Tamaño del Estado, felicidad y nivel de inteligencia: ¿cuánto más alto el IQ más eficiente? ¿Y los incentivos?¿Y la moral?

Los economistas suelen explorar el mundo vinculando distintos “datos estilizados”, como suelen decir, o, simplificando, estadísticas. Esto los lleva muchas veces a buscar relaciones entre fenómenos sin prestar la debida atención a la explicación lógica que pueda existir entre dos variables y, más importante aún, su causalidad. Es decir, dos variables pueden estar relacionadas, se puede evaluar eso a través de sofisticadas regresiones, pero eso no nos resuelve la gran duda de cuál determina a cuál.

Así es que aparecen cosas como ésta, un paper del profesor de Princeton Raufhon Salahodjaev, titulado “Government size, intelligence and life satisfaction”, disponible aquí: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/76902/1/MPRA_paper_76902.pdf

El título ya dice todo, se trata de la relación que pueda existir entre el tamaño del estado, la inteligencia y la satisfacción en la vida. Dice al resumen:

“Estudios reciente muestran que factores sicológicos, como la capacidad cognitiva, juegan un papel importante en la modelización empírica de la satisfacción con la vida 6y sugieren que la inteligencia es representativa del capital político e intelectual. Estos artículos, sin embargo, solamente exploran el efecto directo de la inteligencia en el bienestar subjetivo. En este estudio conjeturamos que el capital intelectual es un mecanismo a través del cual el tamaño de la burocracia impacta en la satisfacción con la vida. Utilizando datos de 147 países, encontramos que la interacción entre el IQ de un país y el tamaño del estado es positiva y significativa, sugiriendo que el tamaño del estado aumenta la satisfacción con la vida más en los países con alto IQ y menos en los países con menores niveles de capacidad cognitiva”.

¿Y cuál sería la explicación de esa relación? Así lo comenta:

“Tomando en cuenta que el funcionamiento eficiente de las instituciones de gobierno ‘depende de un público que pueda procesar información compleja y participar activamente en política’, podemos anticipar que el efecto del sector público en la satisfacción con la vida depende del nivel de inteligencia. Más aún, la investigación muestra que la inteligencia promedio de la elite gobernante se relaciona positivamente con el éxito económico, los estándares morales en el gobierno y las prioridades del gasto público  (Simonton, 1985, 2006a,b). Por ejemplo, gobiernos en países con IQs más altos dedican más recursos al gasto militar (Salahodjaev, 2016), ratifican tratados internacionales sobre el ambiente más a menudo  (Obydenkova & Salahodjaev, 2016), y es más probable que inviertan en salud (Lv & Xu, 2016) y muestren mayor preocupación por la población menos privilegiada (Salahodjaev & Azam, 2015).”

En definitiva, el argumento del autor es que cuanto más inteligentes serán los políticos y burócratas, más eficientes serán los servicios del estado….

Uhm!!! ¿Y los incentivos de políticos y funcionarios? Tal vez si son más inteligentes lo son para perseguir mejor sus propios objetivos, que no son estrictamente los de los votantes. En otras palabras, pueden ser más inteligentes para robar…

Me parece que falta Public Choice en el análisis.

¿Y qué pasa con los valores y la cultura que predominan en una determinada sociedad? Pueden ser inteligentes pero tener pésimos valores. ¿Acaso mide eso el IQ?

La causa del éxito del lobby: los beneficios están concentrados en unos pocos, los costos dispersos entre muchos

Los alumnos de OMMA Madrid leen los Caps 4 y 5 de El Foro y el Bazar. En el primero de ellos se presentan los distintos elementos del “análisis económico de la política” o “public choice”, en particular los incentivos que tienen los votantes para estar informados. En el segundo se analizan los incentivos que tienen los políticos y los funcionarios.

Aquí, algunos párrafos para explicar porqué es posible el “lobby”, debido al aprovechamiento de la circunstancia que los votantes no están bien informados, ni tienen fuertes incentivos para estarlo:

Los problemas que hemos señalado hasta aquí hacen posible que un gobernante pueda alejarse de la búsqueda del “bien común” —incluso le sería muy difícil conocer o detectar cuál es— y atender el propio o el de grupos minoritarios que no podrían obtener la aprobación de la mayoría. Madison (2001), en un clásico de la filosofía política, considera como “facción” tanto a un grupo mayoritario como a uno minoritario que impulsa su propio interés contra los intereses de otros ciudadanos[1]. La diferencia en este caso está en que cuando es la mayoría la que busca un privilegio puede hacerlo a través del control mayoritario del poder, mientras que la minoría debe hacerlo a través del lobby[2].

Si la mayoría de los votantes tienen un incentivo para ser “racionalmente” desinformados o incluso erróneamente desinformados, esto incluye conocer los detalles de una actividad en particular. Sin embargo, quienes obtienen sus ingresos de esta actividad están fuertemente incentivados para conocer muy bien las consecuencias que los cambios de políticas pueden ocasionar en sus resultados, y los políticos que pueden obtener el apoyo de estos grupos también tienen el incentivo para conocer ese impacto y para tratar de conseguirlo, si es que pueden obtener algún beneficio de ello.

De otra forma, resultaría difícil explicar cómo en una democracia donde gobierna la mayoría pueden aprobarse políticas que benefician a un determinado grupo y cuyo costo recae en los demás. Por ejemplo: en Europa, los agricultores no son más del 5% de la población total. ¿Qué explica entonces que esos Gobiernos democráticos aprueben presupuestos comunitarios con muy elevadas sumas de subsidios a los productos agrícolas, cuyo costo recae en el 95% restante?

Podría pensarse que ese 95% quieren, en forma altruista, subsidiarlos, porque estiman la tradición, por afecto al pasado o por otro tipo de circunstancias. Pero si así fuera, no tendrían que recurrir a subsidio; simplemente le pedirían a los consumidores que paguen un precio más alto por sus productos. Parece más probable la explicación que presenta el “análisis económico de la política”. Según este, sucede lo siguiente: los beneficios están concentrados en unos pocos, mientras los costos se reparten entre un gran número de personas.

[1]. “Por facción entiendo a un número de ciudadanos, ya sean una mayoría o una minoría del total, quienes están unidos y actúan bajo el común impulso de la pasión o el interés, adversos a los derechos de otros ciudadanos, o los intereses permanentes y agregados de la comunidad”.

 

[2]. “Si una facción consiste en menos que la mayoría, el alivio lo brinda el principio republicano que permite a la mayoría derrotar sus visiones siniestras por medio del voto regular. Puede atascar la administración, puede convulsionar la sociedad, pero no podrá ejecutar y disfrazar su violencia bajo las formas constitucionales. Cuando una mayoría es incluida en la facción, la forma del gobierno popular, por otro lado, le permite sacrificar a su pasión o interés, tanto el bien público como los derechos de otros ciudadanos”. (Madison 2001).

 

.

Para Maduro, Cristina Kirchner, o Trump: James Buchanan sobre la democracia limitada y la ilimitada

Con los alumnos de la materia Public Choice, completamos las lecturas con una conferencia de James Buchanan, publicada con el título “Democracia limitada e ilimitada”. Es lo que piensa Maduro en Venezuela o pensaba Cristina Kirchner en Argentina para quien, un 54% de los votos la habilitaba a tomar cualquier medida. Algunos párrafos:

Buchanan

“Al preparar este trabajo sobre el tema señalado en el título, mi primera reacción fue asombrarme de que alguien pudiera sostener seriamente la idea de una “democracia ilimitada” en cualquiera de sus formas o modalidades. En sentido literal, la “democracia ilimitada” presumiblemente permitiría a una mayoría o a una pluralidad de votantes —ya sea a través de plebiscitos, referenda o asambleas elegidas— hacer cualquier cosa, en el momento que se les ocurra y a quienes les plazca.

El significado totalitario de la “democracia ilimitada”, definida e interpretada en este sentido, ha sido reconocido por lo menos desde los tiempos de los primeros autores griegos sobre política. Aunque la teoría política ha retrocedido durante nuestra era, especialmente a partir del siglo XVIII, no creo que sea posible, aun en 1981, encontrar a alguien que defienda sinceramente un régimen mayoritario totalmente irrestricto.

El debate critico de nuestro tiempo, para los años 80 y siguientes, no se centra en la conveniencia o inconveniencia de la democracia ilimitada. El debate gira mas bien sobre el tipo y grado de restricciones mínimas que se necesitan para asegurar la viabilidad de una sociedad en la cual los individuos puedan mantener sus libertades individuales y, desde un punto de vista más instrumental, sobre cómo estas limitaciones pueden ponerse en práctica según la mentalidad vigente a fines del siglo XX.”

“En los Estados Unidos celebraremos el bicentenario de nuestra Constitución en 1987. He sugerido que esta década sea consagrada al “diálogo constitucional”, el que debe buscar corregir las fallas que han permitido a los gobiernos contemporáneos expandir sus facultades mucho más allá de las fronteras visualizadas por nuestros padres de la patria. Tenemos necesidad urgente de reformas constitucionales, de poner nuevos límites a los alcances excesivos del Leviatán que ha crecido a pesar de la presencia de restricciones procesales.

Permítaseme concluir con un mensaje de esperanza. El proceso de reforma ya ha comenzado; Howard Jarvis escandalizó al mundo en 1978 cuando logró la aprobación en California de la Proposición Nº 13; Ronald Reagan inició todo este proceso mediante su fracasado intento con la Proposición Nº 1 en 1973. Tanto el clima académico como político está mucho más receptivo a las ideas constitucionales en 1981 que durante ningún otro período de mi carrera activa. Este interés no parece limitarse solamente a mi país. El público de Europa, América Latina y Japón ha parecido receptivo a mis propios intentos de persuasión durante los últimos dos años.

El profesor Hayek ha sugerido que las últimas dos décadas de este siglo serán de importancia crítica; opina que si de alguna forma pudiéramos atravesar estas dos décadas sin la pérdida total de las libertades, el comienzo del siglo XXI podría ofrecer brillantes perspectivas. Esta percepción de Hayek se basa en su convicción de que probablemente las generaciones más jóvenes no cometerán los mismos errores intelectuales que sus mayores. Quiero hacer notar que ya han transcurrido dos o tres años desde que Hayek hizo estas observaciones y que hemos avanzado sorprendentemente bien: se ha producido una evolución notable en la opinión pública con respecto a la política. Mis advertencias de precaución dirigidas a los miembros de esta sociedad apuntan en contra de una posible “complacencia electoral”. No debemos adormecernos por las victorias electorales temporales de los políticos y de los partidos que comparten nuestros compromisos ideológicos. En un sentido muy real, estas victorias tienden a distraer nuestra atención de los temas más fundamentales como son la imposición de nuevas reglas para limitar la acción del gobierno, reglas que sean operativas al margen de quienes sean los partidos o políticos que ejerzan el poder durante cortos períodos. La permanencia temporal en el poder de aquellos líderes que compartan nuestros compromisos ideológicos puede y debe ser usada positivamente, aprovechando el escaso tiempo disponible para diseñar e implementar nuevas reglas que sean, al menos, elementos cuasi permanentes del tejido social.”

¿Puede la “economía de la conducta” mejorar Public Choice y así acercarla más a los Austriacos?

Con los alumnos de la materia Public Choice, vemos el trabajo de Schnellenbach, Jan; Schubert, Christian sobre un campo nuevo en esta área, “behavioral public choice” o, ¿cómo traducirlo? ¿análisis económico de la conducta política?. El paper se titula “Behavioral public choice: A survey” Freiburger Diskussionspapiere zur Ordnungsökonomik, No. 14/03; Freiburger Diskussionspapiere zur Ordnungsökonomik, No. 14/03 (2014). Disponible en: http://hdl.handle.net/10419/92975 Walter Eucken Institut; ORDO Constitutio in Libertate. Algunos párrafos:

“En el origen de la teoría de Public Choice se encuentra un llamado para alinear los supuestos motivacionales que subyacen en el estudio de la política con los de la economía. Se asume típicamente que la gente maximiza su utilidad subjetiva tanto en el mercado (como productores o consumidores) como en la política (como votantes, políticos, burócratas o lobbystas). Como enfatiza Brenna (2008), sin embargo, esa simetría motivacional no se traslada necesariamente a simetría conductual, dados los débiles incentivos para invertir en una toma de decisiones racional en el campo de las decisiones colectivas. Esto ocurre particularmente con los votantes, cuya conducta perfectamente racional puede llevar a resultados colectivos catastróficos, porque los mecanismos individuales de aprendizaje en la política son mucho más débiles y más indirectos que los del mercado.

Por ello, se espera que los sesgos cognitivos jueguen un papel tan importante en la política como en el mercado. La teoría de Public Choice es, por lo tanto, uno de los campos que muy probablemente se beneficiará de aplicar conceptos de la economía conductual (behavioral economics). Sorprendentemente, estos enfoques son relativamente nuevos en Public Choice. Tal vez se explique porque los académicos de PC se enfocaron originalmente en exportar el enfoque de la elección racional a áreas de no-mercado, y no consideraron modificar sus propios métodos analíticos (Wallerstein, 2004).

Al aplicar enfoques conductistas al Public Choice, afirmando que los individuos son más proclives a sesgos y otros problemas cognitivos cuando entran la arena política no ha de ser el fin de la historia. Más bien, un análisis sistemático de los desvíos del supuesto básico de conducta racional es requerido. Por ello, muchos autores han alentado a los académicos a que se aventuren más allá  de los supuestos básicos de racionalidad y maximización de utilidad (p. ej., Simon 1995; Ostrom 1998; Kliemt 2005).”…

“Hay un cierto número de ancestros del Behavioral Public Choice (BPC). No sorprende que Adam Smith se haya adentrado en este territorio cuando especulaba, primero, que una razón clave para la existencia del gobierno es la protección de la propiedad privada de transgresiones que se alejen de la conducta “razonable” (que, para Smith, implicaba actuar moralmente). Segundo, argumentaba que los individuos racionales van a subinvertir en la calidad de las decisiones políticas: como observara George Stigler, Smith era un pesimista al respecto, en el sentido de que ‘daba un papel más importante a la emoción, el prejuicio y la ignorancia en la vida política de lo que diera alguna vez en los asuntos económicos ordinarios’ (Stigler 1982). Luego de Smith, la creencia que los individuos pierden algo de su capacidad de razonamiento cuando entran en la esfera política puede encontrarse en Mill (1948), quien defendiendo al laissez-faire advertía sobre la conducta de ‘manada’ en la política, la incompetencia debida a la falta de especialización, malos incentivos debido al pequeño interés personal en juego en las decisiones gubernamentales y el peligro que los individuos perdieran su capacidad de contribuir voluntariamente a los bienes públicos si se acostumbraban a delegar más y más competencias en el estado.”

En tiempos de elecciones importantes y sorpresivas: Tullock sobre la matemática de contar los votos

En estos momentos de elecciones con impacto, con los alumnos de la materia Public Choice vemos a Gordon Tullock sobre sistemas electorales y escrutinios de elecciones:

Tullock

“La democracia ha tenido un serio problema desde hace ya un largo período. Un poco antes de la Revolución Francesa, Condorcet, un matemático distinguido y miembro de la Academia Francesa, descubrió un problema matemático en el proceso de votación. Al comienzo de la década de 1950, Keneth Arrow, quien luego se convirtió en Premio Nobel, en parte por este trabajo, formuló una demostración general en orden a que todos los procesos de votación están sujetos a este muy severo problema.

El Imperio Romano fue en general un gobierno muy exitoso, pero tenía lo que hoy consideraríamos una forma muy grotesca para tomar ciertas decisiones importantes. Mataban un buey, observaban detenidamente su hígado y de acuerdo a esta inspección cuidadosa decidían lo que pensaban que los dioses querían que ellos hicieran. Hoy diríamos que no estaban recibiendo orientación de parte de los dioses; pueden haber sido engañados por sus sacerdotes, lo que tal vez ocurrió aun con la mejor de las intenciones. Por otra parte, pueden haber estado recibiendo una serie de resultados al azar.

Las matemáticas, según pronto les explicaré brevemente, plantean la posibilidad real de que el acto de votar, que es la base de toda estructura democrática, sea de la misma índole, ya que no es algo producido por la voluntad del pueblo o que sume las preferencias, sino que es simplemente un generador de sucesos al azar. No estoy diciendo que podamos demostrar que es así, sino que en este momento no hay forma de probar lo contrario; por cierto, el trabajo matemático realizado indica que es así.

Habiendo presentado esta demostración como una especie de advertencia a todos ustedes en contra de poner atención al resto de mi charla, procederé ahora a hablar acerca de problemas prácticos al diseñar una Constitución. Si todos ustedes, una vez escuchada la demostración, se paran y se van, no estaré en posición de reclamar.

Cuadro 1

Votante 1: A B C

Votante 2: B C A

Votante 3: C A B

Déjenme comenzar con el Cuadro 1: tenemos un cuerpo de votantes compuesto por 3 personas que son el señor 1, el señor 2 y el señor 3, y ellos están escogiendo entre las alternativas A, B y C, y cada uno de ellos tiene el orden de preferencia que he mostrado, o sea, el señor 1 prefiere a A sobre B y a B sobre C. Preguntémonos qué pasaría si votaran sobre el asunto. El procedimiento habitual en la mayoría de las legislaturas, cuando hay más de dos alternativas, es agruparlas de a pares. Por ejemplo, pongamos a A contra B y luego a la alternativa ganadora contra C. Al observar este caso, vemos que el señor 1 votaría por A, el señor 2 votaría por B y el señor 3 votaría por A, resultando en que A tiene más votos que B. A continuación se toma el ganador en contra de la alternativa C; en este caso, el señor 1 votará por A, el señor 2 por C y el señor 3 por C; por lo tanto, C le gana a A. Esta es la forma en que característicamente se detiene el proceso en las legislaturas comunes.

Pero supongamos que somos escépticos y en vez de decir que como C gana a A y A gana a B, C le debe ganar a B. Al observar cuidadosamente vemos que el señor 1 votaría por B, el señor 2 votaría por B y el señor 3 votaría por C. En otras palabras, no hay una sola proposición que pueda ganar si las consideramos todas, ya que una de estas tres proposiciones será derrotada por una de las otras. Esto se llama un ciclo de votación.

Cuando se tiene dicho tipo de ordenamiento de las preferencias estamos ante la desafortunada circunstancia de que el resultado queda completamente determinado por el orden de la votación. Desgraciadamente, cualquiera sea el orden por el cual se sometan a votación, el asunto no mejora nada, ya que dicha votación sólo reproduce el mismo problema.

Así no hay salida. Parecería, sin embargo, que estoy recurriendo a mucha simetría en este diagrama, ejemplificando una situación muy improbable. La razón por la que apelo a esta simetría es porque tengo sólo 3 votantes, ya que si se tiene un número grande de votantes no es necesaria tanta simetría. Por ejemplo, si se supone que hay 100 votantes como el señor 1 y 100 votantes como el señor 2, ocurrirá el mismo fenómeno.

Las investigaciones de carácter matemático acerca de la frecuencia de los ciclos en el mundo real han resultado ser extremadamente difíciles. Yo comencé con eso, programando un computador; generé una gran cantidad de individuos en la memoria del equipo, les di órdenes de preferencia, los hice votar y conté los ciclos. Ese método se ha repetido después en una forma mucho más complicada y sofisticada y se han desarrollado numerosas técnicas matemáticas, todas las cuales inducen a creer que los ciclos son en realidad muy comunes. Sin embargo, debo decir que realmente no lo sabemos.”

B. Frey: El fracaso del gobierno es más significativo que el fracaso del mercado (en verdad, su ausencia)

Con los alumnos de Public Choice vemos a Bruno Frey en “La relación entre eficiencia y la organización política”, donde compara el fracaso del estado y el del mercado. En verdad, en el caso de este último, se trata más bien de su ausencia, por la ausencia de derechos de propiedad. También, por la comparación con una situación ideal que no existe ni podría existir :

“A. El fracaso del mercado

Los mercados privados competitivos no logran un óptimo de Pareto o un resultado eficiente cuando existen externalidades o bienes públicos o cuando las economías de escala llevan a los proveedores a una posición monopolista. Éste fue el mensaje de la teoría económica de posguerra, que gozó de general aceptación. En consecuencia, el gobierno (que, según se da por sentado, tiene que elevar al máximo el bienestar social) debe intervenir para obtener un resultado más eficiente. Después de haber llegado a esta conclusión, considerándola satisfactoria, los políticos obran en consecuencia, tanto en el nivel microestructural (e. g., nacionalizando empresas o llevando a cabo políticas estructurales) como en el macroestructural (adoptando una política fiscal y monetaria de neto corte keynesiano).

Esta concepción, que dominó la escena económica hasta fines de la década del sesenta y parte de la del setenta, todavía existe en la actualidad. Si bien no es sorprendente que muchos políticos continúen aprovechando esta invitación a aumentar las actividades gubernamentales, también comparten este punto de vista destacados representantes de la teoría económica. Por ejemplo, en el enfoque neoclásico de la economía pública, los impuestos y los precios públicos se determinan sobre la base del supuesto de que el gobierno eleva al máximo el bienestar social.

  1. El fracaso del gobierno

El advenimiento de la moderna economía política (que incluye la elección pública, el nuevo institucionalismo y el análisis de los derechos de propiedad y de los costos de transacción), en la que se da por sentado en todos los aspectos que el gobierno es un actor endógeno dentro del sistema político-económico, afectó notablemente la ortodoxia respecto del fracaso del mercado (por ejemplo, véanse los trabajos de Mueller, 1989; Eggertsson, 1990, y Frey, 1983). En este enfoque se analizan cuidadosamente las propiedades de los sistemas de toma de decisiones políticas.

El “Teorema de imposibilidad general” (Arrow, 1951, cuyo antecedente es Condorcet, 1795), que establece la conclusión fundamental de que bajo supuestos “razonables” no existe un equilibrio político entre opciones siempre que se tomen en cuenta las preferencias individuales, despertó gran interés entre los eruditos. Los resultados electorales revelan una inestabilidad cíclica; en el caso de los asuntos multidimensionales, pueden abarcar todo el espacio político, incluyendo los resultados ineficientes (McKelvey, 1976).

Otros fracasos políticos también han sido objeto de un profundo análisis: debido al problema de los bienes públicos involucrado, los votantes no tienen demasiados incentivos para informarse acerca de la política y para participar en los procesos electorales; el resultado medio de una elección resultante de una competencia perfecta entre dos partidos en general no es eficiente; no todos los intereses en juego tienen la misma capacidad de establecer grupos de presión política (Olson, 1965); y las burocracias y la búsqueda de rentas constituyen un elemento adicional para desnaturalizar las asignaciones destinadas a lograr eficiencia.

Sobre la base de estos y otros fracasos políticos se ha llegado a la conclusión de que el gobierno no puede superar las deficiencias del mercado. Lo que ocurre en la realidad es más bien que la intervención política impide aun más la eficiencia. Un ejemplo de esto es el incentivo gubernamental en favor de la creación de un ciclo de negocios (Nordhaus, 1989) que incremente sus posibilidades de reelección.

  1. El fracaso del gobierno es más significativo que el fracaso del mercado

La moderna economía política ha alcanzado resultados tan convincentes que en este momento los eruditos ortodoxos piensan que los fracasos del mercado tienen menos importancia que los fracasos políticos. Esta creencia se afianza aun más por el redescubrimiento de la proposición de Coase (1960) de que si los derechos de propiedad están bien definidos y los costos de transacción son bajos, las externalidades no impiden el funcionamiento de un mercado eficiente. Además, se considera cada vez más que las ganancias de las empresas monopolistas son un indicador de eficiencia en la producción. De estos resultados se desprende que los mercados funcionan bien y la política funciona mal (véase un análisis de este tema en Wintrobe, 1987, pp. 435-6, o en Wittman, 1989, pp. 1.395-6), y en consecuencia habría que reducir generalmente la intervención gubernamental o eliminarla por completo, reservando la asignación de recursos a los mercados privados.”

Vincent Ostrom y el federalismo: órdenes policéntricos, donde el poder está disperso, no concentrado

Con los alumnos de la materia Public Choice, vemos a Vincent Ostrom, quien profesor de ciencias políticas y también marido de Elinor Ostrom, la única mujer galardonada con el premio Nobel en Economía, sobre un tema en el cual se especializara: el federalismo. Aquí, de su artículo “Consideraciones Constitucionales con particular referencia a los Sistemas Federales”, Revista Libertas IV: 7 (Octubre 1987):

“Madison (sin fecha: 337-338) resumió los principios constitucionales que se aplican a un sistema republicano de gobierno:

“Al constituir un gobierno que ha de ser administrado por hombres que regirán los destinos de otros hombres, la gran dificultad reside en que debemos darle la posibilidad de controlar a los gobernados y, en segundo lugar, obligarlo a controlarse a sí mismo. No hay duda de que el principal control depende del pueblo, pero la experiencia ha enseñado a los hombres la necesidad de tomar precauciones auxiliares.

Esta política de suplir, por medio de intereses opuestos y rivales, la falta de mejores motivos, podría rastrearse a lo largo de todo el manejo de los asuntos humanos, tanto públicos como privados. Tal política puede observarse particularmente en las distribuciones subordinadas del poder, cuyo objetivo consiste siempre en dividir y disponer los diversos cargos de manera que cada uno de ellos pueda controlar a los demás; en otras palabras, que los intereses privados de cada individuo vigilen y controlen los derechos públicos. Estas prudentes disposiciones son requisitos importantes para la distribución de los supremos poderes del Estado”.

Los intereses opuestos y rivales de Madison se basan en el mismo presupuesto enunciado por Montesquieu (1966: Libro XI) cuando afirma que el poder debe ser usado para controlar al poder.

De acuerdo con esta concepción, ningún individuo o grupo de individuos gobierna la sociedad. Por el contrario, el gobierno depende de la concurrencia de diversos grupos que toman las decisiones. Pueden establecerse normas, y éstas pueden ser puestas en vigor, pero nadie ejerce privilegios ilimitados. Todo el mundo tiene acceso a prerrogativas que pueden utilizarse para recusar el inadecuado ejercicio de la autoridad por parte de cualquier funcionario o grupo de funcionarios. Este sistema, organizado sobre la base de intereses opuestos y rivales, depende decisivamente del conocimiento compartido que pueda tener el pueblo acerca de los estándares de valor fundamentales que se utilizan para establecer distinciones esenciales respecto del adecuado ejercicio de las funciones gubernamentales. Cuando surgen conflictos, las diversas estructuras de decisión proveen múltiples remedios para solucionarlos y transformarlos en relaciones mutuamente fecundas y productivas. La estructuración de esos intereses opuestos y rivales puede ser el preludio de un estancamiento o de un desacuerdo insuperable, a menos que se utilicen métodos de resolución de conflictos destinados a crear o restablecer comunidades de relaciones mutuamente fecundas. La implantación de un gobierno de este tipo debe tener necesariamente un alto costo. La utilización de intereses opuestos y rivales como principio básico de organización implica la aparición de altos niveles de conflicto; la retórica asociada con éstos dará una engañosa idea de desorden. Sin embargo, el conflicto se va diluyendo cuando los individuos se esfuerzan por encontrar los remedios que están disponibles en las diversas estructuras de decisión. Proporcional-mente, mucho tiempo y esfuerzo se dedicarán a la deliberación y a la toma de decisiones pública. El secreto será difícil de lograr incluso en áreas esenciales relacionadas con la seguridad nacional. El ejercicio de las prerrogativas de la función pública estará sujeto al escrutinio de la ciudadanía. Los procesos de gobierno deberán subordinarse a la dirección y al control de aquellos que se comprometen a ajustarse a los estándares de comportamiento y desempeño inherentes a un sistema de gobierno constitucional. La ciudadanía podría considerarse, entonces, como una suerte de unión compartida de asociaciones cívicas moralmente obligadas a defender y respetar los estándares de corrección, justicia y libertad en comunidades de relaciones mutuamente productivas. Los métodos basados en las Eidgenossenschaften podrían considerarse entonces como una alternativa de los métodos de Herrschaft, donde la Herrschaft es monopolizada por un centro único de autoridad o soberanía.”

La democracia como proceso de descubrimiento: ¿existe una economía “austriaca” de la política?

Existe, por supuesto, una “teoría económica de la política”, que se suele llamar “Teoría de la Elección Pública” o “Public Choice”. Ahora bien, ¿existe una teoría económica ‘austriaca’ de la política? Esto lo trata Michael Wohlgemuth en el interesante artículo titulado “La democracia como un proceso de descubrimiento: hacia una “economía austriaca” del proceso político” (Libertas 34, 2001).

Comienza con dos citas”

“Es en sus aspectos dinámicos, mas que los estáticos, donde se prueba el valor de la democracia… El ideal de la democracia descansa en la creencia de que la visión que dirigirá al gobierno emerge de un proceso independiente y espontáneo”.

Friedrich A. Hayek (1960: 109)

“Las perspectivas que ofrecen algunos de los análisis sobre ordenes espontáneos que ocurren fuera de situaciones de equilibrio pueden resultar útiles en aplicaciones a la política como a la economía”.

Y comenta:

“No existe una Economía Austríaca de la democracia. Es cierto que economistas austríacos como Hayek, von Mises o Lachmann han estudiado a los sistemas e ideas políticas. El estado, su poder e instituciones, su papel en la protección o destrucción del orden espontáneo del mercado se encuentra en el centro de tratamientos clásicos como La Constitución de la Libertad (Hayek, 1960), Ley, Legislación y Libertad (Hayek, 1973; 1976; 1979), Socialismo (Mises 1936/76), Gobierno Omnipotente (Mises, 1944) o El legado de Max Weber (Lachmann, 1970). Y aun más notablemente, todo el proyecto de la teoría económica de la democracia es considerado a menudo como habiéndose iniciado con un “austríaco”: con la formulación de Schumpeter sobre Otra Teoría de la Democracia (1942: cap. 22)1.

Sin embargo, parece correcto decir que no existe una economía de la política específicamente austríaca. Lo que hoy se conoce como la economía de la política (esto es, el análisis positivo de la política aplicando las mismas herramientas y conceptos utilizados para el análisis positivo de los fenómenos económicos) no es economía austríaca sino neoclásica. La impresión común que brindan los economistas austríacos -aunque esto refleja una visión relativamente simplista y sesgada del asunto- es que los austríacos se interesan exclusivamente de conclusiones políticas normativas derivadas de su ideal sobre los procesos del mercado libre. Los austríacos no tienen renombre por analizar la política como es utilizando sus conceptos y herramientas austríacas específicas en una teoría del proceso político. Por lo tanto, parece haberse desarrollado una división del trabajo intelectual que ha producido dos áreas distintas de preocupación teórica: si quieres saber lo que los políticos no deberían hacer o poder hacer, pregúntale a los austríacos. Si quieres saber lo que los políticos hacen, cómo y porqué lo hacen, pregunta a los economistas de la Elección Pública (Public Choice).

Sin embargo, nuestra afirmación de que los austríacos no han estudiado sistemáticamente el funcionamiento de los procesos políticos con las mismas herramientas analíticas y conceptos básicos que utilizan para el estudio de los procesos de mercado debe ser afinada aun más. Hayek, Mises o Kirzner han estudiado los problemas de la planificación e intervención política utilizando los mismos conceptos derivados de las condiciones de la acción humana: la falta de conocimiento de los actores, la coordinación de planes individuales sujeta a las reglas del juego, y las posibilidades e incentivos para actuar bajo esas reglas. La inhabilidad de las agencias políticas (digamos, en un régimen de socialismo de mercado) para mimetizar los procesos reales del mercado o para dirigir exitosamente al orden espontáneo del mercado hacia fines políticos preconcebidos ha sido una aplicación muy destacada y exitosa de la economía austríaca al estudio de la política. En verdad, los argumentos políticos presentados en el debate sobre el cálculo produjeron resultados empíricamente valiosos que muchas evaluaciones neoclásicas de la política no parecen poder brindar.

En las elecciones de la política hay ganadores y perdedores; no así en las elecciones en el mercado

Con los alumnos de la materia Public Choice, analizamos las similitudes y las diferencias entre las decisiones que tomamos en el mercado y en la política. Si bien, los autores fundacionales de esta escuela enfatizaron la existencia de “intercambios” tanto en un caso como en el otro, también comprendieron sus diferencias. Éstas las señala aquí Bruno Leoni, en un artículo titulado “El Proceso Electoral y el Proceso de Mercado”, (Libertas 27, Octubre 1997) publicado originalmente en Il Político, vol. XXV, N° 4 (1960). Reproducido como apéndice en Freedorn and The Law, Liberty Fund Inc., Indianapolis 1991:

“Si bien pueden existir muchas similitudes entre los votantes y los operadores de mercado, las acciones de ambos distan mucho de ser semejantes. Los votantes no parecen tener normas de procedimiento que les permitan actuar con la flexibilidad, independencia, coherencia y eficiencia que demuestran los operadores del mercado, que hacen elecciones individuales. Por cierto, en ambos casos las acciones que se llevan a cabo son individuales, pero se impone la conclusión de que el voto es un tipo de acción individual que, casi de modo inevitable, sufre cierto grado de distorsión al ser ejercida.

Elecciones

La legislación, considerada como resultado de la decisión colectiva de un grupo -sea la de todos los ciudadanos, como en las democracias directas de la antigüedad, o la de algunas pequeñas unidades democráticas en la edad media o en los tiempos modernos-, parece ser un proceso de creación de leyes que casi no puede ser identificado con el proceso de mercado. Únicamente los votantes que pertenecen a las mayorías triunfadoras (si, por ejemplo, se vota por la regla de la mayoría) son comparables a los operadores del mercado.

En cuanto a aquellos que integran las minorías perdedoras, ni siquiera pueden compararse con los que operan en el mercado en pequeña escala, porque debido a la divisibilidad de los bienes (que constituye el caso más frecuente) éstos al menos pueden encontrar algo que elegir y obtenerlo, siempre que paguen el precio correspondiente. La legislación es el resultado de una decisión de todo o nada. O se gana, y entonces se consigue exactamente lo que se desea, o se pierde y no se consigue nada en absoluto. Lo que es aun peor, se obtiene algo que no se quiere y se paga por ello lo mismo que si se lo hubiera deseado. En este sentido, los que ganan y los que pierden en una votación son como los vencedores y los vencidos en un campo de batalla. En efecto, la votación es más bien el símbolo de un combate que la reproducción de una operación de mercado.

Bien mirado, no hay nada de “racional” en el acto de votar que pueda compararse con la racionalidad imperante en el mercado. Obviamente, la votación puede estar precedida por argumentaciones y negociaciones, y en este sentido sería tan racional como una operación en el mercado; pero cuando llega el momento de emitir el voto, ya no se puede argumentar o negociar más. El individuo se encuentra en otro plano. Las boletas se acumulan como si se acumularan piedras o conchillas, lo que implica que uno no gana porque tenga más razón que otros, sino sólo porque cuenta con más boletas. En esta operación no se tienen socios ni interlocutores, sólo aliados o enemigos. Por supuesto que la acción de un individuo puede ser considerada tan racional como las de sus aliados y las de sus enemigos, pero el resultado final no es algo que pueda explicarse sencillamente como un escrutinio o una combinación de sus razones y las de aquellos que votaron en su contra. Este aspecto de la votación se refleja naturalmente en el lenguaje que emplean los políticos: éstos hablan de muy buena gana de campañas que se deben emprender, de batallas que es preciso ganar, de enemigos contra los cuales hay que luchar.

Ése no es el lenguaje del mercado, y la razón es obvia: en el mercado la oferta y la demanda no sólo son compatibles sino complementarias; en la arena política, a la que pertenece la legislación, la elección de los ganadores por un lado y la de los perdedores por otro no son complementarias, ni siquiera compatibles. Es sorprendente comprobar cómo los teóricos y el ciudadano común pasan por alto esta consideración tan simple -más bien diría tan evidente- sobre la naturaleza de las decisiones grupales (y en particular sobre la votación, que es el procedimiento usual para tomarlas).

Se había investigado mucho sobre los mercados, pero poco o nada sobre la política y el estado

Con los alumnos de la materia “Public Choice” leemos al mismo James Buchanan explicando el nacimiento de ésta área de la economía, en un artículo titulado: Elección Publica: Génesis y desarrollo de un programa de investigación:

Buchanan

Mi subtítulo caracteriza a la elección pública como un programa de
investigación en vez de como una disciplina o incluso como una subdisciplina
(la definición lakatosiana parece que cuadra muy bien). Un programa
de investigación exige aceptar un centro firme de supuestos que imponen
límites al dominio de la investigación científica, a la vez que, simultáneamente,
la protegen de críticas en esencia irrelevantes. El centro firme de la
elección pública se puede resumir en tres supuestos: (1) individualismo
metodológico, (2) elección racional, y (3) política-como-intercambio. Los
dos primeros bloques de esta construcción científica son los que le dan
forma a la economía más básica y generan pocas críticas desde el frente de
los economistas, aunque sean centrales en los ataques de los no economistas
a esta empresa en su conjunto. El tercer elemento del centro firme
es menos familiar y lo trataré de una forma más completa posteriormente.
Desde una perspectiva cronológica, este programa de investigación se
vincula a medio siglo, durante el cual se ha creado, desarrollado y madurado.
Aunque hubo precursores, algunos de los cuales se incluirán en el
relato que sigue, podemos fechar los orígenes de la elección pública a
mediados del siglo XX. Y, en sí mismo, este hecho es de gran interés.
Visto retrospectivamente, desde la ventajosa posición de 2003, el “hueco”
existente en la explicación científica para el que surgió la elección pública
parecía ser tan grande que el desarrollo del programa da la impresión de
haber sido inevitable.
Al salir de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos, incluso en las
democracias occidentales, estaban asignando entre un tercio y un medio
de su producto total a través de instituciones políticas de tipo colectivo en
vez de a través de los mercados. A pesar de ello, los economistas estaban
dedicando sus esfuerzos de manera casi exclusiva a explicaciones-interpretaciones
del sector de mercado. No se le dedicaba atención a la toma
de decisiones políticas de tipo colectivo. Los profesionales de la ciencia
política no lo hacían mejor. No habían desarrollado bases explicativas, no
contaban con teoría, por así decirlo, de las que se pudieran deducir hipótesis
falsables en términos operativos.
Así pues, el sector politizado de las interacciones sociales estaba, en
su conjunto, “pidiendo a gritos” modelos explicativos diseñados para
contribuir a la comprensión de la realidad empírica que se observaba. Mi
propia e insignificante primera aportación al tema (Buchanan, 1949) fue
poco más que un llamamiento dirigido a aquellos economistas que estudiaban
los impuestos y los gastos en el sentido de que prestaran alguna
atención a los modelos de políticas que se suponía estaban vigentes.