Soluciones “institucionales”, o podríamos decir “voluntarias”, “comunitarias”, a las supuestas fallas de mercado

Con los alumnos de OMMA Madrid, en la material Economía e Instituciones, vemos la provisión voluntaria de bienes públicos, del capítulo “Soluciones Institucionales”:

En cuanto a la provisión de bienes públicos, la respuesta casi inmediata es que deben ser provistos por el Estado, ya que el mercado sería incapaz de hacerlo. El caso típico, presentado por distintos economistas, es el de un faro, en relación con el cual la imposibilidad de excluir a quien no pague, una vez que la luz es emitida, daría como resultado una conducta de free rider, que trataría  de evitar el pago, dado que es imposible evitar que vea la señal de todas formas. El ejemplo aparece en John Stuart Mill, Henry Sidgwick y Alfred C. Pigou, con ese mismo argumento de la “no exclusión”, y reaparece en Paul Samuelson con otro adicional, según el cual no tendría sentido excluir a los que no pagan, ya que no hay congestionamiento en el servicio; es decir, no hay ningún costo extra, si un barco más observa la señal del faro para guiarse. En este caso no solamente sería improbable que el sector privado proveyera los faros, sino que, de poder hacerlo, no sería conveniente, ya que cada barco desincentivado para navegar por dichas aguas debido al pago del peaje por los servicios del faro, representaría una pérdida económica social

Conocida es la respuesta de Coase (1974) a este ejemplo, después de estudiar la historia de los faros en Inglaterra y demostrando que durante varios siglos fueron financiados y administrados por los dueños de barcos y emprendedores privados. Durante varios siglos, en Gran Bretaña, los faros fueron construidos y mantenidos por Trinity House (Inglaterra y Gales), los Comisionados de Faros del Norte (Escocia) y los Comisionados de Faros en Irlanda, cuyo presupuesto provenía del Fondo General de Faros, formado a su vez por los cargos que pagaban los armadores de buques. Esto en cuanto se refiere a los faros que ayudaban a la navegación general, ya que los faros de tipo “local” eran financiados por los puertos, que recuperaban los gastos en que incurrían mediante los cargos que hacían a quienes los utilizaban.

Había pocos faros antes del siglo XVII. Trinity House era una institución que evolucionó desde un gremio de navegantes en la Edad Media, que en 1566 obtuvo el derecho a proveer y regular las ayudas a la navegación, que incluyen, además de los faros, boyas, balizas y otras marcas.

Coase (p. 360) sostiene que “a comienzos del siglo diecisiete, Trinity House estableció faros en Caister y Lowestoft. Pero no fue sino hasta fines de ese siglo que construyó otro. Entretanto la construcción de faros había sido realizada por individuos particulares. De 1610 a 1675 Trinity House no construyó ningún faro nuevo. Por lo menos diez fueron construidos por individuos particulares”. Trinity House se oponía a estas iniciativas privadas, pero los particulares evitaban el incumplimiento del control de tal organización obteniendo una patente de la Corona, que les permitía construir el faro y cobrar el peaje a los barcos que supuestamente se beneficiaban del mismo.

La intervención de la “Corona” y el cobro de un “peaje” parece indicar la participación estatal, por más que el faro fuera construido por algún particular. Es decir: se necesitaría el poder estatal para tener la posibilidad de cobrar peajes, en forma coercitiva, a los barcos que transitaran por tal ruta marítima. Pero no era este el caso. Coase subraya que el particular presentaba una petición de los armadores y operadores de buques sobre la necesidad del faro, el beneficio que obtendrían con él y su voluntad para pagar el peaje, por lo que se trataba de una operación voluntaria y el Estado participaba simplemente porque se había adueñado de la autoridad para erigirlos, ya que el acuerdo entre armadores y operadores y el particular se podría haber realizado de todas formas, sin seguir obligatoriamente ese camino, pues los primeros aceptaban voluntariamente el pago y no actuaban como free riders.

He aquí un tema importante, ya que, según la teoría de los bienes públicos de Mill/Sigdwick/Pigou/Samuelson, todos buscarían su beneficio inmediato, consistente en no tener que pagar dicho peaje, sabiendo que, una vez que el faro estuviera allí, no podrían excluirlos de su uso, y que, actuando todos de esa forma, el cobro del peaje y la provisión privada serían imposibles. Sin embargo, esto no ocurría; evidentemente había otros elementos que llevaban a una conducta diferente, entre los cuales podemos destacar dos: un sentido de cooperación entre los armadores, aunque fueran competidores entre sí, o que no se le diera importancia al hecho de que algunos pasarían por allí y recibirían el servicio gratuitamente.

Buscando algún ejemplo más cercano en el tiempo y el espacio, ya vimos que los residentes de Buenos Aires no tienen que ir más lejos del río junto al que se asienta su ciudad. Allí, en el canal por el que el río Luján desemboca en el Río de la Plata, hay una serie de boyas con la inscripción “UNEN” y una numeración. Esta sigla significa “Unión Nacional de Entidades Náuticas”, que reúne a los distintos clubes náuticos privados. La provisión de esta señalización proviene de aportes voluntarios privados, que realizan estos clubes, y en definitiva de las cuotas sociales que pagan sus socios. No parece que estos actúen como free riders e incluso, si algún barco pasa por allí y no pertenece a ninguno de esos clubes, ello no constituye impedimento para que los demás se organicen, y provean y mantengan este sistema de señales. Y no solo eso: los mismos clubes tienen en sus entradas sobre la costa balizas rojas y verdes, con el obvio fin de ayudar a sus socios en la maniobra de entrada y salida, pero brindando también un servicio gratuito a quienes pasan por allí. Nuevamente, la existencia de estos free riders no frena o limita la provisión de tales servicios.

¿Habría más señales de ese tipo, si pudiera cobrar a esos free riders? Depende de con qué se lo compare: si es con una supuesta condición ideal, parecería que sí, y en tal caso esa comparación daría como resultado una “falla” del mercado, pero Coase y Demsetz (en Cowen, pp. 107-120) denominan a esto “el enfoque Nirvana”: es decir, algo así como comparar las imperfecciones de este mundo con el ideal del Paraíso, dado que lo que corresponde es comparar arreglos institucionales alternativos; en este caso, esta provisión voluntaria privada, con una posible provisión estatal. En el caso de las boyas UNEN mencionadas, su misma existencia es una demostración del “fracaso de la provisión estatal”, ya que los clubes lo han hecho ante la inacción pública al respecto.

Comenta Coase una historia de notable espíritu emprendedor, relacionada con el famoso faro de Eddystone, erigido en un peñasco, a veinte kilómetros de Plymouth. El Almirantazgo británico recibió un pedido para construir un faro y Trinity House consideró que era imposible; pero en 1692 el emprendedor Walter Whitfield hizo un acuerdo con Trinity House, por el que se comprometía a construirlo y a compartir las ganancias. Nunca llegó a construirlo, pero sus derechos fueron transferidos a Henry Winstanley, que negoció un acuerdo mejor: recibiría todas las ganancias durante los primeros cinco años y luego los repartiría en partes iguales con Trinity House, durante otros cincuenta años. Construyó primero una torre y luego la reemplazó por otra, cuya conclusión tuvo lugar en 1699, pero una gran tormenta lo destruyó en 1703, cobrándose la vida de Winstanley y de algunos de sus trabajadores. Dice Coase (p. 364): “Si la construcción de faros hubiera quedado solamente en manos de hombres motivados por el interés público, Eddystone hubiera permanecido sin faro por largo tiempo. Pero la perspectiva de ganancias privadas asomó nuevamente su horrible cara”.

Otros dos emprendedores, Lovett y Rudyerd, decidieron construirlo de nuevo, y el acuerdo se pactó en mejores términos: una concesión por noventa y nueve años, con una renta anual de cien libras y el cien por cien de las ganancias para los constructores. El nuevo faro se completó en 1709 y operó hasta 1755, cuando fue destruido por un incendio. La concesión, que tenía todavía unos cincuenta años por delante, había pasado a otras manos y los nuevos propietarios decidieron construirlo nuevamente, para lo que contrataron al mejor ingeniero de esos tiempos, John Smeaton, que completó una nueva estructura de piedra en 1759, que se mantuvo operando hasta 1882, cuando fue reemplazado por una estructura nueva, elaborada por Trinity House.

Según Coase, un informe del Comité de faros de 1834 reporta la existencia de cuarenta y dos faros en manos de Trinity House, tres concesionados por ella a individuos, siete concesionados por la Corona a individuos particulares, cuatro en manos de propietarios según distintos permisos, un total de cincuenta y seis, de los cuales catorce estaban en manos privadas, amparados por distintos acuerdos de propiedad. Trinity House, recelosa de la competencia, y argumentando que bajo su égida los peajes serían más bajos, terminó consiguiendo el monopolio de los faros y todos quedaron bajo su órbita.

En una respuesta directa a Mill, Sidgwick, Pigou y Samuelson, Coase concluye: “… los economistas no deberían utilizar los faros como un ejemplo de servicio que puede ser provisto solamente por el Estado. Pero en este trabajo no se intenta resolver la cuestión de cómo debería organizarse y financiarse el servicio de faros. Eso deberá esperar estudios más detallados. Entretanto, los economistas que deseen señalar un servicio como mejor provisto por el Estado, deberían utilizar un ejemplo que tenga más fundamento” .

Defensa nacional y bienes públicos: una interesante y útil revisión de la literatura más importante en el tema

Jeffrey Hummel, del Independent Institute en San Francisco, publicó un artículo que fue luego traducido por la revista española Proceso Económico con el título “BIENES NACIONALES CONTRA BIENES PÚBLICOS: DEFENSA, DESARME Y FREE RIDERS”. El artículo está muy bueno, pero tal vez sea más útil para los lectores, alguna de las extensas citas que tiene, ya que brindan una excelente y breve revisión de la literatura principal sobre el tema. Aquí va:

“Los dos artículos clásicos de Paul Samuelson, «The Pure Theory of Public Expenditure», Review of Economics and Statistics, 36 (noviembre de 1954): 387-89, y «Diagrammatic Exposition of a Theory of Public Expenditure», ibid. 37 (noviembre de 1955): 50-56, son acreditados generalmente como las primeras afirmaciones formales de la moderna teoría de los bienes públicos. Ellos, al igual que todos los artículos de Samuelson que debo citar, fueron reimpresos en The Collected Scientific Papers of Paul A. Samuelson, vol. 2, Joseph E. Stiglitz, ed. (Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1966) o el vol. 3, Robert C. Merton, ed. (Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1972).

Muchos economistas, sin embargo, se habían anticipado a Samuelson. De hecho, Adam Smith, en An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1976, reimpreso en Nueva Yori: Random House, 1937) [Traducción al castellano: La riqueza de las naciones, Alianza Editorial, Madrid, 2011], bloque 5, passim., particularmente en las páginas 653-56, 681, presenta una breve y cruda afirmación sobre la teoría de los bienes públicos, poniendo la defensa nacional como ejemplo. La más notable contribución a una ampliamente descuidada teoría de los bienes públicos entre los economistas continentales fue finalmente recogida, traducida y reimpresa por Richard A. Musgrave y Alan T. Peacock, editores, Classics in the Theory of Public Finance (Londres, MacMillan, 1958). Véase particularmente Knut Wicksell, «A New Principle of Just Taxation» (1896), pp. 72-118 y Erik Lindahl, «Just Taxation — A Positive Solution» (1919), pp. 168-76. Una presentación inglesa que predice a Samuelson era de Howard R. Bowen, en «The Interpretation of Voting in the Allocation Resources», Quaterly Journal of Economics, 58 (noviembre de 1943): 27-48, y Toward Social Economy (Nueva York: Rinehart, 1948).

Importantes desarrollos posteriores en la teoría de los bienes públicos incluyen Paul A. Samuelson «Aspects of Public Expediture Theories», Review of Economics and Statistics 4 (noviembre, 1958): 332-38; Ricard A. Musgrave, The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy (Nueva York: McGraw-Hill, 1959); y William J. Baumol, Welfare Economics and the Theory of the State, 2ª ed. (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1965).

La presentación inicial de Samuelson se centra sólo sobre un consumo no rival. La distinción entre las dos características de los bienes públicos no fue completamente aclarada hasta John F. Head, «Public Goods and Economic Policy», Public Finance 17 (1962): 197-212, reimpreso con otros ensayos del autor sobre el mismo tema en Head, Public Goods and Public Welfare (Durham, N.C.: Duke University Press, 1974), pp. 164-83. El primer texto completo dedicado a los bienes públicos fue James M. Buchanan, The Demand and Supply of Public Goods (Chicago: Rand McNally, 1968), el cual contiene extensas referencias bibliográficas a la literatura previa. Para un resumen más reciente de los aún confusos conceptos que subyacen a los bienes públicos, véase Ducan Snidal, «Publis Goods, Property Rights, and Political Organizations», International Studies Quaterly 23, (diciembre de 1979): 532-66.

La literatura sobre bienes públicos se encuentra sobredotada. Los «bienes públicos» son también llamados «bienes colectivos» (Samuelson) y «bienes sociales» (Musgrave). «Consumo no rival» es también llamado «consumo conjunto» (Head), «indivisibilidad» (Buchanan), y «no-exhaustivos» (Brubaker). Excepto por el bastante raro «no comercializable», las variaciones para la «no exclusividad» al menos mantienen la misma raíz, y aunque como señalo a continuación, «las economías externas» o «externalidades positivas» están relacionadas, aún existen suficientes distinciones para justificar un término separado.

Harold Demsetz, «The Private Production of Public Goods», Journal of Law and Economics 13 (octubre de 1970): 293-306, hace una distinción entre los términos «bien público» (un bien o servicio que presenta un consumo no rival) y «bien colectivo» (un bien o servicio que presenta tanto un consumo no rival como la no exclusión). Quizás el punto principal en la oscura terminología de los bienes públicos es investigada en Carl S. Shoup, Public Finance (Chicago: Aldine 1969), pp. 66-74, la cual etiqueta bienes con consumo no rival como «bienes de consumo colectivo» y aquellos con no exclusión como «bienes de consumo grupal». Se puede imaginar cómo el lector novel debe pagar el precio con la única diferencia apretada entre «colectivo» y «grupal» para navegar a través de ellas. Pese a ello, el tratamiento de Shoup es ejemplar porque recuerda al único economista, que yo sepa, que no clasifica la defensa nacional como un bien público. Anticipándose en parte a mi argumento, lo pone todo junto en una categoría separada: «preservación del Estado-nación».”

Pocos artículos tuvieron impacto en la economía como éste: Coase en “El Problema del Costo Social”

Coase fue Premio Nobel de Economía 1991. Comenzó su carrera académica como Profesor en la London School of Economics en Gran Bretaña y en las Universidades de Buffalo y Virginia en Estados Unidos. Desde 1964 se desempeñó en la Universidad de Chicago, específicamente en la Escuela de Derecho, de la cual fue Profesor Emérito en la cátedra Clifton R. Musser.

1. El problema a examinar

Este trabajo se refiere a las actividades de una empresa que tienen efectos perjudiciales en otras. El ejemplo más común es el del humo de una fábrica que provoca efectos nocivos en los que ocupan las propiedades vecinas. El análisis económico de tal situación se ha realizado usualmente en términos de una divergencia entre el producto privado y social de la fábrica, siguiendo el tratamiento de Pigou en The Economics of Welfare. La conclusión a la que parece haber conducido este tipo de análisis a la mayoría de los economistas es que sería deseable responsabilizar al dueño de la fábrica por el daño causado a los afectados por el humo, o, alternativamente, fijar un impuesto variable al propietario de la fábrica según la cantidad de humo producido, equivalente en términos monetarios al daño que causa, o, finalmente, excluir a las fábricas de los distritos residenciales (y presumiblemente de otras zonas en las que el humo tendría efectos perjudiciales).

Mi opinión es que los cursos de acción sugeridos son inadecuados porque llevan a resultados que no son necesariamente deseables.”

Y Concluye:

Si los factores productivos son considerados como derechos, se hace más fácil comprender que el derecho a hacer algo que tenga un efecto dañino (tal como la creación de humo, ruido, olor, etc.) es también un factor de producción. Así como podemos usar un pedazo de tierra de forma tal que evite que alguien cruce por ella, o estacione su auto, o construya su casa, también podemos usarla de forma tal que le neguemos a ese alguien un panorama, o la quietud, o el aire puro. El costo de ejercitar un derecho (de usar un factor de producción) es siempre la pérdida que sufre la otra parte como consecuencia del ejercicio de ese derecho: la incapacidad para cruzar la tierra, estacionar el auto, construir una casa, disfrutar de un paisaje, tener paz y quietud, o respirar aire puro.

Sería deseable que las únicas acciones desarrolladas fueran aquellas en que lo que se ganase tuviere un mayor valor que lo que se perdiese. Pero al elegir entre ordenamientos sociales, en el contexto en el que las decisiones individuales son tomadas, debemos tener en mente que un cambio del sistema existente que conduzca a un mejoramiento en algunas decisiones puede muy bien conducir a un empeoramiento de otras. Además, debemos considerar los costos involucrados en operar los distintos ordenamientos sociales (ya sea el funcionamiento de un mercado o de un departamento de Gobierno), como también los costos que demandará la adopción de un nuevo sistema. Al diseñar y elegir entre ordenamientos sociales debemos considerar el efecto total. Este es el cambio de enfoque que estoy proponiendo.

Provisión privada de bienes Públicos: juegos repetidos, economía experimental y sicología evolutiva

El Capítulo 6 del libro El Foro y el Bazar, considera los aportes teóricos que puedan sustentar la provisión privada de bienes públicos a partir de conductas cooperativas. En particular, analiza los aportes de la teoría de los juegos, la economía experimental y la sicologia evolutiva:

 La principal dificultad para lograr la provisión voluntaria de bienes públicos es el incentivo que el individuo tiene para ser free rider del esfuerzo de los demás; es decir, usuario gratuito de las contribuciones de otros. En la teoría de los juegos esa figura es modelada como la persona que traiciona, en lugar de cooperar en el dilema del prisionero. La conclusión de esto es que no podríamos esperar que los individuos cooperen voluntariamente.

El análisis de tales incentivos es correcto. Sin embargo, esto ocurre en tanto en cuanto nos encontramos en una situación de un juego único, de una sola jugada, ya que, en cuanto incorporamos la posibilidad de múltiples jugadas, el incentivo sirve para cooperar en lugar de traicionar. El contacto y la interrelación constante fomentan la cooperación. Este incentivo podría desaparecer si se conoce el momento en que el juego terminará, pero en la vida en sociedad la mayor parte de los juegos son continuos y no sabemos cuándo terminarán. Tomemos el caso de una relación laboral: las dos partes se encuentran en una relación continua, un contrato según el cual una parte ofrece su trabajo y el otro una paga determinada —en términos tan sencillos que no reflejan la complejidad de este intercambio—. Las dos partes saben también que esa relación puede terminarse en cualquier momento, por miles de circunstancias diversas. Pero no saben la fecha cierta de ese fin y mientras no lo sepan, el incentivo a cooperar se mantiene.

La economía experimental cuestiona el supuesto del individuo racional y maximizador de ingresos y prefiere verificar las conclusiones de la teoría de los juegos con gente de carne y hueso. Para ello diseña experimentos, como los del dictador o del ultimátum, en los cuales busca verificar esas conductas. Las respuestas son muy interesantes y contundentes: los individuos, incluso los estudiantes de economía, no se comportan de esa forma y muestran conductas de cooperación en porcentajes elevados. Esto abre el campo para analizar un individuo más complejo en sus conductas; permite considerar la posibilidad de cooperación voluntaria y también comprender las instancias de provisión de bienes públicos que veremos en el capítulo siguiente.

La psicología evolutiva aporta como conclusiones que esos incentivos a cooperar forman parte de nuestra estructura mental, desarrollada en largos procesos evolutivos. Es decir: venimos con un software que permite y estimula la cooperación, aunque no estemos determinados por ello para hacerlo.

Salud pública: de la provision de un ‘bien público’, a la imposición de una agenda política (I)

En la revista Regulation, del Cato Insitute, Pierre Lemieux escribe un muy interesante artículo sobre la “salud pública” y cómo ha cambiado, desde un comienzo en el cual supuestamente proveía solamente ‘bienes públicos’, a una agenda política que busca imponer ciertas preferencias a la gente. El artículo original, aquí: http://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2015/9/regulation-v38n3-4.pdf

Van algunos párrafos:

Los peligros de la ‘Salud pública’

Pierre Lemieux

Pierre Lemieux es economista afiliado con el Departamento de Ciencias de la gestión de la Université du Québec en Outaouais. Su último libro es “¿Quien necesita puestos de trabajo? Difusión de la pobreza o aumentar el bienestar “(Palgrave Macmillan, 2014).

“Hasta finales de siglo XIX, la salud pública era en gran medida con lo que los economistas llaman “bienes públicos”. Un bien público es algo cuyo consumo es no rival (el consumo por un individuo no reduce el consumo de otro) y no excluyente (ningún consumidor, incluyendo free riders, puede ser excluido). La defensa nacional es el ejemplo más común: es difícil para un ejército proteger sólo algunas casas que pagan un “cargo en la defensa privado. Del mismo modo, el saneamiento básico y control de las epidemias de enfermedades infecciosas o la resistencia a los antibióticos pueden ser ejemplos de bienes públicos porque beneficia la salud de todo el mundo una vez que están disponibles.

La salud pública, sin embargo, ha sido tentada siempre por corrientes autoritarias. En el XIX y principios del siglo XX, la “higiene pública” se convirtió en “higiene racial” e “higiene social”. Un desarrollo paralelo fue el movimiento eugenésico, que tuvo como objetivo evitar que nacieran personas que se consideraban “no aptas” de aprobar por sus defectos genéticos y a veces simplemente eliminando esas personas en conjunto.

En América, salud pública y eugenesia florecieron durante la Era progresista. Aunque los dos movimientos no eran idénticos, tenían muchas similitudes y había compartido promotores. El fundador de la U.S. Food and Drug Administration, Harvey Wiley, figuraba entre los partidarios de un cirujano de Chicago que, en la última década de 1910, “permitió o aceleró la muerte de al menos seis niños que diagnosticó como eugénicamente defectuosos,” según el historiador de la Universidad de Michigan Martin Pernick. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de 1927 sosteniendo la involuntaria esterilización eugenésica invocó un caso de la vacunación obligatoria de 1905. Justicia Oliver Wendell Holmes explicó, “el principio que sustenta la vacunación obligatoria es lo suficientemente amplio como para cubrir el corte de las trompas del Falopio.”

Lo que antes era una preocupación por los bienes públicos se ha transformado en una cruzada social con una agenda política.

En 1920, Charles Edward Amory Winslow, profesor de salud pública de la Universidad de Yale, definió la salud como “el desarrollo de la maquinaria social para asegurar a todos un nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la salud”. En su Constitución de 1946, la Organización Mundial de la salud (OMS) declaró, “salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

El profesor de la Universidad de Illinois en Chicago Bernard Turnock, autor de un libro de texto actual en salud pública, reconoce “el amplio y creciente alcance del campo”. El dominio tradicional de interés de salud pública incluye biología, medio ambiente, estilo de vida y organización de servicios de salud”, escribe. La última versión de la enciclopedia de Stanford de la filosofía abre su artículo sobre la salud pública mediante la identificación de agencias de salud pública federal, incluyendo el centro para el Control de las enfermedades y la FDA, así como la Agencia de protección ambiental y la “Agencia de protección de consumidores” (los autores probablemente significan la Comisión de seguridad de productos de consumo o Buró de protección de la Comisión Federal de comercio del consumidor).

Salud pública abarca ahora las enfermedades no transmisibles y “epidemias de estilo de vida,” como el uso de tabaco y alcohol, así como la obesidad, cuestiones que están muy lejos del interés público. También se encuentran muchas condiciones o formas de comportamiento, como montar en moto, coche, posesión de armas de fuego, participar en “abuso de sustancias,” tener acceso imperfecto a la atención médica, ser pobre y así sucesivamente. Salud pública significa atención a  la salud y todo lo que está relacionado con la salud.

Por otra parte, «justicia social» se ha convertido en una característica esencial de salud pública: «Justicia Social», escribe Turnock, “es la base de  la salud pública”.

Soluciones voluntarias para problemas de externalidades y bienes públicos: el caso de La Cava

Con los alumnos de Economía e Instituciones, en OMMA Madrid, vemos ahora las posibles soluciones voluntarias a problemas de externalidades o bienes públicos, en el Capítulo 8 del libro El Foro y el Bazar. Allí presento un ejemplo basado en una investigación que realizáramos con Marcos Hidding Ohlson en el barrio de La Cava, San Isidro.

En presencia de costos de transacción, las negociaciones sobre los efectos de externalidades negativas son costosas y las soluciones voluntarias pueden fracasar. Esto ha llevado a muchos economistas a descartar este tipo de soluciones analizando estas situaciones como un observador externo que evalúa cuán elevados estos costos son.

Sin embargo, para los economistas austríacos los costos son subjetivos también e inherentes al individuo actuante. La valoración se hace evidente solamente como “preferencia revelada” en la acción. Por lo tanto, no es mucho lo que un observador externo puede decir excepto que si la transacción se ha realizado debe asumirse que las partes pensaron que “llevaría a un incremento en el valor de la producción”, y si no, que los costos subjetivos eran superiores a los beneficios subjetivos.

En un estudio de campo realizado en un barrio informal de los suburbios de Buenos Aires donde no existe una definición formal de derechos de propiedad en las viviendas, encontramos una gran número de soluciones informales (Hidding Ohlson & Krause, 2010).

San Isidro es una localidad a 30 kilómetros al norte del lugar donde fuera fundada la ciudad de Buenos Aires, una zona límite entre las áreas ocupadas, o más bien, transitadas por las tribus Guaraníes y Querandíes. Juan de Garay, su fundador, distribuyó parcelas en la costa norte del Río de la Plata entre sus hombres, hasta un poco más allá de San Isidro. Sólo dos siglos después comenzó a crecer un pequeño pueblo con ese nombre, el del santo patrono de Madrid, que completara su desarrollo gracias a la inmigración que se originara con el despegue económico de Argentina en la segunda mitad del siglo XIX.

Las extensas propiedades fueron parceladas y originaron un centro urbano, por un lado, y unos barrios residenciales con parcelas mayores y casas llamado Lomas de San Isidro. La Cava es un barrio informal, creado principalmente sobre tierras públicas, vecino al barrio residencial. En 1946 la empresa estatal de agua, Obras Sanitarias, solicitó este terreno al gobierno para utilizar su tierra roja como filtro de agua y para la fabricación de ladrillos, generando un pozo o “cava”, que le diera su nombre. La excavación llegó pronto hasta la napa de agua y el proyecto fue abandonado. El pozo fue rellenado parcialmente y comenzó a ser ocupado. Diferentes censos estiman la ocupación entre 1700 y 2100 viviendas y entre 8 y 11 mil habitantes, aunque alcanzó un número superior en el pasado.

En La Cava, solamente el 16% de los encuestados manifestó poseer un título de propiedad sobre su vivienda. Entre los restantes, el 17% dijo poseer un documento informal, consistente usualmente en una factura informal de compra/venta. En total, el 84% dijo no tener documentación formal. En promedio han habitado en la misma casa por 15 años, lo que muestra una baja rotación. Cuando se les preguntó cómo obtuvieron la vivienda, el 37% dijo haberla comprado mientras que el 26% la construyó. En muchos casos, crecieron como anexos de la casa de familia; el 6% dijo haber recibido la vivienda del gobierno.

Preguntamos a los habitantes de La Cava cómo resolvían los problemas que pudieran tener con vecinos cuando había algún conflicto relacionado con la coexistencia, tal como externalidades negativas. Por ejemplo, ¿qué sucede si un vecino escucha música a un volumen muy alto, o emite humos y olores desagradables? ¿Qué sucedía si existían problemas en cuanto a la delimitación de las viviendas o límites poco claros entre una y otra, o se construía un segundo piso bloqueando la luz o dañando la propiedad vecina? Las casas son precarias, pequeñas y muy contiguas y estas posibilidades son reales.

Confirmando las conclusiones desde una interpretación subjetiva del Teorema de Coase, el 76% manifestó que resolvían estos problemas hablando con el vecino. Preferían no tener intermediarios, ni del barrio ni de fuera de él, y buscaban evitar la violencia. Sólo en casos extremos acudían a ella, conscientes de que no pueden acudir a la justicia y que nunca se sabe cuando termina. Además, cuando la gente vive tan cerca entre sí, mantener una buena relación con los vecinos es un activo importante. Los casos que no se resuelven  se relacionan con la naturaleza, usualmente violenta, del  vecino, por lo que en esos casos prefieren asumir el costo de la externalidad antes que intentar una solución negociada.

Más bienes públicos provistos voluntariamente: desde información para navegantes hasta corsarios

Con los alumnos de la materia Economía e Instituciones de OMMA-Madrid vemos distintas “Soluciones Institucionales” a los problemas de acción colectiva que plantea la provisión de bienes denominados “públicos”. Allí presento el caso de los faros analizado por Coase y también su provisión totalmente voluntaria en el Río de la Plata. Pero no son los únicos ejemplos. Van otros:

Larry Sechrest (2004) amplía el análisis de Coase, encontrando otra serie de ejemplos en la historia marítima. La vida en el mar antes de los vapores, la radio y el radar era muy similar a la vida en las “fronteras”, donde los “servicios” públicos eran raros o inexistentes y su provisión quedaba en manos de particulares. Uno de los ejemplos que presenta es la historia de los corsarios, que bien podrían ser definidos como emprendedores que proveían servicios de defensa (y de ataque, en verdad), motivados por ganancias, una práctica que persistió durante setecientos años. Esta figura se originó en la restitución por una pérdida ocasionada a un ciudadano por otro de otro país. Este solicitaba y recibía una autorización para capturar barcos de la otra bandera. La primera fue otorgada en Toscana en el siglo XII y en Inglaterra en 1243. Hubo guerras en las que participaron de corsarios. En la de Independencia de Estados Unidos los ingleses comisionaron unos setecientos y los independentistas unos ochocientos.

Corsarios

El autor también presenta la historia de la provisión de información para los navegantes, que en el caso de los Estados Unidos fue elaborada y publicada por Nathaniel Bowdicht en el famoso libro American Practical Navigator, una edición muy completa de lo que hoy son las “cartas de navegación”, publicadas por las autoridades costeras de distintos países. Algo similar podría decirse de la información sobre los barcos y el famoso Lloyd’s Register, con información detallada sobre cada barco, completada luego para los barcos norteamericanos por el American and Foreign Shipping, y para el resto de los barcos europeos por el Bureau Veritas. En la práctica, lo que habían establecido era un sistema global de monitoreo a través de 1,500 agentes en puertos de todo el mundo. De ese modo rastreaban el paradero de cada barco y publicaban la información en el Lloyd’s List, el registro más completo de información sobre movimiento de barcos en el mundo.

Adicionalmente se desarrollaron en el ámbito marítimo una serie de normas y costumbres para facilitar la comunicación entre barcos, la información sobre sus paraderos y la ayuda entre ellos, en las que no intervino ningún organismo gubernamental o internacional. Según la teoría de Samuelson, ninguno de estos servicios hubiera sido provisto en cantidad suficiente debido a la existencia de free riders o “colados” del esfuerzo ajeno. Sin embargo, la historia muestra que no es así; que hubo faros y muchos más servicios marítimos provistos voluntariamente. Así que la provisión estatal de servicios públicos ha de buscar otra luz que los guíe, si es que la hay.

 

Reservas naturales: otro caso de provision privada de un “bien público”. ¿No es que no era posible?

Justo cuando estamos viendo con las alumnos de Derecho en la UBA el tema de los “bienes públicos” y si la única alternativa es su provisión pública, se publica este muy interesante editorial en La Nación sobre las reservas naturales privadas: http://www.lanacion.com.ar/1789280-la-importancia-de-las-reservas-naturales-privadas

La teoría predominante sostiene que, dada la imposibilidad de excluir a quienes no pagan, tendríamos al incentivo a ser usuarios gratuitos, o ‘free riders’, por lo que ningún particular estaría interesado en proveer estos bienes. Por otro lado, como el consumo de unos no reduce el posible consumo de otros, no tendría tampoco sentido excluir a nadie. La initiciativa privada no estaría interesada en este tipo de bienes.

El editorial comenta una iniciativa de la Fundación Vida Silvestre “cuya idea central es articular e impulsar este movimiento en el país en conjunto con propietarios de reservas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en esta temática” y destaca que esta institución ha creado la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas: http://reservasprivadas.org.ar/

reserva natural

“Vida Silvestre junto con Asociación Aves Argentinas, Asociación Conservación Argentina, Asociación Conservación Patagónica, Asociación Protágonos – Ecología Humana, Fundación BIORed, Fundación para la Conservación y Estudio de la Biodiversidad, Fundación Ecologista Verde, Fundación Hábitat & Desarrollo, Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Fundación Huellas para un Futuro, Fundación Naturaleza para el Futuro, Fundación Patagonia Natural, Fundación Proyungas, Fundación Temaikèn, The Nature Conservancy y Fundación Yuchán llevan adelante la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas, que cuenta ya con 60 reservas integrantes distribuidas en 15 provincias del país. Entre todos sus miembros está trabajando para proteger más de 188.000 hectáreas de propiedad privada de la Argentina.”

¿Qué es una Reserva Natural Privada? Así lo explica la Red en su página web:

“Un área protegida privada o una reserva natural privada es una porción de terreno de cualquier superficie de propiedad privada, manejada para la conservación de la biodiversidad y/o el uso sustentable de sus valores naturales.

Puede ser de propiedad de, y estar gestionada por, personas físicas, familias, empresas, clubes, universidades, cooperativas u organizaciones de la sociedad civil. A su vez, puede contar o no con reconocimiento formal del gobierno.

Las reservas naturales privadas nacen del interés y la voluntad de sus propietarios por proteger los recursos naturales que albergan sus tierras. Son una herramienta de gran potencial para complementar la superficie protegida por el Estado, que en la Argentina, actualmente alcanza solo el 7,7% de la superficie continental. También pueden generar importantes aportes a una estrategia nacional o regional de desarrollo sustentable.”

¿Por qué harían esto los propietarios si tan sólo les interesara obtener la mayor rentabilidad de su recurso? Es que como la gente ahora valora la naturaleza de una forma en que no lo hacía antes, muy probablemente porque tenía otras necesidades más imperiosas para satisfacer, el “mercado” reacciona ante ese cambio y ofrece a los consumidores lo que estos están dispuestos a pagar, tanto sea como turistas como consumidores de productos naturales o ecológicos.

Dice la Red:

“En la mayoría de los casos, los privados que crean reservas en sus propiedades compatibilizan la conservación de la biodiversidad con alguna actividad productiva que desarrollan de manera sustentable; en general el turismo, pero también ganadería y explotaciones forestales entre otras.

De esta manera, realizan un valioso aporte para asegurar la conservación de la vida silvestre y el funcionamiento de los ecosistemas.”

En definitiva, las reservas naturales privadas están proveyendo un “bien público” que, según la teoría predominante, solo podría ser provisto por el Estado. Pero como tantos otros ejemplos: los faros, la radio, la televisión, las redes sociales o los buscadores en Internet, surgen otros mecanismos para su provisión que no requieren del aporte compulsivo.

Cien mil “free riders” en Buenos Aires para los ejemplos de Samuelson y Mankiw. Sigan buscando.

Es muy frecuente utilizar ejemplos en el análisis económico. Esos ejemplos pueden ser “hipotéticos” o “históricos”. ¿Cuáles son mejores? Veamos esto con los casos de Samuelson y Mankiw.

Los hipotéticos tienen la ventaja de ser más “puros”. Es decir, uno los puede armar para que no estén influidos por otras variables que puedan estar en juego en un ejemplo histórico. En este caso se puede discutir su lógica. Los eventos históricos, por otra parte, son el resultado de muchas variables diferentes, por lo que es difícil encontrar algunos que presenten claramente una teoría y sus conclusiones. Pero los hay.

Uno famoso de estos últimos ha sido el caso de los faros, que Samuelson planteara como ejemplo de “bien público” que no podría ser provisto voluntariamente por la existencia de “free riders” o usuarios gratuitos. Coase, en un famoso artículo (The lighthouse in economics, Journal of Law and Economics, 1974), sepultó el ejemplo de Samuelson analizando la historia de la provisión privada de faros en Inglaterra.

Gregory Mankiw, el reconocido profesor de Harvard, trata el mismo tema pero esta vez no cae en el error de presentar un caso histórico que luego es refutado. Presenta un caso hipotético. En su libro “Principles of Economics” (1998), desarrolla el caso de un pequeño pueblo, Smalltown, donde no habría fuegos artificiales el 4 de Julio porque como no se puede excluir a quienes no pagan, todos buscarían ser “colados”. Por esa razón, los provee el gobierno local.

Fireworks

Dice Mankiw: “La historia de Smalltown es estilizada, pero también es realista. En verdad, muchos gobiernos en los Estados Unidos pagan los fuegos artificiales del 4 de Julio. Más aun, la historia muestra una lección general sobre los bienes públicos: debido a que son no-excluyentes, el problema del free rider impide que el mercado privado los provea. El gobierno, sin embargo, puede potencialmente remediar el problema. Si el gobierno decide que los beneficios totales exceden a los costos, puede proveer el bien público y pagarlo con recursos impositivos, mejorando la situación de todos” (p. 222).

Bueno, ayer tuvimos un ejemplo en Buenos Aires que vuelve a cuestionar el caso, tanto hipotético como histórico, de Mankiw y Samuelson. La historia aparece publicada en La Nación con el título: “Buenos Aires se iluminó al ritmo de 8000 fuegos de artificio”: http://www.lanacion.com.ar/1752442-buenos-aires-se-ilumino-al-ritmo-de-8000-fuegos-de-artificio

¿Fue esto organizado por el gobierno? No.

Dice el artículo: “Miles de vecinos de la ciudad y del conurbano norte y sur disfrutaron anoche de los shows de fuegos artificiales organizados por los centros de compras que funcionan en el área metropolitana para celebrar la cercanía del final de 2014. Por décimo año consecutivo, tres shoppings pertenecientes a Alto Palermo Centros Comerciales SA (APSA) y otras dos locaciones en la Capital sirvieron como escenario del lanzamiento de fuegos de artificio que en forma simultánea, desde las 21.30, brindaron un inolvidable y colorido espectáculo en un cielo diáfano. Se estima que unas 100.000 personas pudieron observar el festival de luces.”

¡Hubo 100.000 free riders! Y, así y todo, los fuegos fueron provistos y financiados por el sector privado. La respuesta ya la había dado Coase: la publicidad es una forma de financiar este tipo de bienes, al igual que la publicidad financia la radio o la TV abierta.

Sigan participando. Sigan buscando ejemplos, hipotéticos o históricos, pero la realidad sigue mostrando que los mercados proveen incluso este tipo de bienes.

Provisión estatal de bienes “públicos”, la salud en Canadá y “Las Invasiones Bárbaras”

Las tareas originalmente asignadas al estado eran las vinculadas con la seguridad, tanto interna como externa, las que pueden ser explicadas en términos de bienes públicos, también las relaciones exteriores y la provisión de justicia, pero el espectro es ahora mayor incluyendo, entre otros, la promoción de productos de un país en el exterior, el desarrollo del arte y la cultura local, la ayuda a los carenciados y la promoción del deporte.

Pero la administración estatal de servicios se enfrenta a problemas de incentivos que le impiden alcanzar la eficiencia. En el sector público los incentivos de la administración son más débiles. Los buenos administradores no se pueden llevar parte de las ganancias, tampoco sufren las pérdidas. Sus incentivos son más débiles que los del sector privado y esto, sumado a la estabilidad de la que normalmente gozan en sus puestos, lleva a mayores niveles de ineficiencia. Estos se expresan normalmente en estructuras burocráticas pesadas, resistentes a los cambios y proclives a la corrupción. Los representantes políticos, por otra parte, están sujetos a premios y castigos que expresan los votantes en el momento de votar, pero son necesariamente de corto plazo, dada la necesaria renovación de los mandatos.

El Estado, además, provee necesariamente una sola cantidad del bien público. Es decir, cuando lo provee lo hace para todos, lo que no permite que se satisfagan preferencias diversas. Por ejemplo, el Estado provee un servicio de seguridad en la forma de policía y financia esto con el cobro de impuestos. Algunos podrían desear más policía y menos crimen, y estar dispuestos a pagar más impuestos por ello; otros podrían desear menos y gastar menos. Los que deseen más seguridad terminan contratándola en el mercado; los que desean menos no tienen forma de evitarlo, al menos legalmente, ya que podrían volverse evasores. En el mercado, cada uno decide la cantidad y calidad que quiere obtener sujeto a su restricción presupuestaria.

Esa lección elemental aparece hoy evidente en el caso de la salud en Canadá. Allí existe un “Sistema Nacional de Salud” administrado por el Estado, el cual suele ser mencionado como modelo por muchos médicos y políticos locales. No obstante, tal vez el lector recuerde haber visto la película “Las Invasiones Bárbaras”, donde lo que allí aparecía no era muy diferente de un hospital cualquiera en América Latina (Esmail y Walker, 2004).

Invasiones barbaras

Pues como en el sistema estatal no hay “precios”, lo que la economía nos enseña es que cuando no hay precios, o se acercan a cero para los usuarios, entonces la demanda se expande. Por supuesto que la no existencia de precios no significa que el sistema sea gratuito, alguien tiene que pagar los costos, y en este caso ese alguien es el gobierno. Pero para todos, incluso para el gobierno de Canadá, los recursos son escasos, sobre todo comparados con una demanda exacerbada por lo poco o nada que paga el consumidor. A ese exceso de demanda sobre oferta le queda sólo un camino: ajustar por cantidad, habrá tan sólo tantos consumidores satisfechos como la oferta pueda atender, y el resto deberá esperar.

Al respecto, el informe mencionado muestra que el tiempo de espera promedio desde que el paciente es atendido por un médico clínico hasta el tratamiento para 12 especialidades y 10 provincias estudiadas es de 17,9 semanas, un poco más que las 17,7 semanas de 2003. Esta espera se compone de dos períodos diferentes. El primero es la derivación del médico clínico a la consulta con el especialista, la que alcanza las 8,4 semanas en promedio. El segundo es el tiempo entre la consulta con el especialista y el tratamiento, cuya espera es de 9,5 semanas.

Por supuesto que aquellas situaciones más graves tienen períodos de espera menores, no es lo mismo en cada especialidad. Así, por ejemplo, las de menor espera para ambos períodos juntos son: oncología (5,6 semanas), radiación oncológica (7,8 semanas) y cirugía general (9,9 semanas). Las esperas más largas se dan en cirugía ortopédica (37,9 semanas), cirugía plástica (35,8 semanas) y tratamiento oftalmológico (28,7 semanas). Los autores realizan también una comparación entre estos tiempos de espera y lo que los especialistas consideran que sería un tiempo “razonable”. Tomando en cuenta todas las especialidades concluyen que el tiempo de espera excede la razonable en un 88%.

Además de estas esperas, los pacientes deberían igualmente esperar cierta clase de tecnologías para diagnóstico, tales como tomografía computada, resonancia magnética y ultrasonido. La espera promedio para la primera es de 5,2 semanas, para la segunda de 12, 6 y para la tercera de 3,1 semanas. En cuanto a la cantidad de procedimientos que la gente estaba esperando al 30 de Junio de 2004, la cifra es de 815.663. Finalmente, los autores comentan que el sueño de un sistema de salud igualitario tampoco se estaría cumpliendo, ya que personajes famosos o conectados políticamente podrían eludir las listas de espera para cirugía cardiovascular, que los residentes suburbanos y rurales no tienen el mismo acceso, la igual que los de menores ingresos. Pero aún si fuera un sistema igualitario, estaría igualando a todos en la espera.