Murray Rothbard comenta a Mises sobre la inflación, precios relativos, índices de precios y los ciclos económicos

Con los alumnos de la materia Proceso Económico II, de la UFM, vemos a Rothbard y Mises sobre la teoría del dinero y los ciclos económicos. Del primer autor, en su artículo “La teoría austriaca del dinero”, unos párrafos sobre la inflación, los precios relativos y los índices de precios:

“¿Cuál es, entonces, el poder adquisitivo, o el precio, de un dólar? Será una vasta gama de todos los bienes y servicios que pueden adquirirse con un dólar, es decir, de todos los bienes y servicios existentes en la economía. En nuestro ejemplo, podríamos decir que el poder adquisitivo de un dólar es igual a una docena de huevos, o a un kilogramo de manteca, o a una décima parte de un sombrero, etcétera. En suma, el precio o poder adquisitivo de la unidad monetaria será una gama de las cantidades de bienes y servicios alternativos que pueden adquirirse con un dólar. Dado que esta gama es heterogénea y específica, no puede resumirse en alguna cifra de nivel de precios unitaria.

Mises también pone de manifiesto la falacia del concepto de “nivel de precios” cuando analiza precisamente cómo aumentan los precios (es decir, disminuye el poder adquisitivo del dinero) en respuesta al incremento de la cantidad de dinero (suponiendo, desde luego, que los planes individuales de demanda de saldos en efectivo o, en términos más generales, las escalas de valores individuales permanecen constantes). En contraste con la hermética concepción económica neoclásica que separa el dinero y los niveles de precios de los precios relativos de los bienes y servicios individuales, Mises demostró que un incremento de la oferta monetaria influye de manera diferente en las distintas esferas del mercado, y con ello modifica inevitablemente los precios relativos.

Supongamos, por ejemplo, que la oferta de dinero aumenta un 20 por ciento. El resultado no será, como da por sentado la economía clásica, un simple aumento general del 20 por ciento en todos los precios. Imaginemos, a título de suposición, el caso más favorable, que podríamos denominar el modelo del Arcángel Gabriel, según el cual el Arcángel Gabriel desciende de las alturas y de la noche a la mañana incrementa el saldo de caja de todo el mundo precisamente en un 20 por ciento. Ahora bien, no todos los precios aumentarán simplemente un 20 por ciento, porque cada individuo tiene una escala de valores diferente, un ordenamiento ordinal diferente de las utilidades, incluso las utilidades marginales relativas de los dólares y de todos los otros bienes de su escala de valores. A medida que aumenta el stock de dólares de cada persona, sus adquisiciones de bienes y servicios va”riarán de acuerdo con la nueva posición que éstos ocupan en su escala de valores respecto de los dólares. Por lo tanto, variará la estructura de la demanda, al igual que los precios relativos y los ingresos relativos de la producción, y se modificará también la composición de la gama de bienes y servicios que constituyen el poder adquisitivo del dólar.

Si en el modelo del Arcángel Gabriel varían las demandas y los precios relativos, mucho más variarán en el mundo real los incrementos de la oferta monetaria. En efecto, como demostró Mises, en el mundo real la inflación monetaria es tentadora para los inflacionistas, precisamente porque la inyección de nuevo dinero no sigue el modelo del Arcángel Gabriel. Por lo contrario, el gobierno o los bancos crean nuevo dinero para que sea gastado en bienes y servicios específicos. Con ello, aumenta la demanda de esos bienes, elevando estos precios específicos. Gradualmente, el nuevo dinero fluye con rapidez a través de toda la economía, incrementando a su paso la demanda y los precios. Se produce una redistribución del ingreso y la riqueza hacia aquellos que reciben el nuevo dinero al comienzo del proceso, a expensas de quienes lo reciben más tarde y de aquellos sectores con ingresos fijos que no reciben absolutamente nada.”

El impulso académico por la desregulación en Estados Unidos y el caso de los trenes, las aerolíneas y los teléfonos

La revista Regulation, publicada por el Cato Institute, cumplió 40 años. Con motivo de ello, sus editores, Peter van Doren y Thomas Firey, publican un interesante artículo evaluando ese período en relación al desarrollo de la teoría y las políticas públicas relacionadas con las regulaciones. Aquí van algunos párrafos. El texto completo en: https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2017/3/regulation-v40n1-1-updated-2.pdf

EL IMPULSO ACADÉMICO PARA LA DESREGULACIÓN

A mediados del siglo XX, mientras los legisladores continuaban ampliando la regulación federal, economistas y académicos legales en los campus universitarios y en Washington comenzaron a cuestionar las justificaciones tradicionales del “fracaso del mercado” para estas políticas, así como el supuesto de que la intervención gubernamental beneficia al bienestar público. Dos avances impulsaron este movimiento: el avance de la tecnología informática y la mayor disponibilidad de datos de ciencias sociales permitió a los investigadores probar las afirmaciones sobre el fracaso del mercado y los resultados de la intervención gubernamental. .

Apareció una nueva teoría económica de la regulación que postula que estas políticas son suministros de los proveedores de políticas que redistribuyen los beneficios de algunos consumidores y proveedores a otros en un esfuerzo por aumentar el apoyo político de los políticos. A diferencia de la tradicional teoría del “interés público” de la regulación que sostiene que los responsables de la formulación de políticas son actores altruistas que mejoran fiablemente el bienestar público, la teoría económica postula que las políticas se elaboran para aumentar el apoyo político de los políticos electos, los presupuestos de las agencias burocráticas, prestigio. Esta conducta auto-interesada no es el resultado de la malevolencia del diseñador de políticas sino de los incentivos que enfrentan; Aquellos que se comportan de esta manera tienden a retener y expandir su autoridad. Están inclinados a seguir regulando y adoptando otras intervenciones de política interna hasta que no puedan lograr nuevos logros políticos netos.

Con esta opinión discutible cínica de la intervención del gobierno en la mente, los investigadores de la política reevaluaron los reglamentos históricos de las décadas anteriores. Sus hallazgos fueron decepcionantes.

Ferrocarriles / La reglamentación de los ferrocarriles aumentó en última instancia los precios de los productos manufacturados de transporte marítimo y reorientó los ingresos resultantes a la concesión de subsidios a los productos a granel ya los envíos agrícolas. Eso hizo que los agricultores y mineros del Medio Oeste feliz y protegido los ferrocarriles financieramente (al menos por un tiempo), pero perjudicó el bienestar en general, distorsionando el costo de los productos manufacturados, reduciendo el acceso de los consumidores a ellos. Debido a que los beneficiarios reconocían su ganancia mientras que el público en general no estaba al tanto de sus pérdidas bajo los reglamentos, los encargados de formular políticas fueron recompensados ​​en la red por esta intervención.

Además, el flete en las rutas de alta densidad y de larga distancia entre ciudades tenía un precio por encima del costo, con los ingresos utilizados para subsidiar las rutas rurales de corta distancia y baja densidad. Una vez más, esto hizo felices algunos intereses especiales, pero perjudicó el bienestar en general porque el mayor costo de transporte de mercancías entre los centros urbanos distorsionaba los mercados.

Este arreglo fue amenazado por el aumento del camión en la era de la depresión. Los encargados de formular políticas respondieron no por la desregulación de los ferrocarriles, sino por la introducción de regulaciones similares en el transporte por carretera en 1935, creando otra red de subsidios cruzados. Una vez más, estos políticos fueron recompensados ​​por los beneficiarios, mientras que los costos fueron en gran medida ocultos al público.

La regulación de aerolíneas / aerolíneas también creó una estructura tarifaria que gravaba de facto las rutas de alta densidad y de larga distancia con el fin de subvencionar rutas de corta distancia de baja densidad valoradas por intereses especiales. Los reguladores lo justificaron alegando que era necesario proporcionar viajes aéreos seguros y necesarios. Pero las investigaciones sobre los mercados de viajes aéreos intraestatales en Texas y California -que eran lo suficientemente grandes para estar bien desarrolladas pero escapaban de la regulación federal porque no cruzaban las líneas estatales- revelaron tarifas mucho más bajas y una operación eficiente sin sacrificar la seguridad del viajero.

En el mercado nacional, por el contrario, los vuelos eran mucho más costosos por milla de pasajeros. Sin embargo, esas tarifas más altas no proporcionaron ningún beneficio a las aerolíneas, ya que gastaron gran parte de los ingresos obtenidos en la competencia sin precios en servicio: bebidas gratis, vuelos espaciosos, asistentes de vuelo útiles (y atractivos), etc.

La regulación de tarifas por teléfono / teléfono restringió la entrada y creó subsidios cruzados de larga distancia al servicio local. Antes del desarrollo de las comunicaciones de microondas, el servicio de larga distancia se proporcionó a través de costoso cable coaxial. Como resultado, ese servicio fue utilizado predominantemente por los llamadores más ricos que pagaban tarifas muy por encima de los costos marginales, proporcionando ingresos para las subvenciones cruzadas. Pero a medida que el servicio de microondas se expandió y los hogares de clase media se hicieron más móviles, tanto el costo como la justificación “progresiva” de los subsidios cruzados crecieron cada vez más, debido a la entrada competitiva en servicios de larga distancia. En 1981, las llamadas interestatales eran el 8% del total de minutos, pero estaban pagando el 27% de los costos de telefonía local. Estas tarifas distorsionadas atrajeron a competidores que, cuando fueron bloqueados por las regulaciones y AT & T, finalmente obligaron al Departamento de Justicia a presentar una demanda antimonopolio que puso fin al monopolio regulado de AT & T / Bell System.”

Una revisión sobre el desarrollo de la teoría y las políticas públicas regulatorias durante los últimos cuarenta años

La revista Regulation, publicada por el Cato Institute, cumplió 40 años. Con motivo de ello, sus editores, Peter van Doren y Thomas Firey, publican un interesante artículo evaluando ese período en relación al desarrollo de la teoría y las políticas públicas relacionadas con las regulaciones. Aquí van algunos párrafos. El texto completo en: https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2017/3/regulation-v40n1-1-updated-2.pdf

“EL CRECIMIENTO DE LA REGULACIÓN FEDERAL

La visión común de la regulación en los Estados Unidos es que, para su primer siglo o así, el país aceptó el laissez faire; Hubo poca intervención del gobierno en las decisiones privadas del libre mercado. Esto no es completamente cierto; Los gobiernos estatales eran reguladores activos en algunos sectores, especialmente en la banca. Sin embargo, es generalmente correcto decir que la regulación federal fue limitada hasta los años que siguieron a la guerra civil, y se amplió grandemente durante y después del New Deal.

Los responsables de la formulación de políticas normalmente justifican estas intervenciones como necesarias para combatir las “fallas del mercado”, situaciones en las que, a su juicio, las interacciones del mercado no producen resultados aceptablemente “eficientes”. Estos fracasos incluyen el poder de mercado (un comprador o vendedor, o una colección de compradores o vendedores, domina un mercado y manipula la oferta y los precios, como los monopolios y los cárteles), externalidades negativas (situaciones en que algunos de los costos de una transacción son involuntariamente soportados por no participantes En la transacción, un ejemplo es la contaminación), fallas de información (una parte en una transacción tiene una ventaja informativa sobre otras partes que distorsiona el mercado) y problemas de bienes públicos (un proveedor no puede excluir a los que no pagan, Equitación “sobre los pagos de otros y el bien que se presta como resultado, ejemplos incluyen algunos aspectos de los servicios de bomberos y policía y defensa nacional). Cada uno de estos casos resulta en menos transacciones que en un mercado sin tales fallas, lo que significa ineficiencia y pérdida de bienestar.

Una serie de regulaciones federales y políticas domésticas relacionadas a principios de la era post-Guerra Civil involucraron ferrocarriles. Los encargados de formular políticas creían que la amenaza de la competencia futura en rutas específicas disuadiría a las empresas ferroviarias de hacer costosas inversiones de capital necesarias para atender a las zonas menos pobladas. También les preocupa que los ferrocarriles no puedan reunir suficientes derechos de paso para sus redes ferroviarias. Para ayudar con este último problema, los legisladores ampliaron los poderes federales y estatales del dominio eminente para asegurar esos derechos de tierras para el uso de los ferrocarriles. Posteriormente, los responsables políticos adoptaron una regulación de tarifas para evitar que los ferrocarriles abusaran de su poder de mercado sobre rutas específicas de baja densidad y también requirieran la aprobación federal para que los ferrocarriles abandonaran líneas en estas áreas que ya no querían operar.

Las décadas siguientes vieron intervenciones gubernamentales similares en otras industrias que incluían tecnología madura, incluyendo telefonía, energía, radiodifusión, camiones y aviación de pasajeros, así como esfuerzos generales para combatir el poder de mercado (es decir, “rebajar la confianza”). Finalmente, a fines de la década de 1960 y principios de la década de 1970 se observaron más intervenciones federales en los precios minoristas, la mano de obra y la seguridad en las carreteras, así como un amplio impulso a la salud, la seguridad y la regulación ambiental.”

Mucha economía del bienestar, pero cuando quieren regular el tabaco, a la basura va el excedente del consumidor

La revista Regulation, del Cato Institute, cumple 40 años y trae algunos artículos que analizan la evolución de las regulaciones en ese período. Pero antes de verlos, es interesante este artículo de Pierre Lemieux, que se refiere a las regulaciones sobre las advertencias gráficas en los cigarrillos, pero que considera la cuestión de la economía del bienestar, el excedente del consumidor y el análisis de beneficios y costos. Van algunos párrafos: https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2017/3/regulation-v40n1-4.pdf

INDIVIDUOS INCOMPETENTES?

Hay muchos problemas con estos ataques sobre el excedente del consumidor y el análisis de costo-beneficio. No está en absoluto claro que la adicción o desinformación es suficiente para negar el excedente del consumidor de los fumadores.

Los consumidores adictos pueden tomar decisiones que maximicen su utilidad. Gary Becker, ganador del Premio de Economía 1992 de Nobel, demostró cómo la adicción puede ser una respuesta racional a circunstancias difíciles de la vida. Los adictos no son felices, pero son, según su propia evaluación, menos infelices de lo que de otra manera serían. Y sabemos que dejar de fumar no es imposible. Dos activistas contra el tabaquismo, Gerard Hastings y Crawford Moodie, lo admiten sin rodeos en un artículo sobre el control del tabaco (“Death of a Salesman”, abril de 2015):

Que [los fumadores] son ​​susceptibles de cambio es indudable: en Australia (como en muchos otros mercados) hay más ex fumadores que los fumadores actuales.

Supongamos que, como sostienen los nueve “economistas prominentes”, cerca de la mitad de los fumadores “eran fumadores diarios antes de los 18 años” y por lo tanto eran adictos. Sería cierto que la mayoría no eran adictos antes de ser reconocidos como adultos.

La segunda razón principal invocada para negar el excedente del consumidor en el caso del tabaquismo es la alegación de que los consumidores carecen de información suficiente sobre las consecuencias para la salud del tabaquismo. La verdad en esto está lejos de ser obvia. Según la investigación del economista W. “Kip” Viscusi de Vanderbilt, los consumidores no subestiman el riesgo de fumar, pero, por el contrario, lo sobreestiman en comparación con las propias estimaciones del gobierno de los Estados Unidos. Según las estimaciones oficiales, la probabilidad de muerte por cáncer de pulmón de los fumadores es de 0,08 y 0,26 de todas las enfermedades relacionadas con el tabaquismo, mientras que las personas ponen estos riesgos en promedio, respectivamente, entre 0,41 y 0,50.

Además, el análisis de la opción pública sugiere que los funcionarios gubernamentales y los expertos en salud pública, a menudo subvencionados, tienen sus propios incentivos para engañar y desinformar a los ciudadanos para aumentar su poder y ventajas.

Además de la adicción y la desinformación, otras justificaciones para negar el excedente del consumidor se relacionan con fallas personales tales como limitaciones cognitivas, falta de autocontrol e inconsistencia del tiempo. La inconsistencia del tiempo significa que un individuo descuentan el futuro lejano a una tarifa más alta que el futuro próximo, llevando a los regrets mientras que el futuro se acerca.

Sin embargo, los funcionarios del gobierno, es decir, los políticos y los burócratas, sufren los mismos fracasos que los individuos ordinarios. Además, los políticos son apoyados por estos mismos individuos que son asumidos incapaces de determinar lo que es bueno para sí mismos. Y los burócratas son contratados, aunque sea indirectamente, por estos mismos políticos.

Los economistas anti-tabaco a menudo resumen las razones de la intervención del gobierno en la captura de todas las “fallas del mercado”, es decir, las externalidades. El problema es que hay pocas o ninguna externalidades reales en fumar. Para salvar el argumento, conciben la adicción, la información imperfecta y las limitaciones cognitivas como “internalidades”, una especie de externalidad interna, un castigo de oxímor que el fumador se impone a sí mismo. Contrariamente a la normativa de la economía normativa, esta es una receta para el elitismo coercitivo. No hay razón para creer que los políticos, los burócratas y los reyes-filósofos académicos que decidan en el lugar de los individuos mejoren los intereses “reales” de este último. Los fracasos políticos son por lo menos tan malos -y generalmente más catastróficos que los fracasos del mercado, incluso cuando estos últimos existen. Jonathan Gruber, economista del Instituto de Tecnología de Massachusetts, consultor de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés) y firmante del artículo de los nueve economistas, ilustró la magnitud de los fracasos políticos en un sistema democrático. En un video memorable (fácil de encontrar en YouTube), Gruber declaró que la ACA no podría haber pasado sin “la estupidez del votante estadounidense” y una “falta de transparencia”, que proporcionó a ACA aboga por “una enorme ventaja política”.

No fumo, pero los que fuman tienen derecho a hacer con sus pulmones lo que les parezca. Sin externalidades, claro

La revista Regulation, del Cato Institute, cumple 40 años y trae algunos artículos que analizan la evolución de las regulaciones en ese período. Pero antes de verlos, es interesante este artículo de Pierre Lemieux, que se refiere a las regulaciones sobre las advertencias gráficas en los cigarrillos, pero que considera la cuestión de la economía del bienestar, el excedente del consumidor y el análisis de beneficios y costos. Van algunos párrafos: https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2017/3/regulation-v40n1-4.pdf

FUMAR Y 1776

Los gobiernos y sus asesores económicos han mirado muy duro por razones de ignorar el excedente del consumidor. No es sorprendente que los encontraran. Si parecían tan difíciles de entender por qué las políticas antitabáquicas reducen el excedente del consumidor y la utilidad en general, podrían encontrarlas también, así como otros problemas. Aquí hay algunas ideas para ellos.

¿Quién sabe qué envoltorio feo, impuesto por el gobierno puede hacer para el sentido de la estética de las personas a largo plazo? ¿Y quién sabe cómo se ha dañado la sociabilidad desterrando a los fumadores de lugares privados etiquetados como “lugares públicos”, y cuáles son las consecuencias a largo plazo de este apartheid de estilo de vida? (Tenga en cuenta que es ilegal abrir restaurantes o bares “sólo para fumadores y tolerantes al humo de segunda mano”).

Pero hay algo peor, incluso si eso nos lleva a tener ideas que no son muy utilizadas desde la Declaración de Independencia y la Declaración de Derechos. La intromisión oficial con el excedente del consumidor aumenta la probabilidad de tiranía y la expectativa matemática de su costo. Si la curva de demanda de un individuo no tiene un significado normativo, si un individuo no puede determinar lo que es bueno para sí mismo, ¿quién lo hará? Mayorías incoherentes, hombres políticos fuertes, burócratas sin rostro o reyes filósofos en sus torres de marfil académicas? ¿Cuántos otros bienes y servicios aparte del tabaco se declararán espejismos utilitarios sin beneficio real? ¿Dónde está el excedente del consumidor para vehículos utilitarios deportivos, caza, piscinas, libros D.H. Lawrence, vino, coches eléctricos o revistas académicas?

El costo de aplicar la guerra al excedente del consumidor también puede ser mayor de lo previsto por los prohibicionistas del tabaco, los reguladores y los nueve “economistas prominentes”. El asesinato de Eric Garner por policías de la ciudad de Nueva York mientras son arrestados por vender cigarrillos de contrabando debe recordarnos que La guerra contra el tabaquismo también destruye vidas.

“Fumar literalmente vuelve a conectar el cerebro”, afirman los “economistas prominentes”, citando un artículo en un diario neuropsiquiátrico. Pero la tiranía es sin duda una adicción peor que fumar. ¿Acaso el hábito de pedir soluciones autoritarias a los problemas percibidos también cambia el cerebro -incluyendo los cerebros de los expertos en salud pública que pasan toda su vida en medios donde son constantemente bombardeados con tales ideas? En el Estado (Liberty Fund, 1985, 1998), Anthony de Jasay escribe sobre la posibilidad de una adicción a largo plazo al gobierno.

¿Qué concluir de esta breve reseña de la guerra sobre el excedente del consumidor? La intromisión con el excedente del consumidor y la redefinición de la metodología del análisis costo-beneficio para ajustarse a las preferencias del analista o de sus amos políticos es peligrosa. Es un beneficio, no un costo, que las limitaciones constitucionales se opongan a esa ingeniería social.

En el caso del tabaquismo y otras actividades, podemos esperar que la Primera Enmienda sea más firmemente reconocida como dando protección a la expresión comercial como lo hace, por ejemplo, la libertad de expresión de los economistas prominentes en el Control del Tabaco. Con un poco de ilusión, también podríamos esperar que la Cuarta Enmienda proteja los derechos de propiedad de los productores en sus propios envases “.

LECTURAS

■ “A Theory of Rational Addiction,” by Gary S. Becker and Kevin M. Murphy. Journal of Political Economy 96:4 (1988), 675–700.

■ “An Evaluation of the FDA’s Analysis of the Costs  and Benefits of the Graphic Warning Label Regulation,”by Frank J. Chaloupka et al.TobaccoControl 24:2 (2015), 112–119.

■ Cost-Benefit Analysis: An Informal Introduction, by E.J. Mishan. Unwin-Hyman, 1988.

■ “Risk Beliefs and Preferences for E-cigarettes,” by W. Kip Viscusi. American Journal of Health Economics 2:2 (2016), 213–240.

■ “The Social Costs of Tobacco Smoking,” by A. Markandya and D.W. Pearce. British Journal of Addiction 84:10 (1989), 1139–1150.

Hayek teorizó sobre la competencia de monedas privadas y pocas décadas después el bitcoin y las criptomonedas lo confirman

Con los alumnos de la materia Proceso Económico II vemos la propuesta de Hayek sobre la banca libre y la competencia de monedas y luego el desarrollo del Bitcoin que parece conformarse a tales ideas. Aunque vemos otros textos, en su libro “Desnacionalización del dinero” Hayek trata el tema de la política monetaria y realiza una propuesta de “competencia de monedas”, cuya discusión es apropiada en todo país, como Argentina, que tiene dos monedas al menos, el peso y el dólar, o en Europa cuando se plantea la potencial salida de Grecia del Euro. El libro fue publicado en inglés por el Institute of Economic Affairs de Londres.

Hayek5

“Si vamos a considerar seriamente la utilización de diversas valutas concurrentes para su aplicación inmediata en un área limitada, es evidentemente deseable investigar las consecuencias de la aplicación general del principio sobre el que se basa esta propuesta. En el caso de que se aboliera —dentro del territorio de un país— el uso exclusivo de una sola moneda nacional emitida por el gobierno, hallándose permitida la circulación de monedas emitidas por otros gobiernos, se plantearía la cuestión de si no sería más conveniente suprimir el monopolio gubernamental de emisión monetaria, permitiendo que la empresa privada ofreciera al público otros medios de cambio que éste pudiera preferir.

Actualmente, los problemas que plantea esta reforma tienen un carácter más teórico que los planteados por mi anterior propuesta [que las monedas de los distintos países europeos fueran aceptadas en los otros, en lugar de tener una moneda única como el euro], toda vez que esta sugerencia más extrema resulta todavía demasiado extraña al público para poder ponerse en práctica. Ni siquiera los expertos conocen suficientemente la problemática que surgiría La generalización del principio subyacente para poder hacer predicciones seguras sobre las consecuencias de dicho plan. Es evidente, sin embargo, que no es necesaria ni ventajosa la incuestionable y universalmente aceptada prerrogativa del gobierno de producir el dinero. De hecho, puede resultar perjudicial y su eliminación constituiría un gran avance, dando paso a repercusiones altamente beneficiosas. No es demasiado pronto, por tanto, para comenzar el debate. Aunque el plan no pueda ponerse en práctica mientras el público no esté mentalmente preparado y continúe aceptando sin críticas el dogma de la necesidad del privilegio gubernamental, tal circunstancia no debe ser un obstáculo para el estudio de los fascinantes problemas teóricos que plantea este proyecto.

Los economistas no han discutido la competencia entre monedas

Increíblemente, la competencia entre distintas valutas no ha sido examinada en serio hasta hace muy poco. En las publicaciones relativas al tema no se cuestiona la creencia universal de que el monopolio del gobierno en orden a la emisión monetaria es indispensable, ni tampoco se explica si esta creencia se deriva simplemente del postulado según el cual en un territorio dado sólo puede haber un tipo de moneda en circulación —lo que podía parecer una ventaja cuando se trataba de elegir entre el oro y la plata como posibles tipos de dinero—. Tampoco encontramos respuesta a la pregunta de qué sucedería si se suprimiera el monopolio y si el suministro de dinero se realizara mediante la competencia entre entidades privadas que proporcionaran distintas divisas. La mayoría de la gente piensa que la propuesta de que el dinero lo emitan empresas privadas significa que todas deben emitir el mismo (en dinero fiduciario, token money, esto equivaldría simplemente a una falsificación) en lugar de distintos tipos de dinero claramente diferenciabas por diversas denominaciones y entre los cuales el público pudiera elegir libremente.

Más sobre la economía del bienestar, el superávit del consumidor, el tabaquismo y las advertencias publicitarias

La revista Regulation, del Cato Institute, cumple 40 años y trae algunos artículos que analizan la evolución de las regulaciones en ese período. Pero antes de verlos, es interesante este artículo de Pierre Lemieux, que se refiere a las regulaciones sobre las advertencias gráficas en los cigarrillos, pero que considera la cuestión de la economía del bienestar, el excedente del consumidor y el análisis de beneficios y costos. Van algunos párrafos: https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2017/3/regulation-v40n1-4.pdf

“Durante décadas, la literatura de salud pública ignoró el método económico y consideró el tabaquismo como una enfermedad involuntaria que sólo tenía costos y ningún beneficio. Contrariamente a la economía del bienestar ya los análisis de costo-beneficio, la teoría y la promoción de la salud pública se basaron en las preferencias de quienes realizan la investigación y la promoción. En sus declaraciones de política pública, la investigación en salud pública era casi científica. Esto no es sorprendente porque la salud pública contemporánea es más un movimiento político que un campo científico de estudio. (Ver “Los peligros de la salud pública”, otoño de 2015.)

A partir de la década de 1980, varios economistas mostraron que la investigación en salud pública sobre los costos y beneficios del tabaquismo era metodológicamente errónea. Los investigadores en salud pública no tuvieron en cuenta los beneficios subjetivos de los fumadores. Confundían los costos privados y externos, suponiendo que la productividad de un fumador pertenece a la “sociedad”. Confundían costos reales y meros traslados. Cometían muchos otros errores elementales. En un artículo del British Journal of Addiction de 1989, los economistas A. Markandya y D.W. Pearce escribió: “La conclusión primordial sobre la literatura empírica debe ser que las diversas estimaciones producidas generalmente carecen de fundamento en una teoría adecuada del costo social”. Muchos otros economistas mostraron que, con una contabilidad adecuada de los costos, no había un costo externo neto de fumar. La demostración fue devastadora, o debería haber sido.

En la década de 1990, el Banco Mundial vino al rescate del movimiento antitabaco. Esta organización reunió a un grupo de economistas que comenzaron a hacer el análisis costo-beneficio en su cabeza. Afirmaron que los fumadores no tenían el excedente del consumidor que creían tener porque carecían de información completa sobre las consecuencias para la salud del tabaquismo y porque eran adictos al tabaco. Su argumento era irregular, pero se podría argumentar que fue una gran mejora sobre el desierto metodológico de la defensa de la salud pública. (Véase “La economía del tabaco del Banco Mundial”, otoño de 2001.)

Sin embargo, los economistas del Banco Mundial fueron prudentes. “Los fumadores claramente reciben beneficios del tabaquismo”, admitió un cuarteto de autores que incluía al conocido economista Frank Chaloupka en un libro de 2000 patrocinado por el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, “de lo contrario no pagarían por hacerlo”. Kenneth Warner, profesor del Departamento de Gestión y Política de Salud de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Michigan y otro economista externo del Banco Mundial, escribió que “el tabaco produce utilidad para algunos miembros de la sociedad” y “esto La utilidad merece el reconocimiento (y tal vez algún respeto) en la planificación de una política de control óptima “.

Nueve “economistas prominentes”

Esta prudencia pronto fue rechazada. Una vez descubierto el truco del excedente de los cultivos, los economistas dirigistas y los activistas de salud pública se convirtieron rápidamente en adictos a esta nicotina metodológica. Ellos eran asistidos por el elitismo del campo en desarrollo de la economía conductual, que tiende a rechazar el valor normativo de las preferencias individuales.

Hoy, los economistas revisionistas y sus nuevos ventiladores de la salud pública abiertamente demandan que el análisis estándar del coste-beneficio no se aplica al tabaco. Los fumadores mal informados y adictos no pueden tomar decisiones racionales y prácticamente no tienen excedentes de consumo, afirman. Por ejemplo, nueve economistas, presentándose como “un grupo de economistas prominentes”, hicieron este argumento en un artículo de Control del Tabaco de 2014. Criticaron a la FDA por tomar el análisis de costo-beneficio demasiado en serio cuando evaluó los beneficios sociales y los costos de las advertencias gráficas (antes de que su mandato fuera anulado por un tribunal).

Los “economistas prominentes” rechazaron los “supuestos de la teoría económica tradicional” y declararon que “casi todo el” placer perdido “del uso del tabaco, tal como se representa por el excedente del consumidor medido convencionalmente, no debería ser incluido como costo en los análisis de la FDA Económico de sus reglamentos sobre el tabaco “. Es breve, escribieron,” nos parece inapropiado medir el área bajo una curva de demanda para definir el bienestar “.

El control del tabaco es una criatura interesante en sí mismo. A pesar de todas las campanas y silbidos de una revista revisada por pares, se parece más a un órgano activista del movimiento contra el tabaquismo. Kenneth Warner, uno de los economistas raros asociados con el control del tabaco y el presidente de su consejo editorial, fue uno de los firmantes del artículo. Tanto Warner como Chaloupka ejemplifican a los economistas que han descartado el excedente del consumidor al tratar con el tabaco.

Antes del artículo sobre el control del tabaco de 2014, la FDA no era un portaestandarte del análisis de costo-beneficio ni un brillante defensor del excedente del consumidor. Su análisis de costo-beneficio de 2011 -el criticado en el artículo de los nueve economistas- reconoció que “el concepto de excedente del consumidor es una herramienta básica de la economía del bienestar”. Esta herramienta no podía ser rechazada si se realizaba un “análisis completo y objetivo” A realizarse de acuerdo con las directrices federales. Sin embargo, sugirió recortar el 50% del excedente del consumidor de los fumadores, frente al 75% propugnado por el Banco Mundial y el artículo sobre el control del tabaco.

Las manipulaciones de la FDA y los nueve economistas son bastante complicadas y desordenadas. El “análisis de costo-beneficio” del gobierno australiano hizo todo más fácil simplemente rechazando el excedente del consumidor por completo. Invocando a los “economistas prominentes”, un resumen de dos páginas en el informe concluye que “la pérdida del excedente del consumidor no es una consideración apropiada con respecto a las intervenciones de control del tabaco” porque fumar no representa la “verdadera preferencia” de los fumadores.”

Esta modificación ad hoc a la metodología económica estándar viola las propias reglas del gobierno australiano para el análisis de costo-beneficio, que no mencionan ninguna posibilidad de incluso reducir el excedente del consumidor. Por el contrario, su Manual de Análisis de Costo-Beneficio claramente afirma: “Un principio básico es que los bienes valen lo que la gente está dispuesta a pagar por ellos”. Pero cuando usted quiere absolutamente probar algo, incluso los principios básicos no deben ser obstáculos.”

Regulaciones sobre los cigarrillos: buen caso para analizar la economía del bienestar y el cálculo de costos y beneficios

La revista Regulation, del Cato Institute, cumple 40 años y trae algunos artículos que analizan la evolución de las regulaciones en ese período. Pero antes de verlos, es interesante este artículo de Pierre Lemieux, que se refiere a las regulaciones sobre las advertencias gráficas en los cigarrillos, pero que considera la cuestión de la economía del bienestar, el excedente del consumidor y el análisis de beneficios y costos. Van algunos párrafos: https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2017/3/regulation-v40n1-4.pdf

“Análisis de costo-beneficio es la aplicación práctica de la economía del bienestar, un campo de la teoría económica. Proporciona un método para evaluar las políticas, programas y proyectos del gobierno de acuerdo con su contribución al “bienestar social”, es decir, a la utilidad o bienestar de todos los individuos en la sociedad. Rescindir los costos sociales de la política de sus beneficios sociales da el cambio en el bienestar social.

La economía del bienestar y el análisis de costo-beneficio están en el lado normativo de la economía. Lo que debe hacerse es la pregunta. En vez de importar una noción externa de lo que es moral o bueno, tradicionalmente los economistas han usado preferencias individuales como criterio último. Las preferencias individuales constituyen el fundamento de la metodología costo-beneficio: todos los costos y beneficios se definen desde el punto de vista de las preferencias subjetivas de los individuos involucrados.

Los costos sociales son el costo total de los recursos reales (mano de obra y capital) utilizados en el proyecto o la política bajo consideración. Se hacen de costos privados (o internalizados) y costos externos. Los costos internalizados son soportados por las partes dispuestas en una transacción y esas partes tienen un amplio incentivo para considerar los costos al decidir si deben operar. Del mismo modo, las partes consideran naturalmente los beneficios internalizados. Los costos externos, también llamados externalidades negativas, son costos reales que se trasladan a terceros no dispuestos; Un ejemplo clásico es la contaminación. Del mismo modo y simétricamente, los beneficios sociales son la suma de los beneficios privados para los individuos y de los beneficios externos generados por terceros.

La principal fuente de beneficios privados es el “excedente del consumidor”, definido como la diferencia entre lo que los individuos estarían dispuestos a pagar por un bien o servicio (o actividad) y el precio que pagan efectivamente. Técnicamente, es el área bajo la curva de demanda menos gastos de consumo. Es el beneficio neto que obtienen los consumidores. Como economista del bienestar y experto en costo-beneficio E.J. Mishan escribió: “El superávit del consumidor es el concepto más crucial en la medición de los beneficios sociales en cualquier cálculo social costo-beneficio”.

El significado normativo del excedente del consumidor proviene de que se basa enteramente en las preferencias individuales, es decir, en cada individuo que evalúa lo que es bueno o malo para sí mismo. Una nota importante: estamos hablando, por supuesto, de las preferencias de los adultos. Por definición, los niños necesitan tutores obligatorios; Los adultos no. Así es como los niños y los adultos se distinguen legalmente en una sociedad libre. Sólo en una filosofía en el polo opuesto de la economía normativa estándar podría el estado reclamar la paternidad sobre los ciudadanos adultos.

Según la economía del bienestar, la intervención del gobierno se requiere si y sólo si las externalidades están presentes; De lo contrario, los mercados libres maximizan automáticamente el bienestar social. Cuando el gobierno considera intervenir, el análisis costo-beneficio trata de determinar si la intervención resultará en más (mayor) beneficios que (aumento) de los costos.

En el caso de la política de control del tabaco, el análisis estándar costo-beneficio equipararía el costo social de la política al costo real de implementación (costos de cumplimiento y cumplimiento privado), más la pérdida en el excedente del consumidor de los fumadores. Los beneficios de la política incluirían cualquier posible aumento del excedente del consumidor de no fumadores, por ejemplo, a través de la reducción de la absorción involuntaria del humo de segunda mano (suponiendo que hay algún daño mensurable e inevitable allí).

Los costos de la atención de la salud de fumar sería una cuestión para cada fumador a considerar cuando él trae su demanda de tabaco para el mercado. La salud y la productividad del fumador adulto le pertenecen, por lo que su decisión de fumar implica sólo costos privados, que (en su evaluación) son inferiores a los beneficios subjetivos que obtiene al fumar. Obsérvese que los gastos de salud subsidiados no son un costo real, sino simplemente una transferencia, que en el caso del tabaquismo va de los fumadores a los no fumadores, ya que los primeros mueren más jóvenes y recaudan menos en las pensiones públicas.”

Los países de mayor apertura comercial son también los de mayor calidad institucional. La apertura limita al poder

Los países de mayor apertura comercial son países de mayor calidad institucional porque esa apertura limita la discrecionalidad de los gobernantes, reduce las presiones para obtener esos u otros privilegios y “protecciones” y empodera a los consumidores, no a los distintos sectores de interés. Una estructura institucional permeable a las presiones desata una carrera por obtener privilegios que termina convirtiendo a la política en una rapiña a obtener a costa de los consumidores, quienes pagan también como ciudadanos ya que el estado desatiende las necesidades generales de la población para convertirse en un instrumento de la distribución de rentas hacia quienes tienen más éxito político o poder de fuerza para presionar.

Mejorar la calidad institucional demanda muchos esfuerzos en distintos frentes, pero el resultado final es más y mejores oportunidades de progreso. El mercantilismo populista nunca ha llevado a esto, todo lo contrario.

La amenaza de retirar a Estados Unidos de las negociaciones para un tratado de libre comercio en el Pacífico, las amenazas del nuevo gobierno norteamericano de dar marcha atrás con el acuerdo comercial que tiene con México (no está claro si pretende lo mismo con Canadá) y la salida de Inglaterra de la Unión Europea serían pasos negativos, a menos que la alternativa fuera la apertura unilateral tanto sea de Estados Unidos como de Inglaterra, que no parece ser el caso, especialmente en el primero de ellos.

Esos tratados, si bien no brindan los beneficios del libre comercio, cumplen un objetivo “institucional”, ya sea porque fuerzan mejoras institucionales que serían difíciles de implementar a través del sistema político local (México en el TLCAN o NAFTA) o porque consolidan y bloquean reformas ya realizadas (los TLCs firmados por Chile, por ejemplo). En el primer caso, un Acuerdo Comercial Preferencial (ACP) se convierte en un condicionante externo para cambios que resulta difícil alcanzar internamente en países de la baja calidad Institucional y también en una barrera para el deterioro en aquellos de mejor calidad. En el primer caso se lo llama muchas veces “importación de instituciones”. En el segundo, es por el temor a que ese consenso no se obtenga en el futuro, a que políticas puedan deteriorar la calidad institucional, que no funcionen los límites internos, y de esta forma se impone un límite externo que cumple la función de “limite al poder” que la política local no puede alcanzar. Ambos casos implican “atarse las manos”, o tal vez más preciso, comprar límites al poder que la política interna es incapaz de proveer.

En particular, esos tratados (y, por supuesto, más aún el libre comercio unilateral) pueden poner freno a presiones proteccionistas locales, si es que por alguna circunstancia prefieren una limitación a la capacidad de lobby que puedan tener productores locales.

No es casualidad tampoco que los países de mayor calidad institucional sean más abiertos al comercio internacional y tengan más tratados preferenciales firmados. Salir de ellos sería una ventaja solamente si fuera para avanzar hacia el libre comercio, pero los mensajes recientes muestran que la intención es ir en sentido contrario.

Dinero y banca: una introducción al origen de los bancos, la creación secundaria de dinero y el manejo de las reservas

Con los alumnos de Proceso Económico II, de la UFM, vemos temas introductorios de dinero y banca. Ahora, sobre el origen de los bancos y sus primeras prácticas, del libro de Julio Cole, Dinero y Banca: 

“Generalmente se acepta que la banca moderna se origina en Italia, pero eso ha sido cuestionado por algunos autores, ya que los primeros bancos italianos—el Banco de Venecia fundado en 1171, y el Banco de San Jorge, fundado en Génova en 1320—de hecho no realizaban muchas de las funciones actualmente desempeñadas por los bancos comerciales. Si se considera que la función distintiva del banco comercial es la aceptación de depósitos a la vista transferibles mediante cheque, entonces los primeros orígenes se remontan al Banco de Barcelona, fundado en 1401, aunque una investigación más meticulosa probablemente revele orígenes más antiguos.

En los siglos XV y XVI se produjo un cambio en las rutas comerciales, y la supremacía comercial en Europa pasó del Mediterráneo a los países del Norte, y el poder financiero también pasó gradualmente al Norte de Europa. Como consecuencia, fueron las prácticas bancarias desarrolladas en estos países las que hubieron de determinar la posterior evolución de la banca moderna.

2.2.1. La necesidad de una nueva moneda estable para promover el intercambio comercial.

De los bancos establecidos en el Norte de Europa en este período, podemos tomar como representativo al Banco de Ámsterdam. Habiéndose convertido Holanda en un importante centro del comercio mundial, el banco fue inicialmente establecido en 1609 para manejar la heterogénea gama de monedas que los comerciantes holandeses recibían de todas partes del mundo. El principal objeto del banco era proporcionar una moneda estable que pudiera facilitar y promover el intercambio comercial. El banco aceptaba en depósito monedas de todo tipo, tamaño y peso, muchas de ellas desgastadas o adulteradas, las pesaba y evaluaba su contenido metálico, y abonaba en la cuenta del depositante el valor metálico de las monedas depositadas, o entregaba un recibo o certificado por el depósito. Estos certificados pasaban de persona en persona y servían como medio circulante, aunque eran redimibles en el banco por el metal que representaban. Los ingresos del banco provenían de una comisión cobrada sobre cada nuevo depósito, y se entendía al principio que el banco se manejaría sobre la base de 100 % de reservas metálicas: se esperaba que el banco mantuviera en sus bóvedas en todo momento la cantidad total de dinero metálico depositado (aunque no en la misma forma física en que había sido depositado).

Las cuentas de los depositantes eran abonadas en términos de una misma unidad de cuenta que representaba una determinada cantidad de dinero metálico de determinada pureza. La contraparte física de tales cuentas no pertenecía al banco sino a los depositantes, quienes pagaban al banco por el servicio de servir como depositario. Eventualmente, sin embargo, el banco empezó a dar en préstamos parte de las reservas metálicas que se le habían confiado en custodia. Esto gradualmente destruyó la confianza en el banco, y cuando uno de sus grandes prestatarios quebró en 1794, el Banco de Ámsterdam también entró en bancarrota.

2.2.2. El Abuso de las Reservas.

Este fue una de las primeras de una larga y triste lista de quiebras bancarias que se extiende a lo largo de los siglos. La mayoría de estas quiebras se debieron a la misma causa: la creación por parte de los bancos de obligaciones depositarias, pagaderas en dinero en efectivo, en una cantidad muy por encima de sus reservas de dinero en efectivo.”