Mucha economía del bienestar, pero cuando quieren regular el tabaco, a la basura va el excedente del consumidor

La revista Regulation, del Cato Institute, cumple 40 años y trae algunos artículos que analizan la evolución de las regulaciones en ese período. Pero antes de verlos, es interesante este artículo de Pierre Lemieux, que se refiere a las regulaciones sobre las advertencias gráficas en los cigarrillos, pero que considera la cuestión de la economía del bienestar, el excedente del consumidor y el análisis de beneficios y costos. Van algunos párrafos: https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2017/3/regulation-v40n1-4.pdf

INDIVIDUOS INCOMPETENTES?

Hay muchos problemas con estos ataques sobre el excedente del consumidor y el análisis de costo-beneficio. No está en absoluto claro que la adicción o desinformación es suficiente para negar el excedente del consumidor de los fumadores.

Los consumidores adictos pueden tomar decisiones que maximicen su utilidad. Gary Becker, ganador del Premio de Economía 1992 de Nobel, demostró cómo la adicción puede ser una respuesta racional a circunstancias difíciles de la vida. Los adictos no son felices, pero son, según su propia evaluación, menos infelices de lo que de otra manera serían. Y sabemos que dejar de fumar no es imposible. Dos activistas contra el tabaquismo, Gerard Hastings y Crawford Moodie, lo admiten sin rodeos en un artículo sobre el control del tabaco (“Death of a Salesman”, abril de 2015):

Que [los fumadores] son ​​susceptibles de cambio es indudable: en Australia (como en muchos otros mercados) hay más ex fumadores que los fumadores actuales.

Supongamos que, como sostienen los nueve “economistas prominentes”, cerca de la mitad de los fumadores “eran fumadores diarios antes de los 18 años” y por lo tanto eran adictos. Sería cierto que la mayoría no eran adictos antes de ser reconocidos como adultos.

La segunda razón principal invocada para negar el excedente del consumidor en el caso del tabaquismo es la alegación de que los consumidores carecen de información suficiente sobre las consecuencias para la salud del tabaquismo. La verdad en esto está lejos de ser obvia. Según la investigación del economista W. “Kip” Viscusi de Vanderbilt, los consumidores no subestiman el riesgo de fumar, pero, por el contrario, lo sobreestiman en comparación con las propias estimaciones del gobierno de los Estados Unidos. Según las estimaciones oficiales, la probabilidad de muerte por cáncer de pulmón de los fumadores es de 0,08 y 0,26 de todas las enfermedades relacionadas con el tabaquismo, mientras que las personas ponen estos riesgos en promedio, respectivamente, entre 0,41 y 0,50.

Además, el análisis de la opción pública sugiere que los funcionarios gubernamentales y los expertos en salud pública, a menudo subvencionados, tienen sus propios incentivos para engañar y desinformar a los ciudadanos para aumentar su poder y ventajas.

Además de la adicción y la desinformación, otras justificaciones para negar el excedente del consumidor se relacionan con fallas personales tales como limitaciones cognitivas, falta de autocontrol e inconsistencia del tiempo. La inconsistencia del tiempo significa que un individuo descuentan el futuro lejano a una tarifa más alta que el futuro próximo, llevando a los regrets mientras que el futuro se acerca.

Sin embargo, los funcionarios del gobierno, es decir, los políticos y los burócratas, sufren los mismos fracasos que los individuos ordinarios. Además, los políticos son apoyados por estos mismos individuos que son asumidos incapaces de determinar lo que es bueno para sí mismos. Y los burócratas son contratados, aunque sea indirectamente, por estos mismos políticos.

Los economistas anti-tabaco a menudo resumen las razones de la intervención del gobierno en la captura de todas las “fallas del mercado”, es decir, las externalidades. El problema es que hay pocas o ninguna externalidades reales en fumar. Para salvar el argumento, conciben la adicción, la información imperfecta y las limitaciones cognitivas como “internalidades”, una especie de externalidad interna, un castigo de oxímor que el fumador se impone a sí mismo. Contrariamente a la normativa de la economía normativa, esta es una receta para el elitismo coercitivo. No hay razón para creer que los políticos, los burócratas y los reyes-filósofos académicos que decidan en el lugar de los individuos mejoren los intereses “reales” de este último. Los fracasos políticos son por lo menos tan malos -y generalmente más catastróficos que los fracasos del mercado, incluso cuando estos últimos existen. Jonathan Gruber, economista del Instituto de Tecnología de Massachusetts, consultor de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés) y firmante del artículo de los nueve economistas, ilustró la magnitud de los fracasos políticos en un sistema democrático. En un video memorable (fácil de encontrar en YouTube), Gruber declaró que la ACA no podría haber pasado sin “la estupidez del votante estadounidense” y una “falta de transparencia”, que proporcionó a ACA aboga por “una enorme ventaja política”.

No fumo, pero los que fuman tienen derecho a hacer con sus pulmones lo que les parezca. Sin externalidades, claro

La revista Regulation, del Cato Institute, cumple 40 años y trae algunos artículos que analizan la evolución de las regulaciones en ese período. Pero antes de verlos, es interesante este artículo de Pierre Lemieux, que se refiere a las regulaciones sobre las advertencias gráficas en los cigarrillos, pero que considera la cuestión de la economía del bienestar, el excedente del consumidor y el análisis de beneficios y costos. Van algunos párrafos: https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2017/3/regulation-v40n1-4.pdf

FUMAR Y 1776

Los gobiernos y sus asesores económicos han mirado muy duro por razones de ignorar el excedente del consumidor. No es sorprendente que los encontraran. Si parecían tan difíciles de entender por qué las políticas antitabáquicas reducen el excedente del consumidor y la utilidad en general, podrían encontrarlas también, así como otros problemas. Aquí hay algunas ideas para ellos.

¿Quién sabe qué envoltorio feo, impuesto por el gobierno puede hacer para el sentido de la estética de las personas a largo plazo? ¿Y quién sabe cómo se ha dañado la sociabilidad desterrando a los fumadores de lugares privados etiquetados como “lugares públicos”, y cuáles son las consecuencias a largo plazo de este apartheid de estilo de vida? (Tenga en cuenta que es ilegal abrir restaurantes o bares “sólo para fumadores y tolerantes al humo de segunda mano”).

Pero hay algo peor, incluso si eso nos lleva a tener ideas que no son muy utilizadas desde la Declaración de Independencia y la Declaración de Derechos. La intromisión oficial con el excedente del consumidor aumenta la probabilidad de tiranía y la expectativa matemática de su costo. Si la curva de demanda de un individuo no tiene un significado normativo, si un individuo no puede determinar lo que es bueno para sí mismo, ¿quién lo hará? Mayorías incoherentes, hombres políticos fuertes, burócratas sin rostro o reyes filósofos en sus torres de marfil académicas? ¿Cuántos otros bienes y servicios aparte del tabaco se declararán espejismos utilitarios sin beneficio real? ¿Dónde está el excedente del consumidor para vehículos utilitarios deportivos, caza, piscinas, libros D.H. Lawrence, vino, coches eléctricos o revistas académicas?

El costo de aplicar la guerra al excedente del consumidor también puede ser mayor de lo previsto por los prohibicionistas del tabaco, los reguladores y los nueve “economistas prominentes”. El asesinato de Eric Garner por policías de la ciudad de Nueva York mientras son arrestados por vender cigarrillos de contrabando debe recordarnos que La guerra contra el tabaquismo también destruye vidas.

“Fumar literalmente vuelve a conectar el cerebro”, afirman los “economistas prominentes”, citando un artículo en un diario neuropsiquiátrico. Pero la tiranía es sin duda una adicción peor que fumar. ¿Acaso el hábito de pedir soluciones autoritarias a los problemas percibidos también cambia el cerebro -incluyendo los cerebros de los expertos en salud pública que pasan toda su vida en medios donde son constantemente bombardeados con tales ideas? En el Estado (Liberty Fund, 1985, 1998), Anthony de Jasay escribe sobre la posibilidad de una adicción a largo plazo al gobierno.

¿Qué concluir de esta breve reseña de la guerra sobre el excedente del consumidor? La intromisión con el excedente del consumidor y la redefinición de la metodología del análisis costo-beneficio para ajustarse a las preferencias del analista o de sus amos políticos es peligrosa. Es un beneficio, no un costo, que las limitaciones constitucionales se opongan a esa ingeniería social.

En el caso del tabaquismo y otras actividades, podemos esperar que la Primera Enmienda sea más firmemente reconocida como dando protección a la expresión comercial como lo hace, por ejemplo, la libertad de expresión de los economistas prominentes en el Control del Tabaco. Con un poco de ilusión, también podríamos esperar que la Cuarta Enmienda proteja los derechos de propiedad de los productores en sus propios envases “.

LECTURAS

■ “A Theory of Rational Addiction,” by Gary S. Becker and Kevin M. Murphy. Journal of Political Economy 96:4 (1988), 675–700.

■ “An Evaluation of the FDA’s Analysis of the Costs  and Benefits of the Graphic Warning Label Regulation,”by Frank J. Chaloupka et al.TobaccoControl 24:2 (2015), 112–119.

■ Cost-Benefit Analysis: An Informal Introduction, by E.J. Mishan. Unwin-Hyman, 1988.

■ “Risk Beliefs and Preferences for E-cigarettes,” by W. Kip Viscusi. American Journal of Health Economics 2:2 (2016), 213–240.

■ “The Social Costs of Tobacco Smoking,” by A. Markandya and D.W. Pearce. British Journal of Addiction 84:10 (1989), 1139–1150.

Más sobre la economía del bienestar, el superávit del consumidor, el tabaquismo y las advertencias publicitarias

La revista Regulation, del Cato Institute, cumple 40 años y trae algunos artículos que analizan la evolución de las regulaciones en ese período. Pero antes de verlos, es interesante este artículo de Pierre Lemieux, que se refiere a las regulaciones sobre las advertencias gráficas en los cigarrillos, pero que considera la cuestión de la economía del bienestar, el excedente del consumidor y el análisis de beneficios y costos. Van algunos párrafos: https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2017/3/regulation-v40n1-4.pdf

“Durante décadas, la literatura de salud pública ignoró el método económico y consideró el tabaquismo como una enfermedad involuntaria que sólo tenía costos y ningún beneficio. Contrariamente a la economía del bienestar ya los análisis de costo-beneficio, la teoría y la promoción de la salud pública se basaron en las preferencias de quienes realizan la investigación y la promoción. En sus declaraciones de política pública, la investigación en salud pública era casi científica. Esto no es sorprendente porque la salud pública contemporánea es más un movimiento político que un campo científico de estudio. (Ver “Los peligros de la salud pública”, otoño de 2015.)

A partir de la década de 1980, varios economistas mostraron que la investigación en salud pública sobre los costos y beneficios del tabaquismo era metodológicamente errónea. Los investigadores en salud pública no tuvieron en cuenta los beneficios subjetivos de los fumadores. Confundían los costos privados y externos, suponiendo que la productividad de un fumador pertenece a la “sociedad”. Confundían costos reales y meros traslados. Cometían muchos otros errores elementales. En un artículo del British Journal of Addiction de 1989, los economistas A. Markandya y D.W. Pearce escribió: “La conclusión primordial sobre la literatura empírica debe ser que las diversas estimaciones producidas generalmente carecen de fundamento en una teoría adecuada del costo social”. Muchos otros economistas mostraron que, con una contabilidad adecuada de los costos, no había un costo externo neto de fumar. La demostración fue devastadora, o debería haber sido.

En la década de 1990, el Banco Mundial vino al rescate del movimiento antitabaco. Esta organización reunió a un grupo de economistas que comenzaron a hacer el análisis costo-beneficio en su cabeza. Afirmaron que los fumadores no tenían el excedente del consumidor que creían tener porque carecían de información completa sobre las consecuencias para la salud del tabaquismo y porque eran adictos al tabaco. Su argumento era irregular, pero se podría argumentar que fue una gran mejora sobre el desierto metodológico de la defensa de la salud pública. (Véase “La economía del tabaco del Banco Mundial”, otoño de 2001.)

Sin embargo, los economistas del Banco Mundial fueron prudentes. “Los fumadores claramente reciben beneficios del tabaquismo”, admitió un cuarteto de autores que incluía al conocido economista Frank Chaloupka en un libro de 2000 patrocinado por el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, “de lo contrario no pagarían por hacerlo”. Kenneth Warner, profesor del Departamento de Gestión y Política de Salud de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Michigan y otro economista externo del Banco Mundial, escribió que “el tabaco produce utilidad para algunos miembros de la sociedad” y “esto La utilidad merece el reconocimiento (y tal vez algún respeto) en la planificación de una política de control óptima “.

Nueve “economistas prominentes”

Esta prudencia pronto fue rechazada. Una vez descubierto el truco del excedente de los cultivos, los economistas dirigistas y los activistas de salud pública se convirtieron rápidamente en adictos a esta nicotina metodológica. Ellos eran asistidos por el elitismo del campo en desarrollo de la economía conductual, que tiende a rechazar el valor normativo de las preferencias individuales.

Hoy, los economistas revisionistas y sus nuevos ventiladores de la salud pública abiertamente demandan que el análisis estándar del coste-beneficio no se aplica al tabaco. Los fumadores mal informados y adictos no pueden tomar decisiones racionales y prácticamente no tienen excedentes de consumo, afirman. Por ejemplo, nueve economistas, presentándose como “un grupo de economistas prominentes”, hicieron este argumento en un artículo de Control del Tabaco de 2014. Criticaron a la FDA por tomar el análisis de costo-beneficio demasiado en serio cuando evaluó los beneficios sociales y los costos de las advertencias gráficas (antes de que su mandato fuera anulado por un tribunal).

Los “economistas prominentes” rechazaron los “supuestos de la teoría económica tradicional” y declararon que “casi todo el” placer perdido “del uso del tabaco, tal como se representa por el excedente del consumidor medido convencionalmente, no debería ser incluido como costo en los análisis de la FDA Económico de sus reglamentos sobre el tabaco “. Es breve, escribieron,” nos parece inapropiado medir el área bajo una curva de demanda para definir el bienestar “.

El control del tabaco es una criatura interesante en sí mismo. A pesar de todas las campanas y silbidos de una revista revisada por pares, se parece más a un órgano activista del movimiento contra el tabaquismo. Kenneth Warner, uno de los economistas raros asociados con el control del tabaco y el presidente de su consejo editorial, fue uno de los firmantes del artículo. Tanto Warner como Chaloupka ejemplifican a los economistas que han descartado el excedente del consumidor al tratar con el tabaco.

Antes del artículo sobre el control del tabaco de 2014, la FDA no era un portaestandarte del análisis de costo-beneficio ni un brillante defensor del excedente del consumidor. Su análisis de costo-beneficio de 2011 -el criticado en el artículo de los nueve economistas- reconoció que “el concepto de excedente del consumidor es una herramienta básica de la economía del bienestar”. Esta herramienta no podía ser rechazada si se realizaba un “análisis completo y objetivo” A realizarse de acuerdo con las directrices federales. Sin embargo, sugirió recortar el 50% del excedente del consumidor de los fumadores, frente al 75% propugnado por el Banco Mundial y el artículo sobre el control del tabaco.

Las manipulaciones de la FDA y los nueve economistas son bastante complicadas y desordenadas. El “análisis de costo-beneficio” del gobierno australiano hizo todo más fácil simplemente rechazando el excedente del consumidor por completo. Invocando a los “economistas prominentes”, un resumen de dos páginas en el informe concluye que “la pérdida del excedente del consumidor no es una consideración apropiada con respecto a las intervenciones de control del tabaco” porque fumar no representa la “verdadera preferencia” de los fumadores.”

Esta modificación ad hoc a la metodología económica estándar viola las propias reglas del gobierno australiano para el análisis de costo-beneficio, que no mencionan ninguna posibilidad de incluso reducir el excedente del consumidor. Por el contrario, su Manual de Análisis de Costo-Beneficio claramente afirma: “Un principio básico es que los bienes valen lo que la gente está dispuesta a pagar por ellos”. Pero cuando usted quiere absolutamente probar algo, incluso los principios básicos no deben ser obstáculos.”

El salario mínimo y un problema insalvable para la Economía del Bienestar

En un reciente decálogo del progresismo en los Estados Unidos figuraba como una de las banderas más importantes la lucha por un salario mínimo más alto. La revista Regulation, del Cato Institute, trae un par de artículos sobre el tema y uno de ellos en particular trata el asunto desde una perspectiva interesante y, al mismo tiempo, contundente. Pierre Lemieux, de la Universidad de Quebec, escribe “From Minimum Wages to Maximum Politics”: http://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2014/7/regulation-v37n2-4.pdf

Va algo de la sección: “Un problema en la Economía del Bienestar”, un problema en verdad que está en el corazón de ese enfoque de la economía y sobre el que no parece tener respuesta. El problema, por supuesto, se extiende mucho más allá del salario mínimo, a todo tipo de política pública redistributiva.

El artículo comienza comentando un estudio de la agencia gubernamental Congressional Budget Office que indica que el aumento propuesto de $7,25 a $10,10 por hora generaría la pérdida de 500.000 puestos de trabajo hacia 2016. La lógica económica es simple: un aumento del precio se refleja en una reducción en la cantidad. Pero esto va más allá:

“No importa como se interpreten los datos, un aumento en el salario mínimo va a dañar a ciertas personas y beneficiar a otras. Es inconcebible que dicha política pueda beneficiar a todos y dañar a ninguno. Esto nos deja entonces con el tradicional problema en la economía del bienestar: cómo evaluar una medida política que no es una mejora de Pareto. Dicha evaluación no puede hacerse sin algunos juicios de valor extra-económicos.

Imaginemos una situación donde, antes de establecer un salario mínimo, 5% de los trabajadores empleados reciben un sueldo más bajo que el mínimo propuesto. Muchos de estos empleados con salarios bajos pueden ser pobres, aunque virtualmente todos los que quieren un empleo lo obtienen. Una cierta distribución del ingreso (y la utilidad) se generaría. Al fondo de la distribución, la pobreza sería una consecuencia de la libertad que todos tienen de aceptar contratos de empleo con salarios acordados mutuamente por las partes.

Bajo una ley de salario mínimo o con un incremento de ese mínimo, la distribución del ingreso (y la utilidad) cambiará. Algunos de los pobres, como también algunos de los no-pobres, tendrán salarios más altos. Pero es muy probable que otros perderán sus empleos y serán más pobres. Ya sea que los nuevos pobres sean un millón, 500.000 o solo uno, el problema de la economía del bienestar es el mismo. La distribución ha cambiado por medio de regulaciones gubernamentales coercitivas, significando esto que los nuevos pobres no cumplirían con esta norma si ellos, y sus empleadores potenciales, no fueran forzados a hacerlo. Al fondo de la distribución, cierta pobreza es el resultado de la decisión política y su aplicación burocrática o, en otros términos, del poder de coerción de unos individuos sobre otros.

Respondiendo al dilema libertad-coerción un economista respondió en una encuesta: “¿Alguna vez te has sentado a escuchar a un niño llorar de hambre?” Ese comentario es perfecto para una campaña ante la opinión pública, pero también ilustra el problema del bienestar. Veamos esta historia.”

El autor plantea luego que con el salario mínimo algunos niños van a dejar de llorar pero luego otros van a empezar a llorar o a llorar más fuerte. ¿En base a qué criterio van a decidir que el llanto de unos es más desgarrador que el llanto de otros?

“Un político y su asesor económico enfrentan dos alternativas. ¿Dejarán que algunos bebes lloren, y esperarán a que una creciente prosperidad los alimente? ¿O alimentarán a algunos con la comida de otras bocas en llanto? Una pregunta relacionada es cuántos niños llorando en un lado justifican tomar la comida de la boca de otros. Esos son juicios de valor que en definitiva los economistas deberán realizar cuando fijan una posición en el debate sobre el salario mínimo.”