¿Se puede controlar a la bestia indomable del gasto público? Dos ideas, entre otras, límites al déficit fiscal y al gasto

Con los alumnos de la materia Economía e Instituciones vemos algunas de las conclusiones normativas del Public Choice, en particular propuesta para limitar el oportunismo político. Aquí van solamente dos:

1.            Límites al déficit fiscal

Se impone una prohibición o límite al déficit fiscal. En el primer caso no puede gastarse más de lo que ingresa, pero el Estado, como cualquier empresa, se maneja con un presupuesto anual que se espera cumplirá. Si el dinero recaudado no alcanzara a cubrir el gasto presupuestado, el Estado terminaría sin cumplir algunos contratos y paralizando ciertos servicios. Para evitar esto, se impone la necesidad que el presupuesto presentado para su aprobación no tenga déficit, luego puede haber algún desvío si durante el transcurso del ejercicio fiscal los ingresos o los gastos difieren de lo presupuestado.  Para que la prohibición de déficit tenga alguna credibilidad ese límite al desvío debe ser pequeño y también considerarse un mecanismo para que sea compensado. Es decir, si el ejercicio termina con déficit podría pensarse en que ese exceso se cubrirá en el ejercicio siguiente, o que si termina con superávit, pasa a formar una reserva que sirva para cubrir desvíos negativos en el futuro.

En cuanto a establecer un límite al déficit fiscal, se lo suele hacer en relación al PIB. Así, por ejemplo, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, parte del  Tratado de Maastricht, establece un límite del 3% del PIB para los países miembros de la Unión Europea, un nivel superior impone la obligación de medidas correctivas. Argentina, promulgó una ley de “déficit cero” el 30 de Julio de 2001, pocos meses antes de que se desatara la peor crisis de su historia.

En este último caso la norma fue aprobada cuando ya era demasiado tarde. Pretendía ser más una señal que generara confianza en los mercados para que éstos siguieran financiado la renovación de la deuda argentina. En el primero, su incumplimiento por los países más importantes de Europa no generó suficiente credibilidad para las sanciones y no extraña que luego se desatara en la región una profunda crisis fiscal (2010-11) .

Una diferencia importante entre una y otra que analizaremos en mayor detalle adelante es el nivel constitucional de la norma. En el caso argentino era una ley aprobada por el Congreso, en el de la Unión Europea formaba parte de un tratado internacional. Algunos autores sostienen que cuanto más alto el nivel constitucional, mayor impedimento será para las conductas que se quieren evitar (mejor una ley a un decreto presidencial, mejor una cláusula constitucional a una ley, mejor un tratado internacional a una cláusula constitucional), pero la experiencia europea muestra que esto no es necesariamente así. Todo depende de dónde se encuentra el mayor poder de control sobre el cumplimiento de la norma. En el caso europeo, el tratado imponía un límite relativamente estricto pero con pocas posibilidades de control, generando un incentivo por parte de ciertos países a actuar como free riders de los esfuerzos de los demás. Ellos obtenían los beneficios de las garantías de estabilidad generadas por la UE, pero aplicaban políticas fiscales irresponsables con las que nunca podrían haber generado tal credibilidad por parte de los acreedores que financiaron esos déficits. El control más fuerte puede estar en manos de los votantes, como veremos en el punto 3.

La obligación de no incurrir en un déficit fiscal no necesariamente genera una restricción en el crecimiento del gasto público, ya que se lo puede aumentar al mismo tiempo que se aumenta la presión impositiva e igualmente se cumple con el requisito, y el Estado termina así llevándose una mayor parte de la riqueza producida por los ciudadanos. Para evitarlo se han propuesto límites al crecimiento del gasto y a la creación de nuevos impuestos o el aumento de las tasas de los existentes.

2.            Límites al crecimiento del gasto público

En este caso se establece un límite a su crecimiento, normalmente asociado a la evolución del PIB. Podría establecerse un límite algo por encima del crecimiento del PIB si se quiere que el gasto aumente en relación a ese indicador, igual para que se mantenga o menor para que se reduzca.

La irresponsabilidad fiscal no es monopolio argentino (ufa!): Estados Unidos también es un desastre

Muchos pensamos que nuestros países muestran una mala gestión fiscal, para decirlo en forma algo benigna. Pero otros países no son ningún ejemplo, tal el caso de los Estados Unidos. Michael Tanner, Senior Fellow del Cato Institute, comenta la situación fiscal de ese país (http://www.cato.org/policy-report/mayjune-2015/running-out-other-peoples-money):

“…Si los crecientes déficits fiscales anuales representan la irresponsabilidad fiscal de un año a otro, el total acumulado de tal irresponsabilidad es la deuda pública, que ha llegado ya a casi 18.200 billones de dólares. Pongamos esto en perspectiva: los Los Angeles Dodgers tienen el equipo mejor pagado del baseball. Por 18.200 billones podríamos pagarles a los Dodgers por 65.204 años y todavía nos quedaría dinero para un par de pitchers libres. Y, hablando de Los Angeles, $18.200 billones permitiría comprar todas las propiedades de la ciudad, 38 veces. Si tuviéramos que repagar la deuda pública a un ritmo de un dólar por segundo nos tomaría 576.736 años. La porción de deuda de cada norteamericano es de 56.750 dólares.

El gobierno de Estados Unidos clasifica oficialmente la deuda de dos formas. La primera es ‘en poder del público’, que son los bonos en manos de individuos, empresas, gobiernos extranjeros y otras entidades que no sean el gobierno federal. Al 1 de Abril esta deuda alcanzaba 13.100 billones y representaba 74% del PIB, el porcentaje más alto desde la Segunda Guerra Mundial.

La segunda clasificación es deuda ‘intra-gubernamental’, deudas del gobierno federal consigo mismo, como la del Fondo de la Seguridad Social. Los más de cien fideicomisos y cuentas especiales tienen hoy 5.060 billones de dólares en deuda, cuya porción principal es con la Seguridad Social (2.730 billones) y Medicare (287.000 millones). Si combinamos la deuda en poder del público y la intra-gubernamental llegamos a los 18.200 billones.

Esto es más del 101% del PIB proyectado para fines de este año. Consideremos esto. Debemos actualmente más del valor total de todos los bienes y servicios que se producen en el país en un año. “

Pero esto no incluye la deuda implícita.

“Las obligaciones futuras no financiadas de la Seguridad Social son ahora más de 24.900 billones de dólares. Las de Medicare son más difíciles de determinar, debido a la reciente reforma de la salud. En 2009 se estimaban en 88.900 billones. Desde entonces la inflación en servicios de salud ha sido algo más baja. Los economistas debate la razón de esto y si va a continuar pero ha resultado en una reducción de los pasivos no cubiertos a solo 47.600 billones.

Así, la deuda federal combinada (la que posee el público, la intergubernamental y la implícita) totaliza 90.500 billones de dólares. Eso es plata en serio, incluso en Washington, casi $282.000 por cada habitante en Estados Unidos. Los estudiantes que hoy se gradúan se preocupan por su deuda universitaria. Eso es nada comparado con lo que deben como su parte de la deuda pública.

Más aún, estas proyecciones asumen que las tasas de interés de la deuda pública se mantendrán a los niveles actuales, cercanos al 2%. Aun a este nivel, los intereses de la deuda son cada vez una porción más grande del presupuesto. Este año el gobierno federal pagará 229.000 millones en intereses. Para 2024 con una modesta suba de intereses crecería a 808.000 millones. Y algo después superaría el billón de dólares cada año. Para 2035, los intereses de la deuda competirían con Medicare como el segundo ítem más importante del presupuesto, detrás de la Seguridad Social.

Y las tasas de interés pueden no seguir tan bajas. Se estima que un aumento de un punto porcentual agrega 1.000 billones en intereses en la década siguiente. En las dos décadas pasadas el promedio de tasa de la deuda pública fue de 5,7%. Por lo tanto, si las tasas retornaran a algo similar a esos niveles tradicionales, se agregarían billones de dólares a las obligaciones futuras.”