Artículo en La Nación: Economía del conocimiento, otra vez el juego de la perinola. Acá hasta la unanimidad es inestable

¿Cómo podemos esperar que haya inversiones si cada cambio de gobierno (o de ministro) modificamos las reglas de juego? La inversión siempre espera resultados a futuro, que pueden estar más cerca o más lejos. Dado que si hay algo que no conocemos con certeza es el futuro, toda inversión es incierta y todo inversor trata de reducir ese riesgo al mínimo.

Los gustos de los consumidores pueden cambiar (fíjese si hubiera invertido en Blockbuster), las dotaciones de recursos pueden modificarse (el shale oil no era considerado un recurso hace un par de décadas), pueden surgir nuevas tecnologías. Para invertir, además, hace falta una moneda que permita realizar cálculo económico en base a un valor relativamente previsible varios años hacia adelante.

Por último, mínimamente hay que saber cuáles serán los impuestos a pagar, la evolución de los salarios, los costos sobre la mano de obra, el acceso a divisas. Los países que reciben inversiones son aquellos que pueden ofrecer reglas de juego favorables (bajos impuestos y regulaciones) y estables. También recursos, pero la definición de recurso ya no tiene que ver con factores provistos por la naturaleza sino con capacidad, educación, iniciativa, empresarialidad. Por eso son ricos Singapur o Hong Kong, sentados sobre un par de rocas.

Nos hemos cansado de escuchar que Argentina tiene muchos de esos recursos y últimamente también tiene los vinculados con el conocimiento, a punto tal que se espera, o esperaba, que estas industrias alcanzaran a ser la segunda o tercera exportación, detrás de los productos del agro.

Unanimidad y consenso

El año pasado se aprobó una Ley de Economía del Conocimiento, que pasó por el Congreso en forma prácticamente unánime. Supuestamente esto refleja un elevado grado de consenso y sería una señal de estabilidad en las reglas de juego para que los inversores desplieguen todos sus proyectos.

En nuestro caso, sin embargo, eso no es así. Se acaba de suspender la aplicación de la ley hasta que se dicte una nueva reglamentación y ya se anuncian importantes cambios que han de modificar el cálculo económico de los inversores. Esta vez, la “estabilidad” duró unos pocos meses.

¿Cuál es la razón de que incluso normas aprobadas en forma unánime no puedan garantizar estabilidad? La respuesta es que ese consenso era falso, o que se refiere a otra cosa. Ahora el Congreso va a reformar la ley, y probablemente lo haga también con unanimidad. ¿Quién se anima a votar “contra” la tecnología, el progreso, la innovación? Todo eso es “políticamente correcto” en estos tiempos.

Pero es una “unanimidad” que no genera seguridad. Refleja que el único consenso que existe es el que dice: ayer te apoyé cuando beneficiaste a A, B y C; ahora ustedes me apoyan cuando beneficio a X, Y y Z. Algunos quieren bajar a otros de los beneficios recibidos (“entraban hasta cervecerías artesanales”); otros quieren que el tren pare en su estación para subirse a los beneficios (pymes industriales). La calesita volvió a funcionar y la perinola está en juego. El consenso es sobre la calesita.

Gobierno y oposición son responsables, porque disfrazan como “políticas de Estado” la delegación de funciones al ejecutivo, y el acuerdo de que ayer repartí yo, ahora te toca a vos. En el medio de todo eso, la confianza para las inversiones cae, o más bien se acorta a invertir en lo que se espera que dure el presente “consenso”, hasta que llegue el próximo.

Artículo en el diario La Tercera, de Chile, sobre las protestas y la reforma constitucional: ¿Quién los entiende?

Artículo hoy en el diario La Tercera de Santiago de Chile: https://www.latercera.com/opinion/noticia/quien-los-entiende/1009249/

¿QUIÉN LOS ENTIENDE?

Martín Krause

Profesor de Economía, Universidad de Buenos Aires

En breve estaré presentando el Índice de Calidad Institucional 2020, que publican la Fundación Libertad y Progreso de Buenos Aires y la Red Liberal de América Latina (Relial). Desde que lo hacemos, hace unos quince años, Chile ha fluctuado entre 21° y 25° de 190 países, el primero entre los latinoamericanos.

Lo hemos relacionado con todo tipo de variables, encontrando relaciones positivas: crecimiento económico, PIB per cápita, innovación, calidad ambiental, reducción de la pobreza. En todas Chile ha mejorado…, y sin embargo explotó.

Como siempre, ante el primer estallido la izquierda ve su origen en la desigualdad de ingresos. Los datos muestran que se ha reducido. La gente también piensa que ha sido la razón más importante de las manifestaciones, según la Encuesta de Diciembre 2019 del CEP. Sin embargo, en la de Mayo de 2019 del CEP la principal preocupación eran la delincuencia, los asaltos y los robos, con el 51% y la desigualdad fue señalada solamente por el 9%.

Esa encuesta muestra que había una alta preocupación por las pensiones, la salud y la educación y un alto descontento con el gobierno y la dirigencia política, a lo cual se suma una caída estrepitosa de la confianza en las instituciones luego de las protestas. Curiosamente, si bien la gente señala que la causa de las protestas es la desigualdad, cuando se le pregunta, en Diciembre, qué problemas debería solucionar el gobierno, la desigualdad sube solamente del 9 al 18%. ¿?

Trato de entender. ¿Frustraciones? ¿Respecto a qué? Dependerá de las expectativas, que difieren de un país a otro, por eso encontramos masivas protestas en países con la mejor calidad institucional, como en los de la más baja, Bolivia o Venezuela. Y en todos los casos el descontento se dirige hacia gobiernos y políticos. Parece inevitable, han asumido un creciente número de tareas y funciones, han impuesto servicios obligatorios, y ahora la gente los hace responsables de los resultados que se obtienen.

Ellos prometían que en breve Chile ya sería un país desarrollado; que los niveles de vida, la seguridad respecto al futuro y la calidad de los servicios estarían también a esa altura. Parece que no es así. Chile es un país con una de las presiones fiscales más altas de la región, el estado ha crecido mucho en los últimos años, pero la calidad de los servicios no parece ser la de países desarrollados. Otro tanto podría decirse del manejo de la represión de la violencia desatada por los manifestantes. Si lo comparamos con otros de similar posición en el ICI el PIB per cápita en Chile es de u$s 15.923, pero el de Portugal es 23.407; el de España 30.370 y el de Francia 41.463 (2018, Banco Mundial). Es cierto, en 1985 era de u$s 1.444.

La encuesta muestra que la gente está esperanzada con una nueva Constitución (56%) pero el 49% dice que el país necesita un líder fuerte. Los países de alta calidad institucional pueden tener líderes de fuerte “personalidad”, pero de poder limitado por las normas. ¿Qué quieren los chilenos, un líder populista con una constitución que le de poder? Supongo que habrán aprendido algo mirando al otro lado de la Cordillera, tanto en Argentina como en Bolivia.

 

¿Qué explica el crecimiento del Estado durante el siglo XX? ¿La democracia, las ideas, el lobby? ¿La tecnología?

¿Por qué ha crecido tanto el tamaño del Estado a partir del siglo XX? Antes, no había estados que absorbieran más de 10 puntos del PIB. Sin embargo, hoy, en los países más ricos ese porcentaje está por arriba del 25% y en algunos casos hasta del 40%. ¿A qué se debe ese cambio?

Hace muchos años ya tuve la oportunidad de visitar a Gordon Tullock, y cuando salió este tema me dio un artículo de su autoría, que luego tradujimos y publicamos en la revista Libertas: https://www.eseade.edu.ar/wp-content/uploads/2016/08/Tullock-Gordon.pdf

La discusión acerca de las causas de ese crecimiento sigue abierta. Unos años después, Tyler Cowen, profesor de George Mason University, presenta un paper en una reunión de la Mont Pelerin Society, sobre ese mismo tema y agrega una hipótesis más: la tecnología. http://www.bcaplan.com/Cowentech.pdf

Básicamente, el punto es que de la misma forma en que la tecnología del transporte, las comunicaciones y otras, facilitaron el crecimiento del tamaño de las empresas, también lo hicieron con el tamaño del estado.

Yo suelo ser optimista respecto al impacto de la tecnología en la libertad pero habrá que tener en cuenta estos argumentos. Así dice Cowen:

“A menudo escucho argumentar que las nuevas tecnologías traerán mayores posibilidades para la libertad. Por ejemplo, ciberespacio, tecnologías para el anonimato en línea y genética, algún día, la ingeniería podrían desfavorecer al gran gobierno (Friedman 2008). Habiendo dicho esto, las tecnologías futuras y sus efectos han sido notoriamente difíciles de predecir en el pasado. Por lo tanto, debemos ser cautelosos al sacar conclusiones aquí.

Otros sostienen que una mayor competencia entre los gobiernos ha traído una mayor libertad para el mundo, o traerá mayor libertad en el futuro (McKenzie y Lee 1991). Escuchamos cómo los movimientos de capital más libres imponen disciplina a los gobiernos y los obligan a instituir mejores políticas. A medida que los recursos se vuelven más móviles con el tiempo, podríamos esperar que tales restricciones produzcan más libertad a largo plazo.

Tales hipótesis, sin embargo, no encuentran apoyo en los datos. La evidencia muestra que las pequeñas economías abiertas tienden a ser más intervencionistas que más libres (Rodrik 1998). Cuanto más abierta es la economía, más riesgos enfrentan las personas por las perturbaciones de mercados mundiales más grandes. Estos ciudadanos tienden a favorecer una mayor intervención del gobierno, no menos, para protegerse contra esos riesgos. A medida que avanza la historia, vemos más ejemplos anecdóticos para apoyar este resultado estadístico general. Los mercados globales han castigado a muchos países más pobres, como Argentina o Indonesia, por sus malas políticas intervencionistas. A menudo, el resultado final es más intervención del gobierno, no menos.

Canadá es una economía más «abierta» que Estados Unidos, pero típicamente tiene una mayor ntervención gubernamental y mayores niveles de gasto público. En los países nórdicos las economías son muy abiertas y tienen mucho gasto público, aunque también tienen una mano reguladora relativamente ligera.

Más tecnología no necesita deshacer la politización de las sociedades. Las tecnologías futuras pueden aumentar o disminuir el papel del gobierno en la sociedad, pero si la historia muestra lo que pasa es que no debemos descuidar la tecnología para entender el cambio de un viejo equilibrio político a uno nuevo.”

Lejos estamos de discutir esto, pero es importante: la propiedad privada de las frecuencias del espectro electromagnético

Allá por los años 90s escribimos junto a Alberto Benegas Lynch (h) una serie de trabajos sobre políticas públicas, que luego terminaron siendo publicados en la revista Libertas y como libro con el título “Proyectos para una sociedad abierta”: https://www.eseade.edu.ar/wp-content/uploads/2016/08/ABL-Krause-Telecom.pdf

Allí, además de proponer la desregulación y privatización de las telecomunicaciones, proponíamos la asignación de derechos de propiedad privada sobre las frecuencias del espectro electro-magnético, esas por las que recibimos las llamadas en el celular, Internet, radio, etc. Seguíamos allí las ideas de Ronald Coase, desarrollados en un artículo que tuviera alto impacto; The Federal Communications Commission: https://econpapers.repec.org/article/ucpjlawec/doi_3a10.1086_2f674871.htm

Este último campo es ahora de fundamental importancia ante la futura llegada de la tecnología 5G pero, lamentablemente, la visión de los políticos argentinos no ha cambiado para nada. Por ejemplo, así describe esa política el Documento base sobre la identificación de desafíos y necesidades de Espectro Radioeléctrico en Argentina, publicado en realidad durante la administración anterior, pero cuyos conceptos seguramente serán más que reforzados por ésta:

“La gestión eficiente del Espectro Radioeléctrico es esencial para obtener el mayor beneficio social y económico en la explotación de este recurso. Bajo esta premisa, la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se encuentra diseñando un Plan Plurianual de Atribución de Espectro.

El Espectro Radioeléctrico se define en el Anexo IV del Decreto N° 764 como “el conjunto de las ondas radioeléctricas u ondas hertzianas, sin solución de continuidad, entendiéndose por tales a las ondas electromagnéticas, cuya frecuencia se fija convencionalmente por debajo de 3.000 GHz, que se propagan en el espacio sin guía artificial”.

Por otra parte, el referido Anexo IV del Decreto N° 764 expresa que la naturaleza escasa y limitada del espectro radioeléctrico requiere una administración razonable y transparente que, a efectos de la asignación de sus frecuencias, asegure la igualdad de condiciones de acceso, su uso eficiente y la concurrencia y selección competitiva de prestadores de servicios de radiocomunicaciones y usuarios. En este sentido, destaca que todo procedimiento para su asignación y utilización debe realizarse de manera objetiva, transparente y no discriminatoria.

Según el artículo 26 de la Ley Argentina Digital Nº 27.078, el espectro radioeléctrico es un recurso intangible, finito y de dominio público, cuya administración, gestión y control es responsabilidad indelegable del Estado Nacional.

El artículo 27 de la mencionada ley establece que la administración, gestión y control del espectro se realizará de conformidad con lo que establece esa ley, la reglamentación que en su consecuencia se dicte, las normas internacionales y aquellas dictadas por las conferencias mundiales y regionales en la materia a las que la República Argentina adhiera.”

La propiedad estatal del espectro no solamente da como resultado un sistema más ineficiente, ya que el mercado asignaría en forma inmediata las frecuencias a sus usos más valiosos y tendríamos ya las más modernas tecnologías; es también un peligro desde el punto de vista de la libertad de expresión y de prensa. Si no, véase cómo el régimen chavista destruyó a la prensa independiente, quitando o no renovando esas licencias.

Ahora, seguramente este nuevo gobierno planteará una nueva “política de telecomunicaciones”, pero lo esencial es que no haya “política” en las telecomunicaciones y deberíamos desterrar al Estado de este campo a través de la asignación de derechos de propiedad privada sobre el espectro.

El poder y el control del poder. ¿Los dos son bienes públicos? ¿Si se puede proveer el segundo, porqué no el anarco-capitalismo?

Muy interesante paper de Kenju Kamei (Durham Univresity), Louis Putterman (Brown University, y Jean-Robert Tyran (University of Viena; University of Copenhagen) titulado Civic Engagement as a Second-Order Public Good: The Cooperative Underpinnings of the Accountable State

Kamei, Kenju and Putterman, Louis and Tyran, Jean-Robert, Civic Engagement as a Second-Order Public Good: The Cooperative Underpinnings of the Accountable State (September 2, 2019). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3448470 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3448470

¿Cuál es el planteo principal? Bueno, todos conocemos el argumento básico de la economía neoclásica respecto a la provisión de bienes públicos y, según esa línea de argumentación, la necesidad de que los provea el Estado debido a los incentivos para ser “free rider” (usuario gratuito). La típica presentación del argumento, que ya he criticado aquí muchas veces y en algunos artículos, es:

“La cooperación voluntaria por sí sola no puede proporcionar efectivamente bienes públicos vitales como la ley y el orden, la defensa, el aire limpio y la infraestructura. Los fondos que pueden recaudarse a través de donaciones voluntarias no bastarían para financiar un gobierno efectivo, ya que muchos contribuirían gratuitamente. En cambio, la financiación de los bienes públicos debe recurrir a la coerción, el poder del estado para gravar: el gobierno obliga a sus ciudadanos a pagar impuestos y amenaza con multarlos y castigarlos si no cumplen.

Sin embargo, el poder estatal para imponer impuestos puede usarse no solo para financiar bienes públicos vitales sino también para financiar bienes privados para unos pocos y redistribuirlos a los que están en el poder.

Esto plantea un dilema: el poder del estado es necesario para aumentar el bienestar, pero una vez que se crea el poder, se avecina el peligro de mal uso, corrupción y opresión. Los académicos han reconocido este problema fundamental hace mucho tiempo, y dos soluciones a este dilema se han implementado en los estados modernos para mantener el poder del gobierno bajo control.

El primero se basa en la idea de distribuir el poder, con múltiples instituciones monitoreándose entre sí (el «sistema de controles y equilibrios» en la constitución de los Estados Unidos). El segundo, posiblemente también requerido para asegurar que las ramas gubernamentales en el primer esquema se mantengan enfocadas en su responsabilidad social, se basa en la idea de hacer que el gobierno rinda cuentas a sus ciudadanos, generalmente a través de elecciones democráticas que permitan a los ciudadanos votar a los líderes fuera del poder.”

Es decir, hay un problema de provisión de “bienes públicos”, por lo que estos son provistos por el Estado, lo que crea un bien público de segundo orden, esto es, ¿quién controla al Leviatán?

La respuesta de este muy buen trabajo es que el control cívico de unos pocos es suficiente y puede obtenerse a bajo costo.

Entiendo que hay dos tipos de discusión al respecto. La primera es si esto efectivamente es posible, si no existe un “fracaso de la política” que impide obtener ese resultado, como lo señalan los libros de Pincione & Tesón: Rational Choice and Democratic Deliberation: A Theory of Discourse Failure y el de Bryan Caplan, The Myth of the Rational Voter.

La segunda es que si ese bien público de segundo orden puede ofrecer el control necesario al monopolio del poder, también puede garantizar el control en un marco de jurisdicciones en competencia, o agencias, como queramos llamarlo.

Es decir, se podría aplicar tanto al modelo minarquista como al anarco-capitalista.

Los daños ambientales del socialismo han sido mucho peores que los del capitalismo. Aquí la destrucción de árboles en China

En el libro de Jung Chang, que describe la vida de tres generaciones de mujeres chinas durante el siglo XX la autora cuenta su experiencia en una comuna agrícola y el deterioro ambiental creado por una política anterior, el Gran Salto Adelante, según la cual habían forzado a todos los campesinos a cortar todos los árboles para alimentar hornos que, a su vez, iban a impulsar la producción de acero y hierro. Para ello, también los obligaron a fundir hasta los cubiertos de su casa y todos sus utensilios de cocina.

Así son los efectos de la planificación económica. Esto cuenta

“En las mañanas de invierno aprovechaba el intervalo de dos horas previo al desayunó para trepar por las colinas en busca de leña acompañada por el resto de mujeres consideradas más débiles. En las colinas apenas crecían árboles, e incluso los matorrales eran escasos y aparecían desperdigados. A menudo teníamos que recorrer largos trayectos.

Asiendo las plantas con la mano libre, cortábamos las ramas con una hoz. Los arbustos se hallaban erizados de espinas, varias de las cuales se las arreglaban invariablemente para incrustarse en mi palma y mi muñeca izquierdas.

Al principio, solía emplear largo rato en intentar extraerlas, hasta que por fin me acostumbré a esperar que salieran por sí mismas al ceder la hinchazón que ocasionaban. Recogíamos lo que los campesinos llaman «combustible de plumas», aunque su incineración resultaba prácticamente inútil, ya que ardían instantáneamente.

En cierta ocasión en que mencioné la mala fortuna de no contar con árboles como es debido, las mujeres que estaban conmigo me revelaron que no siempre había sido así. Antes del Gran Salto Adelante, dijeron, aquellas colinas habían estado cubiertas de pinos, eucaliptos y cipreses, pero todos habían sido cortados para alimentar los hornos de patio en los que se producía el acero.

Me lo contaron con tono apacible, sin mostrar amargura alguna, como si no constituyera el origen de su batalla cotidiana en busca de combustible. Parecían considerarlo como una calamidad más que la vida había arrojado sobre ellas.

Yo, sin embargo, me sentí conmocionada al comprobar por primera vez y con mis propios ojos las catastróficas consecuencias del Gran Salto Adelante, episodio que me había sido relatado como un «glorioso éxito».”

Sobre los incentivos en el mercado y en la economía planificada. Así era el trabajo en las comunas agrícolas chinas

Más del interesante libro “Cisnes Salvajes” de Jung Chang, que cuenta la historia de tres generaciones de mujeres en China durante todo el siglo XX.

Aquí, la autora, es enviada en un momento a una comuna agrícola para el aprendizaje a través del trabajo campesino, y así describe lo que ocurría:

“Fue en Deyang donde aprendí cómo viven realmente los campesinos chinos. Cada día comenzaba con la adjudicación de tareas por parte de los jefes de los equipos de producción. Todos los campesinos tenían que trabajar, y cada uno de ellos recibía un número determinado de «puntos de trabajo» (gong-jen) a cambio de su labor diaria. El número de puntos de trabajo acumulados constituía un elemento de gran importancia durante la distribución que se realizaba a finales de año. En ella, los campesinos obtenían de su equipo de producción alimentos, combustible y otras necesidades cotidianas, así como una pequeña cantidad de dinero en metálico. Concluida la cosecha, el equipo de producción entregaba parte de la misma al Estado en concepto de impuestos, y el resto se dividía. En primer lugar se entregaba una cantidad igual a todos los hombres, y aproximadamente una cuarta parte menos a las mujeres.

Los niños menores de tres años recibían media porción. Dado que tampoco los niños que apenas rebasaban esa edad podían consumir la ración de un adulto, convenía tener cuantos más hijos mejor. El sistema funcionaba como un eficaz desincentivador del control de la natalidad.

Lo que restaba de la cosecha se distribuía según el número de puntos de trabajo obtenidos por cada uno.

Dos veces al año, todos los campesinos se reunían para determinar el número de puntos de trabajo diarios de cada uno. Se trataba de reuniones a las que no faltaba nadie. Al final, la mayor parte de los jóvenes y adultos recibían diez puntos diarios, y las mujeres ocho.

Uno o dos, reconocidos por todos como los más fuertes, recibían un punto extra.

Los «enemigos de clase» tales como el antiguo terrateniente del poblado y su familia obtenían un par de puntos menos que los demás a pesar de que trabajaban con el mismo tesón y de que a menudo se les encomendaban las labores más duras. Nana y yo, siendo como éramos inexpertas «jóvenes de ciudad», obteníamos tan sólo cuatro puntos, los mismos que los chiquillos que apenas habían alcanzado la adolescencia. Se nos dijo que era sólo «para empezar», pero mi cupo nunca fue aumentado.

Dado que apenas existía variación en el número de puntos diarios obtenidos por cada uno dentro de las distintas categorías y géneros, el número de puntos de trabajo acumulados dependía más del número de días trabajados que de la calidad del trabajo.

Ello constituía un constante motivo de resentimiento entre los habitantes del poblado, así como un importante obstáculo para la eficacia de la labor común. Día tras día, los campesinos escudriñaban su alrededor para comprobar cómo trabajaban los demás por si acaso alguien se estaba aprovechando de ellos. Nadie quería trabajar con más ahínco que otros que recibían el mismo número de puntos. Las mujeres experimentaban una profunda amargura al contemplar cómo algunos hombres realizaban las mismas tareas que ellas pero recibían dos puntos más. Las discusiones eran constantes.

A menudo nos pasábamos diez horas en el campo para realizar una tarea que habría podido llevarse a cabo en cinco. Sin embargo, había que cumplir aquellas diez horas para que se nos contara un día completo. Trabajábamos a cámara lenta, y yo observaba constantemente el sol en espera de su descenso mientras contaba los minutos que faltaban hasta que sonara el silbato que señalaba la conclusión de la jornada. No tardé en descubrir que el aburrimiento podía ser tan agotador como el trabajo más duro.”

McAfee, del MIT: More for Less. Cada vez usamos menos materiales para producir una unidad de PBI. El consumo de metales cae

El profesor del MIT, Andrew McAfee, publica un libro titulado:

More from Less: The Surprising Story of How We Learned to Prosper Using Fewer Resources — and What Happens Next; Scribner, 2019

Se inscribe en la línea de trabajos como los de Matt Ridley (The Rational Optimism), Steven Pinker (The Better Angels in Our Nature) o el de Johan Norberg (Progress: Ten Reasons to Look Forward to the Future). En esencia son trabajos que se contraponen con una visión pesimista predominante tanto en la izquierdo como en la derecha conservadora.

Para los primeros, todo va mal, culpa del capitalismo salvaje, cada vez peor y por eso hay que cambiar el sistema aunque todavía no hayan podido presentar un modelo alternativo. Esto se junta, además, con el tema del cambio climático y visiones apocalípticas del futuro. Desde el lado conservador el pesimismo es más bien cultural, donde vamos cada vez peor en términos de valores y conductas.

En Strategy+Business, de la consultora PWC, comentan el texto en estos términos:

https://www.strategy-business.com/article/Pessimism-dematerialized-Four-reasons-to-be-hopeful-about-the-future?gko=d1f4d

 

“Si eres una persona con el vaso medio lleno, te encantará el último libro de Andrew McAfee, Más de menos. Siempre optimista, aunque sigue expresando pequeñas notas de precaución, McAfee, científico investigador de la Escuela de Administración MIT Sloan y cofundador y codirector de la Iniciativa sobre Economía Digital del MIT (con el colaborador frecuente Erik Brynjolfsson), cree que la vida en este planeta se está volviendo cada vez mejor todo el tiempo También piensa que aunque los humanos enfrentan grandes desafíos, tenemos a nuestra disposición todos los recursos necesarios para enfrentarlos.

El principal apoyo sobre el que McAfee construye esta tesis, que él admite que será difícil de asimilar para los lectores más escépticos, es un proceso continuo de desmaterialización que encuentra que ocurre en economías maduras. A partir de la investigación realizada por el científico ambiental Jesse Ausubel y el escritor Chris Goodall, McAfee traza el consumo de recursos en los Estados Unidos. Por ejemplo, utiliza los datos del Servicio Geológico de EE. UU. Para mostrar que a partir de 2015, el consumo de los cinco metales de fabricación «más importantes» en los EE. UU. (Aluminio, cobre, acero, níquel y oro) ha alcanzado su punto máximo desde 2000. El consumo de acero ha bajado un 15 por ciento; el aluminio ha bajado un 32 por ciento; el cobre ha bajado un 40 por ciento. Lo mismo es cierto para el consumo de energía, así como para una variedad de insumos agrícolas y de construcción. Desde el primer Día de la Tierra en 1970, el consumo de recursos de EE. UU. Ha disminuido, pero la economía de la nación ha seguido creciendo. En pocas palabras, McAfee argumenta que se necesitan muchas menos cosas para producir un dólar de PIB hoy que hace 50 años.

McAfee declara que los datos muestran que «se está produciendo una gran inversión de nuestros hábitos de la era industrial». La economía estadounidense ahora está experimentando una desmaterialización absoluta amplia ya menudo profunda ”. ¿Y el resto del mundo? Bueno, los datos están incompletos. McAfee encuentra alguna evidencia de que las naciones industrializadas de Europa están consumiendo recursos en un «pico pasado», pero los países en desarrollo, como China e India, que todavía están en proceso de industrialización, «probablemente aún no se están desmaterializando».

Un paper con algo bastante obvio: las monedas digitales privadas generan competencia y restringen el abuso de la «política» monetaria

Las criptomonedas van a seguir siendo un tema de interés, sobre todo en países que no cuentan con una moneda propia confiable. Ahora, dos profesores de New York University y uno de McGill University en Montreal, escribieron un paper que publica el National Bureau of Economic Research (NBER), titulado así:

How Do Private Digital Currencies Affect Government Policy?

Max Raskin, Fahad Saleh, and David Yermack

NBER Working Paper No. 26219

September 2019

Esto dice el resumen:

“Este documento proporciona una evaluación sistemática de los diferentes tipos de monedas digitales. Nosotros expresamos cierto escepticismo sobre las monedas digitales centralizadas y, por lo tanto, centramos nuestro análisis económico en las monedas digitales privadas. Específicamente, destacamos el potencial de las monedas digitales privadas para mejorar el bienestar dentro de un mercado emergente con un gobierno egoísta. En esa demostración, mostramos que una moneda digital privada no solo mejora el bienestar de los ciudadanos sino también fomenta la inversión local y mejora el bienestar del gobierno.”

Pero ya en el artículo están las conclusiones principales:

“Nuestro primer hallazgo establece que los ciudadanos se benefician de la existencia de la moneda digital privada. Los ciudadanos acumulan esas ganancias a través de dos canales. Primero, como lo documenta Dyhrberg (2016) y Chan, Le y Wu (2019), las monedas digitales privadas que ofrecen diversificación. Nosotros demostramos que esta diversificación genera beneficios de bienestar para los ciudadanos. Segundo, la moneda digital privada sirve como competencia para la inversión local porque la existencia de la moneda digital privada restringe la política monetaria, generando así una baja en la inflación.

Nuestro segundo hallazgo destaca que las monedas digitales privadas fomentan la inversión local. Este hallazgo también opera a través de dos canales. Primero, mostramos que una moneda digital privada generalmente sirve como un complemento más que como un sustituto de la inversión local porque ciudadanos, cuando se les da acceso a una moneda digital privada, no solo invierten en esa moneda sino también amplia la inversión en la economía local. Segundo, la existencia de la moneda digital privada impone disciplina en la política monetaria mediante la creación de una alternativa a la moneda fiat local. Que la disciplina política monetaria reduce la inflación y resulta en mayores retornos de la inversión que a su vez fomentan una mayor inversión local.

Nuestro tercer hallazgo demuestra que el gobierno puede beneficiarse al permitir la moneda digital privada dentro de la economía local. Este hallazgo surge porque el gobierno extrae ganancias de los ciudadanos a través de los impuestos. Una mayor inversión local genera mayores impuestos e ingresos para el gobierno. El gobierno permite la moneda digital privada debido a los ingresos adicionales sin tener en cuenta el bienestar ciudadano. “

Columna en el Cronista: Economía del conocimiento y seguridad jurídica

Columna en Cronista: https://www.cronista.com/columnistas/Economia-del-conocimiento-e-inseguridad-juridica-20200130-0061.html

 

¿Cómo podemos esperar que haya inversiones si cada cambio de gobierno modificamos las reglas de juego? La inversión siempre espera resultados a futuro, que pueden estar más cerca o más lejos. Dado que si hay algo que no conocemos con certeza es el futuro, toda inversión es incierta y todo inversor trata de reducir ese riesgo al mínimo.
Los gustos de los consumidores pueden cambiar (fíjese si hubiera invertido en Blockbuster), las dotaciones de recursos pueden modificarse (el shale oil no era considerado un recurso hace un par de décadas), pueden surgir nuevas tecnologías. Para invertir, además, hace falta una moneda que permita realizar cálculo económico en base a un valor relativamente previsible varios años hacia adelante.
Por último, mínimamente hay que saber cuáles serán los impuestos a pagar, la evolución de los salarios, los costos sobre la mano de obra, el acceso a divisas. Los países que reciben inversiones son aquellos que pueden ofrecer reglas de juego favorables (bajos impuestos y regulaciones) y estables.

También recursos, pero la definición de recurso ya no tiene que ver con factores provistos por la naturaleza sino con capacidad, educación, iniciativa, empresarialidad. Por eso son ricos Singapur o Hong Kong, sentados sobre un par de rocas.
Nos hemos cansado de escuchar que Argentina tiene muchos de esos recursos y últimamente también tiene los vinculados con el conocimiento, a punto tal que se espera, o esperaba, que estas industrias alcanzaran a ser la segunda o tercera exportación, detrás de los productos del agro.
Unanimidad y consenso
El año pasado se aprobó una Ley de Economía del Conocimiento, que pasó por el Congreso en forma prácticamente unánime. Supuestamente esto refleja un elevado grado de consenso y sería una señal de estabilidad en las reglas de juego para que los inversores desplieguen todos sus proyectos.
En nuestro caso, sin embargo, eso no es suficiente. Se acaba de suspender la aplicación de la ley hasta que se dicte una nueva reglamentación y ya se anuncian importantes cambios que han de modificar el cálculo económico de los inversores. Esta vez, la “estabilidad” duró unos pocos meses.
¿Cuál es la razón de que incluso normas aprobadas en forma unánime no puedan garantizar estabilidad? La respuesta es que ese consenso era falso. La centralización del poder en Argentina ha llevado a que el Congreso apruebe leyes de carácter muy general y luego delegue en el Poder Ejecutivo la capacidad de fijar las reglas de juego reales. Esto lo hace a través de la reglamentación.
Es decir, se aprueba una ley en la cual se sanciona la felicidad del pueblo argentino, o de un determinado sector, y todos están de acuerdo. Pero luego, los números son el resultado de la reglamentación.

Entonces, ahora, incluso quienes votaron a favor de la ley van a apoyar los nuevos cambios porque dirán que no estaban de acuerdo con lo reglamentado, o sostendrán que esto iba en contra del “espíritu” de la ley. Algunos quieren bajar a otros de los beneficios recibidos (“entraban hasta cervecerías artesanales”); otros quieren que el tren pare en su estación para subirse a los beneficios (pymes industriales). La calesita volvió a funcionar y la perinola está en juego.
Gobierno y oposición son responsables, porque disfrazan como consenso la delegación de funciones al ejecutivo, algo que el Congreso ha estado haciendo en estas décadas de estatismo centralista que nos ha dejado una simple fachada de la división de poderes.