No existe un «estado» global: la provisión de bienes públicos a ese nivel ha de ser voluntaria

Una teoría profundamente establecida entre la mayoría de economistas y no economistas es que existen ciertos bienes o servicios, cuyas características hace que no los pueda ofrecer el mercado en cantidades suficientes ya que como no se puede excluir a nadie la provisión se ve afectada por el incentivo a ser “free rider” o usuario gratuito de un servicio sin necesidad de pagarlo. En la teoría se llama a estos bienes “públicos”. Por otro lado, muchos economistas han mostrado cómo el mercado se las arregla para proveer bienes públicos en forma voluntaria, comenzando por un ya famoso artículo de Ronald Coase sobre la provisión privada de faros en Inglaterra.

Bien. Al margen de las discusiones históricas, lo cierto es que si se trata de bienes o servicios “globales” nos encontramos que no existe un estado global que pueda proveerlos, hay que descansar inevitablemente en la cooperación voluntaria, al menos de los más de 200 estados que existen en este mundo.

No es la intención del paper que voy a comentar, pero inevitablemente tiene que terminar proponiendo soluciones cooperativas cuando analiza el futuro del Acuerdo de París. El artículo se titula “Short-run and long-run cooperation in the Paris Agreement”, por Gabriela Mundaca de la Universidad de Delaware: http://www.journals.elsevier.com/journal-of-environmental-economics-and-management

El tema aparece ya en el resumen:

“En un modelo de juegos repetidos, determinamos las condiciones bajo las cuales la cooperación para trabajar hacia un bien público es un resultado de equilibrio entre países desarrollados y en desarrollo en un foro internacional como el Acuerdo de París. Encontramos que el monitoreo, la presión de los pares y las recompensas (financiamiento climático) son cruciales y necesarios para lograr el cumplimiento de los acuerdos realizados y así lograr objetivos comunes deseables e intereses compartidos del Acuerdo de París. Si los países y sus gobiernos están menos preocupados por la reputación de sus países y los efectos del cambio climático en el bienestar, la cooperación continua podría volverse más desafiante.”

Más sobre la provisión privada de bienes públicos: es más factible cuando la gente piensa que forja su rumbo

Siempre sigo los trabajos que exploran la provisión privada de bienes públicos, no importa cuál sea su perspectiva, y en general encuentro que terminan señalando la posibilidad de esa provisión. Estas conclusiones tienen un sentido profundo que no todos esos autores plantean o, tal vez, vean. Es que si la cooperación social voluntaria para la provisión de bienes públicos es posible, es otra forma de decir que el libertarianismo no es una utopía.

EN fin, ahora aparece este paper, titulado “Locus of Control and Prosocial Behavior”, NBER Working Paper No. 30359: http://www.nber.org/papers/w30359

Los autores son: Mark A. Andor RWI – Leibniz Institute for Economic Research ; James Cox Department of Economics Andrew Young School of Policy Studies;Andreas Gerster University of Mannheim; Michael Price Department of Economics, Finance, and Legal Studies The University of Alabama;;Stephan Sommer RWI – Leibniz Institute for Economic Research y Lukas Tomberg RWI – Leibniz Institute for Economic Research

“A partir de Andreoni (1989), una rica literatura se ha propuesto develar los motivos de la provisión privada de bienes públicos. Este trabajo se ha centrado en gran medida en dos motivos distintos: la preocupación por los beneficios para uno mismo (altruismo impuro) y la preocupación por los beneficios para los demás (altruismo puro) y el diseño de estrategias empíricas para desentrañar la importancia relativa de cada uno (Ottoni-Wilhelm et al. ., 2017; Hungerman y Ottoni-Wilhelm, 2021).1 En este artículo, exploramos un posible fundamento psicológico de tales motivos: las creencias del lugar de control (LOC). LOC mide el grado en que un individuo cree que los eventos en su vida están determinados por sus propias acciones (Gatz y Karel, 1993; Rotter, 1966). Específicamente, se considera que las personas que creen que tienen control sobre el resultado de los eventos en sus vidas tienen una LOC interna. Por el contrario, se considera que aquellos que creen que la vida está controlada por el azar o el destino tienen un LOC externo.

Incorporamos la noción de LOC en un modelo de provisión de bienes públicos como ponderaciones que el individuo asigna a los retornos de su propia contribución (altruismo impuro) y las ponderaciones otorgadas a las contribuciones agregadas (altruismo puro). Nuestro enfoque formaliza el trabajo de la psicología social argumentando que es más probable que aquellos con una LOC interna ayuden a otros o actúen de manera respetuosa con el medio ambiente porque creen que tales esfuerzos pueden generar cambios (Midlarsky y Midlarsky, 1973; Trevino y Youngblood, 1990; Bierhoff et al. ., 1991; Bierhoff, 2007).2 Al hacerlo, mostramos cómo la provisión de bienes públicos está directamente relacionada con la medida en que las personas creen que tienen control sobre los eventos que dan forma a sus vidas; es más probable que tales individuos crean que los problemas sociales se pueden resolver a través de la acción y que los beneficios subjetivos de actuar de manera prosocial superan los costos de hacerlo.”

Más sobre la producción privada de bienes públicos. En este caso, energía verde

Las contribuciones a la reducción de emisiones que causa la energía tienen las características de “bien público” (no exclusión y no rivalidad en el consumo) que, según la teoría económica del bienestar, generarían incentivos a ser “free rider” de los esfuerzos de otros y, por lo tanto a una subprovisión de dicho bien, por lo que debería proveerlo el Estado. Hay una larga tradición e historia de casos exitosos de provisión privada de esos bienes públicos. En un paper titulado “Private Provision of Public Goods: Subscription Mechanisms in Voluntary Green Electricity Programs”,  Arnab Mitra del Department of Economics, Portland State University y Michael R. Moore,  School for Environment & Sustainability, University of Michigan, tratan sobre la provision voluntaria de “energía verde”:

Mitra, Arnab and Moore, Michael, Private Provision of Public Goods: Subscription Mechanisms in Voluntary Green Electricity Programs. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4143256  or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4143256

Así comienza:

“Introducción

Casi 1,1 millones de hogares en los Estados Unidos se inscribieron en programas voluntarios de electricidad verde en 2020 (Heeter et al., 2021). Los clientes residenciales pagan primas mensuales para participar en estos programas, y las empresas que ofrecen los programas utilizan este dinero para financiar la generación de electricidad a partir de recursos renovables como la energía solar y eólica. La electricidad verde normalmente desplaza la generación de electricidad a partir de combustibles fósiles. Al desplazar la generación fósil, estos programas proporcionan bienes públicos en forma de reducción de emisiones de dióxido de carbono y otros contaminantes del aire. Los programas de electricidad verde son un escenario rico para estudiar la economía de la provisión privada de bienes públicos ambientales (Kotchen y Moore, 2007).

Desarrollamos un estudio empírico de los tipos comunes de mecanismos de suscripción utilizados para inscribir a clientes residenciales en programas de electricidad verde. Nos basamos en dos líneas de investigación que estudian la provisión individual y agregada de electricidad verde por parte de estos programas. Una línea adopta un enfoque teórico al estudiar los programas de electricidad verde a través de la lente de la provisión privada de un bien público. Kotchen y Moore (2007) y Mitra y Moore (2018) utilizan este lente para estudiar el desempeño, en teoría, de los mecanismos de suscripción comunes para estos programas. Una segunda línea de investigación adopta un enfoque empírico mediante la evaluación de los programas de electricidad verde a nivel nacional en los Estados Unidos. Conte y Jacobsen (2016) y Knapp et al. (2020) analizan conjuntos de datos que incluyen todos esos programas en el país. Fusionamos estos dos enfoques al estudiar el desempeño empírico de los mecanismos de suscripción del programa utilizando un nuevo conjunto de datos sobre 75 programas de electricidad verde en todo el país.

Nos enfocamos en los tres mecanismos de suscripción comunes para la inscripción al programa (Kotchen y Moore, 2007). Los mecanismos son: (i) un mecanismo de donación, denominado Mecanismo de Aporte Voluntario (MCV), que solicita un aporte mensual independiente del consumo eléctrico del hogar; (ii) un mecanismo tarifario en el que el monto de la contribución mensual es una función de una fracción elegida del consumo de electricidad de un hogar y la prima de precio verde del programa, denominado Mecanismo de Tarifa Verde (GTM); y (iii) una variación del GTM en la que la prima del precio verde se cobra sobre el 100 por ciento del consumo de electricidad de un hogar en el mes, denominada Mecanismo de Tarifa Verde Todo o Nada (ANGTM). Además de los tres mecanismos, algunas empresas combinan un VCM con uno de los mecanismos GTM como opción de inscripción; llamamos a esto un mecanismo híbrido (Híbrido).”

El impacto de los conflictos violentos en la cooperación social. El caso de Colombia

En el Discussion Paper No. 176 titulado “Trust, Violence, and Coca”,  July 2022,  Melissa Rubio-Ramos, de la Universidad de Colonia, Alemania, considera el efecto de la violencia en la cooperación social tomando en consideración a Colombia, que ahora ha elegido un presidente que proviene, precisamente, de un grupo guerrillero. El paper no trata sobre este tema coyuntural sino sobre lo siguiente:

“Los conflictos tienen efectos devastadores en el desarrollo económico. Cada año, aproximadamente el 10 % del PIB mundial se gasta en abordar y contener la violencia (IEP, 2019). Además de sus costos directos para la sociedad a través de la destrucción del capital físico y humano, los conflictos también pueden conducir a la desintegración social y política (Collier et al., 2009, Rohner et al., 2013b). También es más probable que ocurran en los países en desarrollo donde, en ausencia de instituciones sólidas, el capital social es crucial para el desarrollo económico. De hecho, un número creciente de estudios muestra que el capital social, medido por la confianza, la participación en organizaciones comunitarias y la cooperación, no solo brinda apoyo en situaciones adversas, sino que también garantiza una provisión más eficiente de bienes públicos, mejores resultados en términos de capacidad fiscal. , la gobernanza, el comercio y la rápida difusión del conocimiento.2 Sin embargo, los efectos de la violencia relacionada con los conflictos en el capital social se han descrito como «los menos comprendidos de todos los impactos de la guerra» (Bauer et al., 2016) y la evidencia es mezclado. Algunos estudios documentan que la exposición a la violencia socava la confianza (Rohner et al., 2013a Cassar et al., 2013),3 mientras que otro grupo de artículos argumenta que la violencia mejora la cooperación local (Bellows & Miguel, 2009; Voors et al., 2012, Bauer y otros (2016)). Sigue siendo un enigma por qué hay casos de efectos negativos y positivos de la violencia en el capital social. Colombia ofrece un escenario ideal para estudiar esta cuestión por varias razones. Primero, este país tiene uno de los niveles más altos de violencia a nivel mundial. Para el período de análisis, la tasa de homicidios fue de 25 por cada 100.000 habitantes. Además, existe una variación sustancial en la violencia a lo largo del tiempo y en todo el país (UNODC, 2009).4 Segundo, Colombia ha recopilado datos sobre medidas de capital social durante tiempos de conflicto, mientras que la mayor parte de la evidencia actualmente disponible se basa en entornos posteriores al conflicto. En tercer lugar, los grupos armados dependen en gran medida de la producción de coca para financiar su lucha, de modo que los impactos exógenos en el mercado colombiano de la coca pueden utilizarse para identificar el efecto de la violencia en el capital social. Estas fuentes exógenas de variación están dadas por la variación transversal de las condiciones ecológicas para el cultivo de coca y los choques en otros países productores de coca. Por lo tanto, puedo combinar datos ricos sobre conflictos con diferentes medidas de capital social, con efectos fijos de ubicación. Finalmente, el conflicto colombiano no está impulsado por polarizaciones basadas en características identificables, como la religión o la etnia, sino que ofrece un escenario unificado, donde es posible distinguir entre enfrentamientos donde los perpetradores pueden o no ser identificados. De hecho, este es un conflicto sin divisiones visiblemente marcadas, y los grupos armados no siempre visten uniformes ni portan armas. En muchos casos, visten ropa de civil, lo que dificulta diferenciar quién pertenece a un grupo armado. Argumento que esta característica particular del conflicto permite estudiar los efectos aparentemente contradictorios del conflicto sobre el capital social presentados en la literatura.”

https://www.econtribute.de/RePEc/ajk/ajkdps/ECONtribute_176_2022.pdf

La provisión y el mantenimiento de servicios de bienes públicos como dos cuestiones diferentes

En el Discussion Paper No. 2022-09 del Centre for Decision Research and Experimental Economics basado en la School of Economics de la University of Nottingham, Simon Gächter, Felix Kölle y Simone Quercia continúan sus investigaciones sobre la provision de bienes públicos, en este caso con un trabajo titulado “Preferences and Perceptions in Provision and Maintenance Public Goods”: https://www.nottingham.ac.uk/cedex/documents/papers/cedex-discussion-paper-2022-09.pdf

Forma parte de una serie de investigaciones que este centro y otros vienen realizando sobre la provisión voluntaria de bienes públicos y la cooperación social. En este caso, el tema que consideran es:

“Estudiamos dos versiones genéricas de los problemas de bienes públicos: en Problemas de provisión, el bien público no existe inicialmente y necesita ser provisto; en Problemas de mantenimiento, el bien público ya existe y necesita ser mantenido. En cinco experimentos de laboratorio y en línea (n=2584), documentamos una fuerte asimetría en las preferencias y percepciones en dos versiones equivalentes a incentivos de estos problemas de bien público. Encontramos menos cooperadores condicionales y más oportunistas en Mantenimiento que en Provisión, una diferencia que es replicable, estable y reflejada en las percepciones de amabilidad. Las preguntas de control incentivadas administradas antes del juego revelan percepciones erróneas específicas del dilema, pero controlarlas no elimina la cooperación condicional dependiente del juego ni las diferencias en la bondad percibida de la cooperación de los demás. Por lo tanto, incluso cuando comparten la misma forma de juego, el mantenimiento y la provisión son dilemas sociales diferentes que requieren análisis de comportamiento separados. A pesar de algunas inconsistencias, una teoría del altruismo revelado se acerca más a la explicación de nuestros resultados.”

Una crítica a la teoría de los bienes públicos y su necesaria provisión por parte del Estado

Con los alumnos de la materia Escuela Austriaca vemos una visión crítica de la teoría de los bienes públicos y su provisión estatal, considerando el artículo de Hans-Hermann Hoppe «Falacias de la teoría de los bienes públicos y la producción de seguridad»: https://mises.org/es/library/falacias-de-la-teoria-de-los-bienes-publicos-y-la-produccion-de-seguridad

De ese artículo, aquí un párrafo donde comienza a criticar esa teoría:

«Antes de continuar con la presentación y el examen crítico de la teoría de los bienes públicos, investiguemos hasta qué punto resulta útil la distinción entre bienes privados y públicos para ayudar a decidir cuáles deben ser producidos en forma privada y cuáles por el Estado, o con ayuda de éste. Ni siquiera el análisis más superficial podría dejar de señalar que si se utiliza el supuesto criterio de no exclusión, en lugar de encontrar una solución razonable, se originarían grandes dificultades. Por lo menos a primera vista parecería que algunos de los bienes y servicios provistos por el Estado podrían calificarse verdaderamente como bienes públicos, pero no se ve con claridad cuántos de ellos, cuya producción está realmente a cargo de aquél, pueden incluirse en esa categoría. Los ferrocarriles, los servicios postales, los teléfonos, las calles y otros por el estilo, parecen ser bienes cuyo uso puede ser limitado a las personas que los financian, por lo cual se manifiestan como bienes privados. Lo mismo puede decirse sobre muchos aspectos de un bien tan polifacético como la «seguridad»: cualquier cosa pasible de ser asegurada puede calificarse como un bien privado. Con todo, esto no basta, ya que, así como hay un sinnúmero de bienes provistos por el Estado que parecen ser en realidad privados, también existen muchos, producidos en forma privada, que podrían incluirse en la clase de los bienes públicos. Es obvio que mis vecinos pueden disfrutar contemplando los rosales de mi jardín, con lo cual se benefician sin haberme ayudado jamás a cuidarlos. Lo mismo puede decirse de todas las mejoras que yo haya hecho en mi propiedad, que al mismo tiempo han aumentado el valor de las aledañas. La actuación de un músico callejero proporciona placer incluso a aquellos que no depositan una moneda en su gorra. Los pasajeros que viajan conmigo en el ómnibus no me han ayudado a comprar mi desodorante. Y todos aquellos que se relacionan conmigo son beneficiarios de los esfuerzos que he realizado, sin su aporte económico, para convertirme en una persona digna de aprecio. Entonces, todos estos bienes que poseen evidentemente características de bienes públicos —los rosales de mi jardín, las mejoras en mi propiedad, la música callejera, el desodorante, el perfeccionamiento personal—, ¿deben ser provistos por el Estado, o con ayuda de este?»

Sobre cómo se puede definir cuáles deberían ser las tareas a cargo del Estado discutiendo sobre los faros

Con los alumnos de la UBA Económicas, Historia del Pensamiento Económico I, vemos a Samuelson y a Coase en un debate central. Es sobre los faros, pero en verdad sobre los bienes públicos y el papel del Estado.

En cuanto a la provisión de bienes públicos, la respuesta casi inmediata es que deben ser provistos por el Estado, ya que el mercado sería incapaz de hacerlo. El caso típico, presentado por distintos economistas, es el de un faro, en relación con el cual la imposibilidad de excluir a quien no pague, una vez que la luz es emitida, daría como resultado una conducta de free rider, que trataría  de evitar el pago, dado que es imposible evitar que vea la señal de todas formas. El ejemplo aparece en John Stuart Mill, Henry Sidgwick y Alfred C. Pigou, con ese mismo argumento de la “no exclusión”, y reaparece en Paul Samuelson con otro adicional, según el cual no tendría sentido excluir a los que no pagan, ya que no hay congestionamiento en el servicio; es decir, no hay ningún costo extra, si un barco más observa la señal del faro para guiarse. En este caso no solamente sería improbable que el sector privado proveyera los faros, sino que, de poder hacerlo, no sería conveniente, ya que cada barco desincentivado para navegar por dichas aguas debido al pago del peaje por los servicios del faro, representaría una pérdida económica social

Conocida es la respuesta de Coase (1974) a este ejemplo, después de estudiar la historia de los faros en Inglaterra y demostrando que durante varios siglos fueron financiados y administrados por los dueños de barcos y emprendedores privados. Durante varios siglos, en Gran Bretaña, los faros fueron construidos y mantenidos por Trinity House (Inglaterra y Gales), los Comisionados de Faros del Norte (Escocia) y los Comisionados de Faros en Irlanda, cuyo presupuesto provenía del Fondo General de Faros, formado a su vez por los cargos que pagaban los armadores de buques. Esto en cuanto se refiere a los faros que ayudaban a la navegación general, ya que los faros de tipo “local” eran financiados por los puertos, que recuperaban los gastos en que incurrían mediante los cargos que hacían a quienes los utilizaban.

Había pocos faros antes del siglo XVII. Trinity House era una institución que evolucionó desde un gremio de navegantes en la Edad Media, que en 1566 obtuvo el derecho a proveer y regular las ayudas a la navegación, que incluyen, además de los faros, boyas, balizas y otras marcas.

Coase (p. 360) sostiene que “a comienzos del siglo diecisiete, Trinity House estableció faros en Caister y Lowestoft. Pero no fue sino hasta fines de ese siglo que construyó otro. Entretanto la construcción de faros había sido realizada por individuos particulares. De 1610 a 1675 Trinity House no construyó ningún faro nuevo. Por lo menos diez fueron construidos por individuos particulares”. Trinity House se oponía a estas iniciativas privadas, pero los particulares evitaban el incumplimiento del control de tal organización obteniendo una patente de la Corona, que les permitía construir el faro y cobrar el peaje a los barcos que supuestamente se beneficiaban del mismo.

La intervención de la “Corona” y el cobro de un “peaje” parece indicar la participación estatal, por más que el faro fuera construido por algún particular. Es decir: se necesitaría el poder estatal para tener la posibilidad de cobrar peajes, en forma coercitiva, a los barcos que transitaran por tal ruta marítima. Pero no era este el caso. Coase subraya que el particular presentaba una petición de los armadores y operadores de buques sobre la necesidad del faro, el beneficio que obtendrían con él y su voluntad para pagar el peaje, por lo que se trataba de una operación voluntaria y el Estado participaba simplemente porque se había adueñado de la autoridad para erigirlos, ya que el acuerdo entre armadores y operadores y el particular se podría haber realizado de todas formas, sin seguir obligatoriamente ese camino, pues los primeros aceptaban voluntariamente el pago y no actuaban como free riders.

He aquí un tema importante, ya que, según la teoría de los bienes públicos de Mill/Sigdwick/Pigou/Samuelson, todos buscarían su beneficio inmediato, consistente en no tener que pagar dicho peaje, sabiendo que, una vez que el faro estuviera allí, no podrían excluirlos de su uso, y que, actuando todos de esa forma, el cobro del peaje y la provisión privada serían imposibles. Sin embargo, esto no ocurría; evidentemente había otros elementos que llevaban a una conducta diferente, entre los cuales podemos destacar dos: un sentido de cooperación entre los armadores, aunque fueran competidores entre sí, o que no se le diera importancia al hecho de que algunos pasarían por allí y recibirían el servicio gratuitamente.

Buscando algún ejemplo más cercano en el tiempo y el espacio, ya vimos que los residentes de Buenos Aires no tienen que ir más lejos del río junto al que se asienta su ciudad. Allí, en el canal por el que el río Luján desemboca en el Río de la Plata, hay una serie de boyas con la inscripción “UNEN” y una numeración. Esta sigla significa “Unión Nacional de Entidades Náuticas”, que reúne a los distintos clubes náuticos privados. La provisión de esta señalización proviene de aportes voluntarios privados, que realizan estos clubes, y en definitiva de las cuotas sociales que pagan sus socios. No parece que estos actúen como free riders e incluso, si algún barco pasa por allí y no pertenece a ninguno de esos clubes, ello no constituye impedimento para que los demás se organicen, y provean y mantengan este sistema de señales. Y no solo eso: los mismos clubes tienen en sus entradas sobre la costa balizas rojas y verdes, con el obvio fin de ayudar a sus socios en la maniobra de entrada y salida, pero brindando también un servicio gratuito a quienes pasan por allí. Nuevamente, la existencia de estos free riders no frena o limita la provisión de tales servicios.

¿Habría más señales de ese tipo, si pudiera cobrar a esos free riders? Depende de con qué se lo compare: si es con una supuesta condición ideal, parecería que sí, y en tal caso esa comparación daría como resultado una “falla” del mercado, pero Coase y Demsetz (en Cowen, pp. 107-120) denominan a esto “el enfoque Nirvana”: es decir, algo así como comparar las imperfecciones de este mundo con el ideal del Paraíso, dado que lo que corresponde es comparar arreglos institucionales alternativos; en este caso, esta provisión voluntaria privada, con una posible provisión estatal. En el caso de las boyas UNEN mencionadas, su misma existencia es una demostración del “fracaso de la provisión estatal”, ya que los clubes lo han hecho ante la inacción pública al respecto.

Comenta Coase una historia de notable espíritu emprendedor, relacionada con el famoso faro de Eddystone, erigido en un peñasco, a veinte kilómetros de Plymouth. El Almirantazgo británico recibió un pedido para construir un faro y Trinity House consideró que era imposible; pero en 1692 el emprendedor Walter Whitfield hizo un acuerdo con Trinity House, por el que se comprometía a construirlo y a compartir las ganancias. Nunca llegó a construirlo, pero sus derechos fueron transferidos a Henry Winstanley, que negoció un acuerdo mejor: recibiría todas las ganancias durante los primeros cinco años y luego los repartiría en partes iguales con Trinity House, durante otros cincuenta años. Construyó primero una torre y luego la reemplazó por otra, cuya conclusión tuvo lugar en 1699, pero una gran tormenta lo destruyó en 1703, cobrándose la vida de Winstanley y de algunos de sus trabajadores. Dice Coase (p. 364): “Si la construcción de faros hubiera quedado solamente en manos de hombres motivados por el interés público, Eddystone hubiera permanecido sin faro por largo tiempo. Pero la perspectiva de ganancias privadas asomó nuevamente su horrible cara”.

Otros dos emprendedores, Lovett y Rudyerd, decidieron construirlo de nuevo, y el acuerdo se pactó en mejores términos: una concesión por noventa y nueve años, con una renta anual de cien libras y el cien por cien de las ganancias para los constructores. El nuevo faro se completó en 1709 y operó hasta 1755, cuando fue destruido por un incendio. La concesión, que tenía todavía unos cincuenta años por delante, había pasado a otras manos y los nuevos propietarios decidieron construirlo nuevamente, para lo que contrataron al mejor ingeniero de esos tiempos, John Smeaton, que completó una nueva estructura de piedra en 1759, que se mantuvo operando hasta 1882, cuando fue reemplazado por una estructura nueva, elaborada por Trinity House.

Según Coase, un informe del Comité de faros de 1834 reporta la existencia de cuarenta y dos faros en manos de Trinity House, tres concesionados por ella a individuos, siete concesionados por la Corona a individuos particulares, cuatro en manos de propietarios según distintos permisos, un total de cincuenta y seis, de los cuales catorce estaban en manos privadas, amparados por distintos acuerdos de propiedad. Trinity House, recelosa de la competencia, y argumentando que bajo su égida los peajes serían más bajos, terminó consiguiendo el monopolio de los faros y todos quedaron bajo su órbita.

En una respuesta directa a Mill, Sidgwick, Pigou y Samuelson, Coase concluye: “… los economistas no deberían utilizar los faros como un ejemplo de servicio que puede ser provisto solamente por el Estado. Pero en este trabajo no se intenta resolver la cuestión de cómo debería organizarse y financiarse el servicio de faros. Eso deberá esperar estudios más detallados. Entretanto, los economistas que deseen señalar un servicio como mejor provisto por el Estado, deberían utilizar un ejemplo que tenga más fundamento” .UCE

Artículo en InfoBAE: La educación como bien público

https://www.infobae.com/opinion/2022/03/09/la-educacion-como-bien-publico/

La educación como bien público

¿Es la educación formal un “bien público”? ¿Es cierto que el mercado no puede proveerlo?

Para la gente, en general, un bien público es aquél que provee el Estado, tal vez porque “beneficia a todos” (Foto NA)Para la gente, en general, un bien público es aquél que provee el Estado, tal vez porque “beneficia a todos” (Foto NA)

En esta saludable discusión sobre la educación, surgida a raíz de ciertas declaraciones recientes de Javier Milei, aparece el tema de la educación como “bien público”, algo que para los economistas tiene una definición más o menos precisa. Para la gente, en general, un bien público es aquél que provee el Estado, tal vez porque “beneficia a todos”.

Los economistas hablan de una “externalidad positiva”, es decir, un beneficio que todos reciben, se hagan cargo o no de su costo. Por esa razón, sigue el argumento, el mercado “fallaría” en proveerlo, al menos en suficiente cantidad, y el Estado debe hacerlo.

Hay dos temas, entonces que vale la pena discutir: ¿es la educación formal un “bien público”? y ¿es correcto que el mercado no puede proveerlo?

Veamos el primero. Si Pedro Arias, de Jujuy, se recibe de técnico odontólogo, seguramente esto le permitirá alcanzar un mejor nivel de vida personal en el futuro, un beneficio claramente “privado”, para él y su familia. ¿En qué medida beneficia a Susana Costa, que vive en Bahía Blanca? Podríamos decir que Susana se beneficia porque vivir en un país con gente que ha estudiado es mejor para ella, es decir, hay algo de externalidad positiva en la educación de Pedro.

En realidad, lo que puede ser una externalidad positiva para Susana es la cultura que predomina en un país, el conjunto de valores y costumbres, opiniones, creencias e ideas que suelen reflejarse luego en sus instituciones, tanto políticas como económicas. A Susana le impacta qué “cultura” predomina en su sociedad, pero la educación formal es tan sólo una parte de esa formación, a la que concurren principalmente la familia, los amigos, el barrio, las iglesias, los medios de comunicación, las redes sociales. Todo eso impacta en la cultura: ¿acaso tenemos una subprovisión de esas cosas que haga necesario que el Estado lo haga?

La educación formal, entonces, es principalmente un bien “privado” que genera algunas “externalidades positivas” hacia la cultura. Esto puede decirse de toda la oferta educacional del sector privado: miles de jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias, centros de formación, universidades. Que un bien que beneficia principalmente a quien lo consume también puede beneficiar a otros, es algo muy común y se aplica a casi todos ellos. El hecho que los demás valoren ahora el pan artesanal de masa madre, o un buen café, hace que tenga varios lugares donde conseguir eso cerca de mi casa, me ha generado un “beneficio positivo”. O que los japoneses tengan alta valoración por la seguridad de sus autos me termina beneficiando porque ahora aquí también lo son, pese a que no me ocupara mucho del tema (una externalidad positiva tecnológica).

El segundo tema es si el mercado puede proveer ese bien. Ya hemos dicho, vamos a encontrar una gran oferta de educación formal en el mercado, con gran variedad, que sería aún mayor si no estuviera regulado. El mercado no “falla” e incluso ofrecería educación privada para los sectores de recursos más bajos si no fuera por las regulaciones del Estado que lo prohíben o encarecen. James Tooley, profesor de la Universidad de Buckingham, ha pasado buena parte de su vida recorriendo los lugares más pobres del planeta y encontrando educación allí, que los padres eligen, muchas veces por sobre la educación gratuita del Estado (uno de sus libros es, “El Bello Árbol”, Madrid, Unión Editorial).

Pero es cierto que el costo de la educación privada puede estar más allá del alcance de muchos. Ahí es, precisamente, donde ingresan los “vouchers”, que han dado origen a esta discusión. El voucher le dice a la gente: si no tiene los recursos necesarios para contratar un servicio de educación en el mercado no se preocupe, aquí los tiene, vaya y elija. Tanto sean “privados” como “públicos”, los vouchers pueden presentarse como un empoderamiento de esos consumidores. Ahora pueden elegir. Si se pueden utilizar para escuelas o universidades privadas y públicas, amplían el espectro de elección de los padres o alumnos, y ponen en competencia a todos esos establecimientos educativos quienes ahora tienen que conseguir sus recursos de sus “clientes”, tal como hacemos en general todos los demás en muchas de nuestras actividades.

Subyace en la crítica a los vouchers la idea de que esas personas no tendrían la capacidad suficiente para poder elegir la educación de sus hijos, o la propia cuando son algo mayores. No todos piensan eso, por supuesto, o se animan a decirlo abiertamente, pero en tal caso plantea una cuestión mucho más importante: si esos padres no son capaces de elegir la educación de sus hijos, ¿sí lo son, digamos, de elegir Presidente? ¿No es ésta una decisión mucho más importante y compleja, sobre la que nunca diríamos que no están en capacidad de hacerlo?

El voucher o la beca, empodera al consumidor, al demandante, y somete a la competencia al oferente. Esa es la forma en la que obtenemos los mejores bienes y servicios, al mejor precio.

 

¿Es la educación un «bien público» que, además, el mercado no pueda proveer?

LA EDUCACIÓN COMO BIEN PÚBLICO 

En esta saludable discusión sobre la educación, que ha surgido a raíz de ciertas declaraciones recientes, aparece el tema de la educación como “bien público”, algo que para los economistas tiene una definición más o menos precisa. Para la gente, en general, un bien público es aquél que provee el Estado, tal vez porque “beneficia a todos”. 

Los economistas hablan de una “externalidad positiva”, es decir, un beneficio que todos reciben, se hagan cargo o no de su costo. Por esa razón, sigue el argumento, el mercado “fallaría” en proveerlo, al menos en suficiente cantidad, y el Estado debe hacerlo.  

Hay dos temas, entonces que vale la pena discutir: ¿es la educación formal un “bien público”? y ¿es correcto que el mercado no puede proveerlo? 

Veamos el primero. Si Pedro Arias, de Jujuy, se recibe de técnico odontólogo, seguramente esto le permitirá alcanzar un mejor nivel de vida personal en el futuro, un beneficio claramente “privado”, para él y su familia. ¿En qué medida beneficia a Susana Costa, que vive en Bahía Blanca? Podríamos decir que Susana se beneficia porque vivir en un país con gente que ha estudiado es mejor para ella, es decir, hay algo de externalidad positiva en la educación de Pedro.  

En realidad, lo que puede ser una externalidad positiva para Susana es la cultura que predomina en un país, el conjunto de valores y costumbres, opiniones, creencias e ideas que suelen reflejarse luego en sus instituciones, tanto políticas como económicas. A Susana le impacta qué “cultura” predomina en su sociedad, pero la educación formal es tan sólo una parte de esa formación, a la que concurren principalmente la familia, los amigos, el barrio, las iglesias, los medios de comunicación, las redes sociales. Todo eso impacta en la cultura: ¿acaso tenemos una subprovisión de esas cosas que haga necesario que el Estado lo haga? 

La educación formal, entonces, es principalmente un bien “privado” que genera algunas “externalidades positivas” hacia la cultura. Esto puede decirse de toda la oferta educacional del sector privado: miles de jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias, centros de formación, universidades. Que un bien que beneficia principalmente a quien lo consume también puede beneficiar a otros, es algo muy común y se aplica a casi todos ellos. El hecho que los demás valoren ahora el pan artesanal de masa madre, o un buen café, hace que tenga varios lugares donde conseguir eso cerca de mi casa, me ha generado un “beneficio positivo”.  

El segundo tema es si el mercado puede proveer ese bien. Ya hemos dicho, vamos a encontrar una gran oferta de educación formal en el mercado, con gran variedad, que sería aún mayor si no estuviera regulado en muchos casos. El mercado no “falla” e incluso ofrecería educación privada para los sectores de recursos más bajos si no fuera por las regulaciones del Estado que lo prohíben o encarecen. James Tooley, profesor de la Universidad de Buckingham, ha pasado buen parte de su vida recorriendo los lugares más pobres del planeta y encontrando educación allí, que los padres eligen, muchas veces por sobre la educación gratuita del Estado (uno de sus libros es, El Bello Árbol, Madrid, Unión Editorial).  

Pero es cierto que el costo de la educación privada puede estar más allá del alcance de muchos. Ahí es, precisamente, donde ingresan los “vouchers”, que han dado origen a esta discusión. El voucher le dice a la gente: si no tiene los recursos necesarios para contratar un servicio de educación en el mercado no se preocupe, aquí los tiene, vaya y elija. Tanto sean “privados” como “públicos”, los vouchers pueden presentarse como un empoderamiento de esos consumidores. Ahora pueden elegir. Si se pueden utilizar para escuelas o universidades privadas y públicas, amplían el espectro de elección de los padres o alumnos, y ponen en competencia a todos esos establecimientos educativos quienes ahora tienen que conseguir sus recursos de sus “clientes”, tal como hacemos en general todos los demás en muchas de nuestras actividades.  

Subyace en la crítica a los vouchers la idea de que esas personas no tendrían la capacidad suficiente para poder elegir la educación de sus hijos, o la propia cuando son algo mayores. No todos piensan eso, por supuesto, o se animan a decirlo abiertamente, pero en tal caso plantea una cuestión mucho más importante: si esos padres no son capaces de elegir la educación de sus hijos, ¿sí lo son, digamos, de elegir presidente? ¿No es ésta una decisión mucho más importante y más compleja, sobre la que nunca diríamos que no están en capacidad de hacerlo? 

El voucher o la beca, empodera al consumidor, al demandante, y somete a la competencia al oferente. Esa es la forma en la que obtenemos los mejores bienes y servicios, al mejor precio.  

¿Es necesaria la confianza en la sociedad para tener buenas instituciones o éstas para que haya confianza?

Ya hemos hablado de este tema en el blog, ¿en qué dirección va la causalidad entre confianza e instituciones? ¿Cuándo una sociedad tiene altos niveles de confianza desarrolla entonces instituciones de calidad o es al revés, cuando tiene buenas instituciones puede extenderse la confianza entre sus miembros? Este es un debate que tiene ya mucho tiempo y no está saldado. Andrea F.M. Martinangeli, Marina Povitkina, Sverker C. Jagers y Bo Rothstein publican un paper como Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance Working Paper 2020 – 04, argumentando en este último sentido bajo el título “Institutional Quality Causes Social Trust: Experimental Evidence on Trusting Under the Shadow of Doubt”

El tema es presentado así:

“La confianza social subyace virtualmente en cualquier interacción social, sentando las bases para el desarrollo social y prosperidad económica (Arrow, 1972; Dearmon y Grier, 2009; Algan y Cahuc, 2010). Como tal, es un componente necesario para la solución exitosa de dilemas sociales como la reducción de la contaminación, el cumplimiento fiscal, el mantenimiento de políticas sólidas y constructivas y relaciones económicas, y contención de epidemias, por nombrar algunos (Ostrom, 2005; Daniele y Geys, 2015; Danielle et al., 2020). En las relaciones impersonales modernas y transacciones, además, se extiende más allá de los individuos que se conocen o interactúan cara a cara. Por lo tanto, identificar los determinantes de la confianza social ha sido y sigue siendo hoy uno de los problemas clave en la economía, la ciencia política y la psicología social, ya que podría proporcionar a los planificadores sociales y a los formuladores de políticas instrumentos viables para lograr los resultados sociales deseables. Un problema intensamente debatido y sin embargo no resuelto es, en este respeto, el papel de la calidad institucional en la determinación de la confianza social.”

Y entre sus conclusiones:

“Los resultados de nuestro experimento dan credibilidad a la afirmación de que las instituciones de alta calidad se encuentran entre las condiciones previas para una sociedad de confianza. Estos hallazgos son consecuentes: Un tejido social de confianza está mejor equipado para desarrollar todo el potencial de la vida socioeconómica y proporcionar bienes públicos y acción colectiva coordinada que benefician a la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, administrar los recursos comunes, pagar en los sistemas de bienestar social, o contener las consecuencias adversas de los desastres naturales, como las pandemias, todos requieren que las personas confíen en que otros no se aprovecharán (Ostrom, 2005; Daniele y Geys, 2015; Danielle et al., 2020). Además, la confianza social puede ser un medio viable sustituto del costoso monitoreo en presencia de información incompleta o difícilmente exigible contratos (Fukuyama, 1995; La Porta et al., 1997).”