Funciones del Estado: Mises analiza el tema y al mismo tiempo critica dura y polémicamente al derecho natural

Con los alumnos de la materia Proceso Económico II, de la UFM, todos nutricionistas o médicos, vemos al papel del Estado en la sociedad y la economía. Para ello, y entre otras cosas, leemos a Ludwig von Mises en su obra “La Acción Humana”, quien dice:

“El estado y el gobierno no son fines, sino medios. Sólo el sádico disfruta haciendo daño a los demás. Recurren, por el contrario, las autoridades a la fuerza y a la coacción únicamente para implantar y mantener específica organización social. La amplitud de la esfera en que la violencia estatal haya de aplicarse, así como cuáles sean las normas que la fuerza pública deba hacer respetar, vienen exclusivamente determinadas por el sistema social que en definitiva se quiera adoptar. No teniendo el estado otra misión más que la de permitir la pacífica pervivencia de la correspondiente organización social, resulta evidente que la determinación de las legítimas funciones sociales dependerá de cuáles sean los cometidos encomendados al aparato gubernamental. Para poder enjuiciar la legislación y las medidas adoptadas al objeto de que la misma se respete, forzoso es previamente examinar si tanto aquélla como ésta resultan idóneas para mantener el sistema social deseado.

Sólo a la luz de preexistente ordenamiento cabe enjuiciar la justicia o injusticia de específica actuación. Son muchos los que suponen hállase predeterminado y tajantemente separado, desde el albor de los siglos, lo bueno de lo malo. Jueces y legisladores, al sentar la ley, lo que debían procurar —pensaron algunos— es establecer qué sea, a la luz de una justicia inmutable, lo recto y lo equitativo. Frente a tal filosofía, que aboga por invariable conservadurismo, por el mantenimiento de las antiguas y veneradas instituciones y costumbres, alzáronse los partidarios del derecho natural. Las leyes positivas deben contrastarse con una ley «superior», o sea con la ley natural. A la luz de tal hipotético y arbitrario derecho natural pretenden aquéllos calificar de justas o injustas las instituciones y las normas reglamentarias. Es bueno el legislador —piensan— cuando sus normas positivas coinciden con los preceptos de las leyes naturales.

Tiempo ha quedaron definitivamente patentizados los errores que tales filosofías encierran. Quien no está por ellas cegado advierte la petición de principio que implica el apelar a la justicia precisamente ante la ley nueva. De lege ferenda no cabe hablar de justicia ni de injusticia. Sólo de lege lata cobran sentido tales conceptos, a los cuales únicamente cabe   acudir al enjuiciar, a la luz de la norma legal ya promulgada, específico o individualizado supuesto. Cuando se trata de variar el existente ordenamiento legal, de reformar o derogar vigentes ordenaciones o de decretar normas nuevas, vano es lucubrar en torno a la injusticia; lo único que cabe ponderar es la utilidad o conveniencia social de tales dictados. Forzoso es referirse a específica organización social para que cobre sentido el concepto de justicia. No es la justicia la que nos señala qué sistema social debamos adoptar; es, por el contrario, el orden en definitiva preferido el que nos indicará cuáles actos son buenos y cuáles recusables. No hay ni bien ni mal fuera del nexo social. Interés alguno encerrarían los conceptos de justicia e injusticia para el individuo que llevara una vida totalmente autárquica y aislada. Tal actor sólo distinguiría entre aquello que le favorecía y aquello que le perjudicaba. La idea de justicia, únicamente al surgir la cooperación social, cobra sentido.”

La volatilidad de los precios de las materias primas, afecta a ciertos países. ¿Cómo hacen las empresas para que no las afecte?

Muy interesante trabajo publicado por el Cato como Policy Analysis, titulado “Curse or Blessing? How Institutions Determine Sucess in Resource-Rich Economies”: https://www.cato.org/publications/policy-analysis/curse-or-blessing-how-institutions-determine-success-resource-rich

Muy importante, además, en el caso argentino porque los estatistas de siempre han presentado la teoría de la “enfermedad holandesa” como una de las razones para cerrar la economía y subsidiar a ciertos sectores. Uno de los argumentos presentados en el trabajo sostiene que, si bien es cierto que ciertos países tienen una importante dependencia de algún recurso natural y eso los expone a sus vaivenes, las empresas que producen esos recursos naturales están más expuestas aún, y no parece haberles ido mal. Es decir, una empresa petrolera está expuesta en un ciento por ciento a las fluctuaciones de los precios del petróleo.

Los gobiernos deberían aprender de las empresas, deberían tomar nota de cómo hacen para hacer frente a los vaivenes de precios (hedging, reducción de costos, etc.). Y respecto a un tema algo relacionado, he aquí dos cuadros que muestran comparativamente la rentabilidad de las empresas petroleras privadas y las empresas petroleras estatales:

Alberdi sobre el gasto público: “Si la economía es el juicio en los gastos (Say), la disipación es la locura en el gobierno y en el país.”

Con los alumnos de la UBA Derecho completamos la lectura de Sistema Económico y Rentístico de Juan Bautista Alberdi, con la lectura del Capítulo VII: Objetos del Gasto Público según la Constitución Argentina. Algunos párrafos seleccionados:

“El gasto público de la Confederación Argentina, según su Constitución, se compone de todo lo que cuesta el “constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común. promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad”; en una palabra, el gasto nacional argentino se compone de todo lo que cuesta el conservar su Constitución, y reducir a verdades de hecho los objetos que ha tenido en mira al sancionarse, como lo declara su preámbulo.

Todo dinero público gastado en otros objetos que no sean los que la Constitución señala como objetos de la asociación política argentina, es dinero malgastado y malversado. Para ellos se destina el Tesoro público, que los habitantes del país contribuyen a formar con el servicio de sus rentas privadas y sudor. Ellos son el límite de las cargas que la Constitución impone a los habitantes de la Nación en el interés de su provecho común y general.

Encerrado en ese límite el Tesoro nacional, como se ve, tiene un fin santo y supremo; y quien le distrae de él, comete un crimen, ya sea el gobierno cuando lo invierte mal, ya sea el ciudadano cuando roba o defrauda la contribución que le impone la ley del interés general. Hay cobardía, a más de latrocinio, en toda defraudación ejercida contra el Estado; ella es el egoísmo llevado hasta la bajeza, porque no es el Estado, en último caso, el que soporta el robo, sino. el amigo, el compatriota del defraudador, que tienen que cubrir con su bolsillo el déficit que deja la infidencia del defraudador.”

“Teniendo cada provincia su gobierno propio, revestido del poder no delegado por la Constitución al gobierno general, cada una tiene a su cargo el gasto de su gobierno local; cada una lo hace a expensas de su Tesoro de provincia, reservado justamente para ese destino. Según eso, en el gobierno argentino, por regla general, todo gasto es local o provincial; el gasto general, esencialmente excepcional y limitado, se contrae únicamente a los objetos y servicios declarados por la Constitución, como una delegación que las provincias hacen a la Confederación, o Estado general. Este sistema, que se diría entablado en utilidad de la Confederación, ha sido reclamado y defendido por cada una de las provincias que la forman. (Constitución argentina, parte 2a, título 2°, y pactos preexistentes invocados en su preámbulo.)”

“Felizmente la Constitución federal argentina exige pocos empleados para el servicio del gobierno general, compuesto de poderes excepcionales y poco numerosos. – La policía, que forma una gran parte del gasto interior en los gobiernos unitarios, está reservada a los gobiernos provinciales por la Constitución argentina. Igual atribución les hace del servicio y sostén de los establecimientos de beneficencia.

En cuanto al gasto exigido por’ las obras públicas para promover el bienestar general, también es carga que la Constitución reparte entre el gobierno interior de la Nación y el de cada una de las provincias confederadas. (Art. 104.)”

“Los caminos, puentes, muelles y otras obras de esa utilidad pueden ser entregados temporalmente para su explotación a las empresas privadas que tomen a su cargo el construirlos.”

“Si la economía es el juicio en los gastos (Say), la disipación es la locura en el gobierno y en el país.”

“Observaré entretanto, para acabar de hablar del gasto público, que no todo él consiste en el gasto con que la sociedad satisface sus necesidades de orden público por conducto del gobierno, sino también en el que hace ella directa e inmediatamente, por la mano de sus habitantes, en la mejora, co-modidad y perfeccionamiento de sus ciudades, en el socorro y alivio de las clases desgraciadas, y en fin en todo ese orden de servicios que la sociedad se hace a sí misma, sin el intermedio de la autoridad, en el sentido de su prosperidad más rápida y más completa. – A ese gasto pertenecen las calles, los empedrados, las calzadas, los caminos, puentes, desagües, mejoras locales, monumentos, socorros públicos y eventuales, que se hacen por suscriciones voluntarias levantadas entre el vecindario.

Ese gasto es obra exclusiva del espíritu público, es decir, de la disposición y aptitud de los habitantes para unir sus esfuerzos y prestarlos, sin más coacción que el deseo del bienestar común, sin más mira que realizarlo. Los pueblos educados en servidumbre no tienen idea de esta contribución sin ley, que el patriotismo se impone a sí mismo, como el esclavo que todo lo hace para su amo y por su mandato no tiene idea del celo generoso.

La Inglaterra, los Estados Unidos deben la mitad de sus mejoras de orden local a esa contribución que el país paga sin que se lo exija la ley, nada más que por el placer de existir bien y de un modo digno del pueblo que sabe estimarse y respetarse hasta en su decoro externo, hasta en el aire distinguido y brillante de esas habitaciones colectivas para su mansión, que se denominan ciudades.”

La teoría de la regulación y el problema del cálculo económico en el socialismo. El mismo problema del conocimento

Con los alumnos de OMMA Madrid vemos los Caps. 2 y 3 de El Foro y El Bazar donde se analizan las distintas políticas públicas sugeridas para resolver problemas de ‘fallas de mercado’ y sus propuestas de solución. Consideramos allí los aportes de la “teoría de la regulación’, y la extensión a ese campo del fracaso del cálculo económico en el socialismo:

 Y pese a lo interesante de todas estas teorías, que describen los procesos políticos que llevan a la implementación de regulaciones y al “control” del ente regulador por los mismos intereses que supuestamente han de ser regulados, lo cierto es que existe un problema todavía mayor: la posibilidad misma de que el regulador pueda cumplir con la tarea que se le ha encomendado.

Pese a la relativa novedad de todas estas cuestiones (los trabajos de Stigler, Peltzman y Posner pertenecen a la década de los años 70), lo cierto es que la cuestión básica por considerar ya había sido tratada en la década del 20 cuando Ludwig von Mises (1881-1973) demostró la imposibilidad teórica de realizar la planificación en una economía socialista. Y si bien los argumentos de Mises se refieren a la planificación socialista y no a la regulación, se pueden extender  a esta misma circunstancia con las salvedades del caso.

Para von Mises (1949), el elemento fundamental del socialismo era la propiedad colectiva de los medios de producción; de esto se desprende que no existe un mercado para esos factores, ya que sin propiedad privada no puede haber intercambios entre sus legítimos propietarios, y sin intercambios no puede haber relaciones relativas entre factores, esto es, precios. Ésta es, por ejemplo, la situación en la que se encuentra la propiedad del espectro electromagnético, las frecuencias por las que se transmiten señales de radio, televisión o telefonía celular entre otras cosas. Este es un “medio de producción” de propiedad estatal. Mises señaló, en su momento, la dificultad intrínseca de la planificación, ya que ante la ausencia de precios los planificadores no tienen términos de referencia sobre la importancia económica relativa de cada bien o servicio para un uso alternativo. En nuestro caso, el uso de una frecuencia radioeléctrica para transmisión de radio FM o telefonía celular no puede ser valorado económicamente porque no existen precios como para poder hacerlo.

Según Mises, los planificadores socialistas no pueden saber si la asignación de un recurso para un determinado fin es más o menos deseable que la de otro. No es de extrañar que en la realidad los funcionarios de los burós planificadores en los países socialistas tomaran como referencia los precios de las economías de mercado. No obstante ello, como los precios varían constantemente reflejando las preferencias de los consumidores o las disponibilidades de la oferta, la planificación nunca podía modificarse para copiar la modificación instantánea que el mercado provee. Finalmente, las malasignaciones explican el colapso del sistema. En el caso de las regulaciones, el planificador utilizará otros criterios para la asignación, muchas veces “políticos” y, por cierto, conflictivos. 

El proceso competitivo del mercado es necesario, por un lado, para movilizar el conocimiento disponible, y por otro, para generar el descubrimiento de nuevas oportunidades que hasta entonces no se hayan descubierto. La intervención gubernamental, entonces, interfiere en este proceso de descubrimiento. 

 

En definitiva, la acción del ente regulador interfiere con el proceso de mercado, y como no le es posible obtener la información necesaria para cumplir su tarea, debe depender para ello de lo que le provean los mismos sectores regulados. Termina así siendo cautivo de sus propios intereses. Por otro lado, desvía la atención de los emprendedores hacia su propio interés e impide el descubrimiento de nuevas oportunidades en beneficio de los consumidores.

Tomemos el caso del monopolio natural. Si en determinado momento hay un solo proveedor de servicios de comunicaciones y no existen restricciones para el ingreso de competidores, esto significa que el mencionado proveedor satisface las necesidades de la mejor forma posible. El mecanismo de descubrimiento de nuevas oportunidades (nuevas tecnologías, nuevos servicios) se encuentra en funcionamiento y cualquier descuido del proveedor al ofrecer la última tecnología o precios adecuados será aprovechado por otros para hacerlo y minar así su condición monopólica.

Se arguye contra ello que los costos de ingreso son muy elevados en este sector. Pero lo cierto es que estos costos existen en todas las actividades, y esto no ha frenado la competencia en ellas. Por el contrario, los mismos costos de ingreso elevados desatan la creatividad para estudiar su reducción. Por otra parte, con el avance tecnológico y la eliminación de las áreas monopólicas, la competencia puede ser inmediata.

Alberdi: en la elección y cantidad de los gastos puede ser dilapidada la riqueza pública, embrutecido, oprimido el país

Con los alumnos de la UBA Derecho leemos a Alberdi en Sistema Económico y Rentístico, ahora sobre el “destino” de los fondos del Tesoro, es decir, el tema central de nuestras preocupaciones económicas actuales, el gasto público:

“AUTORIDAD Y REQUISITOS QUE EN EL INTERES DE LA LIBERTAD INTERVIENEN EN LA CREACION Y DESTINO DE LOS FONDOS DEL TESORO, SEGUN LA CONSTITUCION ARGENTINA

El poder de crear, de manejar y de invertir el Tesoro público, es el resumen de todos los poderes, la función más ardua de la soberanía nacional. En la formación del Tesoro puede ser saqueado el país, desconocida la propiedad privada y hollada la seguridad personal; en la elección y cantidad de los gastos puede ser dilapidada la riqueza pública, embrutecido, oprimido, degradado el país.

¿Cómo evitar que el gobierno incurra en tales excesos al ejercer la soberanía del país delegada para crear el Tesoro y aplicarlo? ¿Hay garantías aplicables al remedio de esos abusos? ¿Cómo conseguir que los principios económicos y rentísticos de la Constitución prevalezcan en las leyes y en los actos del gobierno, encargado de hacer cumplir la Constitución? – La Inglaterra ha encontrado ese secreto a costa de muchos siglos de experiencias dolorosas, y lo ha enseñado al mundo parlamentario: consiste en dividir el poder rentístico en dos poderes accesorios e independientes, a saber, el poder de crear los recursos y votar los gastos públicos, y el poder de recaudar, administrar y emplear esos recursos en los gastos designados, ¿por quién? – Al poder legislativo, órgano más íntimo del país, es delegado el ejercicio de la primera atribución. y al ejecutivo el de la segunda por ser el Tesoro el principal medio de acción y de ejecución.. Tal es la teoría del gobierno parlamentario de Inglaterra, de que ha sido expresión práctica la Constitución argentina, a imitación de todas las conocidas en ambos mundos de medio siglo a esta parte.

Toda la libertad del país depende de la verdad en esa división del poder.

Ella constituye la principal y más importante tradición de la revolución de Mayo contra el gobierno de España.

En el acta del 25 de Mayo de 1810, inaugural del nuevo régimen, se previno que la. nueva junta, depositaria del Poder ejecutivo, no podría imponer contribuciones ni gravámenes al pueblo o sus vecinos sin previa consulta o conformidad del Cabildo, eco inmediato de la ciudad. (Artículo 9 dé dicha acta).

Los Estados Unidos de Norte-América debieron a su madre patria el legado de esa tradición de progreso y libertad. En la Gran Bretaña fué siempre de la Cámara de los comunes el privilegio de iniciar las contribuciones, por el principio de que procediendo del pueblo toda contribución, es justo que el pueblo sea quien se la imponga. Eso fuera cierto, decía Blackstone, si sólo el pueblo pagase contribuciones, y no la nobleza propietaria, que en realidad las soporta al igual del resto del país. La verdadera razón de ese privilegio de los representantes del pueblo inglés (Cámara de los comunes) residía en el peligro de promediarlo con la Cámara de los lores, elegida por el rey, a cuya influencia se la presumía sujeta por este motivo.”

¿Impulsa el gasto público al crecimiento de la economía? Un estudio de Libertad y Desarrollo dice que no

La idea que el gasto público puede impulsar el crecimiento de la economía es muy común. El Instituto Libertad y Desarrollo de Chile publica un estudio al respecto, disponible aquí: http://www.lyd.org/lyd/TemasPublicos/TP1303GASTOFISCALYCRECIMIENTODELPIB.pdf

Algunas de sus conclusiones:

“EFECTOS DEL GASTO FISCAL EN EL CRECIMIENTO DEL PRODUCTO: EVIDENCIA

Hay una serie de trabajos que analizan el efecto de la política fiscal en el crecimiento económico. Al realizar una recopilación de estudios empíricos recientes se observa que la mayor parte ellos se basan en la experiencia de países desarrollados, debido principalmente a la mayor disponibilidad de información. Sin embargo, se encontró también evidencia para países en desarrollo, dando cuenta que, por las diferentes características de los mismos, el impacto del gasto fiscal podría tener diferentes resultados en términos de dirección y magnitud.

Los resultados de los diversos estudios empíricos dan cuenta que el efecto de un incremento del gasto fiscal depende de varios factores: en primer lugar, existe una diferencia de efectos en economías desarrolladas versus aquellas en vías de desarrollo. Mientras en las primeras hay evidencia de un efecto positivo (aunque pequeño), en las segundas no lo hay, e incluso podría ser negativo. En segundo lugar, es importante el régimen cambiario, puesto que aquellas economías con tipo de cambio flexible no presentan efectos en el producto. Tercero, la apertura comercial también determina el efecto en el crecimiento del producto de una política fiscal expansiva: a mayor apertura, el impacto del mayor gasto fiscal puede ser negativo. Finalmente, el nivel de deuda también podría afectar negativamente, al menos en tramos de deuda mayores al 60% del PIB.

Chile es un país en vías de desarrollo, con tipo de cambio flexible, con gran apertura comercial y con un nivel de deuda que está creciendo. Por lo tanto, un incremento de gasto de gobierno, en nuestro caso, estaría lejos de lograr el efecto de mayor crecimiento del producto. Es más, podría generar precisamente el efecto contrario.

Veamos qué dice la evidencia local al respecto. El trabajo de Cerda et. al (2005) utiliza la metodología de VAR estructural (SVAR) con datos para Chile para el período 1986-2001. Sus estimaciones muestran que un shock de gasto fiscal tiene un efecto negativo en el PIB sólo durante el primer trimestre, con una magnitud pequeña (-0,3%). Luego, los efectos sobre el PIB no son significativos. Es decir, no se registra evidencia que la política fiscal expansiva sea reactivadora del crecimiento económico. Siguiendo el trabajo de Cerda (2005), realizamos una nueva estimación, con datos que cubren entre el primer trimestre de 1990 y el tercer trimestre de 2016. A partir del modelo SVAR estimado, el siguiente gráfico presenta la función impulso respuesta para un incremento (shock) del crecimiento del gasto público de 1 punto porcentual.

El resultado salta a la vista: el impacto del incremento del gasto fiscal es cero en el crecimiento del producto, lo que refuta la idea que podría ayudar a reimpulsar el aletargado dinamismo que exhibe actualmente nuestra economía.”

Megaproyectos de obras públicas: todos exceden su presupuesto y su tiempo previsto, una y otra vez

En el Cato Policy Report de Enero/Febrero de este año, Bent Flyvbjerg analiza los “megaproyectos” de obras públicas, que tanto parecen gustar a los políticos y a los votantes. Al respecto, dice:

“Los datos de rendimiento de los megaproyectos hablan su propio idioma. Nueve de cada diez proyectos de este tipo tienen exceso de costos. Los excesos de hasta el 50 por ciento en términos reales son comunes, más del 50 por ciento no es infrecuente. El exceso de costes del túnel del Canal de la Mancha, el túnel ferroviario submarino más largo de Europa, que conecta el Reino Unido y Francia, fue del 80 por ciento en términos reales. Para el Big Dig de Boston, el 220 por ciento. El Sydney Opera House, 1.400 por ciento. Del mismo modo, los déficit de beneficios de hasta el 50 por ciento también son comunes, y por encima del 50 por ciento no es infrecuente.

Como ejemplo, considere el Túnel del Canal en más detalle. Este proyecto fue originalmente promovido como altamente beneficioso tanto económica como financieramente. De hecho, los costos fueron un 80 por ciento sobre el presupuesto para la construcción, como se mencionó anteriormente, y 140 por ciento para la financiación. Los ingresos han sido la mitad de los previstos. La tasa interna de rendimiento de la inversión es negativa, con una pérdida total para la economía británica de 17.800 millones de dólares. Por lo tanto, el Túnel del Canal de la Mancha disminuye la economía en lugar de aumentarla. Esto es difícil de creer cuando se utiliza el servicio, que es rápido, conveniente y competitivo con los modos alternativos de viaje. Pero, de hecho, cada pasajero está fuertemente subvencionado. No por el contribuyente esta vez, sino por los muchos inversionistas privados que perdieron su dinero cuando Eurotunnel, la empresa que construyó y abrió el canal, fue insolvente y se reestructuró financieramente. Esto lleva a casa un punto importante: un megaproyecto puede ser un éxito tecnológico, pero un fracaso financiero, y muchos lo son. Una evaluación económica y financiera ex post del Túnel del Canal de la Mancha, que comparaba sistemáticamente los costos reales y los previstos, concluyó que “la economía británica habría sido mejor si el túnel nunca hubiera sido construido”.

Si la evidencia indica que aproximadamente uno de cada diez megaproyectos está dentro del presupuesto, uno de cada diez está dentro del cronograma y uno de cada diez entrega los beneficios prometidos, entonces aproximadamente uno de cada mil proyectos es un éxito, definido como objetivo Para los tres. Incluso si los números estuvieran equivocados por un factor de dos, la tasa de éxito todavía sería deprimente. Esto sirve para ilustrar lo que puede llamarse la “ley de hierro de los megaproyectos”: sobre el presupuesto, con el tiempo, una y otra vez.”

Los megaproyectos de obras públicas: atractivos para los políticos porque también atraen a los votantes

En el Cato Policy Report de Enero/Febrero de este año, Bent Flyvbjerg analiza los “megaproyectos” de obras públicas, que tanto parecen gustar a los políticos y a los votantes. Al respecto, dice:

“LOS CUATRO SUBLIMES

¿Por qué los megaproyectos son tan atractivos para los tomadores de decisiones? La respuesta puede encontrarse en los llamados “cuatro sublimes” de la gestión de megaproyectos. Karen Trapenberg Frick introdujo por primera vez el término al estudio de megaproyectos, describiendo lo sublime tecnológico que los ingenieros y tecnólogos de éxtasis logran al construir proyectos grandes e innovadores, como el edificio más alto o el puente más largo.

Propuse tres sublimes adicionales, empezando por el “sublime político”, que es el rapto que los políticos obtienen de construir monumentos para sí mismos y sus causas. Los megaproyectos son tangibles, atraen la atención y dan un aire de proactividad a sus promotores. Por otra parte, son imanes de los medios, que apela a los políticos que parecen gozar de pocas cosas mejores que la visibilidad que consiguen de megaproyectos que comienzan – excepto quizás el corte de la cinta de uno en la compañía de los miembros de la realeza o de los presidentes, que es probable ser atraídos por la importancia histórica única de estos proyectos. Este es el tipo de exposición pública que ayuda a que los políticos sean reelegidos. Por lo tanto, los buscan activamente.

A continuación está el “sublime económico”, que es la delicia que los empresarios y los sindicatos obtienen de hacer mucho dinero y empleos de los megaproyectos. Por último, el “sublime estético” es el placer de los diseñadores y las personas que aprecian el buen diseño de construir, usar y mirar algo muy grande y especialmente hermoso, como el Golden Gate Bridge de San Francisco o la Ópera de Sydney.

En su conjunto, los cuatro sublimes aseguran la existencia de fuertes coaliciones de actores que se benefician de megaproyectos y que por lo tanto trabajarán para más proyectos de este tipo. Pero, de hecho, la entrega de megaproyectos convencionales – infraestructura y otros – es altamente problemática con un registro de desempeño triste en términos de costos y beneficios reales. Las siguientes características de los megaproyectos son típicamente pasadas por alto o ignoradas cuando los cuatro sublimes están en juego:

  1. Los megaproyectos son inherentemente riesgosos debido a horizontes de planificación largos e interfaces complejas.
  2. A menudo los proyectos son dirigidos por planificadores y gerentes sin experiencia profunda en el dominio que cambian a lo largo de los largos ciclos de proyectos que se aplican a los megaproyectos, dejando el liderazgo débil.
  3. La toma de decisiones, la planificación y la gestión son típicamente procesos de múltiples actores que involucran a múltiples partes interesadas, públicas y privadas, con intereses en conflicto.
  4. La tecnología y los diseños son a menudo no estándar, lo que lleva a un “sesgo de singularidad” entre los planificadores y gerentes, que tienden a ver sus proyectos como singulares, lo que impide el aprendizaje de otros proyectos.
  5. Frecuentemente hay un compromiso excesivo a un cierto concepto de proyecto en una etapa temprana, que resulta en “bloqueo” o “captura”, dejando el análisis alternativo débil o ausente, y conduce a un compromiso escalonado en etapas posteriores.
  6. Debido a las grandes sumas de dinero involucradas, los problemas de los agentes principales y el comportamiento de búsqueda de rentas son comunes, al igual que el sesgo de optimismo.
  7. El alcance del proyecto o el nivel de ambición normalmente cambian significativamente con el tiempo.
  8. La entrega es una actividad de alto riesgo e impredecible, con sobreexposición a los llamados “cisnes negros”, es decir, eventos extremos con resultados masivamente negativos. Los gerentes tienden a ignorar esto, tratando los proyectos como si existieran en gran medida en un mundo newtoniano determinista de causa, efecto y control.
  9. La evidencia estadística muestra que tal complejidad y sucesos no planificados son a menudo desconocidos, dejando las contingencias presupuestarias y temporales inadecuadas.
  10. Como consecuencia, la desinformación sobre costos, horarios, beneficios y riesgos es la norma durante el desarrollo del proyecto y la toma de decisiones. El resultado son los excesos de costos, los retrasos y los déficit de beneficios que socavan la viabilidad del proyecto durante la ejecución y las operaciones del proyecto.”

Chile se apresta a discutir su sistema previsional, y esto no solamente impactará allí sino en toda América Latina

La discusión sobre el sistema jubilatorio en Chile no es importante solamente en ese país, aunque ciertamente es a quien más impacta, sino también en el resto de la región, ya que su modelo fue copiado por muchos otros países. Esto publica el Instituto Libertad y Desarrollo en un informe titulado “Pan para hoy…”: http://www.lyd.org/lyd/TemasPublicos/TP1299ANUNCIOPENSIONES.pdf

“El debate previsional en Chile se ha mantenido fuerte en la discusión pública durante el último año, producto de la preocupación existente por mejorar las pensiones. Dicha discusión ha revelado un amplio desconocimiento del funcionamiento de nuestro sistema previsional, y también el hecho que la receta más eficiente y justa para mejorar los ingresos al momento de jubilarse es aumentar el ahorro durante la vida activa. Esto, además de exigir un incremento en el esfuerzo individual, requiere necesariamente de mejoras en el mercado laboral que permitan fomentar la participación en empleos formales, de tal modo de aumentar la densidad de cotización (sobre todo para las mujeres).

Luego de un trabajo de siete meses con actores de distintos ámbitos políticos que culminó sin acuerdo, el Ejecutivo dio a conocer los principales componentes del proyecto de ley que enviaría este año en materia previsional. Lamentablemente, la propuesta erosiona los pilares del sistema vigente -basados en la retribución al esfuerzo, la confianza en el sector privado (y un Estado subsidiario) y la sustentabilidad fiscal- y podría tener consecuencias que terminen jugando en contra de los factores determinantes de una mejora en el nivel de las pensiones futuras.

El anuncio, al menos en los términos planteados hasta ahora, introduce costos innecesarios al sistema, creando una nueva burocracia estatal que administraría monopólicamente el mayor ahorro. Además, desincentiva el ahorro individual, fomenta la informalidad en el mercado laboral y genera un efecto negativo en el empleo. Lo anterior, sumado a que se optó por no aumentar la edad legal de jubilación de las mujeres, nos lleva a concluir que se desaprovechó la oportunidad de buscar perfeccionar adecuadamente, desde el punto de vista técnico, nuestro sistema previsional de tal modo de mejorar las pensiones de vejez.

EL 5% ADICIONAL Y SUS CONSECUENCIAS

La esencia del anuncio de la semana pasada dice relación con un aumento de 50% en la tasa de cotización previsional (5 puntos porcentuales), su destino y administración: el incremento señalado sería con cargo al empleador y se implementaría de manera gradual en 6 años. De los 5 puntos adicionales, en régimen, 3 puntos irían a una “cuenta personal” de los trabajadores (“heredables, de plena propiedad”, de acuerdo a lo señalado por la Presidenta) y 2 puntos a lo que se denominó “Seguro de Ahorro Colectivo”, para mejorar tanto las pensiones en curso (componente intergeneracional o de reparto) como las de aquellos que “logren menor ahorro y pensiones más bajas” (componente intrageneracional). Respecto a la administración de estos recursos, todo el mayor ahorro sería gestionado por una entidad estatal. Por último, la Presidenta señaló que esta propuesta “permitirá subir en promedio en 20% los montos de las actuales pensiones de vejez entregadas por las AFP”.

La solución planteada por el Ejecutivo aparentemente reconocería un principio básico de nuestro sistema previsional: para mejorar las pensiones se requiere de un mayor ahorro. Sin embargo, presenta de una serie de problemas que probablemente se traducirán en que la mejora en pensiones será inferior a la que se podría haber obtenido si el mayor ahorro se hubiese destinado completamente a las cuentas individuales. Primero, todo apunta a que la entidad pública anunciada responde más a presiones de carácter político que a razones técnicas. De hecho, nada asegura que una entidad estatal como ésta permitirá maximizar la rentabilidad de los ahorros y minimizar los costos de administración, únicas condiciones que permiten que un mayor ahorro se traduzca en un aumento en las pensiones. Tampoco se da certeza que su carácter “autónomo” permita eliminar los importantes riesgos de captura política de dicha institución. Su creación tampoco reconoce que el mayor ahorro es de propiedad de los trabajadores, y por ende debiesen ser ellos quienes elijan quién administre su ahorro previsional, y no el Estado quien les obligue a invertir sus recursos en la nueva institución pública. Es decir, se le otorga al Estado un monopolio sobre la administración de los recursos, obligatorio y sin ninguna competencia. Y lo que es peor, se utilizan recursos públicos que podrían haberse destinado a mejorar las pensiones de quienes más lo necesitan a través del Pilar Solidario.

Por su parte, el componente denominado “Seguro de Ahorro Colectivo” (40% del mayor ahorro, 2 de los 5 puntos de cotización adicional) corresponde netamente a un impuesto al trabajo formal para financiar pensiones de terceros. Esto podría efectos negativos en el mercado laboral, tales como incentivar la informalidad, dado que se rompe la relación entre la cotización de los trabajadores y el beneficio recibido (si la mayor cotización financia las pensiones de “otros”, disminuyen los incentivos a cotizar y a trabajar formalmente).

Respecto del 60% restante (los 3 puntos que se destinarían a una “cuenta personal”), preocupa el que en vez de permitirles decidir qué hacer con sus recursos, los trabajadores sean obligados a destinar su mayor ahorro a una entidad estatal, que no les asegura bajos costos de administración y mayor rentabilidad.

Adicionalmente, el anuncio comprometió un aumento de 20% en las pensiones de vejez autofinanciadas que hoy entregan las AFP, lo cual equivaldría a US$ 402,8 millones anuales. Si consideramos que de acuerdo a las cotizaciones vigentes cada punto de cotización equivale a cerca de US$ 700 millones anuales, esto implica que para financiar el compromiso señalado con un aumento de la cotización (tal como lo propone el anuncio), se requiere de al menos 0,6 puntos porcentuales adicionales (suponiendo que no disminuye el número de cotizantes ni el monto cotizado, lo cual es un supuesto conservador considerando los desincentivos a la cotización e incentivos a la informalidad antes mencionados).”

Ya adelantaba Alberdi cómo las leyes pueden alterar la Constitución, y habría que agregar los fallos de la Corte

Con los alumnos de Economía Política y Economía Argentina de Derecho, UBA, vemos El Sistema Económico y Rentístico, de Juan Bautista Alberdi. Al autor le preocupaba que los principios de libertad de la Constitución fueran alterados por las leyes que reglamentaran su ejercicio (lo que efectivamente sucedió). Esto dice al respecto:

Alberdi

“La libertad declarada no es la libertad puesta en obra.

Consignar la libertad económica en la Constitución es apenas escribirla, es declararla como principio y nada más; trasladarla de allí a las leyes orgánicas, a los decretos, reglamentos y ordenanzas de la administración práctica, es ponerla en ejecución: y no hay más medio de convertir la libertad escrita en libertad de hecho.

Ninguna Constitución se basta a sí misma, ninguna se ejecuta por sí sola. Generalmente es un simple código de los principios que deben ser bases de otras leyes destinadas a poner en ejecución esos principios. A este propósito ha dicho Rossi, con su profunda razón habitual, que las disposiciones de una Constitución son otras tantas cabezas de capítulos del derecho administrativo.

Nuestra Constitución misma reconoce esta distinción. Los principios, garantías y derechos reconocidos (dice el art. 28) no podrán ser alterados por leyes que reglamenten su ejercicio. – El artículo 64, inciso 28, da al Congreso el poder de hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes concedidos por la Constitución al gobierno de la Confederación Argentina.

Según esto, poseer la libertad económica escrita en la Constitución, es adquisición preciosa sin la menor duda: pero es tener la idea, no el hecho; la semilla, no el árbol de la libertad. La libertad adquiere cuerpo y vida desde que entra en el terreno de las leyes orgánicas, es decir, de las leyes de acción y de ejecución; de las leyes que hacen lo que la Constitución dice o declara solamente.

A los tiranos se imputa de ordinario la causa de que la libertad escrita en la Constitución no descienda a los hechos. Mucha parte tendrán en ello: pero conviene no olvidar que la peor tiranía es la que reside en nuestros hábitos de opresión económica, robustecidos por tres siglos de existencia; en los errores económicos, que nos vienen por herencia de ocho generaciones consecutivas; y, sobre todo en nuestras leyes políticas, administrativas y civiles, anteriores a la revolución de América, que son simples medios orgánicos de poner en ejercicio los principios de nuestro antiguo sistema de gobierno colonial, calificado por la ciencia actual como la expresión más completa del sistema prohibitivo y restrictivo en economía política. Somos la obra de esos antecedentes reales, no de las proclamas escritas de la revolución.

Esas costumbres, esas nociones, esas leyes, son armas de opresión que todavía existen y que harán renacer la tiranía económica porque han sido hechas justamente para consolidarla y sostenerla.

Es necesario destruirlas y reemplazarlas por hábitos, nociones y leyes, que sean otros tantos medios de poner en ejecución la libertad proclamada en materias económicas. Cambiar el derecho de los virreyes, es desarmar a los tiranos, y no hay más medio de acabar con ellos. El tirano es la obra, no la causa de la tiranía; nuestra tiranía económica es obra de nuestra legislación de Carlos V y Felipe II, vigente en nuestros instintos y prácticas, a despecho de nuestras brillantes declaraciones de principios.

Mientras dejéis que nuestros gobernadores y presidentes republicanos administren los intereses económicos de la República según las leyes y ordenanzas que debemos a aquellos furibundos enemigos de la libertad de comercio y de industria, ¿qué resultará en la verdad de los hechos? – Que tendremos el sistema colonial en materias económicas, viviendo de hecho al lado de la libertad escrita en la Constitución republicana.

En efecto, todas las libertades económicas de la Constitución pueden ser anuladas y quedar reducidas a doradas decepciones, con sólo dejar en pie una gran parte de nuestras viejas leyes económicas, y promulgar otras nuevas que en lugar de ser conformes a los nuevos principios, sean conformes a nuestros viejos hábitos rentísticos y fiscales, de ordinario más fuertes que nuestros principios.”