Hace unos días participé en un panel sobre “Economía” organizado por Hacer y Estudiantes por la Libertad, en el cual pude escuchar las acertadas críticas a ciertos aspectos de la política económica argentina, en particular, a la situación fiscal y el gasto público, un problema que, en general, todos los economistas reconocen. El tema, por supuesto, es qué se puede hacer y cuánto se puede avanzar, las que son preguntas políticas más que económicas. Y el carácter político de esas preguntas deriva, en última instancia, en ciertas ideas y valores que predominan en la sociedad.

Y, en muchos aspectos, se sigue mostrando una matriz claramente populista: en un país donde el populista de turno ha otorgado privilegios a tal o cual sector, luego cada intento de reducirlos genera una resistencia que, en algunos casos, hasta puede ser violenta. Nadie quiere resignar nada, y el Estado no da un buen ejemplo porque tampoco resigna nada, y afloja ante la más mínima resistencia.

Ahora, uno de los últimos casos, tiene que ver con el cambio en la presidencia de la compañía aérea estatal, Aerolíneas Argentinas, y las supuestas causas. Hay otras, pero me voy a concentrar en una de ellas: la supuesta resistencia de la presidente ante el posible ingreso de nuevos competidores en el mercado, especialmente algunas ‘low cost’.

Escuchaba a un periodista en la radio alabar a la funcionaria, la que se habría ido en virtud de que quería ‘defender a la empresa estatal’. Hoy, el secretario de la Asociación de Personal Aeronáutico figura diciendo que “decididamente vamos a impedir el arribo de las ‘low cost’.

“Vamos a impedir” no suena muy bien. Más bien, suena a que vamos a violar los derechos de otros. Y esos derechos son los de todos los ‘consumidores’ o ‘pasajeros’ argentinos a quienes se les quiere impedir tener el derecho a elegir, y la posibilidad de poder viajar más barato.

Se da prioridad a tener una “empresa estatal” de bandera, como si fuera un gran orgullo nacional, orgullo que nos costaba 700 millones de dólares al año y ahora, al menos ha costado 300. Y tienen prioridad, por supuesto, los sindicatos: la empresa no es para servir a los ciudadanos que quieran o necesiten viajar, la empresa es para los gremios y los empleados. Y los beneficios que estos tienen los pagarán, por ejemplo, los que viven en Formosa y se tienen que tomar un ómnibus por 24 horas para visitar a alguien en Buenos Aires. Todo eso, por supuesto, en nombre del pueblo y la empresa “nacional y popular”.

Donde más ciegos son es en aferrarse a ese pequeño privilegio, que no solamente perjudica a quienes quieren viajar, sino que a ellos mismos. En todas las desregulaciones que han tenido lugar en los últimos tiempos, principalmente en Estados Unidos y en Europa, el resultado ha sido una explosión de nuevas empresas, en la cantidad de vuelos y en el número de trabajadores en la industria, sin contar los beneficios de todos los vinculados con el turismo y otros.

Pero no, todo eso se sacrificará en aras de ese pequeño coto de caza que algunos quieren sostener. Estar en contra de las ‘low cost’ significa, de una forma u otra, estar a favor de las ‘high cost’.

Para embarrar el tema lo máximo posible he visto que sostienen que se estarían dando privilegios a Avianca porque habría comprado la empresa que era del padre de Macri. Todo puede ser en este país, pero en tal caso, corresponde que no exista tal privilegio como tampoco los que tienen ahora. Por más que fuera cierta, esa denuncia no hace mella en el argumento en favor de más competencia.