Una encuesta de Gallup sobre un tema que fue tratado muchas veces aquí: el impacto de las migraciones en el empleo

Hemos publicado aquí una serie de posts acerca de las Migraciones. Gallup publica hoy los resultados de una encuesta en los Estados Unidos, según la cual, una mayoría en ese país parecería comprender los beneficios de recibir trabajadores inmigrantes. Interesantes resultados de este trabajo.

El texto del informe está aquí: http://www.gallup.com/poll/213152/americans-say-immigrants-help-rather-hurt-economy.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_content=morelink&utm_campaign=syndication

Y su resumen dice:

“Cinco meses después de la presidencia de Donald Trump, el 49% de los adultos estadounidenses creen que los inmigrantes ayudan a la economía del país proporcionando mano de obra barata, superando al 40% que cree que los inmigrantes perjudican a la economía al bajar los salarios. Este es un retroceso cercano a la última vez que Gallup hizo esta pregunta, en 2005, cuando más gente pensó que los inmigrantes dañaron (49%) más que ayudaron (42%) a la economía.

Los últimos resultados provienen de una encuesta de Gallup del 7 al 11 de junio.

La tendencia de Gallup en esta cuestión se remonta a la presidencia de Bill Clinton, en 1993. En ese momento, poco después de la recesión de 1990-1991, casi dos tercios de los adultos estadounidenses pensaban que los inmigrantes hacían más daño que bien a la economía. Esta inquietud disminuyó en 1999 y 2000, pero se disparó brevemente en 2004, cuando el ex presidente George W. Bush propuso un programa de trabajadores temporales que permitiría a 8 millones de inmigrantes ilegales obtener un estatus legal antes de caer al 49% en 2005.

Trump hizo campaña para la presidencia en 2015 y 2016 en una plataforma para impedir que los inmigrantes indocumentados ingresaran al país y deportar a los que ya vivían en Estados Unidos. Como resultado, el debate sobre los inmigrantes, legales e ilegales, llegó al primer plano del discurso nacional de la campaña de Trump y se intensificó desde que se ha movido para entregar en sus promesas como presidente. Este debate ha abordado el potencial de que los inmigrantes están tomando puestos de trabajo de los ciudadanos estadounidenses y si los inmigrantes ilegales deben recibir servicios gubernamentales como la sanidad y la educación.

Dada la dura política del presidente republicano Trump sobre los inmigrantes, no es sorprendente que los miembros de su partido tengan menos probabilidades de decir que los inmigrantes ayudan a la economía. Los demócratas tienen más probabilidades de decir que los inmigrantes ayudan a la economía (59%) que los republicanos (28%). Esto es en contraste con la última vez Gallup hizo esta pregunta, en 2005, cuando el 40% de los demócratas dijo que la inmigración ayudaría en su mayoría a la economía, mientras que el 35% de los republicanos dijo lo mismo.

Los estadounidenses dicen que los inmigrantes toman empleos que los estadounidenses no quieren

La preocupación pública sobre los efectos de los inmigrantes sobre la economía puede ser incluso menos pronunciada de lo que parece ser. Gallup pregunta a los encuestados si piensan que los inmigrantes toman trabajos que los estadounidenses quieren o si toman empleos mal pagados que los adultos estadounidenses no están interesados. Por un margen abultado, el 72% dijo que los inmigrantes toman puestos de trabajo los estadounidenses sobre un 18% que dice que los inmigrantes toman trabajos que los adultos estadounidenses quieren.

Los puntos de vista de los estadounidenses sobre este tema han sido relativamente consistentes desde 1993, con la gran mayoría constantemente diciendo que los inmigrantes toman en su mayoría empleos que los estadounidenses no quieren. Esto fue más alto en 2004, cuando el 77% creía que los inmigrantes tomaban trabajos indeseados.

Los defensores de la inmigración a menudo afirman que los inmigrantes benefician a la economía de los Estados Unidos debido a su disposición a aceptar salarios inferiores a los que los estadounidenses trabajarán, manteniendo bajos los costos de bienes y servicios. Por el contrario, los opositores a la inmigración ilegal dicen que los inmigrantes ilegales bajan los salarios, bajando los ingresos de los estadounidenses que ya están empleados en los puestos de trabajo más mal pagados.

Los inmigrantes no tienen un efecto en los empleos o empresas de los estadounidenses

Además de la opinión de los estadounidenses de que los inmigrantes tienen un impacto positivo en la economía, y que aceptan trabajos que otros no quieren, la mayoría de los adultos empleados no ven que los inmigrantes tienen un efecto negativo en su propia situación de trabajo. Específicamente, el 60% dice que la inmigración no tiene ningún efecto en su propio trabajo, mientras que el 54% dice que no está afectando al negocio u organización para la que trabaja.

Entre los trabajadores estadounidenses que creen que la inmigración ha tenido un impacto en su trabajo o empresa, más dicen que esto ha sido positivo en lugar de negativo. Sólo entre el 11% y el 12% dice que la inmigración ha tenido un efecto negativo en su trabajo o empresa para la que trabajan.

Línea de fondo

La inmigración ha sido durante mucho tiempo un tema polémico en los Estados Unidos, que se remonta a los años 1800, cuando los inmigrantes de fuera de Europa del Norte comenzaron a llegar en gran número. Desde entonces, la cuestión nunca se ha desvanecido de la conciencia estadounidense, ya que las oleadas de inmigrantes de otras áreas del mundo continúan llegando a los Estados Unidos. Como Gallup ha determinado en los últimos años, más estadounidenses creían que los inmigrantes perjudican a la economía al bajar los salarios. En 2017, esto se volcó, potencialmente debido a un renovado aprecio por los inmigrantes o una reacción contra las políticas de inmigración del presidente Trump.

Las voces públicas en materia de inmigración han sido diversas, algunas de las cuales continúan presionando para obtener visas adicionales H-1B para atraer a más inmigrantes legales a este país, mientras que algunos estadounidenses critican más la inmigración. Queda por ver si habrá un aumento de la inmigración con el tiempo. Con el presidente promocionando el aumento de la “seguridad fronteriza” en sus primeros 100 días para mantener fuera a los inmigrantes ilegales, seguirá habiendo controversia sobre quién debe o no debe permitirse en este país.”

Pesca: la regulación está desde hace casi 20 años, es mucho mejor que lo actual, pero no se aplica todavía

Un interesante estudio sobre la pesca en la Argentina, por Ignacio Carciofi, recoge un tema relacionado con los derechos de propiedad en los recursos pesqueros y la asignación de cuotas individuales. El tema lo he tratado en el Cap. 15 de El Foro y el Bazar, con una visión muy cercana a la del autor, quien en su introducción señala:

“A fines de la década del 90 Argentina adoptó un modelo de manejo pesquero basado en cuotas individuales y transferibles de captura  (CITC). Desde el punto de vista de su concepción, dicho sistema de cuotas es valorado positivamente por la literatura especializada en la materia. Paradójicamente, la implementación práctica de este esquema regulatorio, describió un largo proceso de marchas y contramarchas. Las demoras en la aplicación de una regulación efectiva obligaron a la sanción de un régimen de emergencia pesquera a principios del año 2000 que dispuso una reducción severa de las capturas, especialmente de la Merluza Hubbsi o Merluza Argentina.

Transcurridos casi quince años desde la decisión inicial, recién a partir de los últimos tres años habría indicios    firmes de su implementación a  partir de la Resolución Nº1 del Consejo Federal Pesquero (CFP) de enero del 2013 que sintetiza en un texto ordenado las disposiciones previas y su lectura revela el conjunto de la arquitectura de regulación  aplicable. Esta nota se concentra en los aspectos conceptuales y argumenta que las CITCs, si son aplicadas de manera adecuada, pueden ser una herramienta           para un aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros.”

El trabajo está disponible aquí: http://fcece.org.ar/wp-content/uploads/2016/12/sde41.pdf?medium=EmailMarketing&Source=DualMail&Campaing=cece260117

Al respecto, parte de lo que digo en el libro:

Un sistema de cuotas transferibles consta, en primer lugar, de un límite general de captura de una determinada especie en cierta región. Esta cuota se establece según un criterio científico, para permitir la explotación, pero al mismo tiempo garantizar su preservación; es decir: la cuota total ideal sería aquella que permite la mayor captura, sin reducir las posibilidades de explotación futura. Una vez establecida, se divide la cuota y se asignan “derechos de pesca”: algo así como un derecho de propiedad sobre la pesca de una determinada cantidad. Estos derechos son necesarios para que los pescadores puedan capturar la especie, hasta el límite que su cuota particular establece; también pueden ser transferidos mediante compra, venta o alquiler. Se ha identificado ya la existencia de 121 pesquerías administradas con sistemas de cuotas transferibles (Costello et al, p. 1629), que mostraban un porcentaje igual a la mitad de “colapsadas” respecto a las que no eran administradas con estos sistemas, reflejando que no solamente permitirían una mejor protección del recurso, sino que también estarían logrando recuperar algunas, ya que las cuotas se suelen aplicar cuando es evidente el colapso.

Los precios que surgen de esas transferencias generan importante información respecto de las condiciones actuales y futuras de la especie y su valoración por los consumidores. Uno de los ejemplos más exitosos de esta política pública es Nueva Zelandia. Allí, el ministerio respectivo inicia todos los años una serie de consultas para evaluar la información relacionada con el posible stock de las especies que se han de capturar, incluyendo tanto a pescadores comerciales como a no comerciales, en particular maoríes. Las cuotas se definen como un porcentaje sobre la cuota total y, lo mismo que los derechos de emisión, pueden asignarse inicialmente en forma gratuita, reconociendo los porcentajes de captura que cada pescador alcanzara hasta el momento o vendiéndolos en subasta.

Incluso hay experiencias que muestran una combinación del sistema de cuotas transferibles con el manejo comunitario. Es el caso de The Challenger Scallop Enhancement Company, una organización autónoma y autoregulada que administra la pesquería más importante de vieiras en el país (Arbuckle 2000).

“Fallas de mercado”, y las regulaciones que pretenden mejorar la “imperfecta” competencia en los mercados

Los alumnos de OMMA Madrid leen los Caps 2 y 3 de El Foro y el Bazar. En el primero de ellos se presentan los distintos elementos de la denominada “teoría del fracaso del mercado”; un mal nombre en verdad, porque la mayoría de las veces se trata de ausencia de mercados, debido a una nula o escasa definición de derechos de propiedad; y en otros son fallas generadas por algún tipo de regulación. En el Cap. 3 se evalúan las políticas públicas usualmente propuestas para resolver estos problemas.

Aquí unos párrafos sobre las políticas de regulación de la competencia:

Hace unos años, la culminación de las negociaciones para la venta del supermercado argentino Disco (Ahold) por parte de Jumbo (Cencosud, empresa de origen chileno) no solamente puso fin a un proceso polémico; también inició otro entre distintos funcionarios del Gobierno respecto a las bondades de dicha fusión. Al mismo tiempo en Chile sucedió algo similar, debido a que la firma D&S compró a Carrefour y la misma Cencosud a los supermercados Las Brisas.

Un informe del Instituto Libertad y Desarrollo (2004) de ese país analizó los conceptos que había detrás del cuestionamiento a dichas fusiones y las teorías que los respaldan. Señaló dos: la teoría de la Estructura-Conducta-Desempeño, que plantea que si hay pocas empresas en un mercado existirá menos competencia, y la “hipótesis de la eficiencia superior”, desarrollada por el profesor de UCLA Harold Demsetz, que señala que la alta concentración y las mayores ganancias son resultado de ventajas competitivas y de eficiencia, no de un comportamiento monopólico. Ambas tienen consecuencias muy diferentes en cuanto a la política pública, pues la primera llevaría a cuestionar este tipo de fusiones, mientras que la otra no lo haría, y aún menos en el caso argentino, cuando la nueva empresa combinada tendría solo el 23 % del mercado.

Por otra parte, Dominick Armentano (1990) señala que las políticas públicas en esta materia en los Estados Unidos se basan en una concepción errónea de la competencia y el monopolio, ya que se evalúa el grado de competitividad de un mercado en comparación con un ideal de “competencia perfecta”, que, de existir, implicaría la ausencia de toda política competitiva —diferenciación de producto, publicidad, posicionamiento en el mercado, etc.—. También señala que los clásicos casos de empresas acusadas de maniobras monopolistas, a partir de la aprobación de la Ley Sherman en 1890 y la Ley Clayton en 1914, eran empresas que estaban ampliando su producción, mejorando su tecnología, reduciendo sus precios, actitudes todas contrarias a lo que deberíamos esperar de un monopolista.

Muchos economistas que han evaluado las políticas antitrust de las últimas décadas tienden a concluir que los casos más exitosos de cartelización y precios monopólicos se presentan en empresas bajo la protección de regulaciones gubernamentales respecto a los precios o a la posibilidad de ingreso de nuevos competidores. Esto es particularmente relevante en este caso, pues la preocupación gubernamental por esta fusión sería totalmente contradictoria con los impedimentos legales que se han puesto a la instalación de nuevos supermercados, particularmente en la provincia de Buenos Aires.

Y no solo eso: según Steven Salop, que fue funcionario de la administración Carter y actualmente es profesor en Georgetown University, y Lawrence White, de New York University, la segunda causa de acciones legales antitrust se origina en competidores de la empresa acusada, cuando estos actúan “competitivamente”, reduciendo sus precios. William Baumol y Janusz Ordover, también de NYU, llaman a esto el “abuso del antitrust”, y afirman que los beneficios a la competencia de las leyes antitrust son menores que los costos anticompetitivos de dicho abuso.

El informe de Libertad y Desarrollo presenta un análisis muy similar al de F. A. von Hayek, señalando que el grado de competencia en un mercado no depende de la cantidad de participantes, sino de las barreras existentes para el ingreso en el mismo. Puede ser que en algún momento haya pocas empresas, pero si la entrada es libre no podrán ejercer ningún poder monopólico, señalando como ejemplo el de los primeros productores de kiwi, que obtuvieron ganancias muy elevadas durante la primera cosecha, las cuales disminuyeron con el tiempo y el ingreso de nuevos productores. Culmina el estudio diciendo que el énfasis de la política pública debe ponerse en detectar si existen o no barreras a los mercados y cómo eliminarlas, en vez de impedir o limitar la concentración. Es decir, está diciendo que, más que mirar hacia fuera, un Gobierno debe mirarse a sí mismo.

Como puede verse, en el primer caso la política pública pone su atención en los participantes en el mercado; en el segundo, ve a la acción del mismo Estado como origen de los problemas.

Habiéndose asignado al Estado fuertes poderes regulatorios, no es de extrañar que el número de regulaciones haya crecido exponencialmente. Por ejemplo, durante el año 2009 el Federal Register de Estados Unidos, órgano oficial que publica las regulaciones emitidas a nivel federal, publicó 69,676 páginas, lo que da un total de 191 páginas por día, incluyendo los sábados, domingos y feriados.

Este fenómeno se vio impulsado a partir de un cambio en las doctrinas jurídicas vigentes, en cuanto a lo que se llama “poder de policía” del Estado. Así, por ejemplo, en el caso argentino y siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, se produce un cambio desde la concepción de un poder de policía “restringido” a otro más “amplio”.

Están en contra de las ‘low cost’ porque cuidan sus privilegios, que son los ‘high costs’ que pagamos nosotros

Hace unos días participé en un panel sobre “Economía” organizado por Hacer y Estudiantes por la Libertad, en el cual pude escuchar las acertadas críticas a ciertos aspectos de la política económica argentina, en particular, a la situación fiscal y el gasto público, un problema que, en general, todos los economistas reconocen. El tema, por supuesto, es qué se puede hacer y cuánto se puede avanzar, las que son preguntas políticas más que económicas. Y el carácter político de esas preguntas deriva, en última instancia, en ciertas ideas y valores que predominan en la sociedad.

Y, en muchos aspectos, se sigue mostrando una matriz claramente populista: en un país donde el populista de turno ha otorgado privilegios a tal o cual sector, luego cada intento de reducirlos genera una resistencia que, en algunos casos, hasta puede ser violenta. Nadie quiere resignar nada, y el Estado no da un buen ejemplo porque tampoco resigna nada, y afloja ante la más mínima resistencia.

Ahora, uno de los últimos casos, tiene que ver con el cambio en la presidencia de la compañía aérea estatal, Aerolíneas Argentinas, y las supuestas causas. Hay otras, pero me voy a concentrar en una de ellas: la supuesta resistencia de la presidente ante el posible ingreso de nuevos competidores en el mercado, especialmente algunas ‘low cost’.

Escuchaba a un periodista en la radio alabar a la funcionaria, la que se habría ido en virtud de que quería ‘defender a la empresa estatal’. Hoy, el secretario de la Asociación de Personal Aeronáutico figura diciendo que “decididamente vamos a impedir el arribo de las ‘low cost’.

“Vamos a impedir” no suena muy bien. Más bien, suena a que vamos a violar los derechos de otros. Y esos derechos son los de todos los ‘consumidores’ o ‘pasajeros’ argentinos a quienes se les quiere impedir tener el derecho a elegir, y la posibilidad de poder viajar más barato.

Se da prioridad a tener una “empresa estatal” de bandera, como si fuera un gran orgullo nacional, orgullo que nos costaba 700 millones de dólares al año y ahora, al menos ha costado 300. Y tienen prioridad, por supuesto, los sindicatos: la empresa no es para servir a los ciudadanos que quieran o necesiten viajar, la empresa es para los gremios y los empleados. Y los beneficios que estos tienen los pagarán, por ejemplo, los que viven en Formosa y se tienen que tomar un ómnibus por 24 horas para visitar a alguien en Buenos Aires. Todo eso, por supuesto, en nombre del pueblo y la empresa “nacional y popular”.

Donde más ciegos son es en aferrarse a ese pequeño privilegio, que no solamente perjudica a quienes quieren viajar, sino que a ellos mismos. En todas las desregulaciones que han tenido lugar en los últimos tiempos, principalmente en Estados Unidos y en Europa, el resultado ha sido una explosión de nuevas empresas, en la cantidad de vuelos y en el número de trabajadores en la industria, sin contar los beneficios de todos los vinculados con el turismo y otros.

Pero no, todo eso se sacrificará en aras de ese pequeño coto de caza que algunos quieren sostener. Estar en contra de las ‘low cost’ significa, de una forma u otra, estar a favor de las ‘high cost’.

Para embarrar el tema lo máximo posible he visto que sostienen que se estarían dando privilegios a Avianca porque habría comprado la empresa que era del padre de Macri. Todo puede ser en este país, pero en tal caso, corresponde que no exista tal privilegio como tampoco los que tienen ahora. Por más que fuera cierta, esa denuncia no hace mella en el argumento en favor de más competencia.

Copiado de Mussolini, Paula Urien describe en La Nación, en forma impecable, el sistema laboral argentino

No la conozco a Paula Urien, periodista del diario La Nación, pero su artículo titulado “Diez prácticas cuestionadas del actual modelo sindical” merece una felicitación. El artículo está aquí: http://www.lanacion.com.ar/1967992-diez-practicas-cuestionadas-del-actual-modelo-sindical

Pero es tan bueno y preciso que me permito, aunque sea un poco largo, reproducirlo completo:

“¿Qué legado nos dejó Benito Mussolini que es protagonista de la vida cotidiana de empleadores y trabajadores? Gran parte del modelo sindical. “En 1935 y hasta 1939, Juan Domingo Perón fue agregado militar en Italia, y ahí pudo analizar con mucho detalle el modelo de Mussolini, que consiste sobre todo en el unicato. La Carta del Lavoro (1927) establece que el eje central de toda la vida de un país es el poder ejecutivo. Para consolidar su poder está la figura del unicato, donde en cada actividad había un único representante. Así, hay un único sindicato por actividad”, dice el abogado laboralista Julián de Diego.

Al respecto, Santiago Senén González, autor de varios libros sobre el movimiento obrero argentino, agrega que el modelo italiano incluía a los patrones, mientras que el local (1945), que establecía el régimen sindical, no.

Lo cierto es que las asociaciones sindicales son una parte importante de la Constitución de este país, y también figuran como un elemento primario en las relaciones del trabajo para la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El artículo 14 bis de la Constitución Nacional habla de una “organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo”.

Sin muchos cambios a lo largo del tiempo (aunque sí hubo algunos intentos fallidos por modificar el statu quo), hace unos días, hubo algo nuevo bajo el sol. El presidente Mauricio Macri pidió “una renovación interna sindical” e hizo referencia a “los dirigentes que conducen gremios desde hace 20 o 30 años”. Además, fue más allá y pidió “analizar y discutir todos los convenios laborales” para generar empleo y avanzar en la lucha contra la pobreza.

Consultada la cartera laboral, afirmaron que “no es la idea hacer grandes cambios, sino modernizar algunas cuestiones (no detallaron cuáles) en consenso con los diferentes representantes gremiales”.

“Los cuatro capítulos más importantes del derecho laboral, que son remuneración, jornada, descanso y condiciones de trabajo no tienen nada que ver con el mundo real”, dice de Diego. En este sentido, diversos especialistas detallan algunos puntos para revisar.

1- Politización

Cuando se habla del modelo sindical actual, no se puede dejar de ver qué afinidad existe entre sindicatos y políticos. “El ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación actúa como “autoridad de aplicación”, no solo del régimen sobre asociaciones sindicales, sino también en materia de negociaciones colectivas, conflictos y otras situaciones que se generan en el campo de las relaciones laborales”, dice el profesor de Derecho del Trabajo Alberto Rimoldi.

“El ministerio tiene una importante injerencia, dado que es quien en definitiva otorga la “personería gremial” aprueba los estatutos de las asociaciones, homologa los convenios colectivos otorgándoles validez, aprueba la cuota sindical, interviene en los conflictos a pedido de parte o de oficio y ejerce facultades de inspección, control y sancionatorias”.

Para el especialista en derecho laboral, se trata de un modelo que tiene un componente político insoslayable. “No podrá hallarse un sistema laboral totalmente aséptico a la política, pero el exceso institucionalizado, sobre todo cuando se entrelaza con el partido gobernante, cae en excesos que se traducen en efectos contrarios al funcionamiento democrático, comprometen su autonomía y suelen postergar sus objetivos esenciales.”

“Uno de los problemas que presenta el modelo sindical argentino se vincula con el mecanismo, poco claro y arbitrario para el otorgamiento de la personería gremial, que ademas otorga derechos exclusivos y excesivos a los sindicatos que la obtienen, tales como la administración de las obras sociales o la retención obligatoria de la cuota social”, opina el experto en materia laboral Ricardo Foglia.

“El sindicato que representa a los trabajadores no es elegido por los trabajadores, sino que es el Ministerio de Trabajo el que le otorga la personería gremial. También lo que firman los sindicatos es controlado por el gobierno a través de la homologación de los convenios colectivos”, coincide De Diego.

2- Sindicato único

“La OIT cuestiona en la Argentina el unicato sindical. Hay libertad para formar sindicatos, pero no tanto, porque solo uno tiene representación, aquel al que el Ministerio de Trabajo otorga la personería gremial”, dice el abogado Gustavo Gallo.

“El Gobierno se ha relacionado con los «gordos» u ortodoxos históricos para poder gestionar y negociar”, confiesa una fuente cercana al Ministerio de Trabajo. De ahí que el unicato persiste.

3- Poder económico

“Entre la obra social, la cuota sindical, la cuota solidaria y las cuotas obligatorias adicionales, el sindicato recauda el 15% del payroll”, explica De Diego.

4- Juventud, excluida

La juventud no se siente representada. Está lejos de las decisiones y de los dirigentes gremiales, por lo que existen “bases” rebeldes que no responden al sindicato.

5- Poca renovación

Y siguen los mismos de siempre. Por ejemplo, a fines de noviembre, Hugo Moyano redobló la apuesta, se presentó con su hijo Pablo como compañero de fórmula para conducir camioneros y ganó por séptima vez consecutiva. Está permitida la reelección irrestricta e ilimitada de los dirigentes, algo muy cuestionado por organismos internacionales . En la mayoría de los países se permiten dos mandatos continuos o tres mandatos alternados.

6- Obra social

Un agujero negro sin mucho control. “La obra social tiene un aporte obligatorio dividido en dos partes: una retención al trabajador que es el 3% de su sueldo, y una contribución del empleador del 6%. En total las obras sociales sindicales reciben el 9% de todos los salarios. El presupuesto de la obra social de empleados de comercio es mayor que el de 11 provincias. Por eso el poder sindical es tan grande. Además, el 90% de las obras sociales no están brindando bien los servicios”, dice De Diego.

Según el abogado, la Argentina es el único país donde la salud está a cargo de los sindicatos.

7- Delegados

Tienen beneficios que los protegen y así debe ser, aunque desde las empresas hay reclamos para que además de sus funciones de representación, no descuiden sus tareas.

8- Legislación laboral

En otros países, según De Diego, “democratizaron el modelo sindical: se acotaron las reelecciones, no se les deja manejar la salud, tienen que presentar declaraciones patrimoniales al ingreso y egreso”.

9- Convenios colectivos

“Hoy se quiere cambiar el contenido de los convenios colectivos, para vincularlos más con la productividad que con la antigüedad”, asegura Gallo.

En este sentido, expertos ponen como ejemplo los duros convenios de petroleros, que llevan a que sea más competitivo invertir en otros países.

10- Ultraactividad y costos laborales

“Para poder renegociar los convenios colectivos de trabajo del 75, como sugiere el presidente Macri, es necesario lograr un nuevo alcance para la ultraactividad”, dice el abogado Ariel Cocorullo. La ultraactividad es la aplicación automática de un convenio colectivo, más allá de la vigencia prevista en su propio texto “Los convenios se pactan siempre por dos años, pero en el año 1975 se pactaron convenios colectivos que siguen vigentes justamente porque son ultraactivos. Es por eso que los sindicatos no aggiornan los convenios, porque se paran en las conquistas que fueron obteniendo en los momentos políticos más propicios y no ceden frente a las nuevas realidades productivas. Ello provoca importantes y crónicos costos laborales. Hoy un sindicato que negocia un nuevo convenio colectivo parte de lo que ya ganó en el 75 y eso siempre tiene un valor económico que no están dispuestos a reasignar: adicionales, premios por productividad, etc. Hay que dejar de lado estas rigideces del sistema legal.

Para finalizar, Cocorullo propone “el modelo de negociación colectiva para ubicarse en un mundo globalizado y competitivo.”

En la época de las mini-series, una breve sobre el salario mínimo y la desigualdad de ingresos

Con los alumnos de la UBA Derecho vimos hoy a Alberdi sobre la distribución de la riqueza, donde plantea  la diferencia entre el derecho a trabajar y el derecho a tener un trabajo, entre el derecho a asociarse (en un gremio, por ejemplo) y la obligación de asociarse o aportar. También vimos sus objeciones sobre el salario mínimo.

Y he aquí que Libertarianism.org, ha producido una corta mini-serie sobre el salario mínimo y la desigualdad de ingresos. Está en inglés, pero se trata de un juicio, ideal para estudiantes de derecho: https://www.libertarianism.org/freedom-on-trial/part-1

Freedom on Trial takes viewers into the heart of the everyday issues that can arise when an employer’s desire to hire more employees runs into the barrier of minimum wage laws, and when the government’s plans to “solve” income inequality only make things worse. These complex problems take center stage in courtroom as both sides passionately make their cases. Quick, witty, dramatic, and empathetic, this series exposes the problems of authority, bureaucracy and centralization, while celebrating the “what ifs” of a life in a freer world.

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Freedom on Trial: Episode 1
Minimum wage laws can have unanticipated effects, as we learn when Philip—a typical small-town, small business owner—gets arrested for underpaying his teenage employee, Thomas.

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Freedom on Trial: Episode 2
Defense lawyers Holly and William take Philip’s case. District Attorney Sam inflates the case from one small business owner breaking a minimum wage law to the broader issue of income inequality. Will Philip be able to get a fair trial?

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Freedom on Trial: Episode 3
What the media’s now calling the “Income Inequality Trial” moves into its final days. Philip violated the minimum wage law, true, but did he really do anything wrong? Did he actually exacerbate income inequality? Or did he instead help a kid get his first job?

Los bienes Giffen, cigarrillos, y las consecuencias no pensadas de más impuestos y regulaciones

La revista Regulation, del Cato Institute trae un artículo que es interesante para tratar un tema raro en la economía, el de los llamados bienes “Giffen”: http://www.cato.org/regulation/spring-2016

El artículo se titula se titula “¿Son los cigarrillos un bien Giffen para las mujeres pobres y embarazadas?”. Su autor es Ike Brannon, un investigador visitante en el Instituto Cato y presidente de la Capital Policy Analytics, una empresa de consultoría en Washington, DC. Continuamos con su consideración:

cigarrillos

“Los datos vienen de un nuevo documento sobre los impuestos del tabaco publicado en la revista Pediatrics. El hallazgo de primera línea del trabajo es la estimación que una reciente suba de $ 1 por paquete de cigarrillos en los impuestos federales redujeron el consiumo en madres embarazadas, lo que a su vez reduce la mortalidad de los bebés en un 1 por 1.000 de nacimientos vivos. Pese a ese efecto, los autores no recomiendan nuevos aumentos de impuestos, por la preocupación de que algunas madres embarazadas pueden ser simplemente incapaces de dejar de fumar. Si se aumentaran más los impuestos, puede que estas mujeres reduzcan su consumo de los bienes y servicios saludables para poder pagar (y tal vez incluso aumentar) su hábito de fumar.

En consecuencia, una mayor reducción de la mortalidad infantil a través de mayores impuestos puede no ocurrir e incluso algunas de las ganancias derivadas de la última subida de impuestos podrían podrían ser eliminadas.

La discreción que los autores muestran cuando tratan las implicancias de su estudio es poco frecuente y bienvenida. Atribuyo su sabiduría a que, siendo médicos y no políticos, están familiarizados con los efectos secundarios no deseados. En cuanto se relaciona con la política fiscal, así como regulatoria, la noción de rendimientos decrecientes es a menudo ignorada por el gobierno.

Por ejemplo, hace una década, el gobierno consideró la reducción de la concentración máxima permisible de arsénico en el agua potable de 50 partes por mil millones a 30. La evidencia de que la propuesta norma habría producido significativos beneficios para la salud fue débil y las estimaciones de costos para el cumplimiento de la propuesta estándar fueron enormes. Eso llevó a la preocupación de que la norma propuesta, en neto, dañaba a la salud pública porque el dinero dedicado a la reducción de arsénico sería reasignado a otros usos, incluyendo otras iniciativas para mejorar la salud pública y la seguridad.

Del mismo modo, los impuestos del tabaco más altos pueden producir toda una serie de resultados no deseados. Además de un efecto potencialmente perjudicial sobre fumadoras embarazadas y sus hijos, podríamos también esperar una mayor demanda en el mercado negro de cigarrillos no gravados, algo que sucede inevitablemente con cada aumento de impuestos o la sustitución de los fumadores hacia otras sustancias que pueden ser tan perjudicial para la propia salud como los cigarrillos, si no más. Por ejemplo, si bien celebro la difusión lenta de la legalización de la marihuana, no hay ninguna diferencia real para la salud entre fumar un cigarrillo de tabaco y uno de marihuana. El impuesto sobre ambos debería ser, según Pigou, lo suficientemente alto como para corregir los costes externos del consumo que soncargo de la sociedad, pero no más.

Renunciar a los cigarrillos es más fácil de decir que de hacer, por supuesto. La nicotina es una sustancia adictiva y sus efectos sobre el sistema nervioso difieren mucho de una persona a otra. Algunas personas encuentran que dejar el hábito es extremadamente difícil, no importa cuán fuerte sea su determinación de evitar el consumo de tabaco, mientras que a otros les resulta más fácil dejar de fumar. Además, algunas personas de bajos ingresos pueden no tener conocimiento o acceso fácil a sustitutos del tabaco o pueden no apreciar los los costes potenciales de continuar fumando durante un embarazo.

En otras palabras, la decisión de fumar durante un embarazo puede ser complicada, y un impuesto prohibitivo por sí solo no va a eliminarla. En una línea similar, un reciente trabajo de la Oficina Nacional de Investigación Económica encontró una falta de respuesta virtual para impuestos a los cigarrillos más altos del tabaquismo entre las adolescentes después de la más reciente la subida de impuestos a nivel estatal.

Los políticos tienden, como reflejo, a tratar un impuesto sobre bienes con altos costos sociales costos como una forma fácil y no controvertida para mejorar los resultados sociales, pero el mundo es más complicado que eso. En algún momento, las ganancias de un aumento adicional a los impuestos a los cigarrillos disminuyen el impuesto se convierte en poco más que una forma para el gobierno para extraer dinero de ciudadanos de bajos ingresos que ahora constituyen la mayoríade fumadores en los Estados Unidos. Los impuestos a los cigarrillos pueden estar acercándose a esa etapa.”

Alberdi anticipa a Hayek sobre las limitaciones del conocimiento y la (in)capacidad de regular

Con los alumnos de la UBA Derecho vemos a Alberdi y su obra “Sistema Económico y Rentistico”. Terminamos una sección del libro donde habla de cómo la Constitución puede ser anulada por leyes anteriores a su dictado, es decir, básicamente heredadas de la colonia.

Alberdi 2

Toca muchos temas y brinda muchos ejemplos, así que van distintos párrafos, muchos de ellos con gran actualidad. Aquí, por ejemplo, trata sobre la inversión extranjera y la necesidad de atraerla, dada la escasez de capital del país, que no ha dejado de existir en la actualidad:

“¿Qué ley sería tan estúpida para restringir, limitar o gravar de frente y a -cara descubierta la entrada de los extranjeros necesarios a la industria? La restricción posible será la indirecta, más temible que todas, por latente, sorda, inapercibida: restricción traidora que se colocará donde nadie la advierta, para alejar desde allí la población y los -capitales, que la Constitución se afana en atraer”

Y luego sobre la tarea legislativa relacionada con la  libertad destaca que es una tarea menos compleja que la de regular, ya que se trata, más bien, de desregular, de derogar normas, que de embarcarse en construirlas:

“Felizmente cuesta menos organizar la libertad, cuyo trabajo consiste en dejarla libre, como es; en la abstención legislativa de parte del Estado, que organizar sus trabas.”

Parece presentar las ideas que luego desarrollara F. A. Hayek en su artículo “El uso del conocimiento en la sociedad”, donde trata acerca del inevitable carácter limitado y disperso de ese conocimiento, mucho del cual no es posible de ser transmitido ya que se trata de las condiciones de ‘tiempo y lugar’, por lo cual si toma la decisión ‘la persona en el lugar’ entonces podrá hacer uso de ese conocimiento que de otra forma se pierde.

“Dar leyes reglamentarias de nuestros hechos económicos, es legislar lo desconocido, es reglar hechos que empiezan a existir, y muchos otros que ni a existir han empezado. Nadie conoce el rumbo ni ley en cuyo sentido marchan a desenvolverse los intereses económicos de la América del Sud. Sólo sabemos que las antiguas leyes coloniales y españolas propenden a gobernarlos en sentido contrario; y de ahí la lucha entre las necesidades sociales, entre los instintos y los deseos de la sociedad y la legislación presente. En este estado de cosas, el principal deber de la ley nueva es remover la ley vieja, es decir, el obstáculo, y dejar a los hechos su libre desarrollo, en el sentido de las leyes normales que les son inherentes. De aquí el axioma que pide al Estado: -Dejar hacer, no intervenir.”

Juan B. Alberdi, y cómo el derecho al trabajo puede ser atacado por las leyes, laborales y reguladoras

Con los alumnos de la UBA Derecho, vemos a Alberdi cuando comenta cómo el derecho al trabajo puede ser atacado por la ley:

Alberdi 3

“Son opresoras de la libertad del trabajo y contrarias a la Constitución (artículos 14 y 20) en este punto, las leyes que prohíben ciertos trabajos moralmente lícitos; las leyes que se introducen a determinar cómo deben ejecutarse tales o cuales trabajos, con intención o pretexto de mejorar los procederes industriales; las leyes proteccionistas de ciertas manufacturas con miras de favorecer lo que se llama industria nacional. Esta protección opresora se opera por prohibiciones directas o por concesiones de privilegios y exenciones dirigidas a mejorar tal fabricación o a favorecer tal fabricante.

Las leyes que exigen licencias para ejercer trabajos esencialmente industriales, consagran implícitamente la esclavitud del trabajo, porque la idea de licencia excluye la idea de libertad. Quien pide licencia para ser libre, deja por el hecho mismo de ser libre: pedir licencia, es pedir libertad; la Constitución ha dado la libertad del trabajo, precisamente para no tener que pedirla al gobierno, y para no dejar a éste la facultad de darla, que envuelve la de negarla.

Son derogatorios de la libertad del trabajo todas las leyes y decretos del estilo siguiente: Nadie podrá tener en toda la campaña de la provincia tienda, pulpería (taberna), casa de negocio o trato, sin permiso del gobierno, dice un decreto de Buenos Aires de 18 de abril de 1832.

Un Reglamento de Buenos Aires, para las carretillas del tráfico y abasto, de 7 de enero de 1822, manda que todos los cargadores compongan una sección general, bajo la inspección de un comisario de policía. – Las carretillas del tráfico y de abasto son organizadas en falange o sección, bajo la dirección de la policía política, cuyos comisarios dependen del ministro del interior. Ninguno puede ejercer el oficio de cargador, sin estar matriculado y tener la correspondiente papeleta. Para ser matriculado un cargador, debe rendir información de buenas costumbres ante el comisario de policía.

Otro decreto del gobierno local de Buenos Aires, de 17 de julio de 1823, manda que ningún peón sea conchabado para servicio alguno o faena de campo, sin una contrata formal por escrito, autorizada por el comisario de policía. Por un decreto de 8 de setiembre de ese mismo año, tales contratas deben ser impresas, según un formulario dado por el ministro de gobierno y en papel sellado o fiscal.

Tales leyes y decretos de que está lleno el régimen local de la provincia de Buenos Aires, hacen imposible el trabajo; y alejando la inmigración, contribuyen a mantener despoblado el país. ¿Qué inmigrado europeo dejará los Estados Unidos para venir a enrolarse de trabajador bajo la policía política de Buenos Aires? Exigir información de costumbres para conceder el derecho de trabajar, es condenar a los ociosos a continuar siendo ociosos; exigirla ante la policía, es hacer a ésta árbitra del pan del trabajador. Si no opina como el gobierno, pierde el derecho de trabajar y muere de hambre.

La constitución provincial de Buenos Aires (art. 164) concede la libertad de trabajo en estos términos: – “La libertad del trabajo, industria y comercio es un derecho de todo habitante del Estado, siempre que no ofenda o perjudique la moral pública”,

No hay libertad que no se vuelva ofensiva de la moral desde que degenera en licencia, es decir, desde que deja de ser libertad. La constitución de Buenos Aires no necesitaba decido. Poner esa reserva es anticipar la idea de que el trabajo, la industria, el comercio pueden ser ofensivos a la moral. Eso es manchar el trabajo con la sospecha, en vez de dignificarlo con la confianza. Presumir que el trabajo, es decir, la moral en acción, pueda ser opuesto a la moral misma, es presunción que sólo puede ocurrir en países inveterados en la ociosidad y en el horror a los nobles fastidios del trabajo.

Ninguna libertad debe ser más amplia que la libertad del trabajo, por ser la destinada a atraer la población. Las inmigraciones no se componen de capitalistas, sino de trabajadores pobres; crear dificultades al trabajo, es alejar las poblaciones pobres, que vienen buscándolo como medio de obtener la subsistencia de que carecían en el país natal abandonado.”

Lex mercatoria: no todas las normas son gubernamentales, muchas surgen de contratos o asociaciones

Del Capítulo XV:

Cuando pensamos en las normas que afectan a nuestra vida diaria, solemos pensar que fueron emitidas por alguna agencia pública. En particular, estamos acostumbrados a considerarlas según el nivel de generalización en relación con el organismo que las emite: así, las leyes suelen ser aplicables a toda una sociedad y son emitidas por un parlamento, o son regulaciones que emanan de agencias gubernamentales. Hay leyes o resoluciones provinciales o estaduales que se aplican a una determinada unidad subnacional. Por último, tenemos resoluciones y regulaciones de gobiernos locales. A todas ellas deberíamos agregar las doctrinas jurídicas que guían las decisiones judiciales y estas últimas, que complementan los vacíos que puedan quedar de las anteriores.

Pero ese es un análisis limitado, ya que existe una gran cantidad de normas que no emanan de agencias gubernamentales, sean legislativas, ejecutivas o judiciales, sino de contratos particulares o de asociaciones voluntarias de distinto tipo. El comercio internacional es, seguramente, una de las actividades de mayor volumen económico entre las que se realizan en el mundo, tal vez solamente superada por el volumen de las transacciones financieras. Los principios legales que rigen el comercio internacional no fueron dictados por ninguna agencia gubernamental en particular.

Son lo que se llama lex mercatoria, un conjunto de principios jurídicos desarrollados por comerciantes en la Europa medieval, con base en las mejores prácticas comerciales y aplicados por jueces que los mismos comerciantes seleccionaban, a quienes hoy llamaríamos mediadores. Los comerciantes necesitaban jueces con conocimiento de los contratos y no los encontraban en la justicia civil local. Necesitaban resolver sus disputas rápidamente, incluso en el acto, ya que el intercambio se producía, por ejemplo, en una feria, y cada uno tenía que regresar a su lugar de origen. Los jueces eran elegidos de acuerdo con su experiencia y capacidad. De esa forma, se fue generando un cuerpo especializado de jueces.

La lex mercatoria fue desplazada por la legislación nacional, después de la formación de los Estados nacionales en Europa y como resultado de la misma presión ejercida por los comerciantes locales para restringir la competencia externa. Pero siguió siendo la norma en el comercio internacional.

Muchos de los principios que allí se acuñaron se aplican en el comercio internacional. Incluso el mismo criterio, respecto a la experiencia y capacidad, para seleccionar los árbitros o mediadores en nuestros días. Y la lex mercatoria ha vuelto a florecer en Internet, con la existencia de cortes virtuales para resolver casos como, por ejemplo, los nombres de los dominios. Los procedimientos en esos casos son similares a los procesos judiciales tradicionales, pero la presentación de la demanda, la elección del árbitro o mediador, la resolución de la evidencia y hasta alegatos orales se realizan por Internet.

Actualmente hay gran número de árbitros y mediadores. Los primeros son elegidos para dirimir algún asunto en alguna disputa en particular, en la que su decisión se aceptará como de obligatorio cumplimiento. En el caso de los mediadores, su función es lograr un acuerdo voluntario entre las partes, siendo sus decisiones no obligatorias, igual que en los casos de negociación o determinación por expertos.

El arbitraje puede incluirse por anticipado en los contratos o puede acordarse después que se presente la disputa en cuestión. El “sitio” del arbitraje, que las partes eligen de común acuerdo, determina las normas de procedimiento del proceso. En caso de que no lo hagan, el mismo tribunal arbitral elegirá el sitio y esas normas, aunque es posible separar uno de las otras. Las normas de procedimiento son distintas del proceso en sí —es decir, de los pasos en que consiste el arbitraje— los que pueden ser definidos por el mismo árbitro o mediante la adopción de un proceso general, como el elaborado por la Comisión de las Naciones Unidas por el Derecho Comercial Internacional (UNCITRAL).

Las decisiones de los árbitros normalmente se refieren a la indemnización por daños, pero pueden también ordenar a una de las partes que haga algo o que se abstenga de hacerlo. Curiosamente, resulta más fácil lograr el cumplimiento de un fallo arbitral que el de un fallo judicial. Por eso el procedimiento es tan popular. Esto se logra a través de la Convención de Nueva York, de 1958, según la cual una decisión tomada en uno de los países signatarios es válida en todos los demás. La Convención fue adoptada en una conferencia diplomática de las Naciones Unidas. Actualmente forman parte de ella 142 países, entre los que se cuentan los más importantes, en términos de comercio. También hay una Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, aprobada por casi todos los países latinoamericanos.