Calidad institucional y desarrollo humano: ¿igualdad de oportunidades o más oportunidades para todos?

Del Cap 14 del libro:

Entre las muchas cosas que nuestras sociedades modernas demandan de sus gobernantes están las que se resumen en la “igualdad de oportunidades”. No obstante, a poco que pensemos sobre ello, nos daremos cuenta de que, en su sentido literal, la misma es difícil —si no imposible— de alcanzar. El conocimiento se encuentra inevitablemente disperso, lo mismo que los talentos, las capacidades y los recursos. Somos diferentes y es muy probable que obtengamos resultados diferentes, pero eso no quiere decir que no sea importante tener las oportunidades para mejorar nuestra situación, incluso aunque no todos podamos tener las mismas.

Es más: si efectivamente lográramos tener un gobierno que alcanzara el objetivo de la igualdad absoluta de oportunidades, lo más probable es que fuera uno que eliminaría todo vestigio de libertad individual y el respeto por muchos de los derechos que ahora también exigimos que esos mismos gobiernos respeten y garanticen. Tenemos distintas preferencias y nos proponemos alcanzar distintos fines en nuestra vida: es ese un tipo de conocimiento que sería inútil esperar que el gobierno pueda otorgárnoslo.

La función del gobierno entonces no puede ser garantizarnos ciertos resultados particulares a cada uno de nosotros, sino generar ciertas condiciones generales en las que tengamos “más” oportunidades para perseguir, y eventualmente alcanzar cualesquiera de nuestros objetivos particulares. O lo que es lo mismo: se trata de mantener dicho orden, formado por un marco de normas, tanto formales como informales, que, en buena medida, tampoco el gobierno mismo ha generado, sino que resulta de largos procesos evolutivos.

Son esos los llamados “marcos institucionales” que aquí estamos tomando en consideración, y decimos que uno es mejor que otro cuando permite una mayor coordinación de las acciones de los individuos, permitiéndoles así acceder a un mayor número de oportunidades.

Precisamente una de las conclusiones a las que se puede llegar solamente con observar qué países ocupan las últimas posiciones del Índice de Calidad Institucional —por ejemplo, Myanmar, Corea del Norte y Turkmenistán, o Haití, Venezuela y Cuba, en América— es que se trata de países con gobiernos que se han fijado como supuesto objetivo dicha igualdad, o que no parecen contar con un marco institucional en absoluto, y sus ciudadanos están sometidos a los abusos de grupos organizados que utilizan el poder en beneficio de “sus” propias oportunidades.

Si bien es cierto que las circunstancias de cada país cambian a diario también lo es que los organismos ejecutivos y legislativos emiten un gran número de normas, los “marcos institucionales” cambian lentamente. Es verdad que ciertas normas “formales” pueden modificarse, pero las pautas de conducta necesariamente evolucionan despacio.

Aunque fuera deseable, es utópico suponer que puede existir la igualdad de oportunidades. Los individuos somos diferentes: tenemos distintas preferencias, talentos, gustos y capacidades. Pero si la estricta igualdad es imposible, la existencia de mayor cantidad y calidad de oportunidades no lo es.

El desarrollo humano se alcanza, en definitiva, cuando se tienen mayores y mejores oportunidades. Esto puede medirse, y así lo hace PNUD, tomando en cuenta indicadores de esperanza de vida, alfabetización e ingresos.

Los países que alcanzan mayores niveles de desarrollo humano según este indicador, también son los que mejor califican en términos de calidad institucional; lo contrario ocurre con quienes ocupan las últimas posiciones. Algunos países, sin embargo, parecen desafiar esta relación. Pero si relacionamos las mejoras en desarrollo humano con la calidad institucional, observamos que los países con mejor calidad relativa presentan mejoras superiores en desarrollo humano.

No obstante, ¿cómo es la relación entre uno y otro? ¿Determina la calidad institucional el nivel de desarrollo humano o viceversa? Distintos métodos señalan en dirección a una relación causal entre la primera y el segundo: por un lado, las deducciones de la teoría económica; por otro, la confirmación mediante regresiones; por último, la evidencia histórica.

La ausencia de instituciones —en concreto los derechos de propiedad— castiga en particular a los más pobres, pues así no pueden acceder a los mercados formales ni aprovechar el escaso capital de que disponen.

Sobre la relación entre la calidad institucional y las mejoras en calidad de vida y desarrollo humano

La historia no tiene leyes. Podemos aplicar el razonamiento y la comprensión para determinar una o varias relaciones causales de un determinado hecho histórico y sostener que esas fueron sus causas, pero no podemos elaborar desde esa base una ley que nos permita realizar proyecciones sobre situaciones futuras. El determinismo histórico se derrumbó con el Muro de Berlín.

Pero si la historia no tiene leyes, la ciencia económica sí las tiene. Son las leyes de la economía o —para ser más exactos— las leyes de la acción humana, la praxeología, las que prueban la relación causal entre la existencia de un marco institucional que respeta y promueve los derechos individuales —la propiedad, la libertad contractual y de intercambios, de expresión y opinión— y la mayor cantidad de oportunidades que se presentan a los individuos.

No obstante, suelen presentarse también ejemplos históricos para mostrar la causalidad entre instituciones y desarrollo humano, y esto puede hacerse en el sentido antes mencionado. Los ejemplos abundan: la vigencia de los derechos individuales y las limitaciones al gobierno tras la Carta Magna y la Revolución Gloriosa, y la consiguiente Revolución Industrial y el progreso de Inglaterra; la conformación de los Estados Unidos y su avasallante crecimiento durante los siglos XIX y XX; el marco institucional de posguerra en Alemania Occidental y su comparación con los resultados de Alemania Oriental; lo mismo entre Corea del Sur y Corea del Norte, o entre Hong Kong y China; el gran cambio institucional ocurrido en Chile en dos etapas, una económica —bajo un gobierno dictatorial— y otra cívico-política —tras la restauración democrática—; el gran auge de Argentina tras su unificación bajo una Constitución basada en los principios antes expuestos.

No obstante, entre los economistas predomina el análisis estadístico basado en regresiones. Al margen de los problemas metodológicos que puedan plantearse, lo cierto es que pueden encontrarse estudios econométricos que parecen demostrar relaciones entre cualquier tipo de variables, sin determinar estrictamente relaciones de causalidad. Hay muchos que se han concentrado en la relación entre calidad institucional y desarrollo humano.

Así, por ejemplo, Roll & Talbott (2003) analizan los determinantes del ingreso bruto per cápita y concluyen que los derechos de propiedad tienen el mayor impacto positivo, al tiempo que el volumen de la actividad informal tiene también el mayor, pero negativo. También contribuyen a la explicación los niveles de la regulación (-), de la inflación (-), de las libertades civiles (+), de los derechos políticos (+), de la libertad de prensa (+), de los gastos gubernamentales (+) y de las barreras al comercio (-). Para comprobar que estas variables son causas y no efectos, analizan la trayectoria del ingreso bruto antes y después de importantes liberalizaciones políticas o golpes dictatoriales durante la segunda mitad del siglo XX. En promedio, las liberalizaciones son seguidas de notorios incrementos de los ingresos, mientras a los eventos antidemocráticos les siguen claras reducciones. Su conclusión es que los países pueden desarrollarse más rápidamente protegiendo los derechos de propiedad, promoviendo la independencia de la justicia, atacando la corrupción, desmantelando las pesadas regulaciones, permitiendo la libertad de prensa y protegiendo los derechos políticos y las libertades civiles.

Conclusiones similares obtienen Gwartney, Holcombe y Lawson (2004). Chong y Calderón (2000) midieron empíricamente el vínculo entre medidas de desarrollo institucional y pobreza durante el periodo 1960-1990 y concluyeron que, cuanto más eficientes son estas, menor es el grado, incidencia y severidad de la pobreza. Sus regresiones muestran resultados favorables para una medida general de calidad institucional como también para un índice de riesgo de expropiación y otro de calidad de la burocracia. Niclas Berggren (1999) mide la relación entre libertad económica e igualdad de ingresos y descubre que cuanto mayor fue el incremento de libertad económica durante el periodo 1975-1985, mayor es el nivel de igualdad en este último año [1].

Por supuesto, también la actividad emprendedora está vinculada con una mayor cantidad de oportunidades. Nyström (2008) y Bjørnskov y Foss (2007) ofrecen evidencias sobre los determinantes de la actividad emprendedora respecto a un conjunto de países, mostrando que mayores niveles de libertad económica, un menor tamaño del gobierno, una adecuada estructura legal y de respeto al derecho de propiedad, y menores regulaciones al crédito, al trabajo y a los negocios, tienden a incrementar la actividad emprendedora.

[1]. En cuanto a la relación con algunos indicadores sociales, Baldocci et al (2004) concluyen: “Mejorar la gobernabilidad es un poderoso instrumento para mejorar los indicadores sociales y el crecimiento. Un cambio en el índice de gobernabilidad desde un promedio bajo a uno alto es asociado con una reducción inmediata de 0,5 puntos porcentuales en la mortalidad infantil, un incremento de 6 puntos porcentuales en la tasa compuesta de ingreso a la educación, y un crecimiento de 1,6 puntos porcentuales en el crecimiento del PBI per cápita. A través del impacto reforzador de un mayor ingreso sobre el capital humano, esta medida puede llevar aun a mejores indicadores sociales. Por ejemplo, puede incrementar el ingreso a la escuela primaria en 10 puntos porcentuales en diez años sin recursos adicionales. El impacto positivo de elevar un país de un nivel menor a uno superior al promedio es comparable con un incremento del gasto en educación de 1% del PBI”. (p. 26).