La revista Regulation, del Cato Institute, trae un artículo de Thomas Hemphill que plantea una cuestión interesante en relación a la regulación de medicamentos y salud: ¿no deberían los pacientes terminales tener derecho a probar todo tipo de droga o tratamiento?
Claro, podríamos plantear si no todos deberíamos tenerlo, pero veamos por el momento este caso en particular: http://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2014/10/regulationv37n3-8.pdf
En Noviembre, los votantes de Arizona aprobaron la Proposición 303, una consulta popular para dar a los paciente terminales el derecho de probar medicamentos en investigación que han aprobado la primera fase de aprobación de la Food and Drug Administration pero que aún tienen muchos años por delante para salir a la venta.
Leyes de este tipo ya han sido aprobadas en Colorado, Luisiana, Michigan y Missouri. Dice Hemphill: “Claramente, el objetivo de estas leyes, llamadas “derecho a probar”, es eliminar el burocrático proceso gubernamental que limita el acceso a drogas que potencialmente pueden salvar vidas de pacientes enfermos. Sin embargo, esta barrera administrativa no es necesariamente removida por la aprobación de estas leyes estaduales. Bajo la cláusula de Comercio Interestatal de la Constitución, la FDA podría sostener, convincentemente, que los gobiernos estaduales han violado esta cláusula fundamental, derogando su vigencia.”
Darcy Olsen, presidente del Goldwater Institute, con sede en Arizona, afirmó: “Los pacientes terminales no tienen tiempo para esperar que las nuevas drogas pasen por el proceso de aprobación que tarda una década. La Proposición 303 permite a los pacientes trabajar directamente con sus médicos para acceder a medicinas en investigación prometedoras, ahora mismo.”
La FDA tiene un proceso que permite a la gente pedir permiso para acceder a estos medicamentos. Este proceso para el “uso compasivo” demanda horas de trámites. Mientras muchas personas reciben ese permiso hay docenas de casos documentados de gente que ha muerto esperando por esa aprobación.
Dice Olsen: “Los norteamericanos no deberían pedir permiso al gobierno para tratar de salvar sus propias vidas. Deberían poder trabajar con sus médicos directamente para decidir que tratamientos potenciales están dispuestos a probar”.
Para Hemphill estas leyes estaduales han cambiado poco: “Entonces, en verdad, poco ha cambiado para los pacientes terminales. Lo que pueden lograr estas iniciativas legislativas estaduales es dar nueva energía al tema ante el público. En definitiva, el objetivo de quienes apoyan el “derecho a probar” es asegurar la aprobación de una legislación similar a nivel federal e influir a la industria farmacéutica, a la FDA, a los médicos y a las aseguradoras médicas para que cooperen en desarrollar una solución factible para los pacientes terminales, sus familias y amigos. No está claro que los esfuerzos estaduales pueden alcanzar ese logro, a pesar de sus nobles intenciones.”