En toda sociedad hacen falta un mecanismo para permitir que se expresen las preferencias de los individuos y señales que guíen a los productores a satisfacerlas. En el caso de los bienes privados, hemos visto cómo el mercado cumple ese papel. También vimos que se presentan problemas para cumplirlo. En el caso de los bienes públicos, es la política: es decir, los ciudadanos expresan sus preferencias por bienes colectivos y hay un mecanismo que las unifica, resuelve sus diferencias (Buchanan 2009) y envía una señal a los oferentes —en este caso las distintas agencias estatales— para satisfacerlas. Como veremos, este también se enfrenta a sus propios problemas.
El siguiente análisis de las fallas de la política se basa en el espíritu de aquellas famosas palabras de Winston Churchill (1874-1965): “Muchas formas de gobierno han sido ensayadas y lo serán en este mundo de vicios e infortunios. Nadie pretende que la democracia sea perfecta u omnisciente. En verdad, se ha dicho que es la peor forma de gobierno, excepto por todas las otras que han sido ensayadas de tiempo en tiempo”.
Churchill nos dice que no hemos ensayado un sistema mejor, por el momento, pero que este no puede ser considerado perfecto. Por ello, cuando se ponen demasiadas esperanzas en él, pueden frustrarse, ya que la democracia no garantiza ningún resultado en particular —mejor salud, educación o nivel de vida—, aunque ciertas democracias lo hacen bastante mejor que las monarquías o las dictaduras.
Durante mucho tiempo, buena parte de los economistas se concentraron en analizar y comprender el funcionamiento de los mercados, y olvidaron el papel que cumplen los marcos institucionales y jurídicos de los Gobiernos. Analizaban los mercados suponiendo que funcionaban bajo un “gobernante benevolente”, definiendo como tal a quien persigue el “bien común”, sin consideración por el beneficio propio, y coincidiendo en esto con buena parte de las ciencias políticas y jurídicas[1]. Tal como define al Estado la ciencia política, tiene aquel el monopolio de la coerción, pero lo ejerce en beneficio de los gobernados.
Por cierto, hubo claras excepciones a este olvido. Inspirados en ellas, autores como Anthony Downs o James Buchanan y Gordon Tullock iniciaron lo que se ha dado en llamar “análisis económico de la política”, en el contexto de gobiernos democráticos, originando una abundante literatura. Su intención era aplicar las herramientas del análisis económico a la política y el funcionamiento del Estado, pues la teoría política predominante no lograba explicar la realidad de manera satisfactoria.
Uno de los primeros pasos fue cuestionar el supuesto del “gobernante benevolente” que persigue el bien común; porque, ¿cómo explicaba esto los numerosos casos en que los Gobiernos implementan medidas que favorecen a unos pocos? O más aún: ¿cómo explicar entonces que los gobernantes apliquen políticas que los favorecen a ellos mismos, en detrimento de los votantes/contribuyentes? Por último, ¿cómo definir el “bien común”[2]? Dadas las diferencias en las preferencias y valores individuales, ¿cómo se podría llegar a una escala común a todos? Esto implicaría estar de acuerdo y compartir dicha escala, pero el acuerdo que pueda alcanzarse tiene que ser necesariamente vago y muy general, y en cuanto alguien quiera traducir eso en propuestas específicas surgirán las diferencias. Por eso vemos interminables discusiones sobre la necesidad de contar con un “perfil de país” o una “estrategia nacional” que nos lleve a alcanzar ese bien común, pero, cuando se consideran los detalles, los “perfiles de país” terminan siendo más relacionados con algún sector específico o difieren claramente entre sí.
Los autores antes mencionados decidieron, entonces, asumir que en la política sucede lo mismo que en el mercado, donde el individuo persigue su propio interés, no el de otros. En el mercado, esa famosa “mano invisible” de Adam Smith conduce a que dicha conducta de los individuos termine beneficiando a todos. ¿Sucede igual en el Estado? Se piensa en particular en el Estado democrático, porque se supone que los Gobiernos tiránicos o autoritarios no le dan prioridad a los intereses de los gobernados.
Algunos economistas intentaron definir ese “bien común” en forma científica, como una “función de bienestar social”, pero sin éxito (Arrow 1951). Además, si hubiese alguna forma de definir específicamente ese bien común o bienestar general como una función objetiva, no importaría si es el resultado de una decisión democrática, de una decisión judicial o simplemente un decreto autoritario que lo imponga.
Como veremos, al cambiar ese supuesto básico, la visión que se tiene de la política es muy distinta: el político persigue, como todos los demás y como él mismo fuera de ese ámbito, su interés personal. No se puede definir algo como un “bien común”, un resultado particular que sea el mejor, pero sí se puede evaluar un proceso, en el que el resultado “bueno” sea aquél que es fruto de las elecciones libres de las personas. ¿Existe entonces un mecanismo similar a la “mano invisible” en el mercado, que guíe las decisiones de los votantes y las acciones de los políticos a conseguir los fines que persiguen los ciudadanos? Este enfoque, llamado en general “Teoría de la Elección Pública” (Public Choice) se centra en los incentivos. De ahí que también se le conozca como “análisis económico de la política”.
[1]. Esta visión, por supuesto, no es sorprendente. Madison (2001), por ejemplo, mostraba una posición clásica aun hoy muy popular, según la cual la búsqueda del “bien común” depende de la delegación del poder a los representantes correctos, no de la información y los incentivos existentes: “… un cuerpo de ciudadanos elegidos, cuya sabiduría pueda discernir mejor el verdadero interés de su país, y cuyo patriotismo y amor por la justicia harán muy poco probable que lo sacrifiquen a consideraciones parciales o temporales. Bajo tal regulación, puede bien suceder que la voz pública, pronunciada por los representantes del pueblo sea más consonante con el bien público que si fuera pronunciada por el pueblo mismo, reunido para tal propósito. Por otro lado, el efecto puede invertirse. Hombres de temperamento faccioso, prejuicios locales, o designios siniestros, pueden por intriga, corrupción u otros medios, primero obtener votos, y luego traicionar los intereses del pueblo”.
[2]. Muchos filósofos políticos han cuestionado este concepto. Entre los economistas, Hayek (1976 [1944]): “El ‘objetivo social’ o el ‘designio común’, para el que ha de organizarse la sociedad, se describe frecuentemente de modo vago, como el ‘bien común’, o el ‘bienestar general’, o el ‘interés general’. No se necesita mucha reflexión para comprender que estas expresiones carecen de un significado suficientemente definido para determinar una vía de acción cierta. El bienestar y la felicidad de millones de gentes no pueden medirse con una sola escala de menos y más” (p. 89).Cap
RESUMEN DEL TEXTO
No existe tal cosa como un «dictador benevolente» que, desde la política, utilice el monopolio de la violencia con el fin de lograr el «bien común». En primer lugar porque, puesto que cada individuo tiene su propia escala de valoraciones subjetivas y no es posible realizar comparaciones intersubjetivas de utilidad, es imposible establecer algo parecido a un «bien común». En segundo lugar porque en el mecanismo de la política dificulta la evaluación del coste de los bienes y servicios recibidos por parte del votante sobre el que, a diferencia de lo que pasa en el mercado, no recaen de forma directa las consecuencias de una mala decisión.
En tercer lugar porque, debido a la práctica irrelevancia de un voto individual en una elección en la que el número de votantes es muy elevado, cada individuo se ve incentivado a votar desinformado, guiándose más bien por emociones o por sesgos –v. gr. anti-mercado, anti-extranjero, pro-empleo y pesimista–. Justamente por esta irrelevancia del voto individual, es probable incluso que muchos votantes lo utilicen no persiguiendo alcanzar sus intereses personales con el resultado de la elección, sino como una forma de señalización frente al resto de la sociedad –no muy distinta a la de declararse fan de un equipo de fútbol o seguidor de una religión–. En cuarto lugar porque, más allá de la unanimidad, no existe una regla electoral que permita traducir fielmente las preferencias de los votantes en un resultado. Preferencias que, además, es muy posible que cambien a lo largo del periodo que existe entre dos elecciones consecutivas.
Finalmente, porque los políticos y funcionarios son humanos que actúan, tanto en el mecanismo del mercado como en el de la política, guiados por su interés personal –aunque en algunos casos este podría eventualmente coincidir con lo que ellos consideren «bien común»–. La combinación de unos votantes sin incentivo a informarse dada la irrelevancia de su voto en el resultado, y de unos políticos con mandato limitado cuya acción en cambio sí es relevante, es un fuerte incentivo para que estos últimos tomen decisiones cortoplacistas y en su propio interés, ya sea directamente o indirectamente –concentrando beneficios para ciertos grupos organizados y dispersando su coste entre todos los contribuyentes–.
TEMAS NOVEDOSOS O IMPORTANTES
1. Los errores de los votantes son, según Caplan, sistemáticos: «sesgo anti-mercado» (tendencia a subestimar los beneficios que se obtienen a través del mercado), «sesgo anti-extranjero» (tendencia a subestimar los beneficios de la interacción con los extranjeros), «sesgo pro-empleo» (tendencia a subestimar los beneficios económicos de ahorrar trabajo) y «sesgo pesimista» (tendencia a sobreestimar la importancia de los problemas económicos actuales).
2. La unanimidad «fuerte» consiste en el acuerdo explícito de todos los ciudadanos, mientras que la unanimidad «débil» consiste en el acuerdo de los participantes y la abstención de participar del resto.
3. La descentralización permite tomar decisiones políticas en grupos más pequeños y, por tanto, reduce el coste de decisión por unanimidad, ya sea fuerte o débil.
TRES PREGUNTAS AL AUTOR
1. ¿Cuál cree que es el camino/criterio para establecer los límites entre qué decisiones se toman mediante mecanismos de mercado y cuáles mediante mecanismos políticos?
2. ¿Qué opina de la introducción de mecanismos de democracia directa como por ejemplo los referéndums periódicos que se llevan a cabo en Suiza? ¿Cree que contribuyen a la alineación de los incentivos de los políticos con los de los ciudadanos o que, por el contrario, abren el paso al populismo y a la legitimación (al decidirse por referéndum) de una mayor intervención en el ámbito privado?
3. ¿Cree que, en la línea de lo defendido por Hoppe, podría darse el caso de que las monarquías tuvieran, en general, un horizonte temporal más largo que el de los políticos electos y que por ello, buscando su propio interés a largo plazo, tendieran a promover políticas que fomentaran en mayor medida el aumento del bienestar de sus súbditos?
RESUMEN
Desde los clásicos, la economía se desarrolló a espaldas de las instituciones, asumiendo un ‘dictador benevolente’ que buscaba el bien común desde el monopolio de la coerción estatal. El ‘análisis económico de la política’ en los gobiernos democráticos asume que el individuo persigue su propio interés. La satisfacción de nuestras preferencias requiere poseer y traducir correctamente la información acerca de las mismas. Algunas imperfecciones asociadas al conocimiento de las preferencias son la mezcla de bienes públicos y privados en la demanda y la oferta políticas; la racionalidad, irracionalidad y falta de motivación del votante o la intensidad de la preferencia. La agregación de preferencias en un sistema electoral tiene costes e impacta en función de la distribución de tales preferencias. La política también tiene sus fallos. A diferencia de los votantes, los incentivos de políticos y funcionarios son fuertes y no están necesariamente alineados con el bienestar común, resultando en exceso de gasto, cortoplacismo, concesión de privilegios a ciertos sectores y lobbies y tendencia a aumentar el aparato estatal mediante la explotación y redistribución de rentas.
TEMAS NUEVOS
Análisis de la política con criterios praxeológicos.
PREGUNTAS
– ¿Es consecuencia lógica del análisis suponer que el poder está en realidad en manos de facciones y el Estado es sólo un brazo ejecutor de ese poder?
– Dejado al libre albedrío un proceso secesionista ¿no derivaría eventualmente en una multitud de estados de tamaño mínimo donde los individuos se encuentren finalmente satisfechos con repartir parte de sus rentas?; o, por el contrario, ¿encontraría la oposición frontal de una sociedad cada vez más dependiente de la protección estatal que deriva peligrosamente hacia una todopoderosa máquina socialista?; ¿cuál sería el factor determinante de la tendencia hacia una u otra preferencia?
El análisis económico de la política nos enseña que los funcionarios, miembros de las cámaras legislativas y gobernantes no siempre miran por el bien común sino que tienen preferencias personales como las que tienen los individuos que operan en el mercado. Del mismo modo un análisis del comportamiento de los votantes nos indica que estos no suelen estar informados debido a los altos costes que eso tendría en relación con los escasos beneficios que aportan ya que un voto (informado o no) queda diluido entre tantos como se cuentan. Por su parte los políticos son presa fácil de las actividades de los grupos de presión o lobbies que operan concentrando los beneficios de su actuación sobre el gobierno y la legislación dispersando los costes que tienen entre los ciudadanos.
En este sentido podríamos ver que los funcionarios operan igual que un lobby ya que concentran en ellos los beneficios que dispersan entre la población por medio de los impuestos, además al convenirle al gobierno una buena relación con los funcionarios estos tienden a darles más recursos cuando esto es posible, también vemos que hay una cierta convergencia global en el presupuesto destinado a la función pública. También sobre la actuación de los funcionarios en caso de recortes presupuestarios destinando menos a lo que es más visible por el ciudadano vemos el cálculo personal y la maximizacion del propio interés. Es muy interesante como puede dársele una interpretación distinta a la “enfermedad holandesa” como la que se da en el texto que parece que más que tratarse de una enfermedad fuera una bendición.
¿Cree que sirve de pago la separación de poderes de Montesquieu?
¿Qué opinión le merecen las propuestas de Hoppe de la monarquía absoluta como mejor forma de gobierno que la democracia?
¿Cómo podría mejorarse la información de los votantes?
Resumen
El Estado, en su afán de evitar las consecuencias injustas del monopolio u oligopolio, promueve intervenciones que al final benefician solamente a un grupo determinado. Sin embargo, no se da cuenta que, al mismo tiempo, cierra el ingreso a la competencia y con ello el descubrimiento empresarial (según Kirzner) y la innovación. Además, también impide el proceso de información que se produce en el mercado. Paradójicamente, sí se genera una competencia por quién puede obtener más beneficios al promover más políticas públicas. En inglés, el término se conoce como Rent Seeking.
Es muy complejo poder definir qué es bien común. Las personas tienen diferentes preferencias y escalas valorativas, no parece lógico que se pueda determinar “el bien común” o el “bienestar social”. Bajo ese marco de preferencias y valoraciones subjetivas, el político también actúa por interés personal, aunque muchos aún crean que obran en favor de todos, del pueblo. Esto es lo que la Escuela de Public Choice intenta explicar y estudiar. Es decir, proporcionar un análisis económico a la política.
Conceptos nuevos o interesantes:
• Estabilidad jurídica vs Seguridad jurídica:
La estabilidad jurídica es imposible de alcanzar porque siempre hay nuevas regulaciones que se añaden, se cambian, se reemplazan, etc. al stock.
La seguridad jurídica es el marco institucional en el que las acciones de los individuos se hacen previsibles. En otras palabras, el sistema legal embarca a todos los individuos.
• Incentivo: Estímulo que se ofrece a una persona, grupo o sector de la economía con el fin de elevar la producción y mejorar los rendimientos (según la RAE)
(Puede parecer que el concepto de incentivo sea un poco sencillo, pero se quiso agregar porque considero que es fundamental tener el entendimiento de esto, ya que es un motor muy fuerte en el análisis económico)
• Racionalmente ignorante: en una democracia, los votantes no tienen incentivos para informarse ya que perciben que su voto no generará ningún cambio. Entonces deciden mantenerse al margen, es decir, no informarse e incurrir en costos de tiempo, esfuerzo, etc.
Preguntas:
• ¿Qué poder superior se le ha otorgado al Estado para la decisión de asignación de recursos y políticas públicas?
• ¿Es la competencia, sin la intervención, la solución a los problemas sociales?
• ¿Cuál sería el panorama si las personas que conforman el Estado tuvieran un entendimiento mínimo de teoría económica?
Al asumir como cierta la teoría de los fallos del mercado y de las externalidades negativas de nuestras acciones, se suele recomendar que sea una especie de dictador benevolente el que tome el mando de la situación y arregle esos desajustes. Sin embargo, lejos de existir gobernadores altruistas y generosos preocupados por el bien común lo que hay son individuos preocupados por obtener el poder y mantenerlo. Esto provoca en las democracias occidentales un efecto por el cual los votantes van perdiendo progresivamente interés por la política y se van volviendo racionalmente apáticos. Esto hace que se fijen en aspectos completamente irrelevantes de los políticos, como su aspecto físico, el tono de su voz, las sensaciones que nos despierta, etc. Es por ello que la política no suele encontrar soluciones sino que tiende a resultar incluso contraproducente.
Me ha resultado interesante la encuesta sobre los sesgos que albergamos acerca de la acción política y la sociedad. Nunca los había visto así recopilados y parece interesantísimo para explicar a mis propios alumnos.
Al autor le preguntaría:
¿Por qué las acciones espontáneas del mercado generan orden y poseen una cierta racionalidad propia y las acciones espontáneas de millones de votantes generan cierta confusión y carecen de racionalidad definible?
¿Es posible diseñar un sistema de toma de decisiones públicas cuyos incentivos estén correctamente colocados al estilo de un mercado?
Dicho de otro modo, ¿estamos condenados a optar entre el anarquismo y la insatisfacción?
RESUMEN DEL TEXTO: Public Choice
En el siglo XVIII se produjeron dos grandes revoluciones: la francesa y la americana. En la primera se destacaba la acción en “Pursuit of Common Happiness” y en la segunda “Pursuit of Individual Happiness”. En la primera que ha influenciado a la mayoría de las naciones por su aura romántica ha plagado históricamente a todos sus países de dictadores; mientras tanto, en la segunda su influencia ha eliminado que puedan darse. La relevancia de este hecho, que la mayoría de las veces pasa desapercibido, tiene una importancia crucial: no existe la llamada felicidad común, no puede darse ya que es imposible que un estamento conozca y sea capaz de coordinar a todos los factores económicos de tal manera que pueda aseverar que todos sus integrantes han alcanzado la felicidad. Absurdo.
Seguir creyendo que se puede alcanzar una meta común es llanamente eliminar la libertad de elección por parte de cada agente económico. De ahí que se derive la aparición de un “dictador benevolente” que persuada a los integrantes del grupo a dirigirse en una dirección seleccionada bajo su filtro de la realidad en la falaz creencia de que alcanzada su cima, todos alcanzarán el nirvana de felicidad. Ya bajo esa perspectiva existe una paradoja que anula por completo la idea de alcanzar la felicidad común. El dictador, alcanzada la meta, obtendrá una renta extraordinaria de felicidad con respecto a los demás. Obtendrá la misma felicidad que todos más un punto porcentual superior que surge de haber expropiado a todos los integrantes su libertad de elección. No existe el bien común o la felicidad. Existen intereses que se derivan de la intimidación más o menos coercitiva que ejerce el sector público (sus integrantes) sobre el resto del grupo. De ahí que se hable de poder. El poder es esa parcela que se construye a base de erosionar la libertad de elección de los agentes que integran el grupo. Para su obtención basta con sacudir las emociones más básicas del ser humano que se derivan de su evolución. Frío/calor, miedo a lo desconocido, amenazas apocalípticas… El ser humano, entonces, reacciona con su hipotálamo haciendo que su voto individual o racional sea irrelevante. Ha permitido que erosionen su libertad y venza la supuesta y nefasta idea de la política del bien común.
No hay que equivocarse, una elección emocional nunca va a derivar de las preferencias personales y únicas que residen en cada individuo. La elección emocional es el voto de la masa irracional.
Y, tiene su lógica. El Estado y sus organismos están compuestos de personas con un interés particular. Dado su carencia en la creación de riqueza y, por tanto, su supervivencia está basada en la obtención de rentas apropiadas de otros, siempre atizarán el bien común sobre las consciencias para que sus beneficios y costes se vean siempre satisfechos. No es de extrañar que el Estado siempre tenga la tendencia (suicida) a inflar el tamaño del sector público de tal manera que se garanticen siempre las elecciones emocionales sobre las racionales e individuales.
TEMAS NOVEDOSOS O IMPORTANTES
1. Los votantes permiten que se instigue su pensamiento emocional primitivo que hace que no sea capaz de discernir cosas como quienes son los mercados (ellos mismos), el Estado, los extranjeros y asocien e identifiquen, bajo un paraguas de temor, términos abstractos con palabras familiares. Mercados=depredadores, Estado=Padre, Extranjeros=bárbaros sanguinarios….
2. Un voto unánime “fuerte” es un voto de imposición del grupo mayoritario sobre el minoritario contrario. Al final todos tienen que acatar la orden. Un voto unánime “débil” surge de la decisión de un grupo a actuar en una dirección permitiendo que el grupo contrario no tenga porqué realizarla.
3. La centralización es el olvido de las periferias.
TRES PREGUNTAS AL AUTOR
1. ¿Acaso el bien común no surge de la amoralidad del ser mediocre?
2. ¿Por qué se identifica siempre bien común con igualdad y, por ende, ésta última con felicidad?
3. ¿La jerarquía empresarial demuestra que el poder de largo plazo tiene que hacer tender a que todos los súbditos alcancen el mismo bienestar que la cúpula?
Resumen del texto:
Durante mucho tiempo los pensadores y economistas «neoclásicos» observaron el comportamiento de los política y asumieron la existencia de un «dictador benevolente» que con todo el poder a su disposición velaría por el bien común.
Sin embargo, el «Public Choice» hace un análisis económico de la política y muestra el por qué es que se desarrolla y desenvuelve de una manera, disfuncional, por así decirlo. Y explica, comparando el mercado con la política, porque el primero satisface nuestras necesidades de mejor manera que la segunda, reflejando los incentivos del votante para no estar informado por ejemplo y que al final los políticos también velarán por su propio interés usualmente.
TEMAS NUEVOS:
La comparativa entre estabilidad y seguridad jurídica (diferenciación de conceptos), no es estable porque siempre está en constante cambio.
El tema del votante racionalmente ignorante, que siente que como su voto no refleja ningún cambio, no tiene incentivo para estar informado.