Grecia podría tener su propia moneda, pero tendría que haber sido, y ahora ser, tan seria como Suiza

En su libro “Desnacionalización del dinero” Hayek trata el tema de la política monetaria y realiza una propuesta de “competencia de monedas”, cuya discusión es apropiada en todo país, como Argentina, que tiene dos monedas al menos, el peso y el dólar, o en Europa cuando se plantea la potencial salida de Grecia del Euro. El libro fue publicado en inglés por el Institute of Economic Affairs de Londres.

Hayek4

Su propuesta práctica hubiera evitado las amenazas que ahora se ciernen sobre el Euro ante la posible salida de Grecia ya que cada país hubiera mantenido su moneda, pero en competencia con todas las demás, más la monedas privadas que surgieran. Claro, esto no quiere decir que hubiera evitado los problemas de Grecia, que seguramente no hubiera podido colocar deuda en dracmas y tendría que haberlo hecho en otra moneda que los mercados aceptaran. Pero Grecia, si fuera tan seria como Suiza, podría tener su propia moneda. El tema es que no lo fue.

Aquí va lo de Hayek, cuarenta años antes que se planteara este problema:

“El extender el libre comercio de la moneda a la banca, como sugerimos, constituye una parte esencial de la propuesta que propugnamos. En primer lugar, los depósitos bancarios a la vista equivalen sin duda a una especie de dinero emitido privadamente. Tales depósitos constituyen hoy una parte, en muchos países la fundamental, del conjunto de medios de cambio. En segundo lugar, la expansión y contracción de las distintas superestructuras nacionales de crédito bancario son, en este momento, la principal excusa para la administración nacional del dinero básico.

Añadiré, en cuanto a los efectos de la adopción de esta propuesta, que por supuesto se trata de impedir a las autoridades financieras y y monetarias que se conduzcan de una forma que les resulta políticamente imposible de evitar en tanto dispongan de poder para hacerlo. Estas conductas son, sin excepción, no sólo perjudiciales y contrarias a largo plazo al interés del país que las practica, sino además políticamente inevitables como escapes temporales que son ante dificultades acuciantes. Incluyen medidas que permiten a los gobiernos suprimir fácil y rápidamente los motivos de descontento de determinados grupos o sectores, pero, a la larga, desorganizan y destruyen el orden de mercado.

Impedir al gobierno que oculte la depreciación monetaria

Dicho con otras palabras, la principal ventaja que deriva del plan que propongo radica en impedir que el gobierno pueda “proteger” la moneda emitida por él de las nocivas consecuencias derivadas de las medidas que él mismo adopta. En consecuencia, nuestro plan hace imposible utilizar posteriormente tan dañinos métodos. Ni podría ocultar la devaluación de la moneda que emite para impedir la evasión de capitales y otros bienes y recursos, ni tampoco podría controlar los precios, medidas que por supuesto tenderían a destruir el Mercado Común y que se originan en el mal uso de las propias monedas en la actividad interior. Este plan parece satisfacer mejor los requisitos de un mercado común sin necesidad de establecer un nuevo organismo internacional ni de conferir nuevos poderes a una autoridad supranacional, ni de crear una moneda común.

A todos los efectos, este plan sólo provocaría la desaparición de las valutas nacionales si las autoridades monetarias de cada país no actuaran correctamente. Incluso entonces podrían evitar el desplazamiento total de su moneda corrigiendo a tiempo su conducta. Es posible que en algunos países pequeños con mucho comercio exterior y turismo predominara la moneda de uno de los países más grandes; pero si se practicara una política sensata, nada impediría continuar usando la mayoría de las monedas existentes durante mucho tiempo. (Es importante, por supuesto, que las partes no lleguen a un acuerdo tácito de no proporcionar una moneda tan buena que los ciudadanos de otros países la prefieran. La presunción de culpa estaría siempre en contra del gobierno cuya moneda no fuera solicitada por la gente.)

No creo, además, que este plan impidiera a los gobiernos hacer lo que deben para que la economía funcione correctamente, ni obstaculizara medidas que beneficiarían a un grupo mayoritario de ciudadanos. Pero esto nos lleva a problemas que se discuten mejor en el marco del desarrollo completo del principio subyacente.”

 

Su propuesta práctica hubiera evitado las amenazas que ahora se ciernen sobre el Euro ante la posible salida de Grecia ya que cada país hubiera mantenido su moneda, pero en competencia con todas las demás, más la monedas privadas que surgieran. Claro, esto no quiere decir que hubiera evitado los problemas de Grecia, que seguramente no hubiera podido colocar deuda en dracmas y tendría que haberlo hecho en otra moneda que los mercados aceptaran. Aquí va lo de Hayek, cuarenta años antes que se planteara este problema:

“El extender el libre comercio de la moneda a la banca, como sugerimos, constituye una parte esencial de la propuesta que propugnamos. En primer lugar, los depósitos bancarios a la vista equivalen sin duda a una especie de dinero emitido privadamente. Tales depósitos constituyen hoy una parte, en muchos países la fundamental, del conjunto de medios de cambio. En segundo lugar, la expansión y contracción de las distintas superestructuras nacionales de crédito bancario son, en este momento, la principal excusa para la administración nacional del dinero básico.

Añadiré, en cuanto a los efectos de la adopción de esta propuesta, que por supuesto se trata de impedir a las autoridades financieras y y monetarias que se conduzcan de una forma que les resulta políticamente imposible de evitar en tanto dispongan de poder para hacerlo. Estas conductas son, sin excepción, no sólo perjudiciales y contrarias a largo plazo al interés del país que las practica, sino además políticamente inevitables como escapes temporales que son ante dificultades acuciantes. Incluyen medidas que permiten a los gobiernos suprimir fácil y rápidamente los motivos de descontento de determinados grupos o sectores, pero, a la larga, desorganizan y destruyen el orden de mercado.

Impedir al gobierno que oculte la depreciación monetaria

Dicho con otras palabras, la principal ventaja que deriva del plan que propongo radica en impedir que el gobierno pueda “proteger” la moneda emitida por él de las nocivas consecuencias derivadas de las medidas que él mismo adopta. En consecuencia, nuestro plan hace imposible utilizar posteriormente tan dañinos métodos. Ni podría ocultar la devaluación de la moneda que emite para impedir la evasión de capitales y otros bienes y recursos, ni tampoco podría controlar los precios, medidas que por supuesto tenderían a destruir el Mercado Común y que se originan en el mal uso de las propias monedas en la actividad interior. Este plan parece satisfacer mejor los requisitos de un mercado común sin necesidad de establecer un nuevo organismo internacional ni de conferir nuevos poderes a una autoridad supranacional, ni de crear una moneda común.

A todos los efectos, este plan sólo provocaría la desaparición de las valutas nacionales si las autoridades monetarias de cada país no actuaran correctamente. Incluso entonces podrían evitar el desplazamiento total de su moneda corrigiendo a tiempo su conducta. Es posible que en algunos países pequeños con mucho comercio exterior y turismo predominara la moneda de uno de los países más grandes; pero si se practicara una política sensata, nada impediría continuar usando la mayoría de las monedas existentes durante mucho tiempo. (Es importante, por supuesto, que las partes no lleguen a un acuerdo tácito de no proporcionar una moneda tan buena que los ciudadanos de otros países la prefieran. La presunción de culpa estaría siempre en contra del gobierno cuya moneda no fuera solicitada por la gente.)

No creo, además, que este plan impidiera a los gobiernos hacer lo que deben para que la economía funcione correctamente, ni obstaculizara medidas que beneficiarían a un grupo mayoritario de ciudadanos. Pero esto nos lleva a problemas que se discuten mejor en el marco del desarrollo completo del principio subyacente.”

 

Una noticia monetaria diferente: los suizos van a votar para tener más oro en su banco central

Al fin una noticia diferente en el ámbito de las políticas monetarias en el mundo. Cuando todos los bancos centrales están preocupados en cómo devaluar sus monedas a efectos de (supuestamente) evitar una “deflación”, los suizos estarán votando el próximo 30 de noviembre en referéndum si reforzar o no su sistema monetario con más oro.

Oro

La idea es rechazada, por supuesto, por el banco central suizo, el Swiss National Bank (SNB), y también por el Parlamento, pero los suizos tienen la posibilidad de opinar incluso contra la decisión de sus representantes, a través de mecanismos de democracia directa. No sería la primera oportunidad en que los votantes le han negado algún resultado deseado por los políticos: ya rechazaron la creación de un ejército o la de integrarse al euro.

La consulta contiene en tres puntos básicos:

  1. Prohibir la venta de las reservas de oro al Banco Central de Suiza (SNB).
  2. Repatriar todo el oro suizo que se guarda en el extranjero.
  3. Y reforzar el franco suizo con más oro, elevando las reservas de dicho metal hasta un mínimo del 20% de los activos del SNB.

Si triunfara esta propuesta el SNB perdería cierto poder para manipular su moneda ya que se vería obligado a comprar grandes cantidades de oro hasta alcanzar el 20% de sus activos.

Suiza, al igual que otros muchos países desarrollados (incluida España), ha estado vendiendo sus reservas de oro en la última década pasando del 30% al 10% del total de sus reservas.

El 90% de las reservas sobre el total de activos están conformadas por euros y dólares. Por el lado de los activos, el Banco Nacional de Suiza ha acumulado una gran cantidad de bonos alemanes y Americanos.

Comenta el candidato presidencial norteamericano Ron Paul:

“El pueblo suizo aprecia el esfuerzo de sus antepasados por acumular grandes reservas de oro, una moneda respetada, y construir un sistema bancario sólido e independiente. No quieren ver estos siglos de lucha dilapidados por un banco central. Los resultados de la consulta de noviembre pueden ser un referente, lo que indica cuán fuertes pueden ser los movimientos populares para que la banca central rinda cuentas y regresar a un sistema monetario respaldado en oro”, concluye.

La eficiencia de la política y la democracia directa: el caso de las consultas populares en Suiza

A fines de Noviembre, los votantes suizos podrán decidir, en una consulta popular, si obligan a su banco central a revertir la venta de oro de sus reservas. Comentaré esto en un post mañana. En este post, el economista Bruno Frey analiza las bondades de la “democracia directa” en ese país (La relación entre la eficiencia y la organización política, Libertas 23):

“La iniciativa es una institución especialmente importante porque les quita a los políticos el poder monopólico para establecer un orden de prioridades en el tratamiento de los temas y hace posible para los que “están afuera” proponer asuntos para la toma de decisiones democrática, incluyendo aquellos que los políticos preferirían no plantear, tales como los que se relacionan con sus ingresos, sus privilegios y su poder discrecional.

El caso de Suiza demuestra que la democracia es realmente efectiva para romper -al menos en parte- la coalición de los políticos contra los votantes. Es preciso tener en cuenta que en las democracias representativas resulta mucho más difícil detectar la existencia de una coalición semejante, porque los costos que los ciudadanos deben pagar para expresar sus distintas preferencias son mucho mayores: o bien deben recurrir a la protesta informal, difícil de organizar y que rara vez adquiere relevancia política, o tienen que esperar a la próxima elección, momento en el cual también les resultará difícil plantear demandas específicas o asuntos sustanciales. Por otra parte, en Suiza los ciudadanos pueden participar regularmente en las decisiones políticas por medio de referenda a nivel federal, cantonal o comunal. Entre 1848 y 1990 hubo, sólo a nivel federal, 147 referenda obligatorios (acerca de asuntos constitucionales), 103 referenda optativos (respecto de leyes) y 104 iniciativas (que fueron instituidas en 1891), y muchos más en los otros niveles (véase, e.g., Hertig, 1984, un informe sobre el sistema de referéndum de Suiza). Específicamente, los votantes tornaron en referenda las siguientes decisiones de los políticos, a las que ya nos hemos referido y que redundaban claramente en beneficio de éstos últimos:

1) En 1918 los ciudadanos adoptaron el sistema de voto proporcional para el parlamento (el Nationalrat), rechazado por los políticos que entonces ejercían el poder. En las elecciones siguientes, el partido radical-democrático perdió no menos del 40 por ciento de sus bancas.

2) Una iniciativa popular tomada en 1946 logró que las leyes federales “urgentes” fueran sometidas a un referéndum obligatorio en el plazo de un año.

3) La propuesta de que Suiza pasara a integrar las Naciones Unidas fue rechazada mediante un referéndum por no menos del 76 por ciento de los votos.

En todos estos casos, los políticos que estaban en una posición de poder en el gobierno y en el parlamento habían tomado formalmente una decisión contraria y habían propuesto formalmente a los ciudadanos que la apoyaran. Sin embargo, los ciudadanos, que no estaban preparados para una determinación favorable a la coalición de los políticos, optaron por reducir el poder de ésta.

Además, los estudios econométricos representativos realizados respecto de Suiza (Pommerehne, 1978, 1990) revelaron que las decisiones políticas sobre la provisión de bienes públicos corresponden más a las preferencias de los votantes cuanto más ampliamente desarrolladas se encuentran las instituciones que regulan la participación política directa. Como los que soportan el costo de las actividades gubernamentales no son los políticos sino los contribuyentes individuales, no es sorprendente que en las comunidades políticas cuyas instituciones de participación democrática directa están particularmente bien desarrolladas, el gasto público es, ceteris paribus, menor.

Los referenda no sólo son útiles para quebrar la coalición de los políticos destruyendo su monopolio sobre las prioridades en el tratamiento de los asuntos, sino también para centrar la discusión política en temas de importancia sustancial. La consecuencia de esto es que los ciudadanos pueden acceder a información libre de cargo.

A menudo la idea del referéndum es rechazada, especialmente por los intelectuales,porque se cree que los ciudadanos carecen de la inteligencia y de la educación suficientes como para tomar una decisión razonable acerca de los asuntos políticos; los que así piensan están de acuerdo en que esa tarea corresponde a una élite. En lo que respecta a Suiza, un experto en ciencias políticas expresa la opinión, generalizada entre los científicos sociales, de que la democracia fundada en el referéndum “reduce la eficiencia de la acción de gobierno y la capacidad de innovar” (Hertig, 1984, pp. 254-255; la traducción me pertenece). Si se consideran las preferencias individuales como la base normativa para la evaluación, esta acusación es inaceptable, porque da por sentado que existe una “voluntad social” independiente, según la cual la “eficiencia” y la “innovación” del gobierno son buenas en sí mismas. Sin embargo, desde el punto de vista individualista, este tipo de actividad tecnocrática muy bien puede ser incompatible con las preferencias de los ciudadanos, y en ese caso la “eficiencia” y la “innovación” son más perjudiciales que beneficiosas. Por supuesto, hay lugar para una élite aun en una democracia directa, sobre todo para ultimar los detalles y evaluar las consecuencias de los diversos asuntos políticos en curso.