Con todo lo que está ocurriendo, tal vez sea interesante una visión desde el otro lado de la Cordillera. Libertad y Desarrollo publica un breve informe titulado “EL CONFLICTO EN LA ARAUCANÍA VISTO POR LA SOCIEDAD CIVIL”. Va en dos partes:
“El pasado 25 de agosto Libertad y Desarrollo junto a 16 organizaciones de gremios y víctimas de la violencia en La Araucanía dieron forma a un inédito evento cuyo propósito fue el de generar propuestas que abordaran, desde diversas perspectivas, la cada vez más incesante situación de conflicto en La Araucanía y sus proximidades.
Dentro de los múltiples actores involucrados en el dramático escenario que se vive en la macro zona sur del país, parece particularmente relevante escuchar la voz de organizaciones de la sociedad civil, que tienen un diagnóstico y ofrecen una mirada crítica, pero también constructiva, relativa a las políticas públicas, en tres ejes claves. Estos son: 1) violencia y seguridad, 2) fomento productivo para las comunidades indígenas y la región y 3) desarrollo y promoción de la cultura indígena, particularmente la mapuche.
En este marco, fueron catorce las propuestas que emanaron del trabajo en conjunto, las cuales reflejan el intercambio de miradas y posiciones de cada una de las tres mesas temáticas. Parece importante hacer el punto que las propuestas representan la postura de las organizaciones involucradas y no necesariamente se ajustan de modo fidedigno a la visión editorial de Libertad y Desarrollo en la materia, no obstante, existir una importante convergencia entre ambas perspectivas.
A continuación se detallarán las principales propuestas que surgen de la plataforma anteriormente comentada.
VIOLENCIA Y SEGURIDAD
Biobío, La Araucanía y Los Ríos son las regiones que han sido mayormente afectadas por el denominado conflicto mapuche que, día tras día, se vuelve más intenso. Esta zona ha visto durante décadas cómo la paz social se ha ido deteriorando como consecuencia del constante hostigamiento, amenazas, vulneración a la propiedad privada y desafíos a la institucionalidad vigente del Estado, con consecuencias fatales tanto para las víctimas de la violencia como para el desarrollo social de la región.
Esta dinámica de violencia además ha mostrado, especialmente desde marzo del presente año, una mayor intensidad de las acciones realizadas por estos grupos, quienes han radicalizando su accionar y aumentado la cantidad de daños producidos. Entre las propuestas más destacadas, se plantea:
- Perfeccionar la Ley Antiterrorista.
Esta propuesta concretamente busca robustecer la figura del testigo protegido, que existe en la ley 20.000 (ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas) con el fin de aumentar la cantidad de personas que pudieran entregar información sobre hechos y grupos que han realizados ataques con estas características.
- Especialización de las policías: más capacidades, formación e instrumentos.
En este punto se busca aumentar la dotación policial que existe en la zona de conflicto, al tiempo que quienes desempeñen su labor en estos lugares estén preparados para combatir este tipo específico de delito (así como existe el OS9 y el OS7, que exista un segmento especial de la policía que trabaje en la prevención y persecución de este tipo de delitos). Además, se propone dotar con tecnología y equipamiento de alta gama a quienes deben trabajar en esta zona.
- Generar mecanismos de compensación alternativa que reemplacen la entrega de tierras.
La política de entrega de tierras se ha transformado en un instrumento de política pública detonador de la violencia, produciéndose un espiral en el cual a mayor cuantía de tierras entregadas, mayor incremento de la violencia. De ahí que la importancia de no reducir la compensación o reparación a la mera entrega de tierras, puesto que no es necesariamente el mejor mecanismo ni lo que necesita el mapuche de hoy. La alternativa debe generar reales oportunidades de desarrollo y no reducir a los integrantes de las comunidades indígenas a una agricultura de minifundio y comunitaria. Por lo demás, la mayoría de la población mapuche es urbana (74%) y el enfoque de entrega de tierras no da cuenta de las necesidades que tienen en una sociedad moderna.
- Eliminar el artículo 20b del fondo de tierra y aguas.
En este artículo se permite el financiamiento de tierras en conflicto debido a asignaciones y transferencias por títulos de merced o reconocidas por títulos de comisario. La propuesta busca terminar con la violencia y el conflicto por medio de la compra directa de tierras. A través de este artículo se genera además un incentivo a la reivindicación sin fin, concibiéndose la demanda por tierras como un derecho expectaticio, puesto que las comunidades pueden subdividirse y requerir tierras de un modo incesante.