Muy interesante paper de Kenju Kamei (Durham Univresity), Louis Putterman (Brown University, y Jean-Robert Tyran (University of Viena; University of Copenhagen) titulado Civic Engagement as a Second-Order Public Good: The Cooperative Underpinnings of the Accountable State
Kamei, Kenju and Putterman, Louis and Tyran, Jean-Robert, Civic Engagement as a Second-Order Public Good: The Cooperative Underpinnings of the Accountable State (September 2, 2019). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3448470 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3448470
¿Cuál es el planteo principal? Bueno, todos conocemos el argumento básico de la economía neoclásica respecto a la provisión de bienes públicos y, según esa línea de argumentación, la necesidad de que los provea el Estado debido a los incentivos para ser “free rider” (usuario gratuito). La típica presentación del argumento, que ya he criticado aquí muchas veces y en algunos artículos, es:
“La cooperación voluntaria por sí sola no puede proporcionar efectivamente bienes públicos vitales como la ley y el orden, la defensa, el aire limpio y la infraestructura. Los fondos que pueden recaudarse a través de donaciones voluntarias no bastarían para financiar un gobierno efectivo, ya que muchos contribuirían gratuitamente. En cambio, la financiación de los bienes públicos debe recurrir a la coerción, el poder del estado para gravar: el gobierno obliga a sus ciudadanos a pagar impuestos y amenaza con multarlos y castigarlos si no cumplen.
Sin embargo, el poder estatal para imponer impuestos puede usarse no solo para financiar bienes públicos vitales sino también para financiar bienes privados para unos pocos y redistribuirlos a los que están en el poder.
Esto plantea un dilema: el poder del estado es necesario para aumentar el bienestar, pero una vez que se crea el poder, se avecina el peligro de mal uso, corrupción y opresión. Los académicos han reconocido este problema fundamental hace mucho tiempo, y dos soluciones a este dilema se han implementado en los estados modernos para mantener el poder del gobierno bajo control.
El primero se basa en la idea de distribuir el poder, con múltiples instituciones monitoreándose entre sí (el «sistema de controles y equilibrios» en la constitución de los Estados Unidos). El segundo, posiblemente también requerido para asegurar que las ramas gubernamentales en el primer esquema se mantengan enfocadas en su responsabilidad social, se basa en la idea de hacer que el gobierno rinda cuentas a sus ciudadanos, generalmente a través de elecciones democráticas que permitan a los ciudadanos votar a los líderes fuera del poder.”
Es decir, hay un problema de provisión de “bienes públicos”, por lo que estos son provistos por el Estado, lo que crea un bien público de segundo orden, esto es, ¿quién controla al Leviatán?
La respuesta de este muy buen trabajo es que el control cívico de unos pocos es suficiente y puede obtenerse a bajo costo.
Entiendo que hay dos tipos de discusión al respecto. La primera es si esto efectivamente es posible, si no existe un “fracaso de la política” que impide obtener ese resultado, como lo señalan los libros de Pincione & Tesón: Rational Choice and Democratic Deliberation: A Theory of Discourse Failure y el de Bryan Caplan, The Myth of the Rational Voter.
La segunda es que si ese bien público de segundo orden puede ofrecer el control necesario al monopolio del poder, también puede garantizar el control en un marco de jurisdicciones en competencia, o agencias, como queramos llamarlo.
Es decir, se podría aplicar tanto al modelo minarquista como al anarco-capitalista.