Caps 4 y 5: las fallas de la política comienzan a verse al cuestionar el supuesto del dictador benevolente

En toda sociedad hacen falta un mecanismo para permitir que se expresen las preferencias de los individuos y señales que guíen a los productores a satisfacerlas. En el caso de los bienes privados, hemos visto cómo el mercado cumple ese papel. También vimos que se presentan problemas para cumplirlo. En el caso de los bienes públicos, es la política: es decir, los ciudadanos expresan sus preferencias por bienes colectivos y hay un mecanismo que las unifica, resuelve sus diferencias (Buchanan 2009) y envía una señal a los oferentes —en este caso las distintas agencias estatales— para satisfacerlas. Como veremos, este también se enfrenta a sus propios problemas.

El siguiente análisis de las fallas de la política se basa en el espíritu de aquellas famosas palabras de Winston Churchill (1874-1965): “Muchas formas de gobierno han sido ensayadas y lo serán en este mundo de vicios e infortunios. Nadie pretende que la democracia sea perfecta u omnisciente. En verdad, se ha dicho que es la peor forma de gobierno, excepto por todas las otras que han sido ensayadas de tiempo en tiempo”.

Churchill nos dice que no hemos ensayado un sistema mejor, por el momento, pero que este no puede ser considerado perfecto. Por ello, cuando se ponen demasiadas esperanzas en él, pueden frustrarse, ya que la democracia no garantiza ningún resultado en particular —mejor salud, educación o nivel de vida—, aunque ciertas democracias lo hacen bastante mejor que las monarquías o las dictaduras.

Durante mucho tiempo, buena parte de los economistas se concentraron en analizar y comprender el funcionamiento de los mercados, y olvidaron el papel que cumplen los marcos institucionales y jurídicos de los Gobiernos. Analizaban los mercados suponiendo que funcionaban bajo un “gobernante benevolente”, definiendo como tal a quien persigue el “bien común”, sin consideración por el beneficio propio, y coincidiendo en esto con buena parte de las ciencias políticas y jurídicas[1]. Tal como define al Estado la ciencia política, tiene aquel el monopolio de la coerción, pero lo ejerce en beneficio de los gobernados.

Por cierto, hubo claras excepciones a este olvido. Inspirados en ellas, autores como Anthony Downs o James Buchanan y Gordon Tullock iniciaron lo que se ha dado en llamar “análisis económico de la política”, en el contexto de gobiernos democráticos, originando una abundante literatura. Su intención era aplicar las herramientas del análisis económico a la política y el funcionamiento del Estado, pues la teoría política predominante no lograba explicar la realidad de manera satisfactoria.

Uno de los primeros pasos fue cuestionar el supuesto del “gobernante benevolente” que persigue el bien común; porque, ¿cómo explicaba esto los numerosos casos en que los Gobiernos implementan medidas que favorecen a unos pocos? O más aún: ¿cómo explicar entonces que los gobernantes apliquen políticas que los favorecen a ellos mismos, en detrimento de los votantes/contribuyentes? Por último, ¿cómo definir el “bien común”[2]? Dadas las diferencias en las preferencias y valores individuales, ¿cómo se podría llegar a una escala común a todos? Esto implicaría estar de acuerdo y compartir dicha escala, pero el acuerdo que pueda alcanzarse tiene que ser necesariamente vago y muy general, y en cuanto alguien quiera traducir eso en propuestas específicas surgirán las diferencias. Por eso vemos interminables discusiones sobre la necesidad de contar con un “perfil de país” o una “estrategia nacional” que nos lleve a alcanzar ese bien común, pero, cuando se consideran los detalles, los “perfiles de país” terminan siendo más relacionados con algún sector específico o difieren claramente entre sí.

Los autores antes mencionados decidieron, entonces, asumir que en la política sucede lo mismo que en el mercado, donde el individuo persigue su propio interés, no el de otros. En el mercado, esa famosa “mano invisible” de Adam Smith conduce a que dicha conducta de los individuos termine beneficiando a todos. ¿Sucede igual en el Estado? Se piensa en particular en el Estado democrático, porque se supone que los Gobiernos tiránicos o autoritarios no le dan prioridad a los intereses de los gobernados.

Algunos economistas intentaron definir ese “bien común” en forma científica, como una “función de bienestar social”, pero sin éxito (Arrow 1951). Además, si hubiese alguna forma de definir específicamente ese bien común o bienestar general como una función objetiva, no importaría si es el resultado de una decisión democrática, de una decisión judicial o simplemente un decreto autoritario que lo imponga.

Como veremos, al cambiar ese supuesto básico, la visión que se tiene de la política es muy distinta: el político persigue, como todos los demás y como él mismo fuera de ese ámbito, su interés personal. No se puede definir algo como un “bien común”, un resultado particular que sea el mejor, pero sí se puede evaluar un proceso, en el que el resultado “bueno” sea aquél que es fruto de las elecciones libres de las personas. ¿Existe entonces un mecanismo similar a la “mano invisible” en el mercado, que guíe las decisiones de los votantes y las acciones de los políticos a conseguir los fines que persiguen los ciudadanos? Este enfoque, llamado en general “Teoría de la Elección Pública” (Public Choice) se centra en los incentivos. De ahí que también se le conozca como “análisis económico de la política”.

[1]. Esta visión, por supuesto, no es sorprendente. Madison (2001), por ejemplo, mostraba una posición clásica aun hoy muy popular, según la cual la búsqueda del “bien común” depende de la delegación del poder a los representantes correctos, no de la información y los incentivos existentes: “… un cuerpo de ciudadanos elegidos, cuya sabiduría pueda discernir mejor el verdadero interés de su país, y cuyo patriotismo y amor por la justicia harán muy poco probable que lo sacrifiquen a consideraciones parciales o temporales. Bajo tal regulación, puede bien suceder que la voz pública, pronunciada por los representantes del pueblo sea más consonante con el bien público que si fuera pronunciada por el pueblo mismo, reunido para tal propósito. Por otro lado, el efecto puede invertirse. Hombres de temperamento faccioso, prejuicios locales, o designios siniestros, pueden por intriga, corrupción u otros medios, primero obtener votos, y luego traicionar los intereses del pueblo”.

 

[2]. Muchos filósofos políticos han cuestionado este concepto. Entre los economistas, Hayek (1976 [1944]): “El ‘objetivo social’ o el ‘designio común’, para el que ha de organizarse la sociedad, se describe frecuentemente de modo vago, como el ‘bien común’, o el ‘bienestar general’, o el ‘interés general’. No se necesita mucha reflexión para comprender que estas expresiones carecen de un significado suficientemente definido para determinar una vía de acción cierta. El bienestar y la felicidad de millones de gentes no pueden medirse con una  sola escala de menos y más” (p. 89).

 

Demsetz hacia una teoría económica del origen de la propiedad y cómo resuelven las externalidades

Con los alumnos de la materia Law & Economics analizamos ahora el derecho de propiedad, viendo un artículo que ya es un clásico: Harold Demsetz en “Hacia una teoría de los derechos de propiedad’ donde se propone desarrollar una explicación económica sobre el origeCon n de este derecho.

Algunos de sus puntos centrales:

“En el mundo de Robinson Crusoe los derechos de propiedad no desempeñan ningún rol. Son un instrumento de la sociedad y su significación deriva del hecho de que ayudan a formarse las expectativas que se pueden sustentar razonablemente en las relaciones con otros. Estas expectativas encuentran su expresión en leyes, hábitos y costumbres de una sociedad. El propietario de ciertos derechos de propiedad posee el consentimiento de sus pares para permitirle actuar de determinadas maneras. Un propietario espera que la comunidad impida que otros interfieran en sus propias acciones a partir de que tales acciones no están prohibidas en la especificación de sus derechos.

Es importante notar que los derechos de propiedad conllevan el derecho a beneficiarse o perjudicarse a sí mismo así como a beneficiar o perjudicar a otros. Perjudicar a un competidor por el hecho de fabricar mejores productos puede estar permitido, mientras que pegarle un tiro no lo está. Por lo contrario, si puede estar permitido beneficiarse uno a sí mismo disparando un arma contra un intruso, puede no estarlo vender productos por debajo de cierto precio establecido. Está claro entonces que los derechos de propiedad especifican de qué modo las personas pueden beneficiarse o perjudicarse y, por tal razón, quién debe pagar a quién para modificar acciones llevadas a cabo por personas. El reconocimiento de esto permite entender fácilmente la estrecha relación que existe entre derechos de propiedad y factores externos o externalidad.

La externalidad es un concepto ambiguo. Para los objetivos de este trabajo, el concepto incluye costos externos, beneficios externos y externalidades tanto pecuniarias como no pecuniarias. Ningún efecto benéfico o perjudicial es externo al conjunto. Alguna persona siempre resulta perjudicada o beneficiada por tales efectos. Lo que convierte a un efecto benéfico o perjudicial en una externalidad es que el costo de hacer que gravite en la decisión de una o más de las personas interactuantes sea demasiado alto como para justificarse, y esto es lo que el término quiere decir aquí.

La “internalización” de tales efectos está ligada a un proceso -usualmente un cambio en los derechos de propiedad- que permite a dichos efectos gravitar sobre todas las personas interactuantes. Una función primaria de los derechos de propiedad es la de promover incentivos para alcanzar una mayor internalización de las externalidades. Cada costo y beneficio asociado con interdependencias sociales es una externalidad potencial.

Una condición es necesaria para hacer que costos y beneficios sean externalidades: el costo de una transacción de derechos entre partes (internalización) debe exceder la ganancia de la internalización. En general, el costo de la transacción puede ser grande en relación con las ganancias por las “naturales” dificultades del intercambio comercial, o bien puede ser grande por razones legales. En una sociedad jurídicamente organizada, la prohibición de negociaciones voluntarias puede hacer infinito el costo de las transacciones.”

Pocos artículos tuvieron impacto en la economía como éste: Coase en “El Problema del Costo Social”

Coase fue Premio Nobel de Economía 1991. Comenzó su carrera académica como Profesor en la London School of Economics en Gran Bretaña y en las Universidades de Buffalo y Virginia en Estados Unidos. Desde 1964 se desempeñó en la Universidad de Chicago, específicamente en la Escuela de Derecho, de la cual fue Profesor Emérito en la cátedra Clifton R. Musser.

1. El problema a examinar

Este trabajo se refiere a las actividades de una empresa que tienen efectos perjudiciales en otras. El ejemplo más común es el del humo de una fábrica que provoca efectos nocivos en los que ocupan las propiedades vecinas. El análisis económico de tal situación se ha realizado usualmente en términos de una divergencia entre el producto privado y social de la fábrica, siguiendo el tratamiento de Pigou en The Economics of Welfare. La conclusión a la que parece haber conducido este tipo de análisis a la mayoría de los economistas es que sería deseable responsabilizar al dueño de la fábrica por el daño causado a los afectados por el humo, o, alternativamente, fijar un impuesto variable al propietario de la fábrica según la cantidad de humo producido, equivalente en términos monetarios al daño que causa, o, finalmente, excluir a las fábricas de los distritos residenciales (y presumiblemente de otras zonas en las que el humo tendría efectos perjudiciales).

Mi opinión es que los cursos de acción sugeridos son inadecuados porque llevan a resultados que no son necesariamente deseables.”

Y Concluye:

Si los factores productivos son considerados como derechos, se hace más fácil comprender que el derecho a hacer algo que tenga un efecto dañino (tal como la creación de humo, ruido, olor, etc.) es también un factor de producción. Así como podemos usar un pedazo de tierra de forma tal que evite que alguien cruce por ella, o estacione su auto, o construya su casa, también podemos usarla de forma tal que le neguemos a ese alguien un panorama, o la quietud, o el aire puro. El costo de ejercitar un derecho (de usar un factor de producción) es siempre la pérdida que sufre la otra parte como consecuencia del ejercicio de ese derecho: la incapacidad para cruzar la tierra, estacionar el auto, construir una casa, disfrutar de un paisaje, tener paz y quietud, o respirar aire puro.

Sería deseable que las únicas acciones desarrolladas fueran aquellas en que lo que se ganase tuviere un mayor valor que lo que se perdiese. Pero al elegir entre ordenamientos sociales, en el contexto en el que las decisiones individuales son tomadas, debemos tener en mente que un cambio del sistema existente que conduzca a un mejoramiento en algunas decisiones puede muy bien conducir a un empeoramiento de otras. Además, debemos considerar los costos involucrados en operar los distintos ordenamientos sociales (ya sea el funcionamiento de un mercado o de un departamento de Gobierno), como también los costos que demandará la adopción de un nuevo sistema. Al diseñar y elegir entre ordenamientos sociales debemos considerar el efecto total. Este es el cambio de enfoque que estoy proponiendo.

Coase se hace una pregunta muy simple (¿por qué existen las empresas?) y da una genial respuesta

Con los alumnos de Law & Economics del Master en Environmental Economics de la Universidad Francisco Marroquín vemos dos grandes contribuciones de Ronald Coase, que darían origen a ésta área de la economía. Primero “La Naturaleza de la firma”:

¿Por qué existen las empresas?

Fuera de la empresa, los movimientos de precios dirigen la producción directa, que es coordinada a través de una serie de transacciones en el mercado. Dentro de una empresa, estas transacciones de mercado son eliminadas, y en lugar de la estructura de mercado complicada con las operaciones de cambio se sustituye el espíritu empresarial coordinador, que dirige la producción. Está claro que estos son métodos alternativos de coordinación de la producción. Sin embargo, teniendo en cuenta el hecho de que si la producción está regulada por los movimientos de precios, la producción podría llevarse a cabo sin ninguna organización en absoluto, nos podríamos preguntar: ¿Por qué hay alguna organización?…

En vista del hecho de que mientras que los economistas tratan el mecanismo de precios como instrumento de coordinación, también admiten la función de coordinación del “empresario”, sin duda es importante preguntar por qué la coordinación es el trabajo del mecanismo de precios en un caso y del empresario en otro. El propósito de este trabajo es salvar lo que parece ser una brecha en la teoría económica entre el supuesto (hecho para algunos propósitos) que se asignen recursos por medio del mecanismo de precios y la hipótesis (hecha para otros fines) que esta asignación es dependiente del empresario-coordinador. Tenemos que explicar la base sobre la cual, en la práctica, esta elección entre las alternativas se efectúa ….

La razón principal por la que es rentable establecer una firma parece ser que hay un coste de utilización del mecanismo de precios. El costo más evidente de “organizar” la producción a través del mecanismo de precios es el de descubrir cuáles son los precios correspondientes. El costo se puede reducir pero no será eliminado por la aparición de especialistas que van a vender esta información. Los costes de negociación y la celebración de un contrato separado para cada transacción de intercambio que tiene lugar en un mercado también deben tenerse en cuenta. Una vez más, en algunos mercados, por ejemplo, intercambios de productos, se ha ideado una técnica para minimizar estos costos del contrato; pero no se eliminan. Es cierto que los contratos no se eliminan cuando hay una firma pero que se reducen considerablemente. Un factor de producción (o el propietario del mismo) no tiene que hacer una serie de contratos con los factores con los que está cooperando dentro de la empresa, como sería necesario, por supuesto, si esta cooperación fueron el resultado directo de la acción del mecanismo de precios….

Podemos resumir esta sección del argumento diciendo que el funcionamiento de un mercado cuesta algo y mediante la formación de una organización que permite una cierta autoridad (un “empresario”) para dirigir los recursos, ciertos costos de comercialización se ahorran. El empresario tiene que llevar a cabo su función a costes menores, teniendo en cuenta el hecho de que pueda obtener factores de producción a un precio inferior al de las transacciones de mercado que remplaza, porque siempre es posible volver al mercado abierto si él deja de hacer esto.

– “La naturaleza de la empresa,” 388-92

 

Viejo y Nuevo proteccionismo: cambian las formas pero las intenciones son las mismas: Bastiat

Con los alumnos de International Business, SMC,  vemos ahora las nuevas y viejas variantes del proteccionismo. Para considerar las primeras, analizamos el Policy Analysis paper del Cato Institute, “Regulatory Protectionism A Hidden Threat to Free Trade” por K. William Watson y Sallie James: http://object.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/pa723.pdf

“Pese al notable éxito de la liberalización comercial, las industrias locales siguen encontrando formas de usar el poder del estado para protegerse de la competencia externa. La práctica de usar las regulaciones locales ambientales o de protección al consumidor es una forma de disfrazar políticas proteccionistas que se han vuelto un serio problema. Este proteccionismo regulatorio daña a la economía y viola compromisos comerciales.

Factores diversos se combinan para explicar el crecimiento del proteccionismo regulatorio. La globalización económica ha provisto a los norteamericanos de acceso a una amplia variedad de productos importados. Esto ha permitido a los consumidores demandar no solamente productos de alta calidad a bajo costo sino también productos que están producidos según las preferencias filosóficas o éticas de los consumidores. Al mismo tiempo, los productores locales que buscan protección de las importaciones deben encontrar otras vías ahora que el uso de tarifas y cuotas está restringido por la ley internacional y el sentido común económico. La consecuencia es una tormenta perfecta en la que los activistas sociales y los intereses comerciales específicos se combinan para promover regímenes regulatorios que injusta e innecesariamente restringen importaciones”.

Y para el proteccionismo de antaño nada mejor que Frederic Bastiat y “La petición de los fabricantes de candelas”:

Bastiat

“Ustedes están en el buen camino. Rechazan las teorías abstractas; la abundancia y el buen mercado les impresionan poco. Se preocupan sobre todo por la suerte del productor. Ustedes le quieren liberar de la competencia exterior; en una palabra, ustedes le reservan el mercado nacional al trabajo nacional.

Venimos a ofrecerles a Ustedes una maravillosa ocasión para aplicar su… ¿Cómo diríamos? ¿Su teoría? No, nada es más engañoso que la teoría. ¿Su doctrina? ¿Su sistema? ¿Su principio? Pero Ustedes no aman las doctrinas, Ustedes tienen horror a los sistemas y, en cuanto a los principios, declaran que no existen en economía social; diremos por tanto su práctica, su práctica sin teoría y sin principios.

Nosotros sufrimos la intolerable competencia de un rival extranjero colocado, por lo que parece, en unas condiciones tan superiores a las nuestras en la producción de la luz que inunda nuestro mercado nacional a un precio fabulosamente reducido; porque, inmediatamente después de que él sale, nuestras ventas cesan, todos los consumidores se vuelven a él y una rama de la industria francesa, cuyas ramificaciones son innumerables, es colocada de golpe en el estancamiento más completo. Este rival, que no es otro que el sol, nos hace una guerra tan encarnizada que sospechamos que nos ha sido suscitado por la pérfida Albión (¡buena diplomacia para los tiempos que corren!) en vista de que tiene por esta isla orgullosa consideraciones de las que se exime respecto a nosotros.

Demandamos que Ustedes tengan el agrado de hacer una ley que ordene el cierre de todas las ventanas, tragaluces, pantallas, contraventanas, póstigos, cortinas, cuarterones, claraboyas, persianas, en una palabra, de todas las aberturas, huecos, hendiduras y fisuras por las que la luz del sol tiene la costumbre de penetrar en las casa, en perjuicio de las bellas industrias con las que nos jactamos de haber dotado al país, pues sería ingratitud abandonarnos hoy en una lucha así de desigual.”

Sigue…, vale la pena leerla completa: http://bastiat.org/es/peticion.html

Ahora que en vez de echarlas, se buscan inversiones extranjeras, vale la pena lo que decía Alberdi

Con los alumnos de Economía Política y Economía Argentina de UBA, Derecho, continuamos viendo a Juan Bautista Alberdi en el Sistema Económico y Rentístico, cuando trata sobre la generación y distribución de las riquezas. En este caso, sobre el papel del capital:

Alberdi
“Los capitales no son el dinero precisamente; son los valores aplicados a la producción, sea cual fuere el objeto en que consistan. Para pasar de una mano a otra, se con vierten ordinariamente en dinero, en cuyo caso el dinero sólo hace de instrumento del cambio o traslación de los capitales, pero no constituye el capital propiamente dicho.
Los capitales pueden trasformarse y convertirse en muelles, en buques de vapor, en ferrocarriles, puentes, pozos artesianos, canales, fábricas, máquinas de vapor y de todo género para beneficiar metales y acelerar la producción agrícola, así como pueden consistir en dinero y mantenerse ocupados en hacer circular otros capitales por su intermedio.
Bajo cualquiera de estas formas o trasformaciones que se consideren los capitales en la Confederación Argentina, ellos constituyen la vida, el progreso y la civilización material de ese país.
La Constitución federal argentina es la primera en Sud-América que, habiendo comprendido el rol económico de ese agente de prosperidad en la civilización de estos países, ha consagrado principios dirigidos a proteger directamente el ingreso y establecimiento de capitales extranjeros.
Esa mira alta y sabia está expresada por el art. 64, inciso 16 de la Constitución Federal, que atribuye al Congreso el poder obligatorio en cierto modo de: “Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración del país, dictando planes de instrucción general y universitaria, y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo”.
El art. 104 de la Constitución, comprendiendo que los capitales son una necesidad de cada provincia, al paso que de toda la Confederación, atribuye aquellas mismas facultades a los gobiernos de provincia, sirviéndose de las mismas expresiones.
Se ve que la Constitución considera como cosas conducentes a la prosperidad del país la industria, la inmigración, los ferrocarriles y canales, la colonización de tierras nacionales. Y como todas estas cosas conducentes a la prosperidad no son más que trasformaciones del capital, la Constitución cuida de colocar a la cabeza de esas cosas y al frente de los medios de promover las la importación de capitales extranjeros.”

Angus Deaton: “la desigualdad es parte de un Sistema que eleva los estándares de vida de todos”

El premio Nobel en Economía analiza la desigualdad de ingresos en su libro “The Great Escape”, con un enfoque bien diferente al de Piketty. Por ejemplo:

“Si bien la desigualdad no es particularmente bienvenida por sí misma, es parte de un sistema que eleva los estándares de vida de todos”.

Deaton

Y presenta este ejemplo:

“Una buena analogía es cuando los padres se cansan de los cuartos permanentemente desordenados de los hijos y deciden recompensar el orden vinculando su ‘mensualidad’ al estado de sus dormitorios. Estos esquemas típicamente logran que la casa sea más habitable, que los padres estén menos irritables y los hijos más al tanto de los placeres de un cuarto ordenado. Sin embargo, también hay peligros. Si un hijo responde más a los incentivos que los otros, o uno es naturalmente más ordenado sin importar los incentivos, las mensualidades que inicialmente eran iguales serán pronto bien desiguales. En una familia ideal, todos los hijos mantendrían sus dormitorios perfectamente limpios y recibirían sus mensualidades completas. En familias reales, como en economías reales, incentivos más profundos significan más desigualdad. Algunos padres pueden pensar que esto no es un problema; cada hijo, después de todo, tiene una perfecta igualdad de oportunidades y debe aprender a vivir con las consecuencias de sus decisiones. Otros padres pueden simpatizar más, entender que cada hijo tiene distintas habilidades para ser ordenado y que todos cometen errores de tanto en tanto; y pueden compartir la idea de sus hijos que la nueva desigualdad es injusta. La igualdad de oportunidades no garantiza resultados que sean transparentemente justos.

Si el esquema de incentivos familiares se mantiene por cierto tiempo, la desigualdad puede aumentar aún más si los hijos ahorran parte de sus mensualidades. Incluso si todos los hijos ahorran la misma proporción de sus mensualidades, alguno está agregando más a su riqueza que los otros, y será más rico que los demás. El ahorro va a enfatizar la desigualdad en las mensualidades, y la desigualdad en la riqueza pronto superará por mucho a la desigualdad en los ingresos. Esta profundización de la desigualdad será aún mayor si los hijos que estén naturalmente inclinados a ser ordenados son también los que están naturalmente inclinados a ahorrar para el futuro. En la sociedad esas mismas fuerzas funcionan si aquellos que están más orientados al futuro y tienen más auto-control son los mismos que se benefician de una mayor educación y es más probable que acumulen riqueza a partir de sus ingresos basados en esa educación. Existe un profundo conflicto entre incentivos y desigualdad, en las familias y en los países.”

El problema de la obesidad, los incentivos y los ‘leves empujones’ de los diseñadores de decisiones (II)

En buena parte del mundo el hambre ya no es un problema, lo es la obesidad. Michael Marlow, profesor de Economía de California Polytechnic State University y académico senior adjunto del Mercatus Center en George Mason University, analiza el tema en la revista Regulation, del Cato Institute, en relación a lo que se llama ‘behavioral economics’:  http://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2014/12/regulation-v37n4-1.pdf

Comenta que esos ‘leves empujones’ (nudges) pueden ser también de ‘mercado’:
“No es secreto que a muchos nos preocupa nuestro peso. Una reciente encuesta de Gallup encontró que el 51% de los norteamericanos adultos quieren bajar de peso, aunque solamente el 25% trabaja hacia ese objetivo. La gente ya comía en platos más pequeños, evitaba los buffets y los postres muchos años antes que surgiera la behavioral economics. Aparentemente, los norteamericanos están reduciendo su ingesta de calorías; el Departamento de Agricultura informa que la ingesta diaria ha caído en 118 calorías (un 5%) entre 2006 y 2009 entre los adultos.

Los mercados ‘empujan’ todo el tiempo. Thaler y Sunstein reconocen esto en su libro del 2008, aunque aparecen favoreciendo mucho los del gobierno más que los del mercado cuando sostienen que ‘los mercados proveen fuertes incentivos a las empresas para atender las demandas de los consumidores, y compiten por ellos, sea que esas demandas sean las más inteligentes o no”. Más aún, dicen que “el punto clave es que por todas sus virtudes, los mercados dan a menudo fuertes incentivos a las empresas para atender las debilidades humanas más que para tratar de erradicarlas o minimizar sus efectos”.

“Esta visión sugiere que ofrecer productos ‘no saludables’ es la opción más rentable. Una visión alternativa es que los vendedores pueden obtener ganancias cuando ofrecen productos ‘más saludables’ para los clientes interesados en controlar su dieta. Que el 51% de los norteamericanos quiera bajar de peso indica que hay muchos consumidores potenciales buscando productos que los ayuden en eso. Los negocios de alimentos y restaurantes han aumentado sus experimentos con platos más pequeños y productos para satisfacer la demanda de control de peso. La demanda de platos pequeños y porciones pequeñas ha crecido 32% desde 2009. Por supuesto, pocos clientes indicaron que las calorías era el único atributo de su interés. Son uno de ellos, junto con el precio, el sabor, la conveniencia, la apariencia, el tamaño, su almacenamiento y otros. Aplican una táctica de mejorar la salud sin decirlo porque los consumidores suelen conectar “saludable” con “menos sabor”, especialmente cuando el alimento suele ser considerado una indulgencia. De otra forma, las empresas rápidamente muestran las mejoras en los alimentos para los consumidores preocupados por la salud.”

“Un estudio ampliamente citado, de Shu Ng y Barry Popkin concluye que 16 de las principales empresas de alimentación del país vendieron 6,4 billones de calorías menos en 2012 de lo que vendieron en 2007. Estas empresas se han comprometido a reducir las calorías y han excedido su objetivo para 2015 en más del 400%. Sin embargo, no resulta claro el efecto que esta reducción de calorías tiene en el peso de la población. Los consumidores pueden substituir unos productos por otros y alterar su conducta de forma tal que las predicciones sean al menos ambiguas.

La conclusión de Marlow es simple: puede haber ‘empujones’ (nudges) tanto en el mercado como en las políticas públicas, aunque en el caso del mercado no habría que llamarlos así ya que son una respuesta a las demandas de los consumidores por alimentos más saludables y que reduzcan el peso. Para que eso mejore es necesario que haya mucha experimentación, y eso es lo que el mercado ofrece: muchos experimentos motivados por el afán de los emprendedores de ofrecer a los consumidores lo que estén buscando. La política tiene muchas menos probabilidades de experimentar innovaciones, e incentivos mucho más débiles para hacerlo. Concluye:

“La experimentación es la clave para superar las imperfecciones de los ‘arquitectos de incentivos’, incluyendo errores en las decisiones, basar esos empujones en mitos sobre la reducción de peso y la incapacidad de conocer las preferencias individuales. Los ‘arquitectos de incentivos’ en los mercados tienen muchas ventajas sobre los del gobierno para superar esas imperfecciones. A diferencia de éstos, confrontan ‘pruebas de mercado’ en un mundo donde los consumidores rechazan los productos que no generan valor. Los mercados tienen también la ventaja que apelan al carácter no coercitivo de la teoría de los ‘nudges’”.

El problema de la obesidad, los incentivos y los ‘leves empujones’ de los diseñadores de decisiones (I)

En buena parte del mundo el hambre ya no es un problema, lo es la obesidad. Michael Marlow, profesor de Economía de California Polytechnic State University y académico senior adjunto del Mercatus Center en George Mason University, analiza el tema en la revista Regulation, del Cato Institute, en relación a lo que se llama ‘behavioral economics’:  http://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2014/12/regulation-v37n4-1.pdf

Se predice que para el 2030 el 42% de los norteamericanos serán obesos y el 11% severamente obesos. Las soluciones tradicionales propuestas por los economistas eran poner impuestos sobre las ‘malas’ comidas, subsidiar las ‘buenas’ y otras políticas que cambien los incentivos. Pero esta nueva disciplina propone que ciertos ‘diseñadores de incentivos’ creen ‘leves empujones’ (nudges) que lleven a la gente a tomar decisiones que mejoren su bienestar. Para  Thaler & Sunstein estas medidas suelen ser más bien gubernamentales que de mercado. Dice Marlow:

“Según los economistas conductistas los individuos no son siempre racionales. Individuos poco informados que siguen normas vigentes y tienen poco juicio toman decisiones inconscientes e irracionales. Estas contribuyen a un no deseado aumento de peso cuando las personas no saben cuánta comida en verdad ingieren. Un estudio de Brian Wansink y Jeffrey Sobal, publicado en Environment and Behavior, concluye que los participantes de un test subestimaron el número de decisiones diarias sobre alimentación en promedio por más de 221 decisiones, en lo que los autores llaman ‘comer inconscientemente’.

Sunstein y Thaler en un artículo en la Chicago Law Review de 2003 sostuvieron que no hay una clara diferencia entre elección y coerción debido a que esos estados son dos extremos de un continuo. Dice que alguien –un diseñador de incentivos- siempre decide la opción ‘default’ brindando la cantidad y calidad de información que determina las elecciones de la gente. Creen que estos diseñadores deberían cambiar esas opciones y proveer información cuando la gente toma decisiones irracionales.”

En este caso algunas opciones serían:

          Exponer comidas tentadoras en lugares más incómodos

          No dejar las fuentes con alimentos en la mea luego de haber servido

          Reducir la cantidad de alimentos almacenados, dejándolos en cajas o congelados

          Reemplazar vasos cortos y anchos por otros angostos y largos

          Reducir las porciones utilizando platos y fuentes más pequeños

          Usar cucharas más pequeñas

Su crítica:

“La evidencia empírica muestra que los ‘empujones’ no funcionan siempre como se planeó. Un artículo de 2007 en la revista Appetite por Barbara Rolls encontró que alterar el tamaño de los platos no tuvo un efecto significativo en el consumo de calorías para comidas en tres experimentos. Los participantes hacían más viajes hacia el buffet cuando tenían un plato más chico.

Agregar opciones ‘saludables’ a otras ‘no saludables’ también es problemático. Un artículo en el Journal of Consumer Research por Karen Wilcox encontró que la mera presencia de comida saludable parecía mostrar que el consumidor alcanzaba objetivos nutricionales y les daba entonces una carta abierta para comer más, con un ambiguo efecto en sus dietas. Sicólogos también informan acerca de la ‘ilusión de las calorías negativas’, por las que agregar una opción saludable a individuos que cuidan su peso reduce su percepción acerca del contenido total de las calorías que consumen. En un artículo de Alexander Chernex, en el Journal of Consumer Psychology de 2007, por ejemplo, participantes conscientes de los problemas dietarios estimaron que una hamburguesa sola contiene 734 calorías, pero cuando estaba acompañada de cortes de apio la estimaban en 619 calorías.”

Voy al médico. Veo su diploma en la pared. ¿Le cuento sobre el ‘cartel’ que genera el licenciamiento?

Vengo del médico. Mientras esperaba a ser atendido miraba su diploma colgado en la pared, y una serie de certificados de asistencia a distintos cursos en su especialidad. Curiosamente, también leía un artículo titulado “Beyond Medical Licensure”, de Shirley Svorny, profesora de economía de California State University y académica adjunta del Cato: http://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2015/3/regulation-v38n1-6.pdf

Comenta:

“Quienes apoyan el licenciamiento de los profesionales médicos enfatizan la presencia de asimetrías de información entre pacientes y médicos. El economista George Ackerlof este fallo de mercado en un artículo famoso de 1970 publicado en el Quarterly Journal of Economics, sosteniendo que la regulación gubernamental podría ser apropiada en situaciones donde los consumidores están en desventaja informacional en relación a quienes venden el servicio. Aunque no consideró los incentivos que resultan de la responsabilidad legal, identificó al nombre-marca y a la certificación como instituciones importantes que pueden resolver la incertidumbre respecto a la calidad. Señaló que los mercados educativos y laborales utilizan nombres y marcas para guiar a los empleadores y a los consumidores.”

“En lugar de “colegios” de profesionales aprobados por los gobiernos, los hospitales deciden, por ejemplo, quien practicará neurocirugía. Los miembros del staff de un hospital privado analizan las credenciales y determinan exactamente lo que cada individuo puede hacer. Verifican y evalúan la educación, habilidades, experiencia, historia de mala praxis y la competencia de cada profesional médico antes de realizar ciertas tareas. Las empresas dueñas de seguros médicos (HMOs en Estados Unidos) realizan procedimientos similares, verificando una amplia gama de información cuando establecen redes o paneles de médicos con los que sus pacientes se pueden atender. Hacen esto porque pueden ser considerados responsables de algún error que cometa algún proveedor acreditado, y porque su reputación es importante.”

“Las empresas que aseguran a los médicos contra riesgos de mala praxis también los supervisan. Evalúan a los médicos cada año nuevamente considerando su educación, habilidades, historia de mala praxis y competencia. Pueden denegar la cobertura para ciertos procedimientos si es necesario, o denegarla totalmente.”

“En lugar de controlar a los médicos, el aparato de “licencia” provee un camino para la influencia de los profesionales que ha sido utilizado para restringir la competencia y frenar la innovación en la provisión de cuidado médico. Solamente en estados como Alaska donde escasea el servicio médico en las áreas rurales se han dejado de lado los intereses médicos que limitan la competencia para experimentar con nuevas formas de cuidado. La buena noticia es que, liberada de esas restricciones, la innovación puede reducir costos y mejorar el acceso sin un efecto aparente en la calidad. Es una situación win-win para todos salvo para los médicos que quieren proteger su campo tradicional.”

“Las similitudes entre las acciones de las agencias estatales de licenciamiento y un cartel son llamativas. Las regulaciones gubernamentales facilitan el tipo de restricción a la entrada que un cartel privado tendría problemas en imponer. Dictando el nivel adecuado de entrenamiento las regulaciones estatales benefician a los médicos licenciados a expensas de los consumidores. El aparato regulatorio también permite que grupos de médicos políticamente influyentes limiten el ámbito de práctica de profesionales no médicos.”

“El licenciamiento estatal funciona mal para proteger pacientes, si es que lo hace. Es común encontrar médicos licenciados y con problemas de alcohol seguir practicando mientras participan de un programa de tratamiento aprobado. Pocos profesionales médicos son sancionados por las agencias de control. En realidad, la mayoría de los que están catalogados como de alto riesgo por las empresas de seguros de profesionales médicos jamás han sido sancionados por esas agencias. Una estimación señala que solo un cuarto de los médicos en el mercado asegurador de alto riesgo han sido alguna vez sancionados por las agencias en toda su carrera. La buena noticia para los pacientes es que los profesionales que no obtienen seguro contra mala praxis no podrán acceder a la práctica en hospitales y serán excluidos de redes y paneles.”

Me llama el médico para atenderme…, por las dudas no le comento el artículo.