Economistas que propusieron grandes reformas institucionales: ¿utopias? ¿tienen alguna chance?

Con los alumnos de Economía e Instituciones de OMMA-Madrid, vemos el capítulo sobre Límites al Oportunismo Político, y luego de analizar muchos de ellos, que van desde la separación de poderes, pasando por limitaciones constitucionales al gasto o al endeudamiento, o a la emission, hasta que los impuestos sean explícitos, consideramos a algunos economistas que hay hecho propuestas “constitucionales”. Aquí algunos de ellos:

Hayek

Para Hayek, la separación de poderes y las otras medidas mencionadas solamente serán efectivas cuando los valores y la cultura predominantes en una sociedad así lo demanden. Ningún tipo de diseño constitucional podrá reemplazar estos valores sobre el poder gubernamental. Argentina es un ejemplo de esto: con la misma Constitución —aprobada en 1853—[1], el país recorrió setenta años en una dirección y los siguientes setenta en la dirección opuesta.

La evolución cultural es lo que en última instancia determina las limitaciones existentes al poder. En Suiza, aunque también ha habido cambios en el último par de siglos y el Estado benefactor ha crecido como en todos los demás países, ciertos principios básicos de limitación del poder siguen siendo parte importante de los valores y la cultura de sus habitantes[2].

No obstante, no descarta Hayek todo tipo de diseño constitucional, aunque dando prioridad a los procesos evolutivos, y presenta un modelo de organización que permitiría un predominio de las normas que son el resultado de esos procesos, a diferencia de las que son el resultado de decisiones políticas formales. Como las reglas formales que favorecen los procesos evolutivos son normas de carácter “general” que se aplican a todos los ciudadanos por igual, imagina un proceso legislativo que pueda aislar la elaboración de ese tipo de normas de las presiones de los grupos de interés que buscan un beneficio particular. Esta preocupación proviene de entender que las legislaturas modernas están sujetas a estos intereses desde que se han ocupado del diseño de políticas específicas. Una legislatura que tenga a su cargo ambas tareas —diseño de políticas y reglas generales— terminará dominada por las primeras. Para ello imagina un poder legislativo constituido por dos asambleas, que se acomode a la diferencia entre “leyes” y “comandos”. La primera, —la Asamblea Legislativa— se ocupa de las reglas generales y de la extensión del poder gubernamental, mientras la segunda, —Asamblea Gubernamental— se ocupa de las políticas públicas, teniendo primacía la primera sobre la segunda.

La Asamblea Legislativa debería estar constituida de tal forma que garantice el cumplimiento de esa función. Para ello Hayek considera un mecanismo de elección que evite la llegada de políticos profesionales, por lo que aquellos electos a la Asamblea Gubernamental no podrían acceder a la Legislativa. Sugiere que los miembros de esta deberían ser elegidos a una cierta “edad madura” y por periodos relativamente largos, como de quince años, debido a lo cual no estarían preocupados por su reelección. En cierta forma, como sucede con los miembros de una Corte Suprema de Justicia. También sugiere que los votantes que los elegirían sean mayores en edad que los que participan en la elección de las demás posiciones en el Ejecutivo o en la Asamblea Gubernamental. La experiencia y la sabiduría adquiridas con los años, más su independencia respecto a una “carrera política”, tenderían a centrar su atención en las reglas generales y en los beneficios a largo plazo.

Es decir: la Asamblea Gubernamental estaría formada por políticos profesionales que buscarían su reelección y estarían interesados en atender a los intereses inmediatos o puntuales de los votantes o de distintos grupos de interés, mientras que los de la Asamblea Legislativa constituirían algo así como un grupo de sabios y prudentes, que se ocuparían de velar por las normas que protegen los derechos de todos.

Buchanan

James Buchanan, por el contrario, fundamenta su análisis en la filosofía política contractualista, por lo que es más escéptico respecto a las normas de origen evolutivo espontáneo y, con un enfoque más racionalista, concentra su análisis en la forma de modificar los incentivos vigentes en la política, con especial énfasis en los niveles de mayorías necesarias para distinto tipo de normas. Inspirado en el análisis del economista sueco Knut Wicksell (1851-1926), sostiene que el óptimo sería la unanimidad. Ya hemos visto esto en el capítulo 4, cuando analizamos los problemas para la agregación de preferencias expresadas a través del voto. La unanimidad garantizaría que nadie se vería perjudicado por la aprobación de una cierta norma; es decir, ninguna mayoría podría violar los derechos de una minoría, incluso ni la de una sola persona. También vimos allí que la unanimidad generaría el statu quo total; sería prácticamente modificar cualquier norma, dados los altos costos de alcanzar la unanimidad. La respuesta de Buchanan es diferenciar entre normas de rango constitucional, que protegen derechos individuales y limitan las potenciales acciones abusivas de un gobierno, de aquellas que se refieren a cuestiones más coyunturales o de contenido administrativo, relacionadas con la gestión de tal gobierno. Para modificar las primeras, se requerirían mayorías especiales, mientras que para modificar las segundas bastaría con mayorías simples. Qué asuntos requerirían, según Buchanan, mayorías especiales lo veremos más adelante.

Frey

Bruno Frey (2005) presenta una propuesta a la que llama FOCJ, por sus siglas en inglés: jurisdicciones funcionales, superpuestas, en competencia. Desde su perspectiva, el federalismo permite acercar la provisión de bienes públicos a las preferencias específicas de distintos grupos en la sociedad, pero para hacerlo deben cumplirse dos principios básicos: la equivalencia fiscal, es decir que los fondos para pagar el gasto público de una jurisdicción se obtengan de los ciudadanos de esa misma jurisdicción; y equivalencia política, o sea que los funcionarios sean electos nada más por los votantes de la misma jurisdicción.

Las jurisdicciones propuestas tendrían estas características:

Funcionales: se extenderían sobre áreas geográficas definidas por las tareas o funciones que cumplen.

Superpuestas: habría distintas jurisdicciones gubernamentales extendiéndose sobre distintas áreas.

En competencia: los gobiernos locales, y en algunos casos los ciudadanos, podrían elegir a qué jurisdicción pertenecer.

Jurisdicciones: serían jurisdicciones con poder gubernamental para cobrar impuestos.

El argumento básico es que las jurisdicciones geográficas no necesariamente coinciden con la extensión geográfica que propone la economía de escala de un cierto servicio. Por ejemplo: una red de electricidad puede abarcar una cierta zona, pero el servicio de defensa que brinda un regimiento puede abarcar otra, con lo cual cada una tendría un área geográfica diferente. Los servicios de un hospital podrían abarcar a ciudadanos de más de una jurisdicción política actual, creando problemas de usuarios gratuitos; la jurisdicción en este caso se extendería sobre la división política, para abarcar a todos los usuarios. Obviamente, distintas jurisdicciones se superpondrían, incluso brindando algunas de ellas el mismo tipo de servicios. Los ciudadanos podrían elegir entre las mismas, aunque “deberían” elegir, ya que se trata de jurisdicciones gubernamentales. La competencia sería fomentada por la acción de “salida”, aunque no tendría que ser geográfica: las personas o los gobiernos locales podrían cambiar de afiliación a esas diferentes jurisdicciones, sin tener que mudarse a otra jurisdicción geográfica para hacerlo.

El autor menciona como ejemplo a la Liga Hanseática, un grupo funcional que brindaba normas comerciales comunes, aunque no tenía ningún tipo de vinculación geográfica. Eran miembros de la liga ciudades como Lübeck, Bremen y Colonia (hoy Alemania), Stettin y Danzig (hoy Polonia), Kaliningrado (hoy Rusia), Riga (Letonia), Reval (hoy Tallinn, Estonia) y Dorpat (hoy Tartu, Estonia), Groningen y Deventer (hoy Holanda). Londres (Inglaterra), Brujas y Amberes (Bélgica) y Novgorod (Rusia) eran miembros asociados. En los Estados Unidos hay “distritos especiales”. En Suiza hay 26 cantones y unas 8,000 comunas de distinto tipo, de las cuales 2,940 definen la ciudadanía política (los ciudadanos lo son de las comunas, no de “Suiza”). Hay comunas educativas que ofrecen servicios a más de un gobierno local.

Esta profunda descentralización y división de poderes actuaría como un límite al abuso de poder y permitiría la participación ciudadana en la toma de decisiones, sobre todo asociado al uso de mecanismos de democracia directa.

Rothbard y Friedman

Finalmente, Murray Rothbard (2002) y David Friedman (1989) presentan un modelo también con jurisdicciones funcionales, en competencia y superpuestas, pero, a diferencia de Frey, se trata solamente de agencias privadas. Según esta visión “libertaria”, todos los bienes y servicios serían provistos por el mercado, ya que este puede hacerlo, si bien no en forma perfecta, superior a la provisión estatal. Así, ambos autores analizan cada uno de los servicios que actualmente proveen los Estados y cómo los podría proveer el mercado. Las propuestas de uno y otro son similares en cuanto a la provisión de todos los bienes y servicios por el mercado, con algunas diferencias, sobre todo relacionadas con los fundamentos filosóficos —una filosofía moral iusnaturalista, en el caso de Rothbard, y consecuencialista, en el de Friedman— y a una hipótesis sobre el posible nacimiento de una sociedad anarcocapitalista, como la que proponen —un contrato social, donde las partes consentirían un código legal, en el caso de Rothbard, y un enfoque incremental, en el caso de Friedman—.

En el caso tal vez más complejo de todos —la seguridad personal y la defensa—, critica la visión predominante de que el Estado debe proveer protección policial, como si fuera una entidad única y absoluta, consistente en una cantidad fija que se brinda a todos por igual. Ese tipo de bien general no existiría, de la misma forma que no existe un bien “comida” o “vivienda”[3]. Por lo tanto, el Estado debería asignar un recurso escaso, sujeto a las ineficiencias de la política y la burocracia. Para Rothbard, los individuos deberían contratar este servicio, como los demás, en el mercado, y lo harían según sus preferencias específicas: desde la patrulla de un policía cuando sea necesaria, hasta protección personal durante las veinticuatro horas. Se argumentará que, en tal caso, los consumidores deberían pagar algo que ahora reciben gratis, pero es necesario tener en cuenta que en el modelo libertario no habría impuestos, así que los recursos que la población destina, en un determinado momento, con ese fin, estarían disponibles directa o indirectamente para contratar ese tipo de servicios.

El modelo no considera que cada persona tendría que salir a contratar un agente privado, en caso de haber sido robada o atacada, sino que, como ocurre actualmente en muchos barrios abiertos o cerrados, contrataría una compañía que le brindaría ese servicio. Es bastante probable, además, que los servicios fueran ofrecidos por empresas de seguros, ya que, si se ha asegurado, por ejemplo, una casa contra robo, la protección podría ser parte del servicio del seguro[4]. La competencia se transformaría en eficiencia y control por parte de los consumidores, ya que podrían cambiar de agencia en caso de no estar contentos con el servicio que reciben, algo que no pueden hacer ahora por tratarse de un servicio monopólico, del cual se recibe simplemente lo que toque.

[1]. Dice Alberdi ([1854] 1993): “Al legislador, al hombre de Estado, al publicista, al escritor, sólo toca estudiar los principios económicos adoptados por la Constitución, para tomarlos por guía obligatoria y reglamentaria. Ellos no pueden seguir otros principios, ni otra doctrina económica que los adoptados ya en la Constitución, si han de poner en planta esa Constitución, y no otra que no existe. Ensayar nuevos sistemas, lanzarse en el terreno de las novedades, es desviarse de la Constitución en el punto en que debe ser mejor observada, falsear el sentido hermoso de sus disposiciones, y echar el país en desorden y en el atraso, entorpeciendo los intereses materiales, que son los llamados a sacarlos de la posición oscura y subalterna en que se encuentra” (p. 2).

 

[2]. Dice Willy Linder, editora económica del Neue Züricher Zeitung: “Los suizos siguen siendo suficientemente generosos y sensibles para votar a veces a favor de cuestiones que parecen ir en contra de su propio interés. Sin embargo, en el largo plazo, estas actitudes han contribuido a la estabilidad política y económica de Suiza. Durante los tres últimos años, por ejemplo, los suizos, por márgenes excediendo generalmente 3 a 1, han decidido en referéndums no cobrar impuestos especiales a los ricos y los que ganan altos sueldos, no otorgar a los trabajadores suizos participación en la administración de las empresas, no reducir la edad mínima para ingresar en el generoso sistema de pensiones, no permitir al gobierno central que recaude fondos para compensar tendencias locales recesivas, y finalmente no permitir al gobierno central que tenga déficit”. Fortune, diciembre 18 de 1978; citado en “President’s Essay”, Washington DC: The Heritage Foundation, 2011.

 

[3]. “A cualquier persona o negocio, la policía puede proveerle desde un oficial que haga una ronda una vez por noche, dos policías que patrullen constantemente cada cuadra, otros que lleven a cabo la vigilancia en un móvil, hasta uno o incluso varios guardaespaldas personales permanentes. Además, debe tomar muchas otras decisiones cuya complejidad se hace evidente tan pronto como levantamos el velo del mito de la “protección” absoluta. ¿Cómo podría la policía asignar adecuadamente sus fondos, que por supuesto son siempre limitados, como lo son los de todos los individuos, organizaciones y agencias? ¿Cuánto debería invertir en equipamiento electrónico? ¿En equipos para tomar huellas dactilares? ¿En detectives o en policías uniformados? ¿En patrulleros o en agentes que prestan servicio a pie, etcétera?”. (Rothbard 2002, p. 268).

 

[4]. “Esta debería ser la primera respuesta simple a la pregunta típica que expresa el temor de la gente a la que se le habla por primera vez de una policía totalmente privada: “Bueno, eso significa que si a uno lo atacan o le roban, tiene que apresurarse a encontrar un policía y comenzar a negociar acerca de cuánto le costará que lo defienda”. Bastaría un momento de reflexión para darse cuenta de que ningún servicio se suministra de esa manera en el libre mercado. Es obvio que la persona que quiere estar protegida por la Agencia A o la Compañía Aseguradora B pagará primas regulares en lugar de esperar a ser atacada antes de comprar la protección. “Pero supongamos que se produce una emergencia y el policía de la Compañía A ve que alguien es asaltado; ¿se detendría a preguntar si la víctima adquirió el seguro de la Compañía A?” En primer lugar, este tipo de asalto callejero estaría, como ya lo hemos señalado, dentro de la jurisdicción de la policía contratada por el dueño de la calle en cuestión. Pero ¿qué ocurriría en la situación, poco probable, de que un barrio no tuviera servicio policial, y que un policía de la Compañía A viera casualmente que alguien es atacado? ¿Saldría en defensa de la víctima? Eso, por supuesto, dependería de la Compañía A, pero es casi inconcebible que las compañías de policía privada no cultivaran la buena voluntad estableciendo, como política, la ayuda gratuita a las víctimas en situaciones de emergencia y, quizá, pidiendo luego a la persona rescatada un aporte voluntario. En el caso de un propietario que sufriera un asalto o un ataque, por supuesto recurriría a la compañía policial que hubiera contratado. Llamaría a la Compañía Policial A en lugar de a “la policía”, como lo hace ahora”. (Rothbard 2002, p. 270).

 

¿Qué deberían hacer los economistas? ¿Estudiar la asignación de recursos o intercambios e instituciones?

Con los alumnos de Historia del Pensamiento Económico I, Económicas UBA, vemos a James Buchanan, premio Nobel en Economía 1986, en un tema fundamental para ellos: ¿QUÉ DEBERÍAN HACER LOS ECONOMISTAS?:

Buchanan

Propongo examinar “el deambular de la mente de los hombres que ocupan el sillón de Adam Smith”, aquellos que tratan de mantenerse dentro del “estricto campo de la ciencia” y formulan las siguientes preguntas: ¿qué están haciendo los economistas? ¿qué “deberían” estar haciendo? En mi empeño por seguir el consejo de Lord Acton, me opongo firmemente a la opinión de un economista moderno cuyas ideas considero con respeto, George Stigler. Nos dice que es insensato preocuparse por la metodología antes de los sesenta y cinco años. Como juicio de valor, la advertencia de Stigler es difícilmente discutible, pero como hipótesis podría ser refutada, al menos por analogía con un mapa de rutas corriente. Uno de mis defectos conocidos es no mirar a tiempo los mapas de rutas, esperando siempre que algún instinto intuitivo del sentido de la dirección me impida alejarme del esquema planificado de mi viaje. Hace muchos años aprendí que el comportamiento “óptimo” consiste en detenerse inmediatamente después de que uno se ha “perdido”, cuando se llega a la duda más allá de un límite razonable, y consultar un mapa correctamente trazado. Parece haber una gran analogía con la metodología científica. A menos que, por alguna razón, podamos aceptar las actividades siempre cambiantes de los economistas como parte de la necesaria evolución de la disciplina a través del tiempo, tal como ocurre “en la ruta”, es esencial que, en ocasiones, miremos el mapa o modelo de progreso científico que cada uno de nosotros lleva en su mente, consciente o inconscientemente.

Cuando propongo examinar con espíritu crítico que es lo que hacen los economistas estoy rechazando también, como ustedes podrán notar, la propuesta familiar de Jacob Viner, para quien “la economía es lo que hacen los economistas”, propuesta a la que Frank Knight dio una naturaleza totalmente circular al agregar que “los economistas son los que hacen economía”. Esta definición funcional de nuestra disciplina da por sentada la misma pregunta que deseo formular y, de ser posible, contestar aquí. Creo que los economistas deberían asumir su responsabilidad básica; deberían, al menos, tratar de conocer el tema que manejan.

Me gustaría que consideráramos ahora un principio casi olvidado, enunciado por Adam Smith. En el capítulo 2 de The Wealth of Nations, afirma que el principio que da lugar a la división del trabajo, del que provienen tantas ventajas, “no es originalmente el efecto de alguna sabiduría humana, que prevé y tiene por objeto esa opulencia general a la cual da lugar. Es la necesaria, aunque muy lenta y gradual, consecuencia de una cierta propensión de la naturaleza humana que no tiene en vista una utilidad tan extensiva; la propensión a permutar, trocar e intercambiar una cosa por otra”. Me parece sorprendente que la importancia y la significación de esta “propensión a permutar, trocar e intercambiar” haya sido pasada por alto en la mayoría de los trabajos exegéticos de la obra de Smith. Pero seguramente es aquí donde se halla su respuesta a lo que es la economía o la economía política.

Los economistas deberían concentrar su atención en una forma particular de actividad humana y en los diferentes ordenamientos institucionales que surgen como resultado de esta forma de actividad. El comportamiento del hombre en la relación de mercado que refleja su propensión a la permuta y al trueque y las múltiples variaciones de estructura que esta relación puede adoptar constituyen los temas apropiados de estudio para el economista. Al decir esto, formula, por supuesto, un juicio de valor que ustedes pueden apoyar o no. Pueden considerar este trabajo, si así lo desean, como un “ensayo persuasivo”.

El enfoque básico y elemental que sugiero coloca en el centro de la escena la “teoría de los mercados” y no la “teoría de la asignación de recursos”. Hago un alegato en favor de la adopción de una sofisticada “cataláctica”, un enfoque de nuestra disciplina que había sido introducido mucho antes por el arzobispo Whately y la escuela de Dublin, por H. D. Macleod, por el estadounidense Arthur Latham Perry, por Alfred Ammon y algunos otros.(No es mi objetivo en este trabajo, ni tampoco me compete, analizar las razones por las cuales estos hombres no pudieron convencer a sus colegas y sucesores. Lo que deseo hacer notar es que la idea que introdujeron y que no estuvo nunca totalmente ausente de la corriente principal de pensamiento  requiere, quizá, mayor énfasis ahora que en la época en la que ellos trabajaron.”

Si la economía deja caer el supuesto del ‘dictador benevolente’, aparecen la cara real de la política

El capítulo 4 del libro “El Foro y el Bazar” analiza las contribuciones de la economía al análisis de la política, comenzando por el cuestionamiento al supuesto de que el Estado es un “dictador benevolente”:

Durante mucho tiempo, buena parte de los economistas se concentraron en analizar y comprender el funcionamiento de los mercados, y olvidaron el papel que cumplen los marcos institucionales y jurídicos de los Gobiernos. Analizaban los mercados suponiendo que funcionaban bajo un “gobernante benevolente”, definiendo como tal a quien persigue el “bien común”, sin consideración por el beneficio propio, y coincidiendo en esto con buena parte de las ciencias políticas y jurídicas. Tal como define al Estado la ciencia política, tiene aquel el monopolio de la coerción, pero lo ejerce en beneficio de los gobernados.

Por cierto, hubo claras excepciones a este olvido. Inspirados en ellas, autores como Anthony Downs o James Buchanan y Gordon Tullock iniciaron lo que se ha dado en llamar “análisis económico de la política”, en el contexto de gobiernos democráticos, originando una abundante literatura. Su intención era aplicar las herramientas del análisis económico a la política y el funcionamiento del Estado, pues la teoría política predominante no lograba explicar la realidad de manera satisfactoria.

Uno de los primeros pasos fue cuestionar el supuesto del “gobernante benevolente” que persigue el bien común; porque, ¿cómo explicaba esto los numerosos casos en que los Gobiernos implementan medidas que favorecen a unos pocos? O más aún: ¿cómo explicar entonces que los gobernantes apliquen políticas que los favorecen a ellos mismos, en detrimento de los votantes/contribuyentes? Por último, ¿cómo definir el “bien común” ? Dadas las diferencias en las preferencias y valores individuales, ¿cómo se podría llegar a una escala común a todos? Esto implicaría estar de acuerdo y compartir dicha escala, pero el acuerdo que pueda alcanzarse tiene que ser necesariamente vago y muy general, y en cuanto alguien quiera traducir eso en propuestas específicas surgirán las diferencias. Por eso vemos interminables discusiones sobre la necesidad de contar con un “perfil de país” o una “estrategia nacional” que nos lleve a alcanzar ese bien común, pero, cuando se consideran los detalles, los “perfiles de país” terminan siendo más relacionados con algún sector específico o difieren claramente entre sí.

Los autores antes mencionados decidieron, entonces, asumir que en la política sucede lo mismo que en el mercado, donde el individuo persigue su propio interés, no el de otros. En el mercado, esa famosa “mano invisible” de Adam Smith conduce a que dicha conducta de los individuos termine beneficiando a todos. ¿Sucede igual en el Estado? Se piensa en particular en el Estado democrático, porque se supone que los Gobiernos tiránicos o autoritarios no le dan prioridad a los intereses de los gobernados.

Algunos economistas intentaron definir ese “bien común” en forma científica, como una “función de bienestar social”, pero sin éxito (Arrow 1951). Además, si hubiese alguna forma de definir específicamente ese bien común o bienestar general como una función objetiva, no importaría si es el resultado de una decisión democrática, de una decisión judicial o simplemente un decreto autoritario que lo imponga.

Como veremos, al cambiar ese supuesto básico, la visión que se tiene de la política es muy distinta: el político persigue, como todos los demás y como él mismo fuera de ese ámbito, su interés personal. No se puede definir algo como un “bien común”, un resultado particular que sea el mejor, pero sí se puede evaluar un proceso, en el que el resultado “bueno” sea aquél que es fruto de las elecciones libres de las personas. ¿Existe entonces un mecanismo similar a la “mano invisible” en el mercado, que guíe las decisiones de los votantes y las acciones de los políticos a conseguir los fines que persiguen los ciudadanos? Este enfoque, llamado en general “Teoría de la Elección Pública” (Public Choice) se centra en los incentivos. De ahí que también se le conozca como “análisis económico de la política”.

Pero no son los incentivos el único problema que se presenta en el supuesto del dictador benevolente. También está el problema de la información, similar al planteado por Mises y Hayek en relación con la planificación económica, aunque originalmente presente en un autor anterior .

Estos dos cuestionamientos plantean entonces dos principales problemas al funcionamiento de la política, como mecanismo para satisfacer las necesidades de la gente: un problema de información, relacionado con la formación de las preferencias y su “revelamiento”, y los medios y procedimientos para satisfacerlas; y un problema de incentivos, por los que las acciones de los representantes deben dirigirse a ese objetivo.

En un año electoral (Argentina, Guatemala, España), no está mal ver algo de “Elección Pública”

Con los alumnos de la materia “Public Choice”, de la Maestría en Política Económica del SMC comenzamos el análisis de esta disciplina con una presentación de su más importante autor, James Buchanan, quien explica el contenido de este “programa de investigación” en un artículo titulado “Elección Pública: Génesis y Desarrollo de un Programa de Investigación”, publicado en castellano en la Revista Asturiana de Economía RAE Nº 33, 2005. El tema vale la pena, no solamente para los alumnos sino en momentos de plena campaña electoral y proximidad de elecciones en varios países de habla hispana (Argentina, Guatemala, España, por ejemplo). Algunos párrafos:

Buchanan

“Mi subtítulo caracteriza a la elección pública como un programa de investigación en vez de como una disciplina o incluso como una subdisciplina (la definición lakatosiana parece que cuadra muy bien). Un programa de investigación exige aceptar un centro firme de supuestos que imponen límites al dominio de la investigación científica, a la vez que, simultáneamente, la protegen de críticas en esencia irrelevantes. El centro firme de la elección pública se puede resumir en tres supuestos: (1) individualismo metodológico, (2) elección racional, y (3) política-como-intercambio. Los dos primeros bloques de esta construcción científica son los que le dan forma a la economía más básica y generan pocas críticas desde el frente de los economistas, aunque sean centrales en los ataques de los no economistas a esta empresa en su conjunto. El tercer elemento del centro firme es menos familiar y lo trataré de una forma más completa posteriormente.

Desde una perspectiva cronológica, este programa de investigación se vincula a medio siglo, durante el cual se ha creado, desarrollado y madurado. Aunque hubo precursores, algunos de los cuales se incluirán en el relato que sigue, podemos fechar los orígenes de la elección pública a mediados del siglo XX. Y, en sí mismo, este hecho es de gran interés.

Visto retrospectivamente, desde la ventajosa posición de 2003, el “hueco” existente en la explicación científica para el que surgió la elección pública parecía ser tan grande que el desarrollo del programa da la impresión de haber sido inevitable.

Al salir de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos, incluso en las democracias occidentales, estaban asignando entre un tercio y un medio de su producto total a través de instituciones políticas de tipo colectivo en vez de a través de los mercados. A pesar de ello, los economistas estaban dedicando sus esfuerzos de manera casi exclusiva a explicaciones-interpretaciones del sector de mercado. No se le dedicaba atención a la toma de decisiones políticas de tipo colectivo. Los profesionales de la ciencia política no lo hacían mejor. No habían desarrollado bases explicativas, no contaban con teoría, por así decirlo, de las que se pudieran deducir hipótesis falsables en términos operativos.

Así pues, el sector politizado de las interacciones sociales estaba, en su conjunto, “pidiendo a gritos” modelos explicativos diseñados para contribuir a la comprensión de la realidad empírica que se observaba. Mi propia e insignificante primera aportación al tema (Buchanan, 1949) fue poco más que un llamamiento dirigido a aquellos economistas que estudiaban los impuestos y los gastos en el sentido de que prestaran alguna atención a los modelos de políticas que se suponía estaban vigentes. Y, con la excepción del importante, pero olvidado, trabajo de Howard Bowen (1943), incluso aquéllos que habían realizado las contribuciones seminales reconocidas no parecían apreciar el hecho de que estaban entrando en territorio desconocido.”

Buchanan se pregunta: ¿qué están haciendo los economistas? ¿Qué deberían estar haciendo?

Con los alumnos de Historia del Pensamiento Económico I de la Económicas en la Universidad de Buenos Aires, terminamos la materia con un tema central, planteado por James Buchanan: ¿Qué deberían hacer los economistas?

Buchanan

“Propongo examinar “el deambular de la mente de los hombres que ocupan el sillón de Adam Smith”, aquellos que tratan de mantenerse dentro del “estricto campo de la ciencia” y formulan las siguientes preguntas: ¿qué están haciendo los economistas? ¿qué “deberían” estar haciendo?

Cuando propongo examinar con espíritu crítico que es lo que hacen los economistas estoy rechazando también, como ustedes podrán notar, la propuesta familiar de Jacob Viner, para quien “la economía es lo que hacen los economistas”, propuesta a la que Frank Knight dio una naturaleza totalmente circular al agregar que “los economistas son los que hacen economía”. Esta definición funcional de nuestra disciplina da por sentada la misma pregunta que deseo formular y, de ser posible, contestar aquí. Creo que los economistas deberían asumir su responsabilidad básica; deberían, al menos, tratar de conocer el tema que manejan.

Me gustaría que consideráramos ahora un principio casi olvidado, enunciado por Adam Smith. En el capítulo 2 de The Wealth of Nations, afirma que el principio que da lugar a la división del trabajo, del que provienen tantas ventajas, “no es originalmente el efecto de alguna sabiduría humana, que prevé y tiene por objeto esa opulencia general a la cual da lugar. Es la necesaria, aunque muy lenta y gradual, consecuencia de una cierta propensión de la naturaleza humana que no tiene en vista una utilidad tan extensiva; la propensión a permutar, trocar e intercambiar una cosa por otra”. Me parece sorprendente que la importancia y la significación de esta “propensión a permutar, trocar e intercambiar” haya sido pasada por alto en la mayoría de los trabajos exegéticos de la obra de Smith. Pero seguramente es aquí donde se halla su respuesta a lo que es la economía o la economía política.

Los economistas deberían concentrar su atención en una forma particular de actividad humana y en los diferentes ordenamientos institucionales que surgen como resultado de esta forma de actividad. El comportamiento del hombre en la relación de mercado que refleja su propensión a la permuta y al trueque y las múltiples variaciones de estructura que esta relación puede adoptar constituyen los temas apropiados de estudio para el economista. Al decir esto, formula, por supuesto, un juicio de valor que ustedes pueden apoyar o no. Pueden considerar este trabajo, si así lo desean, como un “ensayo persuasivo”.

El enfoque básico y elemental que sugiero coloca en el centro de la escena la “teoría de los mercados” y no la “teoría de la asignación de recursos”. Hago un alegato en favor de la adopción de una sofisticada “cataláctica”, un enfoque de nuestra disciplina que había sido introducido mucho antes por el arzobispo Whately y la escuela de Dublin, por H. D. Macleod, por el estadounidense Arthur Latham Perry, por Alfred Ammon y algunos otros.(1) No es mi objetivo en este trabajo, ni tampoco me compete, analizar las razones por las cuales estos hombres no pudieron convencer a sus colegas y sucesores. Lo que deseo hacer notar es que la idea que introdujeron y que no estuvo nunca totalmente ausente de la corriente principal de pensamiento(2) requiere, quizá, mayor énfasis ahora que en la época en la que ellos trabajaron.

 

Buchanan y Mises sobre el abandono de la austeridad fiscal antes y después de Keynes

James Buchanan y Richard Wagner escribieron un libro titulado “Democracia en déficit: el legado político de Lord Keynes”, publicado en 1977 y disponible gratuitamente acá: http://oll.libertyfund.org/titles/1097

El argumento central del libro es que el análisis y las propuestas de Keynes terminaron de relajar el espíritu “victoriano” de austeridad en la política fiscal y ya nunca más pudo frenarse el crecimiento del gasto público, los déficits y el endeudamiento si no es por el límite que impone el mismo mercado para financiar ese gasto, o en última instancia el colapso fiscal y monetario.

Era una idea compartida por otros autores, entre ellos Mises, quien escribe en “Restoring Europe’s State Finances”, una conferencia que dictara en 1924, señalando que ese cambio se había producido bastante tiempo antes:

“Hubo un tiempo en el que era sabiduría convencional que los impuestos son un mal a ser evitado en cuanto sea posible y que la única virtud de un ministro de finanzas era su frugalidad. En esos días los representantes del pueblo en el parlamento realizaban grandes esfuerzos para reducir las propuestas presupuestarias para ahorrarle a la población una excesiva carga impositiva. Desgraciadamente, este principio fue abandonado en las décadas previas a la guerra [Primera Guerra Mundial]. Una perniciosa doctrina surgió diciendo que había una diferencia fundamental entre el presupuesto público y el de cualquier familia. En los presupuestos familiares, se creía, los gastos estaban basados en el ingreso, mientras que en el presupuesto público eran los gastos los que determinaban los ingresos. Si bien ningún teórico fiscal se atrevió nunca a proclamar este principio abiertamente y sin reservaciones [Keynes entonces puede haber inaugurado la lista], sin embargo ha servido en general como la base de la discusión académica.”

“El principio fue reforzado por una singular interpretación de que solamente los impuestos indirectos sobre artículos de consumo masivo afectan a amplios sectores de la población, mientras que se creía que los impuestos directos castigaban solo a los ricos y a los propietarios, sin pesar sobre la economía en general.”

“Cuando sea que la discusión giraba sobre un gasto nuevo y popular, los representantes del pueblo se inclinaban a aprobarlo en tanto no fuera pagado por nuevos impuestos indirectos sino solamente por nuevos impuestos directos. Algunos de estos, por ejemplo el impuesto a la herencia o el impuesto a las ganancias de capital, se dirigen a la riqueza en la forma de capital como una fuente de ingresos fiscales. En el caso de impuestos sobre los ingresos y las ganancias, la idea original era que cayera solo sobre el ingreso real. Como resultado de la depreciación monetaria y la consiguiente imposición de ganancias “contables”, aun los impuestos sobre los ingresos y las ganancias se han convertido en impuestos a la riqueza. Una porción del capital existente ha sido consumido en impuestos, convertido en bienes de consumo y gastado. Por su misma naturaleza, la política fiscal ha reducido la riqueza de la economía. Pero tan grandes eran las ilusiones sociales y políticas que eso era considerado un rasgo deseable de la imposición directa que recaía sobre el patrimonio del país. Sentimientos de envidia como éste generaron la creencia que el empobrecimiento de los emprendedores y los dueños del capital era beneficioso para le economía. El hecho que la economía en su conjunto, no solo los dueños del capital, se volvía más pobre era totalmente olvidado.”

“El crédito fácil también cumplió un papel importante en la actitud desarrollada hacia un crecimiento del gasto público. En el pasado, aun los ministros de finanzas de estados grandes y ricos tenían serios problemas para tomar créditos aun modestos, y esos intentos muchas veces fracasaban. Esta situación cambió completamente en las décadas anteriores a la guerra.”

Coase, Hayek, Mises y Buchanan sobre los mercados dentro de las empresas

El enfoque económico basado en modelos de equilibrio general desvió la atención del análisis del papel de emprendedor y la microeconomía terminó considerando a la empresa como una “función de producción”, una caja negra en la que entran inputs y salen outputs. De hecho, se desentendió de lo que sucede dentro de la empresa y de lo que la economía podría decir al respecto. Del texto de Wayne Leighton “El uso del conocimiento en la economía y la gestión: ¿pueden los mercados funcionar en las empresas?”:

Una mirada más de cerca a los aportes realizados por Coase, Hayek y la bibliografía posterior revela similitudes en cuanto a su relevancia para las teorías de gestión y el papel que desempeña el empresario, así como las limitaciones para aplicarlas en forma independiente. La visión coasiana de la empresa como un enfoque para minimizar los costos de transacción –lo que más adelante se describirá como un nexo de contratos– se mejora al entender en qué sentido dichos costos de transacción están relacionados con el conocimiento disperso y tácito. La visión hayekiana de que los precios transmiten información y asignan recursos eficientemente en una economía de mercado y, de modo similar, pueden asignar recursos eficientemente en una empresa, mejora al reconocer las limitaciones relacionadas con el problema de los costos de transacción. Coase y Hayek brindan aportes complementarios pero que se deben aplicar con conocimiento de la crítica misesiana.

La crítica misesiana de “jugar al mercado” dentro de la empresa es útil, porque demuestra que, en última instancia, es el empresario el que toma las decisiones vitales. Al mismo tiempo, el empresario, propietario o gerente pueden asignar recursos eficientemente dentro de la empresa, pero sólo mediante el uso del conocimiento disperso y tácito de los empleados. Algunos medios para aprovechar este conocimiento (es decir, algunos enfoques gerenciales) serán más efectivos que otros. Para la mayoría de los gerentes, la información necesaria para tomar decisiones efectivas (por ejemplo, qué proporcionar a los consumidores; qué combinación de recursos utilizar dentro de qué tipo de arreglos contractuales) estará totalmente en manos de esa única persona. Esto ocurre principalmente a medida que la empresa crece, lo que permite hacer que una analogía con la observación de Alfred North Whitehead (que la civilización progresa cuando se expanden las actividades que se pueden realizar sin pensar en ellas) sea especialmente apta para los gerentes de las empresas grandes o en crecimiento.

En parte, el desafío para la persona que toma las decisiones es cómo aprovechar este conocimiento disperso cuando existen asimetrías en la información, y cuando los propietarios y los empleados se ven ante incentivos diferentes. Este es un problema entre mandante y mandatario, relacionado con los costos de transacción. Más aún: el desafío es crear un ambiente en el que todas las personas de la empresa tengan incentivos para estar alerta, utilizar la información que quizá sólo ellos posean, y actuar sobre las oportunidades que quizá sólo ellos perciban. Los propietarios y los gerentes (actuando de un modo decididamente empresarial) pueden crear un valor adicional al crear una estructura organizacional que optimice estos incentivos, para que todos los empleados puedan utilizar el conocimiento y realizar acciones que generen ganancias.

Esto no significa que la empresa y el mercado sean equivalentes. Pero las diferencias pueden estar menos relacionadas con la efectividad de los precios en la asignación de recursos, y más con quién fija las reglas para el uso de los precios y quién crea las instituciones en las que opera la empresa. No existe la creación de un orden espontáneo en la empresa ni en ninguna otra parte; sólo la cultura, las reglas y otras instituciones hacen que el orden sea posible. En resumen, la cultura de la empresa (que se comentará más adelante) y sus reglas del juego son determinadas por procesos muy diversos en la sociedad, si la comparamos con la empresa. Como han advertido James Buchanan y otros, las reglas sobre la toma de decisiones son vitales para determinar los resultados. En una sociedad, las reglas constitucionales (o meta) proporcionan un marco idealmente diseñado para proteger los derechos fundamentales, como, por ejemplo, el derecho a la propiedad.

Dentro de este marco de reglas, las personas negocian, cooperan, contratan y comercian en acuerdos de mejora paretiana. La empresa también opera dentro de este conjunto de reglas establecido por la sociedad. Sin embargo, el empresario agrega otro nivel de reglas, en este caso diseñadas alrededor del juego de la creación de riqueza, además de cualquier otra cosa que produzca utilidad para él.

Las reglas del juego desempeñan un papel central en la opción pública, en la nueva economía institucional y en la economía austriaca. Pero estas reglas, útiles para explicar la asignación eficiente de recursos dentro de una sociedad, han sido aplicadas pocas veces a la teoría de la empresa y a la función del empresario. Excepciones notorias incluyen las obras de Langlois, Gifford y Foss.

Buchanan y Mises sobre la democracia y el mercado: ¿hay fallas o realmente funciona?

James Buchanan realizó un fundamental aporte a la ciencia económica al introducir y desarrollar el “Análisis Económico de la Política”, conocido como Public Choice. Allí, desarrolla una visión del proceso político como si fuera un “mercado” y las acciones de los votantes fueran similares a las decisiones que toman como consumidores.

Buchanan

Ludwig von Mises parece tener una visión opuesta, pero tal vez complementaria, no contraria a ese enfoque del Public Choice. En lugar de ver a la política como un mercado, Mises ve al mercado como una democracia.

Así, por ejemplo, en un artículo publicado en 1936 “El Orden Económico y el Sistema Político (Wiener Wirtschaftwoche), dice:

“El mercado selecciona a los emprendedores y capitalistas –los hace ricos; el mercado también los puede volverlos nuevamente pobres y removerlos de su posición si fracasan en satisfacer las necesidades del consumidor. Es cierto que en el mercado hay derechos universales de voto pero no iguales. El poder del voto aumenta con el tamaño del ingreso. Pero este mayor poder de voto es, el mismo, resultado de un voto en el mercado. Puede ganarse y mantenerse solamente pasando la prueba del mercado, a través de un manejo exitoso de los medios de producción en consonancia con los deseos de los consumidores. En una economía capitalista que no está restringida por la acción del estado, la propiedad es el resultado de un plebiscito diario de los consumidores, quienes tienen un mandato soberano e irrevocable. Aunque la propiedad de la tierra tienen un origen pre-capitalista, la riqueza de los propietarios debe pasar este examen para ser preservada; por lo tanto, los bienes inmuebles también están sujetos a la ley del mercado.”

Pero luego, Mises analiza la democracia política y aquí sí parece diferenciarse de Buchanan. Mientras éste es un “escéptico” respecto a la “perfección” de la democracia para plasmar los deseos de los votantes, Mises parece ser un “ultra-optimista”, no parece haber en su análisis lugar para las “fallas de la política” que con tanto acierto ha desarrollado la escuela de Public Choice.

“La estructura de la democracia política se corresponde con la estructura democrática del mercado. El ciudadano tanto como el consumidor decide quién debe dirigir la producción según sus deseos; de la misma forma que reemplaza al emprendedor y al capitalista que no satisface las necesidades de consumo con otros hombres, también tiene el poder en sus manos de reemplazar a los líderes políticos que no llevan donde el votante quiere ir. Así como el mercado busca que la producción se dirija según los deseos de los consumidores, una constitución democrática asegura que el poder gubernamental sea ejercido según los ideales políticos del electorado.”

La posición de Mises es luego retomada por Bryan Caplan en el libro “The Myth of the Rational Voter”: http://www.amazon.es/The-Myth-Rational-Voter-Democracies/dp/0691138737

Allí, la posición “miseana” de Caplan es básicamente la siguiente: el problema no es que la democracia “fracasa” y los políticos se alejan de lo que quieren los votantes…, el problema es lo que quieren los votantes! Estos persiguen teorías erróneas y luego, los políticos las proveen incluso aunque no crean en ellas, pero tienen que hacerlo para ganarse el apoyo de los votantes. Caplan no niega que luego estos persigan sus propios intereses.

El papel de los clubes

En la última edición de la excelente revista Constitutional Political Economy se encuentra un artículo de Todd Sandler con el título “Buchanan clubs”.

http://link.springer.com/journal/10602/24/4/page/1

Sandler ha escrito mucho sobre el tema, aquí repasa la contribución original de James Buchanan y desarrollos posteriores. Siempre me ha atraído la idea de los clubes, seguramente porque buena parte de mi vida pasó dentro de ellos, pero en este caso, sobre todo porque se presentan como una clara alternativa “voluntaria” para la provision de bienes que presentan características de exclusion y algo de rivalidad en el consume (dependiendo de la cantidad de socios).

Buchanan fue, tal vez, más allá de Sandler, pensando que los clubes también podían proveer bienes de carácter “público” y en una reciente investigación que realizara sobre boyas y balizas privadas en la costa norte del Río de la Plata eso parece ser el resultado (incorporaré esto al libro más adelante). Es decir, para Buchanan, bajo ciertas condiciones los bienes públicos podían ser provistos voluntariamente por medio de clubes.

Sandler extiende el concepto de club a cuestiones tales como: alianzas militares, áreas naturales, ciudades, rutas, internet, organizaciones internacionales y uniones aduaneras. No se si lo sigo en cada una de esas, tendría que analizar caso por caso.

Todo club tiene que tomar básicamente dos decisiones importantes: el nivel de gasto (y la cuota) y la cantidad de miembros. Puede tener más miembros con menos cuota y más congestion, o menos miembros con más cuota y menos congestion. Algunos pretenden encontrar ese punto óptimo, seguramente variará por cada club con miembros diferentes con valoraciones subjetivas diferentes. Irán descubriendo donde se encuentra ese punto (que además cambiará con cambios en las valoraciones subjetivas). En fin, estos últimos puntos tal vez le puedan dar un toque subjetivo austriaco a esta teoría. Veré de desarrollar esto en el futuro.

La farsa del techo a la deuda pública

Debt ceilingEstados Unidos tiene una alta calidad institucional, no es el primero, pero sí está entre los diez o quince primeros en ese aspecto. Sin embargo, esto no quiere decir que estén cerca de la perfección o el óptimo.

Una prueba de esto es el nuevo debate sobre el techo de la deuda pública. En el capítulo sobre “límites al oportunismo politico” del libro, presento esta idea como una medida, entre otras, para limitar el poder y la discrecionalidad de los gobiernos.

Pero está claro que lo que está sucediendo allí es una farsa, ya que si cada vez que se llega al límite, se lo amplía, entonces efectivamente no hay ningún límite. Como los politicos son racionales y conocen bien cómo intentar manipular a la opinion pública, cuyo apoyo necesitan, amenzan con el cierre del gobierno, presentan escenarios dramáticos, cierran los servicios más visibles para los votantes, hasta que generan un ambiente de opinion pública que ejerce una irresistible presión para terminar con ese cierre y subir el techo.

En esta circunstancia, los líderes del Partido Republicano tiran la toalla y aprueban el aumento sin discutir. Una muestra de que la norma institucional no está cumpliendo su finalidad, la única utilidad que tiene es que saca el tema a la luz de tanto en tanto y llama la atención acerca del despilfarro publico.

Tal vez por esta misma experiencia es que James Buchanan proponía que este tipo de normas tuvieran rango constitucional. Supuestamente sería más difícil si cada vez que se elevara el techo fuera necesaria una enmienda. Aunque no se debe desestimar la creatividad de los politicos para eludir este límite.

¿Significa esto que no hay límite posible? En verdad hay dos tipos de límites: interno y externo. El que vimos aquí sería “interno”, y también podríamos considerar la necesidad de un plebiscito para aumentar el techo, o un simple repudio generalizado a esa conducta.

El límite externo ha sido experimentado por otros paises: es el que impone el Mercado cuando los ahorristas e inversores no están dispuestos a prestar más.