Los alumnos de Applied Economics leen los Capítulos 3 y 4 del libro. Muchos estudiantes, sobre todo los de Derecho, tienen un enfoque básicamente “normativo” de la política y el estado. Es decir, planteado el tema sobre sus funciones opinan siempre sobre “lo que debería ser” y señalan que los políticos y el estado deberían promover el “bien común”. Sin embargo, cuando vemos el “análisis económico de la política” o “Public Choice”, el enfoque es diferente, es “positivo” en el sentido de que se trata de entender cuáles son los objetivos que efectivamente persiguen políticos y funcionarios, no ya los que deberían perseguir.
James Madison (2001), por ejemplo, mostraba una posición clásica aún hoy muy popular, que la búsqueda del “bien común” depende de la delegación del poder a los representantes correctos, no de la información y los incentivos existentes: “…un cuerpo de ciudadanos elegidos, cuya sabiduría pueda discernir mejor el verdadero interés de su país, y cuyo patriotismo y amor por la justicia harán muy poco probable que lo sacrifiquen a consideraciones parciales o temporales. Bajo tal regulación, puede bien suceder que la voz pública, pronunciada por los representantes del pueblo sea más consonante con el bien público que si fuera pronunciada por el pueblo mismo, reunido para tal propósito. Por otro lado, el efecto puede invertirse. Hombres de temperamento faccioso, prejuicios locales, o designios siniestros, pueden por intriga, corrupción u otros medios, primero obtener votos, y luego traicionar los intereses del pueblo”. (Madison, James (2001) en: George W. Carey, The Federalist (The Gideon Edition), Edited with an Introduction, Reader’s Guide, Constitutional Cross-reference, Index, and Glossary by George W. Carey and James McClellan (Indianapolis: Liberty Fund, 2001). Chapter: No. 10: The same Subject continued. Accessed from http://oll.libertyfund.org/title/788/108577 )
Muchos filósofos políticos han cuestionado el mismo concepto de “bien común”. Entre los economistas, Hayek (1976 [1944]): “El ‘objetivo social’ o el ‘designio común’, para el que ha de organizarse la sociedad, se describe frecuentemente de modo vago, como el ‘bien común’, o el ‘bienestar general’, o el ‘interés general’. No se necesita mucha reflexión para comprender que estas expresiones carecen de un significado suficientemente definido para determinar una vía de acción cierta. El bienestar y la felicidad de millones de gentes no pueden medirse con una sola escala de menos y más” (Hayek, Friedrich A. von (1976 [1944]), Camino de Servidumbre (Madrid: Unión Editorial).
Algunos economistas intentaron definir ese “bien común” en forma científica, como una “función de bienestar social”, pero sin éxito (Arrow, 1951). Además, si hubiese alguna forma de definir específicamente ese bien común o bienestar general como una función objetiva, no importaría si es el resultado de una decisión democrática, de una decisión judicial o simplemente un decreto autoritario que la imponga.
Los autores del Public Choice decidieron asumir que al igual que el individuo en el mercado, quien persigue su propio interés, no el de otros, en la política sucede lo mismo. En el mercado, esa famosa “mano invisible” de Adam Smith lleva a que dicha conducta de los individuos termine beneficiando a todos. En el Estado, ¿sucede lo mismo? En particular en el Estado democrático, porque se supone que gobiernos tiránicos o autoritarios desde ya que no dan prioridad a los intereses de sus gobernados.
Como veremos, al cambiar ese supuesto básico la visión que se obtiene de la política es muy distinta: el político persigue, como todos los demás y como él mismo fuera de ese ámbito, su interés personal. No se puede definir tal cosa como un “bien común”, un resultado particular que sea el mejor, pero sí se puede evaluar un proceso, en el cual el resultado “bueno” sea aquél que es el fruto de las elecciones libres de las personas. ¿Existe un mecanismo entonces, similar a la “mano invisible” en el mercado que guíe las decisiones de los votantes y a las acciones de los políticos hacia conseguir o contribuir a los fines que persiguen los ciudadanos?
a) Resumen
Se admite comúnmente que las fallas de mercado podrían ser resueltas con políticas públicas. Sin embargo, es preciso analizar el proceso político para determinar si ese es el camino más adecuado. La teoría económica neoclásica partía del supuesto del dictador benevolente, es decir, aquel que en su accionar está motivado por el bien común o bienestar general de la población, sin embargo, la escuela del Public Choice ha establecido que este no es un supuesto que permita explicar el funcionamiento de la política. Los funcionarios tienen su propio interés que no necesariamente coincide con el de la población. Todas las regulaciones tienen costos que es preciso analizar. De modo general puede afirmarse que las regulaciones tienden a interferir negativamente con el proceso de descubrimiento y competencia del mercado retrasando o imposibilitando la solución las supuestas fallas del mismo. Por otra parte, la posibilidad de obtener beneficios de prácticas regulatorias genera una competencia por búsqueda de rentas, es decir, beneficios que están al margen de las preferencias de los consumidores.
El proceso político enfrenta además un problema de conocimiento a la hora de atender las demandas de los ciudadanos. Por un lado, los votantes demandan bienes públicos y redistribución de recursos pero el voto no ofrece suficiente información para discriminar entre ambas cosas, así como tampoco acerca de la intensidad de las distintas preferencias de los ciudadanos. Por lo tanto, aun cuando el gobernante fuera un dictador benevolente no tendría información suficiente para satisfacer a los ciudadanos. A este problema se suma el costo que el votante tiene para estar adecuadamente informado y los escasos beneficios personales que puede reportarle asumir ese costo. Así el votante puede ser racionalmente ignorante y terminar votando propuestas o candidatos que no lo beneficiarán. A su vez, los incentivos de los funcionarios para ejercer eficientemente su cargo no son muy fuertes y además son permeables al accionar de lobbies.
b) Temas destacados
Merece destacarse el tema de las fallas del estado porque es frecuente que se apele a su intervención como si solo pudiera generar mejoras sin costo alguno. Creo que es particularmente grave la interferencia de las regulaciones con el proceso de descubrimiento y competencia porque impiden a la sociedad satisfacer necesidades y resolver problemas relativos a externalidades negativas. Con respecto a la competencia creo que toda la política debería limitarse a eliminar barreras de entrada, privilegios, protecciones, etc. La regulación de la competencia termina frecuentemente generando los efectos que se atribuyen a los monopolios, es decir, bienes y servicios más caros y de peor calidad. Es curioso que a veces las denuncias por prácticas monopólicas se dirijan contra empresas que están bajando los precios.
Me resultó muy interesante – y conocía muy poco- el tema del conocimiento y la motivación de los votantes. Se trata sin duda de un factor decisivo a la hora de evaluar el papel de la política en la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos.
c) Preguntas
1. ¿A qué atribuye la popularidad de las políticas antimonopolio frente a las políticas de quitar barreras a la competencia? ¿Predominio de la teoría neoclásica? ¿Intereses creados? ¿Incentivos de los funcionarios?
2. ¿Conoce algún caso en que el servicio de recolección, procesamiento y disposición de la basura doméstica sea gestionado de modo privado, al menos parcialmente? ¿Cómo hacer para que las familias asuman el costo de la basura que generan y para evitar las externalidades negativas que producen algunos depósitos de desechos?
3. Dados los problemas de información e incentivos tanto de funcionarios públicos como de ciudadanos votantes, ¿no es recomendable que la jurisdicción política se reduzca a lo mínimo? Más allá de tímidas propuestas de descentralización política que mantienen siempre un enorme estado federal bastante incontrolable, ¿no sería bueno plantear la conveniencia de la secesión?
POLÍTICAS PÚBLICAS Y EL CAMINO DE LA POLÍTICA
Se podría pensar que hay solución a los problemas generados por las fallas del mercado a través de las políticas públicas, el estudiar detenidamente los costos y beneficios de las regulaciones actuales o las que se propongan, si se debe implementar a nivel nacional o por regiones, es en realidad un sueño, debido a que el Estado carece de toda la información que se necesita para solucionar esos problemas de fallas del mercado, “la mano invisible” no es solución efectiva. Cada vez que se quieren regular procedimientos, generalmente ocurren situaciones opuestas a las que deseamos controlar, la naturaleza del hombre es que cada vez que se le quiere imponer algo mediante la coerción, no lo acepta, la historia así lo ha demostrado, por ello siempre se deben buscar acuerdos y mostrar las bondades de una norma puesta en vigencia, es muy importante el consenso, lo mejor para todos o al menos para la gran mayoría, por ello no es conveniente aplicar impuestos a externalidades negativas o subsidios a la externalidades positivas, el claro ejemplo lo tenemos con el fracaso en proteger el medio ambiente y otras situaciones que se han presentado como el control de precios, a los monopolios, a los carteles, a las importaciones, salario mínimo etc.
Con respecto al camino de la política, en realidad en los países que adoptaron la democracia ¿eligieron la mejor alternativa?, si es así porque hay perdedores, en realidad se busca es el bien común, por ello el ejemplo del carro en el supermercado es la mejor manera de explicar si en realidad podemos elegir al que brinde lo más conveniente, lo más enriquecedor de este ejemplo es que escojo el carro que más se acerca a mis preferencias y cuando se va a cancelar en la caja me lo cambian por el que escogió la gran mayoría, se puede concluir que ésta es una de las razones por las cuales la gran mayoría de los habitantes de un país, que pueden votar, no hacen uso de ese derecho, porque en realidad no eligen, hacen el intento pero no lo logran, además, si lo lograran el otro problema que se observa es que el candidato no está pensando en el bienestar de la comunidad, está pensando en el suyo propio, por ello cuando aparecen las presiones sectoriales de los lobbies, algunos ceden y es cuando puede aparecer la corrupción, pues, favorecen a unos pocos a cambio de dinero u otros bienes materiales. En resumen ¿los votantes están desinformados o son ignorantes? Considero que para que el votante esté informado requiere del uso de una buena parte de su tiempo, situación que no está dispuesta a asumir la gran mayoría, por lo tanto se convierten en ignorantes con respecto a lo que van a elegir.
¿Será que aún estamos a tiempo para recuperar gran parte del daño que se le ha hecho a la naturaleza?
¿El Estado tiene las herramientas suficientes para poder contemplar todas las variables y entrar a regular el mercado?
¿Existe la irracionalidad del ser humano ó diferentes grados de racionalidad?
La escuela de Public Choice tiene un problema grave: ese enfoque «positivo» asume que el politico es egoista, PERO es egoísta dentro de las reglas. Es decir, no es corrupto. Eso no deja de ser un «normativismo», un poco mas débil que la escuela «normativa».
Ese punto de partida es el mismo con el que el liberal analiza el mercado: !Eh! los individuos son egoístas, pero no tanto: es decir aunque robar les rendiría mas beneficios-incluso a la larga si corrompen el sistema- sin embargo se asume que eso no lo hacen.
El «supongamos una vaca redonda y sin rozamiento» del chiste de físicos, en el analisis económico liberal se traduce en: supongamos gente ue solo atiende a su beneficio, pero que respeta las reglas establecidas para el bien común (lo cual en ultimo termino es contradictorio)
Que ocurre? que para el individualista metodológico que aplica este tipo de análisis, tanto al mercado como a la política, el individuo respeta mágicamente las reglas del juego «porque si», y eso es transparente para su análisis. Es decir: el liberal parte de que el bien común se respeta, pero como eso está dado por supuesto, tan dado por supuesto que ni aparece en sus premisas, El resultado es que no ve el bien común por ninguna parte. Solo ve que aumenta la producción a base de la mano invisible y que los procesos de decisión funcionan mecánicamente contando solo con los intereses de los representantes. y llega a la conclusión de que el bien común no debe considerarse. Para él basta el interés particular de cada uno.
(asumimos que esas reglas en forma de leyes o normas están ahí por un consenso de siglos o del sentido común con ese propósito del bien común)
Que pasaría si se eliminara esa premisa evidentemente falsa de que las personas respetan las reglas establecidas para proteger el bien común? sería el fin del marcado y de la política. Sería la caricatura que horroriza y molesta a los liberales del sistema mafioso que corrompe la política y el mercado. Y, dicho sea de paso, es mucho mas cercano a la realidad.
Por tanto el liberalismo y dentro de la escuela de la Public Choice plantea un equilibrio muy inestable, que no es realista, entre egoismo personal (negativo) y respeto de normas del bien común (positivo) pero, con una cierta hemiplegia que no presta atención al segundo aspecto, que es un aspecto imprescindible e indudablemente conservador.
¿Por qué es imprescindible y conservador?: Porque, ¿que pasaría si aplicamos las ideas de la public choice con toda su dureza a los que vigilan el cumplimiento de las reglas? Jueces policia etc? Seria evidente que corromperse sería lo mas individualmente beneficioso. ¿Como evitar eso? Como no hay ningún meta-vigilante humano por encima, Solo hay una salida: Un normativismo moral. Y en ultimo término una lealtad quasi-religiosa o religiosa a la sociedad en la que se vive, a su historia, a sus tradiciones, de las que derivan sus normas con todo lo que significa eso.
Eso, que lo comprendieron los primeros liberales parece cada vez mas fuera de foco de los liberalismo moderno, cada vez mas minimalista.
Que quiere decir esto?
a. Resumen
Las políticas públicas se aplican para resolver las fallas de mercado, una de las fallas es el monopolio de las empresas, como por ejemplo los servicios de electricidad, agua, cloaca, gas. Si una empresa del estado controla este monopolio, se convierte en monopolio legal, también podría el estado otorgar una licencia del monopolio a una empresa privada.
La empresa privada, al tener el monopolio podría abusarse con los precios y cobrar lo que quiera a los consumidores, ya que se dificulta el ingreso de competencia, porque la red de distribución es solo una. El gran defecto del monopolio es que no estimula la innovación y la calidad del servicio.
Se cree que el gobernante es benevolente y actúa pensando en el bien común, pero como todo ser humano, actúa por interés personal, en general nada tiene que ver con las necesidades de los votantes. Por lo que el sistema político debería ser tal que las acciones de los gobernantes reflejaran los intereses de los gobernados.
b. Temas de Interés
Lo bueno del mercado, es que como no puede competir con una tecnología monopólica, crea una nueva tecnología de reemplazo, como los casos del teléfono celular, los tanques de gas envasado, fuentes de energía no conectadas en red como la solar y eólica, el streaming de audio y video por internet.
La competencia es necesaria, para que movilice el conocimiento y mediante la innovación se creen nuevas oportunidades de progreso.
Otro punto interesante es analizar el marco jurídico con la ley de utilidad marginal, si hay más normas de las que se necesitan, se tenderá a evadirlas por hecho de que resulta costoso interpretarlas y cumplirlas a todas, por el contrario si la cantidad de normas está por debajo de las demandadas, se suplirán con acuerdos formales e informales entre las partes.
Lo único importante a mi entender del sistema político, es la creación de una constitución que limite las facultades del estado para que genere el menor daño posible y defienda los derechos de vida, libertad y propiedad. Es preferible una monarquía donde se respeten contratos y existan bajos impuestos, a una democracia donde no exista la seguridad jurídica.
Si entendemos al bien común como aquello en que se benefician todos los ciudadanos, podemos determinar que la única forma de lograrlo es dejando al ciudadano libre para que cumpla sus objetivos y defender que nadie lesione sus derechos de propiedad.
c. Preguntas
1. Toda empresa en su nacimiento tiene un monopolio natural, el único problema son las empresas con monopolios artificiales, que no existirían de no ser porque el estado le otorgó un privilegio?
2. Para obtener mejor calidad de las normas, sería conveniente privatizar la ley, que existan múltiples empresas ofreciendo marcos jurídicos, los contratos se establecerían bajo jurisdicción de la empresa que sea más conveniente, entonces podemos concluir que si todo monopolio es perjudicial, el estado debería ser eliminado o dejar competir a los estados?
3. El sistema democrático carece de sentido si los impuestos van dirigidos a un mismo estado monopólico, es irrelevante votar entre las opciones de gobierno. Es como someter al pueblo a una votación por el directorio de un hospital estatal, siendo que están prohibidos los hospitales privados. Si existiera competencia de micro estados, por ejemplo los municipios, la gente podría optar dirigir sus impuestos al municipio A o el B, usar la seguridad de cada una de las opciones o hasta el uso de la moneda de cada municipio, de esta manera cada micro estado tendría el incentivo por lograr fidelidad con los contribuyentes mejorando la calidad de los servicios?
Las políticas antimonopolio son populares, porque el mensaje que transmite es el de apoyar el ingreso al mercado de más oferentes, mejorando el servicio recibido por el demandante en términos de precio, calidad, variedad, etc. En ocasiones las barreras que dificultan la entrada a un mercado, se presenta por desconocimiento del nuevo competidor de las normas, precios, demandantes u otra cualquiera, en resumen el problema es de información, situación que a veces es difícil de superar. También se puede presentar por intereses creados, por incentivos de los funcionarios y una gran variedad de razones de diferente índole.
RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA LECTURA
Dado que el mercado es imperfecto, el Estado usualmente opta por regular la competencia de modo que limite o restrinja los monopolios y oligopolios. Esto lo hace prohibiendo la formación de carteles, de conductas abusivas en el mercado por parte de empresas y por el control de compras y adquisiciones considerando el nivel de competencia que se dé consecuencia de estas operaciones.
En cuanto a las decisiones del gobierno para favorecer a sus gobernados, sucede que ocurre igual que en el mercado, es decir que el individuo persigue su propio interés y no el de otros.
Por lo tanto, hay por un lado un problema centrado en los incentivos del gobernante, pero también existe un problema de información, en relación con la planificación económica.
TEMAS NOVEDOSOS
La teoría de Richard Posner donde observa que la regulación sirve generalmente para beneficiar a un grupo de clientes a expensas de otro, donde los recursos se canalizan del grupo “castigado” a un grupo “subsidiado”.
Impuestos “pigouvianos”, donde su finalidad no es recaudar sino cambiar comportamientos.
La influencia que señala Caplan en el votante de las emociones e ideologías sobre lo racional, donde “apagamos” nuestras facultades racionales.
PREGUNTAS QUE HARÍA AL AUTOR
Piensa que habría alguna circunstancia en la cual se justifique el subsidio de algún bien o servicio, sobretodo que si el grupo “castigado” no sienta el peso de beneficiar a un grupo “subsidiado”?
¿Qué tanto cree que influye la obligatoriedad del voto en la calidad de la elección?, ¿cree que esto incentiva a la demagogia?
En cuanto a la obligatoriedad del voto considero que no aporta a una mejor decisión, pues, algunos lo harían solo por cumplir, sería interesante que en esas circunstancias ganara el voto en blanco, eso si sería algo novedoso, pues, los politiqueros entenderían que el pueblo no está de acuerdo con los programas que estos demagogos han socializado entre los electores, pues, todos ellos buscan es su propio beneficio.
Después de evaluar las fallas de mercado que pueden existir, se va a buscar maneras de mitigar estos problemas. En general se supone que la entidad que es capaz de combatir estas fallas es el estado. El capitulo 3 nos explica cuáles son las soluciones alternativas que el Estado podría ofrecer para superar algunas de estas deficiencias, como la competencia imperfecta, monopolios naturales, información asimétrica y externalidades. La idea principal que se puede extraer del capítulo es que, aunque la acción del Estado puede contribuir a superar algunas fallas del mercado, debemos evaluar si el gobierno tiene incentivos para ser eficiente. Es decir, si también no somos vulnerables a fallas políticas. Debido a esto, el capítulo 4 trata de aclarar cuáles son los incentivos presentes en el proceso político y cuáles son los problemas resultantes de estos incentivos.
Entre los conocimientos transmitidos en los capítulos, un enfoque muy valioso es el análisis económico de la política. Evaluar fallas políticas con el mismo rigor con que se evalúa las fallas del mercado es esencial para que uno pueda comparar cuál de los dos ofrece una respuesta más adecuada, si el mercado o el estado. De la misma manera que los agentes económicos se guían por los incentivos individuales y son dirigidos por la información falla que tienen, los agentes políticos – como los políticos profesionales y los votantes -también son susceptibles a esto. Lo que motiva a los políticos es ganar las próximas elecciones y la consolidación del poder de sus partidos, entonces cómo creer que agentes que también son impulsados por los intereses individuales y no tienen información perfecta podrán mitigar las fallas del mercado? Debido a esto, es muy importante evaluar el estado y el mercado con los mismos criterios, a fin de no favorecer «soluciones» que profundicen los problemas.
1- Definir como positivo o negativo una externalidad no es una cuestión de percepción personal de acuerdo con los valores de cada uno? Es justo a crear políticas que desalientan «externalidades negativas», si la definición de positivo o negativo es relativa?
2- Por qué razón los economistas son generalmente tan duros para criticar las fallas del mercado, pero por lo general no señalan la incapacidad del Estado para resolver problemas?
3- Cómo minimizar el problema de los costos difusos y beneficios visibles? Cómo movilizar a una cantidad significativa de los votantes para combatir los privilegios que tienen costos que casi no son percibidos?
Considero que definir una externalidad como positiva o negativa es relativo, si retomo el ejemplo del vecino que le gusta oír música con alto volumen es posible que algunos vecinos se sientan a gusto y otros se incomoden, en realidad hay más ejemplos que hacen que la clasificación de la externalidad sea relativa.
Reconociendo que el mercado no es un mecanismo perfecto ya que surge de la interacción entre seres humanos, emana la posibilidad de que el estado corrija estas fallas regulando aquellos mercados que tiene características de monopolio u oligopolio, poniendo impuestos a las externalidades negativas y subsidios a las externalidades positivas, y proporcionando y/o financiando aquellos bienes que por motivos de no exclusividad o no rivalidad no son provistos por el sector privado. Pero dada esta posibilidad de intervención de los gobiernos también hay que tener presente que quienes están en el poder no son “ángeles” y tienen intereses particulares, y que no buscan necesariamente el “bien común”, además que al votante promedio no le interesa informarse de todos los parámetros que involucra escoger a un “buen gobernante” y termina eligiendo de forma emocional a quién más le ofrezca beneficios directos en los problemas puntuales que les afectan.
Por lo tanto la teoría del Public Choice y el análisis económico de la política se convierten en una buena herramienta para comprender qué incentivos tienen los políticos, los votantes, los burócratas y los grupos de poder. Ya que puede ser difícil establecer entre la demanda de bienes públicos y la búsqueda de rentas, las políticas públicas se convierten en redistributivas y dan lugar a que existan perdedores y ganadores en esa interacción. Surge entonces la importancia de un marco institucional que no dependa de que los hombres correctos o las buenas personas lleguen al poder, es decir que quien sea que fuere elegido cause el menor daño posible si sus intenciones están bastante alejadas, como en la práctica pasa, de perseguir el bienestar para todos.
¿Cuál puede ser el mejor mecanismo para que los habitantes de un país se acostumbren a depender cada vez menos de sus gobernantes?
¿Es preferible para una sociedad gozar solo de libertad económica así no exista un sistema democrático con el caso de Hong Kong?
¿De qué depende que una agencia de control de poder de mercado o antimonopolio pueda acercar al mercado al óptimo de Pareto, existen países donde al menos se han acercado, es decir donde han ayudado a que los mercados sean más competitivos o el productor no abuse de su poder?
El capítulo tres analiza las soluciones que surgen de la política pública para corregir las “fallas de mercado”, como la competencia imperfecta, los monopolios, la aparente necesidad del Estado como administrador de los monopolios naturales, si se debe regular o no la economía, como enfrentar las externalidades o la provisión de bienes públicos. Además el texto aborda sobre los problemas con esas soluciones, que no consideran de manera correcta la acción de los actores dentro del proceso competitivo de mercado, así como también no se cuestiona, si verdaderamente los organismos estatales que implementan las políticas o proveen los bienes y servicios públicos, son independientes de presiones políticas o de la influencia de grupos de interés, o incluso no consideran que a pesar de las buenas intenciones del funcionario sus acciones deriven en un mal mayor.
Me parece curioso que esto último no sea evaluado por las personas, asumen ciegamente que el Estado es un mecanismo corrector de todos los males, que quienes trabajan en el gobierno son imparciales, inquebrantables, justos y que tienen todo el conocimiento para solucionar las fallas del mercado. No nos damos cuenta que el Estado no tienen fuertes incentivos en la provisión de bienes y servicios y que de la misma forma y por las mismas razones que existen “fallas de mercado”, también existen “fallas del Estado o de la política”.
El capítulo cuatro complementa al anterior, dándose a la tarea de estudiar cómo es el proceso de toma de decisiones y la provisión de bienes públicos que surgen de la política. Se cuestiona a través del “análisis económico de la política” justamente la existencia de ese “gobernante benevolente”, que en definitiva no existe, pues éste es un persona de carne y hueso, que al igual que sucede en el mercado, tiene sus propios fines e intereses que los hace tomar muchas veces decisiones que se contraponen con lo que ellos dicen buscar: el “bienestar general”. Las presiones políticas y de grupos organizados, intereses propios y faltas de información están presentes en el proceso y de eso la gente debe darse cuenta.
Preguntas:
¿Cómo lograr mejorar la toma de decisiones dentro del proceso político?
¿Serían suficientes los límites constitucionales propuestos por Buchanan? ¿Históricamente lo han sido?
Evidentemente muchas de los bienes y servicios brindados por el Estado pueden ser provistos de manera más eficiente por el sector privado, pero ¿Cómo reducimos el rol y el tamaño del Estado, en un mundo que camina en sentido contrario?
“Los autores del Public Choice decidieron asumir que al igual que el individuo en el mercado, quien persigue su propio interés, no el de otros, en la política sucede lo mismo. En el mercado, esa famosa “mano invisible” de Adam Smith lleva a que dicha conducta de los individuos termine beneficiando a todos”. Este fragmento que compara al Estado con el mercado, estoy de acuerdo en la parte que establece que el individuo persigue su propio interés, y que en la política sucede lo mismo. Pero en lo que discrepo, es el efecto de la “mano invisible” de Adam Smith, conforme a la aplicación a la política, dado que aunque sea un gobierno democrático, o que se haga llamar así, podemos ver como los gobernantes, al perseguir su propio interés, dejan soslayado en `bien común´ . Además su conducta como establece la teoría anteriormente mencionada, no beneficiara a todos, por el contrario, es muy probable que deteriore su situación.
Desde mi punto de vista es posible que coincidan los intereses de los políticos y de los votantes en algún momento. Como hemos analizado en clase y como bien dice el posteo, los políticos no son la excepcion a la regla de seguir su propio interés. Pero al mismo tiempo, en su objetivo de conseguir votos y ser reelecto es posible que el político (quien tiene gran incentivo en informarse sobre las necesidades para recabar votos y que su discurso tenga impacto en la sociedad) satisfaga el interés propio de los votantes o de gran cantidad de ellos. Por ejemplo, si la sociedad en su mayoría demanda seguridad es posible que el candidato haga publicidad en la apertura de escuelas de policía, formación de nuevos escuadrones, crear mas cárceles para que las sanciones ya previstas se cumplan y duplicar el presupuesto en educación para prevenir la delincuencia. De esta manera se estaría satisfaciendo el interés personal de los votantes (o de gran cantidad de ellos) y a su vez del político que quiere generar confianza, satisfacer los pedidos de los votantes y prolongar su estadio en el poder. Como tambien hemos visto, esto suele suceder a corto plazo, ya que tiene que beneficiarse durante su mandato( a pesar de que el financiamiento impacte en gobiernos sucesivos que nada tuvieron que ver con sus políticas). Con esto quiero explicar que es posible que en algún momento coincidan los los intereses y se genere un beneficio. Esto no implica que esto sea así siempre. Ya vimos que cuando hay un fin señalado los sujetos tienden a traicionar, total ya no tienen nada que perder. Como puede ser el caso del político que ya no puede ser reelecto. Allí es cuando mas gastos se generan aprovechando que las deudas las pagara el proximo. En caso de que se trate de un gobierno corrupto, tambien seria oportunidad para hacerse de los suyo. En este caso evidentemente no se contribuye con los fines de los votantes.
1. Resumen:
El capítulo 3 ofrece un análisis de lo que en la literatura se conoce como “fallas del mercado” (monopolios, competencia desleal, cartelización, desequilibrios por exceso-defecto, etc. y los mecanismos que desde la teoría mainstream se han ido articulando para enfrentar estas fallas (regulación, control de policía, control o ‘defensa’ de la competencia, etc). También se aborda el peculiar status de los “bienes públicos”. El capítulo cierra con un contundente epígrafe sobre el fracaso del Estado en materia medioambiental, pasando revista a las distintas áreas en donde la gestión gubernamental ha mostrado ser nefasta.
El capítulo 4 analiza el funcionamiento de la política abordando dos problemas que se analizarán con mayor en el capítulo siguiente: la información y los incentivos que enfrentan los ciudadanos y los actores políticos. Se analizan el proceso de preferencias de los actores políticos y los ciudadanos. Se señala una idea problemática: “los votantes no votan persiguiendo su interés personal” (a veces creo que sí lo hacen, como quien vota pensando que el partido X va a bajar impuesto a los autónomos, siendo el votante autónomo, o subir los impuestos a los ricos, siendo que el votante no se considera perteneciente a esa clase, etc.).
2. Temas novedosos:
Me ha resultado muy interesante conocer los ejemplos concretos de los problemas de la regulación y las aporías a las que conduce la mentalidad reguladora. También me sirvió darle un mayor alcance operativo a la noción de “seguridad jurídica” (“el resultado que obtiene un sistema legal, generando un conjunto de normas formales que permiten coordinar las acciones de los individuos en sociedad, dando previsibilidad a sus actos” (North, 2001), concepto trillado y arrojadizo en el debate político; y su distinción respecto de la (imposible) “estabilidad jurídica”. El análisis sobre la “economía informal” también me ha resultado muy atractivo (aconsejo este video: http://www.ted.com/talks/robert_neuwirth_the_power_of_the_informal_economy?language=en).
3. Tres preguntas que haría al autor/compañeros de curso:
3.1. En el marco de la economía informal, ¿podría explicar esta afirmación: “cuanto mayor es la diferencia entre el costo total de la mano de obra y la remuneración neta, mayor es el incentivo a evadir”?
3.2. Citas la obra de Caplan, The Myth of the Rational Voter (2007) Es interesante la crítica (ad intra) que hace del public choice mostrando –más en la línea de la ignorancia racional (cap. 4 de EFyEB)– que muchas veces la opinión pública apoya medidas que de hecho favorecen a los lobbies –pero en la convicción de que creen que les favorecen a ellos, a la ciudadanía (aranceles a la importación, subsidios al agro, etc.). Entendí que Caplan muestra cierta tensión entre la visión public choice de la agencia política y su visión de la ignorancia racional del votante, sin embargo, entendí de la lectura que tú verías en eso una oposición, ¿es correcto?
3.3. ¿Cómo relacionaría la propuesta del policentrismo de los Ostrom con la idea de generar una mayor federalización y disminución del campo de acción de los entes gubernamentales? Es la federalización positiva o puede, potencialmente, desarrollar duplicidades y mayor carga burocrática (España como estado de las autonomías tiene un elevado nivel de solapamiento jurisdiccional lo que suele suponer una carga burocrática mayor que la centralización, veo aquí un dilema respecto de qué es menos malo si centralización o “policentrización”, difícil de resolver)
Comentario a la pregunta de Gustavo Hasperué:
1. ¿A qué atribuye la popularidad de las políticas antimonopolio frente a las políticas de quitar barreras a la competencia? ¿Predominio de la teoría neoclásica? ¿Intereses creados? ¿Incentivos de los funcionarios?
Creo que el libro de Caplan da buenas pistas sobre los incentivos, sesgos cognitivos y disonancia cognitiva que anida en los ciudadanos a la hora de valorar asuntos sociales y evaluar políticas públicas. También Kahneman (Thinking Fast & Thinking Slow) que habla de dos sistemas cognitivos en los hombres (system 1 y system 2). El S1 suele ser intuitivo prioriza la inmediatez, la visión holística y la valoración emotiva de lo percibido, el S2 suele ser lento, progresivo, analítico y algo perezoso en su funcionamiento. Como, en rigor, el agente cuando analiza temas sociales no percibe tanta inmediatez entre las opiniones vertidas y las consecuencias en su propia vida de esas opiniones, prefiere abordarlas desde el S2 (es más fácil hacerlo así), además suele tener escasos incentivos para querer corregir o pulir sus opiniones por lo que hay poca tendencia a reconocer el error y, por tanto, al aprendizaje.
Dejo un par de citas que me han resultado esclarecedoras:
“La competencia no llegará con una misma tecnología, sino con una nueva” (que destruye el status quo del escenario anterior).
“En una democracia el voto es una expresión de preferencias sobre una múltiple variedad de asuntos. Racionalmente, los votantes deciden no estar informados sobre los temas que no parecen tener un impacto material directo sobre ellos. Por otra parte, estar informado genera un costo, tanto en tiempo como en la obtención de información. Como consecuencia, las políticas que benefician a una minoría, imponiendo un pequeño costo individual a los miembros de la mayoría, no suscitan una abierta oposición.”
“Los partidos políticos generan coaliciones mayoritarias de grupos de interés que tratan de extraer riqueza del público en general por medios regulatorios. Los partidos políticos cumplen así la función empresarial de prometer beneficios de la regulación en la forma de control del ingreso, restricciones en la oferta de sustitutos y facilidades para establecer los precios, a cambio de los votos y el apoyo financiero de los grupos de interés”.
Se reflejó en estos capítulos la dificultad que tiene el estado en aplicar políticas públicas eficientes y demandadas por los ciudadanos, intentando corregir las llamadas fallas de mercado, pero no se tiene en cuenta las fallas que pueden, y tienen, estos políticos al intentar corregirlas. Estas fallas aparecen como consecuencia de la falta, en primer lugar, de incentivos para el político a la hora de llevar a cabo políticas públicas eficientes a largo plazo puesto que sus períodos son cortos y los resultados serán vistos recién en el siguiente o el otro período de gobierno. Además, de cierta manera se desvincula la figura del político a la hora de ejercer su mandato de su situación de ciudadano común, como si en un lado u otro tuviera intereses distintos, siendo en el primero responsable y pensara en el bien común aunque como ciudadano buscara el beneficio propio, lo cual no tiene porqué ser así.
Por otro lado, buscan corregir las fallas de mercado mediante regulaciones que lo que logran es quitar la competencia de mercado para reemplazarla por una competencia de favores políticos, y así prosperan no los más eficientes y productivos sino los más vividores del estado y con más amigos en el gobierno.
Pero, es necesario tener en cuenta además de las ya mencionadas dificultades que tienen los políticos para ejercer una correcta política pública, la difícil tarea de los ciudadanos a la hora de escoger al mismo, puesto que como demuestra y aclara la escuela de la Public Choice, los ciudadanos no tienen los incentivos para estar informados a la hora de votar -elegir- a los candidatos por el poco peso que tiene su voto en el total de la elección. Como así también se desatan otros problemas como votar «en paquete» las propuestas sin poder combinarlas, la falta de frecuencia de las elecciones para distintos temas por lo que el castigo ante una mala decisión política llega tan tarde que suele ser olvidado. Se puede decir que los ciudadanos están desinformados y los políticos los saben, por lo que más que a la razón, apelan a sus emociones a la hora de buscar ser elegidos.
Me llamó muchísimo la atención, sobre todo, el tema de la Public Choice, es sumamente interesante y poco difundido en el público en general.
Quisiera destacar el tema de la intensidad de la preferencia, lo cual no se refleja en los votos y la relevancia que esto tiene luego cuando queda la sensación de que la mayoría de la gente prefería al candidato A y no al B que ganó, pero lo que e realidad sucede es que a los candidatos de A se les veía más la intención de que gane por su mayor preferencia y así lo reflejaban, a diferencia de los del candidato B quienes no eran muy interesados en política. Así podemos suponer que pese a ganar un candidato puede ser que los que lo hayan votado sean los ciudadanos menos informados, lo cual es otro tema, la falta de incentivos a votantes informados ¿porqué votar y cargar con el costo de estar informado si no veo que mi voto tenga relevancia en el resultado? A su vez, luego de todo este dificultoso proceso viene otro tema cuando ya es elegido determinado candidato: ¿porqué como presidente buscaría fines distintos que como civil? ¿qué cosa mágica le cambia la mente para dejar de buscar su beneficio personal y pasar a hacer el de todos? y además ¿cuál sería el de todos? Tema sumamente interesante e importante a la hora de analizar por qué los países están como están y como frenar esta catarata de problemas.
Preguntas: ¿Existe alguna solución para corregir la falta de presencia de las preferencias en los votos o simplemente esto puede ser corregido mediante voto voluntario en donde quién no tiene cierta intensidad en la preferencia no se molestará en ir a votar?
Cuando hablamos de contaminación, al ser las consecuencias de la misma provocada por los países más desarrollados y sufrida también por los menos desarrollados, cree usted que el protocolo de Kyoto al ser un acuerdo adoptado mundialmente por varios países suficiente para reducir la emisión de gases que contribuyan al efecto invernadero?
Siguiendo con el tema anterior: si bien con la contaminación se obtienen efectos negativos para todos, ésta es producto también de la industrialización que da beneficios a gran parte de la población: ¿qué pesa más, los beneficios económicos de la población o el deterioro medioambiental? ¿Cómo medirlo?
Resumen:
Los capítulos 3 y 4 del libro “El Foro y el Bazar” tratan específicamente, en el caso del capítulo 3 de un análisis económico a las políticas públicas que adopta el estado para resolver las “fallas de mercado”. El capítulo explica que el problema de las fallas de mercado es un tema que no es comprendido correctamente, debido a que es la norma entre políticos y aquellos que confeccionan las políticas públicas que si el mercado no logra un supuesto ideal objetivo, es entonces el estado, el que debe intervenir para lograr dicho objetivo. El autor, en este capítulo hace un análisis extenso de dichas fallas de mercado como los monopolios, haciendo énfasis en la distinción entre los monopolios naturales, aquellos que surgen debido a que una empresa “X” satisface las necesidades de los consumidores de la mejor forma posible, y aquellos llamados “monopolios artificiales” que surgen a raíz de favoritismos estatales a ciertas empresas en detrimento de otras, restringiendo así a la competencia que es elemental para la salud de un mercado. Casualmente es curioso, que la teoría neoclásica hable de un ideal de “competencia perfecta” que es imposible, cuando las intervenciones estatales son las que restringen dicha competencia.
El capítulo 3 también analiza de fondo distintos tipos de soluciones a las externalidades, tanto positivas como negativas. Se toma como ejemplo el análisis del economista Arthur C. Pigou, que en su análisis de externalidades sugirió implementar impuestos a las empresas que contribuyen a externalidades negativas a terceros, y subsidiar a empresas que cuyas externalidades sean positivas a terceros. También dentro de este tema, el autor resalta la figura de Ronald Coase, quien analizó el tema del costo social con su famoso “teorema de coase” para analizar externalidades. El Capítulo 3 termina con distintos análisis de economía aplicada a temas como son el medio ambiente, el uso de organismos y alimentos genéticamente modificados entre otros.
El capítulo 4 del libro es realmente interesante. Este capítulo lo considero como una introducción muy interesante hacia la llamada escuela de elección pública o Public Choice, como se conoce en inglés. El capítulo 4 analiza la racionalidad e irracionalidad del votante, los incentivos que afectan a los candidatos políticos y burócratas que se dedican a regular. Básicamente, el Capítulo 4 constituye un análisis económico de la política. Y en este capítulo resulta curioso la dicotomía que hace el autor entre la mano visible del estado vs la mano invisible del mercado. También me parece acertado que el autor en este capítulo hace referencia a que el votante generalmente vota de acuerdo al candidato que más se aferre a su ideal emocional e ideológico.
Temas Destacados:
Entre los temas destacados de estos dos capítulos en mi opinión se encuentra la facilidad con la que se asume que si el mercado no alcanza el ideal de “competencia perfecta” o si existe una falla del mercado, sea el estado quien tenga que corregir cierta falla. Con esto quiero decir, que me resulta curioso la fe que se tiene en el monopolio de la coerción para resolver problemas que evidentemente como se demuestra a lo largo de la lectura, son problemas que el estado también confronta y que en muchos casos empeora.
Otro tema destacado es el tema de la irracionalidad del votante y del proceso político, en el sentido de que en el primero de los casos, es muy curioso que la mayoría de las personas sienten un fervor patriótico a la hora de votar, más sin embargo no comprenden realmente como afectan las políticas públicas al diario vivir. En el segundo caso me parece muy interesante el análisis económico de la política que se desprende del public choice. Me parece una escuela de pensamiento económico muy interesante para comprender la naturaleza y los incentivos que afectan al proceso político (interés personal, lobbies, etc), y también como se desmorona el mito del bien común.
Preguntas:
1. Con respecto a las externalidades, la posición que tenemos los que adjudicamos una posición de libre mercado, indicamos que una solución a los problemas de externalidades es mediante el establecimiento de derechos de propiedad bien definidos. ¿Qué queremos decir con “bien definidos”?
2. Generalmente las personas demandan respuestas inmediatas a los problemas que resultan de “fallas de mercado” sin comprender que muchos de estos problemas tienen de raíz, alguna intervención estatal que originalmente distorsionó dicho mercado. ¿Qué se puede hacer para que la mano invisible del mercado supere a la mano visible del estado?
3. ¿Es posible que un sistema republicano constitucional si logre beneficiar no sólo a mayoría de los ciudadanos, sino también a la minoría mediante el proceso político?
El mercado nunca será perfecto, pero en el afán de perfeccionarlo surge la idea de corregir sus errores por medio de la intervención gubernamental implementándose políticas públicas para en teoría solucionar problemas de mercado.
Al implementar políticas públicas se debe analizar los costos y beneficios de las políticas en práctica, no solo proponer una nueva. Entre los acciones más comunes que se hacen vía PP están: evitar el fortalecimiento de monopolios u oligopolio regulando la formación de carteles, evitar los precios predatorios y controlar la compra y adquisiciones de empresas.
Pero la implementación de las políticas públicas está en la mano del burócrata de turno, lo que plantea varios problemas: cómo y bajo qué incentivos es escogido este gobernantes, los incentivos que los ciudadanos tienen para ejercer su voto, la búsqueda y calidad de información que los votantes posean y los incentivos para conocer la información.
El manejo de las políticas públicas diseñas para solucionar problemas de mercado usualmente están hechas o promovidas bajo el esquema de “bien común”, término difícil de crear y ambiguo en su concepto.
Temas relevantes
Externalidades: las acciones humanas siempre tendrán efectos, no siempre positivos, pero, ¿quién decide qué es positivo y negativo y cómo se ha llegado al punto de que esta externalidad exista?
Tomemos de ejemplo la industria alimenticia, gracias a regulaciones gubernamentales (que buscan impedir el brote enfermedades producidas por los alimentos) se exige grandes cantidades de pasos en el procesamiento de alimentos que pueden llegar a contaminar el medio ambiente y mucho embalaje en el empaque de los alimentos que produce contaminación.
En este tipo de caso: ¿la medicina es peor que la enfermedad? o ¿se debe de intentar solucionar una externalidad, ocurrida en pro del bien común y de lo que pudiera ocurrir sin esas regulaciones?
Para para regularlas o intentar solucionar esto, se buscan implementar ya sea impuestos pigouvianos o subsidios para incentivar externalidades positivas.
También, el concepto de “emprendedores políticos” me parece un término a poder explotar e interesante en su aplicación, organizaciones dedicadas a informar a los votantes desde una perspectiva filosófica-política y sin que esta organización esté aliada a ningún partido político, para suplir la necesidad de información para el votante para así reducir la ignorancia racional y los votos desinformados.
Preguntas:
1. No entendi mucho esto:
“La utilidad marginal del derecho se contrapone con un costo marginal creciente en términos de libertad lo que resulta en un equilibro del orden jurídico, en el que utilidad marginal y costo marginal se igualan”
2. ¿Por qué en sí es mala la economía informal?
Comprendo que la carga fiscal que de las PEA que no reportan al fisco significa menos ingreso al estado para proveer servicios de calidad, pero, ¿acaso la idea no es que entre menos mercado sea regulado por el estado mejor será?
¿Acaso una solución para un país en vías de desarrollo fuera bajar las barreras de entrada a la formalidad (menos presos burocráticos y menos impuestos) y de esa manera poder tener más tributación y ofrecer mejores servicios? Y luego con el paso del tiempo tomar medidas para tener una economía más libre.
3. Podría explicar un poco más el concepto de tipo de cambio nominal con el concepto de tipo de cambio nominal.
Respuesta a la pregunta de Xavier Espinoza
¿Cuál puede ser el mejor mecanismo para que los habitantes de un país se acostumbren a depender cada vez menos de sus gobernantes?
En mi opinión sería una mezcla entre emprendedores políticos y libertad económica.
Los emprendedores políticos tuvieran que cumplir (entre otras) las siguientes características:
Informar a la población sobre las consecuencias de las acciones de los políticos.
No estén aliados a partidos políticos.
Motivarlos a conocer más sobre el efecto de las políticas públicas en sus vidas.
Libertad económica para poder ganar el pan de cada día sin necesidad de pedirle permiso al Estado en cada paso que se de.
Creo que la razón principal de la economía informal ser una cosa mala es la falta de seguridad jurídica y institucional que los involucrados deben enfrentar. Por ejemplo, si hay un desacuerdo o algún de los implicados no cumplir con su parte del acuerdo, no se puede ir a los tribunales para resolver el conflicto, porque oficialmente el acuerdo nunca existió. No hay garantias en una negociación que no sea la palabra de cada parte.
El principio fundamental del Derecho Administrativo es el siguiente: El Estado únicamente puede hacer aquello que el Derecho le permite hacer, y, específicamente, aquello que los constituyentes, a través de la Constitución, le permitieron hacer.
Este principio implica ineludiblemente que las normas del Derecho que establecen facultades para el Estado deben establecer facultades limitadas, deben limitar esas facultades definiéndolas con precisión.
Si una de estas normas estableciera una facultad ilimitada, si definiera sus límites con imprecisión, dejaría al Estado un margen de acción más allá de sus facultades que violaría el principio referido ut supra.
Este principio es ínsito a toda dogmática constitucional, y, correlativamente, al propio republicanismo. Se cierne en el cénit constitucional, iluminando el ordenamiento jurídico que se extiende en su seno, pero, al mismo tiempo, ofuscando a toda norma que escape a su luz.
Cuando el Congreso sanciona una ley estableciéndole facultades al Estado que no tienen un fundamento constitucional, o que aún teniéndolo, no están definidas con precisión, y, en consecuencia, lo dotan de facultades que se extienden más allá de los límites de la Constitución, el congreso sanciona una ley inválida, sanciona una ley inconstitucional.
Digo más, cuando los constituyentes de 1994 reformaron la Constitución original, incorporándole normas que le adjudicaban al Estado facultades extraordinarias, los constituyentes traicionaron el sentido de la propia Constitución, violando el principio republicano de gobierno y modificando la Primera Parte de esta norma, que se habían obligado a respetar; cuando los legisladores que propulsaron esta reforma constitucional avalaron la introducción de estas prerrogativas, avalaron la concesión al Estado de la suma del poder público, de una supremacía por la que los argentinos, sus vidas y sus fortunas, quedaron a la merced de los gobiernos, violando la prohibición del artículo 29, y haciéndose responsables de la pena de los infames traidores a la patria.
Ningún estudiante que haya estado los años que hemos estado nosotros en la Facultad de Derecho puede ser lo suficientemente estulto como para afirmar que el objetivo del Estado y de los políticos es el bienestar general.
Todos, sino la mayoría de nosotros, fuimos educados en las ideas del positivismo jurídico. Contrariamente a lo que se afirma, las consideraciones ético-morales, no en nuestras vidas personales, pero sí en nuestra concepción del mundo del Derecho, nos son irrelevantes. Incluso algunos de nosotros simpatizamos con un nihilismo nietzscheano o cuasi-nietzscheano.
Los funcionarios públicos asumen, con su puesto, un rol en la vida institucional del Estado, y en el proyecto inter-generacional de la Constitución que se escinde de su vida personal. Cuando los funcionarios públicos actúan, actúa el Estado, en el marco del Derecho, para cumplir con los objetivos de los constituyentes (de los constituyentes originales).
Cuando los políticos actúan, en la situación de privilegio de la que gozan dentro del Estado, para su provecho personal, no actúan como funcionarios públicos, sino como sujetos individuales, extinguiéndose la teoría del órgano, y su comportamiento no se le atribuye al Estado, sino, por responsabilidad ultra vires, a ellos mismos.
La Constitución, el Derecho y el Estado… imperturbables.
Devenido el orden social como el encuentro de sus componentes individuales, se entenderá que su robustez depende del encuentro espontáneo de las acciones humanas y por lo tanto, el carácter cooperativo. Ahora bien, no deja de ser cotidiano exponer que la falla de los mercados, obedece en el ámbito macroeconómico a las imprecisiones en la toma de decisiones por parte de los individuos, y a nivel microeconómico, la presencia de bienes públicos, externalidades, información asimétrica, etc., para lo cual se recurre a actuación del Estado a través del ejercicio de políticas públicas.
Como quiera que sea, parece ser que mientras se viva en este convencimiento que las políticas públicas hacen posible la competencia económica, absurdo por lo demás, se propiciará la alianza entre el Estado de los grupos económicos. Sin embargo, es forzoso aceptar que una reflexión del problema la hubiera hallado la economía ortodoxa solamente con base en una crítica de la sociedad de mercado ampliado. En el curso ordinario de la vida económica, no hay Estado que pueda procurarse por largo tiempo, vale decir, que incluso él puede causar distorsiones al mercado.
Sin duda la importancia de la temática, es todavía mayor, dentro del contexto de la planificación central de la competencia económica que se viene dando en el momento reciente. Por lo general, los puntos en debate se encuentran en actuales publicaciones alrededor de los cambios en las condiciones de consumo y la producción y sus implicancias en la idea de la justicia social. Con lo anterior, se podría discutir que, lo que vale para el Estado, para la sociedad en particular, vale de igual forma para los individuos asumidos en sus relaciones con otros. Convendría destacar, que el debate sigue abierto, y no se puede perder de vista que, pese a la presencia de distorsiones del mercado esto no valida la acción arbitraria del Estado.
Finalmente vale recordar que en el escenario político los individuos que buscan la consecución de los intereses generales convergen en la promoción de un interés particular que no es buscado.
Preguntas:
¿Por qué persiste la idea, de que el Estado es el garante de la satisfacción de las necesidades básicas de los individuos?
¿Cómo se dota al Estado de la capacidad para dar cuenta de sus objetivos?
¿Puede poner el Estado orden al caos intrínseco a la economía dejada a sí misma?
¿Cómo se explica la acción del Estado que favorece a grupos de presión?
El capítulo tres hace referencia a las políticas públicas destinadas a solventar la competencia imperfecta, monopolios y oligopolios que son blanco de las acciones gubernamentales quienes mediante regulaciones, controles de precios o creación de monopolios legales intentan resolver lo que desde la óptica de los ingenieros sociales ven como un problema. Muchas veces la solución es crear un monopolio legal que elimina la posibilidad de que aparezcan nuevos competidores con lo cual el consumidor final termina pagando precios más altos por productos y/o servicios que no tienen la calidad que podrían tener en un mercado competitivo.
Estos monopolios legales se ven imposibilitados de hacer un correcto cálculo económico al no existir precios de mercado que les permita conocer el EVA de su inversión por lo tanto se mal asignan recursos. Además esta acción disminuye la posibilidad de innovación tecnológica propia de sectores con alta competitividad. Así la política como mecanismo para satisfacer las necesidades de la gente se plantea el gran dilema de buscar definir objetivamente el bien común. La imposibilidad de encontrar esta definición de forma objetiva radica en que las escalas valorativas son individuales y además no se pueden saber hasta que no sean reveladas. Entonces definir ¿Qué es el bien común? queda en manos de los políticos.
Sin embargo, el análisis económico de la política que hace la «Teoría de la elección pública» (Public Choice) hace énfasis en el sistema de incentivos de los actores políticos, los políticos también actual por interés propio, tal como planteo Adam Smith en la Riqueza de las Naciones.
Información Relevante
Justamente en esta semana la empresa Tesla, radicada en Sillicon Valley, ha presentado una batería con capacidad de reserva de energía solar para uso doméstico, lo cual es una gran innovación tecnológica que podría poner en peligro los monopolios estatales de la electricidad. Si los equipos de Tesla cumplen con su promesa de valor no me cabe duda que muchos gobiernos buscarán regular la comercialización de estos equipos con la finalidad de evitar que se ponga en peligro la situación financiera de las empresas estatales de la electricidad que dependen de las economías de escala para evitar resultados financieros en rojo.
Pregunta
Según la teoría del Public Choice el votante tendería a ser «racionalmente ignorante» porque los costos de sus elecciones individuales no son claramente percibidos ¿Existe algún mecanismo «pedagógico» que pudiera mejorar la conciencia sobre los límites a la política? Por ejemplo, vivir bajo marcos institucionales y jurídicos que limiten el tamaño del estado genera un proceso de «meta.aprendizaje» en los votantes?
No me queda claro el sistema de incentivos en los emprendedores políticos, pues su patrimonio no está comprometido en una operación de libre mercado, ¿Cómo garantizar su eficiencia?
información dispersa
Respuesta a la pregunta de Vitor:
Por qué razón los economistas son generalmente tan duros para criticar las fallas del mercado, pero por lo general no señalan la incapacidad del Estado para resolver problemas?
Una respuesta es que muchos economistas son «políticos» y otros hacen ciencia «económica». En Latinoamérica el trabajo hecho por el Foro de Sao Paulo ha satanizado la palabra mercado por lo que un economista «político» difícilmente se atreverá a hacer una defensa del mercado. Además por que se han formado bajo el paradigma Marxista-Keynesiano predominante en la mayor cantidad de universidades en L.A.
En el capítulo III, “La mano invisible: políticas públicas”, el autor refleja como los gobernantes, ante el reconocimiento de la competencia imperfecta que se da en el mercado, toman medidas regulatorias, tales como: prohibiciones de acuerdos entre empresas, controles sobre las adquisiciones que realizan las compañías y persecución a las organizaciones que llevan a cabo conductas “abusivas” con los consumidores. A su vez, la obra, busca diferenciar a los monopolios naturales de los que legalizan los estados, en busca de intereses que benefician a una minoría y perjudican a una mayoría. A medida que transcurre esta tercera sección del libro, se comienza a hacer hincapié en los perjuicios que provocan los funcionarios estatales, cuando con su característica “fatal arrogancia”, se proponen concentrar el conocimiento disperso mediante políticas, que convierten al Leviatán, en un policía abusivo contra las libertades individuales de las personas.
Por otra parte, quien escribe, Martín Krause, nos relata distintas visiones de autores sobre las externalidades que se dan con los bienes públicos. Como novedad para mi persona, me sorprendió la propuesta de Arthur C. Pigou, que plantea su solución, sosteniendo que se debe subsidiar las externalidades positivas, mientras que a las negativas, para evitarlas, hay que generarles impuestos a los empresarios para que se estimule su capacidad innovadora sobre sus productos, con el fin de no soportar el tributo que se le pretende cobrar.
Finalmente, se concluye, que el medio ambiente de América Latina, ha sido más afectado por la inoperancia, negligencia y la falta de institucionalidad de las naciones, que por la iniciativa privada de los empresarios.
En el capítulo IV, “El camino de la política: ¿votantes desinformados o ignorantes?”, me ilustró aún más, sobre una verdad que alguna vez me mostró un prócer argentino llamado Mariano Moreno, cuando expresó: “si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía”. En síntesis, sabiendo que la democracia no es perfecta, es un deber formarse como verdaderos hombres libres, sin esperar que el gobernante de turno, nos muestre el camino a tomar.
Al mismo tiempo, se puntualizó sobre la contradicción en términos que significa el concepto de “bien común”, ya que desconoce que los seres humanos tienen sus propias valoraciones subjetivas; es por eso, que es una irrealidad pensar al estado como un ente sin intereses, ya que éstos, en definitiva, son los que motivan sus actos. Siguiendo esa corriente de pensamiento, Krause, me puso en conocimiento de la “Teoría de la elección”, en donde se determina como los dos problemas más relevantes para las funciones del gobierno, los incentivos y la información dispersa.
Mis preguntas son:
1- ¿Qué mecanismos institucionales se pueden aplicar en Latinoamérica, para que los presidentes populistas, dejen de aplicar sus absurdas regulaciones, tan proclives a ahuyentar el capital extranjero?
2- ¿La propuesta de Arthur Pigou para las externalidades, son viables en el tiempo si se corrigen sus falencias o siempre nos llevarán a la ruina en cualquiera de sus formas?
3- ¿Qué modelo de votación electoral, es más compatible con un liberal?
Por último, le contesto a Fernando Salazar Silva, su inquietud que decía: «¿Cómo se explica la acción del Estado que favorece a grupos de presión?» Se explica con el simple pero triste hecho, de que los políticos no respetan ni la constitución de su país ni mucho menos la división de poderes, tan sana para que cualquier república funcione.
El concepto del Bien Común aparece como algo sencillo. Sin embargo, posiblemente con buenas intenciones mas no con propiedad, éste concepto se ha convertido en un arma que trata de anular o destruir la realización del bien singular o bien hacer creer que el bien singular y el bien común son antinomias reales, y esto no es, ni nunca será así.El fin o valor primordial de Derecho es la realización de la justicia. Tanto Aristóteles como Santo Tomas de Aquino consideran que existen tres clases de justicia: la legal, la distributiva y la conmutativa. La justicia legal siendo la proporción entre las acciones y el bien común, es decir que incluye aquello en lo cual pudiera considerarse que el individuo debe a la comunidad como algo propio de ésta. La justicia conmutativa se refiere particularmente a la proporción de las relaciones entre los individuos dando a cada cual lo suyo; es decir, la justicia conmutativa persigue el bien particular. La justicia distributiva es la que regula la proporción entre la comunidad de los individuos con respecto a la repartición por aquella de las cargas y beneficios.
La Justicia conmutativa origina el Derecho Privado, La justicia distributiva origina el derecho público y la Justicia Legal supone el ordenamiento jurídico dentro del Estado, es decir la norma como función ordenadora de la vida jurídica del Estado. La ley positiva surge como derivación del derecho nacional. La ley positiva no puede quedar al arbitrio, a la discreción, a la voluntad omnímoda del legislador; porque la obra del legislador debe estar siempre subordinada a la ley natural, el derecho natural manda en el legislador, y lo que manda es que con la ley positiva realice el “Bien Común”.En definitiva el bien común no consigue una paz parcializada o ventajosa para unos y para otros no; sino una paz verdadera, fundada en el ordenamiento universal sobre el principio de justicia y el acatamiento de la ley universal. Si el ordenamiento jurídico logra una verdadera y auténtica paz social, entonces sí, se está realizando el bien común.
Es curioso que si analizamos la consigna en términos: «bien» y «común», aún seguimos estando en el problema de la vaguedad, subjetividad e inexactitud para definirlos.
En la clase del Lunes en la Facultad de Derecho se mencionó algo que me hizo recordar una discusión que tuve hace algunos años con un profesor del secundario.
En pocas palabras, nos mando un correo electrónico a sus alumnos más allegados, en el cual la temática giraba en torno a la situación de que «es incorrecto que Messi gane fortunas, cuando un profesor de historia, el cual tiene una MAYOR UTILIDAD SOCIAL gana mucho menos» El se preguntaba, «¿Por qué Messi gana mas que yo, si tengo una labor social mucho más importante?»
En esa época, no era tan suelto de palabras como lo soy ahora y como era un adolescente, obviamente mi carácter era mucho más confrontativo.
Ahora me gustaría analizarlo en un término más calmo. Mi profesor en su momento dió muchas premisas por sentado, una de ellas es que la denominada «utilidad social» (podría haber dicho también «bien común» ¿No?) es la vara con la cual se tendría que medir la distribución económica en una sociedad. No voy a rebatir esa premisa porque no creo que haga a la idea que quiero puntualizar ahora y porque estoy seguro que miles de economistas ya lo habrán hecho y yo lo haría con argumentos mucho menos técnicos y más débiles. Pero si me quedo con la frase «utilidad social».
Entonces me pregunto, ¿Quién tiene mayor «utilidad social»? ¿Messi o mi profesor de historia? Puede sonar ridículo al pensarlo, pero así de ridículo como suena, esa es la base ideológica en la cual está asentada nuestra sociedad, la cual lamentablemente debo decir que se inclina en pensar que un profesor de historia tiene mayor «utilidad social». En estos momentos un punto de láser rojo me aparece en la frente. Por favor que no se alteren los sindicatos del ámbito educativo, no quiero desmerecer en nada la labor que desempeñan los profesores.
Pero hagamos un análisis desde MI punto de vista de esa «utilidad social». Para mi algo es útil socialmente cuanto mayor eficiente es la asignación de recursos y mayor es la prosperidad económica que produce. Un profesor enseña a miles de alumnos que algún día se convertirán en trabajadores que aportarán prosperidad económica (estoy dando por presupuesto muchas premisas debatibles, pero necesarias para un análisis llano). Messi es visto por millones alrededor del mundo. Genera millones en sponsors, indumentaria, publicidad y crea una cantidad de empleos que igualará o superará a aquellos que estudiantes que algún día se convertirán en trabajadores o empresarios gracias al profesor.
Ahora, lo que hace Messi puede hacerlo el solo. La marca Messi, que mueve millones de dólares y miles de puestos laborales gira en torno de una única persona, Lionel Messi, ¿Ocurre lo mismo con mi profesor de historia? ¿Cuantos profesores de historia hay que hacen lo mismo que él? ¿Cuál de los dos es más reemplazable? Messi produce millones, la educación en historia también, pero mi profesor en particular no. ¿Cuál tiene «mayor utilidad social» para mi? Claramente Lionel Messi.
Lo fantástico de todo esto, es que no es para nada acertado.
Podría venir cualquier persona y decir, «en vista de mi sistema de creencias y valores morales, el profesor de historia tiene mayor utilidad social».
¿Puedo debatir eso?
No, claramente no puedo.
Entonces, si no podemos ponernos de acuerdo sobre la «utilidad social» o «bien común» entre un profesor de historia y un astro del fútbol mundial, ¿Cómo podría un gobierno compuesto por muchos individuos decir que gobierna para el «bien común» de millones de personas?
Mi solución sería, no hablemos más de bien común ni en la política ni en el derecho. Como la idea de «bien común» necesariamente implica privilegiar los intereses de ciertos sectores sociales por encima de otros, e inclusive a expensas de otros, no tengamos en cuenta esa idea para regir nuestra sociedad. Vivamos en una sociedad más básica, donde solo impere la libertad, la igualdad ante la ley, el respeto por la propiedad privada y la no violencia.
Sin embargo, alguien muy perspicaz o incluso no tanto me dirá, «señor estudiante que quiere solucionar todos los problemas de la humanidad, en su solución no alude directamente al «bien común», pero es justamente su idea de bien común la que está plasmando.» Ahí es cuando me lamento por la segunda tragedia de los comunes, la inexistencia de un ser omnipotente que nos ofrezca una visión objetiva de un determinado deber ser social. Aunque tal vez, más que una tragedia sea una bendición, no sea que su verdad objetiva de «bien común» descarte la mía.
Antes de pensar si el Estado y la política persiguen el bien común, es preciso reflexionar acerca del concepto de bien común. A simple vista, pareciera presuponer una sociedad sin conflictos. Habiendo intereses contrapuestos, es inevitable que el Estado y la política, al realizar un bien, vaya a tensionar en otro extremo generando un mal. Si el Estado construye universidades públicas, perjudica a las universidades privadas que van a competir por la matrícula; si el consejo del salario decide aumentar mi salario, perjudica a mi empleador que ya no ganará tanto. Lo que si es importante no perder de vista, es que el bien que se persigue si bien no será el de todos, puede y debe ser el de las mayorías.
Creo que el bienestar general perseguido por el Estado podría explicarse de una manera mas simple con el ejemplo del diezmo o la coima existente en la Argentina desde su constitución. En cuanto a que busca el interés general en la medida en que éste se beneficie mas.
Podría pasar que el interés de los políticos coincida con el interés de la sociedad o de los votantes en algún momento, igualmente creo que no es lo que sucede la mayoría del tiempo. Creo que los políticos, a diferencia de los votantes que se encentran en desventajas de conocimiento, dado que el informarse cuesta ya sea plata o principalmente tiempo, tienden a satisfacer necesidades “corto plazistas” para sumar un voto más prolongando su estadio en el poder. En este caso, se puede interpretar de que exista algún tipo de cooperación entre políticos y votantes; igualmente según el texto “el dilema del prisionero”, podemos observar como los actores tienden a traicionar sabiendo que se acerca la última jugada, siendo este el caso de la imposibilidad de una tercera reelección, el final del juego.
En el texto se exponen diferentes definiciones de bien común que pretenden ser difusas. Claramente la definición de “bien común” no es la más simple. Así, Madison creía que la búsqueda del bien común depende de la delegación del poder a los representantes correctos, no de la información y los incentivos existentes, por ejemplo.
Lo que sucede es que está implícito que quien nos gobierne será bondadoso y nos conducirá a este bien común. Asumimos que existe un “Dictador Benevolente”. Pero, al igual que en el mercado, en la política también los gobernantes persiguen su interés personal. La búsqueda del interés personal no cambia por actuar en el sector público.
En el mercado, a partir de la “mano invisible”, perseguimos nuestros objetivos y terminamos beneficiando a todos. Pero, ¿ocurre lo mismo en la política?
No se sabe con exactitud si hay un método para contribuir a los fines de los ciudadanos.
Lo que está claro es que los votantes deben revelar sus preferencias, lo que no es fácil. Hay diferentes problemas para esto, entre los cuales están: que el incentivo del votante es débil, ya que es poco lo que un ciudadano puede hacer para cambiar la situación, y no hay un buen incentivo a estar informado y el votante es “racionalmente apático”, ya que no se informa porque su voto no tendrá grandes consecuencias porque la decisión la tomará la mayoría. Además, estar informado requiere un costo de esfuerzo, dinero y tiempo. Aparte, el votante votará “paquetes”, ya que no pueden separarse las cualidades de los gobernantes. Otro problema será el de la intensidad en la preferencia, ya que el voto no puede medirla (un persona vale un voto). Otro problema será el de la frecuencia, ya que la frecuencia con la que se comprueban las preferencias de los votantes es baja, cada 2 o 4 años.
Los gobernantes tienen, a partir de la renovación de los mandatos, un interés a corto plazo. Se da un sistema de cortoplacismo, ya que el político financia el gasto endeudándose, así pagará el que venga después de él. Además, se da el “Ciclo político presupuestario”, que marca que los políticos gastarán más a medida que se acercan las elecciones, para generar el auge del consumo y tener más chances de ser elegido.
Estas últimas conclusiones no alientan demasiado la idea de que haya un mecanismo que guíe a las decisiones de los votantes y a las acciones de los políticos hacia conseguir los fines que persiguen las personas.