Demsetz propone una teoría económica sobre el origen del derecho de propiedad

Con los alumnos de Historia del Pensamiento Económico I de la UBA Económicas vemos un artículo que ya es un clásico: Harold Demsetz en “Hacia una teoría de los derechos de propiedad’ donde se propone desarrollar una explicación económica sobre el origen de este derecho.

Algunos de sus puntos centrales:

“En el mundo de Robinson Crusoe los derechos de propiedad no desempeñan ningún rol. Son un instrumento de la sociedad y su significación deriva del hecho de que ayudan a formarse las expectativas que se pueden sustentar razonablemente en las relaciones con otros. Estas expectativas encuentran su expresión en leyes, hábitos y costumbres de una sociedad. El propietario de ciertos derechos de propiedad posee el consentimiento de sus pares para permitirle actuar de determinadas maneras. Un propietario espera que la comunidad impida que otros interfieran en sus propias acciones a partir de que tales acciones no están prohibidas en la especificación de sus derechos.

Es importante notar que los derechos de propiedad conllevan el derecho a beneficiarse o perjudicarse a sí mismo así como a beneficiar o perjudicar a otros. Perjudicar a un competidor por el hecho de fabricar mejores productos puede estar permitido, mientras que pegarle un tiro no lo está. Por lo contrario, si puede estar permitido beneficiarse uno a sí mismo disparando un arma contra un intruso, puede no estarlo vender productos por debajo de cierto precio establecido. Está claro entonces que los derechos de propiedad especifican de qué modo las personas pueden beneficiarse o perjudicarse y, por tal razón, quién debe pagar a quién para modificar acciones llevadas a cabo por personas. El reconocimiento de esto permite entender fácilmente la estrecha relación que existe entre derechos de propiedad y factores externos o externalidad.

La externalidad es un concepto ambiguo. Para los objetivos de este trabajo, el concepto incluye costos externos, beneficios externos y externalidades tanto pecuniarias como no pecuniarias. Ningún efecto benéfico o perjudicial es externo al conjunto. Alguna persona siempre resulta perjudicada o beneficiada por tales efectos. Lo que convierte a un efecto benéfico o perjudicial en una externalidad es que el costo de hacer que gravite en la decisión de una o más de las personas interactuantes sea demasiado alto como para justificarse, y esto es lo que el término quiere decir aquí.

La “internalización” de tales efectos está ligada a un proceso -usualmente un cambio en los derechos de propiedad- que permite a dichos efectos gravitar sobre todas las personas interactuantes. Una función primaria de los derechos de propiedad es la de promover incentivos para alcanzar una mayor internalización de las externalidades. Cada costo y beneficio asociado con interdependencias sociales es una externalidad potencial.

Una condición es necesaria para hacer que costos y beneficios sean externalidades: el costo de una transacción de derechos entre partes (internalización) debe exceder la ganancia de la internalización. En general, el costo de la transacción puede ser grande en relación con las ganancias por las “naturales” dificultades del intercambio comercial, o bien puede ser grande por razones legales. En una sociedad jurídicamente organizada, la prohibición de negociaciones voluntarias puede hacer infinito el costo de las transacciones.”

El problema del costo social o la definición del derecho de propiedad resuelve externalidades

 Con los alumnos de Historia del Pensamiento Económico I vemos “El problema del Costo Social” de Ronald Coase y “Hacia una teoría de los derechos de propiedad” de Harold Demsetz para que vean dos contribuciones fundacionales del “Law & Economics”. Van párrafos del libro “El Foro y el Bazar”:

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La visión tradicional respecto a las externalidades negativas era la presentada por Alfred C. Pigou (1920). Una visión alternativa fue presentada por Ronald Coase, quien critica a Pigou por considerar que solamente existe una solución a las externalidades, impuestos. Coase afirmó que en ausencia de o con bajos costos de transacción, las partes llegarían a acuerdos mutuamente satisfactorios para internalizar las externalidades, sin importar a quien se asignara el derecho, y el recurso sería destinado a su uso más valioso.

En su famoso artículo “El Problema del Costo Social” (1960) presenta distintos casos para ejemplificar su razonamiento. Veamos el caso “Sturges vs. Bridgmarn”. Un panadero usaba sus máquinas amasadoras en su propiedad desde hace sesenta años. Un médico se muda, y luego de ocho años construye su consultorio sobre la pared medianera. Al poco tiempo presenta una demanda por los ruidos y vibraciones, afirmando que le impiden desempeñar su profesión en su propiedad.

Notemos que lo que está en discusión aquí es la definición del derecho de propiedad. Todos sabemos que la propiedad inmueble puede tener límites físicos claros, una pared establece dicho límite. Pero el derecho de propiedad no es solamente eso, también define el uso que se puede hacer del recurso sujeto a propiedad. Por ejemplo, uno puede hablar en su propiedad, e incluso escuchar música o televisión y que parte de estos sonidos se escuchen en la casa vecina, pero ¿hasta qué volumen? Esto era lo que las partes discutían: en muchos casos suele haber una norma legislativa que establece un límite a los ruidos que pueden emitirse y delimita así el derecho de uso de la propiedad que el dueño posee, en otros casos el juez lo define antes un caso específico.

Coase sostiene que la solución de Pigou (impuesto a las emisiones de ruido o su prohibición)no toma en cuenta que la solución más eficiente debería permitir que el recurso sea asignado a su uso más valioso, algo que esa solución no permite. Por ejemplo, si la norma legal o la decisión judicial impidieran el funcionamiento de las máquinas amasadoras y éste fuera el uso más valioso del “espacio sonoro”, la solución sería ineficiente.

Veamos esto. Tenemos dos posibilidades en cuanto al derecho:

1. Que el derecho lo tenga el panadero y pueda utilizar sus máquinas

2. Que el derecho lo tenga el médico y deba tener silencio.

Y dos posibilidades respecto a las valoraciones del recurso:

1. Que el panadero valore más el uso del espacio sonoro que el médico (podríamos suponer que le cuesta más mover las maquinarias que al médico mover el consultorio)

2. Que el médico valore más dicho uso (en este caso mover el consultorio le resulta más caro que el panadero mover las maquinarias)

 

Estos dos elementos nos dan como resultado cuatro alternativas:

1. El derecho pertenece al panadero y éste valora el uso más que el médico, por lo que la solución posible es que el médico traslada el consultorio y el problema se resuelve. En este caso hay máquinas y hay ruido.

2. El derecho le pertenece al panadero, pero el médico valora más el espacio, por lo que decide pagarle al panadero para que mueva las maquinarias, siendo que esto es más barato que mover el consultorio. El médico paga, no hay máquinas y hay silencio.

3. El médico tiene derecho al silencio pero como el panadero valora más la posibilidad de emitir ruidos, le paga al médico para que éste traslade el consultorio, siendo que esto es más barato que mover las máquinas. Resultado: hay máquinas y hay ruido.

4. El médico tiene el derecho y también la valoración más alta, el panadero mueve las máquinas. Resultado: no hay máquinas y hay silencio.

 

Como se puede ver, cuando la valoración del panadero es mayor, habrá máquinas, y cuando la valoración del médico es superior habrá consultorio y las máquinas serán trasladadas. El resultado es el mismo en un caso u otro, sin importar a quien corresponda el derecho. Esto no quiere decir, por supuesto, que la posesión del derecho no sea importante, pero según Coase, no determina en uso del recurso sino solamente quién le paga a quién.

Ahora bien, si los costos de transacción son elevados, al menos para que los beneficios de la negociación no sean suficientes, entonces las alternativas 2 y 3 ya no son posibles. En ese caso, y solamente en ese caso, la decisión legal o judicial de asignar el derecho a uno o a otro efectivamente determinará el uso del recurso, es decir, si el espacio se va a utilizar para las maquinarias o para el consultorio.

Hasta aquí la parte “positiva” del teorema, pero Coase da un paso normativo al aconsejar a los jueces en este último caso (altos costos de transacción) de asignar el derecho a quien de esa forma se genere mayor valor económico, A o D, según sea mayor la valoración de uno u otro, o siguiendo nuestro simplificado ejemplo, según sea menos costoso trasladar las máquinas o el consultorio.

Como vemos, ésta es una solución muy distinta a la de Pigou, y tiene una alternativa “institucional”, pues pone énfasis en definir el derecho de propiedad para reducir los costos de transacción y permitir que las partes negocien.

 

¿Se originan las normas por evolución o por contrato? El ejemplo de los indios Montana y los castores

La norma evolutiva, se convierte en una norma general en tanto es aceptada por todos los miembros de una sociedad y esto permite coordinar sus acciones. Puede decirse que las personas han llegado a un “consenso” respecto de la norma. Buchanan llamaría a esto un “contrato” social. En algun punto la barrera que separa el concepto de consenso y el de contrato se vuelve borrosa, sobre todo cuando se interpreta la palabra contrato en sentido informal, o sea, no escrito.

Montanas

Tomemos un conocido ejemplo que comenta Buchanan (2009, p. 47). Se trata de los indios “montanas”, en la península de Labrador, actual territorio de Canadá, ejemplo mencionado por Demsetz (1987) para explicar el origen de los derechos de propiedad privada. Esta población aprovechaba la piel de los castores, sobre los que existía un derecho colectivo basado en el control del territorio por parte de la tribu. Es decir, la tribu reclamaba y defendía el derecho de propiedad sobre cierto territorio, dentro del cual se encontraban los castores pero cualquier miembro de la tribu podía cazarlos, no así los “extranjeros”. Con la llegada de los europeos se inicio el comercio de estas pieles y se origino la conocida “tragedia de la propiedad común”: cada miembro de esa sociedad tenia un incentivo a cazarlos y vender su piel pero nadie lo tenia para limitarse y permitir su reproducción. Como resultado de esto se hubiera producido el colapso y la extinción si no fuera que desarrollaron derechos de propiedad “privada” asignándose distintas parcelas entre si, generando con ello el incentivo a proteger un activo valioso.

Buchanan llama a la aceptación de esta norma por parte de los Labradores un “contrato”. Hayek llamaría a esto, probablemente, como el resultado de un proceso evolutivo, incluso no consciente. Tal vez la diferencia entre estos autores se encuentre en el grado de “raciocinio” que asignan a estos actores. Para Hayek, estarían motivados por su interés personal y la comprensión del problema de depredación que enfrentaban, pero no de la generación de un “contrato” o la introducción de una nueva institución. Los individuos de Buchanan serian más racionalistas[1].

Cómo se produjo realmente el acuerdo no lo sabemos[2]. Podemos especular acerca de las posibilidades:

  1. Una autoridad de la tribu impuso la nueva norma (esto significa también que fue aceptada por el resto, ya que fue cumplida).
  2. Esa misma autoridad propuso la norma y fue aceptada por el resto o por un grupo representativo del resto.
  3. Los miembros de la tribu o sus representantes se reunieron en asamblea, debatieron y adoptaron la nueva norma. Alguno propuso asignar derechos en forma privada.
  4. Unos, al ver que los castores mas cercanos a su propio lugar estaban desapareciendo comenzaron a vigilar la zona y controlar su caza y los demás lo aceptaron, haciendo lo propio en sus lugares cercanos.
  5. Algún grupo pequeño o apartado de la tribu se manejaba ya con su propio entorno como si fuera “privado” y los demás vieron que allí no había problemas de depredación.
  6. Un sentido de posesión de los castores ya existía y cuando deviene la escasez se activa. Dada la primitiva existencia de la posesión, como vimos en el Cap. 1, incluso presente en los animales y ancestros del ser humano, la familia o un grupo de familias podrían ocupar una zona y poseerla pero no preocuparse por limitar el acceso a los castores ya que no eran escasos. Cualquiera podía cazarlos aunque supieran que eran de la “zona de A”. Ahora que con escasos, A formaliza la posesión e impide la caza depredadora.

 

Las tres primeras alternativas se asocian con la visión contractualista, las otras tres con la evolucionista. Queda en manos de los historiadores determinar si fueron unas u otras, o tal vez otras diferentes. Tanto en una como en otra, sin embargo, existe al menos un individuo que tiene la idea, que lleva adelante la propuesta. Puede ser el líder o simplemente alguien que tiene la idea y la propone, o el primero que decide ejercer su derecho preexistente.

A éstos, a los que consciente o inconscientemente quieren producir cambios, los llamaremos empresarios institucionales. Éste es particularmente el caso con los autores que sostienen explícitamente el origen de las instituciones vía actos creativos deliberados, particularmente de un “contrato social”, como Thomas Hobbes, J.J. Rousseau y entre los modernos John Rawls y James Buchanan[3].

[1] “Como firma de internalizar las des-economías externas que fomentaba esta disposición de derechos, las tribus cambiaron de una estructura de uso común a una de propiedad privada. No es necesario que nos ocupemos aquí de  la exactitud histórica de esta versión,  o de la falta de ella. Pero nótese que Demsetz esencialmente “explica” un cambio en la estructura de los derechos recurriendo a un nuevo arreglo contractual que se hace conveniente debido a cambios exógenos en los datos económicos. Utiliza el ejemplo histórico para demostrar la proposición o el principio de que siempre habrá una tendencia a que las características de la estructura de derechos se modifiquen en la dirección que es mas eficiente en las condiciones que afronta la comunidad. No es posible discutir con esto, y se puede reconocer la contribución de Demsetz. Sin embargo,  no deberíamos cometer el error de decir que este enfoque explica el origen o el surgimiento de los derechos entre individuos o familias (tribus)con independencia de un acuerdo contractual, ya sea explicito o implícito. En este  modelo conceptual, los derechos de los varios participantes deben haber sido mutuamente reconocidos por todos los participantes antes de que se pudiera emprender mas negociaciones contractuales para modificar las  características estructurales” (Buchanan 2009, p.45).

[2] Demsetz cita a Leacock, Eleanor (American Anthropologist, American Anthropological Assoc., vol. 56, N° 5, parte 2, informe N° 78) pero de allí no se desprende con claridad como puede haber ocurrido.: “Hacia comienzos del siglo XVIII comenzamos a tener clara evidencia de que los territorios de caza y los acuerdos para atrapar animales por parte de familias individuales se estaban desarrollando en el área alrededor de Quebec. Las primeras referencias de tales acuerdos indican una distribución puramente temporaria de los territorios de caza. Ellos (algonquinos e iroqueses) se dividían a sí mismos en distintos grupos para poder cazar en forma más eficiente. Era la costumbre apropiarse pedazos de tierra de aproximadamente dos leguas cuadradas para cada grupo en los que cazaban en forma exclusiva. La propiedad de zonas de nutrias, sin embargo, ya había sido establecida y, cuando eran descubiertas, se marcaban apropiadamente. Un indio hambriento podía matar y comer las nutrias de otro si se dejaba en poder de su legítimo dueño la piel y la cola.”

[3] Dice Buchanan (2009): “Los preceptos para lograr vivir juntos no van a caer del cielo. Los hombres deben hacer uso de su propia inteligencia para imponer orden en el caos, inteligencia no en un sentido científico, orientada a la resolución de problemas, sino en un sentido mas difícil que implica llegar a un acuerdo entre ellos mismos y mantenerlo” (p.13).

Depredación y derechos de propiedad en la pesca: resultados de las cuotas individuales transferibles

Comenté en un post anterior acerca de la gran promesa que ofrece la acuacultura para evitar la depredación de los peces, ya que permite establecer derechos de propiedad sobre el recurso. No todas las especies, sin embargo, pueden ser “criadas” de esta forma. En esos casos, algunos autores proponen la generación de seudo-derechos de propiedad en la forma de cuotas de captura. Esto funciona así: se define el total de captura de una determinada especie para un año, de forma tal que se reproduzca con normalidad y no se vea depredada, y luego se asigna es cuota dividida entre los pescadores o empresas de pesca. En un artículo de Jonathan Adler y Nathaniel Stewart publicado en la revista Regulation, comentan el tema: http://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2014/4/regulation-v37n1-1.pdf

Pesca

Primero comentan el fracaso de la regulación de la pesca: “Las licencias y otras restricciones a la entrada limitan el número de pescadores pero no controlan la intensidad de su esfuerzo. Límites a la pesca total o por salida, aun cuando se los combina con la cantidad de barcos, no evitaron la sobrepesca en la pesca de peces de coral en el Golfo de México. Las restricciones sobre ciertos equipos de pesca alentaron a los pescadores a invertir en más barcos o equipos para compensar por esas restricciones. La reducción de las temporadas de pesca los incentiva a aumentar su trabajo dramáticamente durante la temporada”. La pesca del ‘halibut’ fue reducida a 2 días, la del cangrejo en Alaska a 3: los pescadores aumentan la cantidad de barcos para pescar más esos días. “Esto no solo es ineficiente, resulta que toda la pesca de halibut llega al mercado en unos pocos días.”

Ahora sobre las cuotas:

“En 1976, Holanda e Islandia, dos importantes países pesqueros, introdujeron cuotas individuales para la pesca en el Mar del Norte de lenguado y arenque. Nueva Zelanda hizo lo mismo en 1986. Desde entonces, se han implementado programas basados en derechos, en distintos grados, en Australia, Canadá, Chile, Islandia, Namibia, Holanda, Sudáfrica y los Estados Unidos. Pero todavía son una pequeña proporción de toda la pesca mundial, solo el 2% de la captura global anual está cubierta.”

“Mientras que la carrera por pescar tiende a acortar la temporada de pesca, la seguridad que genera el derecho a la cuota permite a los pescadores extender sus temporadas, en promedio, de 63 a 245 días en los Estados Unidos. Y pueden acomodar sus inversiones en equipos a la magnitud de su cuota. La adopción de cuotas individuales en Estados Unidos incrementó los ingresos de los pescadores participantes. Sus ingresos por barco casi se duplicaron. Métodos más eficientes, temporadas más largas (que reducen la carrera frenética para pescar y también la pesca en condiciones peligrosas), redujo las tasas de descarte, aumentó el rendimiento y mejoró la calidad de la captura.”

“Con el tiempo, el éxito de las cuotas de pesca ha permitido que algunas pesquerías aumenten el límite total de pesca. En las estudiadas por Grimm et al, “las cuotas han aumentado un promedio de 13% a los cinco años de su implementación, y 19% diez años después.”

“Grimm et al, también encontraron evidencias que el avance hacia un sistema de cuotas individuales transferibles afecta a los procesadores en tierra. En condiciones de la carrera por pescar de las temporadas cortas, la industria procesadora estaba sobre-invertida en capital para manejar el aluvión de pesca en períodos cortos. Los programas de cuotas tienden a alargar y estabilizar las temporadas, permitiendo una capacidad de procesamiento más eficiente.”

También mencionan mejoras en la seguridad: “La mortalidad en la pesca de cangrejos en Alaska se ha reducido de más de cinco muertes por año a una sola en los últimos cinco años.”

 

Ahora los peces se multiplican como las vacas: el derecho de propiedad que crea la acuacultura

Muchos creen que el derecho de propiedad da manos libres al propietario para destruir un recurso, y que eso es lo que va a hacer. Sin embargo, el propietario es un “protector”, no quiere destruir su recurso sino multiplicarlo. En verdad, es la ausencia de propiedad, conocida en economía como la “tragedia de la propiedad común”, la que genera la depredación de los recursos. Un caso típico de este problema puede verse en la pesca. En un artículo de Jonathan Adler y Nathaniel Stewart publicado en la revista Regulation, comentan el tema: http://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2014/4/regulation-v37n1-1.pdf

Algunos párrafos:

“En su evaluación del 2010 la FAO informó que aproximadamente un 85% de los stocks de peces (para los que hay información disponible) estaban totalmente explotados (53%), sobre-explotados (28%), agotados (3%) o recuperándose del agotamiento (1%). Investigaciones recientes sugieren que el estado de las pesquerías no evaluadas es aún peor. Aunque la pesca anual continúa creciendo –en buena medida por la expansión de la acuacultura- muchas pesquerías están en problemas.”

Acuacultura

Interesante mención a la “acuacultura”, ya que ésta no es otra cosa que la extensión de derechos de propiedad a los peces. Es, generalmente, la construcción de un gran piletón donde se “cultivan” y reproducen peces en lugar de simplemente pescarlos como en aguas abiertas. El propietario tiene un incentivo a cuidar y multiplicar esos peces, y lo hace porque tiene la capacidad de “excluir” a los no propietarios de sus peces.

En aguas abiertas, por el contrario, cualquiera puede “retirar” recursos del agua, y está motivado a hacerlo rápido antes que otros lo hagan. Por eso nos encontramos con el agotamiento de pesquerías e incluso con la pesca de especímenes que ni siquiera han alcanzado su mejor tamaño (o los sacas ahora que tienes la oportunidad o se los lleva otro). Esto genera una carrera, llamada “tragedia de la propiedad común” donde todos quieren llevarse el recurso pero nadie tiene incentivo para cuidarlo. Y tampoco para multiplicarlo: nadie va a ocuparse de “criar” peces y ayudarlos a reproducirse si luego cualquier puede venir a llevárselos.

Entonces, los efectos de la ausencia de propiedad son dos: la carrera que lleva a la depredación y la ausencia de incentivos para reproducir y mejorar el recurso. Nada de eso ocurre, por ejemplo, en la ganadería, donde los propietarios cuidan y reproducen a los animales: quieren tener más, no liquidarlos.

Pero la ganadería sufría también de la tragedia de los comunes porque era difícil establecer el derecho de propiedad, hasta que una solución que ahora parece tan simple como el alambrado, permitió delimitar la propiedad y desde entonces cada propietario multiplicó sus animales. No nos preocupa ahora la posible extinción de las vacas, como nos preocupa la de los peces.

La acuacultura es el equivalente piscícola del alambrado. Permite delimitar la propiedad y resuelve los dos problemas planteados. Por un lado, elimina la carrera para depredar el recurso: el propietario quiere mantenerlo e ir “pescando” en forma ordenada para mantener un stock que permita responder a la demanda del producto; está incentivado a invertir para cuidar y mejorar el recurso, ya que eso aumenta su capital.

El derecho de propiedad ha “alineado” los intereses del productor con la reproducción del recurso.

 

El apartheid hacia las poblaciones indígenas: tienen débiles derechos de propiedad sobre su tierra

Gabriela Calderón es editora de ElCato y asidua columnista en periódicos de Ecuador y la región. Ahora ha publicado un libro con sus mejores columnas con el título “Entre el instinto y la razón” (Paradiso Editores, 2014).

Va uno sobre los problemas de propiedad de los indígenas:

Hernando de Soto, autor del Misterio del capital, fue el año pasado a la selva peruana a recabar información para su próximo libro La Amazonía no es Avatar y se enteró de un árbol de caoba que fue vendido por tres kilos de azúcar (alrededor de 3 dólares). Una pena, indica De Soto, puesto que si el dueño de ese caoba lo hubiese podido vender en Callao (el puerto de Lima) ese árbol hubiese sido comprado hasta por 12.000 dólares. Más frustrante es que en California ese mismo árbol se hubiese vendido en 50.000 dólares.

Ayer se cumplieron 20 años desde el primer levantamiento indígena en Ecuador y lo lamentable es que gran parte de ellos siguen en una situación como la del indígena peruano que vendió un caoba en 3 dólares. Esto en gran parte se debe a políticos oportunistas que prosperan del mito de que los indígenas son como los nativos de Pandora en la película Avatar, mito que De Soto resume así: los indígenas son ricos a su manera; prefieren estar aislados y no necesitan del resto del mundo; no quieren ni propiedades ni negocios; tienen una visión incompatible con la globalización; y además, la degradación ambiental resulta de la entrega de derechos de propiedad.

Las investigaciones del equipo de De Soto en la Amazonía peruana han revelado que 80 por ciento de los indígenas que todavía viven en la selva no quieren que sus hijos sigan viviendo en comunidades aisladas. 7 de cada 10 indígenas peruanos son pobres y 5 de cada 10 viven en pobreza extrema, siendo la expectativa de vida en las áreas indígenas 20 años menor que en el resto del país. En esas áreas, además, la mortalidad infantil es el doble, 50% de los niños indígenas sufren de malnutrición y 40% de anemia. En casi todas las comunidades se han encontrado mapas, leyes comunales y certificados de posesión emitidos por ellos sobre casas, tierras, áreas de caza y de transacciones comerciales por lo que los indígenas sí parecen querer hacer negocios. La degradación ambiental principalmente se encuentra en zonas sin derechos de propiedad sólidos.

De Soto asevera que las comunidades indígenas no controlan sus territorios a pesar de la titularización de tierras por parte del Estado peruano. Por ejemplo, el Estado peruano en lugar de crear una sola ley para los indígenas de la Amazonía, ha creado alrededor de 5.000 sistemas legales soberanos que no están estandarizados.

“Al no compartir los mismos estándares con otras comunidades, ni con el resto de Perú o del mundo, ellos viven en una especie de apartheid económico estéril”, dice De Soto. Sospecho que la situación de los indígenas en la sierra rural y en la Amazonía ecuatoriana se encuentran en un apartheid similar.

Un apartheid que desde hace mucho tiempo los movimientos indígenas deberían haber demandado que se elimine. En cambio, ayer se cumplieron 20 años de dirigentes políticos que, a nombre de los indígenas, suelen pedir dádivas al Estado. 20 años que nunca se les ocurrió pedirle al Estado derechos de propiedad sólidos para los que dicen representar, incluso sobre los recursos que están en el subsuelo de sus tierras.

 

Los incentivos que genera el derecho de propiedad: juguetes con dueño o sin dueno en Toy Story 3

Gabriela Calderón es editora de ElCato y asidua columnista en periódicos de Ecuador y la región. Ahora ha publicado un libro con sus mejores columnas con el título “Entre el instinto y la razón” (Paradiso Editores, 2014).

Va uno sobre los incentivos de la propiedad privada: “El mensaje de Toy Story 3”:

No he visto hasta ahora una película que explique de manera tan didáctica que la libertad es un valor en sí que no debe ser sacrificado a cambio de otros valores y que ésta es asegurada a través de los derechos de propiedad privada.

En Toy Story 3 los juguetes con dueño pasan a ser obsoletos cuando el dueño crece y por lo tanto son olvidados en alguna bodega o, peor aún, clasificados como basura. Cuando Andy (el dueño) deja de jugar con sus juguetes, estos montan la “Operación vuelta al juego”. Más o menos como cuando un trabajador pierde su trabajo e intenta recuperarlo o busca otro. Lamentablemente ellos concluyen que “ya nadie va a jugar con nosotros” (léase, “ya nadie nos va a contratar”).

Toy Story 3

Frente al prospecto de quedarse en un ático o terminar en el basurero los juguetes consideran que la guardería Sunnyside es el paraíso en la tierra. Ahí parecía que tendrían una oferta ilimitada de niños que siempre jugarían con ellos (siempre habría trabajo). El juguete líder de la guardería, Lotso, les promete que nunca serán abandonados (léase: despedidos) porque en ese mundo los juguetes no dependen de un dueño (es decir, no hay propiedad privada). Lotso les prometió muchas cosas: “Tenemos control de nuestro destino”; “Ya no sufran, ¡pronto tendrán la diversión que tanto han esperado!”

Inmediatamente se identifica la estructura de poder en la guardería. El Ken es la obediente mano derecha de Lotso. El “Bebote” (una muñeca grande y tuerta) es la fuerza detrás del poder del dictador. Hay dos cuartos: el de la clase privilegiada y el de los disidentes. En el primer cuarto de los niños mayores que no destruían a los juguetes solo ingresaban aquellos que obedecían al dictador. En el segundo cuarto de niños menores que eran bruscos con los juguetes iban todos los juguetes que se negaban a obedecer a Lotso.

El contraste es claro: en el mundo de la propiedad privada (la casa de Andy) los juguetes suelen ser cuidados y hay una relación mutuamente beneficiosa entre el dueño y sus juguetes. En el mundo sin propiedad privada (la guardería), los juguetes sin dueño viven bajo la tiranía de un juguete que les prometió el paraíso.

En el mundo con propiedad privada los juguetes tenían libertad de entrar y salir de la casa del dueño. En el mundo sin propiedad no tenían libertad de escapar. Los que se fueron a la guardería sacrificaron libertad a cambio de la seguridad de que nadie los abandonaría. Pronto se vuelve evidente que aquellos que sacrificaron libertad a cambio de seguridad perdieron ambas cosas.

Finalmente, cuando todos los juguetes están a punto de escapar de la guardería Barbie nos da una lección en gobierno citando a John Locke: “¡La autoridad debería derivarse del consentimiento de los gobernados, no de la amenaza del uso de la fuerza!” Si su hijo o hija comprenden a su corta edad este mensaje, el futuro de nuestro país se proyectaría mucho mejor. Lástima que los que compusieron nuestra constitución no lo comprendieron, pero nunca es tarde. Todavía pueden ver Toy Story 3.

La “política cambiaria” o la desgracia de mezclar el tipo de cambio con la política.

Las declaraciones del presidente del Banco Central argentino, en relación a una posible reducción de las prohibiciones y restricciones existentes en el mercado de cambios (http://www.lanacion.com.ar/1753835-el-presidente-del-banco-central-ahora-anticipa-que-habra-una-apertura-gradual-del-cepo-cambiario) ha desatado, como era de esperar, una interesante discusión entre economistas acerca de las posibilidades de hacerlo dadas las restricciones que impone la actual situación y las perspectivas en cuanto a las reservas de la autoridad monetaria.

Como siempre, también, la discusión se centra en cuestiones de coyuntura, las que adquieren prioridad sobre temas de fondo. En general, los economistas son de la opinión que esas prohibiciones y restricciones deben eliminarse pero son tan cuidadosos respecto a la coyuntura que se termina olvidando el objetivo final, si es que en verdad éste existe dentro de tal análisis.

Olvidemos la coyuntura por un momento (aunque después volveremos sobre ella). Veamos la situación en términos de derechos. Si el objetivo final es recuperar la vigencia los derechos de propiedad y la posibilidad de disponer de ellos en la moneda que a uno le parezca mejor, ya que con su propiedad cualquiera puede hacer lo que estime mejor en tanto y en cuanto no dañe la propiedad de otros, alcanzar esa situación será lograr un “tipo de cambio libre”.

¿Hay algún objetivo “colectivo” superior que determine la restricción de tales derechos en aras de algo como el ‘bien común’? Seguramente muchos mencionarán cosas tales como la ‘estabilidad macroeconómica’, pero lo cierto es que la libertad de disponibilidad de la propiedad no es una fuente de inestabilidad, más bien lo contrario. La historia muestra que la inestabilidad macroeconómica es generada por los gobiernos, por sus déficits fiscales, su endeudamiento y su manejo de la emisión monetaria, no porque la gente disponga de sus derechos de propiedad.

Si esto es así, el objetivo final sería restituir esos derechos, situación que, además, recuperaría la vigencia de la Constitución Nacional. En tal sentido, los objetivos serían:

  1. Devolver el derecho de propiedad a los exportadores. Eliminar la obligación de entregar las divisas que obtienen al Banco Central; podrían ingresarlas o no, según su criterio. El efecto económico de esta disposición sería el siguiente: si ingresaran esas divisas contribuirían a la revaluación del peso (con política monetaria neutra) en relación a los ahora más abundantes dólares en el mercado.
  2. Devolver el derecho de propiedad a los importadores. Eliminar las licencias previas y todas las trabas sobre las importaciones. Esa mayor capacidad de importar contribuiría a la devaluación del peso en relación al dólar.
  3. Se removerían todo tipo de restricciones para el ingreso o egreso de divisas por cualquier motivo (inversiones, turismo, ahorro). El ingreso de inversiones, el turismo entrante y el ahorro de extranjeros en pesos tendería a revaluar la moneda local; el flujo de inversiones al exterior, el turismo saliente y el ahorro de locales en moneda extranjera tendería a devaluar la moneda local.

Volvamos ahora a la coyuntura. Si todo esto ocurriera, ¿cuál sería el saldo entre presiones devaluatorias y revaluatorias? En verdad, es muy difícil de decir, habrá muchas otras variables en juego que afectarán las expectativas de todos y determinarán nuestra conducta, aunque está claro que esas tres medidas, si fueran creíbles, generarían mucha más confianza que desconfianza.

Pero buena parte de la discusión actual sobre el relajamiento de los controles se centra en la cantidad de reservas que pueda tener el Banco Central. Puede ser que esa preocupación esté asociada a que no se genere un cambio brusco que altere drásticamente la posición patrimonial de la gente (esto es, una fuerte devaluación o una fuerte revaluación). Pero puede ser también que, en verdad, el objetivo final no sea devolver derechos como se planteara más arriba sino que se está pensando en sostener un determinado tipo de cambio. ¿Ycuál debería ser?

Muchos analistas consideran saberlo. Tal vez tendrían que tener algo de humildad. Pero el meollo de la discusión es que consideran al tipo de cambio como una herramienta de la política económica, no como su resultado.

Hemos tenido muchas décadas ya con políticas económicas que consideran el tipo de cambio como una herramienta. Esto fue así tanto en los 70s, como en los 80s, como en los 90s, como ahora. No pueden decir que haya sido un éxito. Mientras se ocupaban del tipo de cambio cometían un exceso fiscal tras otro. ¿Hubieran sido los costos económicos mayores si el tipo de cambio lo hubieran determinado oferentes y demandantes en lugar de algún experto (sea presidente del Banco Central o ministro de Economía)?

La “política cambiaria” ha demostrado que no hay nada peor que mezclar la “política” con el “tipo de cambio”… O tal vez sí, la “política monetaria”, esto es, mezclar la “política” con la “moneda”.

Tres de los diez principales problemas ambientales: contaminación del aire, agricultura y asentamientos urbanos

En un post anterior comenté un interesante artículo titulado “Urgencias ambientales: los diez problemas que esperan solución”, donde se comentan los resultados de una investigación de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara: http://www.lanacion.com.ar/1720041-urgencias-ambientales-los-diez-problemas-que-esperan-solucion y se los compara con los del informe del Índice de Calidad Institucional 2013, que también consideraba los principales problemas ambientales: http://www.libertadyprogresonline.org/2012/07/12/indice-de-calidad-institucional-2012/

Veamos ahora los temas que ese artículo no trata:

Contaminación del aire:

La contaminación ambiental del aire ha contribuido a generar enfermedades respiratorias en la población. Es la combustión a leña el principal factor causante de la contaminación interior, y los transportes e industrias, de la contaminación exterior. El número de vehículos aumenta cada año (incentivado por el diesel subsidiado) generando mayores emisiones de gases tóxicos y PTS (partículas totales suspendidas). La contaminación ha llegado a una situación crítica en muchas ciudades. En 1974, San Pablo fue declarada en estado de emergencia debido a una nube formada por miles de toneladas de monóxido de carbono emitidos por miles de automóviles y de industrias. En Puerto Rico, las industrias químicas, el super-puerto y las plantas de refinación del petróleo han afectado las vías respiratorias de 1/5 de la población. México DF también tiene grandes problemas con el material particulado en suspensión, y Bogotá (Bolivia) y Santiago de Chile tienen un grave problema con el esmog, Esto se debe en parte a que la capital chilena se encuentra entre montañas, lo que provoca que el aire se quede atrapado y no alcance a eliminar la contaminación. Sorpresivamente, el caso de Buenos Aires es muy distinto. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud reveló que es una de las ciudades con menos contaminación en América latina y el mundo, y se encuentra entre los que no representan daños para la salud. Lo curioso es que Buenos Aires no obedece a las políticas públicas sustentables o prácticas ecológicas por parte de la población, sino que es su ubicación geográfica y las condiciones meteorológicas las que hacen que la contaminación se disipe diariamente sin provocar alteraciones en la salud. A pesar de la gran cantidad de emisiones que generan los automóviles, el transporte público, las industrias y las centrales térmicas que generan energía eléctrica, el hecho de que Buenos Aires esté situada sobre una llanura, sumada a los vientos y el mayor caudal de precipitaciones, hace que esté muy ventilada y que la contaminación atmosférica no sea un asunto de relevancia.

Agricultura:

La extensión de la agricultura y el uso creciente de biotecnología y agroquímicos ha permitido un gran aumento de la producción de alimentos. No obstante, como toda tarea realizada con el afán de obtener ganancias, es cuestionada por su impacto ambiental, con más prejuicio que fundamento. Uno de los casos de mayor impacto en la región está relacionado con el uso de semillas genéticamente modificadas y del glifosato. La expansión de la producción agrícola, y en particular de la soja, en los últimos años, ha sido enorme . Algo menos se conoce respecto al paso de la siembra convencional a la siembra directa. En la primera se abre la tierra con arados para desmalezar y luego sembrar, en la segunda se deja sobre la tierra el rastrojo de la siembra anterior y solamente se abre una ranura angosta donde se siembra la semilla para luego cubrirla. El riesgo de erosión medido en toneladas de sedimentos por hectárea por año es de 16,73 en el caso de la siembra convencional y de 4,96 en la siembra directa.

En cuanto al glifosato, se trata de un herbicida para controlar las malezas que compiten con el cultivo por recursos como el agua, la luz y los nutrientes. Las semillas transgénicas permiten contar con semillas que resisten al glifosato por lo que al utilizarlo se eliminan solamente las malezas y no se perjudica al cultivo. Su uso se ha extendido rápidamente en la Argentina mostrando la iniciativa de los productores para adoptar nuevas tecnologías.

Pero ahora bajo el argumento de un supuesto daño ecológico y a la salud humana, quienes sueñan con un cierto modelo de sociedad aunque sea más atrasada, se lanzan contra el glifosato pese a que es clasificado como de baja toxicidad por la Organización Mundial de la Salud. Este organismo internacional que califica distintas sustancias en cuatro categorías lo ha colocado en la cuarta, la de menor riesgo, sin ofrecer peligro. En 1985 los productos fitosanitarios utilizados se repartían en tercios entre las categorías I, II y III de la OMS, ahora se utiliza un 75% del glifosato clase IV y el resto en las otras tres con tan sólo un 5% de la categoría I.

El impacto medido en unidades toxicológicas por unidad de superficie ha caído de 56,15 en 1985 a 0,74 en 2005, una cifra nada menos que 75 veces menor, y la producción se ha duplicado en ese mismo período. Tomando en cuenta ese aumento, el impacto por unidad de producto se ha reducido 128 veces.

Otros problemas asociados con la agricultura son la deforestación (considerada ya en el punto anterior) y la erosión del suelo. Esta última se ve reducida donde existen claros derechos de propiedad y la posibilidad de realizar contratos de arrendamiento a largo plazo, lo que no ocurre en todos los países.

Asentamientos urbanos:

El crecimiento de asentamientos urbanos informales con hacinamiento, sin servicios sanitarios, a veces ocupando zonas inundables. El origen de esos asentamientos está asociado a políticas económicas que no suelen ser vinculadas con este problema. El deterioro de la moneda y el surgimiento de la inflación destruyeron el ahorro a largo plazo, reduciendo el crédito hipotecario e impidiendo el acceso a la vivienda. La única alternativa para sectores pobres era ocupar tierras y construir sus precarias viviendas sobre las que incluso no poseen título alguno. Los Estados se han mostrado incapaces de resolver el problema creado y mucho más de generar las condiciones de estabilidad monetaria que permitan un renacimiento del crédito hipotecario.

Los principales diez problemas ambientales. La deforestación de bosques y selvas

En un post anterior comenté un interesante artículo titulado “Urgencias ambientales: los diez problemas que esperan solución”, donde se comentan los resultados de una investigación de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara: http://www.lanacion.com.ar/1720041-urgencias-ambientales-los-diez-problemas-que-esperan-solucion y se los compara con los del informe del Índice de Calidad Institucional 2013, que también consideraba los principales problemas ambientales: http://www.libertadyprogresonline.org/2012/07/12/indice-de-calidad-institucional-2012/

Veamos ahora el tema de los bosques y selvas:

Para la Fundación:

En un siglo, la Argentina perdió 73 millones de hectáreas de bosques selvas. La última cifra oficial es de 2011: hay 27 millones o menos de hectáreas verdes nativas. Para la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Sayds), esa pérdida muestra “una aceleración del proceso en las últimas décadas”. En varias provincias avanzan con los desmontes más allá de las zonas aprobadas y hay ecorregiones desprotegidas, como la del monte de llanuras y mesetas (desde San Juan hasta Chubut), la espinal (llanura chaco pampeana) o los bosques de caldén (La Pampa) y de los talares (Buenos Aires).

SOLUCIÓN: Hacer cumplir la ley de bosques, respetar el presupuesto del fondo nacional para la conservación de los bosques (se cubre el 10%) y sancionar una ley para que las provincias restauren no menos de 10.000 hectáreas de áreas forestales degradadas, en especial en el Chaco húmedo, el Chaco seco, la selva misionera, la llanura chaco pampeana y el monte de llanuras y mesetas.

Informe ICI 2012:

Deforestación de bosques: América Latina cuenta con enorme cantidad de bosques y la selva más grande del mundo. Se estima que además de poseer la mayor biodiversidad y regular la temperatura global, la selva del Amazonas provee 1/5 del oxígeno del planeta, el 15% de agua dulce y la tercera parte de la madera del mundo. Desde el año 2000, se han talado aproximadamente 150.000 Km. cuadrados de selva en Brasil, mediante quemas para dejar lugar a la agricultura (sobretodo para la soja) y ganadería, o la explotación de la madera. Ayudado además por el subsidio de la construcción de carreteras, y el aumento en la densidad de población .

El gobierno da su apoyo a estas actividades de explotación mediante créditos y exenciones de impuestos lo que promueve aún más la deforestación. Asimismo, no hay derechos de propiedad claros, provocando que propietarios y ocupantes luchen por el derecho a propiedad, causando conflictos entre ellos y frecuentes ocupaciones. La mayoría del territorio Amazónico todavía no es legalmente propiedad de nadie. El sistema legal no protege a los propietarios de la expropiación por parte de ocupantes ilegales, quienes invaden la tierra, la explotan, para luego reclamar derechos de propiedad.

Según el Estatuto de la tierra de 1964 y la constitución de 1988 de Brasil, un ocupante tiene el derecho de instalarse en tierras publicas y hacer uso privado de ellas. Si explotan la tierra por un año reciben el usufructo, y si a los 5 años siguen ocupando y desarrollando la tierra, obtienen el derecho a propiedad. Pero como el proceso es lento y faltan presupuestos, muchos propietarios no están legalmente registrados. Por ello talan la selva para reafirmar su uso productivo de la tierra y evitar que alguien la reclame, porque el uso agrícola es considerado “uso productivo” pero no así el mantenimiento y explotación del bosque original. Talar es, entonces, una forma de obtener el reconocimiento.

Así, los propietarios explotan su tierra de manera que genere beneficios inmediatos, desmontando la zona para la ganadería y la agricultura impactando drásticamente al ecosistema, sin importar las consecuencias a futuro, en medio del auge de la agricultura como consecuencia del mejoramiento de los precios internacionales de productos agrícolas, como la soja. También se debe al incremento en la demanda de combustible a partir de la leña y de alimento, debido al aumento de la densidad poblacional. El subsidio a la producción de etanol, obtenido a través de la caña de azúcar también ha promovido la deforestación en Brasil, tercer productor de etanol en el mundo.

Algo similar ocurre en la Amazonia boliviana, donde el conflicto reciente en relación al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS), es una muestra más de falta de definición de derechos, incluso colectivos, entre comunidades campesinas y colonos. También en el departamento del Boquerón, en el Chaco paraguayo.

La forestación se ha visto también perjudicada por la inestabilidad jurídica y políticas macroeconómicas que reducen la preferencia temporal, impiden el cálculo económico a largo plazo, absolutamente necesario para una actividad como ésta. La falta de moneda estable concentra la actividad productiva en el corto plazo, eso no incluye a la forestación o la explotación racional de bosques nativos.

En otros países de la región la deforestación es causada por la combinación de alta densidad poblacional y pobreza, y el uso de leña como única fuente de energía. Esos bosques suelen ser propiedad pública y el Estado no actúa como un real propietario ni asigna ese derecho a los habitantes para que tomen en cuenta el daño sobre su propio recurso o tengan incentivo a cuidar y plantar, no solamente a cortar y podar.