Donald Trump abandona el Tratado de París sobre el cambio climático, pero parece que el Tratado no cambiaba mucho

Luis Ignacio Gómez, quien dirige el Master en Economía y Medio Ambiente de la UFM, escribe sobre la reciente decisión:

¿SIRVEN PARA ALGO LAS POLÍTICAS DE PROTECCIÓN DEL CLIMA?

escrito por Luis I. Gómez 6 junio, 2017
 

¡Menudo espectáculo! Donald Trump decide abandonar el Tratado de París sobre Protección del Clima y parece que el mundo se viene abajo. En realidad, y en lo que a “protección del clima” se refiere, NO CAMBIA NADA.

Entre tanto lamento, declaración altisonante y llamamientos apocalípticos volvemos a perder el foco sobre la esencia del asunto: el Tratado de París, igual que todas las políticas de “protección del clima” hasta la fecha inventadas, no sirve para nada. Su única función era la de proporcionar un marco no vinculante para que todos pudiesen darse golpecitos en el hombro con un “mira qué buenos somos”. Explíquenme, por favor, qué se acordó en París, qué medidas para procurar la supervivencia de la especie humana o su entrono. Cada estado puede sugerir “algo” que quiere hacer en el futuro para salvar el clima. Por sus resultados (la evaluación no ha de ser objetiva, ni externa, cada país puede hacer la suya) serán valorados los empeños. Pero si las “intencionadas contribuciones a nivel nacional” (intended nationally determined contributions INDCs) no logran alcanzarse por alguna razón, no pasa nada: simplemente no funcionó. Los acuerdos de París NI SON VINCULANTES, NI SON AMBICIOSOS.

Pero nada ni nadie puede poner en duda la misión salvífica de los nuevos padres del planeta. Y si se les pregunta por resultados, nos dicen que tranquilos, que empezaremos a verlos a partir de 2030. Usted lo puede creer (acto de fe) o no, es su problema. Los políticos que hoy juran el éxito de sus medidas y descalifican despiadadamente a quien osa apartarse de la doctrina imperante ya no estarán en 20 años para verificarlo, y los que estén, podrán presumir de haber sido unos héroes intentándolo durante décadas.

El Tratado de París no sólo no sirve para nada, cuesta tal cantidad de dinero que calificarlo de derroche es casi condescendiente. Björn Lomborg ya nos hizo las cuentas (y todavía nadie le ha llevado la contraria!):  Aplicando TODAS las medidas anunciadas por TODOS los países hasta el 2030, y PROLONGÁNDOLAS hasta el 2100, lograríamos reducir el Calentamiento Global en 0.17°C.  Resulta que en el MIT otros científicos se ponen a hacer las mismas cuentas, y el resultado que alcanzan es prácticamente idéntico: sin París, en 2100 la temperatura subiría 3,9°C (lo cual ya se me antoja ciertamente exagerado) y con París, 3,7°C.  Y todo por el módico precio de 100 billones de dólares: 100.000.000.000.000 $

Si el Cambio Climático es la amenaza que casi todos dicen que es, el Tratado de París no es más que una manera particularmente elegante de enterrar la cabeza en la arena.

Y es que no falta literatura que muestra la vacuidad de ciertas políticas de “salvamiento climático”. Ted Nordhaus und Jessica Lovering se pusieron un dia a investigar sobre los efectos positivos de las medidas aprobadas en Kyoto… y apenas encontraron alguno:

Tras revisar los datos de evolución de llamada “Carbon Intensity of Energy” en la mayoría de los países, vemos cómo ésta apenas ha disminuído 0,2 puntos desde la firma del acuerdo de Kyoto. Ellos concluyen:

It is impossible to say what emissions would have been in the absence of such measures and clearly, a range of actions to shift to cleaner energy sources have been motivated at least in part by climate concern and cognizance that some national and international action to significantly constrain emissions may be forthcoming. But if results to date are any guide, real progress on decarbonization primarily depends upon specific domestic energy, industrial, and innovation policies, not emissions targets and timetables or international agreements intended to legally constrain national emissions.

Pues eso, que menos lobos, caperucita.

Hardin y la tragedia de los comunes, que es en verdad la tragedia de la ausencia de propiedad

Con los alumnos de Law & Economics estuvimos viendo el papel que cumple el derecho de propiedad y ahora vemos los problemas que genera su ausencia. Para ello, leemos lo que ya es un clásico “La tragedia de los comunes”, de Garrett Hardin.

Curiosamente, el artículo plantea el problema a través de un tema en el cual creo que erra: el crecimiento poblacional. Sin embargo, presenta allí el famoso ejemplo de los pastores que llevan sus ovejas a pastar a un valle común que es perfecto.

Sobre el primer tema Hardin parece recitar a Malthus:

“La población, como lo dijo Malthus, tiende de manera natural a crecer “geométricamente”, o como decimos hoy, exponencialmente. En un mundo finito esto significa que la repartición per cápita de los bienes del mundo debe disminuir. ¿Es acaso el nuestro un mundo finito?”

“Se puede defender con justeza la idea de que el mundo es infinito; o de que no sabemos si lo sea. Pero en términos de los problemas prácticos que hemos de enfrentar en las próximas generaciones con la tecnología previsible, es claro que aumentaremos grandemente la miseria humana si en el futuro inmediato, no asumimos que el mundo disponible para la población humana terrestre es finito. El “espacio” no es una salida.”

“Un mundo finito puede sostener solamente a una población finita; por lo tanto, el crecimiento poblacional debe eventualmente igualar a cero.”

Presenta a este problema como una “tragedia de la propiedad común”, en el sentido que todos somos “dueños” del planeta pero eso hace que ninguno se preocupe por el carácter finito de los recursos cuando decide traer a un nuevo ser humano al mundo, contribuyendo con su finitud. En todo caso, el análisis debería llevarnos a poner la mira en la falta de derechos de propiedad sobre muchos recursos naturales, no en el exceso de población que podamos generar al tomar decisiones sobre la composición de nuestras familias.

Pero en el medio de todo eso, el otro caso es muy bueno

El ejemplo de los pastores que llevan sus rebaños a un valle, aumentado su número sin pensar que el valle se depreda es lo mejor del texto, y aplicable a muchos contextos donde no hay derechos de propiedad definidos. También lo es su mención de que el problema se resuelve asignando derechos de propiedad privada a los pastores. Elinor Ostrom luego sugeriría que también funcionaría una propiedad grupal de todos los pastores sobre el valle.

En fin, aquí se abre la puerta al análisis de incontables recursos que enfrentan esta “tragedia”, desde las ballenas hasta la atmósfera, y la posibilidad de desarrollar derechos de propiedad en cada uno de ellos. Pero la finitud de los recursos no es un buen caso, y tendrá el mismo destino que el pesimismo de Malthus. Es más, esa misma iniciativa emprendedora e innovación que extiende la finitud de los recursos también es la que busca desarrollar derechos de propiedad en aquellos recursos que aún no los tienen, y así proteger los recursos que son escasos y multiplicarlos.

Ya que estamos con la Copa América veamos algo sobre la contaminación del aire en Santiago

Esta edición de la Copa América en Chile ha puesto en la atención el tema de la contaminación del aire, con particular referencia a la ciudad de Santiago, pero no limitado a ella. El diario La Tercera analiza el tema en su edición del martes 30 de Junio, primero comparando distintas políticas (“¿Qué han hecho otras ciudades para combatir la contaminación?”)   y luego una entrevista al Ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier Martínez (“Restricción por tecnología o antigüedad de vehículos son alternativas que se evalúan”).

El título de la nota está claro, se está pensando en restricciones administrativas basadas en lo que los funcionarios entienden que debe limitarse o reducirse. Pero, ¿qué tal si se pensara en utilizar el sistema de precios? Esto es lo que comento al respecto en el libro:

air-pollution

Entre los últimos desarrollos en el área de las políticas públicas gubernamentales se encuentran los esfuerzos para generar “derechos de propiedad” sobre un determinado recurso, a fin de contar con sus incentivos para resolver problemas de “tragedia de la propiedad común”.

Un ejemplo de este tipo de políticas son los mecanismos de mercados de permisos de emisión (emissions trading), o cap and trade. Según estos esquemas, una agencia gubernamental establece un límite máximo de emisión de un determinado elemento contaminante. Este límite puede ser establecido de forma “técnica”: por ejemplo, la cantidad de ese elemento que puede emitirse y seguir contando con una atmósfera saludable; o puede serlo también de forma “política”: un límite igual o superior a la emitida actualmente, para no generar costos adicionales, al menos al inicio.

Una vez establecido el límite, se divide el total en partes que se asignan a los emisores, de tal forma que no se puede emitir la sustancia contaminante sin contar con un permiso, y se garantiza así que no se emitirá más de lo que se ha determinado como técnica o políticamente aceptable. Para permitir un ajuste por etapas, ese límite puede reducirse gradualmente hasta que el límite “político” se acerque o coincida con el “técnico”.

Los permisos pueden asignarse al principio gratuitamente a los actuales emisores o pueden ofrecerse a la venta en subasta. Una vez asignados, se permite su compra y venta, generándose un mercado de permisos de emisión y un precio para cada permiso. De esta forma, se busca que se produzca una reducción o limitación “eficiente” de las cantidades emitidas, ya que, suponiendo que se han asignado el total de permisos dentro del límite, un nuevo emisor que quiera comenzar sus actividades deberá adquirir un permiso por la cantidad que espera emitir, si es que el precio de eliminar su propia emisión es mayor que el precio del permiso —ya que, de otra forma, simplemente colocaría el “filtro” respectivo—.

Veamos esto con un ejemplo:

Supongamos que existen tres emisores actualmente con permisos y con los siguientes costos de instalación de un filtro por tonelada o cualquiera que sea la medida establecida:

Emisor A                         Emisor B         Emisor C

Costo del filtro                              1.500,000                      1,100,000       3,000,000

 

Actualmente, los últimos permisos intercambiados en el mercado lo han sido a un precio de 1,000,000. El costo de eliminar la emisión para el nuevo emisor que quiere ingresar en este mercado es de 5,000,000 por unidad. Obviamente le conviene comprar un permiso antes que instalar su filtro, lo que en la práctica equivale a decir que le conviene comprar el filtro de otro antes que el propio. Así, entonces, eleva el precio ofreciendo, digamos, 1,200,000 por un permiso. El emisor B estará interesado en comprarlo, ya que de esa forma puede colocar su propio filtro a un costo de 1,100,000 y aún le quedan 100,000. Y se satisface el objetivo general: que el límite de emisiones no se modifica; se permite el ingreso de un nuevo emisor, pero reduciendo la emisión donde el costo de hacerlo resulte más económico.

Hay varios esquemas de permiso de emisión vigentes, siendo tal vez el más conocido el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (EU ETS); también los hay en Estados Unidos para la lluvia ácida a nivel nacional y otros a nivel regional, entre ellos el RECLAIM, Regional Clean Air Incentives Market .

Este programa comenzó en 1994. En vez de regular a cada una de las fuentes emisoras, incluye a cada una de ellas dentro de una “burbuja” imaginaria, que es el límite de emisión. Cada empresa recibió créditos por una cantidad igual a su límite de emisión, según la legislación planificadora anterior. Los créditos se basan en los picos de producción y los requerimientos de las normas y medidas de control vigentes; son anuales y pueden comprarse y venderse. El organismo de aplicación AQMD (Air Quality Management District) mantiene una lista de todas las empresas que poseen créditos, y los va reduciendo año con año. También ejerce el control de las emisiones para asegurarse de que ninguna empresa sobrepasa el límite de los permisos obtenidos.

Los océanos no están tan mal como pensábamos. ¿Qué implica esto para políticas ambientales?

Los temas ambientales están sujetos al dramatismo, lo cual no favorece una consideración razonada de los problemas. Se tiende a pensar en términos dramáticos: el mundo está en peligro, cerca del colapso. A partir de situaciones como esas se promueven luego políticas que tendrían un alto costo en términos de crecimiento económico, y es el crecimiento económico el que ha sacado a más gente de la pobreza. Es decir, que políticas ambientales costosas se pueden medir en términos de más o menos pobres. El tema no es menor.

De tanto en tanto, sin embargo, aparecen noticias y estudios que muestran algo diferente. Por ejemplo esta noticia respecto al estado de los mares: http://www.clarin.com/sociedad/oceanos-peces-plastico-cientificos_0_1213079165.html

Las cosas no están tan mal como se piensa: “En los océanos del mundo no hay tanto plástico como se creía y viven diez veces más peces de los que se calculaba, según comprobaron científicos de la expedición española Malaspina. El biólogo, Carlos Duarte, coordinador del proyecto, presentó hoy en Barcelona los resultados de la mayor investigación mundial sobre el estado global de los mares y sobre su biodiversidad en el siglo XXI.”

Deep ocean fish

“Los científicos, que navegaron durante siete meses en una singladura de más de 35.000 millas náuticas a bordo de dos buques, comprobaron que los contaminantes químicos se hallan extendidos por todos los rincones del océano. Pese a ello, los investigadores del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) desmintieron que exista una “isla de plástico” en medio del océano Pacífico y ahora investigan por qué hay menos plástico del que esperaban encontrar.”

Puede ser que existan bacterias que destruyen los plásticos o que haya peces en las profundidades del mar que los consuman. En fin, algo así como los cerdos, que se comen la basura y la transforman en jamón.

En las profundidades del mar, hay 10 veces la cantidad de peces que se suponía:

“La expedición, que contó con un presupuesto de casi de 7 millones de euros (unos 9 millones de dólares), descubrió también que en los océanos viven entre un 10 y un 30 por ciento más peces de los que se pensaba hasta ahora. “En profundidades donde la luz solar no llega vive una biomasa de peces hasta 10 veces mayor de lo que se pensaba”, afirmó Duarte. Se trata de animales que viven a entre 400 y 700 metros de profundidad, como el pez linterna o el pez dragón, que tienen la facultad de esquivar las redes. Estudiar la composición de estos peces y de los otros microorganismos encontrados permitirá en un futuro aprender a crear vida a partir de cambios químicos sin la ayuda de la luz solar.”

En fin, por lo menos, estas noticias nos muestran que hay que ser cautos en estos temas porque es muy poco lo que se conoce. Por lo tanto, proponer drásticas políticas que tendrían un alto costo en términos de crecimiento económico es algo que debería ser considerado con sumo cuidado y prudencia, al menos.

Tres de los diez principales problemas ambientales: contaminación del aire, agricultura y asentamientos urbanos

En un post anterior comenté un interesante artículo titulado “Urgencias ambientales: los diez problemas que esperan solución”, donde se comentan los resultados de una investigación de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara: http://www.lanacion.com.ar/1720041-urgencias-ambientales-los-diez-problemas-que-esperan-solucion y se los compara con los del informe del Índice de Calidad Institucional 2013, que también consideraba los principales problemas ambientales: http://www.libertadyprogresonline.org/2012/07/12/indice-de-calidad-institucional-2012/

Veamos ahora los temas que ese artículo no trata:

Contaminación del aire:

La contaminación ambiental del aire ha contribuido a generar enfermedades respiratorias en la población. Es la combustión a leña el principal factor causante de la contaminación interior, y los transportes e industrias, de la contaminación exterior. El número de vehículos aumenta cada año (incentivado por el diesel subsidiado) generando mayores emisiones de gases tóxicos y PTS (partículas totales suspendidas). La contaminación ha llegado a una situación crítica en muchas ciudades. En 1974, San Pablo fue declarada en estado de emergencia debido a una nube formada por miles de toneladas de monóxido de carbono emitidos por miles de automóviles y de industrias. En Puerto Rico, las industrias químicas, el super-puerto y las plantas de refinación del petróleo han afectado las vías respiratorias de 1/5 de la población. México DF también tiene grandes problemas con el material particulado en suspensión, y Bogotá (Bolivia) y Santiago de Chile tienen un grave problema con el esmog, Esto se debe en parte a que la capital chilena se encuentra entre montañas, lo que provoca que el aire se quede atrapado y no alcance a eliminar la contaminación. Sorpresivamente, el caso de Buenos Aires es muy distinto. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud reveló que es una de las ciudades con menos contaminación en América latina y el mundo, y se encuentra entre los que no representan daños para la salud. Lo curioso es que Buenos Aires no obedece a las políticas públicas sustentables o prácticas ecológicas por parte de la población, sino que es su ubicación geográfica y las condiciones meteorológicas las que hacen que la contaminación se disipe diariamente sin provocar alteraciones en la salud. A pesar de la gran cantidad de emisiones que generan los automóviles, el transporte público, las industrias y las centrales térmicas que generan energía eléctrica, el hecho de que Buenos Aires esté situada sobre una llanura, sumada a los vientos y el mayor caudal de precipitaciones, hace que esté muy ventilada y que la contaminación atmosférica no sea un asunto de relevancia.

Agricultura:

La extensión de la agricultura y el uso creciente de biotecnología y agroquímicos ha permitido un gran aumento de la producción de alimentos. No obstante, como toda tarea realizada con el afán de obtener ganancias, es cuestionada por su impacto ambiental, con más prejuicio que fundamento. Uno de los casos de mayor impacto en la región está relacionado con el uso de semillas genéticamente modificadas y del glifosato. La expansión de la producción agrícola, y en particular de la soja, en los últimos años, ha sido enorme . Algo menos se conoce respecto al paso de la siembra convencional a la siembra directa. En la primera se abre la tierra con arados para desmalezar y luego sembrar, en la segunda se deja sobre la tierra el rastrojo de la siembra anterior y solamente se abre una ranura angosta donde se siembra la semilla para luego cubrirla. El riesgo de erosión medido en toneladas de sedimentos por hectárea por año es de 16,73 en el caso de la siembra convencional y de 4,96 en la siembra directa.

En cuanto al glifosato, se trata de un herbicida para controlar las malezas que compiten con el cultivo por recursos como el agua, la luz y los nutrientes. Las semillas transgénicas permiten contar con semillas que resisten al glifosato por lo que al utilizarlo se eliminan solamente las malezas y no se perjudica al cultivo. Su uso se ha extendido rápidamente en la Argentina mostrando la iniciativa de los productores para adoptar nuevas tecnologías.

Pero ahora bajo el argumento de un supuesto daño ecológico y a la salud humana, quienes sueñan con un cierto modelo de sociedad aunque sea más atrasada, se lanzan contra el glifosato pese a que es clasificado como de baja toxicidad por la Organización Mundial de la Salud. Este organismo internacional que califica distintas sustancias en cuatro categorías lo ha colocado en la cuarta, la de menor riesgo, sin ofrecer peligro. En 1985 los productos fitosanitarios utilizados se repartían en tercios entre las categorías I, II y III de la OMS, ahora se utiliza un 75% del glifosato clase IV y el resto en las otras tres con tan sólo un 5% de la categoría I.

El impacto medido en unidades toxicológicas por unidad de superficie ha caído de 56,15 en 1985 a 0,74 en 2005, una cifra nada menos que 75 veces menor, y la producción se ha duplicado en ese mismo período. Tomando en cuenta ese aumento, el impacto por unidad de producto se ha reducido 128 veces.

Otros problemas asociados con la agricultura son la deforestación (considerada ya en el punto anterior) y la erosión del suelo. Esta última se ve reducida donde existen claros derechos de propiedad y la posibilidad de realizar contratos de arrendamiento a largo plazo, lo que no ocurre en todos los países.

Asentamientos urbanos:

El crecimiento de asentamientos urbanos informales con hacinamiento, sin servicios sanitarios, a veces ocupando zonas inundables. El origen de esos asentamientos está asociado a políticas económicas que no suelen ser vinculadas con este problema. El deterioro de la moneda y el surgimiento de la inflación destruyeron el ahorro a largo plazo, reduciendo el crédito hipotecario e impidiendo el acceso a la vivienda. La única alternativa para sectores pobres era ocupar tierras y construir sus precarias viviendas sobre las que incluso no poseen título alguno. Los Estados se han mostrado incapaces de resolver el problema creado y mucho más de generar las condiciones de estabilidad monetaria que permitan un renacimiento del crédito hipotecario.

Los principales diez problemas ambientales. La deforestación de bosques y selvas

En un post anterior comenté un interesante artículo titulado “Urgencias ambientales: los diez problemas que esperan solución”, donde se comentan los resultados de una investigación de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara: http://www.lanacion.com.ar/1720041-urgencias-ambientales-los-diez-problemas-que-esperan-solucion y se los compara con los del informe del Índice de Calidad Institucional 2013, que también consideraba los principales problemas ambientales: http://www.libertadyprogresonline.org/2012/07/12/indice-de-calidad-institucional-2012/

Veamos ahora el tema de los bosques y selvas:

Para la Fundación:

En un siglo, la Argentina perdió 73 millones de hectáreas de bosques selvas. La última cifra oficial es de 2011: hay 27 millones o menos de hectáreas verdes nativas. Para la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Sayds), esa pérdida muestra “una aceleración del proceso en las últimas décadas”. En varias provincias avanzan con los desmontes más allá de las zonas aprobadas y hay ecorregiones desprotegidas, como la del monte de llanuras y mesetas (desde San Juan hasta Chubut), la espinal (llanura chaco pampeana) o los bosques de caldén (La Pampa) y de los talares (Buenos Aires).

SOLUCIÓN: Hacer cumplir la ley de bosques, respetar el presupuesto del fondo nacional para la conservación de los bosques (se cubre el 10%) y sancionar una ley para que las provincias restauren no menos de 10.000 hectáreas de áreas forestales degradadas, en especial en el Chaco húmedo, el Chaco seco, la selva misionera, la llanura chaco pampeana y el monte de llanuras y mesetas.

Informe ICI 2012:

Deforestación de bosques: América Latina cuenta con enorme cantidad de bosques y la selva más grande del mundo. Se estima que además de poseer la mayor biodiversidad y regular la temperatura global, la selva del Amazonas provee 1/5 del oxígeno del planeta, el 15% de agua dulce y la tercera parte de la madera del mundo. Desde el año 2000, se han talado aproximadamente 150.000 Km. cuadrados de selva en Brasil, mediante quemas para dejar lugar a la agricultura (sobretodo para la soja) y ganadería, o la explotación de la madera. Ayudado además por el subsidio de la construcción de carreteras, y el aumento en la densidad de población .

El gobierno da su apoyo a estas actividades de explotación mediante créditos y exenciones de impuestos lo que promueve aún más la deforestación. Asimismo, no hay derechos de propiedad claros, provocando que propietarios y ocupantes luchen por el derecho a propiedad, causando conflictos entre ellos y frecuentes ocupaciones. La mayoría del territorio Amazónico todavía no es legalmente propiedad de nadie. El sistema legal no protege a los propietarios de la expropiación por parte de ocupantes ilegales, quienes invaden la tierra, la explotan, para luego reclamar derechos de propiedad.

Según el Estatuto de la tierra de 1964 y la constitución de 1988 de Brasil, un ocupante tiene el derecho de instalarse en tierras publicas y hacer uso privado de ellas. Si explotan la tierra por un año reciben el usufructo, y si a los 5 años siguen ocupando y desarrollando la tierra, obtienen el derecho a propiedad. Pero como el proceso es lento y faltan presupuestos, muchos propietarios no están legalmente registrados. Por ello talan la selva para reafirmar su uso productivo de la tierra y evitar que alguien la reclame, porque el uso agrícola es considerado “uso productivo” pero no así el mantenimiento y explotación del bosque original. Talar es, entonces, una forma de obtener el reconocimiento.

Así, los propietarios explotan su tierra de manera que genere beneficios inmediatos, desmontando la zona para la ganadería y la agricultura impactando drásticamente al ecosistema, sin importar las consecuencias a futuro, en medio del auge de la agricultura como consecuencia del mejoramiento de los precios internacionales de productos agrícolas, como la soja. También se debe al incremento en la demanda de combustible a partir de la leña y de alimento, debido al aumento de la densidad poblacional. El subsidio a la producción de etanol, obtenido a través de la caña de azúcar también ha promovido la deforestación en Brasil, tercer productor de etanol en el mundo.

Algo similar ocurre en la Amazonia boliviana, donde el conflicto reciente en relación al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS), es una muestra más de falta de definición de derechos, incluso colectivos, entre comunidades campesinas y colonos. También en el departamento del Boquerón, en el Chaco paraguayo.

La forestación se ha visto también perjudicada por la inestabilidad jurídica y políticas macroeconómicas que reducen la preferencia temporal, impiden el cálculo económico a largo plazo, absolutamente necesario para una actividad como ésta. La falta de moneda estable concentra la actividad productiva en el corto plazo, eso no incluye a la forestación o la explotación racional de bosques nativos.

En otros países de la región la deforestación es causada por la combinación de alta densidad poblacional y pobreza, y el uso de leña como única fuente de energía. Esos bosques suelen ser propiedad pública y el Estado no actúa como un real propietario ni asigna ese derecho a los habitantes para que tomen en cuenta el daño sobre su propio recurso o tengan incentivo a cuidar y plantar, no solamente a cortar y podar.

Los diez principales problemas ambientales. El de la minería es un problema de derechos de propiedad

En un post anterior comenté un interesante artículo titulado “Urgencias ambientales: los diez problemas que esperan solución”, donde se comentan los resultados de una investigación de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara: http://www.lanacion.com.ar/1720041-urgencias-ambientales-los-diez-problemas-que-esperan-solucion y se los compara con los del informe del Índice de Calidad Institucional 2013, que también consideraba los principales problemas ambientales: http://www.libertadyprogresonline.org/2012/07/12/indice-de-calidad-institucional-2012/

Veamos ahora el tema de la minería:

Para la Fundación:

Mientras a comienzos de los 90 en el país operaban siete empresas internacionales, en 2005 pasaron a ser 55 y aumentaron desde entonces, con un alto nivel de conflictividad social y sin definir las áreas de explotación minera para proteger los ecosistemas, la flora y la fauna autóctonos ni las fuentes naturales de agua dulce.

SOLUCIÓN: Prohibir la actividad minera en las áreas naturales protegidas y limitarla cerca de esas zonas y de sitios con gran biodiversidad o que provean de agua dulce a pueblos y campos.

Informe ICI 2012:

La minería cumple un importante papel en muchos países latinoamericanos, uno que ha adquirido adicional relieve estos últimos años a partir de los altos precios de todos los commodities, y dentro de ellos los minerales. Algunos países tienen una larga tradición de explotación minera, como Chile o Bolivia, otros, como Argentina o Perú, la han estado desarrollando más intensamente.

El establecimiento de claros derechos de propiedad y el principio de responsabilidad estricta convierten a cualquiera en responsable de todo daño que pueda ocasionar sobre la vida o la propiedad de otros. Se han extendido en varios países protestas contra nuevos proyectos mineros, con más prejuicio que información. Quien entienda ser damnificado por las externalidad producidas por esta actividad tiene todo derecho a demandar tanto sea la reparación del daño realizado como la atención sobre un daño potencial. Pero esto debe demostrarse, no puede haber una condena y sanción sin fundamento, que es lo que parece extenderse en las protestas ecologistas.

La minería requiere de grandes inversiones, y es necesario ofrecer seguridad jurídica para atraer capitales dispuestos a llevar a cabo estos proyectos.

La minería, como otras actividades, puede causar problemas ambientales, como la erosión, la contaminación del suelo, aire o agua por químicos que se utilicen en esos procesos, la disposición del material no utilizado. En la mayoría de los países hay regulaciones que requieren que las empresas realicen Evaluaciones de Impacto Ambiental, cumplan con Planes de Gestión Ambiental y lleven adelante Monitoreos Ambientales. En muchos países de América Latina también existen normas de este tipo, aunque su cumplimiento se vea afectado por la baja calidad institucional en algunos países.

Las grandes compañías, además, buscan cumplir estándares adicionales como los Principios Equator, los estándares ambientales de la CFI, o los principios desarrollados por el International Council on Mining and Metals, la certificación ambiental de las normas ISO 9000 y 14000, o la Iniciativa de Informe Global de Ceres .

Recientes rechazos a las operaciones de minería a “cielo abierto”, no toman en cuenta que las empresas acumulan el material estéril en “escombreras” que serán utilizadas en la restauración una vez que se termine la explotación. Han surgido conflictos en Argentina, Perú y Panamá, y el alto precio de los minerales sugiere que surgirán otros en tanto se quieran aprovechar las oportunidades existentes.

La propiedad estatal del subsuelo hace que un proyecto minero se convierta en un costo para los habitantes de la zona, y no una gran oportunidad. Ellos ven que el Estado concesiona la explotación, los recursos van al Estado, nacional o provincial, y deben esperar que la política funcione de tal forma que reciban algo de ello, lo que muchas veces no sucede. Los gobiernos terminan asignando el gasto para otras prioridades y los habitantes se quedan con el costo ambiental sin el beneficio económico. La mina a cielo abierto de Cerro de Pasco en Perú, una ciudad a 4.300 metros de altura, ocupa el 50% del polígono de la ciudad. Por cierto que se generan fuentes de trabajo allí, pero si tuvieran un derecho sobre el recurso su situación sería por completo diferente, el costo sería compensado por un beneficio directo.

Matan a los rinocerontes por los cuernos, pero hay “propietarios” que los cuidan y reproducen

Luego de una serie de posts sobre temas ambientales en América Latina, aquí va un interesante artículo sobre los rinocerontes en Sudáfrica y los derechos de propiedad, por Timothy Taylor, publicado por PERC: http://perc.org/articles/property-rights-and-rhinos

Rinoceronte negro

Algunos párrafos:

En Sudáfrica se encuentra el 75% de la población de rinocerontes negros y el 96% de los blancos. Debe haber algunas lecciones para los conservacionistas detrás de estas estadísticas. Michael ‘t Sas-Rolfes cuenta la historia en “Salvando a los Rinocerontes Africanos: Un éxito del mercado”, publicado como un caso de estudio por PERC (Property and Environment Research Center).

La historia no es solo sobre mercados. En 1900, los rinocerontes blancos habían sido cazados casi hasta ser extinguidos, quedaban unos 20 en una reserva en Sudáfrica. La población se recuperó algo pero lentamente y a mediados del siglo XX había suficientes como para comenzar a relocalizar grupos reproductores en los parques nacionales de Sudáfrica, como también en las reservas privadas de caza. En 1968 se autorizó la primera caza legal del rinoceronte blanco.

En los años 1980s, dice Sas-Rolfes, sucedió algo extraño. En 1982 la Junta de Parques de Natal estableció un precio de lista para el rinoceronte blanco de 1.000 Rands sudafricanos, pero el precio promedio pagado por un cazador ese año era de 6.000 Rands. Las reservas privadas de caza rápidamente aprovecharon esta oportunidad de arbitraje. La Junta de Parques de Natal comenzó a subastar sus rinocerontes. En 1989, los vendía por 49.000 Rands, pero el precio promedio para el cazador había subido a 92.000 Rands. Había serias dudas de que este fuera un buen sistema para criar y cazar rinocerontes desde una perspectiva ambiental amplia.

Pero en 1991 entran en escena los derechos de propiedad.

Antes de ese momento, toda la fauna salvaje de Sudáfrica era considerada por la ley como res nullius o propiedad sin dueño. Para obtener los beneficios de la propiedad de un animal salvaje tenía que ser cazado o domesticado. Esto creó un incentivo para recolectar, no para proteger, valiosas especies salvajes –ya que aun si un productor pagaba por un rinoceronte no podía reclamar compensación si su propiedad la mataba un cazador furtivo. Reconociendo los problemas asociados con el principio de res nullius, la comisión redactó una nueva legislación: La Ley de Robo de Especies de 1991. Esta política permitió la propiedad privada de cualquier animal salvaje que pudiera ser identificado de alguna forma, como una etiqueta. Los efectos combinados de los precios de mercado a través de subastas y la creación de derechos de propiedad más firmes cambiaron los incentivos de los productores privados. Ahora tenía sentido criar rinocerontes más que matarlos apenas los recibían.

Para entender el efecto de los derechos de propiedad en la conservación veamos la diferencia de poblaciones entre rinocerontes negros y blancos. Comparemos la cantidad de rinocerontes blancos con los negros , que viven en países sin fuertes instituciones de mercado y sin derechos de propiedad como Kenia, Tanzania y Zambia. En 1960 había unos 100.000 rinocerontes negros en África, pero a principios de 1990 la caza furtiva los había reducido a 2.500. Los únicos rinocerontes que quedan están en países con fuertes instituciones de mercado, como Sudáfrica o Namibia o en zonas intensamente protegidas.

Existe una fuerte demanda por el cuerno de los rinocerontes y especialmente desde 2008 estos enfrentan el riesgo de la caza furtiva. Así lo describe un experto del grupo Save the Rhino:

“Además de las zonas intensamente protegidas –que implica protectores costosos y no totalmente incorruptibles- y la existencia de reservas privadas de caza, la otra opción es buscar minar el mercado negro del cuerno de rinoceronte con un mercado legal. Otras opciones más controvertidas que discuten en Save the Rhinos incluyen sacarles los cuernos para que sean menos atractivos a los cazadores furtivos y tal vez, permitir la venta legal de estos cuernos, para reducir los precios pagados a los furtivos. Los cuernos están hechos de queratina, sustancia similar a la de las uñas y el pelo, y el cuerno podría sacarse cada año o dos: tal vez más que competir con el mercado ilegal haría más fácil para los furtivos venderlos ilegalmente. En definitiva, dado que Sudáfrica es donde más rinocerontes hay, supongo que tomará una decisión en base a alguna de estas opciones”.

Los diez principales problemas ambientales. Ahora la energía, ¿a qué precio?

En un post anterior comenté un interesante artículo titulado “Urgencias ambientales: los diez problemas que esperan solución”, donde se comentan los resultados de una investigación de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara: http://www.lanacion.com.ar/1720041-urgencias-ambientales-los-diez-problemas-que-esperan-solucion y se los compara con los del informe del Índice de Calidad Institucional 2013, que también consideraba los principales problemas ambientales: http://www.libertadyprogresonline.org/2012/07/12/indice-de-calidad-institucional-2012/

Petróleo

Veamos ahora el tema de la energía:

Para la Fundación:

El viento costero y patagónico, la luz solar y el agua son recursos naturales aún desaprovechados. “El modelo vigente y su tendencia nos alejan de poder diversificar la matriz energética”, dicen los autores del informe. En 2012 (el último período para el que obtuvieron datos), las pequeñas centrales hidroeléctricas activas aportaron 92 MW y las centrales eólicas y solares fotovoltaicas, 118 MW (ese año, España obtuvo 21.288 MW del viento). El uso de la energía tampoco es tan eficiente en los hogares, la industria y el alumbrado público (sólo la ciudad y la provincia de Buenos Aires poseen un plan de reemplazo de las luces de las calles con lámparas de alta eficiencia).

SOLUCIÓN: Ampliar el uso de las etiquetas de eficiencia energética más allá de los electrodomésticos, instalar atenuadores de potencia en el sistema de alumbrado público del país, educar a la población en el consumo responsable y promover la coproducción industrial de energía eléctrica y térmica a partir de un solo combustible.

Informe ICI 2012:

El impacto ambiental del consumo de energía se debe al uso de la leña a nivel doméstico, al uso de combustibles fósiles a nivel urbano por parte de los vehículos de transporte, y la emisión de gases de efecto invernadero, a nivel global. El desarrollo de energía hidroeléctrica, si bien es renovable, genera también impactos ecológicos, causando inundaciones de terrenos. El potencial solar, hidroeléctrico y eólico, o de biocombustibles no compite todavía en costos con los combustibles fósiles, los Estados subsidian a algunos en lugar de desregular, reducir cargas e impuestos para que estas nuevas tecnologías prosperen. Precios subsidiados generan un consumo mayor de energía, visibles particularmente en los países productores de petróleo como México, Venezuela y Ecuador. En el caso del primero los subsidios a la gasolina alcanzan la cifra de 10.000 millones de dólares, al diesel unos 3.600 millones. También se subsidia el precio de la electricidad con el mismo resultado de un mayor consumo.

El subsidio a energías renovables, como la producción de biocombustibles, no necesariamente reduce la emisión de CO2 ni genera un menor consumo de electricidad, sobre todo cuando sus tarifas también son subsidiadas por el Estado, y desplaza también la cobertura vegetal existente, bosques o la producción de cosechas con destino a la producción de alimentos. No reduce el consumo de combustibles fósiles.

Los 10 principales problemas ambientales. Hoy: la disposición de residuos

En un post anterior comenté un interesante artículo titulado “Urgencias ambientales: los diez problemas que esperan solución”, donde se comentan los resultados de una investigación de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara: http://www.lanacion.com.ar/1720041-urgencias-ambientales-los-diez-problemas-que-esperan-solucion y se los compara con los del informe del Índice de Calidad Institucional 2013, que también consideraba los principales problemas ambientales: http://www.libertadyprogresonline.org/2012/07/12/indice-de-calidad-institucional-2012/

Veamos ahora el tema de los residuos:

trash

Para la Fundación:

Existen más de 3000 basurales a cielo abierto, donde conviven residuos domiciliarios e industriales. Están en más del 70% de los municipios con menos de 10.000 habitantes y el 50% de los de más de 100.000 habitantes. Esta “tradición” argentina de no organizar la disposición de los desechos ni fomentar la separación y el reciclaje de los residuos (el 40% es potencialmente reutilizable) aumenta la contaminación del aire, el suelo y el agua con un alto riesgo sanitario.

SOLUCIÓN: Fomentar la separación de los residuos y el reciclado de materiales, identificar a los grandes generadores de desechos, aplicar la ley de gestión de residuos domiciliarios y eliminar los basurales a cielo abierto.

Informe ICI 2012:

Los residuos sólidos se han incrementado en gran volumen como consecuencia del crecimiento poblacional y el incremento en la producción per cápita (sobre todo plásticos y materia orgánica). Los gobiernos han dejado en manos de empresas privadas la recolección pero se han quedado con la responsabilidad de la disposición final y no han permitido que surjan incentivos para la generación de menor cantidad de residuos y de mejor calidad. En algunos casos colocan contenedores que permiten una calificación, pero como no hay mayores incentivos que la conciencia (no muy firme como se ve abajo), buena parte de la clasificación para el reciclado la realizan recolectores informales, quienes cumplen una gran función, aunque con poco orden y organización. Los desechos orgánicos no se consideran materia prima de alto valor y no son recuperados por los recicladores informales. En los sectores más pobres de las ciudades y pueblos que no cuentan con servicios confiables de recolección de desechos, estos desechos suelen acumularse al borde de las carreteras y caminos, son quemados por los residentes, o se depositan en basureros ilegales.

El precio del servicio de recolección no refleja los costos de la disposición final de los distintos productos, ni discrimina por cantidad. Suele estar vinculado con el valor de la propiedad, pero éste no es un buen indicador de la cantidad y calidad de basura que se genera. De esta forma el consumidor no envía señales a los productores para que mejoren la capacidad de reciclado de los envases.

Sólo un pequeño porcentaje de los desechos se deposita en rellenos sanitarios. La mayoría se lleva a depósitos abiertos o a rellenos sanitarios, no recubiertos, sin protección de aguas freáticas, ni sistemas de tratamiento.