Cuando se discute una reforma impositiva, Alberdi sobre la Constitución en relación a los capitales, locales y extranjeros

Con los alumnos de la UBA Derecho vemos a Alberdi sobre el papel que cumplen los capitales:

Los capitales no son el dinero precisamente; son los valores aplicados a la producción, sea cual fuere el objeto en que consistan. Para pasar de una mano a otra, se con vierten ordinariamente en dinero, en cuyo caso el dinero sólo hace de instrumento del cambio o traslación de los capitales, pero no constituye el capital propiamente dicho.

Los capitales pueden transformarse y convertirse en muelles, en buques de vapor, en ferrocarriles, puentes, pozos artesianos, canales, fábricas, máquinas de vapor y de todo género para beneficiar metales y acelerar la producción agrícola, así como pueden consistir en dinero y mantenerse ocupados en hacer circular otros capitales por su intermedio.

Bajo cualquiera de estas formas o trasformaciones que se consideren los capitales en la Confederación Argentina, ellos constituyen la vida, el progreso y la civilización material de ese país.

La Constitución federal argentina es la primera en Sud-América que, habiendo comprendido el rol económico de ese agente de prosperidad en la civilización de estos países, ha consagrado principios dirigidos a proteger directamente el ingreso y establecimiento de capitales extranjeros.

Esa mira alta y sabia está expresada por el art. 64, inciso 16 de la Constitución Federal, que atribuye al Congreso el poder obligatorio en cierto modo de: “Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración del país, dictando planes de instrucción general y universitaria, y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo”.

El art. 104 de la Constitución, comprendiendo que los capitales son una necesidad de cada provincia, al paso que de toda la Confederación, atribuye aquellas mismas facultades a los gobiernos de provincia, sirviéndose de las mismas expresiones.

Se ve que la Constitución considera como cosas conducentes a la prosperidad del país la industria, la inmigración, los ferrocarriles y canales, la colonización de tierras nacionales. Y como todas estas cosas conducentes a la prosperidad no son más que trasformaciones del capital, la Constitución cuida de colocar a la cabeza de esas cosas y al frente de los medios de promover las la importación de capitales extranjeros.

Ella señala como medio de provocar esta importación de capitales, la sanción de leyes protectoras de este fin y las concesiones temporales’ de privilegios y recompensas de estímulo.

Toca a las leyes orgánicas, de la Constitución satisfacer y servir su pensamiento de atraer capitales extranjeros, empleando para ello los medios de protección y de estímulo más eficaces que reconozca la ciencia económica, y que la Constitución misma haga admisibles por sus principios fundamentales de derecho económico.

No debiendo las leyes orgánicas emplear otros medios de proteger la venida de los capitales que los medios indicados por la Constitución misma, importa tener presente cuáles son esos medios designados por la Constitución, como base fundamental de toda ley que tenga relación con los capitales considerados en su principio de conservación y de aumento, y en sus medios de acción y de aplicación a la producción de sus beneficios.

Esos medios de protección, esos principios de estímulo, no son otros que la libertad, la seguridad, la igualdad, asegurados a todos los que, habitantes o ausentes del país, introduzcan y establezcan en él sus capitales.

Artículo en el Cronista: El terrible horror de la renta financiera, pero se vería distinto si se llamara impuesto al ahorro

Artículo en el Cronista: https://www.cronista.com/columnistas/El-terrible-horror-de-la-renta-financiera-20170901-0012.html

En el mercado de las ideas, algunos debates están resueltos antes de que comiencen a presentarse los argumentos, tan sólo con la definición de las palabras que se van a utilizar. Esto ya es bien conocido, y el próximo caso que tenemos a la vista tiene que ver con la próxima reforma impositiva.

Algunos comentarios señalan que la misma incluirá algún impuesto a la renta financiera. Planteada de esa forma se asegura la aprobación de todo el arco populista y de la izquierda, ya que…¿puede haber algo peor que la renta financiera? Incluso parece peor que el mismo populismo.

La palabra financiera parece desatar en los votantes imágenes de banqueros gordos, fumando habanos, responsables del corralito y el corralón, veraneando en Miami con nuestro dinero. La palabra renta sugiere una ganancia para la cual no se ha hecho nada. Una combinación letal.

Y no ya entre los políticos, incluso en el área de la economía que estudia la política, conocida como Public Choice, se usa la palabra renta para indicar ganancias empresarias que son el resultado del contubernio con los políticos y funcionarios y no de la competencia en el mercado. Se lo llama rent seeking.

Los políticos saben esto muy bien (no Public Choice, por supuesto). Ponerle ese nombre es garantizarle buena parte de su éxito, con un seguro apoyo popular. Pero a poco que la gente se dé cuenta de lo que estamos hablando, tal vez comience a cambiar de opinión. Muy diferente sería su visión si se hablara de un impuesto al ahorro.

Ya que, aparentemente, el nuevo impuesto gravaría a los plazos fijos y la tenencia de bonos en manos de particulares. Ahora bien, de la misma forma en que la gente odia la renta financiera, tiene en alta valoración al ahorro. Sabe muy bien que, pese a todas las canciones de sirena respecto al consumo, ya sea que vengan de propagandas o de políticas económicas que buscan impulsar la demanda, su futuro, y el de sus hijos, está en el trabajo, la producción y el ahorro. Hace duros esfuerzos para conseguir una vivienda y busca tener un colchón para esas situaciones a las que el país nos tiene acostumbrados. Todo el mundo sabe que no se progresa dándole a la tarjeta de crédito por sobre lo que podemos pagar, solamente los gobiernos creen que esa es una buena idea.

La gente cree que un impuesto a la renta financiera no recae sobre ellos sino sobre las ganancias de los grandes grupos financieros; pero los bancos y entidades financieras tienen que pagar ganancias como cualquiera, así que su renta ya está gravada. Todo el mundo va a salir a festejar pero será el equivalente de festejar un gol pegándose con un martillo en la mano.

Además, el castigo al ahorro es un castigo a la inversión, por lo que incluso aquellos que no ahorran se verán perjudicados porque la única forma de que los salarios crezcan en términos reales es a través de la mayor inversión de capital que necesita del ahorro, interno o externo, para realizarse. Si la izquierda entendiera algo de economía, y quisiera beneficiar a los pobres, debería promover la acumulación de capital, como lo hacían forzadamente los gobiernos comunistas. Claro, que, el que entendiera eso, no sería de izquierda.

Y el resto de la propuesta de reforma impositiva no parece estar mal. Si bien no reduce impuestos, al menos busca ordenarlos, eliminando serias distorsiones y los más aberrantes como ingresos brutos.

Sería mucho más preocupante que el gobierno realizara la propuesta de gravar el ahorro por convicción. Mucho más elegante es plantear que se trata de la moneda de cambio, o la carnada para que el populismo muerda el anzuelo y se trague el resto. Pero muchas veces ya nos hemos quedado sin el pan y sin la torta.

Alberdi sobre los recursos del gobierno: las contribuciones exorbitantes atacan la libertad de industria y comercio

Con los alumnos de la UBA Derecho vemos Sistema Económico y Rentístico de Juan Bautista Alberdi, sobre los impuestos, y las “contribuciones exorbitantes”:

“Por la contribución exorbitante atacáis la libertad de industria y de comercio, creando prohibiciones y exclusiones, que son equivalentes del impuesto excesivo; atacáis la propiedad de todo género, llevando la contribución más allá de los límites de la renta; atacáis la seguridad, por la persecución de los efugios naturales de defensa apellidados fraude, que son hijos naturales del rigor fiscal; atacáis la igualdad, disminuyendo las entradas y goces del pobre. Tales son los resultados del impuesto exorbitante: todos contrarios a las miras generosas de la Constitución, expresadas en su preámbulo.

Por la contribución desproporcionada atacáis la igualdad civil, dada como base del impuesto por los art. 4 y 16 de la Constitución.

Por el impuesto mal colocado, matáis tal vez un germen de riqueza nacional.

Por el impuesto mal recaudado, eleváis la contribución de que forma un gasto adicional; atacáis la seguridad, formáis enemigos al gobierno, a la Constitución y al país, alejando las poblaciones asustadas de un fisco armado en nombre de la República de todas las herramientas de la inquisición.

Las contribuciones opuestas a los fines y garantías de la Constitución son contrarias precisamente al aumento del Tesoro nacional, que según ella tiene su gran surtidero en la libertad y en el bienestar general. – Por esta regla, jamás desmentida, bajar la contribución, es aumentar el Tesoro nacional: regla que no produce tal efecto en el instante, pero que jamás deja de producirlo a su tiempo, como el trigo no produce al otro día que se siembra, pero rara vez deja de producir al cabo de cierto tiempo.

¿No puede darse a la contribución un asiento tal, que le permita servir los destinos que le asigna la Constitución sin salir de ellos? ¿Dónde colocar el impuesto para que no dañe al bienestar general tan protegido por la Constitución? ¿La ciencia lo conoce? – Sí. – La contribución, como gasto público de cada particular, debe salir de donde salen sus demás gastos privados: de la renta, de la utilidad de sus fondos, no de los fondos que la producen porque así disminuís los fondos originarios de la renta, empobrecéis a los particulares, cuya riqueza, colectiva forma la riqueza de la Nación, de la cual es parásita la del fisco. El que gasta de su principal para vivir, camina a la pobreza: es preciso vivir de las ganancias; y para tener ganancias, es preciso hacer trabajar los fondos que las producen. El Estado está comprendido en esta ley natural de la riqueza: debe subsistir de la renta colectiva de los particulares que le forman, no de sus fondos. He ahí el asiento de toda contribución juiciosa: de toda contribución que sirva para enriquecer la Nación y no para empobrecerla.

Salir de ahí, echar mano de los fondos productivos, exigir capitales, tierras, servicios por vía de contribución, es entrar en una crisis de destrucción, que sólo un extremo puede legitimar, a saber: – la necesidad de no sucumbir: antes de tener fortuna, es preciso tener existencia. La fortuna se hace; lo que no se hace dos veces es la patria.

Procediendo la contribución de una parte de la renta o utilidad privada de los habitantes del país, importa conocer los parajes en que la renta existe, para exigirle pago de su deuda al gasto público.

La renta, como la riqueza de que es vástago frutal, debe su creación a uno de estos tres agentes o fuerzas productoras:

La tierra,

El trabajo,

El capital.

Estos tres instrumentos de renta, obren juntos o separados, siempre proceden de alguno de los tres modos siguientes para producir su utilidad imponible:

La agricultura,

El comercio,

Las fábricas.

De aquí tantos asientos para la contribución como el número y la forma de las rentas o utilidades de los particulares contribuyentes.

Luego la contribución es imponible:

En la renta de la tierra, que es el alquiler;

En la renta del trabajo, que es el salario;

En la renta del capital, que es el interés.

Luego la Constitución debe buscar esas rentas en los’ tres campos de su elaboración, que son la agricultura, el comercio, la industria fabril.”

Juan de Mariana sobre los impuestos que se cobran sin el consentimiento de la gente y el envilecimiento de la moneda

Con los alumnos de Historia del Pensamiento Económico I de Económicas, UBA, vemos ahora a quien nos faltaba de los escolásticos. Juan de Mariana sobre la moneda, “Tratado y discurso sobre la moneda de vellón (1609)”. Algunos párrafos sobre el poder de cobrar impuestos y el envilecimiento de la moneda:

Juan de Mariana

“Digo pues que es doctrina muy llana, saludable y cierta que no se pueden poner nuevos pechos (impuestos) sin la voluntad de los que representan el pueblo. Esto se prueba por lo que acabamos de decir, que si el rey no es señor do los bienes particulares, no los podrá tomar todos ni parte de ellos sino por voluntad de cuyos son. Item, si, como dicen los juristas, ninguna cosa puede el rey en perjuicio del pueblo sin su beneplácito, ni les podrá tomar parte de sus bienes sin él, como se hace por via de los pechos. Demás que ni el oficio de capitán general ni de gobernador le da esta autoridad, sino que pues de la república tiene aquellos cargos, como al principio señaló el costeamiento y rentas que le parecieron bastantes para ejercellos; así, si quiere que se las aumenten, será necesario que haga recurso al que se las dio al principio.

“El rey no puede bajar la moneda de peso ó de ley sin la voluntad del pueblo Dos cosas son aquí ciertas: la primera, que el rey puede mudar la moneda cuanto á la forma y cuños, con tal que no la empeore de como antes corria, y asi entiendo yo la opinión de los juristas que dice puede el príncipe mudar la moneda. Las casas de la moneda son del rey, y en ellas tiene libre administración, y en el capítulo Regalía, entre los otros provechos del rey, se cuenta la moneda; por lo cual, como sea sin daño de sus vasallos, podrá dar la traza que por bien tuviere. La segunda, que si aprieta alguna necesidad como de guerra ó cerco, la podrá por su voluntad abajar con dos condiciones; la una que sea por poco tiempo, cuanto durare el aprieto; la segunda, que pasado el tal aprieto, restituya los daños á los interesados. Hallábase el emperador Federico sobre Faenza un invierno; alargóse mucho el cerco, faltóle el dinero para pagar y socorrer la gente, mandó labrar moneda de cuero, de una parte su rostro, y por revés las águilas del imperio; valia cada una un escudo de oro. Claro está que para hacerlo no pudo juntar ni juntó la dieta del imperio, sino por su voluntad se ejecutó; y él cumplió enteramente, que trocó á su tiempo todas aquellas monedas en otras de oro. En Francia se sabe hubo tiempo en que se labró moneda de cuero con un clavito de plata en medio; y aun el año de 1571, en un cerco que se tuvo sobre León de Holanda, se labró moneda de papel. Refiérelo Budellio en el lib. I De Monet., cap. 1º, núm. 34. Todo esto es de Colenucio en el lib. IV de la Historia de Napóles. La dificultad es si sin estas modificaciones podrá el príncipe socorrerse con abajar las monedas, ó si será necesario que el pueblo venga en ello. Digo que la opinión común y cierta de juristas con Ostiense, en el título De censib. ex quibus, Inocencio y Panormitano, sobre el cap. 4º De jur. jur., es que para hacerlo es forzosa la aprobación de los interesados. Esto se deduce de lo ya dicho, porque si el príncipe no es señor, sino administrador de los bienes de particulares, ni por este camino ni por otro les podrá tomar parte de sus haciendas, como se hace todas las veces que se baja la moneda, pues les dan por mas lo que vale menos; y si el príncipe no puede echar pechos contra la voluntad de sus vasallos ni hacer estanques de las mercadurías, tampoco podrá hacerlo por este camino, porque todo es uno y todo es quitar á los del pueblo sus bienes por mas que se les disfrace con dar mas valor legal al metal de lo que vale en sí mismo, que son todas invenciones aparentes y doradas, pero que todas van á un mismo paradero, como se verá mas claro adelante. Y es cierto que como á un cuerpo no le pueden sacar sangre, sea á pausas, sea como quisieren, sin que se enflaquezca ó reciba daño, asi el príncipe, por mas que se desvele, no puede sacar hacienda ni interés sin daño de sus vasallos, que donde uno gana, como citan de Platón, forzosamente otro pierde.

Se destapa la corrupción en la Aduana: Alberdi dice, además, que no es instrumento de protección

Con los alumnos de la UBA Derecho vemos a Alberdi en Sistema Económico y Rentístico referirse al papel que cumple la Aduana:

“La aduana es, sobre todo, el medio que ha mantenido al mundo español desierto y silencioso como una eterna Necrópolis. A la España pertenece la restauración en la Europa moderna de esta máquina de guerra industrial, inventada por el despotismo romano.

Baste observar que la aduana, considerada como impuesto, debe su origen al despotismo de los emperadores de Roma, para reconocer que el comercio y la industria, tan menospreciados por el gobierno de esa época, no merecían la menor atención de la política económica que inventó este impuesto. Las modernas naciones industriales lo han conservado, sin embargo, contra sus intereses por la obra de sus gobiernos, mejor servidos por ese impuesto sordo que la prosperidad de los pueblos ajenos a la dirección de sus destinos.

“A la política de Augusto, dice Flóres Estrada, es debido el establecimiento de las aduanas. Para asegurar su autoridad usurpada y su naciente despotismo, ocultando al pueblo las vejaciones que pagaban, inventó tener a su disposición una. suma considerable, sin necesidad de tener que pedir jamás subsidios a los pueblos. Carlos I de España, fértil en recursos para llevar a cabo sus ideas ambiciosas y tener sometidos a la voluntad sus dominios, hizo revivir este establecimiento olvidado ya en la Europa”.

Los Españoles (nos dice el mismo autor) no conocían las aduanas. En los siglos XII, XIII y XIV el comercio que se hacía en toda la península, y particularmente en las provincias de la corona de Aragón, era inmenso. Hasta entonces toda la renta de los reyes se componía de las propiedades de la corona, de algunas obvenciones extraordinarias y de los únicos impuestos de la alcabala y de los cientos, contribución sobre toda mercancía, que primero fue de un cinco por ciento y después de un diez.. Desde fines del siglo XIV hasta mediados del XV, a medida que avanzaban las conquistas de los españoles y cedían el campo sus antiguos vencedores, se hacía sensible la decadencia de España. A Carlos I, el primer monarca de España que organizó metódicamente el despotismo, se debe el bárbaro reglamento de aduanas, estableciendo en 1529, y con él la ruina de la Nación, dice el brillante y sabio economista español.

El hecho es que por resultado de ese sistema aduanero y de otras instituciones económicas, o mejor, anti-económicas de su jaez, sin incluir la pérdida de los dos millones de Arabes expulsados por Felipe III, el resto de la población se halló disminuida en más de una mitad, pues en 1715, según aparece de un censo practicado entonces, no excedía la población de seis millones, al paso que en 1688 todavía constaba de doce millonesb.

El economista español, que acabo de citar, mencionado por Blanqui, del Instituto de Francia, en su Historia de la economía política, como uno de los primeros tratadistas de Europa en ese ramo, Flóres Estrada, opinaba en su libro citado por la abolición absoluta de las aduanas, y aun sin retribución o reciprocidad de otras naciones.

Si tal sistema fuese admisible en la hipótesis de la ciencia, por hoy fuera inaplicable a la República Argentina, que coloca por el art. 4 de su Constitución el producto de derechos de importación y exportación de las aduanas en el número de las fuentes de su Tesoro nacional. – Por su art. 64 da al Congreso el poder de legislar sobre las aduanas exteriores y establecer los derechos de importación y exportación que han de satisfacerse en ellas.

La aduana entra, pues, en el número de los males inevitables de la República Argentina, como figura en las rentas de los países más libres de la tierra. Es un legado doloroso de los errores de otros siglos.

Sin embargo, al legislador le incumbe reducirlo a sus menores dimensiones, dándole el carácter preciso que tiene por la Constitución, y poniéndolo en armonía, como interés fiscal, con los propósitos económicos, que la Constitución coloca primero y más alto que los intereses del fisco.

  • V

Carácter económico de la Aduana según la Constitución argentina. Es un impuesto, no un medio proteccionista ni exclusivo. Debe ser bajo el impuesto, y fácil la tramitación para no despoblar.

¿Qué es la aduana en el sentido de la Constitución argentina? Sus palabras textuales lo declaran: Un derecho de importación y exportación es decir, Un impuesto, una contribución, cuyo producto concurre a la formación del Tesoro, destinado al sostenimiento de los gastos de la Nación.(Art. 4 y 64).

Fuera de ese rol y carácter, la aduana no tiene otro en las rentas argentinas.

Luego ninguna ley de aduanas, orgánica de la Constitución en ese punto, puede hacer de la aduana un medio de protección, ni mucho menos de exclusión y prohibición, sin alterar y contravenir al tenor expreso de la Constitución.

Por qué un jean se paga en el exterior a u$s 20 y en Argentina a u$s 100. ¿Es un problema de costos?

El diario La Nación trae un interesante artículo sobre el precio de los pantalones jeans en Argentina con el título “Por qué un jean en el exterior se consigue a u$s 20 y en la Argentina cuesta $ (pesos) 1500”: http://www.lanacion.com.ar/1923766-por-que-vestirse-es-tan-caro-los-costos-ocultos-de-la-ropa-en-la-argentina

Para aclarar el título a los lectores de otros países, el precio local en dólares sería de u$s 100.

jeans

Y el comentario final que quiero hacer al respecto es una visión inversa del problema a cómo lo trata el informe de la UADE que el artículo comenta: el precio local es así de alto porque la importación está cerrada.

Si ésta estuviera abierta el precio local no sería diferente del precio internacional, y los costos tenderían también a igualarse, o los recursos que se utilizan ahora para producirlos se dedicarían a otra cosa.

El informe, y el artículo, dan a entender que son los costos los que determinan los precios, por eso buscan estudiar cuánto corresponde a cada ítem. Por ejemplo, “el costo de producción de una prenda, que comprende la materia prima, la fabricación y el margen del confeccionista, suele representar entre el 20 y el 25% del precio final del producto”. Supuestamente esto incluye el costo de la mano de obra.

El ‘costo comercial’ incluiría el “costo del alquiler, la comisión inmobiliaria y las expensas, junto con cuestiones financieras (aranceles por utilización de tarjetas o los costos de las promociones bancarias) representan entre el 20 y el 25% del precio de venta al público. A su vez, otro 20% corresponde a los costos operativos y el desarrollo de la marca, con ítems como el diseño y desarrollo de producto, la publicidad y la implementación de acciones de marketing.”

Por último, “el esquema impositivo es otro rubro de peso. Según estimaciones de la UADE, un 27% del monto que paga el consumidor final por su prenda corresponde a impuestos, entre los que se incluye el 21% de alícuota del IVA (Impuesto al Valor Agregado)”.

Sin embargo es al revés, es porque el precio de un jean importado es superior a u$s 100, o infinito si es que está prohibido su ingreso, que el empresario hace su cálculo económico y contrata esos otros recursos ‘no transables’ que se benefician también de la protección, de estos productos y de todos los demás (o sea que son caros para todos los productos), a precios que son también diferentes a los precios internacionales. La competencia interna no logra reducir los precios porque todos se enfrentan a costos de servicios e impuestos similares. Y eso no va a cambiar con el arancel o la prohibición de por medio. Es decir, que la prohibición protege no solo a los fabricantes de jeans sino también, indirectamente, a todos los demás en la ‘cadena de valor’.

Todo, por supuesto, a costa del consumidor, quien paga todo eso. Y más a costas del consumidor pobre, quien podría comprar otras cosas si gastara tan solo $20 en un jean (le quedarían $80 disponibles).

La salida no llegará porque alguna vez se reducirán los costos y así bajará el precio de los jeans. Vendrá del otro lado, por la presión que ejerza la mayor competencia, que obligará a todos a ser más eficientes.

Tómese nota que no necesariamente estoy proponiendo la eutanasia de la producción y los servicios locales. Como bien propone Adam Smith en La Riqueza de las Naciones, esa apertura puede ser gradual para permitirles acomodarse. Pero tiene que estar claro desde el principio que esquilmar a los consumidores dejará de ser una alternativa posible.

¿Son los inmigrantes una carga fiscal, abusan del estado benefactor, o aportan más de lo que sacan?

Como parte del Índice de Calidad Institucional 2016, que prepare con la Fundación Libertad y Progreso, presentamos un informe sobre un tema de suma actualidad mundial: las migraciones. Una breve consideración primero y luego una evaluación de los temas que se debaten:

Refugees

3.            Los inmigrantes son una carga fiscal

Aquí el problema sería que los inmigrantes estarían aprovechando los beneficios del Estado Benefactor sin realizar los aportes necesarios, problema que, por supuesto, es parte esencial de este Estado al margen de que se trate de locales o extranjeros, ya que su esencia misma es, precisamente, redistribuir en proporciones diferentes a las contribuciones que cada persona pueda realizar.

La OECD señala que “recientes trabajos sobre el impacto de la migración para todos los países europeos de la OCDE, como también Australia, Canadá y los Estados Unidos, ha provisto nueva evidencia internacional comparativa (Liebig & Mo, 2013). El estudio sugiere que el impacto de olas sucesivas de migración en los últimos 50 años hacia los países de la OCDE es en promedio cercano a cero, rara vez excediendo 0,5% del PIB tanto sea en términos positivos como negativos. El impacto es mayor en Suiza y Luxemburgo, donde los inmigrantes proveen un beneficio neto estimado de cerca de 2% del PIB a las finanzas públicas” (OCDE, 2014, p. 2). “Contrariamente a la percepción general, los inmigrantes con baja educación tienen una posición fiscal mejor _la diferencia entre sus contribuciones y los beneficios que reciben- que sus pares locales. Y cuando los inmigrantes tienen una posición fiscal menos favorable , no es porque tener una mayor dependencia de los beneficios sociales sino por el hecho que tiene a menudo salarios más bajos y tienden, entonces, a pagar menos”, p. 3. Dalmia (2012) cita un estudio por el Kenan Institute of Private Enterprise en la University of North Carolina señalando que los inmigrantes hispanos, muchos ilegales, impusieron un costo neto al presupuesto estatal de 61 millones de dólares, pero eso no se compararía con los $9.000 millones que contribuyen al producto interno del estado. Señala que, en promedio, un inmigrante típico significa una ganancia fiscal de 80.000 dólares a nivel nacional y un impacto negativo de 25.000 dólares a nivel estadual.

Ahora bien, incluso si los inmigrantes significaran un costo fiscal para el estado por el uso de los servicios del Estado Benefactor es no lleva a concluir que debería impedirse su ingreso al país, ya que puede simplemente negarle esos servicios en forma gratuita o al menos hasta que paguen una cierta cantidad de impuestos como cualquier otro ciudadano.

 

Ahora que discuten con las provincias, Alberdi analiza cómo reparte los recursos la Constitución

Con los alumnos de la UBA Derecho leemos a Alberdi en el Sistema Económico y Rentístico. Aquí, quien inspirara nuestra Constitución analiza un tema muy actual: qué recursos corresponden al gobierno nacional y qué otros a las provincias.

Alberdi

“El tesoro de provincia se compone de todos los recursos no delegados al Tesoro de la Confederación. Este principio es la consecuencia rentística del art. 101 de la Constitución, que declara lo siguiente: – Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constituci6n al gobierno federal.

Los recursos provinciales delegados -cal Tesoro federal están designados por el art. 4 de la Constitución, que hemos trascrito más arriba.

De éstos hay unos que se han delegado de un modo absoluto y sin reserva. Tales son el producto de las aduanas, de la renta de correos, de los derechos de tonelaje, de la amonedación. (Artículos 9, 10, 11 y 105.)

Otros se han delegado a medias, y son, por ejemplo: -la renta y locación de tierras públicas, las contribuciones directas e indirectas, y el crédito. (Artículos 4 y 105.)

Otros recursos provinciales no se han delegado al Tesoro nacional de ningún modo. Tales son: los tesoros o huacas, los bienes mostrencos, los bienes de intestados, los bienes y recursos municipales, las donaciones especiales recibidas, el producto de las multas por contravenciones de estatutos locales, el producto de rentas imponibles sobre la explotación de riquezas espontáneas del suelo, como la grana silvestre, las frutas silvestres, la miel silvestre, las maderas de terreles de cuadrúpedos, volaterías y de anfibios – (Artículos 4 y nos baldíos, los lavaderos de oro, la caza y pesca industria105, combinados con el art. 101.)

En los impuestos de la primera y última de estas tres divisiones, no puede haber conflicto entre el poder provincial y el poder nacional de imposición. La dificultad puede ocurrir en los impuestos de la segunda división, que, según la Constitución, pueden ser establecidos por la provincia y por la Confederación. La regla de solución de esta dificultad para cada vez que ocurra, está trazada por la Constitución misma y es muy sencilla: – el impuesto provincial cede al impuesto nacional por la siguiente regla: – “Esta Constitución (dice el art. 31), las leyes de la Confederación que en su consecuencia se dicten por el Congreso, son leyes supremas de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ellas, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales”. – La supremacía o prelación de la ley nacional sobre la de provincia, en caso de conflicto, se funda en el principio contenido en el art. 5 de la Constitución federal, por el cual: – el gobierno federal garantiza a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. – Para que esta garantía en que estriba toda la nacionalidad del país se haga efectiva, es menester que las provincias dejen en manos de su gobierno común o general los medios rentísticos de ejecutarlo.”

Juan de Mariana (1536-1624): tenia claro que la inflación es un impuesto, que nadie ha aprobado

Con los alumnos de Historia del Pensamiento Económico I, Económicas, UBA, terminamos de considerar los aportes de los escolásticos, con el análisis que, sobre Juan de Mariana, hace Lucas Beltrán en “El Padre Juan de Mariana”, publicado originalmente en la revista Ilustración Liberal. Van unos párrafos:

“Para nosotros, el Tratado y discurso sobre la moneda de vellón es una defensa de la propiedad privada, de la democracia política, de los presupuestos equilibrados y de la moneda sana de valor estable, que resulta ventajosa para todas las clases sociales. Si no conociéramos ninguna otra obra del autor, no dudaríamos en calificarle de economista liberal. ¿Cómo compaginar estas cuatro imágenes del jesuita de Toledo, a primera vista tan dispares?

En primer lugar, no todas las ideas contenidas en ellas son, en rigor, contradictorias. Por otra parte, es posible que la mente del Padre Mariana, que, en definitiva, se interesaba fundamentalmente por los problemas teológicos y religiosos en general, no estuviera, en cuanto a los económicos y sociales, perfectamente clara. Además, es posible que pensara en términos de lo que los modernos economistas llaman segundos óptimos y terceros óptimos, es decir, que prefiriera una cierta solución de los problemas económicos y sociales, pero que en caso de imposibilidad de ésta aceptara una segunda solución como la mejor entre las posibles y que no hubiera creído necesario explicar con precisión este orden de preferencias o que no lo hubiera logrado. Finalmente, sería posible que en la larga existencia del Padre Mariana sus ideas hubieran ido cambiando. Tal vez el Tratado y discurso sobre la moneda de vellón ha de ser considerado como el pensamiento maduro y definitivo del autor, pues es uno de los últimos libros que publicó.

En él Mariana empieza preguntándose si el rey es dueño de los bienes particulares de sus vasallos y contesta rotundamente que no. El autor acude a su distinción entre rey y tirano, a la que tanta afición manifiesta: “El tirano es el que todo lo atropella y todo lo tiene por suyo; el rey estrecha sus codicias dentro de los términos de la razón y de la justicia.”

De aquí deduce que el rey no puede exigir impuestos sin el consentimiento del pueblo, pues el impuesto significa la apropiación de una parte del patrimonio de los súbditos; para que tal apropiación sea legítima es preciso que los súbditos estén de acuerdo con ella. Tampoco puede el rey crear monopolios estatales, que serían un medio disimulado de exigir impuestos; en el lenguaje del autor, “si no es lícito poner pecho, tampoco lo será hacer esta manera de estanques sin voluntad de aquellos en cuyo perjuicio redundan”.

Y tampoco puede el rey obtener ingresos rebajando el contenido metálico de las monedas. Los monarcas de la Casa de Austria acudieron reiteradamente a este antiguo recurso tantas veces utilizado en todos los tiempos y todos los Estados. En España, en tiempo del Padre Mariana, la rebaja se hizo sobre todo en las llamadas monedas de vellón; éstas eran de una aleación de plata y cobre y hasta fines del siglo XV fueron perfectamente respetables; en los siglos XVI, XVII y XVIII su contenido de plata fue reducido reiteradamente hasta que finalmente las monedas de vellón se hicieron sólo de cobre y funcionaron como moneda fraccionaria de las piezas de oro y plata. También el contenido de metal noble de éstas fue reducido en algunas ocasiones, pero menos que en el caso de las monedas de vellón, que constituyen el tema del tratadito de Mariana.

Éste ve la cuestión con tanta claridad como un economista moderno: se da cuenta de que la reducción del contenido de metal noble de las monedas y el aumento de la cantidad de éstas es una forma de inflación (aunque no usa esta palabra, entonces desconocida) y que la inflación produce fatalmente elevación de precios: “que si baja el dinero del valor legal, suben todas las mercadurías sin remedio, a la misma proporción que abajaron la moneda, y todo se sale a una cuenta”.

Mariana ve que la inflación es un impuesto que recae sobre los que antes de ella tenían dinero, que ahora han de comprar las cosas más caras. Al argumento de que esto se puede evitar poniendo precios de tasa a las mercancías, contesta que la experiencia nos muestra que las tasas han sido siempre ineficaces. Siendo la inflación un impuesto, requerirá en todo caso el consentimiento del pueblo, pero aun con este consentimiento será siempre un impuesto dañoso y desorganizador de la vida económica: “este arbitrio nuevo de la moneda de vellón, que si se hace sin acuerdo del reino es ilícito y malo, si con él, lo tengo por errado y en muchas maneras perjudicial”.

Juan de Mariana sobre los impuestos sin el consentimento del pueblo y la degradación de la moneda

Con los alumnos de Historia del Pensamiento Económico I de Económicas, UBA, vemos ahora a quien nos faltaba de los escolásticos. Juan de Mariana sobre la moneda, “Tratado y discurso sobre la moneda de vellón (1609)”. Algunos párrafos sobre el poder de cobrar impuestos y el envilecimiento de la moneda:

Juan de Mariana

 “Digo pues que es doctrina muy llana, saludable y cierta que no se pueden poner nuevos pechos (impuestos) sin la voluntad de los que representan el pueblo. Esto se prueba por lo que acabamos de decir, que si el rey no es señor do los bienes particulares, no los podrá tomar todos ni parte de ellos sino por voluntad de cuyos son. Item, si, como dicen los juristas, ninguna cosa puede el rey en perjuicio del pueblo sin su beneplácito, ni les podrá tomar parte de sus bienes sin él, como se hace por via de los pechos. Demás que ni el oficio de capitán general ni de gobernador le da esta autoridad, sino que pues de la república tiene aquellos cargos, como al principio señaló el costeamiento y rentas que le parecieron bastantes para ejercellos; así, si quiere que se las aumenten, será necesario que haga recurso al que se las dio al principio.

“El rey no puede bajar la moneda de peso ó de ley sin la voluntad del pueblo Dos cosas son aquí ciertas: la primera, que el rey puede mudar la moneda cuanto á la forma y cuños, con tal que no la empeore de como antes corria, y asi entiendo yo la opinión de los juristas que dice puede el príncipe mudar la moneda. Las casas de la moneda son del rey, y en ellas tiene libre administración, y en el capítulo Regalía, entre los otros provechos del rey, se cuenta la moneda; por lo cual, como sea sin daño de sus vasallos, podrá dar la traza que por bien tuviere. La segunda, que si aprieta alguna necesidad como de guerra ó cerco, la podrá por su voluntad abajar con dos condiciones; la una que sea por poco tiempo, cuanto durare el aprieto; la segunda, que pasado el tal aprieto, restituya los daños á los interesados. Hallábase el emperador Federico sobre Faenza un invierno; alargóse mucho el cerco, faltóle el dinero para pagar y socorrer la gente, mandó labrar moneda de cuero, de una parte su rostro, y por revés las águilas del imperio; valia cada una un escudo de oro. Claro está que para hacerlo no pudo juntar ni juntó la dieta del imperio, sino por su voluntad se ejecutó; y él cumplió enteramente, que trocó á su tiempo todas aquellas monedas en otras de oro. En Francia se sabe hubo tiempo en que se labró moneda de cuero con un clavito de plata en medio; y aun el año de 1571, en un cerco que se tuvo sobre León de Holanda, se labró moneda de papel. Refiérelo Budellio en el lib. I De Monet., cap. 1º, núm. 34. Todo esto es de Colenucio en el lib. IV de la Historia de Napóles. La dificultad es si sin estas modificaciones podrá el príncipe socorrerse con abajar las monedas, ó si será necesario que el pueblo venga en ello. Digo que la opinión común y cierta de juristas con Ostiense, en el título De censib. ex quibus, Inocencio y Panormitano, sobre el cap. 4º De jur. jur., es que para hacerlo es forzosa la aprobación de los interesados. Esto se deduce de lo ya dicho, porque si el príncipe no es señor, sino administrador de los bienes de particulares, ni por este camino ni por otro les podrá tomar parte de sus haciendas, como se hace todas las veces que se baja la moneda, pues les dan por mas lo que vale menos; y si el príncipe no puede echar pechos contra la voluntad de sus vasallos ni hacer estanques de las mercadurías, tampoco podrá hacerlo por este camino, porque todo es uno y todo es quitar á los del pueblo sus bienes por mas que se les disfrace con dar mas valor legal al metal de lo que vale en sí mismo, que son todas invenciones aparentes y doradas, pero que todas van á un mismo paradero, como se verá mas claro adelante. Y es cierto que como á un cuerpo no le pueden sacar sangre, sea á pausas, sea como quisieren, sin que se enflaquezca ó reciba daño, asi el príncipe, por mas que se desvele, no puede sacar hacienda ni interés sin daño de sus vasallos, que donde uno gana, como citan de Platón, forzosamente otro pierde.