¿Es necesaria una reforma política para que luego sea posible una desregulación de la economía? El caso de Estados Unidos

La revista Regulation, publicada por el Cato Institute, cumplió 40 años. Con motivo de ello, sus editores, Peter van Doren y Thomas Firey, publican un interesante artículo evaluando ese período en relación al desarrollo de la teoría y las políticas públicas relacionadas con las regulaciones. Aquí van algunos párrafos. El texto completo en: https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2017/3/regulation-v40n1-1-updated-2.pdf

HACIA UNA FUTURA REFORMA

¿Pueden lograrse liberalizaciones adicionales en un futuro próximo? Los reformadores han sugerido tres estrategias para impulsar una nueva desregulación: la reforma electoral, la reforma del proceso y la educación. Consideramos cada uno de ellos a continuación.

¿Reforma electoral? Muchos defensores de la desregulación han argumentado que una reforma adicional sólo puede lograrse a través del sistema político: elegir a políticos más pro-libres del mercado a Washington ya las capitales de los estados. El nuevo Congreso controlado por los republicanos y la administración Trump parecen ejemplificar este enfoque. La plataforma del Candidato Trump incluyó el voto audaz de revertir el “75%” de las regulaciones federales, y la desregulación ha sido una promesa de campaña republicana estándar por décadas. El Presidente Trump ya ha ordenado que la emisión de cualquier nueva regulación federal vaya acompañada de la derogación de dos reglamentos y que el costo de cumplir con las regulaciones federales se congelará para el próximo año para que el costo incremental de las nuevas regulaciones sea compensado por el costo regulatorio Reducciones en otros lugares. Mientras tanto, los republicanos en el Congreso han comenzado a utilizar la Ley de Revisión del Congreso (CRA), que raramente se ha disparado, para revocar los reglamentos emitidos en los últimos meses de la administración Obama. (Ver “La medianoche de ajuste de Obama”, página 5.)

Pero más allá de las acciones de la CRA, no está claro qué pasos concretos tomará la nueva administración y los legisladores del Congreso -o incluso lo que significa revocar el “75% de la regulación federal” o dos reglamentaciones antiguas para una nueva. Aunque muchas de las buenas ideas de reforma regulatoria han sido sugeridas por los think tanks de DC, investigadores universitarios de políticas y empleados del comité de Capitol Hill, ninguno ha sido públicamente abrazado como iniciativas importantes del Congreso o de la Casa Blanca Trump, Años noventa Es justo preguntarse si los votos de desregulación de los políticos son más atmosféricos que objetivos políticos reales.

Además, no está claro si tendrán un verdadero apoyo electoral para una acción audaz. Los votantes pueden decir que apoyan la “desregulación”, pero su comportamiento de voto sugiere que realmente están desinteresados ​​en la regulación o aceptan la antigua hipótesis de interés público de que los reguladores gubernamentales invariablemente benefician al público. Además, suelen recompensar a los políticos por inclinar el mercado en beneficio de ciertos intereses especiales.

En demasiados casos, si un miembro del Congreso despreciaba la reglamentación y otros favores económicos en general, sólo tendría éxito en privar a los intereses especiales en su distrito de los beneficios de “jugar” al mercado, y de “logrolling” Asegurar el apoyo de los colegas del Congreso a las políticas importantes para sus electores. Como resultado, sus electores tendrían que soportar cargas reguladoras más pesadas y pagar impuestos y precios más altos, mientras que los legisladores de otros distritos otorgarían a sus electores los beneficios de los programas gubernamentales y acuerdos de logrolling.

Cualquier legislador que quiera ser reelegido (que es prácticamente todos ellos) se da cuenta de que una posición de principios contra el favoritismo económico costará sus votos y el apoyo financiero necesario para la reelección. Un legislador que promete votar en contra de favores económicos y luego lo hace no puede contar con la reelección a menos que sus electores estén de alguna manera obligados a reelegirla si se apega a esa promesa. Los legisladores reformistas están atrapados en el juego del “dilema del prisionero”: son seguros sólo mientras se mantengan unidos y mantengan una posición de mayoría indiscutible en la legislatura. Pero si esa mayoría se rompe, los beneficios van a los desertores, mientras que los no desertores serán castigados. Esta toma de conciencia afecta a muchos políticos reformistas.

Algunos reformadores electorales han sugerido a los funcionarios de limitar el mandato para interrumpir este juego reduciendo las presiones de la reelección. Pero mientras un legislador tenga la oportunidad de ser reelegido incluso una vez, o pasar a otra oficina electa, habrá tentación de abandonar la promesa y buscar el apoyo de intereses especiales. Además, los constituyentes que imponen límites a sus funcionarios electos se ponen en desventaja frente a distritos vecinos que no adoptan límites. Nuevamente, estos constituyentes se privarían de favores económicos pero todavía pagarían los impuestos y los precios más altos que financian los favores del gobierno que fluirán en otra parte.

¿Qué sucede si los límites de mandato se impusieron constitucionalmente en toda una legislatura? Eso no eliminaría el problema subyacente del interés propio de los constituyentes. En vez de volver a nombrar a los mismos políticos para la reelección, las organizaciones del partido encontrarían candidatos que lucharían fielmente para continuar entregando los favores económicos perseguidos por sus precursores que salen. Los legisladores específicos podrían cambiar, pero los juegos políticos y económicos continuarán.”

Curiosamente, fueron los políticos de centro izquierda quienes comenzaron las desregulaciones en los años 80s

La revista Regulation, publicada por el Cato Institute, cumplió 40 años. Con motivo de ello, sus editores, Peter van Doren y Thomas Firey, publican un interesante artículo evaluando ese período en relación al desarrollo de la teoría y las políticas públicas relacionadas con las regulaciones. Aquí van algunos párrafos. El texto completo en: https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2017/3/regulation-v40n1-1-updated-2.pdf

LOS POLICYMAKERS ABRAZAN LA DEREGULACIÓN (A VECES)

De acuerdo con la teoría económica de la regulación, el cambio de política se produce como resultado de los incentivos de las autoridades. Las investigaciones que demuestran que los mercados específicos funcionan bien sin regulación y que la regulación existente perjudica el bienestar público no es, por sí misma, un incentivo suficiente para la desregulación. La última parte del siglo XX proporcionó incentivos más efectivos para el cambio de políticas -en algunos casos.

A partir de la década de 1960 (si no antes), Estados Unidos enfrentó una revitalizada competencia económica de países que habían reconstruido sus capacidades industriales tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, la economía estadounidense estaba luchando bajo las crecientes cargas fiscales de los programas de la Gran Sociedad y la Guerra de Vietnam, así como la creciente inflación de los esfuerzos de la Reserva Federal para estimular la economía. Esas luchas contribuyeron a la “Estagflación” de finales de los años sesenta y setenta, ya que los episodios de alto desempleo y la inflación de dos dígitos provocaron demandas políticas de cambio de políticas que mejorarían la eficiencia económica.

Los movimientos iniciales hacia la liberalización de algunos mercados se hicieron tan pronto como la administración de John F. Kennedy y más adelante en la administración de Gerald Ford. Pero el movimiento de desregulación realmente despegó en la segunda mitad de los años setenta. Como se señaló anteriormente, el senador Ted Kennedy, con la ayuda del asesor del comité, Stephen Breyer, aprovechó la investigación económica indicando que la desregulación de ciertas partes del sector del transporte reduciría los precios sin provocar las sombrías consecuencias que los reguladores habían pronosticado. Para los legisladores que estaban luchando con la estanflación, la oportunidad de bajar los precios y estimular la economía simplemente reduciendo la intervención del gobierno fue atractiva.

EL SIGLO XXI

El impulso para la liberalización del mercado se revirtió en el nuevo siglo. Ningún cambio de política en los últimos 16 años parecería calificar como una importante desregulación, mientras que iniciativas tales como la Ley de PATRIOTA de los Estados Unidos de 2001, Ley de Gobernanza Corporativa Sarbanes-Oxley, 2002 y leyes agrícolas subsecuentes, Ley de Asistencia Asequible, 2010 La ley de regulación financiera de Dodd-Frank y las regulaciones de “neutralidad neta” de la Comisión Federal de Comunicaciones de 2015 han ampliado la intervención federal en los mercados y añadido decenas de miles de páginas al Código de Regulaciones Federales de los Estados Unidos.

Al igual que el período desregulatorio anterior, esta nueva era puede atribuirse en parte a los acontecimientos externos, es decir, a los acontecimientos de noticias importantes. Los ataques terroristas de 2001 a Al Qaeda en Nueva York y Washington y los escándalos contables de 2001-2002 motivaron la Ley PATRIOT y la Ley Sarbanes-Oxley, respectivamente, mientras que la crisis financiera de 2007-2008 y la consiguiente recesión propulsaron a Dodd-Frank.

Esta pérdida de impulso desregulador es desafortunada ya que hay muchos beneficios públicos que se obtendrán de una mayor liberalización -como se documenta regularmente en las páginas del Reglamento. Algunos de estos beneficios perdidos han adquirido atención pública y política en los últimos años; por ejemplo, el uso de la tierra (por ejemplo, zonificación relajante y restricciones de construcción), atención médica (por ejemplo, flexibilización de los requisitos de aprobación de medicamentos) y licencias ocupacionales Reduciendo la formación y los requisitos de licencia), pero la reforma continúa lentamente, si es que se produce.”

La irresponsabilidad fiscal no es monopolio argentino (ufa!): Estados Unidos también es un desastre

Muchos pensamos que nuestros países muestran una mala gestión fiscal, para decirlo en forma algo benigna. Pero otros países no son ningún ejemplo, tal el caso de los Estados Unidos. Michael Tanner, Senior Fellow del Cato Institute, comenta la situación fiscal de ese país (http://www.cato.org/policy-report/mayjune-2015/running-out-other-peoples-money):

“…Si los crecientes déficits fiscales anuales representan la irresponsabilidad fiscal de un año a otro, el total acumulado de tal irresponsabilidad es la deuda pública, que ha llegado ya a casi 18.200 billones de dólares. Pongamos esto en perspectiva: los Los Angeles Dodgers tienen el equipo mejor pagado del baseball. Por 18.200 billones podríamos pagarles a los Dodgers por 65.204 años y todavía nos quedaría dinero para un par de pitchers libres. Y, hablando de Los Angeles, $18.200 billones permitiría comprar todas las propiedades de la ciudad, 38 veces. Si tuviéramos que repagar la deuda pública a un ritmo de un dólar por segundo nos tomaría 576.736 años. La porción de deuda de cada norteamericano es de 56.750 dólares.

El gobierno de Estados Unidos clasifica oficialmente la deuda de dos formas. La primera es ‘en poder del público’, que son los bonos en manos de individuos, empresas, gobiernos extranjeros y otras entidades que no sean el gobierno federal. Al 1 de Abril esta deuda alcanzaba 13.100 billones y representaba 74% del PIB, el porcentaje más alto desde la Segunda Guerra Mundial.

La segunda clasificación es deuda ‘intra-gubernamental’, deudas del gobierno federal consigo mismo, como la del Fondo de la Seguridad Social. Los más de cien fideicomisos y cuentas especiales tienen hoy 5.060 billones de dólares en deuda, cuya porción principal es con la Seguridad Social (2.730 billones) y Medicare (287.000 millones). Si combinamos la deuda en poder del público y la intra-gubernamental llegamos a los 18.200 billones.

Esto es más del 101% del PIB proyectado para fines de este año. Consideremos esto. Debemos actualmente más del valor total de todos los bienes y servicios que se producen en el país en un año. “

Pero esto no incluye la deuda implícita.

“Las obligaciones futuras no financiadas de la Seguridad Social son ahora más de 24.900 billones de dólares. Las de Medicare son más difíciles de determinar, debido a la reciente reforma de la salud. En 2009 se estimaban en 88.900 billones. Desde entonces la inflación en servicios de salud ha sido algo más baja. Los economistas debate la razón de esto y si va a continuar pero ha resultado en una reducción de los pasivos no cubiertos a solo 47.600 billones.

Así, la deuda federal combinada (la que posee el público, la intergubernamental y la implícita) totaliza 90.500 billones de dólares. Eso es plata en serio, incluso en Washington, casi $282.000 por cada habitante en Estados Unidos. Los estudiantes que hoy se gradúan se preocupan por su deuda universitaria. Eso es nada comparado con lo que deben como su parte de la deuda pública.

Más aún, estas proyecciones asumen que las tasas de interés de la deuda pública se mantendrán a los niveles actuales, cercanos al 2%. Aun a este nivel, los intereses de la deuda son cada vez una porción más grande del presupuesto. Este año el gobierno federal pagará 229.000 millones en intereses. Para 2024 con una modesta suba de intereses crecería a 808.000 millones. Y algo después superaría el billón de dólares cada año. Para 2035, los intereses de la deuda competirían con Medicare como el segundo ítem más importante del presupuesto, detrás de la Seguridad Social.

Y las tasas de interés pueden no seguir tan bajas. Se estima que un aumento de un punto porcentual agrega 1.000 billones en intereses en la década siguiente. En las dos décadas pasadas el promedio de tasa de la deuda pública fue de 5,7%. Por lo tanto, si las tasas retornaran a algo similar a esos niveles tradicionales, se agregarían billones de dólares a las obligaciones futuras.”

En el Super Bowl del gasto público y la deuda, los “Políticos” le ganan a los “Contribuyentes”

Los norteamericanos dan mucha importancia al discurso presidencial durante la inauguración de las sesiones anuales del Congreso. Este discurso se ha dado en llamar “Estado de la Unión”, donde el presidente evalúa la situación y perspectivas del país. John Goodman analiza ese discurso para el Independent Institute: http://www.independent.org/newsroom/article.asp?id=5284

Casa Blanca

Algunos párrafos:

‘La sombra de la crisis ha pasado’, nos dijo el presidente Obama el martes por la noche. ‘El Estado de la Unión es sólido’, agregó. Pero, ¿lo es realmente?

Si usted hubiera acumulado una deuda más de 20 veces el monto de su ingreso familiar, ¿diría que sus finanzas domésticas están en buena forma? Bueno, ahí es donde se encuentra este país. En casi una docena de programas sociales (‘entitlements’: se refiere a programas en los cuales se genera un derecho a recibir un beneficio), hemos hecho promesas que no hemos podido pagar. En el proceso, estamos dejando una enorme carga financiera a nuestros hijos y nietos.

¿Y qué es lo que el presidente propuso hacer con este problema? Básicamente dejarlo como está y agregarle algo más. Como comentó David Jackson: “Citando el legado de los programas de Seguridad Social, Medicare y ayuda universitaria, Obama le dijo al Congreso controlado por Republicanos que ‘la economía de la clase media funciona’ y ‘estas políticas continuarán funcionando en tanto la política no se entrometa con ellas’.

La nueva oferta incluye:

… nuevos créditos fiscales para el cuidado de la infancia, y programas para incluir dos años gratuitos en las universidades, bajas tasas de interés en los seguros hipotecarios y nuevos requerimientos para las licencias por enfermedad.

Básicamente, hay dos tipos de deuda –la que usted escucha mencionar y la que no. La primera es deuda nacional en poder del público en la forma de bonos gubernamentales. El último número de esta es algo mayor a los $13 billones. La segunda es la diferencia entre promesas realizadas a largo plazo –para pensiones, gastos de salud e incapacidad- y el ingreso que esperamos para financiar esas promesas en la forma de impuestos, primas, etc. Este segundo tipo de deuda es enorme. El economista de Boston University, Laurence Kotlikoff la estima es unos asombrosos $210 billones. Escribe Kotlikoff:

‘La brecha fiscal –la diferencia entre las obligaciones financieras proyectadas de nuestro gobierno y el valor presente de todos los ingresos fiscales previstos- es, efectivamente, nuestra tarjeta de crédito nacional. Eliminarla requeriría un aumento inmediato y permanente del 59% en los impuestos nacionales. También podría ser un recorte permanente del 38% en el gasto público. Cuanto más esperemos, mayor será el problema. Si, por ejemplo, no hacemos nada por 20 años, el aumento de los impuestos nacionales llegaría al 70%, o el recorte de gastos requerido al 43%.’

Además, para resolver el problema fiscal, el aumento del 59% en impuestos debería colocarse en un banco e invertirse –no gastarse en otras cosas como el subsidio a los estudios universitarios- hasta el día en que lleguen las cuentas. Esto demandaría un nivel de disciplina que ningún presidente o Congreso antes a podido lograr.”