Provisión estatal de bienes “públicos”, la salud en Canadá y “Las Invasiones Bárbaras”

Las tareas originalmente asignadas al estado eran las vinculadas con la seguridad, tanto interna como externa, las que pueden ser explicadas en términos de bienes públicos, también las relaciones exteriores y la provisión de justicia, pero el espectro es ahora mayor incluyendo, entre otros, la promoción de productos de un país en el exterior, el desarrollo del arte y la cultura local, la ayuda a los carenciados y la promoción del deporte.

Pero la administración estatal de servicios se enfrenta a problemas de incentivos que le impiden alcanzar la eficiencia. En el sector público los incentivos de la administración son más débiles. Los buenos administradores no se pueden llevar parte de las ganancias, tampoco sufren las pérdidas. Sus incentivos son más débiles que los del sector privado y esto, sumado a la estabilidad de la que normalmente gozan en sus puestos, lleva a mayores niveles de ineficiencia. Estos se expresan normalmente en estructuras burocráticas pesadas, resistentes a los cambios y proclives a la corrupción. Los representantes políticos, por otra parte, están sujetos a premios y castigos que expresan los votantes en el momento de votar, pero son necesariamente de corto plazo, dada la necesaria renovación de los mandatos.

El Estado, además, provee necesariamente una sola cantidad del bien público. Es decir, cuando lo provee lo hace para todos, lo que no permite que se satisfagan preferencias diversas. Por ejemplo, el Estado provee un servicio de seguridad en la forma de policía y financia esto con el cobro de impuestos. Algunos podrían desear más policía y menos crimen, y estar dispuestos a pagar más impuestos por ello; otros podrían desear menos y gastar menos. Los que deseen más seguridad terminan contratándola en el mercado; los que desean menos no tienen forma de evitarlo, al menos legalmente, ya que podrían volverse evasores. En el mercado, cada uno decide la cantidad y calidad que quiere obtener sujeto a su restricción presupuestaria.

Esa lección elemental aparece hoy evidente en el caso de la salud en Canadá. Allí existe un “Sistema Nacional de Salud” administrado por el Estado, el cual suele ser mencionado como modelo por muchos médicos y políticos locales. No obstante, tal vez el lector recuerde haber visto la película “Las Invasiones Bárbaras”, donde lo que allí aparecía no era muy diferente de un hospital cualquiera en América Latina (Esmail y Walker, 2004).

Invasiones barbaras

Pues como en el sistema estatal no hay “precios”, lo que la economía nos enseña es que cuando no hay precios, o se acercan a cero para los usuarios, entonces la demanda se expande. Por supuesto que la no existencia de precios no significa que el sistema sea gratuito, alguien tiene que pagar los costos, y en este caso ese alguien es el gobierno. Pero para todos, incluso para el gobierno de Canadá, los recursos son escasos, sobre todo comparados con una demanda exacerbada por lo poco o nada que paga el consumidor. A ese exceso de demanda sobre oferta le queda sólo un camino: ajustar por cantidad, habrá tan sólo tantos consumidores satisfechos como la oferta pueda atender, y el resto deberá esperar.

Al respecto, el informe mencionado muestra que el tiempo de espera promedio desde que el paciente es atendido por un médico clínico hasta el tratamiento para 12 especialidades y 10 provincias estudiadas es de 17,9 semanas, un poco más que las 17,7 semanas de 2003. Esta espera se compone de dos períodos diferentes. El primero es la derivación del médico clínico a la consulta con el especialista, la que alcanza las 8,4 semanas en promedio. El segundo es el tiempo entre la consulta con el especialista y el tratamiento, cuya espera es de 9,5 semanas.

Por supuesto que aquellas situaciones más graves tienen períodos de espera menores, no es lo mismo en cada especialidad. Así, por ejemplo, las de menor espera para ambos períodos juntos son: oncología (5,6 semanas), radiación oncológica (7,8 semanas) y cirugía general (9,9 semanas). Las esperas más largas se dan en cirugía ortopédica (37,9 semanas), cirugía plástica (35,8 semanas) y tratamiento oftalmológico (28,7 semanas). Los autores realizan también una comparación entre estos tiempos de espera y lo que los especialistas consideran que sería un tiempo “razonable”. Tomando en cuenta todas las especialidades concluyen que el tiempo de espera excede la razonable en un 88%.

Además de estas esperas, los pacientes deberían igualmente esperar cierta clase de tecnologías para diagnóstico, tales como tomografía computada, resonancia magnética y ultrasonido. La espera promedio para la primera es de 5,2 semanas, para la segunda de 12, 6 y para la tercera de 3,1 semanas. En cuanto a la cantidad de procedimientos que la gente estaba esperando al 30 de Junio de 2004, la cifra es de 815.663. Finalmente, los autores comentan que el sueño de un sistema de salud igualitario tampoco se estaría cumpliendo, ya que personajes famosos o conectados políticamente podrían eludir las listas de espera para cirugía cardiovascular, que los residentes suburbanos y rurales no tienen el mismo acceso, la igual que los de menores ingresos. Pero aún si fuera un sistema igualitario, estaría igualando a todos en la espera.

15 pensamientos en “Provisión estatal de bienes “públicos”, la salud en Canadá y “Las Invasiones Bárbaras”

  1. OMMA
    Economía e Instituciones
    Alumno: Miguel Ángel Guevara
    Profesor. Martín Krause
    Resumen de la lectura del documento: Capítulo 3. La Mano invisible: políticas públicas. El Foro y el Bazar
    En este capítulo del libro El Foro y El Bazar se ha tratado el tema correspondiente al intento reiterado de los gobiernos de corregir las supuestas fallas de mercado por medio de las políticas públicas regulatorias. Con bastante frecuencia hemos visto que los gobiernos suelen en incurrir en fallas que acentúan los males que pretenden corregir en los mercados, aunque esa no sea su intención. La mano invisible, en este caso, opera en sentido inverso, generalmente las erradas políticas públicas a largo plazo terminan perjudicándonos a todos. En países como Venezuela el gobierno ha tratado de regular los mercados a través de controles de precios, tasa de interés, distribución de alimentos, control de cambio, importaciones y exportaciones, etc. no ha quedado prácticamente ningún aspecto de la vida del país que no haya sido intervenido y los resultados han sido desastrosos. Aquí se evidencia una vez más que la falta de información es el principal enemigo de la planificación económica y que los precios del mercado y las leyes económicas son insustituibles.

    Aspectos importantes
    Me parece importante el tema que tiene que ver con los lobbies y su impacto en las variables económicas. Por ejemplo, en muchos países no se realizan licitaciones públicas transparentes y eso se traduce en acuerdos que terminan alterando los precios finales e inflando los presupuestos del Estado. Otro aspecto que me llama la atención es el relacionado con la llamada competencia imperfecta y por qué los gobiernos insisten en calificarla como una falla de mercado para intervenir, regular la competencia, destruir a las empresas eficientes y entorpecer las preferencias de los consumidores. Aquí es importante destacar que la calificación de conducta abusiva de una empresa pasa a ser una decisión discrecional del interventor.
    Preguntas

    1. En los países donde la regulación y el lobbie son la regla y no la excepción las grandes empresas, tanto nacionales como extranjeras, han tenido que aceptar esas condiciones y acudir a intermediarios y gestores que le faciliten el contacto político y el acceso y la información privilegiada. En muchos países esto se ha extendido a toda la economía y la gestión pública. Cómo pueden desmontarse estas ”instituciones” que ya forman parte de las reglas de juego y cada vez se arraigan más en la sociedad ?
    2. Por qué lo que es válido para el mercado de bienes y servicios no lo es para las grandes licitaciones públicas. Nadie ve mal que grandes obras como el Canal de Panamá haya sido construido por una sola empresa, en cambio no puede haber un monopolio u oligopolio en la producción de servilletas, por ejemplo?
    3. ¿Realmente las políticas públicas que buscan corregir las llamadas fallas de mercado estimulan la competencia o la entorpecen?

  2. Lo curioso del asunto es que el estado, lejos de probar una sola vez su superioridad sobre la empresa privada a la hora de gestionar, aumente y expanda su acción. El uso de la fuerza, ese monopolio que aspira a legitimar, es la única garantía de su actividad. Si en principio se dedica solo a la seguridad interna -justicia- y externa -ejército- es porque sus incentivos están vinculados a la conservación de unos determinados privilegios. Pero sin poder ofrecer una superioridad evidente en sus formas y maneras de gestionar, lo que hace de inmediato el estado es tratar de ganarse su legitimidad. Gana espacios de gestión, no en base a sus éxitos, sino a la necesidad de ‘comprar’ el reconocimiento de los ciudadanos. Es irritante que así fuese y así continúe siendo, ya que como observara Milton Friedman, cuando una empresa privada falla lo normal es que acabe cerrando. En lo público, los errores de gestión les lleva a ampliar su margen de actuación, creando problemas suplementarios porque ni es una empresa ni puede gestionarse como si lo fuera (incentivos perversos, maximización de votos, ausencia de precios).

    -Sería conveniente plantearse si no hay una deliberada acción gubernamental al crear regulaciones extensas con amplios márgenes para la arbitrariedad. Esa es la semilla de la corrupción pero lejos de establecer severos controles para evitarla, esto pasa a formar parte de la idiosincracia de algunas burocracias que tienden a justificar todos esos desatinos regulatorios.
    -Es curioso observar como en campos completamente regulados se producen acciones que, habitualmente, se pretende reprochar a economías más abiertas. Por ejemplo, la sanidad. Observamos que aquellas personas famosas o bien conectadas con la administración pueden acceder a servicios públicos de manera prioritaria, sin atender a otro criterio que no sea esa conexión. Sin embargo, esas mismas personas recelan del mercado porque los servicios médicos permitirían atender de forma prioritaria a quienes puedan pagarlos, lo que les resulta inaceptable. Siempre hemos representado a la justicia como una señora de ojos vendados para expresar el ideal de neutralidad. ¿Podría comportarse la administración de esa forma en algún momento, sin discriminar ni actuar arbitrariamente?
    -Todas estas acciones estatales se legitiman bajo un ropaje amable, considerando eufemísticamente ‘gasto social’ cuando debería decirse ‘gasto político’. ¿Cómo explicar a la gente que no existe un ‘almuerzo gratis?¿Es una batalla que estamos condenados a perder, resignándonos tan solo a disminuir apenas una fracción de gasto político de las amplias políticas que desarrollan los estados?
    (Las minúsculas referidas al estado son deliberadas)

  3. 1. Resumen
    Una vez identificados los fallos del mercado en el capítulo anterior, se analizan los problemas que conllevan las políticas públicas que pretenden resolverlos: falta de incentivos de los monopolios legales, desconocimiento de la información por parte del planificador, incapacidad para gestionar la ingente regulación asociada y proporcionar seguridad jurídica), dificultades intrínsecas para afrontar las externalidades (subjetividad del valor, coste del subsidio o del impuesto, privilegios, etc) e ineficiencia en la provisión de bienes públicos.
    Como muestra de los fallos del Estado, se analizan los problemas medioambientales en Hispanoamérica, originados mayoritariamente por la ausencia de propiedad privada de los recursos naturales y la falta de conciencia ambiental.

    2. Conceptos relevantes (a mi juicio)
    Visión crítica de las regulaciones: Stigler, Peltzman, Posner. Aplicación de la imposibilidad del socialismo de Mises al caso de las regulaciones.
    Conceptos de flujo (adicional, cambiante) y stock (existente, fijo) en torno a las normas legales: descripción del derecho como un bien, al que se le puede aplicar la Ley de Utilidad Marginal Decreciente en la búsqueda del equilibrio jurídico.
    Fallos del Estado en la provisión del derecho: desequilibrio por defecto (el Estado no es necesario) y por exceso (el Estado permite obtener privilegios).

    3. Preguntas
    a) La información es limitada y asimétrica tanto si el bien o servicio lo provee el mercado como si lo hace el Estado: ¿por qué sólo se habla de fallo del mercado, y no de fallo del Estado, en la misma situación?
    b) ¿No hay una cierta desventaja competitiva de los países del primer mundo frente a los países en vías de desarrollo, en cuanto a la regulación aplicable en unos y en otros?
    c) Cuando se privatizan empresas públicas, ¿no se provocan, en muchos casos, monopolios privados mucho peores que los que generaría el mercado?

  4. Con el avance del tiempo, las sociedades van presentando nuevas necesidades, a las cuales el Estado debe adaptarse y comenzar a satisfacer.
    No obstante, el Estado no tiene fuertes incentivos para ser eficiente en la provisión de esos bienes o servicios. Además, en la misma forma que existen “fallas de mercado”, existen también “fallas de la política” que ponen límites a estas situaciones. Una de estas “fallas de la política”, es la preferencia de los gobernantes por el corto plazo; esto se explica, por la necesaria renovación de mandatos que es una de las esencias de la democracia, para evitar el control absoluto del poder; combinada con el incentivo que tiene el político para ser reelecto y mantenerse en la carrera política. Esto lleva a que prefiera obtener los beneficios hoy y postergar los costos para el futuro, ya que los primeros los aprovecha el representante, mientras que los otros se trasladan a quien lo suceda.
    Por otro lado, se vuelven poco atractivas las políticas que brindan beneficios a largo plazo pero generan costos a corto plazo o tienen un impacto poco visible en forma inmediata.
    Un ejemplo claro de esto es la preferencia para financiar un determinado gasto público con endeudamiento en lugar de recaudación de impuestos. El endeudamiento permite gastar hoy y que paguen otros, algunos que incluso ni siquiera votan hoy; en cambio, recaudar impuestos requiere enfrentar a los votantes y pedirles su dinero, algo que éstos no aceptan fácilmente.
    Los políticos y los funcionarios gubernamentales persiguen su propio interés, como todos los demás, lo que no excluye que se ocupen, en parte, del bien general.

  5. Guía sobre: Capitulo III: La mano visible: políticas públicas (Del libro El Bazar y el Mercado).
    Resolver los problemas que generan las “fallas de mercado,” mediante la implantación de políticas públicas, por el Estado no quiere decir que se haga eficientemente, por las dificultades y la falta de incentivos que implican.
    Referente a la resolución de la competencia imperfecta, cuando lugar a monopolios y oligopolios, el Estado, mediante agencias gubernamentales pretende regularla, creando para ello normas para impedir estas conductas, sobre todo para evitar la cartelización, de acuerdos entre empresas, sean formales o tácitos para sostener los precios. Lo que pretenden estas agencias gubernamentales es “favorecer” la competencia, analizando, el funcionamiento de los mercados para estudiar su funcionamiento y evitar los abusos posiciones monopolísticas. Puede ocurrir, que por intervención de estas agencias un proveedor de servicios se convierta en un monopolio legal. Este monopolio legal estará controlado por una agencia gubernamental, que establecerá tarifas y/o inversiones a acometer. Por otra parte, al regular el monopolio natural lo podemos convertir en monopolio legal, que no tiene nada que ver con la eficiencia. En este monopolio legal se elimina el incentivo para innovar. Tampoco existe información sobre costos e inversiones, ya que el precio no lo pone el mercado. Y en definitiva, se puede convertir en un servicio caro con tecnologías obsoletas, ya que reduce los incentivos de aplicar nuevas tecnologías que son las que destruyen los monopolios naturales. En estos monopolios naturales, los partidos políticos generan coaliciones mayoritarias de grupos de interés que tratan de extraer riqueza del público, por medios regulatorios, ejerciendo actividad empresarial. Estas políticas persiguen un interés personal, de los políticos y sus coaligados, beneficiando a un grupo de clientes a expensas de otros.
    En cuanto a las externalidades, la solución intervencionista del Estado se concreta en la aplicación de impuestos a las negativas y de subsidios a las positivas. Es decir, con impuestos a lo relacionado con medio ambiente (por ejemplo, emisiones de gases) y subsidios a la educación. En medio ambiente, con externalidades negativas, la política intervencionista no está exenta de problemas. Y no tiene en cuenta que lo importante es un marco institucional de normas que motive un aprovechamiento racional, protegiendo el recurso para que pueda seguir brindando servicios, ya que no existe actividad sobre los recursos sin impacto. Uno de los errores de estas políticas intervencionistas se concretan en los precios por parte de las autoridades regulatorias, que no reflejan la escasez y el ineficiente manejo de empresas públicas dedicadas a su provisión. Además de otros errores relacionados con los subsidios, la propiedad, la moneda y la inflación. La educación también puede ser provista, de forma más eficiente, por el sector privado.
    Aquellos bienes con características de públicos –no exclusión y no rivalidad- pueden ser provistos por el Estado, igual que la información necesaria para resolver problemas de información asimétrica. Pero la administración estatal se enfrenta a problemas de incentivos que le impiden alcanzar la eficiencia. El Estado provee necesariamente una sola cantidad del bien público, con menos incentivos que el sector privado, lo que le lleva a mayores niveles de ineficiencia. También debemos considerar que cuando no existen precios, la demanda del servicio aumenta.
    Por otra parte, existen “fallas de la política”, que permite la existencia de lobbies o grupos de presión para impulsar políticas que les favorezcan en perjuicio de la mayoría de la sociedad. Las fallas de la política ponen límites a las situaciones de intervención estatal. Desde luego, en la mayoría de los casos las consecuencias de las fallas de la política son peores para la sociedad que las fallas de mercado que pretenden corregir.
    Preguntas al autor.
    1. ¿Puede una agencia gubernamental conocer suficiente los mecanismos de funcionamiento del mercado para regular las imperfecciones del mismo?
    2. Los partidos políticos cuando entran a gobernar las agencias gubernamentales que fijan los precios de tarifas y otras condiciones (inversiones, sobre todo) en los monopolios legales, ¿Cómo guían sus funciones empresariales? ¿De dónde sacan las informaciones relevantes del mercado, al que quieren corregir?
    3. ¿Cómo pueden establecerse los límites para las regulaciones estatales en todos los ámbitos de las actividades empresariales? Llegamos al extremo de que todo va a estar regulado, que va a hacer muy difícil conocimiento, interpretación y aplicación de tanta normativa. Los perjudicados, los que dice la normativa defender: los consumidores.

  6. Economía e Instituciones
    Profesor Martín Krause
    Alumno: Artur Nadal

    RESUMEN

    Las políticas públicas deberían ser la solución a los problemas de “fallas de mercado”, externalidades y bienes públicos, sin embargo la intervención del Estado mediante regulaciones no consigue siempre dichos objetivo. Las políticas públicas aplicadas en las fallas en el mercado pueden centrarse en la cantidad de participantes, incentivando la competencia o eliminando barreras de entrada. La provisión de bienes públicos implica la insatisfacción de una parte de los ususarios al no existir competencia, a la vez que la demanda puede llegar a ser inasumible (la “gratuidad” de la sanidad en España ha colapsado el sistema sanitario). La subjetividad del concepto “bien común” aumenta considerablemente la cantidad de áreas en las que el Estado puede regular, multiplicándose los riesgos de desviaciones y privilegios. En resumen, las soluciones acaban siendo nuevos problemas.

    TEMAS RELEVANTES

    La subjetividad en la determinación de cuando, qué y como debe intervenir el Estado en lo referente a fallas de mercado, bienes públicos o externalidades, junto con la falta de conocimiento y la consiguiente incapacidad de satisfacer a todos los consumidores condiciona el problema central de toda política pública. Parte de las acciones políticas implican nuevos problemas, como el “rent-seeking” o los privilegios.

    La necesidad regulatoria condiciona la proliferación legislativa y ésta, en algunos casos, atentaría contra los derechos de propiedad, como el caso del control de alquileres o las expropiaciones forzosas, aumentando las “fallas” del mercado en lugar de reducirlas.

    La sujeción de la provisión de leyes (derecho) a la Ley de la Utilidad Marginal es esencial para entender el incumplimiento habitual de la normativa en algunos países. Por ejemplo: en España existen vigentes más de 170.000 leyes, entre normas, reglamentaciones, decretos, etc.

    PREGUNTAS

    El concepto “bien público” o “interés general” ¿podría considerarse la piedra angular en la que el Estado centra su “justificación moral” para actuar mediante políticas públicas?

    La soberanía individual ha sido regalada y entregada a la sociedad (al Estado, al pueblo o a la nación) ¿Sería la pérdida de la soberanía individual la causa por la que el estatismo “democrático” tiene ahora la preeminencia en las decisiones del ámbito personal? ¿Más regulación es siempre mayor pérdida de libertad individual?

    ¿Existiría un punto de equilibrio entre la provisión de normas por parte del Estado y la demanda de la sociedad? ¿Podría ser éste un indicador de calidad institucional? ¿Sería posible su cálculo?

  7. RESUMEN:
    Según los teóricos de las mal llamadas “fallas de mercado”, los problemas que surgen como consecuencia de esas “fallas” pueden ser resueltos mediante políticas públicas. Así:
    – Las políticas públicas teóricamente destinadas a erradicar los problemas de falta de competencia buscan su promoción impidiendo que se den monopolios o cárteles a través de los cuales se fijen precios distintos de aquéllos a los que se ofrecerían los productos en un teórico mercado perfectamente competitivo.
    – Para solucionar las denominadas “externalidades” se propugna la imposición de impuestos (para combatir las negativas) y los subsidios para compensar por las positivas.
    – Para garantizar la provisión de bienes públicos (en los que se den los dos rasgos que se comentaban en el capítulo precedente: no exclusión, no rivalidad), según este planteamiento es el Estado quien debe encargarse de ello.
    – En cuanto a los problemas de información asimétrica, de nuevo es el Estado quien directamente debe proveer la información necesaria.
    No obstante todo lo anterior, el capítulo concluye reconociendo que el Estado no siempre consigue solucionar los problemas arriba aludidos, antes al contrario, ya que carece de los incentivos para ser evidencie en la provisión de esos bienes o servicios.

    TEMAS MÁS INTERESANTES:
    Creo que es interesantísimo el repaso que se hace en el capítulo de los problemas medioambientales, las propuestas públicas para solucionarlos y los defectos o las deficiencias de los resultados de esas políticas, en contra de lo que ocurre cuando es el mercado quien se encarga de resolverlos.
    En ese sentido, creo que los ejemplos que se señalan demuestran que el derecho de propiedad y su protección es un elemento esencial -no sólo desde un punto de vista estrictamente ético, que también- para conseguir que los individuos en sociedad sean capaces de solucionar esas llamados “fallas de mercado”. El problema, no obstante, es conseguir el pleno reconocimiento de esos derechos de propiedad, articular los mecanismos de protección necesarios y que el coste de su defensa y su reconocimiento justifique la realización de acciones empresariales que permitan ir superando las teóricas “fallas” a las que arriba nos referíamos. Precisamente para ir solucionando y minimizando esas “fallas” (y aunque sabemos que la perfección nunca se conseguirá) se necesita tiempo, una correcta y libre fluctuación de los precios, libre ejercicio de la función empresarial y acumulación de conocimiento, tecnología y recursos. Pretender una solución aquí y ahora, gracias a la intervención del Estado, no creo que solucione realmente los problemas, y sí genera otros mucho mayores, como se deduce del propio capítulo.
    En ese sentido, sigo pensando que todo el problema de las llamadas “fallas de mercado” es tratar de conseguir, en el aquí y en el ahora, una teórica Arcadia feliz (imaginaria e irreal) en la que todo sea teóricamente perfecto y en la que no haya “problemas”. Y es un problema porque ello es, dada la propia naturaleza de las cosas, imposible; y actuar sin reconocer las limitaciones naturales del hombre y de las cosas es una inconsciencia que acaba generando otros problemas sin, en la mayor parte de los casos, solucionar los que se pretendían corregir. Creo, como decía más arriba, que el repaso que se hace en el capítulo de los problemas medioambientales y las soluciones públicas que se han articulado es realmente valioso para mostrar con ejemplos las limitaciones de la intervención estatal.

    PREGUNTAS:
    1.- Según el modelo de competencia perfecta vs. competencia imperfecta, tanto los monopolios como los cárteles deben ser erradicados ya que buscan obtener, por los bienes y servicios que venden o prestan, unos precios distintos del precio al que lo proveería el mercado si la competencia fuese perfecta. En mercados teóricamente competitivos ¿tenemos la certeza de que el precio que “arroja” el mercado es el más eficiente y el que encajaría exactamente en la intersección de curvas de los modelos de oferta y demanda? ¿Acaso ese precio teórico que se daría en “competencia perfecta” (en casos de monopolio) no es una quimera, fruto de la imaginación del teórico que lo elabora, ya que realmente es imposible de determinar con exactitud (si el precio depende de la valoración subjetiva de los individuos, su determinación, fuera del mercado y del juego de la libre oferta y demanda es imposible)? ¿Acaso apelar a esa presunta diferencia entre el precio de mercado perfecto y el de monopolio o de cártel no es una burda justificación de un deseo de intervenir políticamente y por la fuerza, limitando el derecho de propiedad y la libertad, para redistribuir arbitrariamente la riqueza? ¿Si se puede justificar, desde un punto de vista teórico, la intervención pública antimonopolio a partir de criterios de eficiencia (a pesar de que el cálculo económico, tal y como se plantea para comparar las distintas alternativas es imposible, y la determinación –clara, objetiva y sin discusión- de en qué casos nos encontramos ante un monopolio o un cártel, y en qué casos no, también), no es cierto que se puede justificar también, por iguales argumentos aunque llevados al extremo, la fijación, por parte del Estado, del precio de cualquier bien en una economía? Bastaría con “demostrar” que el precio al que se pretende comprar o vender ese bien está viciado por la ignorancia, el egoísmo o la mala fe del comprador o del vendedor, para justificar la fijación de otro. O los precios son algo objetivo, o dependen de la subjetividad de la gente, pero eso de utilizar criterios de eficiencia o de subjetividad, según me convengan y en función de las políticas que quiera aplicar, no me parece serio.

    2.- ¿Por qué los “bienes públicos” deben considerarse como “fallos de mercado”? ¿Quién decide que se trata de un bien del que deberían poder disfrutar los individuos, cualquiera que sea su coste? ¿Es eso una decisión estrictamente económica, o es una decisión política?

    3.- ¿Es realmente cierto, como señalan Fon y Parisi, que “la existencia de un mayor número de normas formales reduciría los costos de adjudicación”? ¿Dónde queda la libertad individual y la libertad de pactos? ¿Qué es lo importante, la cantidad de las normas o su calidad? Acaso no es mejor que existan una serie de principios sólidos y estables y unas normas razonadas y razonables, aunque no sean muchas, a que haya gran cantidad de normas? Cuanto mayor es el número de normas, más fácil es que se den inconsistencias, incoherencias o contradicciones. Cuanto mayor es el número de normas, más fácil es que obedezcan a criterios o principios más o menos distintos… Dado que regularlo absolutamente todo es imposible (máxime en una sociedad cambiante), que los principios generales en los que se basan las normas sean claros es esencial. Las marañas legislativas hacen que determinar esos principios o criterios generales sea mucho más difícil. ¿Acaso el intentar regular todo con detalle a través de normas formales no supone un freno para el desarrollo natural de las relaciones de los individuos en el seno del mercado?

    4.- Los recursos son escasos: ¿quién dice que el destinar recursos públicos –de por sí escasos- para corregir presuntos problemas concretos generados por las mal llamadas “fallas de mercado” es algo mucho más necesario que destinarlo a otros posibles problemas (a lo mejor también derivados de esas presuntas “fallas”) o a necesidades concretas de los propios ciudadanos (si interviene el Estado, por definición se trastoca el sistema de precios, y si este se trastoca, se imposible el cálculo y la valoración)? Al final se trata de una decisión política, que no obedece a criterios de eficiencia, por mucho que nos lo quieran vender así, y que tampoco está legitimada, ni siquiera en las democracias, por el hecho de que los gobernantes hayan sido elegidos libremente, ya que no se van votando, una a una, cada política pública concreta por los ciudadanos, sino que los candidatos son elegidos por criterios “globales”, por lo que ni siquiera dichas políticas cuentan, en muchos casos, con un apoyo mayoritario de aquellos (ni siquiera si fuesen decisiones mayoritarias estarían necesariamente justificadas, si con ellas se restringen o limitan derechos individuales).

  8. Master de Economía Omma
    Guía de Lectura III:

    I
    En el tercert capítulo se presentan un acumulado de distintas fallas de mercado, las cuales, según alguno, pueden ser resueltas por medio de la intervención estatal. Para ello se pueden implementar políticas públicas que tienen como objetivo combatir directamente o incentivar que se superen las fallas. Por ejemplo, aplicar impuestos a la contaminación (o vouchers), impulsar la compentencia en ciertos mercados para impedir el monopolio.

    Asimismo el estado es aquel que debería encargarse de todas aquellas actividades que no se proveen por el mercado o que consideran el mercado no provee “naturalmente”.

    Estas fallas son comparadas contra el modelo de compentencia perfecta. El mercado “falla” al no ser perfecto. Al no ser un modelo idealizado que tiene como finalidad la ayuda de la comprensión de la economía. Es decir, el modelo de competencia perfecta no es descriptivo de la realidad, si no una herramienta eurística para comprenderlo.

    Sin embargo, el estado “sabe” lo que el mercado desconoce. Por lo que su intervención debiera ser en favor del mercado. El capítulo concluye admitiendo que las políticas públicas no resuelven generalmente los “problemas del mercado” y que, más bien, modifican la estructura de incentivos que aleja al modelo de la competencia perfecta.

    II
    Me parece relevante la relación que se plantea entre los problemas de la intervención estatal y los derechos de propiedad. Ya que hoy en día es el medio amiente la causa abanderada por los que buscan mayor intervención estatal

    Asimismo, creo que se hace patente a lo largo del texto los problemas que tiene comparar un “objeto” real con uno ideal: lo ideal suele negar lo real (pensemo en la crítica de Nietzsche a dios o la propuesta de Platon del mundo de las ideas, las cuales son perfectas y la idea del Bien es la más perfecta).

    Por otro lado, es importante ver la presión que ciertos grupos sociales pueden tener para influir en políticas públicas mediante lobbies. Es decir, el estado es manejado a la par por preferencias idividuales (esto parece obvio), las cuales se terminan imponiendo sobre las de los grupos que no tienen acceso al poder (cf. Hazlitt).

    III
    (a)¿Cómo puede el Estado “saber” qué falta en el mercado y cómo debería ser? Si asumimos el modelo idealizado y la cantidad de presupuestos que se hacen a la par con el modelo matemático, entonces, ¿no se aplica una versión de la crítica epistemológica de Benacerraf a las matemáticas? Es decir, ¿cómo se prueba que existe un vínculo causal entre la persona que piensa el modelo y el modelo?; ¿cómo se puede demostar que hay acceso y relación del mundo ideal al mundo real?

    (b) Si el estado “resuelve” los problemas del mercado, ¿por qué se mantienen los mismos problemas (e.g. medio ambiente) a lo largo del mundo? ¿Por falta de implementación o eficacia? ¿Si es lo segundo, no sufren del mismo desperfecto que el mercado?

    (c) ¿Que es lo que justifica la intervención gubernamental: ser la voluntad del pueblo? Si ese es el caso, entonces si hay gobiernos sucesivos que hacen exactamente lo opuesto intercaladamente, ¿significa que esa es la voluntad del pueblo? Es la intervenció justificada por mayor cantidad de conocimientos concentrados en especialistas en el gobierno, si ese es el caso, ¿quién determina qué set de conocimientos es deseable en el estado y que set no?

  9. OMMA. Economía e Instituciones. Profesor. Martín Krause
    Alumno: Juan M. Delafuente
    Resumen del capítulo 3. La Mano invisible: políticas públicas. El Foro y el Bazar
    Trata el tema de las denominadas “fallas de mercado”: competencia imperfecta, externalidades, información imperfecta, bienes públicos y la posible corrección con políticas públicas mediante regulaciones e intervenciones estatales.
    El mercado no es perfecto, la competencia tampoco, existen descoordinaciones evidentes por múltiples causas que conllevan carencias sociales que las políticas públicas intentan solucionar ocasionando mayor descoordinación en numerosas ocasiones.
    Hay sectores como la telefonía fija, la red de energía de alta tensión, la red ferroviaria, la distribución de agua potable, la red de gas, el servicio de alcantarillado, la televisión por cable… que se estatalizan o regulan por la dificultad o imposibilidad de competencia. Hay efectos que producen externalidades negativas y positivas como la emisión de CO2, las innovaciones tecnológicas, el conocimiento científico que el Estado tratan de subsanar mediante impuestos o subsidios. Hay carencia de información o información asimétrica mediante servicios públicos que palíen esa carencia. Hay bienes públicos (defensa, relaciones exteriores y otros muchos que casi nadie cuestiona y que sin duda son cuestionables) que el estado proporciona financiados mediante impuestos.
    El grave problema actual que las políticas públicas de intervención y regulatorias para paliar las denominadas falla de mercado que la mano invisible del orden espontáneo no soluciona o soluciona deficientemente, tratan de solucionarse por ingenieros sociales haciendo de dioses y creando una huida hacia delante que provoca opulencia y miseria: graves desajustes.
    Aspectos relevantes del III capítulo.
    Por hacer hincapié en un aspecto destacaría la argumentación de la información incompleta de los mercados impide llegar al óptimo, “lógicamente” ellos tienen toda la información (y más) y por ende los ingenieros sociales de la política también tienen información perfecta ergo deben intervenir para arreglar los problemas de descoordinación. El drama es que producen más distorsión y más desinformación abocando al óptimo paretiano en mínimo minimorum.
    Preguntas
    1. ¿Por qué los servicios públicos de salud gozan de buena prensa y en general de apoyo social si la teoría económica predice una demanda tendente al infinito y por ende listas de espera imposibles de reducir…, etc., gastos sanitarios más caros que los privados, despilfarro, etc.?
    2. ¿Por qué las políticas intervencionistas están plagadas de demagogia con el fin de volver a ser reelegidos y sin embargo las liberales –creadoras de riqueza- solamente se les critica o se cuenta con ellas al borde del precipicio?
    3. ¿Por qué no se desenmascaran las políticas públicas que tratan de paliar las fallas de mercado creando más fallas y desajustes y para remediar los desajustes se interviene creando nuevos desaguisados, y así hasta más del 50% del PIB?

  10. Resumen:

    En este capítulo de “El Foro y el Bazar” se analizan las diferentes intervenciones estatales ante los fallos de mercado que se detallaron en las páginas anteriores. La mano visible del Estado trata de corregir los problemas que el consenso político y económico presionado por las demandas generadas por el juego electoral creen que no puede resolver de forma correcta u óptima la mano invisible del libre mercado. Los problemas que con esa mano visible se intentan resolver a corto plazo generan consecuencias no deseadas en otros sectores y a largo plazo que pueden ser consideradas fallos de la intervención estatal. Para terminar el autor pone el ejemplo de esta intervención estatal y sus consecuencias en diferentes estados hispanoamericanos sobre cuestiones medioambiantales.

    Temas a resaltar:

    La fatal arrogancia del Estado (y muchos votantes) que se creen capaces de planificar vía regulación relaciones humanas complejas como las que se dan el Mercado (esa gran sociedad que facilita la colaboración entre personas anónimas).

    Resulta resultable que muchas legislaciones antitrust hayan sido motivadas justamente para evitar la competencia, promovidas por empresas ya establecidas que más que competir buscan favores o rentas del Estado.

    A pesar de no haber visto “Las Crónicas Bárbaras” los efectos negativos de los servicios gratuitos son constatables también en la Sanidad española, en particular en Madrid se construyeron 9 hospitales durante dos legislaturas. Los políticos pensaban que aumentando la oferta conseguirían disminuir las listas de espera pero no lo hicieron porque al ofertar un servicio gratuito no hay límites para la demanda.

    Preguntas:

    Suponiendo que existe una regulación óptima, ¿quién regula al regulador?

    ¿La voracidad regulatoria de los estados actuales se puede invertir o continuará generando más y más legislación? ¿No existe una trampa democrática en la que hace imposible retroceder en cuestiones ya reguladas ante una demanda de los votantes que siempre pedirán mayor intervención? ¿Hasta dónde tendría que llegar a ser imposible la actividad económica para que aquellos que dependen de esa regulación exijan que el proceso se invierta?

    ¿Puede considerarse que el mercado informal es más libre que el formal cuando hay un exceso de regulación?

    ¿En caso de solo tener opción a regular cree mejor regular la demanda (emulando la elección del consumidor) a la oferta?

  11. En efecto, como el Autor comenta, vemos la expansión de un poder de policía restringido a uno amplio a través de fallos como “Ercolano, Agustín c/ Lanteri de Renshaw, Julieta s/c consignación del 28 de abril de 1922”, y a partir de este momento el Estado tiene la potestad de intervenir ya no solo en cuestiones relacionadas con la salud pública, la moral y la seguridad (tanto interna como externa), sino también en temáticas que involucran las relaciones económicas entre los particulares, como así también de los particulares con el Estado. Desde ya que este apartado dictado por el profesor nos remite al capítulo 5 del libro, con referencia a los incentivos de los políticos para ejercer correctamente su función como funcionarios políticos, en busca de un bienestar general de la sociedad. Y para emparentar el tema con lo tratado del sistema de salud, en primera instancia no podemos dejar de observar que el derecho a la salud, es un derecho con jerarquía constitucional a partir del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y luego por el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dispone “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.” Con lo cual se debe permitir el acceso a toda persona a un sistema de salud gratuito, inclusivo y dinámico. Considero que el autor comete al error al generar la dicotomía totalmente disociada entre un sistema de salud totalmente regulado por el Estado o un sistema regulado directamente por el mercado, el cual no permitiría el ingreso a una gran cantidad de personas carenciadas, que no tienen la culpa de haber nacido en un país con grandes desigualdades.
    A partir de esto, considero que el Estado debe pugnar por brindar un servicio eficiente de salud, pero permitir el ingreso al mercado para que presten servicios médicos alternativos con diversos costos y prestaciones, de modo que quien pueda pagarlo, lo haga y se pueda adecuar a los diversos presupuestos de las personas que pueden abonarlo, de manera tal que la prestación médica estatal se desconcentre y pueda brindar un mejor servicio a quien mas lo necesita. Por otro lado, y sobre todo, para quienes quedan sujetos al Sistema de salud estatal, tenemos la gran problemática de los incentivos que tienen los funcionarios para asignar mayores partidas presupuestarias a este efecto, y no destinarlas a otras cuestiones que también apremien y permitan engrosar la popularidad del político para una futura elección. Con lo cual, ante estas fallas estatales, se deben generar cada vez mas regulaciones respecto a las responsabilidades civiles y penales de los funcionarios públicos, para que los mismos tengan el incentivo de buscar el bienestar social, o al menos, si no tienen ese incentivo, alejarlos de la función pública, y de esa manera hacer respetar la tan mentada división de poderes, pero por otro lado, también debe haber un control de la prestación médica privada, para que los mismos no solo tengan el objetivo de engrosar su cartera de clientes para una mayor ganancia, sino que brinden un servicio acorde a las prestaciones que dicho prestador se promete a cumplir mediante el control de obra social u medicina prepaga.

  12. Si bien una de las funciones principales del Estado es brindar a la sociedad una asistencia medica gratuita y ademas la protección debida, la realidad es que no existe una buena y clara asistencia medica, a pesar de implementar nuevas ideas por parte del gobierno en tener un acceso mas fácil y directo, como por ejemplo agilizar ser atendido por un especialista en un hospital publico, a través del llamado telefónico y así evitar que las personas tengan que ir temprano a éste a solicitar un turno para así ser atendido.
    Por otro lado, con lo que respecta a la seguridad, el Estado cobra impuestos a los individuos de la sociedad para poder brindar en teoría un servicio eficiente, pero en la realidad no existe, por que cada vez hay mas inseguridad en la sociedad, a pesar de lanzar oficiales y móviles a la calle, el porcentaje de inseguridad es muy alto.
    En conclusión, el Estado debería establecer políticas publicas e ideas mas eficientes para poder regularizar las situaciones en tanto a lo que de refiere a la salud y a la seguridad que necesitan los individuos de la sociedad.

  13. El Estado debe buscar el bienestar general de sus ciudadanos, así como cubrir sus necesidades básicas como seguridad, salud, educación, etc.
    Pero, esto no siempre logra cumplirse adecuadamente. Primero, como dice el texto, porque la demanda es mucha por ejemplo en el ámbito de salud, y si no hay una buena administración presupuestaria los gastos que se producen no llegan a ser cubiertos. Para esto, primero que nada, hay que tener una buena política de impuestos, organización y un presupuesto acorde a las necesidades.

    Muchas veces los políticos, no piensan en políticas a futuro, sino que mas bien se centran en solucionar los problemas del hoy o tapas baches para así, intentar perpetuarse en el poder, y que el próximo político, se encargue del problema. De esta forma los problemas crecen mas y mas y no hay una política organizada.
    El político solo piensa en su reelección y las desiciones que debe tomar a corto plazo para traer beneficios a la brevedad y así acumular votos. No se preocupa por el mañana. Solo desea perpetuarse en el poder.

    Por otro lado, el Estado tiene a diferencia del sector privado, privilegios, como la estabilidad, haciendo que se produzcan abusos, corrupción, etc.

    Los funcionarios públicos deberían tener mayores incentivos a la hora de administrar las partidas presupuestarias y no que la apliquen en otros sectores que sean beneficiosos para ellos mismos para su perpetuación en el poder, sino que se piense en políticas a presente y futuro. Que la salud sea uno de los pilares principales y que se pueda lograr para todos el acceso a esta y no solo a unos pocos beneficiados.

  14. Los bienes pueden ser públicos pero eso no implica que dejen de ser limitados, en este caso la provisión de salud, es realizada con un aporte de toda la sociedad pero al momento de usarla no tiene tanta oferta, entonces debe ser catalogada de bien público? Si no cumple con uno de sus requisitos que es la no rivalidad en el consumo cosa que en este caso no pasa, ya que al usar un ciudadano por ejemplo del sistema de internación está dejando postergado el uso que otra persona puede hacer del mismo servicio.
    A su vez es para considerar el tema de los incentivos que tienen los políticos y gobiernos de turno para hacer inversiones en este tipo de sectores, ya que los ingresos estatales se obtienen a través de distintos tipos de renta, y dado que las mismas son principalmente asignadas según las conveniencias del momento, esto claro esta es lo que no se ve, lo que presentan en el momento de las elecciones son infinitas propuestas y proyectos que tardan años en ser cumplidos si es que algún día se cumplen. Lo primero que se hace siempre es mirar el beneficio propio, buscar las formas de mantenerse en el poder y para esto hacen acuerdos con ciertos grupos que son a los que primero le llegan las inversiones con tal de mantener su apoyo en los candidatos. Dichos recursos podrían ser utilizados para producir otros bienes y servicios que sean más valorados por el común de la sociedad.
    Me gustaría saber si hay alguna forma para hacer que los políticos no hagan las cosas solo para obtener sus propios beneficios en el corto plazo, cuál sería la forma de lograr mayor interés en la población al momento de emitir sus votos, cómo lograr controlar a la burocracia que es otra de las partes que no tienen preocupación por sus tareas o que hacer con los que quieren pagar poco pero obtener muchos beneficios, que pasa si hay muchos que no pagan?

  15. El caso de la salud canadiense muestra que toda intervención estatal no es necesariamente eficiente ni mucho menos.
    Primero los participantes, los que brindan el servicio no cuentan con demasiados incentivos para tratar de mejorar su eficiencia ni se sienten amenazados por su no esfuerzo.
    Al mismo tiempo vemos que con el aumento de la demanda el servicio de alguna manera entra dentro del plano de la rivalidad en el consumo, alejándose de los bienes públicos puros, al tener acceso cada vez en un plazo mas prolongado y restringido.
    Tampoco hace falta irnos a Canadá, con pasear por los hospitales públicos, veremos de frente la realidad, turnos a los meses, esperas interminables, guardias repletas, falta de insumos.
    Ni tampoco hace falta quedar en la salud, entrando en cualquier dependencia del estado lamentablemente encontraremos los mismos inconvenientes, falta de incentivos ¿serán los culpables? Es la misma falta de incentivos la que incentiva la coima (incentivo monetario para que trabaje eficientemente?).
    Todo ese dinero pagado como incentivo, como el mismo que pagan los que quieren obtener un pliego, u otro resultado y que esta en el saber de todos, es un capital muerto, necesitamos traerlo a la vida necesitamos de apoco ir incorporándolo a nosotros a nuestra economía, a nuestra producción, a nuestros hospitales, a nuestro crecimiento a nuestros hijos.

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