La calidad institucional en toda América destaca a Canadá, y en América Latina a Chile, Costa Rica y Uruguay

Analizar la situación institucional por continente plantea algunos problemas, ya que una división geográfica poco dice de la configuración política, económica o cultural, pero, en definitiva, toda clasificación tendrá algo de arbitrario. Ateniéndonos a la tradición división geográfica, el primer lugar en calidad institucional corresponde a Europa (con un promedio ICI de 0,7270, seguida de Oceanía con 0,5499, luego y cerca América con 0,5142, Asia con 0,4296 y finalmente África con 0,2845, mostrando ser el continente de mayor debilidad institucional.

En el caso de América, si tomamos solamente a Estados Unidos y Canadá, su promedio supera claramente al resto de la región: 0,9219 para los primeros y 0,4895 para el resto. América Latina presenta un promedio de 0,4426. Y algo similar ocurre en Oceanía, ya que si separamos a Nueva Zelanda y Australia, su promedio de 0,9405 sería el más alto en el mundo.

América

Siempre hemos presentado a los países del “hemisferio occidental” por entender que comparten una historia original común, aunque siguieran luego caminos distintos. De todas formas, también consideramos en forma separada a los países latinoamericanos. En cuanto al conjunto de la región, estas son las posiciones:

2017 1996/2017 2007/2017 1 año
Canada 8 -1 3 -3
Estados Unidos 13 -4 0 0
Chile 24 -2 -2 -2
Costa Rica 35 -10 19 -3
Santa Lucía 36 -11 -5
Bahamas 39 -22 -16 -1
Uruguay 41 0 9 -2
Dominica 45 -1 0
Barbados 47 -19 -15 -4
Jamaica 55 -19 3 1
Panamá 56 -22 12 5
Perú 67 16 13 -5
Antigua y Barbuda 73 -22 6
San Kitts y Nevis 75 -28 -9
Colombia 82 15 18 -5
Trinidad y Tobago 83 -51 -20 -16
El Salvador 89 -32 -24 -9
Grenada 92 -33 2
México 93 -11 -18 -7
República Dominicana 97 -25 17 1
Belice 100 -58 -44 -7
Suriname 102 -8 -5 5
Brasil 104 -3 -14 -5
Guatemala 108 -33 1 -2
Guyana 117 -37 -6 10
Paraguay 120 -57 8 -1
Nicaragua 124 -39 -29 -10
Honduras 127 -51 -14 -5
Argentina 138 -94 -45 4
Bolivia 145 -105 -27 -6
Ecuador 148 -78 -15 -8
Haití 161 -42 4 4
Cuba 171 -29 -7 0
Venezuela, RB 184 -75 -23 0

Funciones del Estado: Mises analiza el tema y al mismo tiempo critica dura y polémicamente al derecho natural

Con los alumnos de la materia Proceso Económico II, de la UFM, todos nutricionistas o médicos, vemos al papel del Estado en la sociedad y la economía. Para ello, y entre otras cosas, leemos a Ludwig von Mises en su obra “La Acción Humana”, quien dice:

“El estado y el gobierno no son fines, sino medios. Sólo el sádico disfruta haciendo daño a los demás. Recurren, por el contrario, las autoridades a la fuerza y a la coacción únicamente para implantar y mantener específica organización social. La amplitud de la esfera en que la violencia estatal haya de aplicarse, así como cuáles sean las normas que la fuerza pública deba hacer respetar, vienen exclusivamente determinadas por el sistema social que en definitiva se quiera adoptar. No teniendo el estado otra misión más que la de permitir la pacífica pervivencia de la correspondiente organización social, resulta evidente que la determinación de las legítimas funciones sociales dependerá de cuáles sean los cometidos encomendados al aparato gubernamental. Para poder enjuiciar la legislación y las medidas adoptadas al objeto de que la misma se respete, forzoso es previamente examinar si tanto aquélla como ésta resultan idóneas para mantener el sistema social deseado.

Sólo a la luz de preexistente ordenamiento cabe enjuiciar la justicia o injusticia de específica actuación. Son muchos los que suponen hállase predeterminado y tajantemente separado, desde el albor de los siglos, lo bueno de lo malo. Jueces y legisladores, al sentar la ley, lo que debían procurar —pensaron algunos— es establecer qué sea, a la luz de una justicia inmutable, lo recto y lo equitativo. Frente a tal filosofía, que aboga por invariable conservadurismo, por el mantenimiento de las antiguas y veneradas instituciones y costumbres, alzáronse los partidarios del derecho natural. Las leyes positivas deben contrastarse con una ley «superior», o sea con la ley natural. A la luz de tal hipotético y arbitrario derecho natural pretenden aquéllos calificar de justas o injustas las instituciones y las normas reglamentarias. Es bueno el legislador —piensan— cuando sus normas positivas coinciden con los preceptos de las leyes naturales.

Tiempo ha quedaron definitivamente patentizados los errores que tales filosofías encierran. Quien no está por ellas cegado advierte la petición de principio que implica el apelar a la justicia precisamente ante la ley nueva. De lege ferenda no cabe hablar de justicia ni de injusticia. Sólo de lege lata cobran sentido tales conceptos, a los cuales únicamente cabe   acudir al enjuiciar, a la luz de la norma legal ya promulgada, específico o individualizado supuesto. Cuando se trata de variar el existente ordenamiento legal, de reformar o derogar vigentes ordenaciones o de decretar normas nuevas, vano es lucubrar en torno a la injusticia; lo único que cabe ponderar es la utilidad o conveniencia social de tales dictados. Forzoso es referirse a específica organización social para que cobre sentido el concepto de justicia. No es la justicia la que nos señala qué sistema social debamos adoptar; es, por el contrario, el orden en definitiva preferido el que nos indicará cuáles actos son buenos y cuáles recusables. No hay ni bien ni mal fuera del nexo social. Interés alguno encerrarían los conceptos de justicia e injusticia para el individuo que llevara una vida totalmente autárquica y aislada. Tal actor sólo distinguiría entre aquello que le favorecía y aquello que le perjudicaba. La idea de justicia, únicamente al surgir la cooperación social, cobra sentido.”

Los países de peor calidad institucional. Tan sólo considerando las noticias diarias no extraña que Venezuela esté allí

Las malas noticias, por otro lado, vienen del final de la tabla (aunque dado el carácter relativo del ICI siempre habrá 25 posiciones debajo de la lista). Estas son:

Calidad Institucional                       Instituciones Políticas             Instituciones de mercado

167 Irán, República Islámica del 0,1802 167 Lao, República Democrática 0,1663 167 Guinea 0,1443
168 Guinea 0,1736 168 Myanmar 0,1543 168 Kiribati 0,1420
169 Guinea-Bissau 0,1726 169 Gambia 0,1496 169 Mauritania 0,1412
170 Burundi 0,1399 170 Afganistán 0,1395 170 Iraq 0,1368
171 Cuba 0,1378 171 Angola 0,1382 171 Sudán 0,1211
172 Myanmar 0,1278 172 Zimbabwe 0,1332 172 Timor-Leste 0,1197
173 Iraq 0,1247 173 Irán, República Islámica del 0,1277 173 Yemen, República de 0,1178
174 Congo, República del 0,1202 174 Chad 0,1191 174 Myanmar 0,1013
175 Zimbabwe 0,1096 175 Burundi 0,1176 175 República Árabe Siria 0,0914
176 Angola 0,1048 176 Tayikistán 0,1159 176 Zimbabwe 0,0859
177 Yemen, República de 0,0948 177 Iraq 0,1125 177 Angola 0,0714
178 Afganistán 0,0908 178 Congo, República Democrática 0,1069 178 Congo, República Democrática 0,0702
179 Sudán 0,0897 179 República Centroafricana 0,1049 179 Guinea Ecuatorial 0,0595
180 Congo, República Democrática 0,0886 180 Venezuela, RB 0,0942 180 Chad 0,0536
181 Chad 0,0863 181 Sudán del Sur 0,0892 181 Congo, República del 0,0440
182 República Centroafricana 0,0733 182 Libia 0,0822 182 Afganistán 0,0421
183 República Árabe Siria 0,0644 183 Yemen, República de 0,0719 183 República Centroafricana 0,0416
184 Venezuela, RB 0,0608 184 Uzbekistán 0,0705 184 Turkmenistán 0,0281
185 Sudán del Sur 0,0578 185 Sudán 0,0583 185 Venezuela, RB 0,0274
186 Guinea Ecuatorial 0,0484 186 Turkmenistán 0,0507 186 Sudán del Sur 0,0263
187 Libia 0,0482 187 Somalía 0,0422 187 Eritrea 0,0221
188 Turkmenistán 0,0394 188 Eritrea 0,0389 188 Libia 0,0142
189 Eritrea 0,0305 189 República Árabe Siria 0,0374 189 Cuba 0,0112
190 Somalía 0,0237 190 Guinea Ecuatorial 0,0372 190 Corea del Norte 0,0056
191 Corea del Norte 0,0110 191 Corea del Norte 0,0163 191 Somalía 0,0053

 

Corea del Norte tiene el lamentable privilegio de ocupar la última posición desde el inicio del ICI. Y si bien el continente asiático ha brindado muchos casos de notables mejoras institucionales, sigue dando también este lamentable desastre. No es el único asiático en la lista pero el resto son países africanos principalmente y entre los americanos Venezuela y Cuba, socios en la política y también en la opresión y la pobreza.

No son muchos, pero hay casos de países con distinta calidad institucional en el ámbito de la política y del mercado

El ICI comenzó a ser producido en 2007, luego hemos extendido sus resultados hasta el año 1996, por lo que contando este último, tenemos ya 22 años de análisis comparativo. En ese período, las posiciones de los países mejor ubicados han cambiado en un sentido o en otro, y entre los que se destacan en este grupo de elite y no estaban entre los 25 mejores en 1996 tenemos a Estonia (que pasó de 39°a 15°), Taiwán ( de 33° a 20°)y  Lituania (de 62° a 22°. Los países bálticos son un ejemplo de reforma y avance institucional.

Ahora bien, el ICI está compuesto por dos subíndices que buscan reflejar la calidad de las instituciones políticas por un lado, y las de mercado por otro. Y si bien aquellos países de mejor calidad tienen buen desempeño en ambas, se encuentran algunas interesantes diferencias, ya que hay países con un claro mejor desempeño en las primeras, y otros en las segundas, aunque no se encuentran casos de muy buen desempeño en unas y muy malo en otras.

País Política País Mercado
1 Noruega 0,9907 1 Singapur 0,9939
2 Suecia 0,9898 2 Hong Kong RAE, China 0,9816
3 Finlandia 0,9863 3 Nueva Zelandia 0,9723
4 Dinamarca 0,9853 4 Reino Unido 0,9529
5 Suiza 0,9774 5 Suiza 0,9516
6 Países Bajos 0,9744 6 Estados Unidos 0,9495
7 Nueva Zelandia 0,9594 7 Dinamarca 0,9305
8 Luxemburgo 0,9577 8 Canadá 0,9274
9 Canadá 0,9398 9 Australia 0,9222
10 Bélgica 0,9343 10 Irlanda 0,9136
11 Islandia 0,9318 11 Taiwan, China 0,9089
12 Alemania 0,9246 12 Finlandia 0,9039
13 Irlanda 0,9171 13 Alemania 0,9036
14 Austria 0,9098 14 Países Bajos 0,8984
15 Australia 0,9082 15 Emiratos Arabes Unidos 0,8936
16 Reino Unido 0,8986 16 Estonia 0,8935
17 Estonia 0,8826 17 Suecia 0,8871
18 Estados Unidos 0,8708 18 Noruega 0,8815
19 Barbados 0,8607 19 Lituania 0,8732
20 Portugal 0,8504 20 Austria 0,8618
21 Japón 0,8408 21 Japón 0,8497
22 Francia 0,8389 22 Corea, República de 0,8453
23 Santa Lucía 0,8326 23 Chile 0,8392
24 San Vicente y las Granadinas 0,8265 24 República Checa 0,8362
25 Palau 0,8214 25 Georgia 0,8317

 

Los casos son conocidos: Hong Kong y Singapur obtienen las primeras posiciones en instituciones de mercado pero están más atrás en las políticas. Precisamente, uno de los objetivos del ICI ha sido siempre evaluar ambas, entendiendo que las oportunidades que se presentan a los individuos dependen de unas y otras. Y, como siempre, vale la pena destacar que los países nórdicos (Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca), generalmente destacados como países con fuertes estados benefactores, se encuentran también entre los 25 primeros en instituciones de mercado.  En cuanto a nuestra región se refiere, se destaca la presencia de algunos países caribeños entre los de mejor institucionalidad política, como Barbados, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. El único latinoamericano en este lote es Chile en cuanto a las instituciones de mercado se refiere.

El avance del populismo desafía ahora a algunos de los países de mejor calidad institucional: veremos si lo resisten

El mundo está convulsionado, pero sus instituciones todavía no lo sufren. Se nota la tensión, están ante un desafío, deben mostrar que pueden cumplir su papel y sostener los elementos básicos que ha permitido el progreso de la sociedad como nunca antes se ha visto. Las ideas populistas avanzan y algún líder, como Donald Trump, incluso llega al gobierno. Otros esperan aprovechar una oportunidad en Europa. Curiosamente, en América Latina se han debilitado.

Es el momento, entonces, en que las instituciones republicanas son llamadas a mostrar que pueden poner freno a esos impulsos. En definitiva, el populismo es la antítesis de la institucionalidad, ya que el líder populista cree que una mayoría circunstancial le ha dado un mandato completo para reordenar la sociedad, sin límites a su voluntad.

Y si bien la amenaza está allí y el peligro es concreto, no hay país entre los de mayor calidad institucional que haya sufrido, hasta el momento, un fuerte deterioro. Entre los veinticinco primeros puestos del ICI, ninguno de ellos ha modificado su posición en más de dos puestos., salvo el excepcional caso de Lituania[1], que mejora siete posiciones. Es decir que, salvo esa, no ha habido caídas mayores a dos posiciones, tampoco avances superiores a eso.

Los cuatro países que han encabezado la calidad institucional en los últimos veinte años lo siguen haciendo, sólo que este año Nueva Zelanda desplaza a Suiza en el primer lugar. El país oceánico puede festejó en 2015 la obtención del Mundial de Rugby, su deporte nacional, y en 2016 (ya que a ese año se refieren el ICI 2017) el primer puesto mundial en calidad institucional. Junto a Suiza, Dinamarca y Finlandia, siguen dominando la tabla y se reparten regularmente el primer premio.

Suecia mejora dos posiciones, para alcanzar el 5° puesto, Canadá los pierde. Más atrás en la lista, Islandia recupera también dos posiciones, luego de su estrepitosa caída con la crisis de 2008; y Chile, ya en nuestra zona, pierde dos posiciones luego de varios años de estabilidad.

En síntesis: el populismo es una amenaza, pero las instituciones republicanas de los países de mejor calidad institucional todavía resisten. Se verá cuánto o, si, como en el caso de América Latina, las aventuras populistas terminan generando una reacción que, aunque lentamente, parece recuperar algo del terreno perdido. El fenómeno no deja de ser curioso, ya que América Latina siempre fue a la zaga de los primeros países y ahora que vuelve de una década populista es de esperar que no vuelva a copiar a quienes ahora la copian.

Las primeras posiciones del ICI 2017 son las siguientes:

Posición País ICI 2017 2016 2015 2014
1 Nueva Zelandia 0,9658 2 3 1
2 Suiza 0,9645 1 1 3
3 Dinamarca 0,9579 4 4 4
4 Finlandia 0,9451 3 2 2
5 Suecia 0,9384 6 6 5
6 Países Bajos 0,9364 8 9 8
7 Noruega 0,9361 7 5 9
8 Canadá 0,9336 5 7 7
9 Reino Unido 0,9257 9 10 10
10 Irlanda 0,9153 12 12 12
11 Australia 0,9152 10 8 6
12 Alemania 0,9141 11 11 13
13 Estados Unidos 0,9101 13 13 11
14 Luxemburgo 0,8918 17 15 15
15 Estonia 0,8880 16 18 18
16 Austria 0,8858 15 17 17
17 Hong Kong RAE, China 0,8818 18 16 16
18 Bélgica 0,8703 21 20 19
19 Islandia 0,8568 14 14 14
20 Taiwán, China 0,8521 20 21 21
21 Japón 0,8453 19 19 20
22 Lituania 0,8338 24 25 26
23 Singapur 0,8234 23 23 23
24 Chile 0,8198 22 22 22
25 República Checa 0,8181 25 29 37

[1] El avance de Lituania es el resultado de una constante mejora en el Índice de Libertad Económica en el Mundo, del Fraser Institute, que en verdad refleja datos de 2014, pero en el que ha avanzado desde la posición 33° en 2010 a la 15°, en este último año analizado por el índice, al tiempo que ha mejorado también en los demás indicadores, aunque no tan espectacularmente.

¿Se puede controlar a la bestia indomable del gasto público? Dos ideas, entre otras, límites al déficit fiscal y al gasto

Con los alumnos de la materia Economía e Instituciones vemos algunas de las conclusiones normativas del Public Choice, en particular propuesta para limitar el oportunismo político. Aquí van solamente dos:

1.            Límites al déficit fiscal

Se impone una prohibición o límite al déficit fiscal. En el primer caso no puede gastarse más de lo que ingresa, pero el Estado, como cualquier empresa, se maneja con un presupuesto anual que se espera cumplirá. Si el dinero recaudado no alcanzara a cubrir el gasto presupuestado, el Estado terminaría sin cumplir algunos contratos y paralizando ciertos servicios. Para evitar esto, se impone la necesidad que el presupuesto presentado para su aprobación no tenga déficit, luego puede haber algún desvío si durante el transcurso del ejercicio fiscal los ingresos o los gastos difieren de lo presupuestado.  Para que la prohibición de déficit tenga alguna credibilidad ese límite al desvío debe ser pequeño y también considerarse un mecanismo para que sea compensado. Es decir, si el ejercicio termina con déficit podría pensarse en que ese exceso se cubrirá en el ejercicio siguiente, o que si termina con superávit, pasa a formar una reserva que sirva para cubrir desvíos negativos en el futuro.

En cuanto a establecer un límite al déficit fiscal, se lo suele hacer en relación al PIB. Así, por ejemplo, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, parte del  Tratado de Maastricht, establece un límite del 3% del PIB para los países miembros de la Unión Europea, un nivel superior impone la obligación de medidas correctivas. Argentina, promulgó una ley de “déficit cero” el 30 de Julio de 2001, pocos meses antes de que se desatara la peor crisis de su historia.

En este último caso la norma fue aprobada cuando ya era demasiado tarde. Pretendía ser más una señal que generara confianza en los mercados para que éstos siguieran financiado la renovación de la deuda argentina. En el primero, su incumplimiento por los países más importantes de Europa no generó suficiente credibilidad para las sanciones y no extraña que luego se desatara en la región una profunda crisis fiscal (2010-11) .

Una diferencia importante entre una y otra que analizaremos en mayor detalle adelante es el nivel constitucional de la norma. En el caso argentino era una ley aprobada por el Congreso, en el de la Unión Europea formaba parte de un tratado internacional. Algunos autores sostienen que cuanto más alto el nivel constitucional, mayor impedimento será para las conductas que se quieren evitar (mejor una ley a un decreto presidencial, mejor una cláusula constitucional a una ley, mejor un tratado internacional a una cláusula constitucional), pero la experiencia europea muestra que esto no es necesariamente así. Todo depende de dónde se encuentra el mayor poder de control sobre el cumplimiento de la norma. En el caso europeo, el tratado imponía un límite relativamente estricto pero con pocas posibilidades de control, generando un incentivo por parte de ciertos países a actuar como free riders de los esfuerzos de los demás. Ellos obtenían los beneficios de las garantías de estabilidad generadas por la UE, pero aplicaban políticas fiscales irresponsables con las que nunca podrían haber generado tal credibilidad por parte de los acreedores que financiaron esos déficits. El control más fuerte puede estar en manos de los votantes, como veremos en el punto 3.

La obligación de no incurrir en un déficit fiscal no necesariamente genera una restricción en el crecimiento del gasto público, ya que se lo puede aumentar al mismo tiempo que se aumenta la presión impositiva e igualmente se cumple con el requisito, y el Estado termina así llevándose una mayor parte de la riqueza producida por los ciudadanos. Para evitarlo se han propuesto límites al crecimiento del gasto y a la creación de nuevos impuestos o el aumento de las tasas de los existentes.

2.            Límites al crecimiento del gasto público

En este caso se establece un límite a su crecimiento, normalmente asociado a la evolución del PIB. Podría establecerse un límite algo por encima del crecimiento del PIB si se quiere que el gasto aumente en relación a ese indicador, igual para que se mantenga o menor para que se reduzca.

Competencia institucional: impulsada por la movilidad de los factores, la “salida”, el voto con los pies, efecto Tiebout

Con los alumnos de OMMA Madrid, en la materia Economía e Instituciones, vemos el capítulo del libro sobre Competencia Institucional y Globalización. Aquí una parte del texto:

La economía de mercado es altamente eficiente cuando sus participantes pueden iniciar o terminar relaciones de producción e intercambio entre sí. En otros términos, pueden “entrar” o “salir” de esas relaciones. Si un determinado bien o servicio ofrecido por un productor es considerado “peor” en comparación con otros producidos por otros productores, el consumidor simplemente ejerce su opción de “salida” y elige alguno de los otros proveedores.

Este mecanismo de la competencia, que traslada ganancias a quienes mejor satisfacen las necesidades de los consumidores, garantiza la existencia de los bienes y servicios deseados, y los recursos hacia ese tipo de producción son atraídos por los mayores niveles de ganancia. Los productores se sienten presionados siempre por la competencia para lograr ser más eficientes. Esta es básicamente la lógica del mercado como la desarrolló Adam Smith.

Este enfoque fue ampliado por primera vez por Charles Tiebout (1956) al análisis de la eficiencia de los gobiernos locales, asimilando el consumidor al votante, que de la misma forma que, de acuerdo con sus necesidades, elige en el mercado el que considera mejor bien o servicio, elige también la comunidad “que mejor satisface sus preferencias por bienes públicos” (p. 183). Según Tiebout, a nivel del gobierno central, las preferencias del consumidor-votante están dadas y el gobierno trata de ajustarse a ellas; mientras que, en el ámbito de los gobiernos locales, estos tienen sus ingresos y gastos más o menos fijados y el consumidor-votante se traslada al gobierno local que mejor satisfaga su juego de preferencias. Cuanto mayor sea el número de comunidades y mayor la diferencia entre ellas, más se acercará el consumidor a su posición preferida, como sucede en el mercado.

Pero el mismo argumento de Tiebout puede extenderse a la competencia entre distintos estados “nacionales”, en la medida que la migración y el flujo de capitales, ideas y tecnologías sean posibles. Los gobiernos centrales estarían, entonces, sujetos también a la competencia de otros gobiernos nacionales en la provisión de servicios, algo que las corrientes migratorias parecen confirmar.

Así, la opción de “salida” reemplaza a la prueba del mercado de la preferencia para comprar un determinado bien o servicio, lo que garantiza entonces que cada localidad tendría el sistema de ingresos y gastos que refleja los deseos de sus residentes (p. 185). Es decir: como el mercado alcanza la “eficiencia”, la competencia entre gobiernos locales también la alcanza a ese nivel de gobierno. Tiebout parafrasea a Samuelson diciendo que “cada individuo, tratando, como comprador competitivo, de alcanzar los mayores niveles de indiferencia, dados precios e impuestos, será guiado como por una mano invisible a la gran solución del óptimo social”.

Los autores de la Escuela de la Elección Pública (public choice) o la “economía política constitucional”, que ya hemos visto, no suponen el carácter benevolente del gobierno y presentan el mismo argumento de Tiebout, pero con un enfoque diferente. Según ellos, la lógica del análisis de Adam Smith es la misma que la de los Papeles Federalistas. En ambos casos contienen el supuesto de que los individuos, incluyendo a los funcionarios del gobierno, actúan en pos de su propio interés y tratarán de utilizar el poder gubernamental en ese sentido, a no ser que se vean restringidos por la posibilidad de que la gente pueda buscar protección, o preferir a otros funcionarios de otros niveles o regiones.

Así, distintos autores  destacan que, dada la posibilidad que ofrece la opción de “salida”, el proceso de competencia entre los gobiernos locales limitaría las posibilidades de tales gobiernos de abusar de sus ciudadanos y empresas. Y destaca Buchanan que no es necesario que esa opción sea ejercida por una gran parte de la población, sino que los efectos se sentirían igual con que una proporción relativamente pequeña lo hiciera. Incluso los ciudadanos y empresas que nunca considerarían trasladarse serían protegidos por la reconocida existencia de aquellos que marginalmente están dispuestos a hacerlo. En este sentido, el federalismo y la descentralización servirían para limitar las posibilidades de abuso e ineficiencia, tanto del gobierno federal como de los gobiernos locales: del primero, porque los recursos se encuentran repartidos entre distintos niveles de gobierno; de los segundos, porque existe la posibilidad de movilizarse.

Buchanan señala, además, que incluso si los ciudadanos y las empresas no están dispuestos a ejercer la opción de “salida”, la existencia de pequeñas unidades de jurisdicción gubernamental mejora la otra opción, la de “voz”: es decir expresar su opinión mediante los mecanismos democráticos de gobierno, ya que un voto resulta más decisivo en un electorado de cien que en uno de mil o de un millón. Además, es más fácil organizar un pequeño grupo —que puede resultar en una coalición ganadora— en una jurisdicción pequeña.

Y aunque no se utilizara la opción de “salida”, existiría la de “salida virtual”, que es la observación de cómo se manejan las cosas en otras jurisdicciones y los efectos que esto pueda tener en el proceso político interno. Por ejemplo, en la caída del socialismo, si bien la salida de ciudadanos fue importante, especialmente en el caso de Alemania, la observación de las economías, la cultura y la política en los países occidentales por los ciudadanos de Europa Central y Oriental cumplió un papel destacado en las revoluciones de 1989-1991.

Por otro lado, la “salida” no tendría que ser necesariamente física; no requeriría el traslado físico del individuo o la empresa para garantizar la competencia. Ribstein y Kobayashi (1997) afirman que la existencia de distintos sistemas legales en un estado federal origina una competencia potencial entre ellos, en tanto en cuanto las personas y empresas puedan elegir la jurisdicción legal de su relación contractual. Esto es evidente en el ámbito del comercio y las finanzas internacionales, donde las partes eligen en muchos casos la autoridad judicial a la que se someterán en caso de disidencias con respecto al cumplimiento del contrato; pero también sucede entre Estados siendo un ejemplo de esto el establecimiento legal de las empresas en los Estados Unidos, las que eligen los estados que les otorgan mejores sistemas legales, no siendo estos los mismos en que tales empresas tienen su sede central y sin siquiera tener operaciones en tales estados.

Soluciones “institucionales”, o podríamos decir “voluntarias”, “comunitarias”, a las supuestas fallas de mercado

Con los alumnos de OMMA Madrid, en la material Economía e Instituciones, vemos la provisión voluntaria de bienes públicos, del capítulo “Soluciones Institucionales”:

En cuanto a la provisión de bienes públicos, la respuesta casi inmediata es que deben ser provistos por el Estado, ya que el mercado sería incapaz de hacerlo. El caso típico, presentado por distintos economistas, es el de un faro, en relación con el cual la imposibilidad de excluir a quien no pague, una vez que la luz es emitida, daría como resultado una conducta de free rider, que trataría  de evitar el pago, dado que es imposible evitar que vea la señal de todas formas. El ejemplo aparece en John Stuart Mill, Henry Sidgwick y Alfred C. Pigou, con ese mismo argumento de la “no exclusión”, y reaparece en Paul Samuelson con otro adicional, según el cual no tendría sentido excluir a los que no pagan, ya que no hay congestionamiento en el servicio; es decir, no hay ningún costo extra, si un barco más observa la señal del faro para guiarse. En este caso no solamente sería improbable que el sector privado proveyera los faros, sino que, de poder hacerlo, no sería conveniente, ya que cada barco desincentivado para navegar por dichas aguas debido al pago del peaje por los servicios del faro, representaría una pérdida económica social

Conocida es la respuesta de Coase (1974) a este ejemplo, después de estudiar la historia de los faros en Inglaterra y demostrando que durante varios siglos fueron financiados y administrados por los dueños de barcos y emprendedores privados. Durante varios siglos, en Gran Bretaña, los faros fueron construidos y mantenidos por Trinity House (Inglaterra y Gales), los Comisionados de Faros del Norte (Escocia) y los Comisionados de Faros en Irlanda, cuyo presupuesto provenía del Fondo General de Faros, formado a su vez por los cargos que pagaban los armadores de buques. Esto en cuanto se refiere a los faros que ayudaban a la navegación general, ya que los faros de tipo “local” eran financiados por los puertos, que recuperaban los gastos en que incurrían mediante los cargos que hacían a quienes los utilizaban.

Había pocos faros antes del siglo XVII. Trinity House era una institución que evolucionó desde un gremio de navegantes en la Edad Media, que en 1566 obtuvo el derecho a proveer y regular las ayudas a la navegación, que incluyen, además de los faros, boyas, balizas y otras marcas.

Coase (p. 360) sostiene que “a comienzos del siglo diecisiete, Trinity House estableció faros en Caister y Lowestoft. Pero no fue sino hasta fines de ese siglo que construyó otro. Entretanto la construcción de faros había sido realizada por individuos particulares. De 1610 a 1675 Trinity House no construyó ningún faro nuevo. Por lo menos diez fueron construidos por individuos particulares”. Trinity House se oponía a estas iniciativas privadas, pero los particulares evitaban el incumplimiento del control de tal organización obteniendo una patente de la Corona, que les permitía construir el faro y cobrar el peaje a los barcos que supuestamente se beneficiaban del mismo.

La intervención de la “Corona” y el cobro de un “peaje” parece indicar la participación estatal, por más que el faro fuera construido por algún particular. Es decir: se necesitaría el poder estatal para tener la posibilidad de cobrar peajes, en forma coercitiva, a los barcos que transitaran por tal ruta marítima. Pero no era este el caso. Coase subraya que el particular presentaba una petición de los armadores y operadores de buques sobre la necesidad del faro, el beneficio que obtendrían con él y su voluntad para pagar el peaje, por lo que se trataba de una operación voluntaria y el Estado participaba simplemente porque se había adueñado de la autoridad para erigirlos, ya que el acuerdo entre armadores y operadores y el particular se podría haber realizado de todas formas, sin seguir obligatoriamente ese camino, pues los primeros aceptaban voluntariamente el pago y no actuaban como free riders.

He aquí un tema importante, ya que, según la teoría de los bienes públicos de Mill/Sigdwick/Pigou/Samuelson, todos buscarían su beneficio inmediato, consistente en no tener que pagar dicho peaje, sabiendo que, una vez que el faro estuviera allí, no podrían excluirlos de su uso, y que, actuando todos de esa forma, el cobro del peaje y la provisión privada serían imposibles. Sin embargo, esto no ocurría; evidentemente había otros elementos que llevaban a una conducta diferente, entre los cuales podemos destacar dos: un sentido de cooperación entre los armadores, aunque fueran competidores entre sí, o que no se le diera importancia al hecho de que algunos pasarían por allí y recibirían el servicio gratuitamente.

Buscando algún ejemplo más cercano en el tiempo y el espacio, ya vimos que los residentes de Buenos Aires no tienen que ir más lejos del río junto al que se asienta su ciudad. Allí, en el canal por el que el río Luján desemboca en el Río de la Plata, hay una serie de boyas con la inscripción “UNEN” y una numeración. Esta sigla significa “Unión Nacional de Entidades Náuticas”, que reúne a los distintos clubes náuticos privados. La provisión de esta señalización proviene de aportes voluntarios privados, que realizan estos clubes, y en definitiva de las cuotas sociales que pagan sus socios. No parece que estos actúen como free riders e incluso, si algún barco pasa por allí y no pertenece a ninguno de esos clubes, ello no constituye impedimento para que los demás se organicen, y provean y mantengan este sistema de señales. Y no solo eso: los mismos clubes tienen en sus entradas sobre la costa balizas rojas y verdes, con el obvio fin de ayudar a sus socios en la maniobra de entrada y salida, pero brindando también un servicio gratuito a quienes pasan por allí. Nuevamente, la existencia de estos free riders no frena o limita la provisión de tales servicios.

¿Habría más señales de ese tipo, si pudiera cobrar a esos free riders? Depende de con qué se lo compare: si es con una supuesta condición ideal, parecería que sí, y en tal caso esa comparación daría como resultado una “falla” del mercado, pero Coase y Demsetz (en Cowen, pp. 107-120) denominan a esto “el enfoque Nirvana”: es decir, algo así como comparar las imperfecciones de este mundo con el ideal del Paraíso, dado que lo que corresponde es comparar arreglos institucionales alternativos; en este caso, esta provisión voluntaria privada, con una posible provisión estatal. En el caso de las boyas UNEN mencionadas, su misma existencia es una demostración del “fracaso de la provisión estatal”, ya que los clubes lo han hecho ante la inacción pública al respecto.

Comenta Coase una historia de notable espíritu emprendedor, relacionada con el famoso faro de Eddystone, erigido en un peñasco, a veinte kilómetros de Plymouth. El Almirantazgo británico recibió un pedido para construir un faro y Trinity House consideró que era imposible; pero en 1692 el emprendedor Walter Whitfield hizo un acuerdo con Trinity House, por el que se comprometía a construirlo y a compartir las ganancias. Nunca llegó a construirlo, pero sus derechos fueron transferidos a Henry Winstanley, que negoció un acuerdo mejor: recibiría todas las ganancias durante los primeros cinco años y luego los repartiría en partes iguales con Trinity House, durante otros cincuenta años. Construyó primero una torre y luego la reemplazó por otra, cuya conclusión tuvo lugar en 1699, pero una gran tormenta lo destruyó en 1703, cobrándose la vida de Winstanley y de algunos de sus trabajadores. Dice Coase (p. 364): “Si la construcción de faros hubiera quedado solamente en manos de hombres motivados por el interés público, Eddystone hubiera permanecido sin faro por largo tiempo. Pero la perspectiva de ganancias privadas asomó nuevamente su horrible cara”.

Otros dos emprendedores, Lovett y Rudyerd, decidieron construirlo de nuevo, y el acuerdo se pactó en mejores términos: una concesión por noventa y nueve años, con una renta anual de cien libras y el cien por cien de las ganancias para los constructores. El nuevo faro se completó en 1709 y operó hasta 1755, cuando fue destruido por un incendio. La concesión, que tenía todavía unos cincuenta años por delante, había pasado a otras manos y los nuevos propietarios decidieron construirlo nuevamente, para lo que contrataron al mejor ingeniero de esos tiempos, John Smeaton, que completó una nueva estructura de piedra en 1759, que se mantuvo operando hasta 1882, cuando fue reemplazado por una estructura nueva, elaborada por Trinity House.

Según Coase, un informe del Comité de faros de 1834 reporta la existencia de cuarenta y dos faros en manos de Trinity House, tres concesionados por ella a individuos, siete concesionados por la Corona a individuos particulares, cuatro en manos de propietarios según distintos permisos, un total de cincuenta y seis, de los cuales catorce estaban en manos privadas, amparados por distintos acuerdos de propiedad. Trinity House, recelosa de la competencia, y argumentando que bajo su égida los peajes serían más bajos, terminó consiguiendo el monopolio de los faros y todos quedaron bajo su órbita.

En una respuesta directa a Mill, Sidgwick, Pigou y Samuelson, Coase concluye: “… los economistas no deberían utilizar los faros como un ejemplo de servicio que puede ser provisto solamente por el Estado. Pero en este trabajo no se intenta resolver la cuestión de cómo debería organizarse y financiarse el servicio de faros. Eso deberá esperar estudios más detallados. Entretanto, los economistas que deseen señalar un servicio como mejor provisto por el Estado, deberían utilizar un ejemplo que tenga más fundamento” .

Demsetz y Hayek sobre el origen de la propiedad, como fenómeno evolutivo que surge para superar la escasez

Con los alumnos de Economía e Instituciones en OMMA Madrid vemos dos artículos sobre la institución social más importante: el derecho de propiedad. El primero presenta una teoría económica para explicar el origen y la utilidad del DP, por Harold Demsetz. El segundo es de Hayek, un capítulo de su libro “La Arrogancia Fatal”. Algunos párrafos:

“Nadie que valore la sociedad civilizada osará recusar la propiedad plural. La historia de una y otra están íntimamente ligadas. Henry Sumner Maine 

La propiedad…, por lo tanto, es intrínsecamente inseparable de la economía humana en su modalidad social. Carl Menger

El hombre está capacitado para disfrutar de las libertades civiles en la misma medida en que esté dispuesto a contener sus apetitos, sometiéndolos a algún condicionamiento moral; lo está en la medida en que su amor por la justicia prevalece sobre su rapacidad. Edmund Burke

 Hayek

La libertad y el orden extenso

  Establecido que, en definitiva, fueron la moral y la tradición —más que la inteligencia y la razón calculadora— las que permitieron al hombre superar su inicial estado de salvajismo, parece razonable también situar el punto de partida del proceso civilizador en las regiones costeras de Mediterráneo. Las posibilidades facilitadas por el comercio a larga distancia otorgaron ventaja relativa a aquellas comunidades que se avinieron a conceder a sus miembros la libertad de hacer uso de la información personal sobre aquellas otras en las que era el conocimiento disponible a nivel colectivo o, a lo sumo, el que se encontraba en poder de su gobernante de turno el que determinaba las actuaciones de todos. Fue, al parecer, en la región mediterránea donde por primera vez el ser humano se avino a respetar ciertos dominios privados cuya gestión se dejó a la responsabilidad del correspondiente propietario, lo que permitió establecer entre las diferentes comunidades una densa malla de relaciones comerciales. Surgió la misma al margen de los particulares criterios o veleidades de los jefes locales, al no resultar posible entonces controlar eficazmente el tráfico marítimo. Cabe recurrir a la autoridad de un respetado investigador (al que ciertamente no se puede tildar de proclive al mercado) que se ha expresado en los siguientes términos:

  “El mundo greco-romano fue esencial y característicamente un mundo de propiedad privada, tratárase de unos pocos acres o del las inmensas posesiones de los emperadores y senadores romanos; era un mundo dedicado al comercio y a la manufactura privados” (Finley, 1973:29).

  Tal orden, basado en la integración de muchos esfuerzos orientados al logro de una pluralidad de metas individuales, sólo devino posible sobre la base de eso que yo prefiero denominar propiedad plural, expresión acuñada por H. S. Maine y que considero más adecuada que la de “propiedad privada”. Si aquélla constituye la base de toda civilización desarrollada, correspondió en su día, al parecer, a la Grecia clásica el mérito de haber por vez primera advertido que es también intrínsecamente inseparable de la libertad individual. Los redactores de la Constitución de la antigua Creta “daban por sentado que la libertad es la más importante aportación que el Estado puede ofrecer; y precisamente por ello, y por ninguna otra razón, establecieron que las cosas perteneciesen indubitablemente a quienes las adquirieran. Por el contrario, en los regímenes en los que prevalece la esclavitud todo pertenece a los gobernantes” (Estrabón, 10, 4, 16).”

Son las instituciones, no los efectos de la enfermedad holandesa y la “maldición de los recursos naturales”

Muy interesante trabajo publicado por el Cato como Policy Analysis, titulado “Curse or Blessing? How Institutions Determine Sucess in Resource-Rich Economies”: https://www.cato.org/publications/policy-analysis/curse-or-blessing-how-institutions-determine-success-resource-rich

Muy importante, además, en el caso argentino porque los estatistas de siempre han presentado la teoría de la “enfermedad holandesa” como una de las razones para cerrar la economía y subsidiar a ciertos sectores. Aquí las conclusiones de este informe:

“Los propios recursos naturales no son la raíz de los problemas que enfrentan muchas economías exportadoras de minerales. Es posible construir una economía moderna y próspera que derive una parte significativa de los ingresos de la venta de minerales.

En los países exportadores de recursos con mejores instituciones y mayores niveles de libertad económica, tanto el ingreso real per cápita como el nivel de desarrollo humano son más altos, las personas viven más tiempo y hay más inversión y más derechos civiles. La mayor libertad económica se correlaciona con menores niveles de delincuencia, corrupción y analfabetismo.

Uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico y el desarrollo social en muchas economías de recursos es la búsqueda de rentas. No es una característica única de las economías de recursos, pero parece tener un efecto particularmente fuerte sobre ellas y producir deficiencias institucionales.

Tanto la enfermedad holandesa como el efecto de la volatilidad de los precios de los productos básicos son ante todo problemas institucionales y no puramente económicos. Ambos se convierten en problemas en circunstancias específicas, que suelen asociarse con la falta de instituciones fuertes y transparentes.

Si se implementan correctamente con el nivel adecuado de autodisciplina, los fondos de estabilización pueden ser una herramienta de política económica útil para las economías de recursos. Si se trata de una forma óptima de administrar los ingresos del gobierno sigue siendo una cuestión abierta.

La innovación es uno de los principales impulsores del crecimiento y el desarrollo social. La revolución del esquisto es en esencia un avance tecnológico del más alto calibre que ayudó a socavar un prejuicio común contra las industrias extractivas como insuficientemente innovador.

No es casualidad que en algunos de los países más económicamente libres del mundo, como los Estados Unidos, el Canadá, los Estados Unidos, los Estados Unidos, el Canadá, los Estados Unidos, Y Australia. La combinación de derechos de propiedad seguros, regulación transparente y eficiente, un régimen tributario favorable y una burocracia mínima lo hicieron posible.

Las compañías petroleras privadas generalmente se desempeñan más eficientemente que las empresas estatales: el ingreso promedio neto por barril de las seis mayores compañías petroleras privadas es de aproximadamente 60 a 85 por ciento más alto (dependiendo del año) que el de las seis principales empresas estatales compañías petroleras.

Bajo ciertas condiciones, y dentro del marco de políticas adecuado, algunas corporaciones estatales consiguen resultados impresionantes (por ejemplo, Statoil de Noruega y Petronas de Malasia). Lo que importa es la forma en que se organiza una empresa en particular y, lo que es más importante, el entorno institucional en el que opera.

Cinco exportadores de petróleo experimentaron un crecimiento positivo del PIB durante el colapso del precio del petróleo en los años ochenta. Esos países son Omán, Indonesia, Noruega, Malasia y Canadá. Sus ejemplos demuestran que las instituciones económicas fuertes pueden ayudar a superar la tormenta de los bajos precios de las materias primas.

Una mayor participación gubernamental en las economías de recursos no aumenta el crecimiento. En conjunto, genera un rendimiento negativo por la expulsión de la inversión privada, fomentando la búsqueda de rentas y la corrupción, y disminuyendo la productividad general.

Un país exportador de minerales puede ponerse al día en su desarrollo económico si refuerza sus instituciones. Incluso con mejoras relativamente pequeñas, los resultados son positivos y bastante significativos.”