no-se-cumplieron

Como un regalo de Navidad para muchos, el 25 de diciembre de 1991 se arrió la bandera roja soviética por última vez. El más importante experimento socialista de la historia había concluido en un notorio fracaso.

Se cumplen ahora cien años de esa revolución. Es muy poco lo que hay que festejar: tan sólo la remoción del vetusto régimen zarista (no el fusilamiento del zar, su mujer, cinco hijos y cuatro colaboradores), aunque lo que siguió fue peor, y la lucha en el frente oriental contra el ejército nazi que contribuyó a la caída del otro gran totalitarismo del siglo XX.

Y si fueron necesarios 74 años para reconocer la realidad, los resultados a esperar de la colectivización y planificación de la economía fueron señalados mucho antes, incluso a los pocos años de la revolución y en pleno fervor mundial con el experimento.

Tan sólo tres años después, en 1920, el economista austríaco Ludwig von Mises publicaba un artículo titulado “El cálculo económico en la sociedad socialista”, con una crítica demoledora y profética: la planificación colectiva es imposible. Dos años después la completaba y profundizaba en un libro: Socialismo: análisis económico y sociológico.

El argumento simplificado es así: los factores de producción se asignan en el mercado a través de los precios; es decir, un emprendedor evalúa las necesidades de los consumidores y realiza un cálculo acerca de la mejor forma de satisfacerlas utilizando factores disponibles. Por ejemplo, evalúa que la gente necesita sillas, estima su demanda, el precio al que pueden venderse y tiene que decidir si las sillas serán de madera, de metal, de plástico o de algún otro material. También debe decidir cuánto trabajo y cuántas maquinarias usar. Todo eso lo hace realizando “cálculo económico”, en otras palabras, presupuestando, gracias a que tiene precios disponibles para evaluar los posibles resultados.

En la economía de mercado los precios son el resultado de numerosos intercambios, y los intercambios no son otra cosa que intercambios de derechos de propiedad entre personas que valoran los bienes o los factores de producción en forma diferente.

En el socialismo se elimina la propiedad privada sobre los factores de producción, por lo que no hay intercambios de derechos y no hay precios. Éstos son reemplazados por decisiones del planificador, que asigna un número a la madera, al metal o al plástico, pero éstos no son precios que reflejen los mejores usos que se podrían dar a esos recursos, sino que reflejan las preferencias del planificador.

Y el problema es que el planificador no tiene la información necesaria para tomar decisiones acertadas. El conocimiento se encuentra disperso en la sociedad y gran parte de él no se puede transmitir al planificador para que tome decisiones. Es el dueño del tambo quien conoce sus vacas e instalaciones y está en la mejor posición para decidir si producir leche, queso o manteca tomando en cuenta los precios en el mercado.

La planificación económica fue un fracaso desde su inicio. El primero fue tal que el mismo Lenin tuvo que dar marcha atrás con la abolición de la propiedad privada, los intercambios y el dinero, en lo que se llamó Nueva Política Económica. Al poco tiempo, su heredero, Joseph Stalin, lanzó el primer plan quinquenal (planes que tanto les gustaban por aquí a Perón y a los militares) y comenzó la colectivización de la agricultura, que ocasionó unos 20 millones de muertos de hambre en Ucrania, a los que luego hay que sumar varios millones más del Gulag, las purgas y las ejecuciones de opositores.

El segundo problema se relaciona con los incentivos. Si el objetivo es una igualación de los ingresos de la población, no hay incentivos materiales para producir más y mejor, quedan solamente las llamadas a construir un “hombre nuevo” o apelar al fervor revolucionario o patriótico, que funciona al comienzo o cuando el país se ve amenazado, pero se debilita en situaciones normales.

Si trabajamos en una mina de carbón y yo produzco catorce veces más que el resto, ¿es justo que reciba una paga similar a los demás? En tal caso, trabajo como los otros y todo se iguala para abajo. De hecho, los soviéticos encontraron un trabajador así, Alexei Stajanov, y lo convirtieron en un héroe, quien ya no trabajó más en las minas, sino que se dedicó a arengar a los trabajadores. En épocas de amenaza nazi esto funcionaba, pero luego la Guerra Fría no fomentaba tanto fervor patriótico y la gente simplemente quería acceder a bienes de consumo y servicios que no estaban disponibles. Conocido es el chiste de aquel que compró un Lada y le dijeron que se lo entregarían dentro de tres años y dos meses, y preguntó si por la mañana o por la tarde. Ante la mirada asombrada del funcionario vendedor, le explicó que ese día también esperara al plomero.

Tan importante fue el problema de los incentivos que Nikita Khrushchev, en el XX Congreso del Partido Comunista, en 1956, reintrodujo los incentivos materiales para motivar a los trabajadores, y esto fue el principio del cisma con los maoístas chinos, quienes terminaron de acusar a los soviéticos de “revisionistas”, aunque después de Mao comenzaron a abrir la economía con Deng Xiaoping.

Mientras todo eso sucedía, en la Argentina el peronismo enfrentaba a los comunistas y a los socialistas por el control de los sindicatos, pero asumía parte de su teoría “combatiendo al capital” (salvo el capital amigo o propio) y contribuyendo a décadas de estancamiento y decadencia. Hasta los militares fueron amigos de los soviéticos cuando les vendíamos granos y los norteamericanos los criticaban por las violaciones de derechos humanos.

Otro ingrediente del proceso fue la mentira. Al mejor estilo Indec K, el mismo Khrushchev se jactó, en 1961, de que alcanzarían a la economía norteamericana hacia 1970 y superarían su nivel de vida. The New York Times y Le Monde lo tomaban en serio. El premio Nobel de Economía Paul Samuelson aceptaba esta hipótesis en un libro que fue el texto básico de todo estudiante de economía. En la edición de 1989, meses antes de la caída del Muro de Berlín, seguía afirmando que el crecimiento extraordinario de la URSS era prueba de su factibilidad. Esto cambió en ediciones posteriores. En 1989 la economía norteamericana era 11 veces más grande que la soviética, y hoy lo es 14 veces. El ingreso per cápita era cuatro veces superior, aun con cifras poco creíbles.

El tercer elemento de la economía planificada es que exacerba el poder. Ya no hay transacciones voluntarias entre partes, sino que hay órdenes, el poder para darlas y la amenaza a quienes no las cumplan. No es de extrañar que estos regímenes terminen en el totalitarismo, como lo muestra hoy Corea del Norte, e incluso Venezuela, con una versión de “socialismo del siglo XXI” que obtiene similares resultados.

La eliminación de la democracia, de la oposición (de los Trotsky, Kamenev, Zinoviev, el hermano de Kim Jong-un y tantos otros), de las libertades más básicas como la de opinar, salir del país, practicar una religión o producir, han sido componentes naturales de estos procesos.

El objetivo final de la revolución socialista era el “fin de la historia”, que establecería la armonía social perfecta aboliendo la explotación, superando la alienación y transformando la sociedad del reino de la necesidad al reino de la libertad. La colectivización de la producción iba a eliminar la escasez, superando el carácter “irracional” y desordenado del capitalismo, que lleva a la creciente monopolización de la producción y la pauperización de la población.

Nada de eso ocurrió: las promesas de progreso del socialismo nunca se alcanzaron, ni de cerca, y las tragedias del capitalismo no fueron tales. Pocas utopías han tenido la oportunidad de aplicarse como ésta. Dados los resultados, no merece otra.

Profesor de Economía, Universidad de Buenos Aires

Ludwig von Mises dictó seis conferencias en Argentina en 1959. Una de ellas sobre el supuesto “tercer camino”

En Junio de 1959, Ludwig von Mises dictó seis conferencias en Buenos Aires. Éstas fueron luego publicadas y las consideramos con los alumnos de la UBA Económicas, Historia del Pensamiento Económico II, Escuela Austriaca. Su tercera conferencia se tituló “Intervencionismo” y trata ahora sobre ese supuesto “tercer camino”. Mises comenta:

Mises3

“La idea que existe un tercer sistema – entre el socialismo y el capitalismo – como sus sostenedores dicen, un sistema tan alejado del socialismo como lo está del capitalismo pero que retiene las ventajas y evita las desventajas de cada uno, es puro disparate. La gente que cree en tan mítico sistema puede convertirse en realmente poética cuando  elogian la gloria del intervencionismo. Se puede decir, solamente, que están equivocados.

La interferencia del gobierno, que ellos elogian, provoca condiciones que a ellos mismos les disgustan. Uno de los problemas que trataré más adelante es el proteccionismo. El gobierno trata de aislar el mercado doméstico respecto al mercado mundial. Impone tarifas que elevan el precio doméstico de un producto por sobre el precio en el mercado mundial, haciendo posible a los productores domésticos formar cárteles. Los cárteles entonces son atacados por el gobierno declarando: ‘Bajo estas condiciones, es necesaria una legislación anti – cártel’

Esta es precisamente la situación con la mayoría de los gobiernos europeos. En los EEUU, hay además otras razones para la legislación anti – trust y la campaña del gobierno contra el fantasma del monopolio Es absurdo ver al gobierno – que crea por su propia intervención las condiciones que hacen posible la emergencia de cárteles domésticos – señalar con el dedo a las empresas, diciendo: ‘Hay cárteles, por lo tanto la interferencia del gobierno en los negocios es necesaria’. Sería mucho más simple evitar los cárteles terminando la interferencia del gobierno en el mercado – una interferencia que hace posibles estos cárteles.

La idea de la interferencia del gobierno como una ‘solución’ a los problemas económicos lleva, en cada país, a condiciones que, por lo menos, son bastante insatisfactorias y, a menudo, caóticas. Si el gobierno no se detiene a tiempo, fomentará el socialismo. Sin embargo, la interferencia del gobierno en los negocios es todavía muy popular. Tan pronto como a alguien no le gusta algo que sucede en el mundo, dice: ‘El gobierno debería hacer algo al respecto. ¿Para qué tenemos un gobierno? El gobierno debería hacerlo.’ Y este es un resabio de pensamiento característico de épocas pasadas, de épocas que precedían a la libertad moderna, al moderno gobierno constitucional, antes del gobierno representativo o del republicanismo moderno.

Por siglos existió la doctrina – sostenida y aceptada por todos – que un rey, un rey ungido – era el mensajero de Dios; tenía más sabiduría que sus súbditos; y tenía poderes sobrenaturales. Tan recientemente como a principios del Siglo XIX, la gente que sufría de ciertas enfermedades esperaba ser curada por el toque real, por la mano del rey. Los doctores eran generalmente mejores; sin embargo, hacían que sus pacientes se trataran con el rey.

Esta doctrina de la superioridad del gobierno paternal, de los poderes sobrenaturales y sobrehumanos de los reyes hereditarios, ha desaparecido gradualmente – o por lo menos eso creíamos. Pero apareció nuevamente. Hubo un profesor alemán llamado Werner Sombart (lo conocí muy bien), que era conocido en todo el mundo; era doctor honorario de muchas universidades y miembro honorario de la American Economic Association. Ese profesor escribió un libro que se encuentra disponible en una traducción al inglés, publicada por la Princeton University Press; también existe una traducción al francés, y probablemente exista una versión en español. Y espero que exista porque deseo que verifiquen lo que estoy diciendo. En este libro – publicado en nuestro siglo y no en la Edad Media – Werner Sombart, profesor de Economía, simplemente dice: ‘El Führer, nuestro Führer,’ – desde ya se refiere a Hitler – ‘recibe sus órdenes directamente de Dios, el Führer del Universo’

Antes ya mencioné esta jerarquía de Führers, y en esta jerarquía mencioné a Hitler como el ‘Supremo Führer’… Pero existe, de acuerdo con Werner Sombart, un más alto Führer: Dios, el Führer del Universo. Y Dios, escribió, le da Sus órdenes directamente a Hitler. Desde ya, el Profesor Sombart dijo, bastante modestamente; ‘No sabemos cómo Dios se comunica con el Führer. Pero el hecho no puede negarse’

Ahora, si oyen que dicho libro puede ser publicado en idioma alemán, el idioma de una nación que una vez fue aclamada como ‘la nación de los filósofos y de los poetas’, y ven que puede ser traducido al inglés y al francés, no podrán asombrarse del hecho que un pequeño burócrata se considere a sí mismo mejor y más inteligente que los ciudadanos y desee interferir en todo, aunque sea solamente un pobre minúsculo burócrata, y no el famoso Profesor Werner Sombart, miembro honorario de lo que sea.

¿Existe un remedio contra estas cosas? Yo diría que sí, que hay un remedio. Y este remedio es el poder los ciudadanos; tienen que impedir que se establezca un régimen tan autocrático que se arroga una mayor sabiduría que la del ciudadano común. Esta es la diferencia fundamental entre la libertad y la servidumbre. Las naciones socialistas han usurpado para sí mismas el término democracia. Los rusos llaman a su sistema Democracia Popular, probablemente sostienen que la gente está representada en la persona del dictador. Creo que a un dictador, Juan Perón aquí en la Argentina, se le dio una buena respuesta cuando se lo forzó al exilio en 1955. Esperemos  que otros dictadores, en otras naciones, se les dé una respuesta similar.”

Alberdi sobre la distribución de la riqueza: hay una distribución “natural” o libre. La redistribución es forzada

Con los alumnos de la UBA Derecho vemos el Sistema Económico y Rentístico de Alberdi, ahora sobre la distribución de las riquezas, que puede ser libre o reglamentada:

Alberdi 2

“No se podría concebir libertad de una especie para producir Un valor, y libertad de otra especie para aprovechar del valor producido. El principio de igualdad, v. g., que reconoce en todos el derecho al trabajo, o, lo que es igual, a producir valor, no podría desconocer el mismo derecho aprovechar de la utilidad correspondiente a su parte de producción. El derecho al trabajo, v. g., está tan ligado al derecho al producto o resultado del trabajo, que no son más que un solo derecho considerado bajo dos aspectos. Sólo la iniquidad ha podido admitir el uno y desconocer el otro; sólo ella ha desconocido el derecho al trabajo, para disputar el de optar a sus provechos.

La justicia natural, regla común de los hechos morales, económicos y políticos de que consta la humana sociedad, la justicia divide y distribuye los beneficios de todo producto entre los agentes o fuerzas que concurren a su producción. Dar utilidades a los unos y excluir de ellas a los otros, sería contrario a la moral cristiana, que haciendo de todos el deber del trabajo, ha dado a todos el derecho a vivir de su producto.

La Constitución argentina ha hecho de esta parte de la política económica el objeto predilecto de sus garantías. Ella vio que dar garantías en favor del provecho que corresponde a los servicios del capital, del trabajo y de la tierra en la producción de las riquezas, era no solamente el medio de conseguir el bienestar de los habitantes del país, que la Constitución comprende entre sus propósitos supremos, sino también el verdadero medio de fomentar su producción, cuyo estímulo no es otro que el deseo de alcanzar ese provecho, necesario a la satisfacción de las necesidades del hombre y al sostén de su existencia de un modo digno de su noble naturaleza.

Reconociendo que la riqueza es un medio, no un fin, la Constitución argentina propende por el espíritu, de sus disposiciones económicas, no tanto a que la riqueza pública sea grande, como bien distribuida, bien nivelada y repartida; porque sólo así es nacional, sólo así es digna del favor de la Constitución, que tiene por destino el bien y prosperidad de los habitantes que forman el pueblo argentino, no de una parte con exclusión de otra. Ella ha dado garantías protectoras de este fin social de la riqueza, sin desconocer que el orden social descansa en las bases de la libertad, igualdad, propiedad, seguridad, etc.

Ella ha querido que las riquezas, que son obra del trabajo combinado de todos los servicios productores, redunden en el bienestar y mejora de todos los que asisten a su producción, por medio de sus respectivos servicios; es decir, de la mayoría de la sociedad, en que reside la nación, no de una porción privilegiada de ella. No haya esclavos, ha dicho en esa virtud; es decir, no haya hombre-máquina, hombre-tierra, hombre-capital, que teniendo hambre gane el pan con su sudor para satisfacer el hambre de otro. Ella ha hecho un crimen de esa torpeza tan ofensiva a la riqueza del país, como a la moral del Evangelio. No haya extranjeros, ha dicho; no haya excluidos en el banquete de la riqueza nacional, haciendo del suelo argentino la patria de todo el mundo para lo que es formar riqueza y disfrutarla en su provecho propio.

Para proteger mejor el fin social de la riqueza, ha preferido la distribución libre a la distribución reglamentaria y artificial. La distribución de las riquezas se opera por sí sola, tanto más equitativamente cuanto menos se ingiere el Estado en imponer le reglas.

Así la Constitución argentina, en vez de inventar despóticamente reglas y principios de distribución para las riquezas, las ha tomado de las leyes naturales que gobiernan este fenómeno de la economía social, subordinado a las leyes normales que rigen la existencia del hombre en la tierra.”

Para avanzar en la desregulación la última esperanza son los votantes,¿y qué hacemos con los políticos y legisladores?

La revista Regulation, publicada por el Cato Institute, cumplió 40 años. Con motivo de ello, sus editores, Peter van Doren y Thomas Firey, publican un interesante artículo evaluando ese período en relación al desarrollo de la teoría y las políticas públicas relacionadas con las regulaciones. Aquí van algunos párrafos. El texto completo en: https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2017/3/regulation-v40n1-1-updated-2.pdf

“¿Es la educación la única esperanza? / La educación de los futuros políticos puede conducir a una regulación más racional, si no menos reguladora. La profesión legal provee a los jueces que interpretan leyes y regulaciones, así como una fracción saludable de legisladores, reguladores, y su personal. Como resultado de la subida del movimiento de la ley y de la economía en la universidad de Chicago, las facultades permanentes de todas las escuelas de ley de la élite ahora incluyen a economistas. Uno no puede graduarse de una escuela superior de derecho sin tener algún entrenamiento en cómo funcionan los mercados, cuán robustas son sus características de eficiencia y cómo los esfuerzos para regularlas a menudo tienen resultados perversos.

Pero la última y mejor esperanza para la desregulación descansa en las futuras generaciones de votantes. Obtienen los legisladores y las leyes que exigen. Es fácil para los votantes exigir regulación -o acatarla- porque la mayoría de los votantes no entienden sus efectos: precios más altos, impuestos más altos y menos libertad. Los estudiantes de hoy son los votantes del mañana, y debemos fomentar esa comprensión en ellos. Cuanto más se exponen a los conocimientos sobre los beneficios de los mercados libres y los costos de la regulación, y cuanto más ven estas lecciones en sus vidas cotidianas (por ejemplo, Uber, Airbnb, camiones de alimentos, microembruaje y microdestilado) Probablemente votarán por políticos que favorezcan la intervención del gobierno en los mercados, o al menos así lo esperamos.

Sin duda, este esfuerzo educativo está en conflicto con la visión de interés público del gobierno y los mercados que ha sido popular en los campus universitarios y en el público por lo menos durante 100 años. Muchos creen que este punto de vista no puede ser revertido. Pero, ¿qué otra estrategia ofrece más promesa?

Si una mayoría de ciudadanos cree que es bueno y no problemático exigir favores económicos del gobierno, entonces los políticos acomodarán esas demandas. No hay balas mágicas institucionales que puedan detenerlas.

CONCLUSIÓN

La teoría de interés público de la regulación afirma que los mercados a menudo no funcionan bien. Es decir, los mercados supuestamente no son eficientes y los consumidores no reciben una sacudida justa. Bajo esta teoría, la intervención reguladora en los mercados por parte del gobierno, si está diseñada inteligentemente, puede hacer que los mercados sean más eficientes y justos.

Sin embargo, cuando los investigadores comenzaron a investigar las regulaciones del mundo real para medir estos beneficios, estaban desilusionados. Pocos beneficios públicos fueron encontrados, pero hubo un montón de beneficios de interés especial, así como ganancias para los políticos, y un montón de pérdida de peso muerto. Más alentador, los investigadores descubrieron que la mayoría de los mercados regulados no tenían fallas de mercado en primer lugar, y por lo tanto sería más eficiente si se eliminaran las regulaciones. Y para aquellos mercados que tienen fallas, la regulación a menudo no ha mejorado la eficiencia.

En lugar de beneficiar al público, la intervención reguladora generalmente redistribuye de algunas empresas a otras y de algunos consumidores a otras, e impone costos netos en el proceso.

Dado los muchos desafíos económicos a los que se enfrenta Estados Unidos en el siglo XXI, estas redistribuciones pesarán cada vez más sobre el bienestar público.

LECTURAS

■ “A Somewhat Better Connection,” by Robert W. Crandall. Regulation 25:2 (Summer 2002), 22–28.

■ “Banking Approaches the Modern Era,” by Charles W. Calomiris. Regulation 25:2 (Summer 2002), 14–20.

■ Government Failure vs. Market Failure: Microeconomics Policy Research and Government Performance, by Clifford Winston. AEI–Brookings Joint Center for Regulatory Studies, 2006.

■ “Lessons Learned and Forgotten,” by Richard L. Gordon. Regulation 25:2 (Summer 2002), 46–50.

■ “Moving Ahead,” by Thomas Gale Moore. Regulation 25:2 (Spring 2002), 6–13.

■ “Retrospective Review in Four States,” by Stuart Shapiro, Debra BorieHoltz, and Ian Markey. Regulation 39:1 (Spring 2016), 32–35.

■ “The Motivations behind Banking Reform,” by Randall S. Kroszner. Regulation 24:2 (Summer 2001), 36–41.

■ “When Law and Economics Was a Dangerous Subject,” by Nicola Giocoli. Regulation 38:4 (Winter 2015–2016), 32–38.

Mises sobre el cálculo económico en el socialismo. Venezuela muestra que igual va con el socialismo del siglo XXI

Con los alumnos de Económicas en la UBA leemos a Mises sobre el cálculo económico en el Sistema socialista: http://www.hacer.org/pdf/rev10_vonmises.pdf

Recordemos que en ese Sistema no habría “precios” en el sentido económico ya que estos surgen de intercambios libres de derechos de propiedad, eliminados en el socialismo. Habría unos ciertos números definidos por los planificadores. Mises escribía esto a los pocos años de la Revolución Rusa (1922). Así comenta los problemas que enfrentarían:

Mises1

“Tratemos de imaginar la posición de una comunidad socialista. Habrá cientos de miles de establecimientos que trabajan continuamente. Una minoría de éstos producirá bienes listos para el consumo. La mayoría producirá bienes de capital y productos semimanufacturados. Todos estos establecimientos estarán estrechamente relacionados entre sí. Cada bien pasará por una serie de establecimientos antes de estar listo para el consumo. Sin embargo, la administración económica no tendrá realmente una dirección en medio de la presión de tantos procesos diferentes. No tendrá manera de asegurarse si tal o cual parte del trabajo es realmente necesaria, o si no se estará gastando demasiado material para completar su fabricación. ¿Cómo podría descubrir cuál de los dos procesos es más satisfactorio?

Cuando más, podría comparar la cantidad de productos entregados, pero sólo en contados casos podría comparar los gastos incurridos en su producción. Sabría exactamente, o creería saberlo, qué es lo que está tratando de producir. Por lo tanto, tendría que obtener los resultados deseados con el gasto mínimo. Pero para lograrlo tendría que sacar cálculos, y esos cálculos tendrían que ser cálculos del valor. No podrían ser tan sólo “técnicos”, ni podrían ser cálculos sobre el valor-uso de los bienes y servicios. Esto es tan obvio que no necesita pruebas adicionales.

Bajo un sistema basado en la propiedad privada de los medios de producción, la escala de valores es el resultado de las acciones de cada miembro independiente de la sociedad. Todos hacen un doble papel en ella, primero como consumidores y segundo como productores. Como consumidor, el individuo establece el valor de bienes listos para el consumo. Como productor, orienta los bienes de producción hacia aquellos usos que rendirán más. Es así como los bienes de un orden más elevado también se gradúan en forma apropiada a las condiciones existentes de producción y de la demanda dentro de la sociedad.

El juego de estos dos procesos garantiza que el principio económico sea observado tanto en el consumo como en la producción. Y en esta forma surge el sistema exactamente graduado que permite a todos enmarcar su demanda dentro de las líneas económicas.

Bajo el socialismo, todo esto no ocurre. La administración económica puede establecer exactamente qué bienes son más urgentemente necesarios, pero eso es sólo parte del problema. La otra mitad, la evaluación de los medios de producción, no se soluciona. Puede averiguar exactamente el valor de la totalidad de tales instrumentos. Obviamente, ése es igual al valor de las satisfacciones que pueden darse. Si se calcula la pérdida en que se incurriría al retirarlos, también se podría averiguar el valor de instrumentos únicos de producción. Pero no puede asimilarlos a un denominador común de precios, como podría ser bajo un sistema de libertad económica y de precios en dinero.

No es necesario que el socialismo prescinda totalmente del dinero. Es posible concebir arreglos que permitan el empleo del dinero para el intercambio de bienes de consumo. Pero desde el momento en que los diversos factores de producción (incluyendo el trabajo) no pudieran expresarse en dinero, el dinero no jugaría ningún papel en los cálculos económicos

Supongamos, por ejemplo, que la comunidad de países socialistas estuviera planeando un nuevo ferrocarril. ¿Sería ese nuevo ferrocarril realmente conveniente? Si lo fuera, ¿cuánto terreno debería servir? Bajo el sistema de propiedad privada podríamos decidir esas interrogantes por medio de cálculos en dinero. La nueva red de ferrocarril abarataría el transporte de determinados artículos, y en base a ello podríamos calcular si la diferencia en los cargos de transporte justificaría los gastos de construcción y funcionamiento del ferrocarril. Un cálculo así sólo podría hacerse en dinero. No podríamos hacerlo comparando gastos y ahorros en especies. Es absolutamente imposible reducir a unidades corrientes las cantidades de trabajo especializado y no especializado, el hierro, carbón, materiales de construcción, maquinaria y todas las demás cosas que exige el mantenimiento de un ferrocarril, por lo cual es imposible también reducirlos a unidades de cálculo económico. Sólo podremos trazar planes económicos cuando todo aquello que acabamos de enumerar pueda ser asimilado a dinero. Es cierto que los cálculos de dinero no son completos. Es cierto que presentan grandes deficiencias, pero no contamos con nada mejor para reemplazarlos, y, bajo condiciones monetarias seguras, satisfacen todos los objetivos prácticos. Si los dejamos de lado, el cálculo económico se hace absolutamente imposible.

No queremos decir con esto que la comunidad socialista se encontraría totalmente desorientada. Tomaría decisiones a favor o en contra de la empresa propuesta y dictaría una orden. Pero, en el mejor de los casos, esa decisión se basaría tan sólo en vagas evaluaciones. No podría basarse en cálculos exactos de valor.”

Procesos exitosos de reforma estatal: el caso del desmantelamiento de bases militares en los Estados Unidos

La revista Regulation, publicada por el Cato Institute, cumplió 40 años. Con motivo de ello, sus editores, Peter van Doren y Thomas Firey, publican un interesante artículo evaluando ese período en relación al desarrollo de la teoría y las políticas públicas relacionadas con las regulaciones. Aquí van algunos párrafos. El texto completo en: https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2017/3/regulation-v40n1-1-updated-2.pdf

¿Proceso de reforma? / Los miembros del Congreso entienden que el favoritismo económico es un juego de dilema de prisionero. Y cuando las apuestas han sido lo suficientemente altas, han encontrado formas de cooperar para evitar los costos. Un ejemplo que a menudo se propone como un modelo para una amplia reforma del proceso es el sistema de Realineación y Cierre de Bases (BRAC).

Después del final de la Guerra Fría, se reconoció ampliamente que Estados Unidos tenía un gran y costoso excedente de instalaciones militares domésticas a la luz de las nuevas necesidades de defensa de la nación. Pero era políticamente difícil cerrar esas bases porque los congresistas locales bloquearían la legislación que ponía en peligro sus distritos. En esencia, la defensa nacional se había convertido en un programa de empleo para empleados civiles y contratistas, con pocos beneficios y un costo considerable para el público estadounidense en general.

Para terminar con este estancamiento, el Congreso tomó en gran medida las decisiones de cierre de base de las manos de los legisladores. En virtud de la legislación de 1990, delegaron en una comisión de cierre de bases la tarea políticamente difícil de identificar instalaciones militares que pudieran ser cerradas con poco riesgo para la defensa militar. Decenas de instalaciones fueron posteriormente cerradas como resultado de cuatro rondas BRAC sucesivas.

El éxito aparente del proceso BRAC dependía de dos ingeniosas disposiciones del estatuto autorizante. Primero, la Casa Blanca y el Congreso debían aceptar o rechazar en su totalidad las listas de las instalaciones de la Comisión de cierre de bases. No había oportunidad para los legisladores individuales de salvar “sus” bases. El medicamento tenía que ser tragado entero o no tragado en absoluto, a la vista del público. En segundo lugar, el Congreso podría rechazar la lista completa de los cierres de bases propuestas sólo si aprobaba una resolución de rechazo dentro de los 45 días después de que la Casa Blanca haya aprobado la lista. Debido a que la comisión BRAC recopiló y envió estratégicamente pequeñas listas de bases innecesarias, sólo una pequeña minoría de distritos congresionales se opondría a cada ronda BRAC, mientras que el resto del Congreso y la Casa Blanca se beneficiarían de los ahorros. Como resultado, el Congreso nunca rechazó una lista BRAC.

Desafortunadamente, el proceso BRAC no parece ser adaptable a muchas otras deliberaciones del Congreso, incluyendo la regulación. De hecho, puede ser un éxito único en su tipo. Ha habido otros intentos en tales comisiones independientes, pero el Congreso nunca ha dado a ninguno de ellos el poder que dio a la comisión BRAC. Bajo la mayoría de las circunstancias, el Congreso no cederá tal poder porque hacerlo eliminaría el centro de la vida en el Congreso: logrolling.

E incluso BRAC no ha tenido tanto éxito como sugiere la narración anterior. Aunque el Congreso nunca ha rechazado una lista BRAC, tampoco ha considerado muchas listas. El sistema se desmoronó después de la lista de 1995, porque los miembros de la comisión querían centrar su atención en las muchas bases de Texas y California. Clinton pudo haber sido un halcón del presupuesto que aprobó la lista de cierre de 1995, pero él no quiso poner en peligro sus posibilidades de la reelección en esos estados. Como resultado, inventó maneras de bloquear tener que considerar una lista subsecuente. Desde entonces, los legisladores de Washington también evitaron la compilación de listas que afectarían significativamente a California y Texas, resultando en sólo una ronda adicional de BRAC, en 2005. Más allá de eso, los defensores de mantener las bases abiertas comenzaron a cambiar sus esfuerzos de los legisladores a los miembros del comité BRAC, En esencia, la reinstitución del juego.

Si no se puede evitar el favoritismo económico, tal vez el Congreso podría al menos encontrar una manera menos costosa de distribuir la generosidad a sus beneficiarios. Por ejemplo, en lugar de regular los mercados, el gobierno podría dar subsidios directos a los intereses especiales actualmente favorecidos por la regulación, pero a cambio los economistas diseñarían las subvenciones de una manera que redujera las distorsiones del mercado causadas por la regulación.”

¿Es necesaria una reforma política para que luego sea posible una desregulación de la economía? El caso de Estados Unidos

La revista Regulation, publicada por el Cato Institute, cumplió 40 años. Con motivo de ello, sus editores, Peter van Doren y Thomas Firey, publican un interesante artículo evaluando ese período en relación al desarrollo de la teoría y las políticas públicas relacionadas con las regulaciones. Aquí van algunos párrafos. El texto completo en: https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2017/3/regulation-v40n1-1-updated-2.pdf

HACIA UNA FUTURA REFORMA

¿Pueden lograrse liberalizaciones adicionales en un futuro próximo? Los reformadores han sugerido tres estrategias para impulsar una nueva desregulación: la reforma electoral, la reforma del proceso y la educación. Consideramos cada uno de ellos a continuación.

¿Reforma electoral? Muchos defensores de la desregulación han argumentado que una reforma adicional sólo puede lograrse a través del sistema político: elegir a políticos más pro-libres del mercado a Washington ya las capitales de los estados. El nuevo Congreso controlado por los republicanos y la administración Trump parecen ejemplificar este enfoque. La plataforma del Candidato Trump incluyó el voto audaz de revertir el “75%” de las regulaciones federales, y la desregulación ha sido una promesa de campaña republicana estándar por décadas. El Presidente Trump ya ha ordenado que la emisión de cualquier nueva regulación federal vaya acompañada de la derogación de dos reglamentos y que el costo de cumplir con las regulaciones federales se congelará para el próximo año para que el costo incremental de las nuevas regulaciones sea compensado por el costo regulatorio Reducciones en otros lugares. Mientras tanto, los republicanos en el Congreso han comenzado a utilizar la Ley de Revisión del Congreso (CRA), que raramente se ha disparado, para revocar los reglamentos emitidos en los últimos meses de la administración Obama. (Ver “La medianoche de ajuste de Obama”, página 5.)

Pero más allá de las acciones de la CRA, no está claro qué pasos concretos tomará la nueva administración y los legisladores del Congreso -o incluso lo que significa revocar el “75% de la regulación federal” o dos reglamentaciones antiguas para una nueva. Aunque muchas de las buenas ideas de reforma regulatoria han sido sugeridas por los think tanks de DC, investigadores universitarios de políticas y empleados del comité de Capitol Hill, ninguno ha sido públicamente abrazado como iniciativas importantes del Congreso o de la Casa Blanca Trump, Años noventa Es justo preguntarse si los votos de desregulación de los políticos son más atmosféricos que objetivos políticos reales.

Además, no está claro si tendrán un verdadero apoyo electoral para una acción audaz. Los votantes pueden decir que apoyan la “desregulación”, pero su comportamiento de voto sugiere que realmente están desinteresados ​​en la regulación o aceptan la antigua hipótesis de interés público de que los reguladores gubernamentales invariablemente benefician al público. Además, suelen recompensar a los políticos por inclinar el mercado en beneficio de ciertos intereses especiales.

En demasiados casos, si un miembro del Congreso despreciaba la reglamentación y otros favores económicos en general, sólo tendría éxito en privar a los intereses especiales en su distrito de los beneficios de “jugar” al mercado, y de “logrolling” Asegurar el apoyo de los colegas del Congreso a las políticas importantes para sus electores. Como resultado, sus electores tendrían que soportar cargas reguladoras más pesadas y pagar impuestos y precios más altos, mientras que los legisladores de otros distritos otorgarían a sus electores los beneficios de los programas gubernamentales y acuerdos de logrolling.

Cualquier legislador que quiera ser reelegido (que es prácticamente todos ellos) se da cuenta de que una posición de principios contra el favoritismo económico costará sus votos y el apoyo financiero necesario para la reelección. Un legislador que promete votar en contra de favores económicos y luego lo hace no puede contar con la reelección a menos que sus electores estén de alguna manera obligados a reelegirla si se apega a esa promesa. Los legisladores reformistas están atrapados en el juego del “dilema del prisionero”: son seguros sólo mientras se mantengan unidos y mantengan una posición de mayoría indiscutible en la legislatura. Pero si esa mayoría se rompe, los beneficios van a los desertores, mientras que los no desertores serán castigados. Esta toma de conciencia afecta a muchos políticos reformistas.

Algunos reformadores electorales han sugerido a los funcionarios de limitar el mandato para interrumpir este juego reduciendo las presiones de la reelección. Pero mientras un legislador tenga la oportunidad de ser reelegido incluso una vez, o pasar a otra oficina electa, habrá tentación de abandonar la promesa y buscar el apoyo de intereses especiales. Además, los constituyentes que imponen límites a sus funcionarios electos se ponen en desventaja frente a distritos vecinos que no adoptan límites. Nuevamente, estos constituyentes se privarían de favores económicos pero todavía pagarían los impuestos y los precios más altos que financian los favores del gobierno que fluirán en otra parte.

¿Qué sucede si los límites de mandato se impusieron constitucionalmente en toda una legislatura? Eso no eliminaría el problema subyacente del interés propio de los constituyentes. En vez de volver a nombrar a los mismos políticos para la reelección, las organizaciones del partido encontrarían candidatos que lucharían fielmente para continuar entregando los favores económicos perseguidos por sus precursores que salen. Los legisladores específicos podrían cambiar, pero los juegos políticos y económicos continuarán.”

Manuel Ayau sobre el intervencionismo, siguiendo a Mises sobre la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo

Con los alumnos de Proceso Económico II de la UFM vemos a su fundador, Manuel Ayau, sobre el intervencionismo:
“¿Debe el hombre estar al servido del Estado, o debe el Estado estar al servido del hombre? Durante la mayor parte del siglo XX, dos sistemas dominantes, el socialismo y el capitalismo, dieron respuestas distintas a esta pregunta, y la mayoría de los pueblos democráticos buscaron un tercer camino, una ruta intermedia entre el socialismo y el capitalismo.

Así cobró nueva vigencia la filosofía mercantilista, que floreció en Europa a partir del siglo XVI, y que asigna al Estado la función de coordinar la actividad económica de la sociedad.

Las concesiones monopolísticas, los impuestos discriminatorios, el fomento a determinadas actividades, la acumulación de reservas monetarias, los controles de precios, salarios e intereses, la reforma agraria y otros mecanismos se han usado, en diferentes épocas y lugares, para encauzar los esfuerzos de los individuos hada los fines predeterminados por el Estado mercantilista.

El credo mercantilista no presupone el sometimiento del individuo al Estado, ni la abolición explícita del derecho de propiedad, pero asigna al Estado la función de dirigir la economía hada los objetivos que el propio Estado identifica con el “bien común”. Invariablemente, el “bien común” implica que unos se enriquecen a expensas de otros.

En la segunda mitad del siglo XX, renombrados especialistas de los países ricos han diseñado docenas de modelos económicos, y los países pobres han servido de laboratorios de experimentación. No podrían esos modelos ensayarse en los países ricos, porque sus leyes garantizan a los ciudadanos ciertos derechos que no pueden ser cercenados en aras de un experimento.

Los países pobres, en cambio, se caracterizan por la fragilidad de sus instituciones. Y como la ayuda extranjera suele estar condicionada a la obediencia de los gobiernos que la reciben, muchas naciones soberanas pero pobres modifican sus Constituciones y sus leyes para acomo-dar los experimentos.

La mejor prueba de que todos los modelos económicos ensayados han fracasado, la encontramos en el corto ciclo de vida de esos modelos. A intervalos de aproxima-damente veinte años, un modelo económico es anunciado con fanfarrea como la panacea de los problemas de los pueblos pobres. La implementación, a menudo apoyada financieramente por la comunidad internacional, tarda entre cinco y diez años.

Cuando aparecen los primeros síntomas de fracaso, los defensores del modelo los atribuyen a circunstancias fortuitas y transitorias. A medida que la secuela de pobreza se agranda, los funcionarios de los organismos internacionales y de los gobiernos nacionales se renuevan. Un buen día, la nueva generación de burócratas decreta que el modelo “se agotó” y que ha llegado el momento de ensayar un nuevo modelo.

Entre 1960 y 1980, las naciones soberanas de América Central, sedientas de ayuda extranjera, sirvieron de laboratorio de experimentación para el modelo de sustitución de importaciones, que dio vida al Mercado Común Centroamericano. Acto seguido nos embarcamos en el modelo de fomento a las exportaciones reforzado, en uno u otro país centroamericano, por otros modelos subalternos o paralelos como la reforma agraria, la microempresa, la reconversión industrial, el fortalecimiento del movimiento sindical, el ecoturismo… todos ellos generosamente financiados desde el extranjero.

La economía de mercado es el sistema de organización social que surge espontáneamente cuando nadie impone por la fuerza un modelo económico.”

Curiosamente, fueron los políticos de centro izquierda quienes comenzaron las desregulaciones en los años 80s

La revista Regulation, publicada por el Cato Institute, cumplió 40 años. Con motivo de ello, sus editores, Peter van Doren y Thomas Firey, publican un interesante artículo evaluando ese período en relación al desarrollo de la teoría y las políticas públicas relacionadas con las regulaciones. Aquí van algunos párrafos. El texto completo en: https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2017/3/regulation-v40n1-1-updated-2.pdf

LOS POLICYMAKERS ABRAZAN LA DEREGULACIÓN (A VECES)

De acuerdo con la teoría económica de la regulación, el cambio de política se produce como resultado de los incentivos de las autoridades. Las investigaciones que demuestran que los mercados específicos funcionan bien sin regulación y que la regulación existente perjudica el bienestar público no es, por sí misma, un incentivo suficiente para la desregulación. La última parte del siglo XX proporcionó incentivos más efectivos para el cambio de políticas -en algunos casos.

A partir de la década de 1960 (si no antes), Estados Unidos enfrentó una revitalizada competencia económica de países que habían reconstruido sus capacidades industriales tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, la economía estadounidense estaba luchando bajo las crecientes cargas fiscales de los programas de la Gran Sociedad y la Guerra de Vietnam, así como la creciente inflación de los esfuerzos de la Reserva Federal para estimular la economía. Esas luchas contribuyeron a la “Estagflación” de finales de los años sesenta y setenta, ya que los episodios de alto desempleo y la inflación de dos dígitos provocaron demandas políticas de cambio de políticas que mejorarían la eficiencia económica.

Los movimientos iniciales hacia la liberalización de algunos mercados se hicieron tan pronto como la administración de John F. Kennedy y más adelante en la administración de Gerald Ford. Pero el movimiento de desregulación realmente despegó en la segunda mitad de los años setenta. Como se señaló anteriormente, el senador Ted Kennedy, con la ayuda del asesor del comité, Stephen Breyer, aprovechó la investigación económica indicando que la desregulación de ciertas partes del sector del transporte reduciría los precios sin provocar las sombrías consecuencias que los reguladores habían pronosticado. Para los legisladores que estaban luchando con la estanflación, la oportunidad de bajar los precios y estimular la economía simplemente reduciendo la intervención del gobierno fue atractiva.

EL SIGLO XXI

El impulso para la liberalización del mercado se revirtió en el nuevo siglo. Ningún cambio de política en los últimos 16 años parecería calificar como una importante desregulación, mientras que iniciativas tales como la Ley de PATRIOTA de los Estados Unidos de 2001, Ley de Gobernanza Corporativa Sarbanes-Oxley, 2002 y leyes agrícolas subsecuentes, Ley de Asistencia Asequible, 2010 La ley de regulación financiera de Dodd-Frank y las regulaciones de “neutralidad neta” de la Comisión Federal de Comunicaciones de 2015 han ampliado la intervención federal en los mercados y añadido decenas de miles de páginas al Código de Regulaciones Federales de los Estados Unidos.

Al igual que el período desregulatorio anterior, esta nueva era puede atribuirse en parte a los acontecimientos externos, es decir, a los acontecimientos de noticias importantes. Los ataques terroristas de 2001 a Al Qaeda en Nueva York y Washington y los escándalos contables de 2001-2002 motivaron la Ley PATRIOT y la Ley Sarbanes-Oxley, respectivamente, mientras que la crisis financiera de 2007-2008 y la consiguiente recesión propulsaron a Dodd-Frank.

Esta pérdida de impulso desregulador es desafortunada ya que hay muchos beneficios públicos que se obtendrán de una mayor liberalización -como se documenta regularmente en las páginas del Reglamento. Algunos de estos beneficios perdidos han adquirido atención pública y política en los últimos años; por ejemplo, el uso de la tierra (por ejemplo, zonificación relajante y restricciones de construcción), atención médica (por ejemplo, flexibilización de los requisitos de aprobación de medicamentos) y licencias ocupacionales Reduciendo la formación y los requisitos de licencia), pero la reforma continúa lentamente, si es que se produce.”

Avances y retrocesos de la desregulación en los Estados Unidos: electricidad, banca, salud y seguridad, medio ambiente

La revista Regulation, publicada por el Cato Institute, cumplió 40 años. Con motivo de ello, sus editores, Peter van Doren y Thomas Firey, publican un interesante artículo evaluando ese período en relación al desarrollo de la teoría y las políticas públicas relacionadas con las regulaciones. Aquí van algunos párrafos. El texto completo en: https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2017/3/regulation-v40n1-1-updated-2.pdf

“Electricidad / La evolución de la industria eléctrica en la primera mitad del siglo XX dio lugar a proveedores de monopolio con grandes instalaciones de generación de pequeñas regiones. Los responsables políticos adoptaron la regulación tarifaria de estos monopolios naturales con la justificación de que reduciría las tarifas de electricidad y aumentaría el acceso y consumo de los consumidores en relación con el laissez faire.

Sin embargo, la investigación encontró que la regulación de la tasa de las empresas de energía no había bajado las tasas. En cambio, había tendido a la industria de la energía hacia el aumento de la generación para satisfacer la demanda pico no subestimada, haciendo que el sistema propenso a los costos de capital excesivos. Los servicios públicos sobre-construyeron sus plantas de energía -especialmente instalaciones nucleares- y pasaron el costo a los consumidores, con la aprobación de los reguladores.

Banca / Históricamente, la regulación bancaria en los Estados Unidos benefició al gobierno proporcionándole ingresos y benefició a los bancos protegiéndolos de la competencia. En la historia temprana de los Estados Unidos, los estados concedieron a los bancos poder de mercado sobre pequeñas áreas geográficas a cambio de evaluar los fuertes impuestos y tarifas, que los bancos pasaron a sus clientes. Los estados prohibieron la banca a nivel nacional y la banca de “rama” estatal severamente limitada, aunque la bifurcación y la banca interestatal hubieran sido una gran conveniencia para los depositantes y una bendición para los negocios y los prestatarios. Además, habrían protegido a los bancos contra los colapsos de bancos regionales como los ocurridos en los años previos a la Gran Depresión y los primeros años de la Depresión.

La regulación bancaria de la era de la depresión (el seguro de depósitos obligatorio administrado por el gobierno y la separación de la banca comercial de la banca de inversión) combatió esos colapsos, pero las políticas ayudaron principalmente a las empresas en lugar de a los consumidores. El hito de la Ley Bancaria de 1933 fue un clásico compromiso de logro en el cual los partidarios populistas de pequeños bancos rurales ganaron el seguro de depósito federal (a través de las objeciones del Presidente Franklin Roosevelt, del Tesoro, de la Fed y de la American Bankers Association) Las actividades bancarias de los bancos comerciales, que en ese momento eran interpretados como los grandes villanos de la Depresión. El legado de la regulación bancaria ha sido un sistema bancario inmensamente fragmentado cuyos costos son excesivos.

Salud y seguridad / Las personas creen comúnmente que la ola de regulaciones federales de salud y seguridad que comenzó en los años 70 ha hecho a los trabajadores estadounidenses más seguros. El soporte prima facie para esto es dado por datos de accidente; Desde la década de 1970, los accidentes industriales de todo tipo han disminuido. Pero ese apoyo se erosiona a medida que se amplía el alcance de los datos: las tasas de accidentes disminuyeron durante décadas por delante de los reglamentos de los años setenta. No hubo otro cambio a la baja en las tasas de accidentes después de la creación de agencias como la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional.

La larga duración de los índices de accidentes cada vez más bajos indica que las “fuerzas seculares”, y no la regulación, han sido el contribuyente más importante a las mejoras de seguridad durante el siglo pasado. La seguridad es un bien normal y, a medida que aumenta la renta real de las personas, consumirán más. Así como los estándares de vida estadounidenses subieron en el siglo 20, los trabajadores exigieron lugares de trabajo más seguros, insistiendo en pagar más a cambio de tomar riesgos. Los empleadores respondieron proporcionando más seguridad.

Esto subraya otra revelación de los investigadores que estudian las fallas del mercado: el mercado parece ser mucho menos vulnerable al fracaso de lo que los políticos habían asumido. La existencia de un riesgo para la salud, por ejemplo, no implica necesariamente la necesidad de medidas regulatorias. A través de las fuerzas normales del mercado, los trabajadores reciben una compensación salarial suficiente para hacerlos dispuestos a asumir el riesgo, o los empleadores reducen el riesgo para reducir la prima salarial. Como resultado, el riesgo para la salud se internaliza en la decisión del mercado.

Muchas personas no saben que en la primavera de 1970 el Senado del Estado de California, citando preocupaciones ambientales, votó a favor de la prohibición del motor de combustión interna en 1975. Esta idea utópica, que recibió apoyo aparentemente improbable de los United Auto Workers No llegan a buen término debido a su impracticabilidad, aunque algunos políticos de Golden State todavía apoyan la idea.

La Ley Federal de Aire Limpio refleja el mismo pensamiento utópico. Para los contaminantes convencionales, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos debe preparar un documento cada cinco años que “refleje con precisión los últimos conocimientos científicos” sobre los efectos de la exposición en la salud. A continuación, debe establecer un estándar que es “necesario para proteger la salud pública …, lo que permite un adecuado margen de seguridad” para garantizar “la ausencia de efectos adversos sobre la salud de una muestra estadísticamente relacionada de las personas en grupos sensibles”. Dictaminó en 2001 en Whitman v. American Trucking Association que la Clean Air Act “impide inequívocamente las consideraciones de costos del proceso de” establecimiento de la contaminación “. Así, las decisiones de la EPA sobre los contaminantes convencionales se refieren a los beneficios de la reducción de emisiones, -cualquiera que sean los costos, incluso si son muy inferiores a los beneficios- porque eso es exactamente lo que la ley ordena a la EPA hacer.

La Ley de Aire Limpio no se ha enmendado desde 1990. A falta de cambios estatutarios, las normas utópicas de “costo-no-materia” de calidad del aire seguirán siendo un problema serio.”