El Instituto Libertad y Desarrollo de Chile publica regularmente “Economía Internacional al Instante”, y en el Nº 862 del 12 de julio de 2016 analiza la situación Argentina: http://www.lyd.org/lyd/EII/EII862Argentina12072016.pdf            

Es interesante cómo nos ven desde el país vecino:

 “Tarifazo” del gobierno del Presidente Macri contrae el consumo interno

Una de las primeras medidas emprendidas por el gobierno del Presidente Macri fue la revisión de la estructura de subsidios a los precios que había instalado la administración kirchnerista. Luego de una evaluación de rentabilidad social, se identificó la ineficiencia de varios de ellos y la utilización de esos recursos en programas más rentables socialmente. De este modo, se mantuvieron subsidiados los precios de servicios básicos como gas y electricidad para familias en situación de pobreza, especialmente pensionados y el grupo que recibe salario mínimo.

En paralelo, el gobierno decreto el alza de las tarifas de los servicios básicos, alzas que habían sido postergadas por decreto por la administración anterior.

Todo lo anterior ha significado un aumento en las tarifas de algunos servicios de hasta un 700% en algunas provincias, lo cual ha sido resistido por asociaciones de consumidores y gremios, argumentando el impacto que tendrá en la ya descontrolada inflación, que se estima en un 40%. La oposición, por su parte, ha señalado que el aumento de las tarifas podría haberse decretado de forma más paulatina, crítica que pierde validez ante el hecho de que fue el conglomerado que arguye el argumento, quienes no cumplieron con responsabilidad mientras estaban en el gobierno.

Las cortes de varias provincias han decretado la detención provisoria del aumento en las tarifas luego de varias denuncias recibidas.

Analistas internacionales han valorado la valentía del gobierno actual de tomar medidas serias para disminuir el déficit fiscal argentino, que alcanzó un 6,8% el año 2015. Al mismo tiempo, han aplaudido la consistencia del gobierno en avanzar con reformas impopulares pero necesarias para fortalecer la situación fiscal de la Casa Rosada.

El costo de las reformas no ha sido menor. Centros de estudios vinculados a la oposición han sacado a la luz el aumento de la pobreza, indigencia y vulnerabilidad, sobre todo en la zona metropolitana de la provincia de Buenos Aires. Según cálculos del Instituto de Economía Popular, el número de personas que viven bajo la línea de la pobreza pasó de 4,5 millones a 5 millones en 6 meses, mientras que la tasa de indigencia aumentó de un 5,71% a un 7,17% en la zona metropolitana de Buenos Aires. Otros centros de estudio han señalado, que el aumento explosivo de la pobreza se explica por una combinación entre corte de subsidios, alza del costo de vida y disminución de salarios reales, pero que es un fenómeno de corto plazo que debería revertirse dentro del 2017.

Ranking de Competitividad y Riesgo Soberano

El ranking mundial de competitividad confeccionado por WEF ubica a Argentina en el puesto N° 106, de los 148 países que son considerados. Esto implica un nuevo deterioro en su posición, ya que bajaron dos puestos en relación al ranking anterior, y doce puestos con respecto al ranking del año 2014. En cuanto a la categoría de Requerimientos Básicos del mismo informe, se ubica en la posición número 104, y su mejor calificación es en Salud y Educación Primaria, donde se ubica en el puesto N° 68, con una caída de 7 puestos en comparación al 2015. En contraste, y no siendo una sorpresa, su peor posición es la categoría Instituciones donde obtiene el lugar Nº 135 del ranking, superando sólo a países como Haití, Venezuela y Angola. En su informe, el World Economic Forum (WEF) destaca las malas condiciones de gobierno del país trasandino: en cuanto a los niveles de corrupción, Argentina se situó en el puesto 145º, en eficiencia del gobierno, quedó penúltimo y en favoritismo político, 146º de los 148 países analizados.

Luego del default al que cayó Argentina en agosto del año 2014, las calificadoras de riesgo han mejorado levemente las perspectivas sobre el país. Moodys entrega un B3, que se traduce en la categoría de Riesgo Sustancial, mientras que S&P cambió su calificación desde SD (Selective Default, o Default Selectivo) a B-. En la misma línea, Fitch´s entregaba la calificación de RD (Restrictive Default o Default Restringido) en septiembre de 2015, mientras que hoy lo califica con B.

La Fundación Heritage, en su Ranking de Libertad Económica 2016 ubica a Argentina en el puesto número 169° a nivel mundial y en el puesto 27 a nivel regional, sólo por encima de Venezuela y Cuba. En Argentina prevaleció un fuerte intervencionismo en la economía real y financiera, con expropiaciones de industrias y control de precios sobre casi todos los bienes y servicios, junto a una economía cerrada al exterior. La economía informal sigue creciendo mientras que la economía formal muestra una contracción que ya dura 2 años. En los últimos 7 años el índice para Argentina ha caído 8 puntos en general, con decrecimiento notables en materia de intervencionismo y gasto estatal, libertad para invertir, derechos de propiedad y libertad para hacer negocios. La corrupción seguía siendo un problema y el poder judicial está altamente politizado en todos sus niveles salvo la corte suprema. El gasto gubernamental supera el 40% del PIB y continuaba creciendo, sostenido insuficientemente por una alta tasa de impuestos del 29,5% efectiva.

La calificación de la Fundación Heritage ha anunciado que las políticas implementadas en los últimos meses por el gobierno argentino deberían traducirse en un cambio significativo en la calificación que entrega la fundación al país.

Exitoso plan de pago de deuda encabezado por el Ministro Prat-Gay

Luego de que el año 2001 la economía argentina cayera en una profunda recesión durante el llamado “corralito”, se produjo un default que afectó fuertemente la credibilidad del país ante acreedores y las agencias de calificación de riesgo.

La administración actual ha asumido el desafío de recuperar la confianza y credibilidad ante las entidades financieras internacionales. Durante los primeros días de gobierno, el Ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay, se reunió con más de una veintena de fondos de inversión, entre ellos los llamados “buitres”, para transmitir certeza de que se respetarían los acuerdos financieros del gobierno argentino.

El proyecto de Ley presentado por el Ministro Prat-Gay para negociar con los fondos de inversión contempló tres elementos relevantes. En primer lugar, la derogación de las llamadas “leyes cerrojo” de 2005 y 2009, aprobadas por el gobierno anterior, las cuales inhibían legislativamente al gobierno central la negociación bilateral con los fondos de inversión, dificultando el pago a los acreedores.

En segundo lugar, el proyecto estableció la potestad del Ministerio de Hacienda de negociar bilateralmente o multilateralmente con los fondos de inversión para terminar con los pleitos judiciales y la polémica vinculada al no pago de los bonos.

El tercer punto estableció los márgenes para la negociación, fijando en primer lugar que ningún pago podría exceder los montos estipulados en sentencias judiciales locales o extranjeras que hagan referencia a la deuda. En ese escenario, se establecieron dos mecanismos de pago. El primero establece un pago equivalente al monto de capital adeudado de sus títulos con más un 50% de dicho monto de capital, y está orientado a los fondos de inversión menos agresivos que no han establecido disputas judiciales, o bien aquellos con sentencias menores. El segundo, llamado “Pari Passu” está orientado a resolver de manera expedita los litigios con los “buitres” y prevé el pago de un 70% del reclamo legal para quienes tienen fallo monetario dictado por Griesa, el juez neyorkino que falló en segunda instancia contra el gobierno argentino por el litigio de los Holdouts. Esto incluye el total de la sentencia más los intereses devengados hasta el 31 de enero de 2016.