Avances y retrocesos de la desregulación en los Estados Unidos: electricidad, banca, salud y seguridad, medio ambiente

La revista Regulation, publicada por el Cato Institute, cumplió 40 años. Con motivo de ello, sus editores, Peter van Doren y Thomas Firey, publican un interesante artículo evaluando ese período en relación al desarrollo de la teoría y las políticas públicas relacionadas con las regulaciones. Aquí van algunos párrafos. El texto completo en: https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2017/3/regulation-v40n1-1-updated-2.pdf

“Electricidad / La evolución de la industria eléctrica en la primera mitad del siglo XX dio lugar a proveedores de monopolio con grandes instalaciones de generación de pequeñas regiones. Los responsables políticos adoptaron la regulación tarifaria de estos monopolios naturales con la justificación de que reduciría las tarifas de electricidad y aumentaría el acceso y consumo de los consumidores en relación con el laissez faire.

Sin embargo, la investigación encontró que la regulación de la tasa de las empresas de energía no había bajado las tasas. En cambio, había tendido a la industria de la energía hacia el aumento de la generación para satisfacer la demanda pico no subestimada, haciendo que el sistema propenso a los costos de capital excesivos. Los servicios públicos sobre-construyeron sus plantas de energía -especialmente instalaciones nucleares- y pasaron el costo a los consumidores, con la aprobación de los reguladores.

Banca / Históricamente, la regulación bancaria en los Estados Unidos benefició al gobierno proporcionándole ingresos y benefició a los bancos protegiéndolos de la competencia. En la historia temprana de los Estados Unidos, los estados concedieron a los bancos poder de mercado sobre pequeñas áreas geográficas a cambio de evaluar los fuertes impuestos y tarifas, que los bancos pasaron a sus clientes. Los estados prohibieron la banca a nivel nacional y la banca de “rama” estatal severamente limitada, aunque la bifurcación y la banca interestatal hubieran sido una gran conveniencia para los depositantes y una bendición para los negocios y los prestatarios. Además, habrían protegido a los bancos contra los colapsos de bancos regionales como los ocurridos en los años previos a la Gran Depresión y los primeros años de la Depresión.

La regulación bancaria de la era de la depresión (el seguro de depósitos obligatorio administrado por el gobierno y la separación de la banca comercial de la banca de inversión) combatió esos colapsos, pero las políticas ayudaron principalmente a las empresas en lugar de a los consumidores. El hito de la Ley Bancaria de 1933 fue un clásico compromiso de logro en el cual los partidarios populistas de pequeños bancos rurales ganaron el seguro de depósito federal (a través de las objeciones del Presidente Franklin Roosevelt, del Tesoro, de la Fed y de la American Bankers Association) Las actividades bancarias de los bancos comerciales, que en ese momento eran interpretados como los grandes villanos de la Depresión. El legado de la regulación bancaria ha sido un sistema bancario inmensamente fragmentado cuyos costos son excesivos.

Salud y seguridad / Las personas creen comúnmente que la ola de regulaciones federales de salud y seguridad que comenzó en los años 70 ha hecho a los trabajadores estadounidenses más seguros. El soporte prima facie para esto es dado por datos de accidente; Desde la década de 1970, los accidentes industriales de todo tipo han disminuido. Pero ese apoyo se erosiona a medida que se amplía el alcance de los datos: las tasas de accidentes disminuyeron durante décadas por delante de los reglamentos de los años setenta. No hubo otro cambio a la baja en las tasas de accidentes después de la creación de agencias como la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional.

La larga duración de los índices de accidentes cada vez más bajos indica que las “fuerzas seculares”, y no la regulación, han sido el contribuyente más importante a las mejoras de seguridad durante el siglo pasado. La seguridad es un bien normal y, a medida que aumenta la renta real de las personas, consumirán más. Así como los estándares de vida estadounidenses subieron en el siglo 20, los trabajadores exigieron lugares de trabajo más seguros, insistiendo en pagar más a cambio de tomar riesgos. Los empleadores respondieron proporcionando más seguridad.

Esto subraya otra revelación de los investigadores que estudian las fallas del mercado: el mercado parece ser mucho menos vulnerable al fracaso de lo que los políticos habían asumido. La existencia de un riesgo para la salud, por ejemplo, no implica necesariamente la necesidad de medidas regulatorias. A través de las fuerzas normales del mercado, los trabajadores reciben una compensación salarial suficiente para hacerlos dispuestos a asumir el riesgo, o los empleadores reducen el riesgo para reducir la prima salarial. Como resultado, el riesgo para la salud se internaliza en la decisión del mercado.

Muchas personas no saben que en la primavera de 1970 el Senado del Estado de California, citando preocupaciones ambientales, votó a favor de la prohibición del motor de combustión interna en 1975. Esta idea utópica, que recibió apoyo aparentemente improbable de los United Auto Workers No llegan a buen término debido a su impracticabilidad, aunque algunos políticos de Golden State todavía apoyan la idea.

La Ley Federal de Aire Limpio refleja el mismo pensamiento utópico. Para los contaminantes convencionales, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos debe preparar un documento cada cinco años que “refleje con precisión los últimos conocimientos científicos” sobre los efectos de la exposición en la salud. A continuación, debe establecer un estándar que es “necesario para proteger la salud pública …, lo que permite un adecuado margen de seguridad” para garantizar “la ausencia de efectos adversos sobre la salud de una muestra estadísticamente relacionada de las personas en grupos sensibles”. Dictaminó en 2001 en Whitman v. American Trucking Association que la Clean Air Act “impide inequívocamente las consideraciones de costos del proceso de” establecimiento de la contaminación “. Así, las decisiones de la EPA sobre los contaminantes convencionales se refieren a los beneficios de la reducción de emisiones, -cualquiera que sean los costos, incluso si son muy inferiores a los beneficios- porque eso es exactamente lo que la ley ordena a la EPA hacer.

La Ley de Aire Limpio no se ha enmendado desde 1990. A falta de cambios estatutarios, las normas utópicas de “costo-no-materia” de calidad del aire seguirán siendo un problema serio.”

Derecho y economía para estudiar la economía del medio ambiente: lecturas en una maestría

Con los alumnos del Master en Environmental Economics de la UFM, vemos la materia Law & Economics, donde comenzamos con algunos artículos introductorios, antes de considerar los aportes fundacionales en esta área. Uno de ellos es uno de Jesús Antonio Bejarano, publicado en la Revista de Economía Institucional de la Universidad Externado de Colombia, titulado “El análisis económico del derecho: comentarios sobre textos básicos”.

Estos textos son el de Andrés Roemer, Introducción al Análisis Económico del Derecho; Nicholas Mercuro y Steven Medema, Economics and the Law; José Ramón Cossio Díaz, Derecho y Análisis Económico; Robert Cooter y Thomas Ulen; Derecho y Economía; Carlos Floriano Corrales, Derecho y Economía: una aproximación al Análisis Económico del Derecho.

La selección está ahora algo desactualizada porque el artículo es de 1999 y muchos textos más han sido escritos sobre el tema, entre los que recuerdo ahora uno de Eduardo Stordeur y otro de Alfredo Bullard, pero creo que es una buena introducción a los aportes iniciales en la materia y a los textos fundacionales de esta área. En adelante, los alumnos estarán leyéndolos pero ahora vale la pena ver una simple introducción antes de caer en los textos mismos.

Comienza señalando el fenómeno del “imperialismo de las ciencias económicas” como un proceso de hibridación de las ciencias sociales que se apoya en, citando a Cossio Díaz:

–          Un punto de partida común a las ciencias sociales (o al menos a varias de ellas) en cuanto a la necesidad de fragmentar al individuo en ámbitos (homo economicus, homo sociologicus) a fin de hacerlo comprensible.

–          La común pretensión de esas ciencias, de explicar al individuo mediante la asignación de un sentido a sus conductas

–          La formulación de un conjunto muy reducido de supuestos a fin de asignarle sentido a un universo muy extenso de conductas.

–          La progresiva formalización de los supuestos y de los medios para comprender las conductas

–          La fortaleza de esas disciplinas para la predicción de posibles conductas y de los efectos de éstas.

No sé si todas esas “contribuciones” me parecen las mejores, pero iremos viendo eso durante el curso. El resto de las lecturas serán:

Lecturas obligatorias:

Ronald Coase, El origen de la firma

Ronald Coase, El problema del costo social

Lecturas sugeridas:

Harald Beyer, “Ronald H. Coase y su contribución a la teoría de la economía y del derecho”.

 

Lecturas obligatorias:

Harold Demsetz, “Hacia una teoría de los derechos de propiedad”

Walter Block, Ética, eficiencia y derecho de propiedad, respuesta a Demsetz

Lecturas sugeridas:

Hans Hermann Hoppe; “Ética y economía de la propiedad privada”.

Richard Pipes: “Propiedad y libertad”

Lecturas obligatorias:

Garrett Hardin, La tragedia de los comunes

Canavese, Alfredo; “Temas en el análisis económico del derecho de propiedad”

Lecturas sugeridas:

Elinor Ostrom: “Private and Common Property Rights”; Encyclopedia of Law & Economics

 

Lecturas obligatorias:

Calabresi, Guido y Douglas A.Melamed: “Reglas de propiedad, reglas de responsabilidad y de inalienabilidad: una vista de la Catedral”.

Rizzo, Mario; “Law amid flux: The economics of negligence and strict liability in tort”, The Journal of Legal Studies, Vol 9 Nr 2, pp. 291-318.

Lecturas sugeridas:

Aciarri, Hugo; “Análisis económico del derecho de daños”.

Cordato Roy, “Efficiency and externalities in an open-ended Universe”: https://mises.org/library/efficiency-and-externalities-open-ended-universe

 

Lecturas obligatorias:

Cordato, Roy, “Toward an Austrian Theory of Environmental Economics”, The Quarterly Journal of Austrian Economics; Vol. 7 Nr 1, 2004.

Murray N. Rothbard; “Ley, derechos de propiedad y contaminación del aire”

Lecturas sugeridas:

Terry L. Anderson, D Leal; Free Market Environmentalism for the Next Generation.

Ya que estamos con la Copa América veamos algo sobre la contaminación del aire en Santiago

Esta edición de la Copa América en Chile ha puesto en la atención el tema de la contaminación del aire, con particular referencia a la ciudad de Santiago, pero no limitado a ella. El diario La Tercera analiza el tema en su edición del martes 30 de Junio, primero comparando distintas políticas (“¿Qué han hecho otras ciudades para combatir la contaminación?”)   y luego una entrevista al Ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier Martínez (“Restricción por tecnología o antigüedad de vehículos son alternativas que se evalúan”).

El título de la nota está claro, se está pensando en restricciones administrativas basadas en lo que los funcionarios entienden que debe limitarse o reducirse. Pero, ¿qué tal si se pensara en utilizar el sistema de precios? Esto es lo que comento al respecto en el libro:

air-pollution

Entre los últimos desarrollos en el área de las políticas públicas gubernamentales se encuentran los esfuerzos para generar “derechos de propiedad” sobre un determinado recurso, a fin de contar con sus incentivos para resolver problemas de “tragedia de la propiedad común”.

Un ejemplo de este tipo de políticas son los mecanismos de mercados de permisos de emisión (emissions trading), o cap and trade. Según estos esquemas, una agencia gubernamental establece un límite máximo de emisión de un determinado elemento contaminante. Este límite puede ser establecido de forma “técnica”: por ejemplo, la cantidad de ese elemento que puede emitirse y seguir contando con una atmósfera saludable; o puede serlo también de forma “política”: un límite igual o superior a la emitida actualmente, para no generar costos adicionales, al menos al inicio.

Una vez establecido el límite, se divide el total en partes que se asignan a los emisores, de tal forma que no se puede emitir la sustancia contaminante sin contar con un permiso, y se garantiza así que no se emitirá más de lo que se ha determinado como técnica o políticamente aceptable. Para permitir un ajuste por etapas, ese límite puede reducirse gradualmente hasta que el límite “político” se acerque o coincida con el “técnico”.

Los permisos pueden asignarse al principio gratuitamente a los actuales emisores o pueden ofrecerse a la venta en subasta. Una vez asignados, se permite su compra y venta, generándose un mercado de permisos de emisión y un precio para cada permiso. De esta forma, se busca que se produzca una reducción o limitación “eficiente” de las cantidades emitidas, ya que, suponiendo que se han asignado el total de permisos dentro del límite, un nuevo emisor que quiera comenzar sus actividades deberá adquirir un permiso por la cantidad que espera emitir, si es que el precio de eliminar su propia emisión es mayor que el precio del permiso —ya que, de otra forma, simplemente colocaría el “filtro” respectivo—.

Veamos esto con un ejemplo:

Supongamos que existen tres emisores actualmente con permisos y con los siguientes costos de instalación de un filtro por tonelada o cualquiera que sea la medida establecida:

Emisor A                         Emisor B         Emisor C

Costo del filtro                              1.500,000                      1,100,000       3,000,000

 

Actualmente, los últimos permisos intercambiados en el mercado lo han sido a un precio de 1,000,000. El costo de eliminar la emisión para el nuevo emisor que quiere ingresar en este mercado es de 5,000,000 por unidad. Obviamente le conviene comprar un permiso antes que instalar su filtro, lo que en la práctica equivale a decir que le conviene comprar el filtro de otro antes que el propio. Así, entonces, eleva el precio ofreciendo, digamos, 1,200,000 por un permiso. El emisor B estará interesado en comprarlo, ya que de esa forma puede colocar su propio filtro a un costo de 1,100,000 y aún le quedan 100,000. Y se satisface el objetivo general: que el límite de emisiones no se modifica; se permite el ingreso de un nuevo emisor, pero reduciendo la emisión donde el costo de hacerlo resulte más económico.

Hay varios esquemas de permiso de emisión vigentes, siendo tal vez el más conocido el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (EU ETS); también los hay en Estados Unidos para la lluvia ácida a nivel nacional y otros a nivel regional, entre ellos el RECLAIM, Regional Clean Air Incentives Market .

Este programa comenzó en 1994. En vez de regular a cada una de las fuentes emisoras, incluye a cada una de ellas dentro de una “burbuja” imaginaria, que es el límite de emisión. Cada empresa recibió créditos por una cantidad igual a su límite de emisión, según la legislación planificadora anterior. Los créditos se basan en los picos de producción y los requerimientos de las normas y medidas de control vigentes; son anuales y pueden comprarse y venderse. El organismo de aplicación AQMD (Air Quality Management District) mantiene una lista de todas las empresas que poseen créditos, y los va reduciendo año con año. También ejerce el control de las emisiones para asegurarse de que ninguna empresa sobrepasa el límite de los permisos obtenidos.

Hay motivaciones económicas para destruir el ambiente, ¿no hay también para cuidarlo?

Qué difícil resulta ver el papel que cumplen los incentivos económicos. Sobre todo los positivos. La Nación presenta un largo reportaje a Osvaldo Canziani, comentando los resultados de la reciente reunion en Lima (Perú). Un eminente meteorólogo y profesor de Fïsica, tiene numerosos antecedentes y logros: “copresidente del Grupo de Trabajo II, que se focalizó en Vulnerabilidad, Impactos y Adaptación al Cambio Climático del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), organismo que recibió el Premio Nobel en 2007. A lo largo de su extensa carrera -tiene 92 años-, Canziani también desempeñó numerosas tareas de asistencia técnica, tanto a nivel local como internacional, presidió organismos, redactó numerosos artículos de investigación y se hizo tiempo, incluso, para la docencia, labor que continúa en la actualidad.”

Aquí está el reportaje completo, cuyo título “Tenemos que empezar a mirar a la naturaleza como sujeto de derecho”, supongo que ya generaría polémica entre los abogados: http://www.lanacion.com.ar/1755231-osvaldo-canziani-tenemos-que-empezar-a-mirar-a-la-naturaleza-como-sujeto-de-derecho

“-¿Y se puede pensar en un tipo de crecimiento amigable con el ambiente?

-Sí. Hay que ser austero. No hay que pensar cuántos hijos le voy a dejar al ambiente, sino cuántos hijos míos puede mantener el ambiente. Pero somos una raza que vive pensando en el dinero. Yo no reniego de eso, pero no hay que pasarse para el otro lado. Hoy en día existe el concepto de agua virtual. Un kilo de carne, acá son diez mil litros de agua. En Paraguay, quince mil, porque el animal come pasto, toma agua y demás. Amartya Sen dice una cosa muy simple: hay que empezar a incorporar las externalidades. Si yo produzco, debería considerar el agua que uso. En Lima se precisó que para el año 2050 habría que reducir las emisiones entre el 30 y el 70 por ciento porque si la cosa sigue así, se para el mundo.”

Drop in water

Si somos una raza que vive pensando en el dinero, entonces quiere decir que respondemos, y mucho, a los incentivos monetarios. Claro que parece que con ellos se obtuvieran resultados negativos. Dice el Dr. Canziani: “Si yo produzco, debería considerar el agua que uso”.

Pregunto: ¿No consideraría esa persona el agua que usa si tuviera que pagar por ella un precio de mercado que refleje su escasez? ¿No serviría en este caso el incentivo monetario para evitar el despilfarro del agua? Está bien apelar a la conciencia, pero en este caso (como en el conocido “billetera mata galán”) podría decirse que “billetera mata a quien derrocha agua”.

Continuemos:

“-¿Y en esas cumbres se habla lo suficiente de la necesidad de adaptación o de hacer a las ciudades más resilientes?

-No lo suficiente, pero ya se han organizado grupos para empezar a discutir. La clave pasa por educar a la gente. Uno lo ve todo el tiempo: el portero que barre con el chorro de agua cuando en ciertas localidades no hay agua. Pero sólo cuando uno está inmerso en el problema, empieza a pensar soluciones. Los argentinos hasta ahora hemos tenido relativa suerte, pero vaya usted al norte de Chile, donde hay que capturar la niebla para regar… En Machu Picchu se cosechaba el agua. El agua recolectada se lanzaba en épocas de sequía… Si lo hacían ellos, ¿por qué no nosotros?”

¿Será que para nosotros es prácticamente gratuita? En muchas de nuestras casas no existen medidores sobre el consumo de agua, pagamos lo mismo usemos un litro o cien mil.

“-¿Y qué explicación le encuentra? ¿Por qué, pese a toda la difusión de gobiernos y organismos, el portero sigue barriendo con el chorrito de agua?

-Porque nadie cobra multas. Porque nadie hace nada. Todo es cuestión de educación. ¿Por qué en un mundo en donde hasta los perros tienen celular circulan los taxis vacíos quemando combustible, contaminando el aire y complicando el tráfico? Todo se basa en una estructura falsamente construida, donde el interés está en otra parte. Cada uno quiere su ganancia. Tenemos que empezar a mirar a la naturaleza como sujeto de derecho porque nadie la respeta. Si uno ve a los chicos rompiendo los árboles… Es un problema básicamente de falta de educación.”

Claro, una multa es un incentivo económico porque hay que sacar la billetera para pagarla. Pero requiere inspecciones, controles, procesos, descargos, y finalmente resoluciones. ¿Qué tal si simplemente el portero tuviera que pagar por el agua que utiliza? ¿O qué le diría el consorcio del edificio cuando les llegara la cuenta?

En síntesis, la educación está bien pero, ¿qué tal un incentivo económico para ser educado?

 

Tres de los diez principales problemas ambientales: contaminación del aire, agricultura y asentamientos urbanos

En un post anterior comenté un interesante artículo titulado “Urgencias ambientales: los diez problemas que esperan solución”, donde se comentan los resultados de una investigación de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara: http://www.lanacion.com.ar/1720041-urgencias-ambientales-los-diez-problemas-que-esperan-solucion y se los compara con los del informe del Índice de Calidad Institucional 2013, que también consideraba los principales problemas ambientales: http://www.libertadyprogresonline.org/2012/07/12/indice-de-calidad-institucional-2012/

Veamos ahora los temas que ese artículo no trata:

Contaminación del aire:

La contaminación ambiental del aire ha contribuido a generar enfermedades respiratorias en la población. Es la combustión a leña el principal factor causante de la contaminación interior, y los transportes e industrias, de la contaminación exterior. El número de vehículos aumenta cada año (incentivado por el diesel subsidiado) generando mayores emisiones de gases tóxicos y PTS (partículas totales suspendidas). La contaminación ha llegado a una situación crítica en muchas ciudades. En 1974, San Pablo fue declarada en estado de emergencia debido a una nube formada por miles de toneladas de monóxido de carbono emitidos por miles de automóviles y de industrias. En Puerto Rico, las industrias químicas, el super-puerto y las plantas de refinación del petróleo han afectado las vías respiratorias de 1/5 de la población. México DF también tiene grandes problemas con el material particulado en suspensión, y Bogotá (Bolivia) y Santiago de Chile tienen un grave problema con el esmog, Esto se debe en parte a que la capital chilena se encuentra entre montañas, lo que provoca que el aire se quede atrapado y no alcance a eliminar la contaminación. Sorpresivamente, el caso de Buenos Aires es muy distinto. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud reveló que es una de las ciudades con menos contaminación en América latina y el mundo, y se encuentra entre los que no representan daños para la salud. Lo curioso es que Buenos Aires no obedece a las políticas públicas sustentables o prácticas ecológicas por parte de la población, sino que es su ubicación geográfica y las condiciones meteorológicas las que hacen que la contaminación se disipe diariamente sin provocar alteraciones en la salud. A pesar de la gran cantidad de emisiones que generan los automóviles, el transporte público, las industrias y las centrales térmicas que generan energía eléctrica, el hecho de que Buenos Aires esté situada sobre una llanura, sumada a los vientos y el mayor caudal de precipitaciones, hace que esté muy ventilada y que la contaminación atmosférica no sea un asunto de relevancia.

Agricultura:

La extensión de la agricultura y el uso creciente de biotecnología y agroquímicos ha permitido un gran aumento de la producción de alimentos. No obstante, como toda tarea realizada con el afán de obtener ganancias, es cuestionada por su impacto ambiental, con más prejuicio que fundamento. Uno de los casos de mayor impacto en la región está relacionado con el uso de semillas genéticamente modificadas y del glifosato. La expansión de la producción agrícola, y en particular de la soja, en los últimos años, ha sido enorme . Algo menos se conoce respecto al paso de la siembra convencional a la siembra directa. En la primera se abre la tierra con arados para desmalezar y luego sembrar, en la segunda se deja sobre la tierra el rastrojo de la siembra anterior y solamente se abre una ranura angosta donde se siembra la semilla para luego cubrirla. El riesgo de erosión medido en toneladas de sedimentos por hectárea por año es de 16,73 en el caso de la siembra convencional y de 4,96 en la siembra directa.

En cuanto al glifosato, se trata de un herbicida para controlar las malezas que compiten con el cultivo por recursos como el agua, la luz y los nutrientes. Las semillas transgénicas permiten contar con semillas que resisten al glifosato por lo que al utilizarlo se eliminan solamente las malezas y no se perjudica al cultivo. Su uso se ha extendido rápidamente en la Argentina mostrando la iniciativa de los productores para adoptar nuevas tecnologías.

Pero ahora bajo el argumento de un supuesto daño ecológico y a la salud humana, quienes sueñan con un cierto modelo de sociedad aunque sea más atrasada, se lanzan contra el glifosato pese a que es clasificado como de baja toxicidad por la Organización Mundial de la Salud. Este organismo internacional que califica distintas sustancias en cuatro categorías lo ha colocado en la cuarta, la de menor riesgo, sin ofrecer peligro. En 1985 los productos fitosanitarios utilizados se repartían en tercios entre las categorías I, II y III de la OMS, ahora se utiliza un 75% del glifosato clase IV y el resto en las otras tres con tan sólo un 5% de la categoría I.

El impacto medido en unidades toxicológicas por unidad de superficie ha caído de 56,15 en 1985 a 0,74 en 2005, una cifra nada menos que 75 veces menor, y la producción se ha duplicado en ese mismo período. Tomando en cuenta ese aumento, el impacto por unidad de producto se ha reducido 128 veces.

Otros problemas asociados con la agricultura son la deforestación (considerada ya en el punto anterior) y la erosión del suelo. Esta última se ve reducida donde existen claros derechos de propiedad y la posibilidad de realizar contratos de arrendamiento a largo plazo, lo que no ocurre en todos los países.

Asentamientos urbanos:

El crecimiento de asentamientos urbanos informales con hacinamiento, sin servicios sanitarios, a veces ocupando zonas inundables. El origen de esos asentamientos está asociado a políticas económicas que no suelen ser vinculadas con este problema. El deterioro de la moneda y el surgimiento de la inflación destruyeron el ahorro a largo plazo, reduciendo el crédito hipotecario e impidiendo el acceso a la vivienda. La única alternativa para sectores pobres era ocupar tierras y construir sus precarias viviendas sobre las que incluso no poseen título alguno. Los Estados se han mostrado incapaces de resolver el problema creado y mucho más de generar las condiciones de estabilidad monetaria que permitan un renacimiento del crédito hipotecario.

Los diez principales problemas ambientales. El de la minería es un problema de derechos de propiedad

En un post anterior comenté un interesante artículo titulado “Urgencias ambientales: los diez problemas que esperan solución”, donde se comentan los resultados de una investigación de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara: http://www.lanacion.com.ar/1720041-urgencias-ambientales-los-diez-problemas-que-esperan-solucion y se los compara con los del informe del Índice de Calidad Institucional 2013, que también consideraba los principales problemas ambientales: http://www.libertadyprogresonline.org/2012/07/12/indice-de-calidad-institucional-2012/

Veamos ahora el tema de la minería:

Para la Fundación:

Mientras a comienzos de los 90 en el país operaban siete empresas internacionales, en 2005 pasaron a ser 55 y aumentaron desde entonces, con un alto nivel de conflictividad social y sin definir las áreas de explotación minera para proteger los ecosistemas, la flora y la fauna autóctonos ni las fuentes naturales de agua dulce.

SOLUCIÓN: Prohibir la actividad minera en las áreas naturales protegidas y limitarla cerca de esas zonas y de sitios con gran biodiversidad o que provean de agua dulce a pueblos y campos.

Informe ICI 2012:

La minería cumple un importante papel en muchos países latinoamericanos, uno que ha adquirido adicional relieve estos últimos años a partir de los altos precios de todos los commodities, y dentro de ellos los minerales. Algunos países tienen una larga tradición de explotación minera, como Chile o Bolivia, otros, como Argentina o Perú, la han estado desarrollando más intensamente.

El establecimiento de claros derechos de propiedad y el principio de responsabilidad estricta convierten a cualquiera en responsable de todo daño que pueda ocasionar sobre la vida o la propiedad de otros. Se han extendido en varios países protestas contra nuevos proyectos mineros, con más prejuicio que información. Quien entienda ser damnificado por las externalidad producidas por esta actividad tiene todo derecho a demandar tanto sea la reparación del daño realizado como la atención sobre un daño potencial. Pero esto debe demostrarse, no puede haber una condena y sanción sin fundamento, que es lo que parece extenderse en las protestas ecologistas.

La minería requiere de grandes inversiones, y es necesario ofrecer seguridad jurídica para atraer capitales dispuestos a llevar a cabo estos proyectos.

La minería, como otras actividades, puede causar problemas ambientales, como la erosión, la contaminación del suelo, aire o agua por químicos que se utilicen en esos procesos, la disposición del material no utilizado. En la mayoría de los países hay regulaciones que requieren que las empresas realicen Evaluaciones de Impacto Ambiental, cumplan con Planes de Gestión Ambiental y lleven adelante Monitoreos Ambientales. En muchos países de América Latina también existen normas de este tipo, aunque su cumplimiento se vea afectado por la baja calidad institucional en algunos países.

Las grandes compañías, además, buscan cumplir estándares adicionales como los Principios Equator, los estándares ambientales de la CFI, o los principios desarrollados por el International Council on Mining and Metals, la certificación ambiental de las normas ISO 9000 y 14000, o la Iniciativa de Informe Global de Ceres .

Recientes rechazos a las operaciones de minería a “cielo abierto”, no toman en cuenta que las empresas acumulan el material estéril en “escombreras” que serán utilizadas en la restauración una vez que se termine la explotación. Han surgido conflictos en Argentina, Perú y Panamá, y el alto precio de los minerales sugiere que surgirán otros en tanto se quieran aprovechar las oportunidades existentes.

La propiedad estatal del subsuelo hace que un proyecto minero se convierta en un costo para los habitantes de la zona, y no una gran oportunidad. Ellos ven que el Estado concesiona la explotación, los recursos van al Estado, nacional o provincial, y deben esperar que la política funcione de tal forma que reciban algo de ello, lo que muchas veces no sucede. Los gobiernos terminan asignando el gasto para otras prioridades y los habitantes se quedan con el costo ambiental sin el beneficio económico. La mina a cielo abierto de Cerro de Pasco en Perú, una ciudad a 4.300 metros de altura, ocupa el 50% del polígono de la ciudad. Por cierto que se generan fuentes de trabajo allí, pero si tuvieran un derecho sobre el recurso su situación sería por completo diferente, el costo sería compensado por un beneficio directo.

Los diez principales problemas ambientales. Ahora la energía, ¿a qué precio?

En un post anterior comenté un interesante artículo titulado “Urgencias ambientales: los diez problemas que esperan solución”, donde se comentan los resultados de una investigación de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara: http://www.lanacion.com.ar/1720041-urgencias-ambientales-los-diez-problemas-que-esperan-solucion y se los compara con los del informe del Índice de Calidad Institucional 2013, que también consideraba los principales problemas ambientales: http://www.libertadyprogresonline.org/2012/07/12/indice-de-calidad-institucional-2012/

Petróleo

Veamos ahora el tema de la energía:

Para la Fundación:

El viento costero y patagónico, la luz solar y el agua son recursos naturales aún desaprovechados. “El modelo vigente y su tendencia nos alejan de poder diversificar la matriz energética”, dicen los autores del informe. En 2012 (el último período para el que obtuvieron datos), las pequeñas centrales hidroeléctricas activas aportaron 92 MW y las centrales eólicas y solares fotovoltaicas, 118 MW (ese año, España obtuvo 21.288 MW del viento). El uso de la energía tampoco es tan eficiente en los hogares, la industria y el alumbrado público (sólo la ciudad y la provincia de Buenos Aires poseen un plan de reemplazo de las luces de las calles con lámparas de alta eficiencia).

SOLUCIÓN: Ampliar el uso de las etiquetas de eficiencia energética más allá de los electrodomésticos, instalar atenuadores de potencia en el sistema de alumbrado público del país, educar a la población en el consumo responsable y promover la coproducción industrial de energía eléctrica y térmica a partir de un solo combustible.

Informe ICI 2012:

El impacto ambiental del consumo de energía se debe al uso de la leña a nivel doméstico, al uso de combustibles fósiles a nivel urbano por parte de los vehículos de transporte, y la emisión de gases de efecto invernadero, a nivel global. El desarrollo de energía hidroeléctrica, si bien es renovable, genera también impactos ecológicos, causando inundaciones de terrenos. El potencial solar, hidroeléctrico y eólico, o de biocombustibles no compite todavía en costos con los combustibles fósiles, los Estados subsidian a algunos en lugar de desregular, reducir cargas e impuestos para que estas nuevas tecnologías prosperen. Precios subsidiados generan un consumo mayor de energía, visibles particularmente en los países productores de petróleo como México, Venezuela y Ecuador. En el caso del primero los subsidios a la gasolina alcanzan la cifra de 10.000 millones de dólares, al diesel unos 3.600 millones. También se subsidia el precio de la electricidad con el mismo resultado de un mayor consumo.

El subsidio a energías renovables, como la producción de biocombustibles, no necesariamente reduce la emisión de CO2 ni genera un menor consumo de electricidad, sobre todo cuando sus tarifas también son subsidiadas por el Estado, y desplaza también la cobertura vegetal existente, bosques o la producción de cosechas con destino a la producción de alimentos. No reduce el consumo de combustibles fósiles.

Los 10 principales problemas ambientales. Hoy: la disposición de residuos

En un post anterior comenté un interesante artículo titulado “Urgencias ambientales: los diez problemas que esperan solución”, donde se comentan los resultados de una investigación de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara: http://www.lanacion.com.ar/1720041-urgencias-ambientales-los-diez-problemas-que-esperan-solucion y se los compara con los del informe del Índice de Calidad Institucional 2013, que también consideraba los principales problemas ambientales: http://www.libertadyprogresonline.org/2012/07/12/indice-de-calidad-institucional-2012/

Veamos ahora el tema de los residuos:

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Para la Fundación:

Existen más de 3000 basurales a cielo abierto, donde conviven residuos domiciliarios e industriales. Están en más del 70% de los municipios con menos de 10.000 habitantes y el 50% de los de más de 100.000 habitantes. Esta “tradición” argentina de no organizar la disposición de los desechos ni fomentar la separación y el reciclaje de los residuos (el 40% es potencialmente reutilizable) aumenta la contaminación del aire, el suelo y el agua con un alto riesgo sanitario.

SOLUCIÓN: Fomentar la separación de los residuos y el reciclado de materiales, identificar a los grandes generadores de desechos, aplicar la ley de gestión de residuos domiciliarios y eliminar los basurales a cielo abierto.

Informe ICI 2012:

Los residuos sólidos se han incrementado en gran volumen como consecuencia del crecimiento poblacional y el incremento en la producción per cápita (sobre todo plásticos y materia orgánica). Los gobiernos han dejado en manos de empresas privadas la recolección pero se han quedado con la responsabilidad de la disposición final y no han permitido que surjan incentivos para la generación de menor cantidad de residuos y de mejor calidad. En algunos casos colocan contenedores que permiten una calificación, pero como no hay mayores incentivos que la conciencia (no muy firme como se ve abajo), buena parte de la clasificación para el reciclado la realizan recolectores informales, quienes cumplen una gran función, aunque con poco orden y organización. Los desechos orgánicos no se consideran materia prima de alto valor y no son recuperados por los recicladores informales. En los sectores más pobres de las ciudades y pueblos que no cuentan con servicios confiables de recolección de desechos, estos desechos suelen acumularse al borde de las carreteras y caminos, son quemados por los residentes, o se depositan en basureros ilegales.

El precio del servicio de recolección no refleja los costos de la disposición final de los distintos productos, ni discrimina por cantidad. Suele estar vinculado con el valor de la propiedad, pero éste no es un buen indicador de la cantidad y calidad de basura que se genera. De esta forma el consumidor no envía señales a los productores para que mejoren la capacidad de reciclado de los envases.

Sólo un pequeño porcentaje de los desechos se deposita en rellenos sanitarios. La mayoría se lleva a depósitos abiertos o a rellenos sanitarios, no recubiertos, sin protección de aguas freáticas, ni sistemas de tratamiento.

Los diez grandes problemas ambientales. Ahora: la pesca comercial

En un post anterior comenté un interesante artículo titulado “Urgencias ambientales: los diez problemas que esperan solución”, donde se comentan los resultados de una investigación de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara: http://www.lanacion.com.ar/1720041-urgencias-ambientales-los-diez-problemas-que-esperan-solucion y se los compara con los del informe del Índice de Calidad Institucional 2013, que también consideraba los principales problemas ambientales: http://www.libertadyprogresonline.org/2012/07/12/indice-de-calidad-institucional-2012/

Veamos ahora el tema de la pesca comercial:

Pesca comercial

Para la Fundación:

No se controla el cumplimiento de la veda de pesca de la merluza común, una especie con “síntomas de exceso de explotación”, según admite la Sayds. La Merluccius hubbsi, la merluza de cola, la anchoíta y la caballa son las principales especies de pesca comercial (en 2011 se extrajeron 700.000 toneladas y se exportó por 1300 millones de dólares). Salvo la anchoíta, que está subexplotada, las otras especies, más el calamar, el langostino y la vieira, demandan medidas de conservación.

SOLUCIÓN: Elaborar un inventario nacional de las especies de valor comercial, revisar el estado de sus poblaciones, proyectar la captura aceptable por jurisdicciones y prohibir el uso de técnicas de pesca indiscriminada.

Informe ICI 2012:

La pesca marina industrial y artesanal ha aumentado notablemente en los últimos años. En algunos casos, el acceso ilimitado a los recursos ha producido depredación y agotamiento, a pesar de ser una actividad regulada por el Estado o tal vez precisamente por ello. Los Estados, capturados por intereses asociados a la actividad, empresas o sindicatos, no han sabido limitar la pesca para que resulte sustentable. En algunos países la introducción de “derechos de propiedad” por medio de Cuotas de Captura Transferibles y el notable desarrollo de la acuacultura (también una forma de establecer derecho de propiedad), han permitido evitar la tragedia y cada vez se cultivan más especies en cautiverio. Es más, se están desarrollando ya experiencias de rotación entre cultivos y cría de peces donde éstos fertilizan el suelo para la siembra, reducen el uso de agroquímicos y la labranza (p. ej, arroz y pacú, La Nación 31/3/12).

Empresas y grandes generadores se hacen cargo de la disposición de la basura. ¿Y la tasa?

Parece que los gobiernos de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires le pedirán a algunos contribuyentes, entre los mayores generadores de basura, que paguen por su disposición: http://www.lanacion.com.ar/1713140-mas-presion-a-empresas-para-separar-y-acarrear-la-basura

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“La ciudad y la provincia de Buenos Aires avanzan en la instrumentación del plan para hacer que los grandes generadores de basura, como shoppings, supermercados, hoteles y countries, no sólo separen sus residuos, sino también paguen por transportarlos a los rellenos sanitarios de la Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado, Ceamse. Los que no cumplan con las resoluciones de ambos gobiernos, que ya están vigentes, serán sancionados con multas de hasta 120.000 pesos e, incluso, clausuras.”

“Para el tratamiento de los residuos húmedos deberán contratar a una de las 15 empresas que hoy están habilitadas y que serán las encargadas de recoger los desechos y llevarlos a la Ceamse. Enterrar cada tonelada de basura cuesta hoy 432 pesos.”

Estos tendrán que clasificar los residuos y luego contratar a alguna de las cooperativas de cartoneros para que se hagan cargo de su reciclado: “En la provincia, en tanto, como el proceso de separación de residuos para grandes generadores de basura comenzó antes ya hay algunos resultados. En este sentido, 28 cooperativas de cartoneros ya cuentan con la habilitación correspondiente y 15 más ya están completando el proceso de inscripción. Por caso, la cooperativa de trabajo Creando Conciencia realizó un informe en el que detalla que “aumentó 28,52% la recepción de residuos reciclables a partir de los ingresos de los nuevos clientes. Se consiguieron 34.000 kg de material”. Entre mayo y junio pasados la cooperativa logró incrementar 30% su cartera de clientes, lo que devino en una suba de su facturación del 10% por servicio prestado. “Cabe aclarar que este porcentaje no incluye el ingreso económico provocado por la valorización de los materiales recuperados”, agrega el informe.”

Desde una perspectiva bien podría decirse que, por fin, es un avance hacia la implementación de derechos de propiedad y responsabilidades en el área de la disposición de residuos, por lo que quienes los producen tienen que hacerse cargo de su disposición, seguramente contratando un servicio al respecto, y estos servicios estarían en competencia entre sí generando un mercado de disposición de basura (trato esto en uno de los capítulos del libro).

Es decir, estos generadores de residuos clasifican, luego contratan a quienes se los lleven (cartoneros a reciclar, otras empresas para los húmedos, otras transportadoras para llevar a los rellenos), todo “privadamente”. El principio es: generan residuos, paguen por su disposición.

Pero…, ¿acaso no están pagando una tasa de “Alumbrado, Barrido y Limpieza”? La nota periodística, y parece que la ley, no hacen ninguna mención a esto por lo que es probable que se les está exigiendo que paguen ambas cosas, la disposición y la tasa. O sea, que paguen dos veces, con lo cual la tasa dejaría de ser un pago por un servicio para ser lisa y llanamente un impuesto más.

No solamente sería correcto que les redujera la tasa proporcionalmente, ya que no estarán usando el servicio público, sino que esto abriría la posibilidad de que muchos otros hicieran lo mismo. Esto es, ¿por qué solamente los grandes generadores? Tal vez los vecinos de una cuadra se pondrían de acuerdo y preferirían contratar a un transportista privado y a los recicladores a cambio de una reducción de la tasa de ABL. Muchos más podrían sumarse a ese esfuerzo.

El servicio podría ser más barato, porque el transporte privado lo fuera y porque los cartoneros podrían llevarse el material clasificado gratuitamente, ya que se les está pagando con material que luego venden.

El mercado se puede ocupar de la basura, claro, si dejan que haya uno.