Chile se apresta a discutir su sistema previsional, y esto no solamente impactará allí sino en toda América Latina

La discusión sobre el sistema jubilatorio en Chile no es importante solamente en ese país, aunque ciertamente es a quien más impacta, sino también en el resto de la región, ya que su modelo fue copiado por muchos otros países. Esto publica el Instituto Libertad y Desarrollo en un informe titulado “Pan para hoy…”: http://www.lyd.org/lyd/TemasPublicos/TP1299ANUNCIOPENSIONES.pdf

“El debate previsional en Chile se ha mantenido fuerte en la discusión pública durante el último año, producto de la preocupación existente por mejorar las pensiones. Dicha discusión ha revelado un amplio desconocimiento del funcionamiento de nuestro sistema previsional, y también el hecho que la receta más eficiente y justa para mejorar los ingresos al momento de jubilarse es aumentar el ahorro durante la vida activa. Esto, además de exigir un incremento en el esfuerzo individual, requiere necesariamente de mejoras en el mercado laboral que permitan fomentar la participación en empleos formales, de tal modo de aumentar la densidad de cotización (sobre todo para las mujeres).

Luego de un trabajo de siete meses con actores de distintos ámbitos políticos que culminó sin acuerdo, el Ejecutivo dio a conocer los principales componentes del proyecto de ley que enviaría este año en materia previsional. Lamentablemente, la propuesta erosiona los pilares del sistema vigente -basados en la retribución al esfuerzo, la confianza en el sector privado (y un Estado subsidiario) y la sustentabilidad fiscal- y podría tener consecuencias que terminen jugando en contra de los factores determinantes de una mejora en el nivel de las pensiones futuras.

El anuncio, al menos en los términos planteados hasta ahora, introduce costos innecesarios al sistema, creando una nueva burocracia estatal que administraría monopólicamente el mayor ahorro. Además, desincentiva el ahorro individual, fomenta la informalidad en el mercado laboral y genera un efecto negativo en el empleo. Lo anterior, sumado a que se optó por no aumentar la edad legal de jubilación de las mujeres, nos lleva a concluir que se desaprovechó la oportunidad de buscar perfeccionar adecuadamente, desde el punto de vista técnico, nuestro sistema previsional de tal modo de mejorar las pensiones de vejez.

EL 5% ADICIONAL Y SUS CONSECUENCIAS

La esencia del anuncio de la semana pasada dice relación con un aumento de 50% en la tasa de cotización previsional (5 puntos porcentuales), su destino y administración: el incremento señalado sería con cargo al empleador y se implementaría de manera gradual en 6 años. De los 5 puntos adicionales, en régimen, 3 puntos irían a una “cuenta personal” de los trabajadores (“heredables, de plena propiedad”, de acuerdo a lo señalado por la Presidenta) y 2 puntos a lo que se denominó “Seguro de Ahorro Colectivo”, para mejorar tanto las pensiones en curso (componente intergeneracional o de reparto) como las de aquellos que “logren menor ahorro y pensiones más bajas” (componente intrageneracional). Respecto a la administración de estos recursos, todo el mayor ahorro sería gestionado por una entidad estatal. Por último, la Presidenta señaló que esta propuesta “permitirá subir en promedio en 20% los montos de las actuales pensiones de vejez entregadas por las AFP”.

La solución planteada por el Ejecutivo aparentemente reconocería un principio básico de nuestro sistema previsional: para mejorar las pensiones se requiere de un mayor ahorro. Sin embargo, presenta de una serie de problemas que probablemente se traducirán en que la mejora en pensiones será inferior a la que se podría haber obtenido si el mayor ahorro se hubiese destinado completamente a las cuentas individuales. Primero, todo apunta a que la entidad pública anunciada responde más a presiones de carácter político que a razones técnicas. De hecho, nada asegura que una entidad estatal como ésta permitirá maximizar la rentabilidad de los ahorros y minimizar los costos de administración, únicas condiciones que permiten que un mayor ahorro se traduzca en un aumento en las pensiones. Tampoco se da certeza que su carácter “autónomo” permita eliminar los importantes riesgos de captura política de dicha institución. Su creación tampoco reconoce que el mayor ahorro es de propiedad de los trabajadores, y por ende debiesen ser ellos quienes elijan quién administre su ahorro previsional, y no el Estado quien les obligue a invertir sus recursos en la nueva institución pública. Es decir, se le otorga al Estado un monopolio sobre la administración de los recursos, obligatorio y sin ninguna competencia. Y lo que es peor, se utilizan recursos públicos que podrían haberse destinado a mejorar las pensiones de quienes más lo necesitan a través del Pilar Solidario.

Por su parte, el componente denominado “Seguro de Ahorro Colectivo” (40% del mayor ahorro, 2 de los 5 puntos de cotización adicional) corresponde netamente a un impuesto al trabajo formal para financiar pensiones de terceros. Esto podría efectos negativos en el mercado laboral, tales como incentivar la informalidad, dado que se rompe la relación entre la cotización de los trabajadores y el beneficio recibido (si la mayor cotización financia las pensiones de “otros”, disminuyen los incentivos a cotizar y a trabajar formalmente).

Respecto del 60% restante (los 3 puntos que se destinarían a una “cuenta personal”), preocupa el que en vez de permitirles decidir qué hacer con sus recursos, los trabajadores sean obligados a destinar su mayor ahorro a una entidad estatal, que no les asegura bajos costos de administración y mayor rentabilidad.

Adicionalmente, el anuncio comprometió un aumento de 20% en las pensiones de vejez autofinanciadas que hoy entregan las AFP, lo cual equivaldría a US$ 402,8 millones anuales. Si consideramos que de acuerdo a las cotizaciones vigentes cada punto de cotización equivale a cerca de US$ 700 millones anuales, esto implica que para financiar el compromiso señalado con un aumento de la cotización (tal como lo propone el anuncio), se requiere de al menos 0,6 puntos porcentuales adicionales (suponiendo que no disminuye el número de cotizantes ni el monto cotizado, lo cual es un supuesto conservador considerando los desincentivos a la cotización e incentivos a la informalidad antes mencionados).”

Sistema jubilatorio en Chile: ¿para qué crecer y progresar si nos podría ir realmente mal a todos? (II)

Continúa el análisis de Libertad y Desarrollo sobre la idea de modificar el sistema jubilatorio chileno, pero con argumentos débiles, creo yo, y sin ninguna mención a la libertad de disponer de la propiedad, ahorrarla o gastarla, invertirla o consumirla, etc:

¿COMPARACIÓN JUSTA?

Una de las razones para volver al sistema de reparto se basa en el supuesto que éste pagaría mejores pensiones que el sistema de capitalización individual. Al menos es la sensación que queda al mirar los promedios de pensión que entrega la Superintendencia de Pensiones para ambos sistemas. Al mirar las últimas cifras oficialesv, la pensión entregada por el IPS para quienes estaban en el sistema antiguo es aproximadamente 5,5% mayor que la de las AFPvi,vii. Sin embargo, dicha comparación se presta para confusión por varias razones. En primer lugar, esta comparación olvida que bajo el antiguo sistema sólo reciben pensión quienes cumplen con un número mínimo de aportesviii, lo cual de acuerdo a información del IPS, corresponde a cerca del 50% de sus imponentes. En simple, 50% de los cotizantes del sistema antiguo no reciben pensión alguna y además pierden todo lo ahorrado durante su vida activa. Tal como vemos en la Tabla N° 1, al corregir sólo por este hecho (pues en el sistema de cotización individual todos reciben sus aportes con la rentabilidad acumulada), las pensiones de vejez del sistema antiguo resultarían 47% inferiores a las que entrega el sistema vigente.

En segundo lugar, mientras la tasa de cotización del sistema de capitalización individual es cercana al 13% (incluyendo la comisión de la administradora y el seguro de invalidez y sobrevivencia de cargo al empleador)ix, la tasa de cotización vigente para los que siguen cotizando en el sistema antiguo es de aproximadamente 20% (sin incluir salud para hacer ambas cifras comparables)x. Con dicha cotización, las pensiones promedio del sistema de capitalización individual serían aún mayores que las que hoy muestra el sistema.

Existe un tercer aspecto a destacar de la tabla anterior que incrementa la brecha de las pensiones de vejez a favor del sistema de capitalización individual: éste otorga pensión de vejez a sus afiliados sin importar la densidad de cotizaciones del trabajador. Por ende, el promedio de pensión de $ 227.400 muestra la pensión promedio de vejez obtenida por quienes presentan una gran varianza de densidad de cotizaciónxi y no sólo de aquellos que cotizaron por al menos 10 años como en el caso del sistema antiguo. De hecho, dicho promedio no refleja la pensión que entregaría el sistema de capitalización individual para quienes sí cotizaron en el sistema un tiempo razonable y de manera sostenida.

Cálculos recientesxii señalan que si en el sistema de reparto la cotización fuere del 10% y se le exigiera entregar pensión a todos sus imponentes, las pensiones promedio variarían entre un cuarto y un tercio de las pensiones que entrega el sistema de capitalización individual.

SISTEMAS DE REPARTO Y SOSTENIBILIDAD DE LARGO PLAZO

Un sistema de reparto por definición financia el pago de sus pensiones con el ahorro de los trabajadores activos. Esto es insostenible en un país como el nuestro, donde el envejecimiento de la población, cada vez más acelerado, está provocando un incremento en la relación entre población pasiva y activa. De hecho, así lo respalda el mismo estudio citado anteriormentexiii, el que utilizando proyecciones de población y distintos supuestos de crecimiento en el gasto en pensiones y la evolución de las remuneraciones, estima la tasa de cotización que hasta el año 2100 necesitaría un sistema de reparto para financiar los actuales niveles de pensiones del sistema de capitalización individual.

Sus resultados concluyen que si bien en lo inmediato se podrían financiar los niveles actuales de pensiones, e incluso mejorarlos a través de la expropiación del ahorro acumulado en los fondos de pensiones, en el largo plazo el sistema sería financieramente inviable, por cuanto se requeriría duplicar e incluso llegar a tasas por sobre el 50% para mantener los beneficios constantes. Lo anterior, como resultado tanto del factor demográfico como de la significativa contribución que hace a las pensiones el retorno del capital acumulado a través del tiempo, la cual desaparece bajo un sistema de reparto.

¿HACIA DÓNDE DEBIÉSEMOS AVANZAR?

En suma, existen argumentos objetivos para señalar que la idea de volver a un sistema de reparto no es viable. Esto no significa que no debamos preguntarnos cómo mejorar las pensiones del actual sistema, de tal modo de atenuar la brecha entre éstas y las expectativas de la población. En lo esencial, deberíamos propender a eliminar barreras que nos impidan ahorrar más (en frecuencia y nivel) y por más tiempo. Esto implica no sólo revisar al alza el nivel de la tasa de cotización con aportes adicionales del empleador o del trabajador (procurando no generar informalidad que puede terminar jugando en contra del objetivo último), sino también buscar mecanismos que incentiven a que ciertos grupos de la población (mujeres, jóvenes y adultos mayores) puedan encontrar un empleo formal que se acomode a sus necesidades de tiempo y flexibilidad.

Asimismo, se deberían incorporar gradualmente los aportes de los trabajadores independientes al sistema, además de (en línea con lo realizado en países desarrollados) aumentar la edad legal de cotización (sobre todo en el caso de mujeres), y ajustar cambios futuros de dicho umbral en base a nuevos potenciales cambios en las expectativas de vida de la población.

Estas soluciones sólo tendrán un impacto en el largo plazo en el monto de las pensiones, por lo que adicionalmente a lo anterior, deberíamos buscar mecanismos que, sin poner en riesgo nuestras arcas fiscales, nos permitan mejorar gradualmente la contribución que el Estado realiza hoy a los pensionados más necesitados a través de un fortalecimiento gradual del Pilar Solidario.

 

v Disponibles para mayo de 2016 en http://www.spensiones.cl/portal/informes/581/articles11024_recurso_1.pdf vi Este promedio incluye pensión de vejez y pensión de vejez anticipada, que considera al 67% de los pensionados del sistema de AFP y a 50% de los pensionados por el IPS. En ambos casos, el resto de los pensionados corresponde a pensiones de invalidez y sobrevivencia. vii Esta diferencia alcanza 8,2% cuando consideramos, adicional a la pensión autofinanciada, el Pilar Solidario. viii En el Servicio de Seguro Social (SSS) se requieren como mínimo 10 años de imposiciones para las mujeres y 20 años para los hombres, mientras que en CANAEMPU y EMPART son 10 años como mínimo, para hombres y mujeres; además de tener la calidad de imponente activo al momento de solicitar la jubilación. ix http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/apps/estcom/estcom.php x http://www.ips.gob.cl/pensiones-y-tramites-96642/134-tasas-ex-cajas-regimen-antiguo xi Por ejemplo, incluye la pensión de las mujeres que sólo cotizaron por una vez de tal modo de obtener el Bono por Hijo creado en la Reforma Previsional de 2008.  xii Titze, M. (Noviembre 2015). “¿Se sostiene un sistema de reparto?”. Serie de Informe Económico N° 253, Libertad y Desarrollo. Disponible en http://lyd.org/wp-content/uploads/2015/12/SIE-253-Se-sostiene-unsistema-de-reparto-MTitze-Noviembre2015.pdf                                                                                                                                                                                 xiii Titze, M. (Noviembre 2015).

Chile y el sistema jubilatorio: ¿para qué vamos a crecer y progresar si nos podría ir muy mal a todos? (I)

Chile ha realizado muchas reformas en las últimas décadas y muchas de ellas han dado resultado, llevando a ese país a tener el PIB per cápita más alto de América Latina, un logro no menor. Sin embargo, parece que los pueblos se empecinan en destruir aquello que les permitió el éxito, o no entienden las causas del mismo, o se lanzan a redistribuir todo lo que pueda expropiarse a través del estado.

El sistema jubilatorio chileno cumplió un papel importante en eso, En primer lugar, quitando estos fondos de las manos de estado, que los había vaciado; luego permitiendo que financiaran la inversión del capital y por ende, el crecimiento económico. Es cierto que no otorgó un derecho de propiedad completo sobre esos fondos, porque los aportantes no eran libres de aportar o no, o de decidir qué hacer con ese dinero, pero digamos que era un gran avance sobre el sistema anterior.

Ahora, en un impulso de suicidio colectivo, muchos chilenos quisieran ir para atrás. Así lo analiza el Libertad y Desarrollo de ese país (aunque diría que con argumentos contundentes y sin mención alguna a la violación de la propiedad que el estado realiza cuando fuerza un sistema por sobre las preferencias de los individuos:

La marcha del domingo pasado es el reflejo de un descontento por parte de la ciudadanía frente al nivel de las pensiones que entrega nuestro sistema previsional con respecto a lo esperado. Esta insatisfacción se vio acrecentada al darse a conocer la situación de Myriam Olate, quien se benefició con una pensión de más de $5 millones, lo cual llevó a muchos a mirar los sistemas de reparto como una alternativa. Sin embargo,  estamos comparando con un sistema insostenible en el mediano y largo plazo.

BREVE CONTEXTO HISTÓRICO

Vale la pena recordar por estos días que nuestro sistema de capitalización nació en 1981 buscando superar las ineficiencias del antiguo sistema. Este último era un sistema atomizado, operado por más de treinta cajas, cada una con normativa propia, por lo que sus principales parámetros (edad de retiro, requisitos para pensionarse y nivel de la pensión) dependían de la caja a la que le correspondiera a cada trabajador acceder de acuerdo a la ley, en general asociado al sector económico donde se desempeñaba. Está ampliamente documentado que los beneficios, tanto en términos de monto de pensión como exigencias, dependían de la presión que ejerciese cada gremio respecto de su propia cajai.

  • Una de las razones para volver al sistema de reparto se basa en el supuesto de que éste pagaría mejores pensiones que el sistema de capitalización individual. • Sin embargo, es necesario recordar que bajo el antiguo sistema sólo reciben pensión quienes cumplen con un número mínimo de aportes, por lo que el 50% de los cotizantes no reciben pensión alguna y además pierden todo lo ahorrado durante su vida activa. Sólo con esta corrección, las pensiones de vejez del sistema antiguo resultarían 47% inferiores a las que entrega el sistema vigente. • Existen argumentos objetivos para señalar que la idea de volver a un sistema de reparto no es viable. Esto no significa que no debamos preguntarnos cómo mejorar las pensiones actuales, de tal modo de atenuar la brecha entre éstas y las expectativas de la población.

Las ineficiencias iban más allá de estas evidentes injusticias. A inicios de los ’70, sólo el 60% del pago de pensiones se financiaba con las cotizaciones del trabajador, el 40% restante correspondía a aporte estatalii. Y a principios de los 80 el déficit era de tal magnitud que las opciones eran o aumentar aún más el aporte fiscal o subir la tasa de cotización, que incluso en algunos casos llegaba a más de 50% de la remuneración imponible, después de haber sido 5% en su origen. Evidentemente el sistema, con un proceso de envejecimiento de la población como el nuestro, iba directo a la quiebra.

En este contexto nació el sistema de capitalización individual, el cual estableció derechos de propiedad sobre los aportes durante la vida laboral de los cotizantes, y relacionó directamente cotizaciones (y por ende esfuerzo individual) con beneficios a recibir, eliminando los privilegios, y generando una estructura financiera que contribuyera a la sustentabilidad macroeconómica de largo plazo tanto de él mismo como del país. El Estado, por su parte, garantizaba una pensión mínima a quienes, cumpliendo ciertos requisitos mínimos de cotización, no pudiesen autofinanciarla, y una pensión asistencial (PASIS) a los adultos mayores de menores ingresos, hubiesen cotizado o no.

En 2008 se reforma el sistema sustituyendo las pensiones estatales señaladas por un Pilar Solidario al cual pudieron acceder  los adultos mayores pertenecientes al 60% de los hogares más pobres, hayan cotizado o no. Consiste en una Pensión Básica Solidaria (PBS) a quienes nunca cotizaron y un Aporte Previsional Solidario (APS) complementario a su pensión autofinanciada para el resto, que es decreciente según el monto de esta últimaiii. Este aporte se financia con impuestos generales, lo que no castiga el empleo formal. Hoy se destinan cerca de 0,7 puntos del PIB al Pilar Solidario, para beneficiar sólo por concepto de vejez a cerca de 1.100.000 adultos mayores (cerca de 400 mil por PBS y 700 mil por APS)iv.

i En una reciente columna, Hernán Cheyre da cuenta de una ilustrativa revisión de estos privilegios. Más detalles en “Sistema de reparto, ¿jubilación justa?”, El Mercurio 20/07/2016, disponible en http://www.udd.cl/medios-y-prensa/sistema-reparto-jubilacion-justa/ ii Gaete, M. E., & Matthei, E. (1988). La privatización de la previsión social en Chile. Puntos de Referencia, 32. iii El APS llega a cero cuando la pensión autofinanciada es igual a la Pensión Máxima con Aporte Solidario (PMAS). La PBS y PMAS alcanzan el 1 de julio de 2016, $ 93.543 y $ 304.062, respectivamente, mientras que el APS de vejez promedio bordea los $ 56.000. iv Los beneficiados por el Pilar Solidario de Invalidez corresponden a cerca de 250 mil pensionados más.

Piketty: si las acciones rinden más, los trabajadores deberían invertir su jubilación allí

Seguimos con el tema planteado por Thomas Piketty, quien visita Argentina. Van comentarios de David Henderson, en la revisión que hace de su libro en la revista Regulation, del Cato Institute: http://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2014/10/regulationv37n3-9_2.pdf#page=10

El tema es siempre si tenemos que preocuparnos por la distribución de la riqueza o tenemos que preocuparnos de la pobreza. Henderson, que ya lo ha criticado en el post anterior por no considerar cómo han mejorado las condiciones de muchos en los dos últimos siglos, comenta que Piketty presenta evidencia de que la proporción de riqueza heredada ha aumentado.

“Pero aún nos queda la pregunta: ¿y qué? Imaginemos –y Piketty me ha convencido de que puede ser probable- que la proporción del ingreso que va a los dueños del capital pueda haber subido en el tiempo, lo que significa que la proporción yendo al trabajo ha decaído. ¿Significa esto que los trabajadores estarán peor? En absoluto. En verdad, es probable que estén mejor. Desgraciadamente, muchos de los que leen el libro, especialmente quienes no son economistas, podrían perder de vista este punto por dos razones: (1) El énfasis de Piketty está en la proporción sobre el ingreso no en el ingreso real; y (2) su lenguaje se presta a confusión. Esperaríamos un énfasis en proporciones y no en el ingreso real de alguien que cree que la desigualdad de riqueza e ingreso, más que las mejoras en el nivel de vida, están “en el centro del análisis económico.”

“Consideremos la afirmación de Piketty sobre los Estados Unidos y Francia: ‘Y la mitad más pobre de la población son tan pobres hoy como lo eran en el pasado, con casi 5% del total de la riqueza, tal como en 1910’. Esto es absurdo. Si los pobres tuvieran el mismo porcentaje de riqueza que tenían en 1910 serían mucho más ricos y su riqueza mucho mayor, como Piketty bien sabe. Aquí ha pasado de un lenguaje confuso a un error cierto.”

“Un factor importante al que Piketty presta poca atención es la movilidad de las personas entre niveles. Existe un constante cambio a medida que la gente gana y pierde riqueza. Mucho de este cambio se debe a lo que Schumpeter llamó ‘destrucción creativa’. Emprendedores e inversores desarrollan nuevas ideas y si tienen éxito obtendrán mucho dinero (la parte creativa) y harán que las empresas existentes lo pierdan (la parte destructiva). La negación de Piketty sobre este efecto aparece cuando considera la lista Forbes 400 de los más ricos del mundo. Dice que el promedio de riqueza de los Forbes 400 creció de $1.500 millones en 1987 a casi 15.000 millones en 2013 ‘un promedio de crecimiento del 6,4% sobre la inflación’. Bien, hasta ahora. Pero de esto concluye: ‘Las mayores fortunas crecieron más que la riqueza promedio’. Pero no podemos llegar a esa conclusión basados en datos de Forbes 400. La razón: en esos 16 años hubo una gran rotación entre los que estaban en esa lista. Sin duda, la riqueza de muchos de los Forbes 400 en 1987 que ya no estuvieron en la lista después, ha caído. Si esto es suficiente como para que el promedio de riqueza de los Forbes 400 de 1987 crezca más lentamente que el promedio de la población, no sabemos. Lo que sí sabemos es que Piketty tendría que haber controlado esto antes de llegar a su conclusión, y no lo hizo. O más correctamente, ni su libro ni su apéndice contienen datos que permitan llegar a su conclusión.”

“Un elemento central de su argumento es su supuesto de que la tasa de retorno de las acciones excederá mucho la tasa de crecimiento de la economía y los salarios reales. Con la jubilación estatal (Social Security), los beneficios no crecerán más que los salarios reales. Por lo tanto ¿no tendría sentido dejar que la gente invierta sus aportes en acciones más que en la baja tasa que obtienen hoy? Piketty dice que no. Presenta un buen argumento: la transición es muy complicada. Pero su otro argumento es que invertir en acciones es como jugar a los dados. ¿Qué pasó con su afirmación sobre el retorno de las acciones?