¿Impulsa el gasto público al crecimiento de la economía? Un estudio de Libertad y Desarrollo dice que no

La idea que el gasto público puede impulsar el crecimiento de la economía es muy común. El Instituto Libertad y Desarrollo de Chile publica un estudio al respecto, disponible aquí: http://www.lyd.org/lyd/TemasPublicos/TP1303GASTOFISCALYCRECIMIENTODELPIB.pdf

Algunas de sus conclusiones:

“EFECTOS DEL GASTO FISCAL EN EL CRECIMIENTO DEL PRODUCTO: EVIDENCIA

Hay una serie de trabajos que analizan el efecto de la política fiscal en el crecimiento económico. Al realizar una recopilación de estudios empíricos recientes se observa que la mayor parte ellos se basan en la experiencia de países desarrollados, debido principalmente a la mayor disponibilidad de información. Sin embargo, se encontró también evidencia para países en desarrollo, dando cuenta que, por las diferentes características de los mismos, el impacto del gasto fiscal podría tener diferentes resultados en términos de dirección y magnitud.

Los resultados de los diversos estudios empíricos dan cuenta que el efecto de un incremento del gasto fiscal depende de varios factores: en primer lugar, existe una diferencia de efectos en economías desarrolladas versus aquellas en vías de desarrollo. Mientras en las primeras hay evidencia de un efecto positivo (aunque pequeño), en las segundas no lo hay, e incluso podría ser negativo. En segundo lugar, es importante el régimen cambiario, puesto que aquellas economías con tipo de cambio flexible no presentan efectos en el producto. Tercero, la apertura comercial también determina el efecto en el crecimiento del producto de una política fiscal expansiva: a mayor apertura, el impacto del mayor gasto fiscal puede ser negativo. Finalmente, el nivel de deuda también podría afectar negativamente, al menos en tramos de deuda mayores al 60% del PIB.

Chile es un país en vías de desarrollo, con tipo de cambio flexible, con gran apertura comercial y con un nivel de deuda que está creciendo. Por lo tanto, un incremento de gasto de gobierno, en nuestro caso, estaría lejos de lograr el efecto de mayor crecimiento del producto. Es más, podría generar precisamente el efecto contrario.

Veamos qué dice la evidencia local al respecto. El trabajo de Cerda et. al (2005) utiliza la metodología de VAR estructural (SVAR) con datos para Chile para el período 1986-2001. Sus estimaciones muestran que un shock de gasto fiscal tiene un efecto negativo en el PIB sólo durante el primer trimestre, con una magnitud pequeña (-0,3%). Luego, los efectos sobre el PIB no son significativos. Es decir, no se registra evidencia que la política fiscal expansiva sea reactivadora del crecimiento económico. Siguiendo el trabajo de Cerda (2005), realizamos una nueva estimación, con datos que cubren entre el primer trimestre de 1990 y el tercer trimestre de 2016. A partir del modelo SVAR estimado, el siguiente gráfico presenta la función impulso respuesta para un incremento (shock) del crecimiento del gasto público de 1 punto porcentual.

El resultado salta a la vista: el impacto del incremento del gasto fiscal es cero en el crecimiento del producto, lo que refuta la idea que podría ayudar a reimpulsar el aletargado dinamismo que exhibe actualmente nuestra economía.”

El impacto de la Escuela de Chicago en Chile. Sí, empezó con Pinochet, pero abarcó incluso a opositores

Con los alumnos del curso sobre Ideas Políticas y Económicas en América Latina vemos un artículo de Francisco Rosende donde comenta el impacto de las ideas de la Escuela de Chicago en Chile, y en otros países de la región. http://fppchile.org/wp-content/uploads/2015/12/ideas-instituciones-y-lideres_poirtada.pdf

Aquí su introducción:

“A partir de mediados de los 70 se inició en la economía chilena un profundo proceso de transformaciones, el que dio impulso a un progreso sostenido de ésta en las décadas posteriores. Este proceso de reformas tuvo lugar en el contexto de un prolongado y severo estancamiento de la actividad productiva, junto con importantes desequilibrios fiscales, los que amenazaban con desatar una hiperinflación. El papel protagónico que alcanzó en el diseño e implementación de dichas reformas un importante grupo de economistas, que realizó estudios de postgrado en la Universidad de Chicago, ha llevado a una frecuente asociación del proceso de reformas y estabilización aplicado en Chile, con las lecciones que emergen de la investigación y planteamientos de quienes han sido las principales figuras del Departamento de Economía de la Universidad de Chicago en las últimas décadas, los que se han identificado como la “Escuela de Chicago”3.

De la experiencia de transformación económica iniciada en Chile a partir de mediados de los 70 surgen una serie de temas e interrogantes, los que le otorgan un especial atractivo a ésta. Por un lado, es interesante examinar cuáles fueron los factores que llevaron a una presencia tan marcada de economistas entrenados en la Universidad de Chicago en el diseño e implementación de las políticas que cambiaron radicalmente el rumbo de la economía chilena. En particular, es razonable esperar que para observadores externos de dicho episodio sea en alguna medida contradictorio, o al menos sorprendente, el comprobar que un gobierno militar estuviese dispuesto a implementar y sostener un conjunto de políticas dirigidas a liberalizar la economía, tras décadas de creciente intervención del Estado en ésta. Esto nos lleva a examinar cómo se gestó la influencia de los economistas de Chicago y en qué medida esta ha persistido tras el término del gobierno militar, ocurrido en marzo de 1990.

Por otro lado, es interesante recordar que la presencia protagónica de economistas entrenados en la Universidad de Chicago no se limitó al caso chileno en los 70. En efecto, en Argentina y Uruguay se iniciaron en dicho período procesos dirigidos a resolver importantes desequilibrios macroeconómicos y promover una mayor apertura de las correspondientes economías. Si bien la extensión y claridad de la agenda de liberalización de dichas economías fue bastante más acotada que lo que se planteó en Chile, parece razonable sostener que la dirección de dichos procesos era parecida. Sin embargo, tras la crisis de la deuda externa de comienzos de los 80, la que golpeó con fuerza a las economías latinoamericanas- en su mayoría expuestas a una peligrosa combinación de alto déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos y fijación del nivel (o trayectoria) del tipo de cambio- los movimientos hacia una mayor liberalización y apertura impulsada en Argentina y Uruguay fueron abandonados, mientras que en Chile – tras un breve período, en el que se designaron autoridades económicas con una visión fuertemente crítica del proceso de reformas iniciado en la década  previa – finalmente se terminó intensificando la agenda de política económica asociada con el “Enfoque de Chicago”. Las diferencias en la trayectoria seguida por las economías mencionadas es ciertamente un aspecto interesante de analizar. En especial, en lo que se refiere a la identificación de las causas que llevaron a distintos grados de influencia de los economistas de Chicago en cada caso. Si bien el análisis de las particularidades de cada economía excede el propósito del presente documento, aventuraremos alguna interpretación para las causas que hicieron más resistente el proceso chileno en relación a lo observado en Argentina y Uruguay.”

Lecciones que no se aprenden: Chile camina hacia el populismo sin mirar al otro lado de la Cordillera

Me pidieron, y he publicado, un artículo en el diario La Tercera, de Chile, sobre el avance de nuestro vecino hacia el populismo: http://diario.latercera.com/2016/10/22/01/contenido/opinion/11-225514-9-cambia-la-vista-desde-la-cordillera.shtml

Cambia la vista desde la cordillera

ALGO RARO está sucediendo en la cordillera. Antes, quienes están a Occidente miraban con preocupación a sus vecinos de Oriente, ahora la preocupación comienza a ir en sentido contrario. Desde el Aconcagua, se ve con más optimismo lo que ocurre en Argentina que lo que está pasando en Chile.

En estos días, el diario La Nación (del cual me honra también ser columnista), tal vez el más importante de Argentina, publicó un editorial reflejando esta preocupación con el título “Chile, una tardía regresión populista” (14/10/16). Allí describe la calamitosa situación chilena al final del mandato de Salvador Allende y las notables reformas que llevaron a Chile al primer puesto en la región en términos de PIB per cápita o en la calidad de sus instituciones. También comenta el notable consenso que estas reformas alcanzaron, ya que fueron continuadas, y en algunos casos profundizadas, por sucesivos gobiernos tanto de centroizquierda como de centroderecha.

Parecía entonces que los chilenos habían aprendido algunas lecciones. Tenían, además, tan solo que mirar al otro lado de la cordillera para observar allí las consecuencias del populismo.

Pero parece que no; que, pese a todo eso, no se aprende. ¿Será necesario repetir el ciclo?

El problema es que estos aprendizajes son muy costosos. Tomemos el caso de Argentina. Está claro que se ha aprendido a fuego y sangre una lección: no habrá más golpes militares ni violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, Argentina tuvo hiperinflación en 1989 y una generación después aceptaba altos niveles de gasto público y emisión monetaria que generaban creciente inflación sin comprender sus causas y sin anticipar sus efectos, que hoy estamos pagando.

Desde este lado de la cordillera nos preguntamos si, luego de 12 años de furor populista kirchnerista, hemos aprendido esa lección tan básica para tener una razonable república que nos permita aprovechar las oportunidades que siempre tuvimos. No puedo decir si eso ocurrirá, pero se ha abierto una posibilidad.

Y mirando hacia nuestros vecinos, los vemos comenzar un camino que nosotros ya hemos recorrido, y lo hicimos hasta el final. ¿Cómo puede ser que una sociedad en las puertas del progreso decida cometer un suicidio colectivo? Bueno, ¿acaso nosotros no hicimos lo mismo en el siglo XX?

En el caso argentino, la explicación de esa decadencia es muy compleja. A riesgo de simplificar, arriesgo una sobre el caso chileno. Una que he planteado muchas veces a mis amigos “Chicago boys”, pero no aceptan. Es así: las muy exitosas reformas económicas chilenas fueron justificadas en términos de eficiencia, sus beneficios eran mayores que sus costos. No se justificaron en términos de derechos, de libertades. Por ejemplo: el sistema de pensiones privadas es más eficiente que el sistema estatal.

El argumento, por supuesto, es correcto, pero cae de bruces ante una crítica basada en la justicia. La respuesta que recibe es: será eficiente, pero es injusto. Y allí se acabó el debate. Nunca se justificaron las reformas en términos de derechos: los contratos laborales deben ser libres, no porque sean más eficientes, que lo son, sino porque tengo un derecho de propiedad sobre mi fuerza de trabajo. Y así sucesivamente.

Si éste es el punto débil del exitoso modelo chileno, no es que esté perdido, pero será necesario brindarle una base moral y principista que hoy es débil. No hace falta un presidente que diga “voy a manejar el país como una empresa” (los accionistas tampoco salen a la calle), hace falta un movimiento de gente que considere la libertad como valor supremo.

Preocupado por sus preocupaciones: se deterioran las instituciones que deberían proteger libertades

Estoy en Chile participando de un seminario para jóvenes organizado por la Fundación para el Progreso de este país. Además de interesantes conferencias, FPP ha realizado un estudio jungo con GfK Adimark que titula “Barómetro de la Libertad”. Aquí está disponible el resumen y el informe completo: http://fppchile.org/es/barometro-de-la-libertad-fpp-adimark-2/

Mi impresión, al margen de los comentarios que el estudio presenta, es que encuentro a los chilenos deprimidos y preocupados por el futuro. EL informe, realizado en base a una encuesta, sostiene que “los chilenos sienten que se ha avanzado en: poder organizar manifestaciones, decidir plenamente sobre embarazarse y/o tener hijos, poder formar grupos u organizaciones y decidir sobre cómo y con quién formar pareja y/o casarse”. Por cierto, todas libertades individuales muy importantes. Pero es notable la preocupación sobre la calidad de las instituciones, aquellas que, en definitiva, son necesarias para proteger esas libertades. Así, sienten que han retrocedido en: ser dueño de una propiedad sin que el Estado se adueñe de ésta; decidir la forma de criar y educar a sus hijos, que existan elecciones con un sistema transparente y libre, que los tribunales de justicia actúen de manera independiente, que existan instituciones independientes que controlen a las autoridades.

Son importantes los avances, pero muy preocupantes… las preocupaciones…

“Estudio revela que un 84% de la población considera “muy importante” la libertad para la toma de decisiones. Mientras que un 85% de los chilenos siente que hoy es más difícil que antes ejercer alguna de sus libertades.

¿Cuán libres se sienten los chilenos? ¿En qué ámbitos se ejerce la libertad? ¿Quiénes se sienten más y menos libres en el país? Estas son algunas de las preguntas que intenta responder el primer “Barómetro de la Libertad”, elaborado por Fundación para el  Progreso y GfK Adimark.

El estudio, lanzado este miércoles 7 de octubre en las oficinas de la Fundación para el Progreso,  mide cómo los chilenos perciben y valoran el rol que cumple la libertad en distintos ámbitos de su vida, tanto en la esfera pública como privada. Este tendrá una periodicidad anual, pues el objetivo es generar indicadores y cuadros comparativos en el tiempo.

En su primera edición 2015, el estudio muestra que la libertad es ampliamente valorada por los chilenos. Un 84% de la población la considera “muy importante” para la toma de decisiones.

Roberto Méndez, presidente de GfK Adimark añade que “un 60% de los chilenos se siente hoy mayoritariamente libre, una buena noticia que contrasta con el 40% que percibe que existen restricciones o vulneraciones a su capacidad de control sobre sus vidas”.

Por otro lado, un 85% de los chilenos tiene una percepción de restricción de alguna de sus libertades, es decir  siente que hoy es más difícil que antes ejercer alguna de éstas. La dimensión “Limitación del poder político, independencia judicial y democracia” es el ámbito relativo a la libertad peor percibida. Los chilenos tienen menos confianza en las instituciones que fiscalizan a las autoridades y mayoritariamente consideran que los tribunales de justicia no actúan de manera independiente del gobierno y el parlamento.

“Esto no sólo denota la importancia que asignan los chilenos a las instituciones y su buen funcionamiento, también  debiera ser materia de preocupación, pues claramente las instituciones están viéndose debilitadas”, explica Armando Holzapfel, Gerente de la Fundación para el Progreso.

En términos de relevancia en relación con el desarrollo del país, lo más valorado por los chilenos es: que el gobierno respete la vida y la integridad de las personas (9,2%); decidir la forma de criar y educar a los hijos (9,1%) y ser dueño de una propiedad sin que el Estado se adueñe de ésta (7,4%).

Los aspectos en que se perciben mejoras en el último tiempo son los derechos relacionados a la libertad de expresión y de manifestar puntos de vista.  También se aprecia un progreso en las libertades relacionadas con la vida sexual, relaciones de pareja y reproducción.”

Cuando las reformas económicas se justifican por su ‘eficiencia’ y no por la libertad y los derechos

Siempre he admirado, o al menos respetado, algunas de las reformas que realizaron en Chile y permitieron a ese país años de progreso. Reformas que, si bien comenzaron en épocas de un gobierno militar, fueron sostenidas y ampliadas en los gobiernos democráticos siguientes. Pero siempre pensé también, que esas reformas tenían bases débiles, en el fondo porque se sostenían en un análisis utilitarista acerca de su ‘eficiencia’ y nunca en una visión más general basada en la libertad de elección y los derechos individuales.

Ahora que se reabre el debate sobre las pensiones, encuentro este artículo de Francisco Belmar, de la Fundación para el Progreso de ese país, con una opinión similar, que comparto: http://fppchile.org/es/el-fracaso-ideologico-de-jose-pinera/

EL FRACASO IDEOLÓGICO DE JOSÉ PIÑERA

Causó furor —para bien o para mal— la reaparición de José Piñera en el debate público chileno. Esta llegada estuvo acompañada de una especie de campaña publicitaria, puesto que él mismo reconoció que jamás se ha ido de Chile. Aun así, se publicitó como un regreso, una especie de repatriación del creador del sistema de AFP. Una imagen que el mismo Juan Manuel Astorga intentó contraponer a la de Hernán Büchi viajando a Suiza.

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Piñera llega en un momento complicado. Su llegada se debe también a eso: nuestra economía está lenta y no solo se puede culpar de eso al devenir de la economía internacional. Es conocida su oposición a las políticas del gobierno de Michelle Bachelet y es de esperar que tenga miedo de que el sistema que ayudó a crear caiga en el campo de influencia de la fiebre reformista (algunos dirían populista o revolucionaria) del gobierno. Esa amenaza ya se ha vuelto realidad, sobre todo porque los detractores del sistema han hecho un trabajo de relojería en términos ideológicos. Por lo mismo, la discusión hoy ya no está solo en el plano de las políticas públicas, sino eminentemente de la política. Esto también lo mencionó Astorga, y Piñera, como es esperable en nuestra derecha, lo negó rotundamente.

¿Cuál es el alcance de la aparición de Pepe Piñera? ¿Es útil? ¿Servirá para algo? ¿Logrará salvar la obra por la que se le conoce en todo el mundo? La verdad es que su panorama se ve bastante oscuro y el origen de esa oscuridad es, precisamente, cierta desidia intelectual y una tozudez política y discursiva tremenda. Esta porfía aporta, quién podría dudarlo, una polémica que eleva un debate público que se encuentra dominado por lo estratégico y políticamente correcto. Aun así, también aporta una pobreza argumental que más parece tapada de oídos que discusión racional.

Cuando los civiles del régimen de Pinochet lograron instalar una serie de reformas modernizadoras (entre ellas la capitalización individual), tuvieron que luchar con un poder militar que creía bastante en el poder del Estado. De ahí que, aunque la mayoría de las personas comenzaron a tener AFP para administrar sus ahorros, las Fuerzas Armadas continuaron con un sistema de reparto que les aseguraba buenas pensiones, pero que dilapidaban los recursos del fisco. Cuando la Concertación llegó al poder, quizás prudente al recordar los hechos de los años 60 y 70, se decidió a no tocar el sistema de las Fuerzas Armadas. Los economistas no hicieron nada, no dijeron nada y jamás se insistió en cuán relevante era traspasar a los uniformados al sistema privado. Fuera como fuera, era necesario mantener la igualdad de todos los ciudadanos. Bastó que el caso Andrade se hiciera público para hacer explotar la bomba. Ahora todos piden que se profundice un sistema que el mismo Andrade demostró que solo trae aparejado injusticia y corrupción.

Por eso José Piñera, creo, llegó atrasado. La encuesta Cadem lo demostró hace poco. Que un altísimo porcentaje de la población crea que los fondos de pensiones le pertenecen o a la AFP o al Estado solo nos dice que vivimos en un país que cree que no hay diferencia entre el sistema de reparto y el actual, excepto porque “la caja” sería privada. Lo que Piñera nunca entendió es que nuestra mentalidad sobre las pensiones está anclada en el antiguo sistema y que nunca se adaptó a las características y beneficios de uno de capitalización individual. El cosismo, esa enfermedad que tiene a la derecha con cáncer terminal en las universidades y en la política nacional, está desbaratando todas las reformas que ellos mismos llevaron a cabo. Su ingenuo pensamiento tecnocrático y despolitizador está llevando a término su época de influencia. Algún día tendrán que entender que las batallas no son solo por las políticas públicas, sino también por ideas y que los relatos alrededor de ellas —las ideologías— no son necesariamente sinónimos de totalitarismo y represión. Mal que mal, sus propias reformas fueron posibles gracias al contexto autoritario de la época.

Lo anterior es especialmente notorio cuando vemos el contexto en que las AFP aparecieron. Inicialmente, el modelo estaba pensado para personas que tenían trabajos estables y podían trabajar 40 años. El problema es que, al mismo tiempo, se trataba de instalar un discurso de flexibilidad laboral. En Chile nunca se pudo avanzar en esa línea, así que la adaptación surgió de forma espontánea. El mismo Estado fomentó la contratación a honorarios, muchas veces de forma irregular, para evitar los altos costos de los trabajadores. Los empleados, por su parte, comenzaron a trabajar en este contexto que les impedía cotizar de forma individual. ¿Cuándo se discutió esto? ¿Cómo se podía hacer converger el discurso de la capitalización individual con el de una flexibilidad informal creciente y con el del riesgo que implica el emprendimiento? La posibilidad de las lagunas jamás fue tema, pues siempre se les consideró fruto de la irresponsabilidad. Quienes idearon sistemas como el que tenemos actualmente, no consideraron fundamental crear relatos y discursos unificadores que los explicaran y dieran sentido. La mirada de Piñera, entonces, por correcta que sea, es sumamente esquemática.

Si de verdad se quiere un país de emprendedores, será necesario pensar en el sistema de pensiones desde esa perspectiva. Querámoslo o no, lo que tenemos hoy está pensado más bien para el trabajador asalariado. He ahí el error de discurso, pues, en la sociedad del riesgo, emprender no necesariamente es sinónimo de éxito. No basta ahora con hablar de la perfectibilidad del sistema, sino que es necesario pensar bien en su actualización. Esto porque, hasta ahora, lo único que se ha visto es que se busca convertir a la sociedad chilena en una aún más pasiva, algo que cualquier liberal criticaría sin dudar.

Sistema jubilatorio en Chile: ¿para qué crecer y progresar si nos podría ir realmente mal a todos? (II)

Continúa el análisis de Libertad y Desarrollo sobre la idea de modificar el sistema jubilatorio chileno, pero con argumentos débiles, creo yo, y sin ninguna mención a la libertad de disponer de la propiedad, ahorrarla o gastarla, invertirla o consumirla, etc:

¿COMPARACIÓN JUSTA?

Una de las razones para volver al sistema de reparto se basa en el supuesto que éste pagaría mejores pensiones que el sistema de capitalización individual. Al menos es la sensación que queda al mirar los promedios de pensión que entrega la Superintendencia de Pensiones para ambos sistemas. Al mirar las últimas cifras oficialesv, la pensión entregada por el IPS para quienes estaban en el sistema antiguo es aproximadamente 5,5% mayor que la de las AFPvi,vii. Sin embargo, dicha comparación se presta para confusión por varias razones. En primer lugar, esta comparación olvida que bajo el antiguo sistema sólo reciben pensión quienes cumplen con un número mínimo de aportesviii, lo cual de acuerdo a información del IPS, corresponde a cerca del 50% de sus imponentes. En simple, 50% de los cotizantes del sistema antiguo no reciben pensión alguna y además pierden todo lo ahorrado durante su vida activa. Tal como vemos en la Tabla N° 1, al corregir sólo por este hecho (pues en el sistema de cotización individual todos reciben sus aportes con la rentabilidad acumulada), las pensiones de vejez del sistema antiguo resultarían 47% inferiores a las que entrega el sistema vigente.

En segundo lugar, mientras la tasa de cotización del sistema de capitalización individual es cercana al 13% (incluyendo la comisión de la administradora y el seguro de invalidez y sobrevivencia de cargo al empleador)ix, la tasa de cotización vigente para los que siguen cotizando en el sistema antiguo es de aproximadamente 20% (sin incluir salud para hacer ambas cifras comparables)x. Con dicha cotización, las pensiones promedio del sistema de capitalización individual serían aún mayores que las que hoy muestra el sistema.

Existe un tercer aspecto a destacar de la tabla anterior que incrementa la brecha de las pensiones de vejez a favor del sistema de capitalización individual: éste otorga pensión de vejez a sus afiliados sin importar la densidad de cotizaciones del trabajador. Por ende, el promedio de pensión de $ 227.400 muestra la pensión promedio de vejez obtenida por quienes presentan una gran varianza de densidad de cotizaciónxi y no sólo de aquellos que cotizaron por al menos 10 años como en el caso del sistema antiguo. De hecho, dicho promedio no refleja la pensión que entregaría el sistema de capitalización individual para quienes sí cotizaron en el sistema un tiempo razonable y de manera sostenida.

Cálculos recientesxii señalan que si en el sistema de reparto la cotización fuere del 10% y se le exigiera entregar pensión a todos sus imponentes, las pensiones promedio variarían entre un cuarto y un tercio de las pensiones que entrega el sistema de capitalización individual.

SISTEMAS DE REPARTO Y SOSTENIBILIDAD DE LARGO PLAZO

Un sistema de reparto por definición financia el pago de sus pensiones con el ahorro de los trabajadores activos. Esto es insostenible en un país como el nuestro, donde el envejecimiento de la población, cada vez más acelerado, está provocando un incremento en la relación entre población pasiva y activa. De hecho, así lo respalda el mismo estudio citado anteriormentexiii, el que utilizando proyecciones de población y distintos supuestos de crecimiento en el gasto en pensiones y la evolución de las remuneraciones, estima la tasa de cotización que hasta el año 2100 necesitaría un sistema de reparto para financiar los actuales niveles de pensiones del sistema de capitalización individual.

Sus resultados concluyen que si bien en lo inmediato se podrían financiar los niveles actuales de pensiones, e incluso mejorarlos a través de la expropiación del ahorro acumulado en los fondos de pensiones, en el largo plazo el sistema sería financieramente inviable, por cuanto se requeriría duplicar e incluso llegar a tasas por sobre el 50% para mantener los beneficios constantes. Lo anterior, como resultado tanto del factor demográfico como de la significativa contribución que hace a las pensiones el retorno del capital acumulado a través del tiempo, la cual desaparece bajo un sistema de reparto.

¿HACIA DÓNDE DEBIÉSEMOS AVANZAR?

En suma, existen argumentos objetivos para señalar que la idea de volver a un sistema de reparto no es viable. Esto no significa que no debamos preguntarnos cómo mejorar las pensiones del actual sistema, de tal modo de atenuar la brecha entre éstas y las expectativas de la población. En lo esencial, deberíamos propender a eliminar barreras que nos impidan ahorrar más (en frecuencia y nivel) y por más tiempo. Esto implica no sólo revisar al alza el nivel de la tasa de cotización con aportes adicionales del empleador o del trabajador (procurando no generar informalidad que puede terminar jugando en contra del objetivo último), sino también buscar mecanismos que incentiven a que ciertos grupos de la población (mujeres, jóvenes y adultos mayores) puedan encontrar un empleo formal que se acomode a sus necesidades de tiempo y flexibilidad.

Asimismo, se deberían incorporar gradualmente los aportes de los trabajadores independientes al sistema, además de (en línea con lo realizado en países desarrollados) aumentar la edad legal de cotización (sobre todo en el caso de mujeres), y ajustar cambios futuros de dicho umbral en base a nuevos potenciales cambios en las expectativas de vida de la población.

Estas soluciones sólo tendrán un impacto en el largo plazo en el monto de las pensiones, por lo que adicionalmente a lo anterior, deberíamos buscar mecanismos que, sin poner en riesgo nuestras arcas fiscales, nos permitan mejorar gradualmente la contribución que el Estado realiza hoy a los pensionados más necesitados a través de un fortalecimiento gradual del Pilar Solidario.

 

v Disponibles para mayo de 2016 en http://www.spensiones.cl/portal/informes/581/articles11024_recurso_1.pdf vi Este promedio incluye pensión de vejez y pensión de vejez anticipada, que considera al 67% de los pensionados del sistema de AFP y a 50% de los pensionados por el IPS. En ambos casos, el resto de los pensionados corresponde a pensiones de invalidez y sobrevivencia. vii Esta diferencia alcanza 8,2% cuando consideramos, adicional a la pensión autofinanciada, el Pilar Solidario. viii En el Servicio de Seguro Social (SSS) se requieren como mínimo 10 años de imposiciones para las mujeres y 20 años para los hombres, mientras que en CANAEMPU y EMPART son 10 años como mínimo, para hombres y mujeres; además de tener la calidad de imponente activo al momento de solicitar la jubilación. ix http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/apps/estcom/estcom.php x http://www.ips.gob.cl/pensiones-y-tramites-96642/134-tasas-ex-cajas-regimen-antiguo xi Por ejemplo, incluye la pensión de las mujeres que sólo cotizaron por una vez de tal modo de obtener el Bono por Hijo creado en la Reforma Previsional de 2008.  xii Titze, M. (Noviembre 2015). “¿Se sostiene un sistema de reparto?”. Serie de Informe Económico N° 253, Libertad y Desarrollo. Disponible en http://lyd.org/wp-content/uploads/2015/12/SIE-253-Se-sostiene-unsistema-de-reparto-MTitze-Noviembre2015.pdf                                                                                                                                                                                 xiii Titze, M. (Noviembre 2015).

Chile y el sistema jubilatorio: ¿para qué vamos a crecer y progresar si nos podría ir muy mal a todos? (I)

Chile ha realizado muchas reformas en las últimas décadas y muchas de ellas han dado resultado, llevando a ese país a tener el PIB per cápita más alto de América Latina, un logro no menor. Sin embargo, parece que los pueblos se empecinan en destruir aquello que les permitió el éxito, o no entienden las causas del mismo, o se lanzan a redistribuir todo lo que pueda expropiarse a través del estado.

El sistema jubilatorio chileno cumplió un papel importante en eso, En primer lugar, quitando estos fondos de las manos de estado, que los había vaciado; luego permitiendo que financiaran la inversión del capital y por ende, el crecimiento económico. Es cierto que no otorgó un derecho de propiedad completo sobre esos fondos, porque los aportantes no eran libres de aportar o no, o de decidir qué hacer con ese dinero, pero digamos que era un gran avance sobre el sistema anterior.

Ahora, en un impulso de suicidio colectivo, muchos chilenos quisieran ir para atrás. Así lo analiza el Libertad y Desarrollo de ese país (aunque diría que con argumentos contundentes y sin mención alguna a la violación de la propiedad que el estado realiza cuando fuerza un sistema por sobre las preferencias de los individuos:

La marcha del domingo pasado es el reflejo de un descontento por parte de la ciudadanía frente al nivel de las pensiones que entrega nuestro sistema previsional con respecto a lo esperado. Esta insatisfacción se vio acrecentada al darse a conocer la situación de Myriam Olate, quien se benefició con una pensión de más de $5 millones, lo cual llevó a muchos a mirar los sistemas de reparto como una alternativa. Sin embargo,  estamos comparando con un sistema insostenible en el mediano y largo plazo.

BREVE CONTEXTO HISTÓRICO

Vale la pena recordar por estos días que nuestro sistema de capitalización nació en 1981 buscando superar las ineficiencias del antiguo sistema. Este último era un sistema atomizado, operado por más de treinta cajas, cada una con normativa propia, por lo que sus principales parámetros (edad de retiro, requisitos para pensionarse y nivel de la pensión) dependían de la caja a la que le correspondiera a cada trabajador acceder de acuerdo a la ley, en general asociado al sector económico donde se desempeñaba. Está ampliamente documentado que los beneficios, tanto en términos de monto de pensión como exigencias, dependían de la presión que ejerciese cada gremio respecto de su propia cajai.

  • Una de las razones para volver al sistema de reparto se basa en el supuesto de que éste pagaría mejores pensiones que el sistema de capitalización individual. • Sin embargo, es necesario recordar que bajo el antiguo sistema sólo reciben pensión quienes cumplen con un número mínimo de aportes, por lo que el 50% de los cotizantes no reciben pensión alguna y además pierden todo lo ahorrado durante su vida activa. Sólo con esta corrección, las pensiones de vejez del sistema antiguo resultarían 47% inferiores a las que entrega el sistema vigente. • Existen argumentos objetivos para señalar que la idea de volver a un sistema de reparto no es viable. Esto no significa que no debamos preguntarnos cómo mejorar las pensiones actuales, de tal modo de atenuar la brecha entre éstas y las expectativas de la población.

Las ineficiencias iban más allá de estas evidentes injusticias. A inicios de los ’70, sólo el 60% del pago de pensiones se financiaba con las cotizaciones del trabajador, el 40% restante correspondía a aporte estatalii. Y a principios de los 80 el déficit era de tal magnitud que las opciones eran o aumentar aún más el aporte fiscal o subir la tasa de cotización, que incluso en algunos casos llegaba a más de 50% de la remuneración imponible, después de haber sido 5% en su origen. Evidentemente el sistema, con un proceso de envejecimiento de la población como el nuestro, iba directo a la quiebra.

En este contexto nació el sistema de capitalización individual, el cual estableció derechos de propiedad sobre los aportes durante la vida laboral de los cotizantes, y relacionó directamente cotizaciones (y por ende esfuerzo individual) con beneficios a recibir, eliminando los privilegios, y generando una estructura financiera que contribuyera a la sustentabilidad macroeconómica de largo plazo tanto de él mismo como del país. El Estado, por su parte, garantizaba una pensión mínima a quienes, cumpliendo ciertos requisitos mínimos de cotización, no pudiesen autofinanciarla, y una pensión asistencial (PASIS) a los adultos mayores de menores ingresos, hubiesen cotizado o no.

En 2008 se reforma el sistema sustituyendo las pensiones estatales señaladas por un Pilar Solidario al cual pudieron acceder  los adultos mayores pertenecientes al 60% de los hogares más pobres, hayan cotizado o no. Consiste en una Pensión Básica Solidaria (PBS) a quienes nunca cotizaron y un Aporte Previsional Solidario (APS) complementario a su pensión autofinanciada para el resto, que es decreciente según el monto de esta últimaiii. Este aporte se financia con impuestos generales, lo que no castiga el empleo formal. Hoy se destinan cerca de 0,7 puntos del PIB al Pilar Solidario, para beneficiar sólo por concepto de vejez a cerca de 1.100.000 adultos mayores (cerca de 400 mil por PBS y 700 mil por APS)iv.

i En una reciente columna, Hernán Cheyre da cuenta de una ilustrativa revisión de estos privilegios. Más detalles en “Sistema de reparto, ¿jubilación justa?”, El Mercurio 20/07/2016, disponible en http://www.udd.cl/medios-y-prensa/sistema-reparto-jubilacion-justa/ ii Gaete, M. E., & Matthei, E. (1988). La privatización de la previsión social en Chile. Puntos de Referencia, 32. iii El APS llega a cero cuando la pensión autofinanciada es igual a la Pensión Máxima con Aporte Solidario (PMAS). La PBS y PMAS alcanzan el 1 de julio de 2016, $ 93.543 y $ 304.062, respectivamente, mientras que el APS de vejez promedio bordea los $ 56.000. iv Los beneficiados por el Pilar Solidario de Invalidez corresponden a cerca de 250 mil pensionados más.

Un conflicto con creciente violencia del que se habla y conoce poco por aquí: los mapuches en Chile

Poco se sabe y se comenta en las noticias argentinas, o tal vez en el resto de América Latina, acerca del problema de los mapuches en Chile. El Instituto Libertad y Desarrollo presenta un panorama y comenta las medidas propuestas por el gobierno chileno aquí: http://www.lyd.org/temaspublicos/editora/TP1248INSTITUCIONALIDADINDIGENA.pdf

Algunos párrafos:

INSTITUCIONALIDAD INDÍGENA EN TIEMPOS DE VIOLENCIA

El conflicto en la zona de La Araucanía y sus alrededores se agudiza, develando no sólo una crisis en términos del deterioro del Estado de Derecho, sino que también distorsiones en la representación política de la zona. Grupos radicalizados que monopolizan el discurso público en lo que respecta a la naturaleza reivindicativa de las demandas incurren en la legitimación de la violencia como recurso político, con cierta efectividad, imponiendo la disruptividad de las condiciones de paz social en la zona. Se trata de una voz minoritaria, pero influyente en los espacios de representación, situación que refleja la profunda disociación existente entre la voz real del pueblo mapuche, pacífica y que demanda soluciones alejadas del metarelato reivindicativo para mejorar sus condiciones de vida y la de grupos extremistas que instrumentalizan el carácter de la causa indígena.

Este problema objetivo de representación se agudiza en presencia de una frágil institucionalidad indígena que permite una fácil cooptación de los espacios políticos por parte de aquellas corrientes minoritarias y radicalizadas. Un buen ejemplo de lo anterior fueron las últimas elecciones para conformar el cuerpo de Consejeros Nacionales de la CONADI, proceso no exento de cuestionamientos debido a la baja participación y anomalías en el proceso electoral (al respecto, es necesario mencionar que sólo votaron 24.713 personas de un total de 200.000 inscritos, es decir, un 12%. Dicha cifra representa una disminución del 20% de los votos con respecto a la elección pasada, a pesar de que el padrón aumentó en 30.000 personas este año. Las principales denuncias se relacionan con la falta de información sobre el día de la elección e irregularidades en el padrón electoral).

Consciente -en parte- de esta fragilidad institucional, es que el Ejecutivo ingresó dos mensajes presidenciales que crean un Ministerio de Pueblos Indígenas (boletín 10.526-06) y un Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas (boletín 10.525-06). Sin embargo, se trata de proyectos que, a pesar de contener avances marginales, reproducen muchas de las falencias en materia de representación al no estar acompañados de un cambio de paradigma en cuanto a política indígena.”

CONCLUSIÓN

“La profundización de la violencia en la zona sur del país ha generado una brecha de representación política y una erosión del Estado de Derecho. Esta situación es en parte generada por la disociación entre el discurso radicalizado de una minoría y los reales anhelos del pueblo mapuche. La respuesta del Gobierno ha sido el establecimiento de un nuevo orden institucional que contempla la creación de un Ministerio de Pueblos Indígenas, un Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas. Las encuestas nos permiten dilucidar que las necesidades de los mapuches no son radicalmente distintas del resto de los chilenos. De este modo, es necesario que este nuevo orden institucional se haga cargo de un cambio de paradigma, el cual implica poner énfasis en un desarrollo integral de dichos pueblos, otorgándoles herramientas con las que puedan afrontar de mejor manera los desafíos de la sociedad actual.”

La baja frecuencia con que se revelan las preferencias en la política ocasiona problemas como en Chile

Esto dice el libro sobre la baja frecuencia que tiene la política para que se “revelen” las preferencias de los votantes:

“En general, el lapso que transcurre entre una instancia en la que se revelan las preferencias de los votantes y la siguiente es un período bastante largo: cuatro, cinco o seis años en el caso de las elecciones presidenciales; tal vez dos años para las elecciones legislativas. Entretanto esas preferencias pueden cambiar pero no hay mucho que se pueda hacer al respecto, salvo esperar hasta la próxima instancia.

Esto ocurre sobre todo en los regímenes políticos presidencialistas, ya que en los parlamentarios si el gobierno pierde la mayoría parlamentaria cae, en general. Pero en los primeros eso no ocurre salvo situaciones excepcionales que originen un juicio político y la remoción del gobernante. En algunos casos existen instrumentos de democracia directa como la revocación de mandato. No obstante, son numerosas las situaciones en las que el votante se ve frustrado porque encuentra que el gobernante electo no cumple con sus expectativas.”

Veamos ahora el caso de Chile y su presidente Bachelet. El informe “Temas Públicos” Nr. 1206, de; Instituto Libertad y Desarrollo de ese país (www.lyd.org) esto comenta:

“En medio de una agitada agenda política, durante la semana pasada, se hicieron públicas tres encuestas: CADEM, Adimark y la del Centro de Estudios Públicos (CEP). Independiente de los matices y alcances metodológicos de cada una de ellas, en todas es posible visualizar de manera clara, el nivel de deslegitimación social de las reformas que impulsa el actual gobierno.

El proceso a partir del cual las ideas de la Nueva Mayoría devinieron en minoría ante la opinión pública puede tener múltiples variables explicativas. Algunas endógenas, vinculadas a lo estrictamente programático, pero también a los modos de conducción de las “reformas estructurales”, donde en este “primer tiempo” del mandato presidencial, el estilo de la imposición primó respecto del dialogo y la negociación. Sin desconocer también, la incidencia de fenómenos exógenos, como la crisis de desconfianza que golpeó al centro de gobierno tras el episodio Caval, como bien se muestra en los mismos estudios de opinión.

Sin embargo, las encuestas muestran de manera nítida que el escepticismo ciudadano en relación a las reformas del gobierno, se instaló con antelación a la emergencia de los mencionados escándalos que han golpeado al arco político de manera transversal. El mejor ejemplo de lo anterior es que, ya en noviembre de 2014, la desaprobación de las reformas educacional y tributaria llegaba al 56% y 51% respectivamente conforme a datos de Adimark.

 En todas las encuestas es posible visualizar de manera clara, el nivel de deslegitimación social de las reformas que impulsa el actual gobierno. El descrédito de las reformas parece irrefutable. Según datos de la Encuesta CEP, un 65% considera que estas reformas han sido improvisadas y un 64% cree que no serán eficaces para alcanzar los objetivos propuestos.

 Este escepticismo con las reformas de gobierno se instaló con antelación a la emergencia de los escándalos que han golpeado al arco político de manera transversal.

 La decepción con el gobierno por parte de los encuestados puede fundarse en el escenario contradictorio que representa un gobierno con pretensiones de reformas maximalistas, pero que por contrapartida, no es capaz de satisfacer las demandas respecto de áreas básicas de toda gestión gubernamental.”

Concluyo en el libro:

Es cierto que las encuestas de alguna forma llenan ese vacío. Los políticos, como veremos en el próximo capítulo, están fuertemente motivados a tomar en cuenta todos los elementos que puedan tener impacto en su propia carrera y este es uno de ellos; pero también saben que, dada la ignoracia racional o irracionalidad antes comentada, pueden desviarse de las preferencias de los electores para volver a prestarle atención cuando una nueva instancia electoral se acerca. Es decir, la encuesta genera información pero no determina la continuidad de un gobierno por lo que su efecto es menor que el resultado de una elección. Nótese que no es solamente la muy comentada característica que una elección es como una encuesta con una muestra del cien por ciento del electorado; es que la encuesta no tiene fuerza legal para determinar el ejercicio del poder.

En el mercado, por el contrario, los cambios de preferencias tienen impacto en forma casi inmediata. El gerente de ventas de una empresa de bienes de consumo masivo, por ejemplo, recibe en forma diaria o semanal el informe de los supermercados o los pedidos de reposición de mercadería que le indican cuáles han sido las preferencias de los consumidores el día o la semana anterior. Si detecta cambios ha de reaccionar inmediatamente. Los consumidores votan todos los días.

Está claro que no podemos pretender tener elecciones cada semana, ni siquiera si eso sería razonable: las opiniones de los votantes, más que las que tienen como consumidores, están basadas en emociones que podrían determinar fuertes cambios institucionales que no nos dejarían muy tranquilos.

 

Argentina dio marcha atrás con la reforma de las pensiones. ¿Se perdió el tren en el andén otra vez?

Gabriela Calderón es editora de ElCato y asidua columnista en periódicos de Ecuador y la región. Ahora ha publicado un libro con sus mejores columnas con el título “Entre el instinto y la razón” (Paradiso Editores, 2014).

Va uno sobre las reformas a los sistemas de pensiones en Latinoamérica:

Las principales economías del mundo desarrollado se esmeran en ilustrar el fracaso de los sistemas previsionales de reparto, aproximándose a su bancarrota. Un estudio publicado en 2009 estimaba que la deuda pública implícita promedio —esto es, la deuda pública más las obligaciones no financiadas de los sistemas de seguridad social— para 25 países de la Unión Europea era de 434% de su PIB1 y según un estudio de 2011 la deuda implícita de EE.UU. era de 412% del PIB (esta última cifra incluye también obligaciones no financiadas de programas como Medicare y Medicaid). De no realizarse una reforma integral de los sistemas de seguridad social, sus gobiernos tendrán que incumplir las promesas, ya sea recortando beneficios, prolongando forzosamente la vida laboral de sus trabajadores, o una combinación de estas y otras medidas.

Mientras tanto, durante las últimas tres décadas cuatro países latinoamericanos —Chile, Colombia, México y Perú— han realizado profundas reformas a sus sistemas, transitando desde un sistema de reparto hacia uno de capitalización individual. Un estudio reciente2 analiza el impacto estas reformas sobre el desarrollo económico de estos países.

Respecto al mercado laboral, el estudio muestra que los derechos de propiedad de los trabajadores sobre sus cuentas individuales para su jubilación y la directa relación entre sus aportes y beneficios resultó en que los trabajadores dejen de percibir al ahorro para su jubilación como un impuesto, estimulándolos a ahorrar. El mayor ahorro permitió que se incrementen las inversiones en hipotecas y proyectos de infraestructura.

El crecimiento de los fondos de pensiones profundizó los mercados de capitales en estos países. La profundización financiera, medida con algunas variantes según la economía, aumentó en Chile desde 46% en 1981 a 276% del PIB en 2011; en Colombia, de 45% a mediados de los 90 a 137% del PIB en 2010; en México, de 42,6% en 2001 a 64,8% del PIB en 2012; y en Perú, de 26% en 1993 a 99% del PIB en 2009. Este progreso no se puede atribuir exclusivamente a la reforma de pensiones, pero el hecho de que los fondos de pensiones son los principales inversores en los bonos de empresas indica que sí han contribuido de manera importante.

El estudio calcula que la reforma de pensiones agregó 0,37% al crecimiento anual del PIB chileno entre 1981-2011; 0,58% al colombiano entre 2006-2010; 0,31% al mexicano entre 1998-2012; y 0,33% al peruano entre 1993-2011.

Chile, el país pionero en esta reforma, puede jactarse de un sistema de pensiones que entre 1981 y 2012 logró un retorno sobre sus inversiones de 8,6% (por encima de la inflación y a pesar de la crisis financiera de 2008-2009).3 Además, este sistema logró una tasa de reemplazo —esto es, la pensión como porcentaje del salario promedio durante los 10 últimos años de la vida laboral— de 87% para los hombres y 58% para las mujeres que cotizaban al menos 10 años (esta oscila alrededor del 69% en los países de la OCDE).4 Es importante notar que 73% del ahorro acumulado en estos 32 años se debe a la rentabilidad de las inversiones realizadas por las Administradoras de Fondos de Pensiones.5

Aquí, como en otras partes del mundo desarrollado, seguimos asumiendo que los políticos cuidarán mejor de los ahorros de los trabajadores que los mismos trabajadores.

Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 15 de noviembre de 2013.

Referencias:

  1. Gokhale, Jagadeesh. “Measuring The Unfunded Obligations of European Countries”. National Center for Policy Analysis. Policy Analysis No. 319. Enero de 2009.
  2. “Contribución del sistema privado de pensiones al desarrollo económico de Latinoamérica: Experiencias de Colombia, México, Chile y Perú”. Estudio realizado por SURA Asset Management y publicado por la Federación Internacional de Administradoras de Pensiones (FIAP). Agosto de 2013.
  3. Errázuriz, Guillermo Arthur. “El sistema de pensiones en Chile a 32 años de su creación”. Presentación preparada para seminario sobre pensiones organizado por Fundación Vidanova Fondo de Pensiones en octubre de 2013.
  4. “AFP: Estudio ubica tasas de reemplazo en 87% para los hombres y 58% para las mujeres”. La Tercera. 2 de septiembre de 2013.
  5. Errázuriz, Guillermo Arthur. “El sistema de pensiones en Chile a 32 años de su creación”.