Nuevos libros sobre la economía de la Escuela Austriaca o Public Choice

Nuevos libros de economistas de la Escuela Austriaca o Public Choice:

The Economics of Prosperity: Rethinking Economic Growth and Development; New Thinking in Political Economy series; por Shawn Ritenour, Professor of Economics, Department of Economics, Grove City College, US: https://www.elgaronline.com/monobook/book/9781788117791/9781788117791.xml

“Este libro presenta una teoría general de la economía de la prosperidad. Basándose en el pensamiento económico austriaco tanto histórico como contemporáneo, va más allá de la mera identificación de varias causas aisladas del crecimiento económico y el desarrollo para describir y explicar el proceso de progreso económico. Reúne varios principios económicos relacionados con la producción, el intercambio, la división del trabajo en el mercado, el capital, la tecnología, el espíritu empresarial y el cálculo económico, y una mayor comprensión de cómo los diferentes entornos institucionales y políticas específicas afectan el proceso de progreso económico. También proporciona una útil crítica de la teoría moderna del crecimiento.”

A Modern Guide to Austrian Economics; Elgar Modern Guides. Edited by Per L. Bylund, Johnny D. Pope Chair and Associate Professor, School of Entrepreneurship, Spears School of Business, Oklahoma State University, US: https://www.elgaronline.com/display/book/9781789904406/9781789904406.xml

“Esta Guía moderna explora ideas, conceptos y temas centrales en la escuela austriaca de economía, con un enfoque en cómo ellos, y con ellos la teoría general, han evolucionado en las últimas décadas. Académicos destacados ofrecen sus puntos de vista sobre las direcciones potenciales de la investigación futura en el campo, señalando los debates contemporáneos y sus posibles conclusiones, los aspectos subdesarrollados y las extensiones de la teoría, y las aplicaciones actuales de interés.”

Rethinking Public Choice; Rethinking Economics series; Richard E. Wagner, Emeritus Professor of Economics, George Mason University, US: https://www.elgaronline.com/display/book/9781802204742/9781802204742.xml

“Innovador en su enfoque, Rethinking Public Choice revisa el concepto de elección pública desde la posguerra de los años 50 y la aplicación de la economía a las prácticas e instituciones políticas, así como su evolución en los últimos años, atrayendo contribuciones de la ciencia política y la filosofía.”

Procesos exitosos de reforma estatal: el caso del desmantelamiento de bases militares en los Estados Unidos

La revista Regulation, publicada por el Cato Institute, cumplió 40 años. Con motivo de ello, sus editores, Peter van Doren y Thomas Firey, publican un interesante artículo evaluando ese período en relación al desarrollo de la teoría y las políticas públicas relacionadas con las regulaciones. Aquí van algunos párrafos. El texto completo en: https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2017/3/regulation-v40n1-1-updated-2.pdf

¿Proceso de reforma? / Los miembros del Congreso entienden que el favoritismo económico es un juego de dilema de prisionero. Y cuando las apuestas han sido lo suficientemente altas, han encontrado formas de cooperar para evitar los costos. Un ejemplo que a menudo se propone como un modelo para una amplia reforma del proceso es el sistema de Realineación y Cierre de Bases (BRAC).

Después del final de la Guerra Fría, se reconoció ampliamente que Estados Unidos tenía un gran y costoso excedente de instalaciones militares domésticas a la luz de las nuevas necesidades de defensa de la nación. Pero era políticamente difícil cerrar esas bases porque los congresistas locales bloquearían la legislación que ponía en peligro sus distritos. En esencia, la defensa nacional se había convertido en un programa de empleo para empleados civiles y contratistas, con pocos beneficios y un costo considerable para el público estadounidense en general.

Para terminar con este estancamiento, el Congreso tomó en gran medida las decisiones de cierre de base de las manos de los legisladores. En virtud de la legislación de 1990, delegaron en una comisión de cierre de bases la tarea políticamente difícil de identificar instalaciones militares que pudieran ser cerradas con poco riesgo para la defensa militar. Decenas de instalaciones fueron posteriormente cerradas como resultado de cuatro rondas BRAC sucesivas.

El éxito aparente del proceso BRAC dependía de dos ingeniosas disposiciones del estatuto autorizante. Primero, la Casa Blanca y el Congreso debían aceptar o rechazar en su totalidad las listas de las instalaciones de la Comisión de cierre de bases. No había oportunidad para los legisladores individuales de salvar «sus» bases. El medicamento tenía que ser tragado entero o no tragado en absoluto, a la vista del público. En segundo lugar, el Congreso podría rechazar la lista completa de los cierres de bases propuestas sólo si aprobaba una resolución de rechazo dentro de los 45 días después de que la Casa Blanca haya aprobado la lista. Debido a que la comisión BRAC recopiló y envió estratégicamente pequeñas listas de bases innecesarias, sólo una pequeña minoría de distritos congresionales se opondría a cada ronda BRAC, mientras que el resto del Congreso y la Casa Blanca se beneficiarían de los ahorros. Como resultado, el Congreso nunca rechazó una lista BRAC.

Desafortunadamente, el proceso BRAC no parece ser adaptable a muchas otras deliberaciones del Congreso, incluyendo la regulación. De hecho, puede ser un éxito único en su tipo. Ha habido otros intentos en tales comisiones independientes, pero el Congreso nunca ha dado a ninguno de ellos el poder que dio a la comisión BRAC. Bajo la mayoría de las circunstancias, el Congreso no cederá tal poder porque hacerlo eliminaría el centro de la vida en el Congreso: logrolling.

E incluso BRAC no ha tenido tanto éxito como sugiere la narración anterior. Aunque el Congreso nunca ha rechazado una lista BRAC, tampoco ha considerado muchas listas. El sistema se desmoronó después de la lista de 1995, porque los miembros de la comisión querían centrar su atención en las muchas bases de Texas y California. Clinton pudo haber sido un halcón del presupuesto que aprobó la lista de cierre de 1995, pero él no quiso poner en peligro sus posibilidades de la reelección en esos estados. Como resultado, inventó maneras de bloquear tener que considerar una lista subsecuente. Desde entonces, los legisladores de Washington también evitaron la compilación de listas que afectarían significativamente a California y Texas, resultando en sólo una ronda adicional de BRAC, en 2005. Más allá de eso, los defensores de mantener las bases abiertas comenzaron a cambiar sus esfuerzos de los legisladores a los miembros del comité BRAC, En esencia, la reinstitución del juego.

Si no se puede evitar el favoritismo económico, tal vez el Congreso podría al menos encontrar una manera menos costosa de distribuir la generosidad a sus beneficiarios. Por ejemplo, en lugar de regular los mercados, el gobierno podría dar subsidios directos a los intereses especiales actualmente favorecidos por la regulación, pero a cambio los economistas diseñarían las subvenciones de una manera que redujera las distorsiones del mercado causadas por la regulación.”

Si la economía deja caer el supuesto del ‘dictador benevolente’, aparecen la cara real de la política

El capítulo 4 del libro “El Foro y el Bazar” analiza las contribuciones de la economía al análisis de la política, comenzando por el cuestionamiento al supuesto de que el Estado es un “dictador benevolente”:

Durante mucho tiempo, buena parte de los economistas se concentraron en analizar y comprender el funcionamiento de los mercados, y olvidaron el papel que cumplen los marcos institucionales y jurídicos de los Gobiernos. Analizaban los mercados suponiendo que funcionaban bajo un “gobernante benevolente”, definiendo como tal a quien persigue el “bien común”, sin consideración por el beneficio propio, y coincidiendo en esto con buena parte de las ciencias políticas y jurídicas. Tal como define al Estado la ciencia política, tiene aquel el monopolio de la coerción, pero lo ejerce en beneficio de los gobernados.

Por cierto, hubo claras excepciones a este olvido. Inspirados en ellas, autores como Anthony Downs o James Buchanan y Gordon Tullock iniciaron lo que se ha dado en llamar “análisis económico de la política”, en el contexto de gobiernos democráticos, originando una abundante literatura. Su intención era aplicar las herramientas del análisis económico a la política y el funcionamiento del Estado, pues la teoría política predominante no lograba explicar la realidad de manera satisfactoria.

Uno de los primeros pasos fue cuestionar el supuesto del “gobernante benevolente” que persigue el bien común; porque, ¿cómo explicaba esto los numerosos casos en que los Gobiernos implementan medidas que favorecen a unos pocos? O más aún: ¿cómo explicar entonces que los gobernantes apliquen políticas que los favorecen a ellos mismos, en detrimento de los votantes/contribuyentes? Por último, ¿cómo definir el “bien común” ? Dadas las diferencias en las preferencias y valores individuales, ¿cómo se podría llegar a una escala común a todos? Esto implicaría estar de acuerdo y compartir dicha escala, pero el acuerdo que pueda alcanzarse tiene que ser necesariamente vago y muy general, y en cuanto alguien quiera traducir eso en propuestas específicas surgirán las diferencias. Por eso vemos interminables discusiones sobre la necesidad de contar con un “perfil de país” o una “estrategia nacional” que nos lleve a alcanzar ese bien común, pero, cuando se consideran los detalles, los “perfiles de país” terminan siendo más relacionados con algún sector específico o difieren claramente entre sí.

Los autores antes mencionados decidieron, entonces, asumir que en la política sucede lo mismo que en el mercado, donde el individuo persigue su propio interés, no el de otros. En el mercado, esa famosa “mano invisible” de Adam Smith conduce a que dicha conducta de los individuos termine beneficiando a todos. ¿Sucede igual en el Estado? Se piensa en particular en el Estado democrático, porque se supone que los Gobiernos tiránicos o autoritarios no le dan prioridad a los intereses de los gobernados.

Algunos economistas intentaron definir ese “bien común” en forma científica, como una “función de bienestar social”, pero sin éxito (Arrow 1951). Además, si hubiese alguna forma de definir específicamente ese bien común o bienestar general como una función objetiva, no importaría si es el resultado de una decisión democrática, de una decisión judicial o simplemente un decreto autoritario que lo imponga.

Como veremos, al cambiar ese supuesto básico, la visión que se tiene de la política es muy distinta: el político persigue, como todos los demás y como él mismo fuera de ese ámbito, su interés personal. No se puede definir algo como un “bien común”, un resultado particular que sea el mejor, pero sí se puede evaluar un proceso, en el que el resultado “bueno” sea aquél que es fruto de las elecciones libres de las personas. ¿Existe entonces un mecanismo similar a la “mano invisible” en el mercado, que guíe las decisiones de los votantes y las acciones de los políticos a conseguir los fines que persiguen los ciudadanos? Este enfoque, llamado en general “Teoría de la Elección Pública” (Public Choice) se centra en los incentivos. De ahí que también se le conozca como “análisis económico de la política”.

Pero no son los incentivos el único problema que se presenta en el supuesto del dictador benevolente. También está el problema de la información, similar al planteado por Mises y Hayek en relación con la planificación económica, aunque originalmente presente en un autor anterior .

Estos dos cuestionamientos plantean entonces dos principales problemas al funcionamiento de la política, como mecanismo para satisfacer las necesidades de la gente: un problema de información, relacionado con la formación de las preferencias y su “revelamiento”, y los medios y procedimientos para satisfacerlas; y un problema de incentivos, por los que las acciones de los representantes deben dirigirse a ese objetivo.

Elecciones, discurso y el espíritu de los inmigrantes: aprovechar oportunidades, esfuerzo y trabajo

El domingo 22 de Noviembre se completó el temblor político que había recorrido la Argentina un mes antes: el kirchnerismo fue derrotado, Mauricio Macri será el próximo presidente de los argentinos.

¿Qué significa este resultado? ¿Qué mensaje enviaron los votantes argentinos? Pues, quienes enseñamos esa área de la teoría económica que se llama “Public Choice” o Análisis Económico de la Política, sabemos que el voto es un mecanismo muy imperfecto para expresar preferencias, por eso ahora hacen falta una y mil interpretaciones más de quienes, supuestamente, saben ‘leer’ lo que la gente quiso decir. Esta característica del mercado político es tan clara como inevitable.

En el mercado, cada uno de nosotros vota diariamente y elige entre el producto A o el B, o uno de los cientos que el mercado nos ofrece. Con ese voto determinamos los ingresos de cada uno de los participantes en el mercado: premiamos a quienes nos ofrecen lo que deseamos y no a quienes nos ofrecen otra cosa.

En la política las opciones son mucho más estrechas y, además, vienen ‘empaquetadas’, es decir se nos ofrecen paquetes de atributos muy complejos. ¿Qué votó quien votó a Macri? ¿Qué fue presidente de Boca? ¿Su gestión en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué quiere despegarse de Venezuela? ¿Qué parece sensato aunque no haya dado muchos detalles de sus políticas? ¿Qué haya prometido eliminar el cepo cambiario?  En fin, ¿cómo saberlo? Podríamos decir lo mismo, y tal vez más, del otro candidato.

Ahora, luego de que hemos decidido, comienzan las definiciones. Los medios de comunicación se llenan de comentarios, análisis y novedades. Hay uno, sin embargo, al que quisiera prestar atención aquí pues no lo he visto comentado en ningún lado.

En el discurso de la noche del domingo 22 de Noviembre, ya reconocido el triunfo por su rival, Macri señaló más de una vez que quería una sociedad con oportunidades, donde la gente pudiera mejorar su condición, en definitiva, progresar en base a su propio esfuerzo. Hizo mención específica a la epopeya argentina de los inmigrantes, quienes llegaron a estas tierras con las manos vacías pero con la cabeza llena de un sueño de progreso que el país les ofrecía.

inmigrantes

En algún punto del camino ese espíritu se perdió, emborrachado por el populismo, que en lugar de oportunidades, esfuerzo, sacrificio y trabajo ofreció ‘derechos sociales’, prebendas, paternalismo y clientelismo a cambio de la sumisión política de la mayoría para aceptar el poder y la corrupción de quienes manejaran la maquinaria redistribuidora que, como dice el sabio viejo refrán “parte y reparte y se queda con la mejor parte”.

No tengo idea si Macri va a cumplir con esos principios enunciados el domingo, y mucho menos de cómo lo haría, pero debo decir que si eso reflejara de alguna forma lo que los argentinos votaron entonces sí podría afirmar que hubo un cambio, que hemos dejado de esperar que las soluciones de nuestros problemas vengan de arriba, del estado paternalista que es también el estado despilfarrador, inflacionista, regulador y corrupto.

Si esta primera decisión de los argentinos de rechazar la oferta paternalista y populista fuera la primera en un camino que nos lleve a recuperar las oportunidades y los valores de los inmigrantes, de aprovechar las oportunidades de la libertad y asumir la responsabilidad sobre nuestro propio destino, sería un gran primer paso en dirección al progreso.

Lamentablemente no puedo asegurarlo. Como dije, el voto es un instrumento muy imperfecto y refleja tantas cosas como votantes hubo. Si esta valorización de las oportunidades y el esfuerzo fuera parte de ese gran mensaje, junto con la recuperación de las instituciones de una república y el respeto a la propiedad y los contratos entonces sí, algo habría cambiado.

Habrá que esperar. Por cierto, con más esperanza que hace un par de meses, pero todavía con incertidumbre. Mientras tanto, recordemos a nuestros abuelos bajando de los barcos.

¿Existe un análisis económico ‘austriaco’ de la política? Información, incentivos y reglas de juego

¿Existe un “análisis económico de la política” inspirado en la Escuela Austríaca? ¿O para esos temas tenemos nada más que Public Choice, con una base fundacional en la economía neoclásica tradicional? Michael Wohlgemuth considera esto en un artículo titulado “La democracia como un proceso de descubrimiento: hacia una “economía austriaca” del proceso político” (Libertas 34, Mayo 2001):

“Es en sus aspectos dinámicos, más que los estáticos, donde se prueba el valor de la democracia… El ideal de la democracia descansa en la creencia de que la visión que dirigirá al gobierno emerge de un proceso independiente y espontáneo”. Friedrich A. Hayek (1960: 109)

“Las perspectivas que ofrecen algunos de los análisis sobre ordenes espontáneos que ocurren fuera de situaciones de equilibrio pueden resultar útiles en aplicaciones a la política como a la economía”. James M. Buchanan (1993:70)

Votar

“No existe una Economía Austríaca de la democracia. Es cierto que economistas austríacos como Hayek, von Mises o Lachmann han estudiado a los sistemas e ideas políticas. El estado, su poder e instituciones, su papel en la protección o destrucción del orden espontáneo del mercado se encuentra en el centro de tratamientos clásicos como La Constitución de la Libertad (Hayek, 1960), Ley, Legislación y Libertad (Hayek, 1973; 1976; 1979), Socialismo (Mises 1936/76), Gobierno Omnipotente (Mises, 1944) o El legado de Max Weber (Lachmann, 1970). Y aun más notablemente, todo el proyecto de la teoría económica de la democracia es considerado a menudo como habiéndose iniciado con un “austríaco”: con la formulación de Schumpeter sobre Otra Teoría de la Democracia (1942: cap. 22).

Sin embargo, parece correcto decir que no existe una economía de la política específicamente austríaca. Lo que hoy se conoce como la economía de la política (esto es, el análisis positivo de la política aplicando las mismas herramientas y conceptos utilizados para el análisis positivo de los fenómenos económicos) no es economía austríaca sino neoclásica. La impresión común que brindan los economistas austríacos -aunque esto refleja una visión relativamente simplista y sesgada del asunto- es que los austríacos se interesan exclusivamente de conclusiones políticas normativas derivadas de su ideal sobre los procesos del mercado libre. Los austríacos no tienen renombre por analizar la política como es utilizando sus conceptos y herramientas austríacas específicas en una teoría del proceso político. Por lo tanto, parece haberse desarrollado una división del trabajo intelectual que ha producido dos áreas distintas de preocupación teórica: si quieres saber lo que los políticos no deberían hacer o poder hacer, pregúntale a los austríacos. Si quieres saber lo que los políticos hacen, cómo y porqué lo hacen, pregunta a los economistas de la Elección Pública (Public Choice).

Sin embargo, nuestra afirmación de que los austríacos no han estudiado sistemáticamente el funcionamiento de los procesos políticos con las mismas herramientas analíticas y conceptos básicos que utilizan para el estudio de los procesos de mercado debe ser afinada aun más. Hayek, Mises o Kirzner han estudiado los problemas de la planificación e intervención política utilizando los mismos conceptos derivados de las condiciones de la acción humana: la falta de conocimiento de los actores, la coordinación de planes individuales sujeta a las reglas del juego, y las posibilidades e incentivos para actuar bajo esas reglas. La inhabilidad de las agencias políticas (digamos, en un régimen de socialismo de mercado) para mimetizar los procesos reales del mercado o para dirigir exitosamente al orden espontáneo del mercado hacia fines políticos preconcebidos ha sido una aplicación muy destacada y exitosa de la economía austríaca al estudio de la política. En verdad, los argumentos políticos presentados en el debate sobre el cálculo produjeron resultados empíricamente valiosos que muchas evaluaciones neoclásicas de la política no parecen poder brindar.”

Obviamente, el objetivo de Wohlgemuth es, precisamente, desarrollar esa visión “austriaca” de la política. Pero claro, para conocerla, hay que leer el artículo entero: http://www.eseade.edu.ar/riim/libertas/libertas-no-34-mayo-2001.html

En un año electoral (Argentina, Guatemala, España), no está mal ver algo de «Elección Pública»

Con los alumnos de la materia “Public Choice”, de la Maestría en Política Económica del SMC comenzamos el análisis de esta disciplina con una presentación de su más importante autor, James Buchanan, quien explica el contenido de este “programa de investigación” en un artículo titulado “Elección Pública: Génesis y Desarrollo de un Programa de Investigación”, publicado en castellano en la Revista Asturiana de Economía RAE Nº 33, 2005. El tema vale la pena, no solamente para los alumnos sino en momentos de plena campaña electoral y proximidad de elecciones en varios países de habla hispana (Argentina, Guatemala, España, por ejemplo). Algunos párrafos:

Buchanan

“Mi subtítulo caracteriza a la elección pública como un programa de investigación en vez de como una disciplina o incluso como una subdisciplina (la definición lakatosiana parece que cuadra muy bien). Un programa de investigación exige aceptar un centro firme de supuestos que imponen límites al dominio de la investigación científica, a la vez que, simultáneamente, la protegen de críticas en esencia irrelevantes. El centro firme de la elección pública se puede resumir en tres supuestos: (1) individualismo metodológico, (2) elección racional, y (3) política-como-intercambio. Los dos primeros bloques de esta construcción científica son los que le dan forma a la economía más básica y generan pocas críticas desde el frente de los economistas, aunque sean centrales en los ataques de los no economistas a esta empresa en su conjunto. El tercer elemento del centro firme es menos familiar y lo trataré de una forma más completa posteriormente.

Desde una perspectiva cronológica, este programa de investigación se vincula a medio siglo, durante el cual se ha creado, desarrollado y madurado. Aunque hubo precursores, algunos de los cuales se incluirán en el relato que sigue, podemos fechar los orígenes de la elección pública a mediados del siglo XX. Y, en sí mismo, este hecho es de gran interés.

Visto retrospectivamente, desde la ventajosa posición de 2003, el “hueco” existente en la explicación científica para el que surgió la elección pública parecía ser tan grande que el desarrollo del programa da la impresión de haber sido inevitable.

Al salir de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos, incluso en las democracias occidentales, estaban asignando entre un tercio y un medio de su producto total a través de instituciones políticas de tipo colectivo en vez de a través de los mercados. A pesar de ello, los economistas estaban dedicando sus esfuerzos de manera casi exclusiva a explicaciones-interpretaciones del sector de mercado. No se le dedicaba atención a la toma de decisiones políticas de tipo colectivo. Los profesionales de la ciencia política no lo hacían mejor. No habían desarrollado bases explicativas, no contaban con teoría, por así decirlo, de las que se pudieran deducir hipótesis falsables en términos operativos.

Así pues, el sector politizado de las interacciones sociales estaba, en su conjunto, “pidiendo a gritos” modelos explicativos diseñados para contribuir a la comprensión de la realidad empírica que se observaba. Mi propia e insignificante primera aportación al tema (Buchanan, 1949) fue poco más que un llamamiento dirigido a aquellos economistas que estudiaban los impuestos y los gastos en el sentido de que prestaran alguna atención a los modelos de políticas que se suponía estaban vigentes. Y, con la excepción del importante, pero olvidado, trabajo de Howard Bowen (1943), incluso aquéllos que habían realizado las contribuciones seminales reconocidas no parecían apreciar el hecho de que estaban entrando en territorio desconocido.”

Public Choice levanta el velo: no tiene sentido asumir al Estado como ‘dictador benevolente’

Con los alumnos de Economía e Instituciones de OMMA-Madrid vemos los capítulos 4 y 5 sobre el supuesto de “dictador benevolente”. Algunos párrafos:

Durante mucho tiempo, buena parte de los economistas se concentraron en analizar y comprender el funcionamiento de los mercados, y olvidaron el papel que cumplen los marcos institucionales y jurídicos de los Gobiernos. Analizaban los mercados suponiendo que funcionaban bajo un “gobernante benevolente”, definiendo como tal a quien persigue el “bien común”, sin consideración por el beneficio propio, y coincidiendo en esto con buena parte de las ciencias políticas y jurídicas . Tal como define al Estado la ciencia política, tiene aquel el monopolio de la coerción, pero lo ejerce en beneficio de los gobernados.

Por cierto, hubo claras excepciones a este olvido. Inspirados en ellas, autores como Anthony Downs o James Buchanan y Gordon Tullock iniciaron lo que se ha dado en llamar “análisis económico de la política”, en el contexto de gobiernos democráticos, originando una abundante literatura. Su intención era aplicar las herramientas del análisis económico a la política y el funcionamiento del Estado, pues la teoría política predominante no lograba explicar la realidad de manera satisfactoria.

Uno de los primeros pasos fue cuestionar el supuesto del “gobernante benevolente” que persigue el bien común; porque, ¿cómo explicaba esto los numerosos casos en que los Gobiernos implementan medidas que favorecen a unos pocos? O más aún: ¿cómo explicar entonces que los gobernantes apliquen políticas que los favorecen a ellos mismos, en detrimento de los votantes/contribuyentes? Por último, ¿cómo definir el “bien común” ? Dadas las diferencias en las preferencias y valores individuales, ¿cómo se podría llegar a una escala común a todos? Esto implicaría estar de acuerdo y compartir dicha escala, pero el acuerdo que pueda alcanzarse tiene que ser necesariamente vago y muy general, y en cuanto alguien quiera traducir eso en propuestas específicas surgirán las diferencias. Por eso vemos interminables discusiones sobre la necesidad de contar con un “perfil de país” o una “estrategia nacional” que nos lleve a alcanzar ese bien común, pero, cuando se consideran los detalles, los “perfiles de país” terminan siendo más relacionados con algún sector específico o difieren claramente entre sí.

Los autores antes mencionados decidieron, entonces, asumir que en la política sucede lo mismo que en el mercado, donde el individuo persigue su propio interés, no el de otros. En el mercado, esa famosa “mano invisible” de Adam Smith conduce a que dicha conducta de los individuos termine beneficiando a todos. ¿Sucede igual en el Estado? Se piensa en particular en el Estado democrático, porque se supone que los Gobiernos tiránicos o autoritarios no le dan prioridad a los intereses de los gobernados.

Algunos economistas intentaron definir ese “bien común” en forma científica, como una “función de bienestar social”, pero sin éxito (Arrow 1951). Además, si hubiese alguna forma de definir específicamente ese bien común o bienestar general como una función objetiva, no importaría si es el resultado de una decisión democrática, de una decisión judicial o simplemente un decreto autoritario que lo imponga.

Como veremos, al cambiar ese supuesto básico, la visión que se tiene de la política es muy distinta: el político persigue, como todos los demás y como él mismo fuera de ese ámbito, su interés personal. No se puede definir algo como un “bien común”, un resultado particular que sea el mejor, pero sí se puede evaluar un proceso, en el que el resultado “bueno” sea aquél que es fruto de las elecciones libres de las personas. ¿Existe entonces un mecanismo similar a la “mano invisible” en el mercado, que guíe las decisiones de los votantes y las acciones de los políticos a conseguir los fines que persiguen los ciudadanos? Este enfoque, llamado en general “Teoría de la Elección Pública” (Public Choice) se centra en los incentivos. De ahí que también se le conozca como “análisis económico de la política”.

Pero no son los incentivos el único problema que se presenta en el supuesto del dictador benevolente. También está el problema de la información, similar al planteado por Mises y Hayek en relación con la planificación económica, aunque originalmente presente en un autor anterior .

Estos dos cuestionamientos plantean entonces dos principales problemas al funcionamiento de la política, como mecanismo para satisfacer las necesidades de la gente: un problema de información, relacionado con la formación de las preferencias y su “revelamiento”, y los medios y procedimientos para satisfacerlas; y un problema de incentivos, por los que las acciones de los representantes deben dirigirse a ese objetivo.

 

Para Beatriz Sarlo la campaña política es muy pobre y aburrida: Public Choice nos explica porqué

Con la Fundación Bases, de Rosario, estamos haciendo un curso online sobre «Public Choice», con participantes de toda América Latina. También vemos estos temas con los alumnos de la materia Applied Economics y la Facultad de Derecho de la UBA.

Allí vemos cuáles son las motivaciones de los votantes para estar informados, que son bien débiles, son ‘racionalmente apáticos’ respecto a la información, Esto explica que los políticos, quienes sí tienen un fuerte incentivo para estar informados de las consecuencias de sus actos y de sus palabras, no apelan a la racionalidad de los votantes (que no es muy aplicada a estos temas) sino a sus sentimientos. Desde esta perspectiva, no sorprende que prefieran ir a “Bailar por un Sueño que a un debate presidencial.

La ensayista Beatriz Sarlo comenta esto diciendo que esta campaña es “muy pobre y muy aburrida”: http://www.lanacion.com.ar/1789955-beatriz-sarlo-esta-campana-es-muy-pobre-y-aburrida

Comienza planteando que las campañas de los 90s eran más interesantes, aunque luego eso haya terminado en un fracaso. Sin embargo, recordemos que Carlos Menem ganó las elecciones con el eslogan “Síganme”…. ¿A dónde? A la revolución productiva…

Sostiene que esto ocurre porque los candidatos se convierten en “voceros de la gente”. Dice las cosas que la gente quiere escuchar, en otras palabras. ¿Acaso tiene eso que sorprendernos? Está en la esencia de la democracia. Algo así opinaba Borges:

Borges: “Creo que ningún político puede ser una persona totalmente sincera. Un político está buscando siempre electores y dice lo que esperan que diga. En el caso de un discurso político los que opinan son los oyentes, más que el orador. El orador es una especie de espejo o eco de lo que los demás piensan. Si no es así, fracasa.” Diálogos Borges-Sábato, compaginados por Orlando Barone (Buenos Aires: Emecé, 1976), p. 75.

Al respecto, en otra oportunidad:

“ -Ya veo que no tiene una buena opinión de los políticos.

-“No. En primer lugar no son hombres éticos; son hombres que han contraído el hábito de mentir, el hábito de sobornar, el hábito de sonreír todo el tiempo, el hábito de quedar bien con todo el mundo, el hábito de la popularidad….

La profesión de los políticos es mentir. El caso de un rey es distinto; un rey es alguien que recibe ese destino, y luego debe cumplirlo. Un político no; un político debe fingir todo el tiempo, debe sonreír, simular cortesía, debe someterse melancólicamente a los cócteles, a los actos oficiales, a las fechas patrias.” Roberto Alifano, El humor de Borges, (Buenos Aires: Ediciones Proa, 1995), p. 132-133.

En el libro cito a Joseph Schumpeter, de su libro “Capitalismo, Socialismo y Democracia”. El ciudadano particular “es miembro de una comisión incapaz de funcionar, de la comisión constituida por toda la nación, y por ello es por lo que invierte menos esfuerzo disciplinado en dominar un problema político que en una partida de bridge” (p. 334).

Y luego: “El debilitamiento del sentido de la responsabilidad y la falta de voliciones efectivas explican a su vez esta ignorancia del ciudadano corriente y la falta de juicio en cuestiones de política nacional y extranjera, que son más sorprendentes, si esto puede sorprender, en el caso de personas instruidas y de personas que actúan con éxito en situaciones de la vida ajenas a la política que en el caso de personas poco instruidas y de condición humilde” (p. 335).

Sostiene Caplan (2007, p. 95) respecto a los Estados Unidos, el país que más larga tradición y experiencia democrática tiene: “Menos del 40% de los adultos norteamericanos conocen los nombres de sus dos senadores. Un poco menos conoce a qué partido pertenecen –un hallazgo particularmente importante dada la idea muy citada que los partidos cumplen un rol informacional. La mayoría del público ha olvidado –o nunca aprendió- los hechos elementales e inmutables que se enseñan en una clase de educación cívica. Cerca de la mitad conoce que cada estado tiene dos senadores, y sólo una cuarta parte conoce el período de su mandato. La familiaridad con el registro de sus votos y las posiciones políticas que sostienen es prácticamente nula aún en cuestiones de alta atención pública, pero increíblemente buena en cuestiones divertidas pero irrelevantes para la política.”

¿Qué es el ‘bien común’? ¿Existe? ¿Es el objetivo que persiguen los políticos y el Estado?

Los alumnos de Applied Economics leen los Capítulos 3 y 4 del libro. Muchos estudiantes, sobre todo los de Derecho, tienen un enfoque básicamente “normativo” de la política y el estado. Es decir, planteado el tema sobre sus funciones opinan siempre sobre “lo que debería ser” y señalan que los políticos y el estado deberían promover el “bien común”. Sin embargo, cuando vemos el “análisis económico de la política” o “Public Choice”, el enfoque es diferente, es “positivo” en el sentido de que se trata de entender cuáles son los objetivos que efectivamente persiguen políticos y funcionarios, no ya los que deberían perseguir.

James Madison (2001), por ejemplo, mostraba una posición clásica aún hoy muy popular, que la búsqueda del “bien común” depende de la delegación del poder a los representantes correctos, no de la información y los incentivos existentes: “…un cuerpo de ciudadanos elegidos, cuya sabiduría pueda discernir mejor el verdadero interés de su país, y cuyo patriotismo y amor por la justicia harán muy poco probable que lo sacrifiquen a consideraciones parciales o temporales. Bajo tal regulación, puede bien suceder que la voz pública, pronunciada por los representantes del pueblo sea más consonante con el bien público que si fuera pronunciada por el pueblo mismo, reunido para tal propósito. Por otro lado, el efecto puede invertirse. Hombres de temperamento faccioso, prejuicios locales, o designios siniestros, pueden por intriga, corrupción u otros medios, primero obtener votos, y luego traicionar los intereses del pueblo”. (Madison, James (2001) en: George W. Carey, The Federalist (The Gideon Edition), Edited with an Introduction, Reader’s Guide, Constitutional Cross-reference, Index, and Glossary by George W. Carey and James McClellan (Indianapolis: Liberty Fund, 2001). Chapter: No. 10: The same Subject continued. Accessed from http://oll.libertyfund.org/title/788/108577 )

Muchos filósofos políticos han cuestionado el mismo concepto de “bien común”. Entre los economistas, Hayek (1976 [1944]): “El ‘objetivo social’ o el ‘designio común’, para el que ha de organizarse la sociedad, se describe frecuentemente de modo vago, como el ‘bien común’, o el ‘bienestar general’, o el ‘interés general’. No se necesita mucha reflexión para comprender que estas expresiones carecen de un significado suficientemente definido para determinar una vía de acción cierta. El bienestar y la felicidad de millones de gentes no pueden medirse con una sola escala de menos y más” (Hayek, Friedrich A. von (1976 [1944]), Camino de Servidumbre (Madrid: Unión Editorial).

Algunos economistas intentaron definir ese “bien común” en forma científica, como una “función de bienestar social”, pero sin éxito (Arrow, 1951). Además, si hubiese alguna forma de definir específicamente ese bien común o bienestar general como una función objetiva, no importaría si es el resultado de una decisión democrática, de una decisión judicial o simplemente un decreto autoritario que la imponga.

Los autores del Public Choice decidieron asumir que al igual que el individuo en el mercado, quien persigue su propio interés, no el de otros, en la política sucede lo mismo. En el mercado, esa famosa “mano invisible” de Adam Smith lleva a que dicha conducta de los individuos termine beneficiando a todos. En el Estado, ¿sucede lo mismo? En particular en el Estado democrático, porque se supone que gobiernos tiránicos o autoritarios desde ya que no dan prioridad a los intereses de sus gobernados.

Como veremos, al cambiar ese supuesto básico la visión que se obtiene de la política es muy distinta: el político persigue, como todos los demás y como él mismo fuera de ese ámbito, su interés personal. No se puede definir tal cosa como un “bien común”, un resultado particular que sea el mejor, pero sí se puede evaluar un proceso, en el cual el resultado “bueno” sea aquél que es el fruto de las elecciones libres de las personas. ¿Existe un mecanismo entonces, similar a la “mano invisible” en el mercado que guíe las decisiones de los votantes y a las acciones de los políticos hacia conseguir o contribuir a los fines que persiguen los ciudadanos?

Por qué el lobby tiene éxito y la mayoría de votantes desinformados apenas se da cuenta

Don Boudreaux presenta algunos conceptos básicos de Public Choice en un interesante artículo publicado por Cato: http://www.cato.org/policy-report/novemberdecember-2014/why-governments-fail-why-ideas-matter

Entre otras cuestiones, plantea porqué el lobby puede tener éxito en una sociedad democrática. Después de todo, en democracia se elige un gobierno por mayoría: ¿por qué la mayoría aprobaría políticas que benefician a unos pocos cuyo costo recae sobre todos los demás? La existencia misma del lobby muestra una falla de la democracia, ya que, de hecho, es posible que esto ocurra.

Votar

Public Choice ha señalado que esto se debe, en buena medida, porque los beneficios están concentrados y los costos están dispersos. Boudreaux trae un buen ejemplo: desde 1934 el gobierno de los Estados Unidos ha utilizado cuotas de producción, altos aranceles y garantías de préstamos para subsidiar la producción de azúcar. En un año normal, estos programas tienen un costo de 2.900 millones de dólares.

Hay unos 314 millones de norteamericanos que consumen azúcar pero solamente 4.700 productores. Esto significa que el subsidio al azúcar le cuesta a cada consumidor $10 al año aproximadamente, pero significa $617.000 por cada productor. El incentivo del consumidor para oponerse a este programa es débil, diez dólares al año no le justifica todo lo que tendría que hacer para oponerse. Por el contrario, el productor tiene un fuerte incentivo para hacer todo lo necesario para mantenerlo.

Esto se relaciona también con otro fundamento básico del Public Choice que es el supuesto de que el votante es “racionalmente ignorante”. Como estar informado es costoso, no tiene sentido esforzarse para estarlo en cuestiones sobre las que el votante no determina el resultado, y tienen poco impacto en su vida. Por eso, el votante apenas conoce el programa de subsidios al azúcar. Por el contrario, el productor está al tanto de ese programa hasta su último detalle. Con conocimiento y muy motivado en los productores, no es de extrañar que el subsidio se mantenga y los políticos se den cuenta que pueden otorgarlo (y así obtener el apoyo de este grupo) sin mayor costo político entre los votantes.

Pero el Public Choice ha sido criticado por tener una visión “economicista” de la política, donde todos los jugadores se mueven en base a incentivos materiales. No es así según Broudreaux. Precisamente porque cada votante tiene un impacto mínimo en la decisión electoral y sus intereses materiales apenas se verán afectados por su voto personal (ya que es uno entre millones), puede expresar libremente sus preferencias ideológicas.

“Por ejemplo, si un obrero del acero en Pittsburgh apoya el libre comercio puede votar contra el candidato que propone aranceles más altos para las importaciones de acero. Como no tiene esperanzas en determinar con su voto el resultado de la elección, no le cuesta nada expresar su preferencia ideológica en el voto, aun cuando su interés material se vería mejor protegido por el candidato proteccionista.

El resultado es que los procesos democráticos no están estrictamente determinados por intereses particulares y otras imperfecciones en las decisiones colectivas. Al final, las ideas de los votantes sobre el papel que debe jugar el gobierno las que importan.

Si la gente cree que un gobierno grande y discrecional intervendrá productivamente, entonces el resultado será un gobierno grande que interviene. Y algunos grupos de interés serán ‘blanqueados’ por los votantes no informados y pro-gobierno para que influyan en los detalles finales de las políticas gubernamentales. Public Choice predice que estos detalles serán desagradables.

Si, por el contrario, el público es escéptico respecto al poder del gobierno para hacer el bien, entonces esta ideología del gobierno limitado se expresará en los votos. Esta expresión, a su vez, mantendrá en un mínimo la actividad predatoria de la búsqueda de rentas”.