El financiamiento de la política: ¿estatal o privada?;¿es mejor que ésta sea pública o reservada?

El Instituto Libertad y Desarrollo de Chile considera en su última publicación un tema polémico, el financiamiento de la política: http://www.lyd.com/temaspublicos/editora/TP1178Financiamientodelapolitica.pdf

Sus dos conclusiones serán discutidas tanto sea por quienes se oponen al financiamiento público y también por aquellos que se oponen a los aportes privados. En resumen, el trabajo concluye:

“Se ha instalado en la agenda pública el tópico de la relación entre dinero y política. El dilema del asunto en cuestión es que la actividad política requiere de fuentes de financiamiento. La experiencia internacional sugiere que los diseños mixtos, es decir, con fuentes de financiamiento tanto públicas como privadas, han permitido una sana conjugación entre los principios de transparencia, participación, autonomía y competencia en el sistema político. Contrario a lo planteado por visiones más maximalistas desde el punto de vista de la regulación, las normativas draconianas no han dado buenos resultados en términos de los principios señalados anteriormente. Como señalan Casas y Zovatto, a partir de este tipo de regulaciones “entre más difícil se haga a los partidos y candidatos recaudar fondos por vías legales, más probable será que recurran a procedimientos oscuros y cuestionables”.

Supongo que la mayoría de los alumnos de Derecho apoyarán el financiamiento público y que los lectores más libertarios la rechazarán. Más sorprendente es la opinión sobre los aportes privados y su defensa de la “reserva”:

“Respecto del sistema de donaciones reservadas, en la línea de lo planteado por Valdésiv y Ackerman & Ayresv consideramos que la reserva de la identidad del donante es un instrumento que permite frenar intercambios de carácter corrupto. Tal y como el voto secreto fue la mejor herramienta para hacer de la compra de votos una práctica difícil de verificar para el oferente de clientela, las donaciones reservadas y anónimas permiten a los políticos “desentenderse de una deuda con el donante, alegando incertidumbre respecto a su cuantía o inexistencia (…) para que esta restricción sea efectiva, se requiere impedir que el beneficiario pueda comprobar que un donante le aportó la suma que dice haber aportado”. Aunque parezca contra intuitivo, si el donante efectivamente cuenta con medios verificables de presión hacia el accionar político por la vía de grandes donaciones, la posibilidad de captura será mayor, y como en tantos otros ámbitos de política pública, de eliminarse las donaciones anónimas y reservadas, en aras de perseguir un fin A (en este caso transparencia), se podría maximizar un resultado no esperado B (aumentar la corrupción).

Como segundo punto, y en lo que respecta a la máxima de total transparentación, resulta prudente resguardar el legítimo derecho a la reserva de la preferencia política. El “lado b” de la plena transparencia en materia de fuentes de donación es que puede constituir un desincentivo para donantes particulares que por temor a situaciones de acoso o represalias optan, en definitiva, por reprimir su participación electoral vía fórmulas de financiamiento. Al respecto, la evidencia es concluyente, y demuestra a partir de pruebas experimentales, que la plena divulgación de las fuentes de financiamiento tiene un efecto estadísticamente significativo en la disposición a aportar en una campaña política, acentúandose el efecto, entre los pequeños donantes. En definitiva, frente a la posibilidad de que las donaciones no sean reservadas, la disposición a donar disminuye.

Los enfoques prohibicionistas en materia de financiamiento de la política suelen ser empleados como candados o dispositivos y reducen la incertidumbre por parte de los candidatos incumbentes. Existe basta evidencia en la literatura que indica que el gasto electoral del candidato desafiante tiene un efecto estadísticamente significativo en su performance electoral, situación que no siempre se da a nivel de candidatos incumbentes, quienes al poseer el capital de conocimiento, no requerirían de grandes aportes económicos en sus campañas.

La evidencia en el caso de Chile desarrollada por Agostini y Morales y Piñeiro documenta ventajas importantes de los candidatos incumbentes en cuanto a los retornos electorales de su financiamiento, los cuales incluso, operan como multiplicador del gasto.

Si el diagnóstico generalizado de que nuestro sistema político requiere más competencia es sincero, entonces, el establecimiento de mayores límites al financiamiento de manera directa o indirecta (prohibición de donaciones de empresas o fin a la donaciones reservadas) no parecen ser medidas idóneas por cuanto limitan aún más el margen de acción de los candidatos desafiantes.”

 

12 pensamientos en “El financiamiento de la política: ¿estatal o privada?;¿es mejor que ésta sea pública o reservada?

  1. El hecho de que la politica sea financiada por el estado genera la accesibilidad en cuanto a la competencia por parte de los postulantes a accionar en ella. Ahora bien tomamdo en cuenta la cantidad de gastos publicos que aun merecen y precisan ser solventados llevan a la cuestion de llegar a pensar que el gasto a este sector se podria ver innecesario. Pero como plantea el texto el hecho de que el mantenimiento del sector politico a partir de donaciones o en manos del ambito privado generaria por un lado competencia imperfecta ya que los sectores que estan economicamente mejor plantados por asi decirlo tendria una campaña a nivel de propaganda mucho mas efectivas y con una amplia difusion como conocimiento y alcance para los votantes cosa que con el partido politico que carece de recursos no participaria igual y por ende su participacion no seria efectiva. Por otro lado el partido con mayor financiamiento podria generar hacia la sociedad una suerte de desconfianza esto como aspecto negativo, porque podria llegar a generarse la idea de que dicho apoyo a esa politica particular por parte de un sector responde a intereses particulares y no sociales.

  2. Los conflictos acerca de cuál debe ser el carácter del financiamiento a la política, si aquella debe ser proveniente del ámbito privado o público resulta ser un problema que se suscita a nivel global, adquiriendo diversas formas según los Estados. Por ejemplo es conocido que en los Estados Unidos el aporte es realizado por al ámbito privado, no por nada son reconocidas a nivel mundial las giras del Presidente o los futuros candidatos a Presidente de los Estados Unidos en búsqueda de Fondos para financiar sus candidaturas.
    Por un lado si el aporte proviene del ámbito público, el conflicto es que se utiliza la plata de todos los contribuyentes, es decir, de todos nosotros para financiar la candidatura de un político que puede o no gustarnos, inclusive que puede resultarnos desagradable, y además al no estar utilizando dinero propio o al menos que les haya costado obtener, que en este caso sería el que debería recaudar a nivel privado, existe un incentivo y mayor facilidad a malgastarlo a no medir las consecuencia sobre en que se puede gastar que sea más productivo. Entonces si se recurre a un tipo de financiamiento público resulta elemental que aquel sea ejercido con límites.
    El texto propone en caso de que sea financiado a nivel privado que se realice mediante un sistema de donaciones secretas, es decir que no se conozca de donde proviene una donación, con el objetivo de evitar que se produzcan presiones, el problema, según lo que entiendo yo, es que si se implementa un sistema de estas características se producirían dos efectos o desalentaría a que los interesados en cierto político invirtieran porque no podrían obtener a cambio un beneficio en particular, o las donaciones se realizarían de todas maneras y aquellos que invirtieron se asegurarían de que esa información llegue al político y que aquel le retribuya el favor.
    Claramente considero que cuanta mayor información y más transparencia haya acerca de donde provienen los recursos utilizados por los políticos para financiar sus campañas, aquello generara obligaciones para los políticos elegidos de explicar porque adoptan determinadas medidas, si acaso es por el hecho de haber recibido determinada cantidad de dinero de un sujeto o empresa en particular. En nuestro país han surgido noticias acerca de que empresarios relacionados con la efredrina habían aportado a la campaña de nuestra presidenta, si aquel dato se hubiera conocido previamente la imagen de la presidente podría haberse deteriorado. Considero que la publicidad de donde provienen los ingresos implica un claro límite al gasto de los políticos en sus campañas si utilizan dinero público y un claro incentivo para utilizar aportes de ámbito privado que no perjudiquen su imagen.

  3. El dilema que se presenta en el tema en cuestión es que la actividad política requiere de fuentes de financiamiento, y propone tanto la financiación proveniente del ámbito publico o privado, en donde ambas son las dos caras de una misma moneda, ya que por un lado presentan ventajas pero también presenta desventajas, no existe un punto intermedio en donde ambas beneficien o perjudiquen, se puede decir que tiene algo bueno y algo malo. En el caso de la financiación por parte del ámbito publico se produce el problema de que al ser hechas con nuestras contribuciones, sucede que muchos sectores de la sociedad no estarán de acuerdo en financiar políticos que no sean de su agrado o gustos, y también conlleva el problema de que los políticos deberán justificar el destina de esas contribuciones y para que serán utilizadas, ya que sino caeremos en una situación en donde nuestras contribuciones se utilicen para otros fines. Tal como sostiene Casas y Zovato en el texto “entre mas difícil se haga a los partidos y candidatos recaudar fondos por vías legales, mas probable será que recurran a procedimientos oscuros y cuestionables”, que seria una desventaja de este tipo de financiación.
    Por otro lado, en el caso de la financiación hecha desde ámbitos privado, realizadas en forma de donación, se plantea el problema de si esta deber ser reservada o no. Di fuere reservada la identidad de quien realizo la donación tendría la ventaja de no sentir presiones por ayudar a ese y no a otro político, además de que permite frenar intercambios de carácter corrupto, tal como sostiene el texto. En cambio en el caso de las donaciones en donde se conoce al donante se favorece la transparencia, pero se podría aumentar la corrupción, se reducirían las donaciones ya que existirían situaciones de acoso o represalias, entre otras desventajas.

  4. Hoy los partidos políticos actúan como intermediarios entre los ciudadanos y la democracia representativa. Pero estos partidos demandan un costo, deben financiarse. La discusión entonces es, si ese costo debe pesar a todos los ciudadanos o debe quedar en manos privadas. En este punto, yo creo en que esto no puede ser una carga para el Estado. La financiación debe recaer en la creatividad de generar incentivos de los partidos políticos para obtener mayores aportes.
    Pero al mismo tiempo, creo conveniente una cierta regulación. Por ejemplo, el limite de gastos de campaña. Este puede ser fijado de acuerdo a la cantidad de votos obtenidos en la última elección, también por la posición obtenida. Incluso a la cantidad de afiliados a tal partido. Esto puede servir para generar un estimulo o incentivo en los partidos al momento de participar en elecciones. Otra idea, podría ser que el límite este fijado por la parte del presupuesto nacional dirigido a la educación, por ejemplo, la cantidad de gasto para la campaña de cada partido político, no podrá superar en ningún caso al n% del presupuesto a la educación.
    Podría ser productivo la creación de una comisión especial de ciudadanos independientes, que que se encargue de la transparencia en lo que refiere a financiamiento de campañas. Que establezca detalladamente el cuánto, cuando, en qué, quién/es, de los gastos de campaña. Los mismos partidos políticos podrían utilizar esta herramienta para hacer campaña, al probar la legalidad a la hora de recibir aportes. A esto, le podemos sumar, que a los partidos que según esta comisión, reúnen un alto grado de transparencia y cumplen con los requisitos requeridos, el Estado puede premiar con publicidad oficial al momento de la campaña.
    En cuanto a la reserva de identidad del donante, en mi opinión, sería mucho más seguro que ello no sea posible. Me resulta muy difícil de aplicar en la práctica la imposibilidad del beneficiado a conocer la identidad de quién dona o aporta para su campaña. Al contrario, cuanto más público sea la identidad del donante, más expuesto a la sociedad se va a ver el político al tomar decisiones que puedan favorecer arbitrariamente a sus propios donantes. Y en viceversa, también, cuando se trate de manera discriminada a los financistas de otros partidos.

  5. El dilema acerca de cuál debe ser el carácter del financiamiento a la política, si aquella debe provenir del ámbito privado o público resulta ser una cuestión en la cual, cualquiera de las opciones que se escoja (publico o privada) traerá aparejada tanto ventajas como consecuencia;por un lado se se opta por el financiamiento publico, utilizándose el dinero de la gente, puede ocurrir el caso en q se financie un grupo o sector político q no sea de nuestro agrado(desventaja) pero como ventaja veeria la posibilidad de fijar un”limite” a los políticos los cuales deberían justificar el destino de nuestro dinero.En cambio si el financiamiento fuera privado este “ limite “ no estaría tan claro y tendrían mas libertad y seria muy riesgoso si las donaciones fueran anónimas si bien le da un cierto margen de libertad al político que recibe la donación también le dan un margen de seguridad para el donante que no temería de sufrir represalias del grupo al cual no ayudo con el financiamiento.

  6. El restablecimiento de la democracia en América Latina y la consiguiente rehabilitación de los procesos electorales como elemento central de la competencia por el poder político trajo como consecuencia que los partidos lograran recuperar su papel protagónico en la escena política. Este desarrollo cualitativo de los partidos ha profundizado la necesidad no sólo de mantener sus aparatos en constante funcionamiento sino también de incorporarse a las nuevas reglas de juego que impone el campo de lo político en cuanto a la competencia electoral se refiere. De esta forma, las prácticas partidarias dentro del nuevo escenario democrático no pueden desarrollarse sin recursos financieros. El dinero permite a los partidos organizarse, a sus políticos comunicarse con la ciudadanía y, de tal modo, sostener la compleja maquinaria que las actuales campañas electorales implican. Por lo tanto, los fondos no son sólo deseables sino también necesarios.
    La proliferación de escándalos acontecidos en diferentes países ha puesto al descubierto las mencionadas prácticas ilegales de recaudación y contribución al financiamiento de la política, las cuales son opuestas, en teoría, a los fundamentos de la doctrina democrática. A su vez, ha dejado en evidencia las profundas debilidades que existen actualmente en relación con los mecanismos de control previstos en las diferentes legislaciones.
    Esta situación genera una serie de consecuencias negativas como ser el cuestionamiento a la legitimidad misma del sistema democrático y la pérdida progresiva de prestigio tanto de la política como de los políticos. La baja reputación de ambos conlleva a una sospecha continua por parte de la ciudadanía, originando un pronunciado desinterés y descreimiento en las instituciones de la democracia representativa.
    Dicho esto, considero pertinente remitirme a la normativa vigente en nuestro país al respecto de la temática mencionada en el artículo.
    En materia de financiamiento de partidos políticos, el artículo n° 38 de nuestra Constitución Nacional, establece la obligación del Estado de contribuir al financiamiento de los mismos, tanto para su funcionamiento como para la capacitación de los mismos. El aporte público se fundamenta en la intención de transparentar las finanzas partidarias y lograr cierta igualdad de competencia entre los partidos que compitan en el acto electoral. En lo personal, considero de suma importancia la inversión de fondos públicos, que es el dinero de todos los contribuyentes, en pos de fomentar la igualdad y atomización entre los partidos políticos permitiéndoles realizar campañas políticas que fomenten el conocimiento de todas las opciones electores a cada uno de los votantes.
    En Argentina, el financiamiento de los partidos está regulado por medio de la ley 23.298, además de una serie de decretos posteriores a la sanción de esta ley en 1985. La Ley Orgánica de los Partidos Políticos adopta un sistema mixto de financiamiento, conformado por aporte públicos y privados; este aspecto de la regulación contiene una serie de normas que regulan el origen de estos aportes.
    La ley 23.298 no prescribe limitaciones en cuanto al monto de las donaciones que pueden recibir los partidos. Por otro lado las donaciones anónimas están prohibidas excepto aquellas que provengan de colectas públicas. Sin embargo se autoriza a los donantes a imponer que sus nombres no sean revelados pero los partidos tienen la obligación de conservar la documentación correspondiente por el plazo de tres años.
    La cuestión más relevante que se puede resaltar en dicha ley, es el potencial anonimato que surge bajo la salvedad de las colectas populares que permite. Esto establece una disyuntiva, ya que de este modo queda abierta la posibilidad de argumentar tal origen de fondos en todos los casos. Asimismo, otro punto crítico respecto del anonimato, es que éste entra en abierta contradicción con la obligación que les cabe a los partidos de conservar la documentación que acredita las donaciones durante un lapso mínimo de tres años, con lo cual la misma idea de anonimato se derrumba. Desde mi punto de vista el anonimato es necesario al momento de analizar la influencia que puede tener un donante frente a un partido político y viceversa. Sin embargo no hay que confundir el anonimato con no auditar el origen lícito de los fondos. Entiendo que si bien requiere mucha complejidad el poder combinar estas dos variables de forma eficiente y efectiva, se debería diseñar un procedimiento mediante el cual puedan ser viables de forma conjunta.
    Cabe hacer mención también a la ley 25.600 “Ley de Financiamiento de Partidos Políticos” respecto al límite que impone a los gastos de los partidos políticos. Independientemente de la suma establecida como límite para campañas electorales que puede ser cuestionada frente al contexto inflacionario en el que se encuentra el país, considero que la financiación privada de los partidos políticos debe ser regulada para evitar la desigualdad desmedida que provoque que la decisión de los votantes se vea influenciada por las campañas publicitarias de mejor calidad y no por los mejores proyectos políticos.
    Un ejemplo de lo mencionado es lo que sucede en EEUU donde “el financiamiento secreto para campañas políticas en medios electrónicos fue autorizada por la Suprema Corte en el año 2010 para organizaciones sin fines de lucro, empresas sindicatos, siempre y cuando no lo hicieran en coordinación con los candidatos o partidos.” (fuente: http://www.razon.com.mx/spip.php?article233792). Esto produce una desigualdad entre las campañas los partidos políticos en cuestión, desnaturalizando el concepto de democracia y volviendo la elección de un proyecto político en una competencia de marketing.
    El caso PENTA en Chile es el que fomentó la propuesta en dicho país de que se prohíba el aporte financiero de empresas a las campañas políticas. Se denunció al Grupo Empresarial PENTA por delito tributario. El hecho consistió en la emisión de boletas falsas, a nombre de los cónyuges de los directivos de PENTA, para justificar gastos de la empresa y todo el dinero que devolvía el Servicio de Impuestos Internos se entregaba para apoyar a los candidatos. Las grandes empresas entregan financiamiento a los políticos, quienes luego reciben peticiones para incluir en las leyes medidas que favorezcan a dichas entidades.

    Para concluir, puedo hacer referencia al libro “El foro y el bazar”, donde se explica que el partido que esté ejerciendo el poder va a poder administrar el ciclo presupuestario, teniendo la potestad de aumentar el gasto público en el período previo a las elecciones para tener una imagen positiva frente a la consecuente activación del mercado, más allá de las restricciones que se le pueda instrumentar respecto a su financiación, sea de origen privado o estatal.

  7. El financiamiento de la política es un problema de difícil resolución debido a que hay desventajas si la financia el Estado o si lo hacen los privados. En el primer caso, el Estado aumentaría el gasto público y como consecuencia de ello se generaría otro conflicto debido a que tendría que buscar recursos para hacer frente a este gasto. En el segundo caso, se genera el problema del lobby, pues es lógico que si un privado pone dinero en un partido o en un candidato es porque va a querer un beneficio a cambio. Por eso, deberían ser públicos los aportes que hacen los privados permitiendo el control de la ciudadanía. Para esto, también es necesario incentivar a los ciudadanos a informarse, participar y controlar porque sino la publicidad de los aportes no tendría sentido.

  8. En mi opinión el enfoque prohibicionista no serviría puesto que la política necesita financiamiento para funcionar, y de no haber vías lícitas para obtenerlo, recurriría a medios ilícitos.
    Por otro lado, entiendo que el financimiento mediante fondos públicos es una muy mal medida, porque se estarían empleando los aportes de los contribuyentes para fines partidarios que éstos no tienen porqué soportar. La única fuente de financiamiento debería ser la privada. Los particulares son libres de hacer lo que deseen con su dinero, y si lo utilizan para sostener una postura partidaria en principio estarìan en su derecho.
    No obstante, dado que la política es una actividad pública, y quien triunfa en las elecciones llegarán al gobierno del país, debe alguna forma de evitar que, por culpa del lobby, el gobernante que asumió el cargo se convierta en un agente de quienes aportaron a su campaña. Para esto no considero que la total confidencialidad de los donantes sea una medida efectiva, porque estoy convencido que se encontrarían formas de lograr que el beneficiario se entere de la identidad del donante. Sí opino que es una buena medida la transparencia total de los aportes a las campañas.
    Si los aportes fuesen transparentes, entonces el público podría controlar qué grupos de interés aportaron a la campaña del candidato triunfante, y por lo tanto sospecharán de cualquier medida que adopte que beneficie a ese grupo de lobby. Por otra parte, el texto dice que la transparencia de los aportes tiene el efecto secundario de reducir los incentivos a las donaciones. Este efecto me parece positivo, dado que opino que la gran mayoría de las donaciones a campañas políticas son intentos de lobby, y el dinero donado sería mejor aprovechado en el proceso productivo antes que financiando una campaña política.
    En conclusiòn, considero que el financiamiento político debe ser exclusivamente privado, y totalmente transparente.

  9. Es necesaria la financiacion para las campañas politicas pero de donde vienen los fondos es bastante discutible. La financiacion publica es la optima a mi parecer ya que establece la mismas condiciones para todos los partidos politicos que tienen intenciones de presentarse. La financiacion exclusivamente privada tiene como gran problema la desigualdad economica al momento de la campaña. Por eso, es fundamental la financiacion del ambito publico que debe ser con el dinero de los contribuyentes debido a que la politica es una actividad de nuestra sociedad que debe estar financiado ya que juega un rol fundamental para la vida en comunidad. Un sistema mixto es el correcto ya que desde los fondos publicos hay una base comun inicial para los partidos y las donaciones de particulares como complemento. Estas deberian ser anonimas para evitar presiones y aun asi tambien deberian tener un limite o tope para evitar una disparidad abusiva entre los candidatos a ocupar cargos politicos. Lo importante es votar ideas y convicciones o una plataforma politica para ser desarrollada en un funcion publica y no figuritas publicitarias.

  10. Estamos en los prolegómenos de un acto electoral.
    Resulta casi indudable que debe priorizar la mas absoluta transparencia.
    Los aportes de campaña, materializados en sus distintas formas, si son debidamente publicados y detallados en su composición y naturaleza (donaciones de dinero, espacios en los medios de comunicación, pasajes, vehículos, militantes, afiches en la vía pública, folletos, correspondencia y otras formas de campaña) permitirían a la autoridad judicial encargada de fiscalizar los denominados gastos de campaña, hacer un juicio de valor objetivo y preciso.
    La consecuencia sería que todo cuando se aporte sea declarado en la magnitud y oportunidad que se efectúe, identificando con precisión al destinatario

  11. Nuestra Constitución contempla los derechos políticos, reconoce a los partidos y da pautas sobre su financiamiento y otorga la forma de democracia semidirecta en los art, 39 y 40, como mecanismos para el fortalecimiento de la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones. Sin embargo la ley 24,747 que reglamenta dicha participación torna muy dificultosa cuando no imposible su utilización como herramienta para la participación ciudadana.
    Max Weber los describe así, los partidos son “formas de socialización que, descansando en un reclutamiento formalmente libre, tienen por fin proporcionar poder a sus dirigentes dentro de su asociación y otorgar por este medio a sus miembros activos determinadas probabilidades ideales o materiales, -la realización de fines objetivos o el logro de ventajas materiales o ambas cosas-.
    La literatura nos muestra que son auspiciantes de cambios históricos, que son instituciones políticas que vinculan al estado con la sociedad civil y puentes de lideres oscuros. Sin embargo en la actualidad pareciera que el papel de mediadores esta siendo, gradualmente, dejado de lado pareciendose más a un grupo de presión.
    Considero que el financiamiento debe ser público, sin embargo me surge la pregunta ¿cual sería la cifra que sea funcional para la actividad política?

  12. Las fuentes de financiamiento de las actividades varian alrededor de los distintos estados en relacion a sus culturas y sus normas. Pero hay que destacar que el problema no es solo el origen privado o publico de los fondos, si no la manera en que éstos son controlados. Recordando también que sea cual sea el método de financiamiento, los partidos políticos no escapan de un deber de manejo responsable de los mismos.
    Por un lado se cree que los partidos políticos deben ser financiados por el Estado ya que las actividades que realizan persiguen fines de interés público (siempre y cuando las actividades que realicen sean efectivamente de interés general, cosa que no está garantizada solo por el hecho de un financiamiento público ).
    Por otro lado existen Estados como el Reino Unido y los Estados Unidos, donde el financiamiento privado de los partidos representa la parte más significativa de los gastos de campaña. Las críticas a esta forma se basan prácticamente en la desigualdad que generan y la falta de oportunidades para los nuevos partidos politicos.
    Por último está la opción establecer un modelo mixto con financiamiento público y privado, en donde los partidos tienen la obligación de revelar sus fuentes de financiamiento y con una autoridad reguladora.
    Si bien cada una de las alternativas contienen tantos pro como contras considero esta última una opción conciliadora y más viable, en donde si bien los partidos pueden ser subsidiados por el Estado (evitando así que solo tengan oportunidades aquellos que reciban capitales privados) pero que también reciben recursos de sus militantes y donadores privados, haciendo que se reduzca el gasto público financiado por contribuyentes que pueden o no estar de acuerdo con las campañas electorales que respaldan.

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