Si el presidente Macri lee este libro, deroga la Ley de Abastecimiento. Sus consecuencias jurídicas

El problema es que es tan largo, que no va a tener tiempo para leerlo. Se trata del libro de Santiago Castro Videla y Santiago Maqueda Fourcade, “Tratado de la regulación para el abastecimiento: estudio constitucional sobre los controles de precios y la producción”, publicado por la Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma. No es solamente un libro sobre la Ley de Abastecimiento sino mucho más, es un libro sobre las regulaciones y, en particular, los controles de precios, desde una perspectiva filosófica, económica y jurídica. Ahora se plantean si las cuestiones jurídicas de la regulación del abastecimiento, los precios y la producción:  

“Como se podrá advertir, la regulación para el abastecimiento suscita diversas problemáticas económicas, políticas y sociales. Sin embargo, también plantea dificultades jurídicas. Aun cuando se piense que estas regulaciones son innecesarias e inadecuadas para lograr los fines que se pretenden alcanzar con su adopción, lo cierto es que ellas se vienen aplicando hace más de 75 años. Esto es un dato inexorable que la doctrina jurídica no puede obviar. Aun cuando se recomiende, desde una perspectiva económico-política, la derogación de la regulación para el abastecimiento, es necesario también estudiarla desde una perspectiva fundamentalmente jurídica. Ese es el objeto de este libro: analizar integralmente, desde el derecho constitucional, administrativo y procesal, el fenómeno de la regulación para el abastecimiento.

La regulación para el abastecimiento suscita, en efecto, cuestiones jurídicas de todo tipo que buscan ser abordadas por esta obra. Primero, desde una perspectiva de dogmática jurídica, se nos plantea qué es la “regulación para el abastecimiento” y cuáles son sus características esenciales. Asimismo, es preciso tener en cuenta las implicancias del derecho de propiedad privada y libertad económica, que es el objeto de dicha regulación. Para ello, la Parte Preliminar del libro define al “derecho de propiedad privada y libertad económica” y a la “regulación para el abastecimiento”, explicando sus características esenciales y relaciones mutuas.

Segundo, con base en dichos fundamentos, resulta luego necesario analizar en qué regímenes normativos específicos, y de qué manera, existe y ha existido la regulación para el abastecimiento. A esto se dedica la Parte Primera del libro: a explicar la evolución histórica de la regulación para el abastecimiento, y en particular de la LA, y a reseñar los distintos regímenes en que actualmente se utiliza esta especie de regulación en el derecho argentino.

Tercero, pasando al análisis constitucional, surge la cuestión de qué principios constitucionales son aplicables para limitar y controlar a las autoridades públicas en el establecimiento de esta clase de regulaciones. La Parte Segunda del libro, en este sentido, estudia y expone cuáles son esos principios sustantivos y adjetivos, analizando también qué vías procesales –fundadas en el derecho a la tutela judicial efectiva– le asisten al particular afectado por una medida de regulación para el abastecimiento, y cuál ha sido la recepción de estos principios por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con especial referencia al principio de razonabilidad.

Cuarto, continuando con el análisis constitucional sustancial, se presenta el problema de cuáles son los efectos económicos de las medidas de regulación para el abastecimiento, lo que constituye un dato imprescindible para determinar si son regulaciones razonables del derecho de propiedad privada y libertad ecónomica. Dichas medidas persiguen distintas finalidades y tienen distintos efectos económicos, pero es una exigencia constitucional que éstos sean adecuados, necesarios y proporcionales para el logro de las finalidades que pretenden conseguir –siempre, claro está, que sean legítimas–. A este análisis económico-jurídico se dedica la Parte Tercera del libro: a estudiar las consecuencias económicas y la eventual razonabilidad o irrazonabilidad de las medidas características de la regulación para el abastecimiento, esto es, los controles de precios, los controles de la producción y las medidas fiscales o aduaneras adoptadas para garantizar el abastecimiento.

Quinto, pasando a los aspectos de validez formal de la regulación para el abastecimiento, queda pendiente la cuestión de cuáles son los límites que tiene el Congreso para delegar sus facultades de regulación en el Presidente o en sus órganos subordinados o los entes descentralizados, así como también para autorizar su subdelegación. La gran mayoría de las medidas de regulación para el abastecimiento no han sido establecidas por el Congreso directamente, sino por órganos o entes distintos del Presidente en ejercicio de facultades legislativas delegadas o subdelegadas. Ello plantea una cuestión fundamental frente a la separación de poderes y el principio de legalidad en la regulación de los derechos, y en esto se enfoca la Parte Cuarta de esta obra: en estudiar cuál es el régimen constitucional aplicable a la delegación y subdelegación, a favor del Presidente y sus órganos subordinados o entes descentralizados, de facultades legislativas para establecer medidas de regulación para el abastecimiento.

Sexto, la propia LA, paradigma actual de la regulación para el abastecimiento, presenta a su vez diversas problemáticas constitucionales, administrativas y procesales específicas que surgieron luego de la reforma recientemente dispuesta por la ley 26991 (2014). En esto se centra la Parte Quinta del libro: en estudiar cuáles son las condiciones de ejercicio de las facultades legislativas delegadas por la LA, y en analizar la constitucionalidad de dicha delegación, así como también la de su régimen infraccional –tanto sustantivo como procesal–.

Y séptimo, en el Apéndice se estudian las cuestiones relativas a la vigencia y constitucionalidad de la delegación realizada por la LA reformada por el decreto 2284/91, que se tornaron relativamente abstractas luego de la reforma por la ley 26991 (2014). Sin embargo, creemos que su inclusión se justifica pues, a pesar de ello, continúan manteniendo relevancia doctrinal e incluso práctica —esto último, tanto por la eventual vigencia de regulaciones dictadas con anterioridad a la ley 26991, como por la existencia impugnaciones administrativas y judiciales que se encontraban en trámite antes de la sanción de esta última norma, así como también de sanciones impuestas por incumplimientos previos—.

Con todo este desarrollo, solo habremos pretendido otorgar elementos para el análisis de validez e impugnación de las medidas de regulación para el abastecimiento, fundándonos para ello en los principios y normas constitucionales, administrativas y procesales.

* * *

En sus Bases, el genial y profético Juan B. ALBERDI, exhortando a adecuar la legislación preexistente a la Constitución que se aprobaría en 1853, señaló que era imperioso que “el derecho administrativo no sea un medio falaz de eliminar o escamotear las libertades y garantías constitucionales” .

Con esa esperanza es que ahora presentamos este libro.”

La regulación del abastecimiento: los controles de precios y la producción, y las ‘emergencias’

Comenté ya el libro de Santiago Castro Videla y Santiago Maqueda Fourcade, “Tratado de la regulación para el abastecimiento: estudio constitucional sobre los controles de precios y la producción”, publicado por la Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma. No es solamente un libro sobre la Ley de Abastecimiento sino mucho más, es un libro sobre las regulaciones y, en particular, los controles de precios, desde una perspectiva filosófica, económica y jurídica. En la primera parte de la Introducción los autores analizan el avance de ideas intervencionistas en el mundo en la primera mitad del siglo XX. Y continúan:

“La República Argentina no sería ajena a esta tendencia, y ya con motivo de la Primera Guerra Mundial empezarían a establecerse controles sobre los precios y la producción. Estos se verían consolidados en los años 30 y serían luego convalidados por la Corte Suprema, siguiendo a su par estadounidense. Surgiría así, entre muchas otras formas de intervención estatal, la “regulación para el abastecimiento”: regulaciones de los precios y la producción de actividades económicas privadas, con el fin de garantizar que la población acceda a determinados bienes y servicios considerados esenciales a un precio o margen de precios que se estima “razonable”.

Con el paso del tiempo, las regulaciones se ampliarían e intensificarían, y las emergencias económicas serían cada vez más frecuentes y prolongadas. Así, en 1939 y con motivo de la segunda guerra mundial, el Congreso sancionaría la ley de emergencia 12591, que fue la primera ley “de abastecimiento y control de precios”. Mediante ella, el Poder Ejecutivo recibiría una amplísima delegación de facultades legislativas que lo habilitaría para regular prácticamente todas las actividades económicas del país. A su vez, el Poder Ejecutivo subdelegaría esas facultades en sus órganos subordinados.

Ese sería el esquema destinado a perdurar durante todo el siglo XX, ampliado y profundizado con el paso de cada lustro. En efecto, luego de aquella primera ley de fines de los años 30, una abundante serie de leyes y decretos-leyes se sustituirían unos a otros con la misma finalidad de intervención, y siempre bajo el manto explícito o implícito de una emergencia económica perenne. Por eso, la ley 20680 (1974) de Abastecimiento (LA) no fue sino la reiteración de un régimen de regulación y delegación que, pese a haberse concebido en la emergencia, para entonces tenía casi cuarenta años de antigüedad.

La LA ha sobrevivido a todo. Nacida hacia el final de la tercera presidencia de Perón, pasó casi intacta por la dictadura militar, la restauración de la democracia, la reforma del Estado, las políticas “neoliberales” y la reforma constitucional del año 1994. Es cierto que en 1991 se insinuó la posibilidad de su abandono –al suspenderse el ejercicio de las facultades delegadas–, pero años después el mismo gobierno reelecto las volvería a ejercer. Más aún, desde la crisis de 2001 –pero fundamentalmente a partir del año 2006– se fueron ejerciendo con mayores bríos las facultades delegadas por la LA, a la vez que se establecieron legislativa y reglamentariamente muchas otras regulaciones sectoriales de actividades de “interés público” –combustibles, bancos, telecomunicaciones, medios de comunicación audiovisual, papel de diarios, medicamentos, alimentos, sólo por nombrar algunas–. Se trató de un proceso paulatino y constante de erosión de las libertades y derechos constitucionales que tuvo su punto cúlmine cuando, en el año 2014, la ley 26991 reformó y restableció de modo permanente el pleno ejercicio de las facultades de la LA, desvinculándolo completamente de toda situación de emergencia.

Con lo expuesto se busca destacar que, desde hace más de 75 años, la mayor parte de la vida económica de los habitantes del país se encuentra en manos de los gobiernos y depende en general de funcionarios que habitualmente toman sus decisiones en la intimidad de un despacho oficial, sin procedimientos públicos previos. Aquéllos autorizan o prohíben transacciones, fijan precios, establecen las cantidades a producir en una determinada empresa o actividad, obligan a los particulares a vender mercadería a pérdida y, de lo contrario, cierran sus establecimientos, o disponen que su explotación se realice a manos del propio gobierno, o bien los multan, les decomisan las mercaderías, o incluso solicitan su arresto o prisión.

Es así como, valiéndose del sistema de regulación para el abastecimiento decantado y consolidado durante los últimos 75 años, los gobiernos han pretendido promover el “bienestar general” y asegurar los “beneficios de la libertad” de los que habla el Preámbulo de la Constitución nacional.”

Si no se aprende de la historia, se paga: en control de precios en Alemania e Inglaterra (II)

En Junio de 1959, Ludwig von Mises dictó seis conferencias en Buenos Aires. Éstas fueron luego publicadas y las consideramos con los alumnos de la UBA en Derecho. Su tercera conferencia se tituló “Intervencionismo” y trata el control de precios presentando el caso de los precios de la leche. Mises comenta:

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“En la Alemania de Hitler existía un sistema de socialismo que difería del sistema de Rusia solamente en que todavía se mantenían la terminología y las etiquetas de un sistema de libertad económica. Existían todavía ‘empresas privadas’, tal como se las denominaba. Pero el propietario no era más un empresario, al propietario se le denominaba ‘gerente de negocio’ (Betriebsführer)

Toda Alemania estaba organizada como una jerarquía de führers; estaba el Supremo Führer, Hitler desde ya, y había führers hacia abajo hasta las muchas jerarquías de pequeños führers. Y la cabeza de una empresa era el Betriebsführer. Y los trabajadores de una empresa eran designados por una palabra que, en la Edad Media, se usaba para designar la comitiva de un señor feudal: Gefolgschaft. Y toda esta gente debía obedecer las órdenes emitidas por una entidad que tenía un nombre terriblemente largo: Reichsführerwirtschaftsministerium  a cuya cabeza estaba el bien conocido gordo, llamado Goering, adornado con joyas y medallas.

Y de este cuerpo de ministros con el largo nombre venían todas las órdenes para cada empresa: qué producir, en qué cantidad, dónde obtener las materias primas, cuánto pagar por ellas, a quién vender los productos y a qué precios debían ser vendidos. Los trabajadores recibían órdenes de trabajar en una determinada fábrica y recibían los sueldos que el gobierno decretaba. Todo el sistema económico era ahora regulado en cada detalle por el gobierno.

El Betriebsführer no tenía derecho a quedarse con las ganancias; recibía lo que ascendía a un salario, y si deseaba obtener más debía, por ejemplo, decir: ‘Estoy muy enfermo, necesito una operación inmediatamente, y la operación costará 500 Marcos’ Entonces debía pedir al Führer del distrito (el Gauführer o Gauleiter) si tenía derecho a retirar más del Ministerio de Economía del Reich, esto es del Imperio que el salario que se le daba. Los precios no eran más precios, los salarios no eran más salarios, todos eran términos cuantitativos en un sistema de socialismo.

Permítanme ahora decirles cómo este sistema se destrozó. Un día, después de años de guerrear, los ejércitos extranjeros llegaron a Alemania. Trataron de preservar este sistema económico dirigido por el gobierno, pero habría sido necesaria la brutalidad de Hitler para preservarlo, y sin ella no funcionaba.

Y mientras esto ocurría en Alemania, Gran Bretaña – durante la Segunda Guerra Mundial – hizo precisamente lo mismo que había hecho Alemania. Comenzando con el control de precios de solamente algunos productos, el gobierno Británico empezó paso a paso (de la misma manera en que Hitler lo había hecho durante el tiempo de paz, aún antes del comienzo de la guerra) a controlar más y más de la economía hasta que, en el momento en que la guerra terminó, habían llegado a algo que era casi puro socialismo.

Gran Bretaña no fue llevada al socialismo por el gobierno Laborista establecido en 1945. Gran Bretaña se convirtió en socialista durante la guerra, por medio del gobierno del cual Sir Winston Churchill era el primer ministro. El gobierno Laborista solamente retuvo el sistema de socialismo que el gobierno de Sir Winston Churchill ya había introducido. Y esto, a pesar de la gran resistencia de la gente.

Las nacionalizaciones en Gran Bretaña no significaron mucho; la nacionalización del Banco de Inglaterra fue meramente nominal ya que el Banco se encontraba ya bajo el total control del gobierno. Y fue lo mismo con la nacionalización de los ferrocarriles de la industria del acero. El ‘socialismo de guerra’, como fue llamado – significando el sistema de intervencionismo que procedía paso a paso – ya había virtualmente nacionalizado el sistema.

La diferencia entre los sistemas de Alemania y de Gran Bretaña no era importante ya que la gente que los operaba había sido designada por el gobierno y en ambos casos debían obedecer las órdenes del gobierno en todos los aspectos. Como he dicho antes, el sistema de los nazis alemanes retuvieron las etiquetas y la terminología de una economía capitalista de libre mercado. Pero significaban algo bastante diferente: ahora eran solamente decretos del gobierno.

Esto era también cierto para el sistema Británico. Cuando el Partido Conservador retornó al poder en Gran Bretaña, algunos de dichos controles fueron eliminados. Tenemos ahora en Gran Bretaña intentos de un lado para retener esos controles, y del otro lado para abolirlos (No debe olvidarse que, en Inglaterra, las condiciones eran muy diferentes de las condiciones en Rusia) Lo mismo es cierto para otros países que dependen de la importación de alimentos y materias primas y por lo tanto deben exportar productos manufacturados. Para países que dependen marcadamente del comercio de exportación, un sistema de control gubernamental simplemente no funciona.

Así, en tanto exista un resto de libertad económica (y hay todavía una substancial libertad económica en algunos países, tal como Noruega, Inglaterra, Suecia), existe por la necesidad de mantener el comercio de exportación. Antes, elegí el ejemplo de la leche, no porque tenga una especial preferencia por ese alimento sino porque prácticamente todos los gobiernos – o un buen número de ellos – en las décadas recientes han regulado el precio de la leche, de los huevos o de la manteca.

Si no se aprende de la historia, se paga: en control de precios en Alemania e Inglaterra (I)

En Junio de 1959, Ludwig von Mises dictó seis conferencias en Buenos Aires. Éstas fueron luego publicadas y las consideramos con los alumnos de la UBA en Derecho. Su tercera conferencia se tituló “Intervencionismo” y trata el control de precios presentando el caso de los precios de la leche. Mises comenta:

“Más aún, el gobierno no puede limitar su interferencia en el mercado, solamente en los bienes que considere de primera necesidad, como leche, manteca, huevos y carne. Necesariamente debe incluir los artículos de lujo, porque si no limita estos precios, el capital y el trabajo abandonarían la producción de artículos de vital necesidad y se volcarían a producir esos bienes que el gobierno considera artículos lujosos innecesarios.

Y así, la aislada interferencia con uno o unos pocos precios de bienes de consumo, siempre provoca efectos – y es importante comprender esto – que son aún menos satisfactorios que las condiciones que predominaban antes. Antes que el gobierno interfiriera la leche y los huevos eran caros; después de la interferencia del gobierno, comenzaron a desaparecer del mercado. El gobierno consideraba estos bienes tan importantes que se decidió a intervenir; deseaba incrementar la cantidad y mejorar la provisión. El resultado fue totalmente opuesto: la aislada intervención provocó una situación que – desde el punto de vista del gobierno – es aún más indeseable que la situación previa que el gobierno deseaba modificar. Así que el gobierno vaya más y más allá, finalmente llegará a un punto en el cual todos los precios, todos los salarios, todas las tasas de interés, en pocas palabras todas las cosas en el sistema económico total, son fijadas por el gobierno. Y esto, claramente, es socialismo.

Lo que he dicho aquí, esta esquemática y teórica explicación, es precisamente lo que ocurrió en aquellos países que trataron de hacer respetar un control de precios máximos, donde los gobiernos fueron tan testarudos como para ir paso a paso hasta llegar al final.

Esto sucedió durante la Primera Guerra Mundial en Alemania e Inglaterra. Analicemos la situación en ambos países. Ambos países experimentaron inflación. Los precios subieron, los dos gobiernos impusieron controles de precios. Empezando con unos pocos precios, comenzando solamente con leche y huevos, tuvieron que seguir más y más allá. Cuanto más se alargaba la guerra, más inflación se generaba. Y después de tres años de guerra, los alemanes – en forma sistemática, como siempre – elaboraron un gran plan. Lo denominaron el Plan Hindenburg: a cualquier cosa en Alemania, considerada buena por el gobierno de ese momento, se le daba el nombre de Hindenburg.

El Plan Hindenburg significaba que todo el sistema económico alemán sería controlado por el gobierno: precios, salarios, utilidades….. todo. Y la burocracia inmediatamente comenzó a poner esto en funcionamiento. Pero antes que hubieran terminado, vino el descalabro: El Imperio Alemán se vino abajo, el aparato burocrático completo desapareció, la revolución trajo consecuencias sangrientas – todo se terminó.

En Inglaterra comenzaron de igual manera, pero después de un tiempo, en la primavera de 1917, los EEUU entraron en la guerra y suministraron a los Británicos suficientes cantidades de todo. Y por lo tanto el camino al socialismo, el camino de servidumbre, fue interrumpido.

Antes que Hitler llegara al poder, el Canciller Brüning nuevamente introdujo los controles de precios en Alemania por las razones habituales. Hitler los impuso, aún antes que la guerra comenzara. Por que en la Alemania de Hitler no había ninguna empresa privada o iniciativa privada.

Escasez de leche en Venezuela. Maduro: Mises ya nos los había explicado hace más de cincuenta años

En Junio de 1959, Ludwig von Mises dictó seis conferencias en Buenos Aires. Éstas fueron luego publicadas y las consideramos con los alumnos de la UBA en Derecho. Su tercera conferencia se tituló “Intervencionismo” y trata el control de precios, en este caso, durante la Revolución Francesa. Mises comenta:

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“Entonces, 1500 años más tarde [que Diocleciano en el Imperio Romano], la misma degradación de la moneda tuvo lugar durante la Revolución Francesa. Pero esta vez se usó un método diferente. La tecnología para producir monedas había progresado considerablemente. No era ya necesario para los franceses recurrir a la degradación de las monedas metálicas: ya disponían de la imprenta.

Y la imprenta era muy eficiente. Otra vez, la consecuencia fue una suba de precios sin precedentes. Pero en la Revolución Francesa no se hacían respetar los precios máximos por el mismo método de la pena capital que el Emperador Diocleciano había usado. Había habido también un mejoramiento en la técnica de matar ciudadanos. Todos recordarán el famoso Doctor J.I.Guillotin (1738-1814) quien abogaba por el uso de la guillotina. A pesar de la guillotina, los franceses también fracasaron con sus leyes de precios máximos. Cuando el propio Robespierre era acarreado hacia la guillotina, la gente gritaba: ‘Ahí va el roñoso Máximo’

Deseaba mencionar esto porque la gente a menudo dice: ‘Lo que se necesita para hacer un control de precios efectivo y eficiente es simplemente más brutalidad y más energía’. Ciertamente, Diocleciano era bastante brutal tal como lo era la Revolución Francesa. Sin embargo, las medidas de control de precios, en ambas épocas, fracasaron por completo. Analicemos ahora las razones de este fracaso. El Gobierno oye que la gente se queja que el precio de la leche se ha ido para arriba. Y la leche, ciertamente, es muy importante, especialmente para la generación en crecimiento, paras los niños. Por consiguiente, el gobierno establece un precio máximo para la leche, un precio máximo que es menor que lo que sería el potencial precio de mercado. Y dice ahora el gobierno: ‘Ciertamente hemos hecho todo lo necesario para hacer posible a los pobres padres comprar todas la leche que necesiten para alimentar a sus niños’

¿Pero qué pasa? Por un lado, el menor precio de la leche incrementa la demanda por la leche; la gente para quien no era asequible comprar leche a un mayor precio, puede ahora comprarla al precio más bajo que el gobierno ha decretado. Y por el otro lado, algunos productores, aquellos que estaban produciendo a los más altos costos – esto es, los productores marginales – empiezan ahora a sufrir pérdidas ya que el precio que el gobierno ha decretado es menor que sus costos. Este es el punto importante en la economía de mercado. El empresario privado, el productor privado, no puede tener pérdidas por largo tiempo. Y como no puede tener pérdidas en la producción de leche, restringe la producción de la misma con destino al mercado. Puede vender algunas de sus vacas al matadero, o, en vez de leche, puede vender otros productos hechos con leche, por ejemplo yogurt, manteca o queso.

Así, la interferencia del gobierno en el precio de la leche resultará en una menor cantidad de leche que la que existía antes, y al mismo tiempo habrá una mayor demanda. Alguna gente que está dispuesta a pagar el precio decretado por el gobierno, no puede comprar la leche. Otra consecuencia será que la gente ansiosa se apresurará para estar entre los primeros en las tiendas. Tendrán que esperar afuera. Las largas colas de gente esperando en las tiendas siempre aparecen como un fenómeno familiar en una ciudad en la cual el gobierno ha decretado precios máximos para los productos que el gobierno considera importantes. Esto ocurrió en cualquier lugar donde el precio de la leche fue puesto bajo control. Esto fue siempre pronosticado por los economistas. Desde luego, solamente por economistas serios, cuyo número no es muy grande.”

El control de los precios para reducir los nefastos efectos de la inflación. Así le fue a Diocleciano…

En Junio de 1959, Ludwig von Mises dictó seis conferencias en Buenos Aires. Éstas fueron luego publicadas y las consideramos con los alumnos de la UBA en Derecho. Su tercer conferencia se tituló “Intervencionsimo” y trata ese tema. Mises comenta:

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“¿Qué es el intervencionismo? Intervencionismo significa que el gobierno no restringe su actividad a la preservación del orden, o – como la gente solía decir un siglo atrás – a ‘la producción de seguridad’. Intervencionismo significa que el gobierno desea hacer más. Desea interferir en los fenómenos del mercado.

Si uno objeta y dice que el gobierno no debería interferir en los negocios, la gente a menudo contesta: ‘Pero el gobierno necesariamente siempre interfiere. Si hay policías en la calle, el gobierno interfiere. Interfiere con un ladrón robando una tienda o cuando impide a un hombre robar un auto’. Pero cuando se considera el intervencionismo, y definiendo lo que significa el intervencionismo, estamos hablando sobre la interferencia del gobierno en el mercado. (Que se espere del gobierno y de la policía que protejan al ciudadano, lo cual incluye a los empresarios, y desde ya a sus empleados, contra los ataques de bandidos domésticos o extranjeros, es de hecho una expectativa normal, necesaria a tener de cualquier gobierno; dicha protección no es una intervención, ya que la única legítima función del gobierno es, precisamente producir seguridad)

Lo que tenemos in mente cuando hablamos sobre intervencionismo es el deseo del gobierno de hacer más que prevenir los ataques y el fraude. El intervencionismo significa que el gobierno no sólo falla en proteger el aceitado funcionamiento de la economía de mercado, sino que interfiere en los distintos fenómenos del mercado; interfiere en los precios, en los salarios, en las tasas de interés, en las utilidades.

El gobierno desea interferir con el propósito de forzar a los empresarios a conducir sus asuntos de una manera diferente a la que hubieran elegido si hubieran obedecido solamente a los consumidores. Así, todas las medidas de intervencionismo que toma el gobierno están dirigidas a restringir la supremacía de los consumidores. El gobierno desea arrogarse el poder, o por lo menos una parte del poder, que en una economía de mercado libre, está en manos de los consumidores.

Consideremos un ejemplo de intervencionismo, muy popular en muchos países, intentado una y otra vez por muchos gobiernos, en especial en épocas de inflación. Me refiero al control de precios. Los gobiernos usualmente recurren al control de precios cuando han inflado la oferta de dinero y la gente ha comenzado a quejarse del resultante incremento en los precios. Hay muchos ejemplos históricos famosos de métodos de control de precios que fracasaron, pero me referiré solamente a dos de ellos porque, en ambos de estos casos, los gobiernos fueron muy enérgicos en hacer espetar o en tratar de hacer respetar sus controles de precios.

El primer ejemplo famoso es el caso del Emperador Romano Diocleciano, muy conocido como el último de los emperadores romanos que persiguieron a los Cristianos. El emperador Romano en la segunda parte del Siglo III tenía un sólo método financiero, y éste era la degradación de la moneda. En esas épocas primitivas, antes de la invención de la imprenta, aún la inflación era, digamos, primitiva. Suponía la degradación de las monedas, en especial las de plata. El gobierno mezclaba más y más cobre en la plata hasta que el color de las monedas de plata cambió, y el peso de las mismas se redujo considerablemente. El resultado de esta degradación de las monedas fue un incremento en los precios, seguido de un edicto para controlar los precios. Y los emperadores romanos no eran demasiado benignos cuando hacían respetar una ley, y no consideraban la muerte como una pena demasiado benigna para un hombre que había requerido un precio más alto. Impusieron el control de precios pero fallaron en mantener unida la sociedad. La consecuencia fue la desintegración del Imperio Romano y del sistema de la división del trabajo.

Si no hay precios, no hay “cálculo económico”, y si los precios no son libres, no habrá cálculo correcto

En Junio de 1959, Ludwig von Mises dictó seis conferencias en Buenos Aires. Éstas fueron luego publicadas y las consideramos con los alumnos de la UBA en Derecho. Su segunda conferencia se tituló “Socialismo” y trata ese tema. Mises comenta:

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“Los autores del socialismo nunca sospecharon que la industria moderna, y que todas las operaciones del negocio moderno, están basados sobre el cálculo. Los ingenieros no son, de ninguna manera, los únicos que hacen planes sobre la base de cálculos; los empresarios también deben hacerlos. Y los cálculos de los empresarios están basados sobre el hecho que, en la economía de mercado, los precios de las cosas, expresados en dinero, informan no sólo al consumidor, sino que también proveen al empresario de información vital sobre los factores de producción, siendo la principal función del mercado no meramente determinar el costo de la última parte del proceso de producción y transferencia de los bienes a las manos del consumidor, sino también el costo de los pasos previos que llevan a esa última etapa. Todo el sistema de mercado está ligado por el hecho que existe una división del trabajo, mentalmente calculada, entre los varios empresarios que compiten unos con otros pujando por los factores de producción – las materias primas, las maquinarias, los instrumentos – y por el factor humano de la producción, la remuneración pagada por el trabajo. Esta especie de cálculo hecho por el empresario no puede efectuarse en ausencia de los precios provistos por el mercado. En el mismo momento en que se decide abolir el mercado – que es lo que los socialistas querrían hacer – se convierten en inútiles todas las computaciones y todos los cálculos de los ingenieros y de los técnicos. Los tecnólogos pueden producir una gran cantidad de proyectos los cuales, desde el punto de vista de las ciencias naturales, son todos igualmente factibles, pero se requiere disponer de los cálculos del empresario, basados sobre el mercado, para determinar con claridad cuál de los proyectos es más ventajoso desde un punto de vista económico.

El problema que tratamos aquí es el tema fundamental del cálculo económico capitalista en oposición al socialismo. El hecho es que el cálculo económico, y como consecuencia toda la planificación tecnológica, es posible solamente si hay precios expresados en dinero, no sólo de los bienes de consumo, sino también de los factores de producción. Esto significa que debe existir un mercado para materias primas, uno para bienes semi-terminados, otro para herramientas y maquinarias Así como para todo tipo de trabajos y servicios brindados por las personas.

Cuando este hecho fue descubierto, los socialistas no sabían como responder. Por 150 años habían dicho: ‘Todos los males en el mundo provienen del hecho que hay mercados y precios de mercado. Deseamos abolir el mercado y con él, desde luego, la economía de mercado, y substituirla por un sistema sin precios y sin mercados’ Deseaban abolir lo que Marx llamaba ‘característica de commodity’ de los precios y del trabajo. Cuando enfrentaron este nuevo problema, los autores socialistas, no teniendo respuesta alguna, finalmente dijeron: ‘No aboliremos el mercado totalmente, fingiremos que existe un mercado, jugaremos al mercado como los niños juegan a la escuela’. Pero todos saben que cuando los niños juegan a la escuela no aprenden nada. Es sólo un ejercicio, un juego, y se puede ‘jugar’ a muchas cosas.”

 

El control de precios de los Nazis, ¿era muy distinto del que aplica ahora Maduro en Venezuela?

En una sección con un título apropiado a nuestra época (El Caos Monetario), Mises explica en 1944 los problemas de los controles de precios, parte de una monografía titulada “Una propuesta no inflacionaria para la reconstrucción monetaria de posguerra”:

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Las falacias del control de precios

Los gobiernos generan inflación. Pero, al mismo tiempo, pretenden combatirla contra sus inevitables consecuencias.

Un gobierno infla su moneda porque quiere utilizar el poder de pago adicional para una reducción del consumo privado y aumento del gasto público. Un gobierno beligerante, por ejemplo, quiere retirar algunos productos del público porque los necesita para la guerra. Los ciudadanos, por lo tanto, han de consumir menos.

Pero la inflación, esto es, el papel moneda y los depósitos bancarios adicionales ocasionan un aumento del ingreso nacional (en términos de la moneda inflada). Los ciudadanos tienen más dinero para gastar, mientras que la oferta de bienes disponible para consumo privado cae. Hay menos bienes para comprar, pero los ciudadanos tienen más dinero para comprarlos. Un importante aumento de los precios es inevitable.

Un aumento de precios podría evitarse solamente financiando la guerra exclusivamente con impuestos o préstamos del público sin ninguna inflación. Si al gobierno no le gusta ese aumento de precios, debería abstenerse de la inflación.

Los controles de precios son inútiles. Si, por ejemplo, el precio de un bien se fija a un nivel más bajo que el precio potencial correspondiente a las condiciones inflacionarias, muchos productores, para evitar pérdidas, dejarán de producir ese bien. Los productores marginales se retirarán de esta rama de los negocios. Utilizarán los factores de producción –tanto materiales como humanos, esto es, trabajo- para la producción de otros bienes no afectados por los límites fijados por el gobierno. Este resultado es contrario a la intención del gobierno. Ha fíjate el precio del producto en cuestión porque lo considera una necesidad vital. No quería reducir su oferta. La única forma de prevenir una caída de su oferta sería eliminar el precio máximo. Pero al gobierno tampoco le gusta esta alternativa. Así, avanza más y fija los precios de los factores de producción necesarios para la producción del bien en cuestión. Pero entonces el mismo problema aparece en relación a la oferta de estos factores. El gobierno ha de proceder más allá y fijar el precio de los factores de producción de los factores necesarios para producir el bien donde comenzó todo el proceso. Está forzado a no dejar afuera de sus precios máximos a ningún bien, ya sea de consumo o de producción, y ningún tipo de servicio laboral. Tiene que determinar para qué producción se utilizará cada factor de producción ya que el mercado, ahora paralizado por los controles de precios, no provee a los emprendedores una guía para la toma racional de decisiones. El gobierno los tiene que forzar, y a cada trabajador, a continuar produciendo y trabajando según sus órdenes. Debe decirle a cada empresario qué producir y cómo; qué materiales comprar y dónde y a qué precios; a quién emplear y a qué salarios; a quién vender y a qué precios. Si quedara alguna brecha en esta ronda de fijación de precios y salarios, y si alguno no fuera instruido para trabajar de acuerdo a las ordenes gubernamentales en este completo sistema de comando, entonces la actividad empresarial –y el capital y el trabajo- se dirigirían a las ramas de industria que permanezcan libres. Los planes del gobierno se frustrarían parcialmente porque la intención es, precisamente, incrementar o mantener la producción de esos bienes cuyo precio el gobierno ha fijado.

Pero si ese sistema de control total de precios y producción se alcanza, la estructura social y económica completa del país ha cambiado. Si todos los precios y los salarios son fijados, si los capitalistas no son libres de determinar la forma en la que pueden utilizar su capital, si –como resultado del control completo de precios por el gobierno- la tasa de ganancias y la tasa de interés es virtualmente fijada por las autoridades, se ha sustituido al capitalismo de libre empresa por el socialismo planificador. Los precios, los salarios y las tasas de interés ya no son lo que eran en el sistema de mercado. Ahora son simples términos cuantitativos fijados por decreto gubernamental en el marco de una sociedad socialista. El dinero no es dinero, esto es, un medio de intercambio, pero una cuenta. No hay más emprendedores, solamente administradores de fábricas que deben obedecer incondicionalmente a las autoridades. El nivel de vida de cada uno es fijado por el gobierno; cada uno es un sirviente público, un empleado de esta gran maquinaria. Este es el tipo de socialismo alemán, Deutscher Sozialismus, como lo practicaron los Nazis. El Fuehrer solamente opera todo el sistema; su voluntad solamente decide y dirige la actividad de cada sujeto y fija su nivel de vida”.

Mises comenta los años 1930s pero parece hablar de la Ley de Desabastecimiento

De “Reconstrucción Monetaria”:

El Partido del Justo Trato ha proclamado que es obligación del gobierno determinar qué precios, salarios y utilidades son equitativos y cuáles no lo son, y, a continuación, hacer cumplir sus mandamientos mediante la policía y los tribunales. También sostiene que es una función del gobierno mantener el tipo de interés en un nivel equitativo a través de la expansión del crédito. Finalmente, recomienda un sistema impositivo que persigue igualar los ingresos y la riqueza. La aplicación cabal del primero o del último de estos principios bastaría por sí sola para consumar el establecimiento del socialismo. Sin embargo, las cosas no han llegado a tal extremo en este país. La resistencia de los partidarios de la libertad económica no ha sido dominada por completo. Todavía existe una oposición que ha impedido que se establezca permanentemente el control directo de todos los precios y salarios y la confiscación total de todos los ingresos que excedan de la cantidad que consideran justa aquellos cuyo ingreso sea más reducido. En los países situados de este lado del telón de hierro, la batalla entre los amigos y los enemigos de la planificación integral totalitaria todavía no se decide.

En este gran conflicto, los que abogan por el control oficial no pueden prescindir de la inflación. Necesitan de ella a fin de financiar su política de gastar sin freno y de subsidiar y cohechar pródigamente a los votantes. La consecuencia inconveniente pero inevitable de la inflación, o sea el alza de los precios, les proporciona un grato pretexto para implantar el control de precios y para llevar a la práctica, paso por paso, su proyecto de planificación integral. Las utilidades ilusorias que aparecen debido a la forma como la inflación falsea el cálculo económico, se consideran y tratan como si fueran verdaderas; al apoderarse de ellas por medio del impuesto después de calificarlas, para despistar, de utilidades excesivas, son partes del capital invertido lo que se confisca. Al extender el descontento y la intranquilidad en la sociedad, la inflación genera condiciones favorables para la propaganda subversiva de los sedicentes campeones del bienestar y el progreso. El espectáculo que nos ha ofrecido la escena política de las dos últimas décadas ha sido verdaderamente asombroso. Sin vacilación alguna los gobiernos se han embarcado en una vasta inflación y los economistas oficiales han proclamado que el déficit en los gastos públicos y el manejo “expansionista” de la moneda y el crédito representan el camino más seguro a la prosperidad, el progreso constante y el mejoramiento económico. Pero los propios gobiernos y sus paniaguados han arrojado sobre los hombres de negocios la responsabilidad de las consecuencias inevitables de la inflación. A la vez que ensalzan los altos precios y salarios como si fueran una panacea y elogian a la administración por haber elevado el “ingreso nacional” (por supuesto que expresado en los signos de una moneda depreciada) a un nivel sin precedente, condenaban a la iniciativa particular por cargar precios desaforados y por obtener utilidades exorbitantes. Mientras deliberadamente restringían la producción de los frutos de la agricultura con el objeto de subir los precios, los políticos han tenido la audacia de pretender que el capitalismo es creador de escasez y que si no fuera por las siniestras maquinaciones de los grandes negocios, habría abundancia de todas las cosas. Y millones de votantes se han tragado todo este embuste.

Es necesario comprender que la política económica de los que se llaman progresistas a sí mismos, no puede prescindir de la inflación. Nunca aceptarán una política de moneda sana, porque no pueden hacerla. Tan imposible les resulta abandonar sus políticas de déficit en los gastos públicos como el auxilio que su propaganda anti-capitalista recibe de las consecuencias inevitables de la inflación. Es verdad que hablan de la necesidad de suprimir la inflación. Pero a lo que se refieren no es a poner un término a la política de incrementar la cantidad de dinero en circulación, sino a establecer el control de precios, esto es, a fútiles planes para huir de la difícil situación que inevitablemente sobreviene de las normas de acción que siguen.

La reconstrucción monetaria, incluyendo el abandono de la inflación y el retorno a una moneda sana, no constituye simplemente un problema de técnica financiera, que pueda resolverse sin un cambio en la estructura de la política económica general. No puede haber una moneda estable en un medio que se halla dominado por ideologías hostiles a la conservación de la libertad económica. Dedicados como están a desintegrar la economía de mercado, los partidos imperantes seguramente no darán su consentimiento a las reformas que los privarían de su arma más formidable, o sea de la inflación. La reconstrucción monetaria presupone en primer lugar el repudio total e incondicional de las políticas supuestamente progresistas, que en los Estados Unidos de América se designan con los “slogans” de Nuevo Trato y Justo Trato.