Límites al oportunismo politico. Otros dos: aprobación electoral de impuestos y que sean explícitos

  1. Aprobación electoral de nuevos impuestos o alícuotas

La limitación para crear nuevos impuestos está en la raíz de la historia de la república moderna y la limitación del poder absoluto del gobernante. Formaba parte de la Carta Magna (1215) aquél famoso principio “no habrá impuestos sin la aprobación de los representantes”. En casi todas las constituciones, los impuestos tienen que ser aprobados por el Congreso, por los representantes de los votantes.

En las democracias modernas esta restricción funciona cuando el poder se encuentra dividido, por ejemplo, cuando el parlamento está controlado por un partido político o coalición diferente al control del poder ejecutivo. Un ejemplo en Estados Unidos es  cuando el presidente es demócrata y el Congreso está controlado por los republicanos. Cuando ambos poderes se encuentran controlados por la misma mayoría el control se diluye o directamente no existe.

Es por eso que se sugiere como mecanismo de control del gasto que cada vez que se quieran crear nuevos impuestos o subir las alícuotas se las someta a la consulta de los votantes por medio de un referéndum. La ventaja de este procedimiento es que los votantes pocas veces están dispuestos a pagar más impuestos a menos que el servicio que a partir de ellos se obtenga sea realmente apreciado y no pueda producirse con los recursos existentes. El problema que puede presentar es que la mayoría abuse de la minoría aprobando impuesto sobre ésta que ella misma no pagaría. No es de extrañar que muchas veces los representantes hayan  incluido a los impuestos dentro de una lista de temas que no pueden ser sometidos a consulta popular.

  1. Impuestos explícitos

Relacionado con el punto anterior, las dificultades que tiene cada individuo para evaluar el verdadero costo del gasto público le impiden evaluar su verdadero peso. Resulta casi imposible para un individuo determinar cuál es la real carga impositiva que está sufriendo, porque el “precio” resulta borroso. En un intercambio normal de mercado existe un precio directamente visible y el costo resulta claro. Si consideramos en cambio una compra que se realiza mediante una cuota mensual (la cuota de un club, el pago de un seguro) la relación no es tan directa pero aún es fuerte. Sería comparable a que un ciudadano recibiera una factura mensual por todos los servicios que le brindara el Estado.

En cambio, si esos pagos se deducen de su recibo mensual de sueldo, la relación es un poco más débil, ya que no hay un acto de “pago”, no hay que tomar una decisión positiva para realizarlo.

Algo similar sucede con los impuestos: los indirectos son menos obvios y evidentes que los directos, sobre todo si es necesario preparar una declaración anual y pagar un determinado monto. Menos lo son sin esos pagos se deducen directamente del salario. En cuanto a los indirectos, menos evidentes son si aparecen como parte del precio y no en forma separada. Y menos aún si el gasto se financia vía inflación, considerada a menudo como un “impuesto”[1].

Con esas percepciones debilitadas, terminará aceptando niveles de gasto más altos de los que estaría dispuesto a pagar. No extraña que el crecimiento del gasto público haya llegado con la multiplicación de estos modos de esconder su verdadero peso.

Por eso, una alternativa para facilitar la evaluación de costos y beneficios del gasto público es explicitar los impuestos: que el impuesto indirecto aparezca separado del precio del producto o servicio y haga evidente ese pago adicional. Imaginemos un conductor que llena su tanque de combustible y recibe el siguiente mensaje: “$30 de combustible y $ 70 de impuesto”; que el impuesto directo demande un acto explícito de pago; que distintos servicios gubernamentales demanden un pago directo para recibirlos.

[1] “Una persona no recibe un paquete divisible y transferible de servicios gubernamentales. Y no paga un precio “directo” por el acceso o uso de servicios públicos provistos por el gobierno. Tampoco recibe una factura mensual o trimestral como las que recibe de electricidad o teléfono. Los pagos para los servicios provistos públicamente son extraídos de distintas formas. Sus ingresos o ganancias pueden recibir impuestos, los productos que compra pueden estar sujetos a impuestos indirectos; su propiedad puede estar tasada con objetivos fiscales y una cantidad de otras actividades estar sujeta a impuestos. En definitiva, cada persona, por supuesto, deberá entregar algo a cambio de los servicios gubernamentales. Pero este valor total no será independiente de su propia conducta reactiva o de la conducta de otros en la comunidad. Más aún, el individuo nunca recibirá una estimación externa y experta del valor que paga. Debe, a tientas, evaluar ese total, un proceso que será mucho más costoso, y dimensionalmente diferente, del que se requiere para evaluar los precios y el costo de los bienes que compre en mercados privados” (Buchanan & Wagner, 2000, p. 135).

Otro argumento que se utilizó para justificar las retenciones: redistribuir la ‘renta extraordinaria’

Del libro El Foro y el Bazar:

El atractivo económico y la conveniencia política toman como marco de referencia una ideología. El modelo del estado protector de derechos individuales del liberalismo clásico asignaba la función de proteger la libertad y la propiedad. Ya en el siglo XIX dicho modelo fue reemplazado por la función redistributiva del Estado benefactor. Sobre éste, el Estado “regulador” agregó luego nuevas funciones.

En este caso, la ideología genera una visión peculiar del Estado. Por cierto que le incumben las funciones distributivas y regulatorias pero se degrada la protección de la vida y la propiedad al punto que el “crimen” se convierte en una preocupación mayor para los votantes que el desempleo. [1] La redistribución es todo lo que importa, y se espera que también reduzca el crimen. [2] El papel del gobierno es puramente redistributivo, considerando que la riqueza no puede ser “creada”, solamente “distribuida”, a contramano de las lecciones de la economía durante los últimos 250 años.  Desde esta perspectiva el libro de Adam Smith “La Riqueza de las Naciones” no fue nunca publicado. El sector agropecuario, no es de extrañar, tendría que entender que el derecho de propiedad no se extiende al esfuerzo productivo, sino que está sujeto a la decisión del gobierno. Las retenciones, según esta visión, se convierten en un instrumento de “justicia social”, y el gobierno es quien la administra. Y la “justicia social” es necesaria porque las retenciones se apropian de lo que se denomina “rentas extraordinarias” que, supuestamente, sólo los productores agropecuarios reciben.

El término “renta extraordinaria” es un concepto marxista que se deriva del análisis de las ganancias capitalistas. Según Marx y el análisis del equilibrio clásico, la competencia entre capitalistas eventualmente eliminaría toda ganancia extraordinaria y dejaría solamente un retorno igual a la tasa de interés prevaleciente. Este no sería el caso en cuanto a las rentas de la tierra se refiere porque ésta es un recurso limitado que no puede ser reproducido y las distintas parcelas presentan diferentes grados de fertilidad. Como Marx basaba su análisis en la teoría del valor basada en el trabajo y el costo de producción, el precio de los productos agrícolas era formado por la productividad de las tierras menos fértiles, obteniendo las más fértiles una renta extraordinaria que no podía ser erosionada como en la industria debido a que no había más tierras fértiles que se sumaran a la oferta.

En verdad, el valor es transmitido desde el producto final a los factores básicos de producción, incluyendo a la tierra. Es debido a que los precios son suficientemente altos que las tierras menos fértiles son incorporadas a la producción. Por cierto, las mejores tierras obtienen una “renta extraordinaria” pero en esto no es nada diferente a cualquier otro recurso: los mejores cantantes de ópera obtienen más ingresos que los regulares, lo mismo con los mejores jugadores de fútbol, o los mejores escritores. ¿No debería aplicarse un impuesto sobre esas ganancias “extraordinarias”?  Ya existe, es el impuesto a las ganancias. No con un impuesto sobre el precio de venta de sus servicios. ¿Por qué entonces la diferencia?

Por otro lado, es necesario comprender que el precio de un activo está relacionado con sus rendimientos futuros. Es más, su precio actual es la suma del flujo de rendimientos futuros descontados. Si esos rendimientos esperados son “extraordinarios”, también lo es el valor de la tierra hoy. El que ha comprado un campo con rendimientos superiores, ha pagado también un precio superior y lo que ahora obtiene le dará una tasa de retorno que, como porcentaje de la inversión inicial, puede no ser muy diferente del retorno que se obtiene en tierras de menor valor. ¿Cuál es el precio de una hectárea en Pergamino y cuál en el sur de la provincia de Buenos Aires? Su diferencia ya refleja los niveles de rendimiento en uno y otro. La “ganancia extraordinaria” en el primero es simplemente un monto mayor necesario para recuperar un monto mayor invertido.

Finalmente, cuando hablamos de “tierra” estamos considerando todos los recursos naturales provenientes de la tierra, y éstos no son “fijos”. La oferta de tierra agrícola en Argentina se ha incrementado dramáticamente en las últimas décadas gracias a la tecnología. Las semillas con genética, fertilizantes, irrigación, pesticidas y maquinarias han cambiado el significado de “fertilidad” en la tierra. Lo que significa que cuando existe alguna “renta extraordinaria” el capital y la tecnología fluirán hacia allí poniendo en marcha un proceso equilibrador que llevará eventualmente a obtener una tasa normal de retorno si no fuera que nuevas innovaciones y cambios en las preferencias de los consumidores ponen en movimiento al proceso una y otra vez.

[1] Gaffoglio, Loreley, “El miedo al delito le ganó en el país al desempleo”, La Nación, 6/12/09.

[2] En la ceremonia de apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso de 2009, Cristina Fernández de Kirchner decía:  “Escuché decir por ahí que yo era una persona a la que gustaba sacarles a unos para darles a otros; la economía -y todos ustedes lo saben- es, precisamente, administrar con los recursos que se tienen y con la contribución que hay. Siempre en economía, lo que se les asigna a unos, es porque se lo está sacando a otros, porque el único que pudo multiplicar los peces y los panes fue Jesucristo, el resto tiene que tomar decisiones en base a los recursos que se tiene”. Fernández de Kirchner, Cristina, Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso, 1/3/09:

http://www.casarosada.gov.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=5612&Itemid=66

Quisieron maximizar votos imponiendo retenciones: una mala teoría distorsiona la realidad, y se paga

Del libro El Foro y el Bazar

Ideas erróneas, malas políticas, peores efectos

Las ideas que sostuvieron estas políticas agrícolas son, al menos, cuestionables. El problema de la “Enfermedad Holandesa” existe solamente para quienes consideran que el tipo de cambio es un instrumento de política y no el resultado de la interrelación entre compradores y vendedores en el mercado reflejando las ventajas comparativas de un país, quienes también piensan que es el “único” instrumento disponible para promover la competitividad.

Argentina no exporta solamente “commodities” y podría agregar valor para convertirse en un gran exportador de alimentos elaborados. ¿Por qué no puede competir en estos otros campos? Básicamente porque sus costos son elevados. Los analistas de la “Enfermedad Holandesa” sostienen que son altos porque el tipo de cambio refleja la competitividad de la producción agrícola a bajo costo. Pero nunca mira a un responsable más directo: elevados impuestos, barreras comerciales y regulaciones. Regulaciones laborales costosas, insumos caros protegidos por altos derechos de importación, servicios públicos deficientes, un sistema judicial kafkiano, una moneda poco confiable, débil sustento de los derechos de propiedad y los contratos impiden que muchas emprendimientos sean competitivos.

Si, como la teoría de la “Enfermedad Holandesa” proclama, la eficiencia del sector agrícola y sus voluminosas exportaciones revalúan la moneda local y vuelve no competitiva la producción local de otras actividades, también debería considerarse que dicho tipo de cambio vuelve más baratas las importaciones de bienes de capital, y la producción local más eficiente. Asimismo, la competitividad de este sector podría ser mejorada con menores regulaciones e impuestos, sólo que éstos son, precisamente, los instrumentos del clientelismo político y la redistribución.

El interés personal en la política

La política agrícola argentina de la primera década del siglo XXI tiene su “lógica” y puede ser explicada en términos de una teoría económica, un cálculo político y una ideología que tiñen la visión de quienes la aplican, persiguiendo su propio interés, que en el caso de la política es la conquista y retención del poder por medio de obtener el apoyo de la mayoría de los votantes. Fue  “irracional” en cuanto a sus resultados económicos se refiere: no permitió al país aprovechar las nuevas oportunidades en los mercados mundiales de commodities, reduce el crecimiento y destruye riqueza. Eventualmente también puede haber sido fatal para quienes la veían como una forma de acumular poder y ser reelectos. Supuestamente su objetivo es maximizar votos, pero ese velo ideológico refleja la realidad con cierta óptica que influye en el cálculo político.

La “Enfermedad Holandesa” no era un efecto temporal. Se basaba en reformas de largo plazo en Asia y otras regiones que incrementaron su consumo de commodities. Estos cambios sin duda impactaron en la estructura económica argentina, pero siendo más una oportunidad que un problema. El episodio no duró mucho en Holanda: el gas natural comenzó a fluir desde el Mar del Norte a fines de los años 1950 y redujo las exportaciones de productos no gasíferos durante el comienzo de los años 1960, pero hacia fines de esa década las exportaciones se habían incrementado del 40 al 60% del PBI y los temores de desindustrialización nunca se materializaron (Gylfason, 2001). Noruega es el segundo exportador de petróleo después de Arabia Saudita, y todavía no ha mostrado los efectos de la enfermedad.

En el caso de Argentina, la preocupación del gobierno por evitar los efectos del crecimiento de la demanda de commodities llevó a poner en riesgo las posibilidades del sector agropecuario para relanzar una nueva era de crecimiento económico. Tomando en cuenta la preocupación del gobierno por redistribuir rentas de estas actividades, no percibió la nueva configuración de los mercados de capitales en la producción agropecuaria. La distribución de dichas rentas ya era extendida, no concentrada, a través del impacto de otras actividades laterales y la participación de pequeños inversores en los fideicomisos. Dicha distribución era eficiente y no politizada y había ayudado al país a salir de su peor depresión. Ignorando los efectos redistributivos, el gobierno alienó a los productores, los comerciantes en actividades relacionadas y las clases medias urbanas.

El supuesto de la maximización de votos se sostiene, solo que puede llevar a un fracaso si está distorsionado por teorías y evaluaciones equivocadas.

Cómo siquiera explicar que hubo impuestos (retenciones) a las exportaciones por más de diez años

Del libro “El Foro y el Bazar”:

Los gobiernos obtienen un beneficio político de corto plazo con el incremento de los ingresos fiscales que pueden redistribuir a través de todo tipo de subsidios. También tienen el apoyo de los industriales locales y sus organizaciones junto a los poderosos sindicatos industriales. En este último caso una devaluación, al incrementar los precios de los productos locales, impacta directamente en el poder adquisitivo de los salarios, reduciéndolo. Por lo tanto, un impuesto sobre las exportaciones crea un precio local menor para algunos alimentos y un salario real mayor (aunque la soja no es parte del consumo local).

Estos grupos están activos en forma permanente, mientras que los productores agrícolas sólo esporádicamente.[1] Un razonamiento similar utiliza Pedro Isern (2007), argumentando que pese a que los sectores más productivos tienen menores incentivos para desarrollar un lobby eficiente que los sectores menos productivos, la brecha entre la eficiente productividad del sector agrícola y su pobre fuerza política es, en este caso, inusual[2].

Esta puja distributiva toma la forma de un “ciclo populista” que comienza con una política expansionista de “dinero fácil para todos”, generando crecimiento a expensas de las perspectivas a largo plazo de la economía, usualmente no fácilmente visibles, con desequilibrios crecientes (déficits fiscales y de balanza de pagos, fuertes incrementos en costos y demanda, etc.) y creciente inflación. Luego de unos años la economía entra en crisis y requiere medidas severas de estabilización (devaluación, caída de los salarios reales).

Isern introduce cuatro condiciones para explicar el “ciclo populista” de largo plazo en Argentina: una inusualmente alta productividad del sector agrícola que le permite producir y exportar aún con tales impuestos, controles al tipo de cambio y proteccionismo agrícola y subsidios en la mayoría de los países desarrollados; una inusualmente baja capacidad de organización política debido a la dispersión geográfica y la misma productividad que mantiene rentables a las operaciones aún con esas cargas; la elevada organización política del sector urbano-industrial, concentrado en las grandes ciudades (particularmente la capital y el centro de las decisiones, Buenos Aires) y la baja productividad de este sector, siempre requiriendo protección y subsidios y necesitando un sector productivo (el campo) de donde extraer rentas.

No obstante, los cálculos políticos salieron mal, y el gobierno perdió el control del Congreso luego de las elecciones legislativas de Junio de 2009. Como mostró la rebelión fiscal de 2008, los productores agrícolas no eran tan pocos ni estaban tan aislados. Los fideicomisos y los “pools” de siembra mencionados antes comenzaron a unir poblaciones locales en apoyo de la producción: ahora el dentista local o el abogado de una ciudad pequeña de la Pampa tenía sus ahorros invertidos en un fideicomiso produciendo soja; el vendedor local de tractores está directamente ligado a la prosperidad agrícola, los jóvenes graduados se involucran en genética y reproducción animal, un nuevo espíritu emprendedor se expandía por toda la región.

En 2010 un 50/60% de toda la producción agrícola no la realizan los dueños mismos de la tierra sino los fideicomisos y pooles de siembra. Esto significa que el número de personas vinculadas a ella a través de inversiones de capital es mucho mayor que en el pasado, como la extensión de la propiedad accionaria en el capitalismo anglosajón. Un gran número de gente, la mayoría en pueblos y ciudades de la Pampa, son ahora “accionistas” del campo. Son el típico inversor de capital, asumiendo el riesgo no solamente de las condiciones meteorológicas y del mercado sino también el de las políticas públicas. La inversión individual en estos fondos creció  de 320 millones de pesos en 2004/5 a 950 millones en 2008/09 (aunque cayó a $630 en 2009/10). [3]

[1] Adolfo Sturzenegger (2007), considerando los intereses divergentes como parte de un “mercado político” explica: “…se asume que cada lado de ese mercado tiene grados diferentes de acción colectiva. Mientras el lado pro-retenciones se mantiene siempre activo en su acción colectiva, el otro lado sólo se activa fuertemente cuando la rrh [renta real por hectárea] efectiva se ubica por debajo de un nivel que se considera insostenible, por ejemplo, esa rrh o margen bruto, no alcanza para pagar los servicios del financiamiento que se estuviera utilizando, o no alcanza para un nivel de retiros por parte de los propietarios agrícolas aceptable. Cuando, por el contrario, el nivel de la rrh está claramente por encima de aquel nivel insostenible, este lado está de hecho inactivo. En realidad en todo momento parece ejercer acción colectiva en defensa de los intereses del grupo pero la misma es sólo simbólica y figurativa (protestas anuales en la Sociedad Rural, asiduas declaraciones de insatisfacción por parte de todo dirigente rural) que difícilmente alcance para modificar los niveles de discriminación. Por el contrario, cuando no se alcanza la rrh sostenible, el grupo masiva y vigorosamente se activa y, en general, se logra reducir el nivel de discriminación. Estos grandes cambios en los niveles de acción colectiva de grupos de presión integrados por enorme cantidad de miembros y dispersos en el territorio, está bien comprobado en la literatura, Olson (1971), Findlay y Wellisz (1982)”. (p.19)

[2] “La puja distributiva en la Argentina contemporánea ha sido un juego de suma cero. Pero lo que resulta analíticamente relevante de este juego de suma cero no es su existencia (como cuestión de política económica) sino su perdurabilidad en el tiempo. La cuestión es por qué el ‘ciclo populista’ que originó la puja distributiva no puede ser neutralizado luego de las sucesivas crisis que ocasionara” (Isern, 2007).

[3] Bertello, Fernando, “Cayó 30% el aporte de inversores externos al campo”, La Nación, 7/12/09.

Ahora que se van las retenciones, Amilcare Pulviani (1854-1907) ayuda a explicar porqué existían

Las “retenciones”, para los lectores de otros países que desconocen a qué se refiere esa palabra, son impuestos a ciertas exportaciones, que se aplican sobre el precio FOB de un producto en el momento en que se exporta. En Argentina, hay una serie de ‘retenciones’, aplicadas principalmente a productos de origen agropecuario y otros, a distintas tasas, siendo la más alta, la del 35% a las exportaciones de soja. Ahora, ésta será reducida al 30% y todas las demás eliminadas.

Poco hay que explicar a los lectores el daño que ha ocasionado este impuesto a la producción. Pero veamos aquí alguna explicación acerca de porqué suelen aplicarse impuestos como éste, o similares. Para ello recurriremos a un clásico italiano, pero muy poco conocido: Amilcare Puviani (1854-1907). Si alguien lo conoce es por la teoría de la “ilusión fiscal”, que dice que cuando los impuestos no son totalmente transparentes o no están claramente a la vista de los contribuyentes, el costo del gobierno es menos evidente para ellos y los lleva a demandar más gasto. Puviani se planteó la pregunta: ‘¿si un gobierno quisiera esquilmar al máximo a su población, qué haría? Y presentó once estrategias, casi todas aplicadas por nuestros gobiernos, pero veamos de qué forma se relacionan algunas de ellas con las retenciones:

1.       Mejor impuestos indirectos que directos, así el impuesto está escondido en el precio de los productos: y la retención es más que escondida para el consumidor común, mucho más que el IVA. Quienes imponen las retenciones argumentan que contribuyen a reducir el precio interno del bien exportado (ya que el comprador local compite con el comprador extranjero, y solamente debe ofrecer al productor local el precio internacional menos el impuesto). Pero la retención reduce la oferta y, con el tiempo, eleva los  precios. El consumidor no nota ese supuesto efecto ‘reducción’ y en un contexto inflacionario no puede saber si el precio aumentó menos gracias a la existencia de ese impuesto. Tampoco puede evaluar cuánto más termina pagando por una oferta más reducida.

2.       Impuestos que explotan el conflicto social ya que se aplican a grupos con poco peso político: y en el caso argentino, el gobierno tuvo una visión ‘antigua’ de la producción agropecuaria. Este fue el gran error político del gobierno saliente. Pensó que aplicaba un impuesto a los “ricos” hacendados y estancieros y no se dio cuenta que el campo moderno involucra a toda una cadena de producción de la cual participan cientos de miles de personas, grandes y pequeños. No es de extrañar que perdiera la elección principalmente en toda la zona central agropecuaria.  

3.       Impuestos ‘temporales’: que nunca se reducen luego que la crisis pasó. Típicamente, en este caso, las retenciones se impusieron como resultado de la gran crisis y devaluación del 2002, pero se mantuvieron desde entonces pese a que esa crisis había quedado atrás. Curiosamente, ahora que no pagarán retenciones, los productores deberán pagar Ganancias, otro impuesto ‘temporal’, creado en la crisis de los años 1930.

4.       Amenaza de colapso social e imposibilidad de prestar servicios públicos si el impuesto se reduce: era el argumento por el cual se mantuvieron las retenciones en un contexto en que el gasto público no dejaba de crecer.

5.       Recaudación en pequeños pagos, no, por ejemplo, un pago total anual: y en el caso de las retenciones el productor ni siquiera tiene que hacer la gestión de pagarlo, ya que está deducido del precio que recibe del exportador. Estos son los que pagan al exportar, pero son bien pocos, y es muy fácil controlarlos.

Las otras estrategias comentadas por Pulviani son bien conocidas: financiar el gasto con emisión y la consiguiente inflación, endeudamiento que se paga con impuestos futuros; alta complejidad del presupuesto, cosa que nadie entienda mucho en qué se está gastando; uso de categorías de gasto muy generales, como ‘educación’ o ‘seguridad’, donde no puede verse con precisión en qué se gasta específicamente.

Límites al abuso de poder: límites al gasto, endeudamiento e impuestos, y que éstos sean explícitos

Con los alumnos de Applied Economics analizamos distintas limitaciones institucionales al abuso de poder que termina generando todo tipo de crisis económicas. Entre ellas, algunas se refieren a limitaciones en el gasto, en el endeudamiento, y también en los impuestos. Respecto a estos últimos:

La limitación para crear nuevos impuestos está en la raíz de la historia de la república moderna y la limitación del poder absoluto del gobernante. Formaba parte de la Carta Magna (1215) aquél famoso principio “no habrá impuestos sin la aprobación de los representantes”. En casi todas las constituciones, los impuestos tienen que ser aprobados por el Congreso, por los representantes de los votantes.

En las democracias modernas esta restricción funciona cuando el poder se encuentra dividido, por ejemplo, cuando el parlamento está controlado por un partido político o coalición diferente al control del poder ejecutivo. Un ejemplo en Estados Unidos es cuando el presidente es demócrata y el Congreso está controlado por los republicanos. Cuando ambos poderes se encuentran controlados por la misma mayoría el control se diluye o directamente no existe.

Es por eso que se sugiere como mecanismo de control del gasto que cada vez que se quieran crear nuevos impuestos o subir las alícuotas se las someta a la consulta de los votantes por medio de un referéndum. La ventaja de este procedimiento es que los votantes pocas veces están dispuestos a pagar más impuestos a menos que el servicio que a partir de ellos se obtenga sea realmente apreciado y no pueda producirse con los recursos existentes. El problema que puede presentar es que la mayoría abuse de la minoría aprobando impuesto sobre ésta que ella misma no pagaría. No es de extrañar que muchas veces los representantes hayan incluido a los impuestos dentro de una lista de temas que no pueden ser sometidos a consulta popular.

Relacionado con el punto anterior, las dificultades que tiene cada individuo para evaluar el verdadero costo del gasto público le impiden evaluar su verdadero peso. Resulta casi imposible para un individuo determinar cuál es la real carga impositiva que está sufriendo, porque el “precio” resulta borroso. En un intercambio normal de mercado existe un precio directamente visible y el costo resulta claro. Si consideramos en cambio una compra que se realiza mediante una cuota mensual (la cuota de un club, el pago de un seguro) la relación no es tan directa pero aún es fuerte. Sería comparable a que un ciudadano recibiera una factura mensual por todos los servicios que le brindara el Estado.

En cambio, si esos pagos se deducen de su recibo mensual de sueldo, la relación es un poco más débil, ya que no hay un acto de “pago”, no hay que tomar una decisión positiva para realizarlo.

Algo similar sucede con los impuestos: los indirectos son menos obvios y evidentes que los directos, sobre todo si es necesario preparar una declaración anual y pagar un determinado monto. Menos lo son sin esos pagos se deducen directamente del salario. En cuanto a los indirectos, menos evidentes son si aparecen como parte del precio y no en forma separada. Y menos aún si el gasto se financia vía inflación, considerada a menudo como un “impuesto” .

Con esas percepciones debilitadas, terminará aceptando niveles de gasto más altos de los que estaría dispuesto a pagar. No extraña que el crecimiento del gasto público haya llegado con la multiplicación de estos modos de esconder su verdadero peso.

Por eso, una alternativa para facilitar la evaluación de costos y beneficios del gasto público es explicitar los impuestos: que el impuesto indirecto aparezca separado del precio del producto o servicio y haga evidente ese pago adicional. Imaginemos un conductor que llena su tanque de combustible y recibe el siguiente mensaje: “$30 de combustible y $ 70 de impuesto”; que el impuesto directo demande un acto explícito de pago; que distintos servicios gubernamentales demanden un pago directo para recibirlos.

Juan de Mariana: La inflación es un impuesto pero, ¿tiene el consentimiento de los contribuyentes?

La inflación hace que muchos paguen impuesto cuando antes no pagaban. Peor aún, la inflación “es un impuesto”. La pregunta es: ¿quién lo votó? ¿No es que los impuestos se aprueban en el Congreso como parte de una larga tradición que dice que no pueden ponerse impuestos sin el consentimiento de los ciudadanos? Parece que eso no corre para la inflación. Pero el principio es claro, está en la Carta Magna (1215) y lo comenta Juan de Mariana (1536-1624): Juan de Mariana Si el rey puede cargar pechos sobre sus vasallos sin consentimiento del pueblo Algunos tienen por grande sujeción que los reyes, cuanto al poner nuevos tributos, pendan de la voluntad de sus vasallos, que es lo mismo que no hacer al rey dueño, sino al común; y aun se adelantan á decir que si para ello se acostumbra llamar á Cortes, es cortesía del príncipe, pero si quisiese, podría romper con todo y hacer las derramas á su voluntad y sin dependencia de nadie conforme á las necesidades que se ofrecieren. Palabras dulces y engañosas y que en algún« reinos han prevalecido, como en el de Francia, donde refiere Felipe Comines, al fin de la vida que escribió de Luis XI de Francia, que el primero que usó de aquel término fue el príncipe de aquel reino, que se llamó Carlos VIl. Las necesidades y aprietos eran grandes; en particular los ingleses estaban apoderados de gran parte de Francia; granjeó los señores con pensiones que les consignó á cada cual y cargó á su placer al pueblo. Desde el cual tiempo dicen comunmente que los reyes de Francia salieron de pupilaje y de tutorías, y yo añado que las largas guerras que han tenido trabajada por tantos años á Francia en este nuestro tiempo todas han procedido de este principio. Veíase este pueblo afligido y sin substancia; parecióles tomar las armas para de una vez remediarse con la presa ó acabar con la muerte las necesidades que padecían, y para esto cubrirse de la capa de religión y colorear con ella sus pretensiones. Bien se entiende que presta poco lo que en España se hace, digo en Castilla, que es llamar los procuradores á Cortes, porque los mas de ellos son poco á propósito, como sacados por suertes, gentes de poco ajobo en todo y que van resueltos á costa del pueblo miserable de henchir sus bolsas; demás que negociaciones son tales, que darán en tierra con los cedros del Líbano. Bien lo entendemos, y que como van las cosas, ninguna querrá al príncipe á que no se rindan, y que seria mejor para excusar cohechos y costas que nunca allá fuesen ni se juntasen; pero aquí no tratamos de lo que se hace, sino de lo que conforme à derecho y justicia se debe hacer, que es tomar el beneplácito del pueblo para imponer en el reino nuevos tributos y pechos. No hay duda sino que el pueblo, como dice el historiador citado, debe siempre mostrar voluntad de acudir á la de su rey y ayudar conforme lo pidiesen las necesidades que ocurren; pero también es justo que el príncipe oiga á su pueblo y se vea si en él hay fuerza y substancia para contribuir y si se hallan otros caminos para acudir á la necesidad, aunque toquen al mismo príncipe y á su reformación, como veo que se hacia antiguamente en las Cortes de Castilla. Digo pues que es doctrina muy llana, saludable y cierta que no se pueden poner nuevos pechos sin la voluntad de los que representan el pueblo. Esto se prueba por lo que acabamos de decir, que si el rey no es señor do los bienes particulares, no los podrá tomar todos ni parte de ellos sino por voluntad de cuyos son. Item, si, como dicen los juristas, ninguna cosa puede el rey en perjuicio del pueblo sin su beneplácito, ni les podrá tomar parte de sus bienes sin él, como se hace por via de los pechos. Demás que ni el oficio de capitán general ni de gobernador le da esta autoridad, sino que pues de la república tiene aquellos cargos, como al principio señaló el costeamiento y rentas que le parecieron bastantes para ejercellos; así, si quiere que se las aumenten, será necesario que haga recurso al que se las dio al principio. Lo cual, dado que en otro reino se permitiera, en el nuestro está por ley vedado, fecha y otorgada á pedimento del reino por el rey don Alonso el Onceno en las Corles de Madrid, año de 1329, donde la petición 68 dice así: «Otrosí que me pidieron por merced que tenga por bien de les no echar ni mandar pagar pecho desaforado ninguno especial ni general en toda la mi tierra sin ser llamados primeramente á Cortes é otorgado por todos los procuradores que vinieren: á esto respondo que lo tengo por bien é lo otorgo.» Felipe de Comines, en el lugar ya citado, por dos veces generalmente dice en francés: «Por tanto, para continuar mi propósito no hay rey ni señor en la tierra que tenga poder sobre su estado de imponer un maravedí sobre sus vasallos sin consentimiento de la voluntad de los que lo deben pagar, sino por tiranía y violencia»; y añade poco mas adelante «que tal príncipe, demás de ser tirano, si lo hiciere será excomulgado », lo cual ayuda á la sexta «comunión puesta en la bula In Coena Domini, en que descomulga á los que en sus tierras imponen nuevos pechos, unas bulas dicen : «sin tener para ello poder»; otras «fuera de los casos por derecho concedidos»; de la cual censura no sé yo cómo se puedan eximir los reyes que lo contrario hacen, pues ni para ello tienen poder ni por derecho les es permitido esta demasía; que como el dicho autor fue seglar y no persona de letras, fácilmente se entiende que lo que dice por cosa tan cierta lo pone por boca de los teólogos de su tiempo, cuyo parecer fue el suyo. Añado yo mas, que no solamente incurre en la dicha excomunión el príncipe que con nombre de pecho ó tríbulo hace, las tales imposiciones, sino también con el de estanque y monipodio sin el dicho consentimiento, pues todo se sale á una cuenta, y por el un camino y por el otro toma el príncipe parte de la hacienda de sus vasallos, para lo cual no tiene autoridad. En Castilla de unos años á esta parte se han hecho algunos estanques de los naipes, del solimán, de la sal, en lo cual no me meto, antes los tengo por acertados; y de la buena conciencia del rey, nuestro señor, de gloriosa memoria, don Felipe II, se ha de creer que alcanzó el consentimiento de su reino; solo pretendo probar que lo mismo es decir poner estanques que pechos y que son menester los mismos requisitos. Pongamos ejemplo para que esto se entienda. En Castilla se ha pretendido poner cierto pecho sobre la harina; el reino hasta ahora ha representado graves dificultades. Claro está que por via de estanque si el rey se apoderase de todo el trigo del reino, como se hace de toda la sal, lo podría vender á dos reales mas de lo ordinario, con que se sacaría todo el interés que se pretende y aun mas, y que seria impertinente pretender no puede echar pecho sin el acuerdo dicho, si por este ú otro camino se puede sin él salir con lo que se pretende. Por lo menos de todo lo dicho se sigue que si no es licito poner pecho, tampoco lo será hacer esta manera de estanques sin voluntad de aquellos en cuyo perjuicio redundan.

En el Super Bowl del gasto público y la deuda, los “Políticos” le ganan a los “Contribuyentes”

Los norteamericanos dan mucha importancia al discurso presidencial durante la inauguración de las sesiones anuales del Congreso. Este discurso se ha dado en llamar “Estado de la Unión”, donde el presidente evalúa la situación y perspectivas del país. John Goodman analiza ese discurso para el Independent Institute: http://www.independent.org/newsroom/article.asp?id=5284

Casa Blanca

Algunos párrafos:

‘La sombra de la crisis ha pasado’, nos dijo el presidente Obama el martes por la noche. ‘El Estado de la Unión es sólido’, agregó. Pero, ¿lo es realmente?

Si usted hubiera acumulado una deuda más de 20 veces el monto de su ingreso familiar, ¿diría que sus finanzas domésticas están en buena forma? Bueno, ahí es donde se encuentra este país. En casi una docena de programas sociales (‘entitlements’: se refiere a programas en los cuales se genera un derecho a recibir un beneficio), hemos hecho promesas que no hemos podido pagar. En el proceso, estamos dejando una enorme carga financiera a nuestros hijos y nietos.

¿Y qué es lo que el presidente propuso hacer con este problema? Básicamente dejarlo como está y agregarle algo más. Como comentó David Jackson: “Citando el legado de los programas de Seguridad Social, Medicare y ayuda universitaria, Obama le dijo al Congreso controlado por Republicanos que ‘la economía de la clase media funciona’ y ‘estas políticas continuarán funcionando en tanto la política no se entrometa con ellas’.

La nueva oferta incluye:

… nuevos créditos fiscales para el cuidado de la infancia, y programas para incluir dos años gratuitos en las universidades, bajas tasas de interés en los seguros hipotecarios y nuevos requerimientos para las licencias por enfermedad.

Básicamente, hay dos tipos de deuda –la que usted escucha mencionar y la que no. La primera es deuda nacional en poder del público en la forma de bonos gubernamentales. El último número de esta es algo mayor a los $13 billones. La segunda es la diferencia entre promesas realizadas a largo plazo –para pensiones, gastos de salud e incapacidad- y el ingreso que esperamos para financiar esas promesas en la forma de impuestos, primas, etc. Este segundo tipo de deuda es enorme. El economista de Boston University, Laurence Kotlikoff la estima es unos asombrosos $210 billones. Escribe Kotlikoff:

‘La brecha fiscal –la diferencia entre las obligaciones financieras proyectadas de nuestro gobierno y el valor presente de todos los ingresos fiscales previstos- es, efectivamente, nuestra tarjeta de crédito nacional. Eliminarla requeriría un aumento inmediato y permanente del 59% en los impuestos nacionales. También podría ser un recorte permanente del 38% en el gasto público. Cuanto más esperemos, mayor será el problema. Si, por ejemplo, no hacemos nada por 20 años, el aumento de los impuestos nacionales llegaría al 70%, o el recorte de gastos requerido al 43%.’

Además, para resolver el problema fiscal, el aumento del 59% en impuestos debería colocarse en un banco e invertirse –no gastarse en otras cosas como el subsidio a los estudios universitarios- hasta el día en que lleguen las cuentas. Esto demandaría un nivel de disciplina que ningún presidente o Congreso antes a podido lograr.”

 

Buchanan y Mises sobre el abandono de la austeridad fiscal antes y después de Keynes

James Buchanan y Richard Wagner escribieron un libro titulado “Democracia en déficit: el legado político de Lord Keynes”, publicado en 1977 y disponible gratuitamente acá: http://oll.libertyfund.org/titles/1097

El argumento central del libro es que el análisis y las propuestas de Keynes terminaron de relajar el espíritu “victoriano” de austeridad en la política fiscal y ya nunca más pudo frenarse el crecimiento del gasto público, los déficits y el endeudamiento si no es por el límite que impone el mismo mercado para financiar ese gasto, o en última instancia el colapso fiscal y monetario.

Era una idea compartida por otros autores, entre ellos Mises, quien escribe en “Restoring Europe’s State Finances”, una conferencia que dictara en 1924, señalando que ese cambio se había producido bastante tiempo antes:

“Hubo un tiempo en el que era sabiduría convencional que los impuestos son un mal a ser evitado en cuanto sea posible y que la única virtud de un ministro de finanzas era su frugalidad. En esos días los representantes del pueblo en el parlamento realizaban grandes esfuerzos para reducir las propuestas presupuestarias para ahorrarle a la población una excesiva carga impositiva. Desgraciadamente, este principio fue abandonado en las décadas previas a la guerra [Primera Guerra Mundial]. Una perniciosa doctrina surgió diciendo que había una diferencia fundamental entre el presupuesto público y el de cualquier familia. En los presupuestos familiares, se creía, los gastos estaban basados en el ingreso, mientras que en el presupuesto público eran los gastos los que determinaban los ingresos. Si bien ningún teórico fiscal se atrevió nunca a proclamar este principio abiertamente y sin reservaciones [Keynes entonces puede haber inaugurado la lista], sin embargo ha servido en general como la base de la discusión académica.”

“El principio fue reforzado por una singular interpretación de que solamente los impuestos indirectos sobre artículos de consumo masivo afectan a amplios sectores de la población, mientras que se creía que los impuestos directos castigaban solo a los ricos y a los propietarios, sin pesar sobre la economía en general.”

“Cuando sea que la discusión giraba sobre un gasto nuevo y popular, los representantes del pueblo se inclinaban a aprobarlo en tanto no fuera pagado por nuevos impuestos indirectos sino solamente por nuevos impuestos directos. Algunos de estos, por ejemplo el impuesto a la herencia o el impuesto a las ganancias de capital, se dirigen a la riqueza en la forma de capital como una fuente de ingresos fiscales. En el caso de impuestos sobre los ingresos y las ganancias, la idea original era que cayera solo sobre el ingreso real. Como resultado de la depreciación monetaria y la consiguiente imposición de ganancias “contables”, aun los impuestos sobre los ingresos y las ganancias se han convertido en impuestos a la riqueza. Una porción del capital existente ha sido consumido en impuestos, convertido en bienes de consumo y gastado. Por su misma naturaleza, la política fiscal ha reducido la riqueza de la economía. Pero tan grandes eran las ilusiones sociales y políticas que eso era considerado un rasgo deseable de la imposición directa que recaía sobre el patrimonio del país. Sentimientos de envidia como éste generaron la creencia que el empobrecimiento de los emprendedores y los dueños del capital era beneficioso para le economía. El hecho que la economía en su conjunto, no solo los dueños del capital, se volvía más pobre era totalmente olvidado.”

“El crédito fácil también cumplió un papel importante en la actitud desarrollada hacia un crecimiento del gasto público. En el pasado, aun los ministros de finanzas de estados grandes y ricos tenían serios problemas para tomar créditos aun modestos, y esos intentos muchas veces fracasaban. Esta situación cambió completamente en las décadas anteriores a la guerra.”

Vender la Mona Lisa… y las joyas de la abuela, ¿para endeudarse de nuevo?

La noticia parece insólita, pero por eso mismo es interesante discutirla. La agencia de noticias France24 dice que si el gobierno francés vendiera la obra “La Gioconda”, de Leonardo da Vinci podría cancelar la mitad de su deuda pública. http://www.eluniversal.com.mx/cultura/2014/la-mona-lisa-deuda-venta-francia-1035651.html

Mona Lisa

¿Debería considerarlo? Veamos esto. ¿Cuáles serían las razones para no venderla? Podría decirse que es un patrimonio público que debería estar accesible a toda la humanidad, pero toda la humanidad está lejos de tener la oportunidad de verla y, además, por los temores a un atentado cada vez está más protegida y lejana para quienes la visitan en el Louvre. Es más, sería difícil para cualquier adecir si lo que está allí es en verdad el original. Difícil sería también considerarla como un “orgullo nacional” para los franceses ya que se trata de un cuadro de un italiano. Podría ser el “orgullo” o el prestigio del Louvre como museo. Sin duda éste es un atractivo para visitarlo. En cuanto a la posible recaudación que su presencia allí pueda generar, esta ni siquiera debe ser suficiente para cubrir los costos de mantenimiento de todo el museo.

¿Cuál sería la razón para venderla? Pues si se redujera la deuda a la mitad, también se reducirían los pagos de esa deuda, la carga impositiva sobre los actuales contribuyentes y también sobre los futuros. Una menor presión impositiva alentaría una mayor formación de capital. Los franceses serían más prósperos en el futuro y pagarían algo menos de impuestos ahora.

El Institute Economique Molinari publica todos los años un estudio sobre la carga fiscal en los salarios en toda Europa: http://www.institutmolinari.org/en-2014-le-salarie-moyen-francais,1908.html

Este año encuentra a Francia en el anteúltimo lugar tomando el 57,17% de los salarios. Esto hace que el asalariado francés trabaje para pagar sus impuestos desde comienzos del año hasta el 28 de Julio, recién ahí comienza a hacerlo para sí y su familia. La tasa de imposición media en la Unión Europea es 45,27%. Los trabajadores franceses tienen que esperar este año dos días más que el año anterior y solo son superados por Bélgica donde trabajan hasta el 6 de Agosto.

Por el contrario, en Chipre, Irlanda y Malta no tienen a la Mona Lisa pero terminan de trabajar para pagar impuestos mucho antes: Chipre el 21 de Marzo, Irlanda y Malta el 28 de Abril. Países que de todas formas no pretenden albergar las mejores obras de arte de la historia pero distinto es el caso del Reino Unido donde sí las hay y terminan de trabajar para pagar impuestos el 12 de Mayo.

Está claro que aun cancelando la mitad de la deuda eso no significa que se reduzca el gasto en igual proporción, ya que el pago de la deuda es tan solo una parte de ese gasto, pero el problema es que Francia se sigue endeudando y esto aumentará en el futuro los servicios de la deuda que los contribuyentes deberán pagar.

Entonces, el dilema que se les presenta en este tema es: ¿mantener a La Gioconda en el Louvre y trabajar algunos días más para pagar impuestos o venderla y trabajar algunos menos?

Es bastante probable que ningún político se atrevería a hacer esa propuesta y tal vez ni los votantes estuvieran dispuestos a apoyarla. En alguna medida porque piensan que sería probable que se queden sin el cuadro y que luego los políticos vuelvan a endeudarse. Ese sería el peor de los mundos: se vendieron las joyas de la abuela y volvimos a tener la misma deuda. ¿Suena conocido?