Alberdi señala qué escuela fundamenta los principios de la Constitución de 1853: la escuela “industrial” de Adam Smith

Con los alumnos de la UBA Derecho comenzamos a ver el libro de Juan Bautista Alberdi, “Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina”. En su introducción, Alberdi analiza las distintas escuelas económicas y a cual pertenece la Constitución:

Alberdi 3

“Hay tres elementos que concurren a la formación de las riquezas:

1° Las fuerzas o agentes productores, que son el trabajo, la tierra y el capital.

2° El modo de aplicación de esas fuerzas, que tienen tres fases, la agricultura, el comercio y la industria fabril.

3° Y, por fin, los productos de la aplicación de esas fuerzas.

Sobre cada uno de esos elementos ha surgido la siguiente cuestión, que ha dividido los sistemas económicos: – En e1 interés de la sociedad, ¿vale más la libertad que la regla, o es más fecunda la regla que la libertad? Para el desarrollo de la producción, ¿es mejor que cada uno disponga de su tierra, capital o trabajo a su entera libertad, o vale más que la ley contenga algunas de esas fuerzas y aumente otras? ¿Es preferible que cada uno las aplique a la industria que le diere gana, o conviene más que la ley ensanche la agricultura y restrinja el comercio, o viceversa? ¿Todos los productos deben ser libres, o algunos deben ser excluidos y prohibidos, con miras protectoras?

He ahí la cuestión más grave que contenga la economía política en sus relaciones con el derecho público. Un error de sistema en ese punto es asunto de prosperidad o ruina para un país. La España ha pagado con la pérdida de su población y de su industria el error de su política económica, que resolvió aquellas cuestiones en sentido opuesto a la libertad.

Veamos, ahora, cómo ha sido resuelta esta cuestión por las cuatro principales escuelas en que se divide la economía política.

La escuela mercantil, representada por Colbert, ministro de Luis XIV, que sólo veía la riqueza en el dinero y no admitía otros medios de adquirirla que las manufacturas y el comercio, seguía naturalmente el sistema protector y restrictivo. Colbert formuló y codificó el sistema económico introducido en Europa por Carlos V y Felipe II. Esa escuela, perteneciente a la infancia de la economía, contemporánea del mayor despotismo político en los países de su origen galo-español representa la intervención limitada y despótica de la ley en el ejercicio de la industria.

A esta escuela se aproxima la economía socialista de nuestros días, que ha enseñado y pedido la intervención del Estado en la organización de la industria, sobre bases de un nuevo orden social más favorable a la condición del mayor número. Por motivos y con fines diversos, ellas se dan la mano en su tendencia a limitar la libertad del individuo en la producción, posesión y distribución de la riqueza.

Estas dos escuelas son opuestas a la doctrina económica en que descansa la Constitución argentina.

Enfrente de estas dos escuelas y al lado de la libertad, se halla la escuela llamada physiocrática, representada por Quesnay, y la grande escuela industrial de Adam Smith.

La filosofía europea del siglo XVIII, tan ligada con los orígenes de nuestra revolución de América, dió a la luz la escuela physiocrática o de los economistas, que flaqueó por no conocer más fuente de riqueza que la tierra, pero que tuvo el mérito de profesar la libertad por principio de su política económica, reaccionando contra los monopolios de toda especie. A ella pertenece la fórmula que aconseja a los gobiernos: – dejar hacer, dejar pasar, por toda intervención en la industria.

En medio del ruido de la independencia de América, y en vísperas de la revolución francesa de 1789, Adam Smith proclamó la omnipotencia y la dignidad del trabajo; del trabajo libre, del trabajo en todas sus aplicaciones -agricultura, comercio, fábricas- como el principio esencial de toda riqueza. “Inspirado por la nueva era social, que se abría para ambos mundos (sin sospechado él tal vez, dice Rossi), dando al trabajo su carta de ciudadanía y sus títulos de nobleza, establecía el principio fundamental de la ciencia.” Esta escuela, tan íntima, como se ve, con la revolución de América, por su bandera y por la época de su nacimiento, que a los sesenta años ha tenido por neófito a Roberto Peel en los últimos días de su gloriosa vida, conserva hasta hoy el señorío de la ciencia y el respeto de los más grandes economistas. Su apóstol más lúcido, su expositor más brillante es el famoso Juan Bautista Say, cuyos escritos conservan esa frescura imperecedera que acompaña a los productos del genio.

A esta escuela de libertad pertenece la doctrina económica de la Constitución Argentina, y fuera de ella no se deben buscar comentarios ni medios auxiliares para la sanción del derecho orgánico de esa Constitución.”

Los países de mayor apertura comercial son también los de mayor calidad institucional. La apertura limita al poder

Los países de mayor apertura comercial son países de mayor calidad institucional porque esa apertura limita la discrecionalidad de los gobernantes, reduce las presiones para obtener esos u otros privilegios y “protecciones” y empodera a los consumidores, no a los distintos sectores de interés. Una estructura institucional permeable a las presiones desata una carrera por obtener privilegios que termina convirtiendo a la política en una rapiña a obtener a costa de los consumidores, quienes pagan también como ciudadanos ya que el estado desatiende las necesidades generales de la población para convertirse en un instrumento de la distribución de rentas hacia quienes tienen más éxito político o poder de fuerza para presionar.

Mejorar la calidad institucional demanda muchos esfuerzos en distintos frentes, pero el resultado final es más y mejores oportunidades de progreso. El mercantilismo populista nunca ha llevado a esto, todo lo contrario.

La amenaza de retirar a Estados Unidos de las negociaciones para un tratado de libre comercio en el Pacífico, las amenazas del nuevo gobierno norteamericano de dar marcha atrás con el acuerdo comercial que tiene con México (no está claro si pretende lo mismo con Canadá) y la salida de Inglaterra de la Unión Europea serían pasos negativos, a menos que la alternativa fuera la apertura unilateral tanto sea de Estados Unidos como de Inglaterra, que no parece ser el caso, especialmente en el primero de ellos.

Esos tratados, si bien no brindan los beneficios del libre comercio, cumplen un objetivo “institucional”, ya sea porque fuerzan mejoras institucionales que serían difíciles de implementar a través del sistema político local (México en el TLCAN o NAFTA) o porque consolidan y bloquean reformas ya realizadas (los TLCs firmados por Chile, por ejemplo). En el primer caso, un Acuerdo Comercial Preferencial (ACP) se convierte en un condicionante externo para cambios que resulta difícil alcanzar internamente en países de la baja calidad Institucional y también en una barrera para el deterioro en aquellos de mejor calidad. En el primer caso se lo llama muchas veces “importación de instituciones”. En el segundo, es por el temor a que ese consenso no se obtenga en el futuro, a que políticas puedan deteriorar la calidad institucional, que no funcionen los límites internos, y de esta forma se impone un límite externo que cumple la función de “limite al poder” que la política local no puede alcanzar. Ambos casos implican “atarse las manos”, o tal vez más preciso, comprar límites al poder que la política interna es incapaz de proveer.

En particular, esos tratados (y, por supuesto, más aún el libre comercio unilateral) pueden poner freno a presiones proteccionistas locales, si es que por alguna circunstancia prefieren una limitación a la capacidad de lobby que puedan tener productores locales.

No es casualidad tampoco que los países de mayor calidad institucional sean más abiertos al comercio internacional y tengan más tratados preferenciales firmados. Salir de ellos sería una ventaja solamente si fuera para avanzar hacia el libre comercio, pero los mensajes recientes muestran que la intención es ir en sentido contrario.

La apertura al comercio internacional mejora la calidad institucional porque expone a los países a la competencia

El comercio impacta en las instituciones porque la movilidad de los bienes y servicios, al igual que la de las personas, somete a las jurisdicciones nacionales a una cierta competencia y limita las posibilidades de abusar del poder en beneficio de algunos y en perjuicio de otros.

La ciencia política define al Estado como el “monopolio de la coerción”, quien monopoliza ese recurso para que podamos dejar atrás el “estado de naturaleza” y convivir pacíficamente. La palabra monopolio implica ausencia de competencia y esto así ocurre en un determinado territorio. De hecho, cuando ese monopolio es cuestionado, hay problemas, y puede serlo tanto interna como externamente.

No obstante, la creciente movilidad de los factores de producción, trabajo, capital, tecnologías, ideas, somete a esos monopolios a una mayor competencia. Eso es resultado de lo que ahora denominamos “globalización”. En cierto sentido, entonces, los estados “compiten” entre sí atrayendo o expulsando recursos.

La apertura económica y comercial mejora la opción de “salida”, reduce las posibilidades de que los ciudadanos, como consumidores, vean restringidas sus posibilidades de elección y queden atrapados en la protección y el privilegio de ciertos grupos económicos locales que aprovechan el favor gubernamental para obtener ventajas a costa de los consumidores. El consumidor puede “salir” de bienes o servicios que no satisfacen correctamente sus necesidades y “entrar” en otros que sí lo hacen, o lo hacen igual pero a menor costo.

Como productores, la apertura comercial y económica le permite optimizar las cadenas de producción, proveyéndose de insumos y servicios en la forma más eficiente. La globalización es, precisamente, la internacionalización de estas cadenas. Tanto los productos o servicios que producimos como aquellos que consumimos recorren un camino internacional, reciben insumos o los proveen como parte de un proceso que se origina en ciertos países, que reúne elementos elaborados en distintas jurisdicciones para luego distribuirlos en todo el mundo. Incluso en servicios hasta ahora tan locales como la educación este proceso está vigente: utilizamos conocimiento desarrollado todo el mundo, recibido a través de textos o distintas tecnologías impresos o generados en diversidad de localidades, ofrecemos capacitación tanto a alumnos locales o extranjeros que se trasladan o que reciben las clases en forma virtual.

Estas posibilidades de “salida” y “entrada” que permite la globalización limitan la capacidad de los gobiernos de abusar su poder. Tomemos el ejemplo de la educación. Supongamos que un gobierno autoritario impone a sus ciudadanos un cierto contenido (una cierta ideología, una cierta religión) o impide algún tipo de contenido. En tanto y en cuanto los ciudadanos tuvieran la libertad de comerciar, este control sería imposible. Por eso todo intento totalitario viene acompañado con comercio restringido. Por otro lado, si un gobierno intervencionista quisiera privilegiar a un cierto sector a costa de todos los consumidores, tampoco podría hacerlo si éstos tuvieran la posibilidad de “salir” de los productos privilegiados y elegir los que estiman más convenientes. Las restricciones al comercio son los instrumentos por los que gobiernos buscan redistribuir ingresos en favor de unos y a costa de otros.

La ausencia de libre comercio, entonces, deteriora la calidad institucional porque viola un derecho básico que las instituciones están llamadas a proteger: el derecho de propiedad y su libre disposición. También convierte al estado en una herramienta para obtener privilegios, alienta a los políticos a aprovechar estas posibilidades y desvía la atención de grupos productivos hacia obtenerlos en lugar de enfocar sus esfuerzos hacia los consumidores. Las posibilidades de corrupción se multiplican cuando restricciones comerciales pueden determinar el margen de ganancias, o de pérdidas, de un negocio.

Calidad institucional en América: Chile, que lidera las posiciones entre los latinoamericanos, ¿puede cambiar de rumbo?

Canadá y Estados Unidos intercambian liderazgos en uno u otro subíndice y las islas caribeñas muestran mejores resultados en las políticas que en las económicas. Otros como Chile, Guatemala o México tienen mejor desempeño en las económicas. El análisis detallado de cada caso, junto al desempeño en cada indicador visto antes, permitiría destacar cuáles son las áreas que más requieren atención y reforma en cada uno de los países. Ese análisis no se presenta aquí, pero se puede realizar con los datos existentes.

Conclusión

El panorama institucional en América Latina y en los países de mayor calidad muestra una situación de alguna forma contrapuesta. América Latina parece abrir las puertas a una mejora en su calidad luego del agotamiento de modelos populistas. Por otro lado, el marco institucional de los países de mayor calidad se ve amenazada por el avance del populismo que América Latina busca dejar.

Curiosamente, Chile, el país de mejor calidad institucional en América Latina, muestra señales similares a la de los países con los que comparte la tabla; las presiones populistas son fuertes y luego de años de estabilidad ha comenzado a caer, aunque poco por el momento. Es de esperar que no exista un movimiento de confluencia por el cual los países que están ahora más abajo suban, y los que están arriba caigan, acercándose todos en el medio, ya que beneficia a todos que la mejora sea general.

Calidad de las instituciones políticas y de mercado en América: hay diferencias, pero los buenos, son buenos en ambas

Los diferentes desempeños en cuanto a las instituciones políticas y de mercado se muestran en la siguiente tabla:

País Política País Mercado
9 Canadá 0,9398 6 Estados Unidos 0,9495
18 Estados Unidos 0,8708 8 Canadá 0,9274
19 Barbados 0,8607 23 Chile 0,8392
23 Santa Lucía 0,8326 42 Costa Rica 0,7109
24 San Vicente y las Granadinas 0,8265 48 Panamá 0,6852
26 Uruguay 0,8158 49 Santa Lucía 0,6724
28 Bahamas 0,8102 50 Perú 0,6597
29 Costa Rica 0,8021 59 Bahamas 0,6285
30 Chile 0,8003 62 México 0,6194
38 Dominica 0,7813 64 Jamaica 0,6093
40 San Kitts y Nevis 0,7687 66 Colombia 0,5953
50 Grenada 0,6971 67 Dominica 0,5908
56 Antigua y Barbuda 0,6669 71 Uruguay 0,5815
61 Jamaica 0,6390 72 Guatemala 0,5804
66 Surinam 0,6154 74 San Vicente y las Granadinas 0,5641
69 Belice 0,5938 83 El Salvador 0,5332
71 Trinidad y Tobago 0,5815 88 Barbados 0,4950
76 Panamá 0,5588 89 República Dominicana 0,4923
78 Brasil 0,5482 96 Trinidad y Tobago 0,4560
88 Guyana 0,4868 98 Honduras 0,4474
94 El Salvador 0,4735 106 Nicaragua 0,4202
98 Perú 0,4595 108 Antigua y Barbuda 0,4105
100 República Dominicana 0,4490 112 Paraguay 0,3982
102 Colombia 0,4465 117 Brasil 0,3312
104 Argentina 0,4358 118 Belice 0,3304
121 Bolivia 0,3587 125 San Kitts y Nevis 0,3000
126 México 0,3437 132 Grenada 0,2789
127 Paraguay 0,3396 134 Surinam 0,2721
135 Nicaragua 0,3026 137 Guyana 0,2652
143 Ecuador 0,2769 141 Ecuador 0,2447
148 Guatemala 0,2670 145 Haití 0,2333
149 Cuba 0,2644 159 Argentina 0,1806
151 Honduras 0,2517 160 Bolivia 0,1727
157 Haití 0,2227 185 Venezuela, RB 0,0274
180 Venezuela, RB 0,0942 189 Cuba 0,0112

 

Canadá y Estados Unidos intercambian liderazgos en uno u otro subíndice y las islas caribeñas muestran mejores resultados en las políticas que en las económicas. Otros como Chile, Guatemala o México tienen mejor desempeño en las económicas. El análisis detallado de cada caso, junto al desempeño en cada indicador visto antes, permitiría destacar cuáles son las áreas que más requieren atención y reforma en cada uno de los países. Ese análisis no se presenta aquí, pero se puede realizar con los datos existentes.

Los componentes de la calidad institucional en los países de América: Canadá lidera en cinco, Estados Unidos en dos

En relación a los componentes del ICI, América muestra estos resultados:

País Rule of Law Voz y rend. Libertad prensa Corrupción Comp. global Heritage Lib Econ Fraser Lib Ec. Haciendo negocios
Antigua y Barbuda 0,6316 0,7059 0,6634 0,4105
Argentina 0,2249 0,5931 0,4851 0,4400 0,2464 0,0562 0,0252 0,3947
Bahamas 0,7129 0,8186 0,8465 0,8629 0,8315 0,6855 0,3684
Barbados 0,8230 0,9167 0,8861 0,8171 0,4855 0,7528 0,3522 0,3895
Belice 0,2632 0,6716 0,8465 0,3427 0,2327 0,4158
Bolivia 0,1148 0,4706 0,4950 0,3543 0,1304 0,1067 0,2327 0,2211
Brasil 0,5024 0,6029 0,5446 0,5429 0,4203 0,3202 0,2264 0,3579
Canadá 0,9522 0,9608 0,8861 0,9600 0,8986 0,9719 0,9497 0,8895
Chile 0,8708 0,7647 0,7030 0,8629 0,7609 0,9663 0,9245 0,7053
Colombia 0,4498 0,4608 0,4010 0,4743 0,5580 0,8202 0,2767 0,7263
Costa Rica 0,6938 0,8431 0,9059 0,7657 0,6159 0,7247 0,8239 0,6789
Cuba 0,3014 0,0637 0,0297 0,6629 0,0112
Dominica 0,7368 0,8284 0,7772 0,7829 0,7079 0,4737
Ecuador 0,1435 0,3873 0,2624 0,3143 0,3478 0,1124 0,1132 0,4053
El Salvador 0,3206 0,5098 0,6238 0,4400 0,2464 0,6517 0,7296 0,5053
Estados Unidos 0,9043 0,8137 0,8564 0,9086 0,9855 0,9438 0,9057 0,9632
Grenada 0,4928 0,7402 0,8069 0,7486 0,2789
Guatemala 0,1579 0,3431 0,3614 0,2057 0,4420 0,5449 0,7925 0,5421
Guyana 0,3636 0,5588 0,6535 0,3714 0,2921 0,1509 0,3526
Haití 0,1005 0,2549 0,4554 0,0800 0,1629 0,4843 0,0526
Honduras 0,1722 0,3235 0,2426 0,2686 0,3623 0,3708 0,6038 0,4526
Jamaica 0,4833 0,6667 0,8861 0,5200 0,4638 0,7360 0,5849 0,6526
México 0,3780 0,4363 0,2921 0,2686 0,6159 0,6573 0,4465 0,7579
Nicaragua 0,2823 0,3529 0,4208 0,1543 0,2464 0,3933 0,7044 0,3368
Panamá 0,5359 0,6520 0,5446 0,5029 0,6957 0,6348 0,7736 0,6368
Paraguay 0,2871 0,4412 0,3614 0,2686 0,1594 0,5393 0,4465 0,4474
Perú 0,3493 0,5441 0,5446 0,4000 0,5145 0,7303 0,6730 0,7211
República Dominicana 0,3828 0,5147 0,5842 0,3143 0,3406 0,5112 0,6541 0,4632
San Kitts y Nevis 0,6651 0,7696 0,8713 0,3000
San Vicente y las Granadinas 0,7225 0,8775 0,9059 0,8000 0,7809 0,3474
Santa Lucía 0,7273 0,8676 0,9356 0,8000 0,7921 0,5526
Surinam 0,4785 0,6324 0,7277 0,6229 0,2528 0,3899 0,1737
Trinidad y Tobago 0,5263 0,6422 0,7574 0,4000 0,3261 0,5955 0,4025 0,5000
Uruguay 0,7464 0,8333 0,7921 0,8914 0,4783 0,7753 0,5409 0,5316
Venezuela, RB 0,0096 0,1814 0,1287 0,0571 0,0652 0,0169 0,0063 0,0211
Promedio 0,4716 0,6013 0,6139 0,5270 0,4524 0,5346 0,5047 0,4714
Prom LA 0,3697 0,4985 0,4750 0,4418 0,4094 0,4826 0,4958 0,5053

 

Canadá ocupa el primer lugar en la región en cinco de los indicadores que forman el ICI (Rule of Law, Voz y Rendición de Cuentas, Percepción de la Corrupción y los dos de Libertad Económica); Estados Unidos lidera en dos (Competitividad y Haciendo Negocios), y comparten el primer puesto en Libertad de Prensa Costa Rica y San Vicente y las Granadinas. Es destacable que Canadá tenga esas posiciones tanto sea en cuanto a la seguridad jurídica, el funcionamiento de la democracia y la apertura de su economía. Las últimas posiciones nos muestran a Venezuela en cinco de ellos (Rule of Law, Corrupción, Competitividad Global, Libertad Económica Fraser y Haciendo Negocios) y a Cuba en los otros tres (Voz y Rendición de Cuentas, Libertad de Prensa y Libertad Económica Heritage), aunque en este caso hay que tener en cuenta que no figura en todos los índices tomados en cuenta[1]. Si consideramos solamente los países latinoamericanos, Chile encabeza las posiciones en cuatro indicadores (Rule of Law, Competitividad Global y los dos de Libertad Económica); Costa Rica en dos (Voz y Rendición de Cuentas y Libertad de Prensa; y luego Uruguay en Percepción de la Corrupción y México en Haciendo Negocios. Se nota también que el ámbito de los negocios no es de los mejores en la región latinoamericana, ya que quienes lideran los índices de Competitividad Global y Haciendo negocios tienen posiciones más bajas relativamente, que los que lideran en los otros.

Toda la región alcanza su peor promedio en Competitividad Global, luego Haciendo Negocios y Rule of Law. El mejor el Libertad de Prensa. Respecto a América Latina, su mejor promedio está en Voz y Rendición de cuentas y el peor en Rule of Law.

[1] Para estar incluido en el ICI un país tiene que figurar en no menos de cuatro de los índices considerados, y el menos uno en cada subíndice (política y mercado).

Cambios en la calidad institucional en América Latina: durante 2016 el caso más destacado fue el de Argentina

La región parece estar perdiendo un par de posiciones en relación al resto, ya que, si observamos la columna con los cambios en relación al año anterior, surge claramente que la mayoría de los cambios son negativos. Claro, este retroceso puede tener dos fuentes: tanto que estos países han deteriorado su calidad institucional como que otros en otras regiones la han mejorado y, por lo tanto, los superan en la clasificación final. De una forma u otra, el resultado es que la región está perdiendo posiciones en la competencia institucional que se ha intensificado con el proceso de globalización.

No obstante, hay algunos cambios positivos, tal el caso de Guyana (+10), Antigua & Barbuda (+6), Panamá y Surinam (+5), y Argentina (+4). En particular, parece destacable el avance de Panamá que continúa una tendencia de dos años y Argentina, que presenta una mejora por segunda vez desde 2002, luego de una leve en 2011.

De todos ellos, el caso más destacado parece ser el de Argentina, ya que todo parece mostrar que comienza a revertir una tendencia de catorce años, y que esta mejora no sería circunstancial sino un primer paso en una tendencia de mejora que podría afirmarse en el futuro. De hecho, la mejora de este año no captura todavía todos los cambios que han ocurrido en el país durante 2016, los que comenzará seguramente a notarse más el próximo año, dada la demora con que los datos básicos del ICI se producen. Además, lo ocurrido en ese país, y teniendo en cuenta su tamaño y peso político relativo, podría estar señalando una tendencia que podría inclinar la balanza entre los dos modelos que han estado en pugna durante estos últimos años, entre países que buscan consolidar sus instituciones y en mayor o menor medida su apertura económica y aquellos otros más cercanos al proyecto del “socialismo del siglo XXI”.

Con un poco más detalle, si analizamos el desempeño argentino en cada uno de los indicadores vemos que ha mejorado, aunque levemente, en casi todos ellos, salvo los de libertad económica que tardan más en recolectar sus datos y, en el caso de Fraser se refiere a 2014 (mostrando una caída).

Argentina 2016 2017 Cambio
Rule of Law 171 163 +8
Voz y rendición de cuentas 85 84 +1
Libertad de prensa 107 104 +3
Corrupción 107 95 +12
Competividad global 106 103 +3
Libertad Econ -Heritage 169 169 0
Libertad Econ – Fraser 149 156 -7
Haciendo negocios 121 116 +5

 

La principal mejora se dio en el índice de Percepción de la Corrupción, por un lado, por los avances observados en 2016, también porque es el índice que se dio a conocer más recientemente. La otra mejora importante es en Rule of Law, seguido de Haciendo Negocios.

Cuando consideramos los retrocesos hay caídas puntuales, pero es más impresionante observar lo ocurrido desde 1996 o desde 2007. En el primer caso nos encontramos con todos los países de “espíritu bolivariano”, que muestran caídas de 105 posiciones en el caso de Bolivia, o 94 para Argentina, 78 Ecuador o 75 Venezuela. Y siendo lo dramático que todo esto es, como nos muestran las noticias diarias sobre Venezuela, tal vez sea peor el caso de Haití, que perdió 42 puestos o Cuba, 29, con pocas menores modificaciones porque siempre estuvieron al final de la tabla.

La calidad institucional en toda América destaca a Canadá, y en América Latina a Chile, Costa Rica y Uruguay

Analizar la situación institucional por continente plantea algunos problemas, ya que una división geográfica poco dice de la configuración política, económica o cultural, pero, en definitiva, toda clasificación tendrá algo de arbitrario. Ateniéndonos a la tradición división geográfica, el primer lugar en calidad institucional corresponde a Europa (con un promedio ICI de 0,7270, seguida de Oceanía con 0,5499, luego y cerca América con 0,5142, Asia con 0,4296 y finalmente África con 0,2845, mostrando ser el continente de mayor debilidad institucional.

En el caso de América, si tomamos solamente a Estados Unidos y Canadá, su promedio supera claramente al resto de la región: 0,9219 para los primeros y 0,4895 para el resto. América Latina presenta un promedio de 0,4426. Y algo similar ocurre en Oceanía, ya que si separamos a Nueva Zelanda y Australia, su promedio de 0,9405 sería el más alto en el mundo.

América

Siempre hemos presentado a los países del “hemisferio occidental” por entender que comparten una historia original común, aunque siguieran luego caminos distintos. De todas formas, también consideramos en forma separada a los países latinoamericanos. En cuanto al conjunto de la región, estas son las posiciones:

2017 1996/2017 2007/2017 1 año
Canada 8 -1 3 -3
Estados Unidos 13 -4 0 0
Chile 24 -2 -2 -2
Costa Rica 35 -10 19 -3
Santa Lucía 36 -11 -5
Bahamas 39 -22 -16 -1
Uruguay 41 0 9 -2
Dominica 45 -1 0
Barbados 47 -19 -15 -4
Jamaica 55 -19 3 1
Panamá 56 -22 12 5
Perú 67 16 13 -5
Antigua y Barbuda 73 -22 6
San Kitts y Nevis 75 -28 -9
Colombia 82 15 18 -5
Trinidad y Tobago 83 -51 -20 -16
El Salvador 89 -32 -24 -9
Grenada 92 -33 2
México 93 -11 -18 -7
República Dominicana 97 -25 17 1
Belice 100 -58 -44 -7
Suriname 102 -8 -5 5
Brasil 104 -3 -14 -5
Guatemala 108 -33 1 -2
Guyana 117 -37 -6 10
Paraguay 120 -57 8 -1
Nicaragua 124 -39 -29 -10
Honduras 127 -51 -14 -5
Argentina 138 -94 -45 4
Bolivia 145 -105 -27 -6
Ecuador 148 -78 -15 -8
Haití 161 -42 4 4
Cuba 171 -29 -7 0
Venezuela, RB 184 -75 -23 0

Funciones del Estado: Mises analiza el tema y al mismo tiempo critica dura y polémicamente al derecho natural

Con los alumnos de la materia Proceso Económico II, de la UFM, todos nutricionistas o médicos, vemos al papel del Estado en la sociedad y la economía. Para ello, y entre otras cosas, leemos a Ludwig von Mises en su obra “La Acción Humana”, quien dice:

“El estado y el gobierno no son fines, sino medios. Sólo el sádico disfruta haciendo daño a los demás. Recurren, por el contrario, las autoridades a la fuerza y a la coacción únicamente para implantar y mantener específica organización social. La amplitud de la esfera en que la violencia estatal haya de aplicarse, así como cuáles sean las normas que la fuerza pública deba hacer respetar, vienen exclusivamente determinadas por el sistema social que en definitiva se quiera adoptar. No teniendo el estado otra misión más que la de permitir la pacífica pervivencia de la correspondiente organización social, resulta evidente que la determinación de las legítimas funciones sociales dependerá de cuáles sean los cometidos encomendados al aparato gubernamental. Para poder enjuiciar la legislación y las medidas adoptadas al objeto de que la misma se respete, forzoso es previamente examinar si tanto aquélla como ésta resultan idóneas para mantener el sistema social deseado.

Sólo a la luz de preexistente ordenamiento cabe enjuiciar la justicia o injusticia de específica actuación. Son muchos los que suponen hállase predeterminado y tajantemente separado, desde el albor de los siglos, lo bueno de lo malo. Jueces y legisladores, al sentar la ley, lo que debían procurar —pensaron algunos— es establecer qué sea, a la luz de una justicia inmutable, lo recto y lo equitativo. Frente a tal filosofía, que aboga por invariable conservadurismo, por el mantenimiento de las antiguas y veneradas instituciones y costumbres, alzáronse los partidarios del derecho natural. Las leyes positivas deben contrastarse con una ley «superior», o sea con la ley natural. A la luz de tal hipotético y arbitrario derecho natural pretenden aquéllos calificar de justas o injustas las instituciones y las normas reglamentarias. Es bueno el legislador —piensan— cuando sus normas positivas coinciden con los preceptos de las leyes naturales.

Tiempo ha quedaron definitivamente patentizados los errores que tales filosofías encierran. Quien no está por ellas cegado advierte la petición de principio que implica el apelar a la justicia precisamente ante la ley nueva. De lege ferenda no cabe hablar de justicia ni de injusticia. Sólo de lege lata cobran sentido tales conceptos, a los cuales únicamente cabe   acudir al enjuiciar, a la luz de la norma legal ya promulgada, específico o individualizado supuesto. Cuando se trata de variar el existente ordenamiento legal, de reformar o derogar vigentes ordenaciones o de decretar normas nuevas, vano es lucubrar en torno a la injusticia; lo único que cabe ponderar es la utilidad o conveniencia social de tales dictados. Forzoso es referirse a específica organización social para que cobre sentido el concepto de justicia. No es la justicia la que nos señala qué sistema social debamos adoptar; es, por el contrario, el orden en definitiva preferido el que nos indicará cuáles actos son buenos y cuáles recusables. No hay ni bien ni mal fuera del nexo social. Interés alguno encerrarían los conceptos de justicia e injusticia para el individuo que llevara una vida totalmente autárquica y aislada. Tal actor sólo distinguiría entre aquello que le favorecía y aquello que le perjudicaba. La idea de justicia, únicamente al surgir la cooperación social, cobra sentido.”

Los países de peor calidad institucional. Tan sólo considerando las noticias diarias no extraña que Venezuela esté allí

Las malas noticias, por otro lado, vienen del final de la tabla (aunque dado el carácter relativo del ICI siempre habrá 25 posiciones debajo de la lista). Estas son:

Calidad Institucional                       Instituciones Políticas             Instituciones de mercado

167 Irán, República Islámica del 0,1802 167 Lao, República Democrática 0,1663 167 Guinea 0,1443
168 Guinea 0,1736 168 Myanmar 0,1543 168 Kiribati 0,1420
169 Guinea-Bissau 0,1726 169 Gambia 0,1496 169 Mauritania 0,1412
170 Burundi 0,1399 170 Afganistán 0,1395 170 Iraq 0,1368
171 Cuba 0,1378 171 Angola 0,1382 171 Sudán 0,1211
172 Myanmar 0,1278 172 Zimbabwe 0,1332 172 Timor-Leste 0,1197
173 Iraq 0,1247 173 Irán, República Islámica del 0,1277 173 Yemen, República de 0,1178
174 Congo, República del 0,1202 174 Chad 0,1191 174 Myanmar 0,1013
175 Zimbabwe 0,1096 175 Burundi 0,1176 175 República Árabe Siria 0,0914
176 Angola 0,1048 176 Tayikistán 0,1159 176 Zimbabwe 0,0859
177 Yemen, República de 0,0948 177 Iraq 0,1125 177 Angola 0,0714
178 Afganistán 0,0908 178 Congo, República Democrática 0,1069 178 Congo, República Democrática 0,0702
179 Sudán 0,0897 179 República Centroafricana 0,1049 179 Guinea Ecuatorial 0,0595
180 Congo, República Democrática 0,0886 180 Venezuela, RB 0,0942 180 Chad 0,0536
181 Chad 0,0863 181 Sudán del Sur 0,0892 181 Congo, República del 0,0440
182 República Centroafricana 0,0733 182 Libia 0,0822 182 Afganistán 0,0421
183 República Árabe Siria 0,0644 183 Yemen, República de 0,0719 183 República Centroafricana 0,0416
184 Venezuela, RB 0,0608 184 Uzbekistán 0,0705 184 Turkmenistán 0,0281
185 Sudán del Sur 0,0578 185 Sudán 0,0583 185 Venezuela, RB 0,0274
186 Guinea Ecuatorial 0,0484 186 Turkmenistán 0,0507 186 Sudán del Sur 0,0263
187 Libia 0,0482 187 Somalía 0,0422 187 Eritrea 0,0221
188 Turkmenistán 0,0394 188 Eritrea 0,0389 188 Libia 0,0142
189 Eritrea 0,0305 189 República Árabe Siria 0,0374 189 Cuba 0,0112
190 Somalía 0,0237 190 Guinea Ecuatorial 0,0372 190 Corea del Norte 0,0056
191 Corea del Norte 0,0110 191 Corea del Norte 0,0163 191 Somalía 0,0053

 

Corea del Norte tiene el lamentable privilegio de ocupar la última posición desde el inicio del ICI. Y si bien el continente asiático ha brindado muchos casos de notables mejoras institucionales, sigue dando también este lamentable desastre. No es el único asiático en la lista pero el resto son países africanos principalmente y entre los americanos Venezuela y Cuba, socios en la política y también en la opresión y la pobreza.