El conflicto mapuche desde el otro lado de la Cordillera: reporte de una reunión por Libertad y Desarrollo (II)

Con todo lo que está ocurriendo, tal vez sea interesante una visión desde el otro lado de la Cordillera. Libertad y Desarrollo publica un breve informe titulado “EL CONFLICTO EN LA ARAUCANÍA VISTO POR LA SOCIEDAD CIVIL”. Va en dos partes:

FOMENTO PRODUCTIVO

Una de las mayores preocupaciones que existe en La Araucanía es la baja inversión que existe en la región, que la ha convertido en la zona más pobre de nuestro país según datos de la Encuesta Casen 2015. Esta posee el mayor porcentaje de personas en situación de pobreza por ingreso, con una tasa de 23,6%. Al revisar la pobreza muldimensional -que identifica distintas carencias de los hogares y las personas en salud, educación y calidad de vida- existe un 29,2% de personas bajo esta condición, en circunstancias que el promedio nacional es de 20,9%. Así tambien, el crecimiento de la región ha ido cayendo conforme pasa el tiempo.

Esto se aprecia en una disminucion de la actividad económica de -2,7% en el trimestre enero-marzo de 2017, en relación al mismo período de 2016, según el último Indicador de Actividad Económica Regional (INACER) que elabora el INE.

Entre los puntos más importantes por destacar de la propuesta están:

  1. Mejoramiento de la infraestructura

Una de los factores que más inciden en la condición de rezago de La Araucanía es su falta de conectividad. Sin ir más lejos, la novena tiene la mayor cantidad de kilómetros de caminos no pavimentados de Chile (9.565 kms) lo que repercute de modo directo en su economía doméstica y en el proceso productivo. Lo

anterior exige, por tanto, mejorar la infraestrutura disponible.

  1. Incentivos Económicos.

En este punto se hace referencia a entregar ciertos incentivos económicos que atraigan inversión privada a la región. La Araucanía es la región de Chile con menores niveles de inversión extranjera, de ahí la necesidad de buscar el instrumento económico más idóneo a la hora de fomentar la libre iniciativa privada que genere crecimiento, oportunidades y desarrollo para la macro zona sur.

  1. Denominación de Origen.

Se refiere a identificar productos como originarios de un país o región o zona del territorio nacional, cumpliendo con condiciones de calidad del mismo y otras características imputables, como su origen geográfico y otros factores naturales y humanos. Ello podría ser una alternativa atractiva para el desarrollo de productos locales.

  1. Fomentar la exportación de productos autóctonos.

Con esta propuesta se busca dar a conocer en el exterior los productos autóctonos de la zona sur del país y que éstos tengan un valor agregado por medio de un “Sello Araucanía”.

DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA

El promover y dar a conocer la cultura ancestral de nuestros pueblos indígenas es uno de los tópicos más relevantes. Esta debe ser abordada con políticas y programas que la fomenten, para que los chilenos la identifiquen como parte de sus raíces, valorándola y reconociéndola.

La lengua es una de las caracteristicas más importantes para que una cultura se mantenga en el tiempo, pero en Chile, según la encuesta CASEN 2015, actualmente sólo un 10,9% de los mapuches habla y entiende su lengua originaria, el Mapuzungún. Es por esto que es importante seguir desarrollando los incipientes programas que fomentan su enseñanza. Sin embargo, la cultura tiene un sinfín de componentes adicionales a la lengua. En base a esto, se proponen un conjunto de alternativas para promoverla:

  1. Conformar un fondo para la promoción de la cultura mapuche de la mano de un incentivo a la donación para las organizaciones sin fines de lucro que trabajen en temáticas relacionadas con la conservación y fomento de las múltiples expresiones de la cultura indígena.
  2. Impulsar la generación de programas de estudios avanzados en educación intercultural a nivel de pregrado y postgrados a través de programas del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDEF).
  3. Reconocimiento oficial, protección y validación de la medicina tradicional mapuche, como sistema de salud, garantizando los recursos para la revitalización de los conocimientos, salvaguarda de prácticas y servicios de los especialistas en salud tradicional mapuche.

CONCLUSIONES

El esfuerzo descrito de convocar a más de 16 organizaciones de la sociedad civil de La Araucanía y sus proximidades pretende ser el inicio de un trabajo mayor de acuerdos y coordinación entre gremios y asociaciones, para así avanzar en propuestas de políticas públicas que generen soluciones a la problemática que existe en la macro zona sur.

Como ha demostrado la historia reciente, un enfoque meramente asistencialista o estrictamente punitivo no logrará la paz social ni cimentará las bases para el desarrollo de quienes viven en La Araucanía. Es preciso entonces, abordar simultaneamente las políticas con miras a los tres ejes abordados por las mesas temáticas: Violencia y Seguridad, Fomento Productivo, y Desarrollo y Promoción de la Cultura. De este modo, se ha expuesto un resumen de las propuestas más significativas, de manera de documentar el aporte de la voz de la sociedad civil en una temática que ha adquirido relevancia nacional y que requiere de soluciones urgentes.”

El conflicto mapuche desde el otro lado de la Cordillera: reporte de una reunión por Libertad y Desarrollo (I)

Con todo lo que está ocurriendo, tal vez sea interesante una visión desde el otro lado de la Cordillera. Libertad y Desarrollo publica un breve informe titulado “EL CONFLICTO EN LA ARAUCANÍA VISTO POR LA SOCIEDAD CIVIL”. Va en dos partes:

“El pasado 25 de agosto Libertad y Desarrollo junto a 16 organizaciones de gremios y víctimas de la violencia en La Araucanía dieron forma a un inédito evento cuyo propósito fue el de generar propuestas que abordaran, desde diversas perspectivas, la cada vez más incesante situación de conflicto en La Araucanía y sus proximidades.

Dentro de los múltiples actores involucrados en el dramático escenario que se vive en la macro zona sur del país, parece particularmente relevante escuchar la voz de organizaciones de la sociedad civil, que tienen un diagnóstico y ofrecen una mirada crítica, pero también constructiva, relativa a las políticas públicas, en tres ejes claves. Estos son: 1) violencia y seguridad, 2) fomento productivo para las comunidades indígenas y la región y 3) desarrollo y promoción de la cultura indígena, particularmente la mapuche.

En este marco, fueron catorce las propuestas que emanaron del trabajo en conjunto, las cuales reflejan el intercambio de miradas y posiciones de cada una de las tres mesas temáticas. Parece importante hacer el punto que las propuestas representan la postura de las organizaciones involucradas y no necesariamente se ajustan de modo fidedigno a la visión editorial de Libertad y Desarrollo en la materia, no obstante, existir una importante convergencia entre ambas perspectivas.

A continuación se detallarán las principales propuestas que surgen de la plataforma anteriormente comentada.

VIOLENCIA Y SEGURIDAD

Biobío, La Araucanía y Los Ríos son las regiones que han sido mayormente afectadas por el denominado conflicto mapuche que, día tras día, se vuelve más intenso. Esta zona ha visto durante décadas cómo la paz social se ha ido deteriorando como consecuencia del constante hostigamiento, amenazas, vulneración a la propiedad privada y desafíos a la institucionalidad vigente del Estado, con consecuencias fatales tanto para las víctimas de la violencia como para el desarrollo social de la región.

Esta dinámica de violencia además ha mostrado, especialmente desde marzo del presente año, una mayor intensidad de las acciones realizadas por estos grupos, quienes han radicalizando su accionar y aumentado la cantidad de daños producidos. Entre las propuestas más destacadas, se plantea:

  1. Perfeccionar la Ley Antiterrorista.

Esta propuesta concretamente busca robustecer la figura del testigo protegido, que existe en la ley 20.000 (ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas) con el fin de aumentar la cantidad de personas que pudieran entregar información sobre hechos y grupos que han realizados ataques con estas características.

  1. Especialización de las policías: más capacidades, formación e instrumentos.

En este punto se busca aumentar la dotación policial que existe en la zona de conflicto, al tiempo que quienes desempeñen su labor en estos lugares estén preparados para combatir este tipo específico de delito (así como existe el OS9 y el OS7, que exista un segmento especial de la policía que trabaje en la prevención y persecución de este tipo de delitos). Además, se propone dotar con tecnología y equipamiento de alta gama a quienes deben trabajar en esta  zona.

  1. Generar mecanismos de compensación alternativa que reemplacen la entrega de tierras.

La política de entrega de tierras se ha transformado en un instrumento de política pública detonador de la violencia, produciéndose un espiral en el cual a mayor cuantía de tierras entregadas, mayor incremento de la violencia. De ahí que la importancia de no reducir la compensación o reparación a la mera entrega de tierras, puesto que no es necesariamente el mejor mecanismo ni lo que necesita el mapuche de hoy. La alternativa debe generar reales oportunidades de desarrollo y no reducir a los integrantes de las comunidades indígenas a una agricultura de minifundio y comunitaria. Por lo demás, la mayoría de la población mapuche es urbana (74%) y el enfoque de entrega de tierras no da cuenta de las necesidades que tienen en una sociedad moderna.

  1. Eliminar el artículo 20b del fondo de tierra y aguas.

En este artículo se permite el financiamiento de tierras en conflicto debido a asignaciones y transferencias por títulos de merced o reconocidas por títulos de comisario. La propuesta busca terminar con la violencia y el conflicto por medio de la compra directa de tierras. A través de este artículo se genera además un incentivo a la reivindicación sin fin, concibiéndose la demanda por tierras como un derecho expectaticio, puesto que las comunidades pueden subdividirse y requerir tierras de un modo incesante.

Pueblos originarios: una historia diferente. La tribu Seminole es dueña del Hard Rock Café!

En los últimos años se ha multiplicado el interés por los derechos de los ahora llamados “pueblos originarios” y en algunos países de América Latina se han creado programas gubernamentales con distintos subsidios para estos grupos.

Quisiera ahora mostrar una historia diferente. Se trata la de los de la tribu Seminoles, de la península de Florida. ¡¡Tal vez pocos sepan que son los propietarios del Hard Rock Café!!

Hard Rock

Esta tribu no solamente muestra un notable espíritu emprendedor sino que, además, quieren ser parte de la globalización y competir en todo el mundo.

Esto es lo que se comenta en la página: http://www.hardrock.com/corporate/ownership.aspx

“Una y otra vez, la Tribu Seminole de Florida ha demostrado su capacidad para fortalecer su posición en este mundo cambiante. Un gobierno soberano con un Consejo Tribal electo, la Tribu Seminole ha obtenido notables éxitos desde que se convirtió en la primer Tribu India de los Estados Unidos en abrir salas de bingo en 1979. En 2004, la Tribu Seminole abrió dos hoteles Hard Rock y Casinos en Florida. Con la compra de la marca Hard Rock en 2007, la Tribu Seminole de Florida ha sumado el prestigio de una de las marcas más respetadas mundialmente.”

“Es el matrimonio perfecto de dos espíritus similares. Como los Seminoles, la filosofía de Hard Rock ha estado siempre basada en fuertes valores, incluyendo la importancia de ser auténticos e independientes y un servicio compartido de preservar nuestra naturaleza y proteger el planeta. Sobre la base de su rica tradición de coraje y logros innovadores, la Tribu Seminole de Florida está en posición de expandir sus horizontes aún más, a todos los rincones del planeta.”

No solamente hacen buenos negocios, también mantienen la política de beneficencia de Hard Rock Café. Esto dicen en su página:

“Desde 1971 nuestra misión en Hard Rock ha sido “hacer el bien haciendo las cosas bien” en nuestras comunidades, tanto locales como globalmente.”

Las causas que apoyan están relacionadas con sus lemas: “Tómate tiempo para ser bondadoso” (humanitarios); “Salva el Planeta” (ambientalista) y “Todo es uno” (industria del entretenimiento)

Petróleo, subsuelo y pueblos originarios

Surgió ahora un debate acerca de la definición de políticas sobre el petróleo en relación a una iniciativa impulsada por el presidente de YPF, Miguel Galuccio, que implica darle mayor control al estado nacional sobre el recurso petrolero: http://www.lanacion.com.ar/1686477-malestar-por-el-plan-oficial-para-limitar-el-control-provincial-del-petroleo

Las provincias estarían resistiendo este avance sobre lo que entienden es un recurso que les pertenece. Esto, obviamente, plantea una discusión sobre el derecho de propiedad.

Petróleo

Un funcionario de la provincia de Neuquén es citado afirmando que “”Neuquén detenta, como todas las provincias, el dominio del gas, el petróleo y el agua.”. Es decir, la Constitución otorga el derecho de propiedad a las provincias. Pero luego, resulta que ese derecho de propiedad es relativo. Comenta el senador Fernando “Pino” Solanas: “Vamos de un error a otro. Desde que el dominio quedó en manos de las provincias en 1994 y la política energética es potestad del gobierno nacional tenemos una fractura”.

Es decir, que el derecho de propiedad es limitado, ya que las provincias son “propietarias” y pueden otorgar concesiones para la explotación del recurso, pero luego cuestiones tales como el precio del recurso es una decisión del gobierno nacional. Esto significa que las provincias, no “poseen” el recurso en tanto no pueden ejercer uno de sus componentes básicos que es el uso y disposición, no pueden decidir a qué precio ofrecen el recurso. Esa “fractura” que señala Solanas es claramente un problema, ya que divide el derecho de propiedad entre dos “propietarios”, lo cual genera el conflicto que la noticia analiza.

Existen distintas alternativas en cuanto a la definición de la propiedad sobre recursos tales como el petróleo o el gas. Guillermo Yeatts ha estudiado la asignación de derechos de propiedad sobre estos recursos en América Latina: http://www.guillermoyeatts.com.ar/libros_robo_subsuelo.htm

Para considerar las opciones posibles, tengamos en cuenta las siguientes:

  1. El subsuelo podría ser propiedad del dueño de la superficie. Esto ocurre en algunos estados en Estados Unidos. Genera un fuerte incentivo a que el propietario de la superficie explore, o permita a otros explorar, ya que si se encuentra el recurso recibe una poderosa recompensa.
  2. El recurso podría ser propiedad de quien lo descubra primero. Esto significa que no es ya el “superficiario” sino quien llegue primero al recurso. La alternativa 1., es producto de una tecnología de perforación en la que se perfora verticalmente hasta llegar al yacimiento, y por ello es clave el acceso desde la propiedad de quien posee la superficie. Pero ahora, se puede perforar tanto vertical como horizontalmente. Es decir, puedo perforar en mi propiedad, pero luego avanzar hacia los costados lo que sea necesario. Entonces, ya no importa tanto quien sea el dueño de la superficie sino quien llega primero al yacimiento descubierto.
  3. El recurso puede ser propiedad del estado local, provincial o nacional.

En este sentido, parece ser un error que, como dice Solanas, el “dominio” quede en unos y la “política” quede en otras manos. Un estado provincial puede tener la propiedad, pero si luego la establecen las condiciones de venta y el precio entonces su dominio es más que limitado

Es necesario que se unifique el derecho de propiedad. La propuesta actual avanza hacia una mayor división entre “dominio” y “política”. Seguramente hasta preferirían que ambas estuvieran en manos del estado nacional, pero bien podría ser al revés, que ambas estuvieran en manos de los propietarios, en este caso, los gobiernos provinciales.

Por supuesto, creo que mayor sería el incentivo a producir si ambos estuvieran en manos del superficiario o del primer ocupante, pero la propiedad estatal del subsuelo, heredada en la colonia de la propiedad que el rey tenía de sus dominios parece lo único que puede considerarse. Sin embargo, sería de gran beneficio para los ahora llamados “pueblos originarios”, ya que serían propietarios de esos recursos y verían los beneficios de explotarlos. En el esquema actual, lo peor que le puede pasar a una comunidad de estas es que se descubra petróleo o gas, porque es apropiado por el estado provincial, asignado en concesiones y vaya a saber si vuelve algo de las regalías que se cobran. Ante esa circunstancia, no extraña que se opongan a todo desarrollo, también de minería, pero habría que ver si pensarían lo mismo en caso de ser propietarios.