El origen del monopolio estatal en la emisión monetaria. ¿Criticamos todo monopolio y no éste?

En su libro “Desnacionalización del dinero” Hayek trata el tema de la política monetaria y realiza una propuesta de “competencia de monedas”, cuya discusión es apropiada en todo país. Antes, analiza las consecuencias del monopolio estatal de la moneda. En general, a la gente le preocupa mucho la existencia de “monopolies” e incluso llama así a grandes empresas que, en verdad, no lo son. ¿Y no se preocupa de éste? El libro fue publicado en inglés por el Institute of Economic Affairs de Londres.

EL ORIGEN DE LA PRERROGATIVA DEL GOBIERNO DE CREAR DINERO

Durante más de 2.000 años la prerrogativa o derecho exclusivo del gobierno de suministrar dinero se reducía en la práctica al monopolio de acuñación de monedas de oro, plata y cobre. En dicho período, tal facultad se aceptó de manera incuestionable como atributo esencial de la soberanía, revestida de todo el misterio que inspiraban los sagrados poderes del príncipe. Quizás este concepto se remonte al tiempo en que solamente se marcaban con punzón las barras de metal para certificar su ley, incluso antes que el rey Creso de Lidia acuñara las primeras monedas en el siglo VI a.C.

En cualquier caso, la prerrogativa de acuñación por el soberano se estableció firmemente con los emperadores romanos. Cuando, al principio de la Edad Moderna, Juan Bodino desarrolló el concepto de soberanía, incluyó el derecho de acuñar moneda como uno de sus componentes más importantes y esenciales. Las regalías, nombre latino de estas prerrogativas, las más importantes de las cuales eran la acuñación de monedas y los derechos de aduana, fueron durante la Edad Media la principal fuente de ingresos de los príncipes y en esto tan sólo estriba su utilidad en un principio. Es evidente que, a medida que aumentaba la acuñación, los gobiernos se dieron cuenta de que este derecho exclusivo era, además de un importante instrumento del poder, una tentadora fuente de ganancias. Desde el principio, la facultad no se concedió o reclamó sobre la base de que era para el bien común, sino como elemento esencial del poder gubernamental.

Las monedas sirvieron de símbolos de poder, como la bandera, a través de los cuales el gobernante afirmaba su soberanía y mostraba a su pueblo que el amo era aquel cuya imagen transportaban las monedas hasta los lugares más remotos de su reino.

Garantías estatales del peso y pureza del metal

En un principio, se entendía que la tarea asumida por el Estado era no ya la de emitir moneda, sino la de certificar el peso y la ley de los materiales que se utilizaban universalmente como dinero, que después de los primeros tiempos fueron sólo dos: el oro y la plata; una tarea similar a la de establecer pesos y medidas uniformes.

Las piezas de metal sólo se consideraban dinero auténtico si llevaban el sello de la autoridad correspondiente, cuyo deber era asegurar que las monedas tuvieran el peso y la ley adecuados a su valor. Durante la Edad Media, sin embargo, se extendió una superstición: que era el acto del gobierno lo que confería valor al dinero. A pesar de que la experiencia siempre demostrara lo contrario, la doctrina del valor impositus fue recogida por la doctrina legal y sirvió para justificar los constantes y vanos intentos del príncipe de imponer el mismo valor a monedas que contenían menor cantidad del precioso metal. (A principios de este siglo, la doctrina medieval fue resucitada por el profesor alemán G. F. Knapp; su libro: Teoría estatal del dinero todavía parece ejercer alguna influencia sobre la doctrina jurídica contemporánea.)

No hay motivo para dudar de que la empresa privada habría sido capaz, si se le hubiera permitido, de ofrecer monedas tan buenas o por lo menos tan fidedignas. De hecho, lo hizo ocasionalmente y algunas veces los propios gobernantes se lo encargaron. Sin embargo, mientras la labor técnica de proporcionar monedas uniformes y reconocibles presentara importantes dificultades, la tarea que realizaba el poder público era al menos útil. Desgraciadamente, los gobernantes pronto descubrieron que no era solamente útil, sino raba, refiriéndose a Gran Bretaña: “Los gobiernos de uno y otro signo han reducido lo que fue un gran servicio público a una caricatura.” Políticamente, el monopolio de los medios informativos puede ser más peligroso, pero económicamente dudo que haya otro monopolio tan dañino como el de la emisión de moneda.

El canon que se pagaba para cubrir el coste de la acuñación se convirtió en atractiva fuente de ingresos, aumentándolo hasta llegar a sobrepasar ampliamente dicho costo. De retener una parte excesiva del metal llevado a las cecas para fabricar las monedas ya sólo faltaba un paso para la práctica, tan corriente en la Edad Media, de reclamar las monedas circulantes al objeto de fundirlas y volver a acuñarlas con menor contenido de oro y plata. Estudiaremos el efecto de estas alteraciones en la siguiente sección. Pero dado que la función del gobierno al emitir moneda no consiste ya en certificar el peso y la ley de ciertos pedazos de metal, sino que implica la expresa determinación de la cantidad de dinero que se debe emitir, los gobiernos resultan ahora totalmente inadecuados para la tarea, y puede decirse sin exageración que han abusado incesantemente y en todos los países de la confianza en ellos depositada por el pueblo, defraudándolo.

De la certificación del peso y la ley de las monedas, al monopolio estatal: camino de servidumbre

En su libro “Desnacionalización del dinero” Hayek considera cómo es que los estados pasaron de una mera certificación del peso y la ley de las monedas, a tener el monopolio legal de la emisión. El libro fue publicado en inglés por el Institute of Economic Affairs de Londres.

Hayek5

Garantías estatales del peso y pureza del metal

“En un principio, se entendía que la tarea asumida por el Estado era no ya la de emitir moneda, sino la de certificar el peso y la ley de los materiales que se utilizaban universalmente como dinero4, que después de los primeros tiempos fueron sólo dos: el oro y la plata; una tarea similar a la de establecer pesos y medidas uniformes. Las piezas de metal sólo se consideraban dinero auténtico si llevaban el sello de la autoridad correspondiente, cuyo deber era asegurar que las monedas tuvieran el peso y la ley adecuados a su valor.

Durante la Edad Media, sin embargo, se extendió una superstición: que era el acto del gobierno lo que confería valor al dinero. A pesar de que la experiencia siempre demostrara lo contrario, la doctrina del valor impositus fue recogida por la doctrina legal y sirvió para justificar los constantes y vanos intentos del príncipe de imponer el mismo valor a monedas que contenían menor cantidad del precioso metal. (A principios de este siglo, la doctrina medieval fue resucitada por el profesor alemán G. F. Knapp; su libro: Teoría estatal del dinero todavía parece ejercer alguna influencia sobre la doctrina jurídica contemporánea.)

No hay motivo para dudar de que la empresa privada habría sido capaz, si se le hubiera permitido, de ofrecer monedas tan buenas o por lo menos tan fidedignas. De hecho, lo hizo ocasionalmente y algunas veces los propios gobernantes se lo encargaron. Sin embargo, mientras la labor técnica de proporcionar monedas uniformes y reconocibles presentara importantes dificultades, la tarea que realizaba el poder público era al menos útil. Desgraciadamente, los gobernantes pronto descubrieron que no era solamente útil, sino que también podía ser muy rentable, por lo menos mientras la gente no tuviera otra alternativa que utilizar el dinero que ellos facilitaban.

El canon que se pagaba para cubrir el coste de la acuñación se convirtió en atractiva fuente de ingresos, aumentándolo hasta llegar a sobrepasar ampliamente dicho costo. De retener una parte excesiva del metal llevado a las cecas para fabricar las monedas ya sólo faltaba un paso para la práctica, tan corriente en la Edad Media, de reclamar las monedas circulantes al objeto de fundirlas y volver a acuñarlas con menor contenido de oro y plata. Estudiaremos el efecto de estas alteraciones en la siguiente sección. Pero dado que la función del gobierno al emitir moneda no consiste ya en certificar el peso y la ley de ciertos pedazos de metal, sino que implica la expresa determinación de la cantidad de dinero que se debe emitir, los gobiernos resultan ahora totalmente inadecuados para la tarea, y puede decirse sin exageración que han abusado incesantemente y en todos los países de la confianza en ellos depositada por el pueblo, defraudándolo.”