Piketty dice aportar un nuevo socialismo participativo. No es nuevo, ni es participativo, pero sí es socialismo

Paco Capella tuvo la paciencia de leer el último libro de Piketty, Capital e Ideología. (1248 páginas!).

Aquí concluye su crítica:

Frente a la posible pendiente resbaladiza que permitiría la redistribución de la riqueza al no tener límite y no saber dónde parar, Piketty asegura que “la historia muestra que, por medio de la deliberación democrática, se pueden encontrar límites a lo que es una propiedad privada razonable y lo que es una propiedad privada excesiva.” Es tan ingenuo que cree que en las democracias se delibera y se razona, y reconoce que democráticamente es posible confiscar tanta riqueza como la mayoría desee: la propiedad ya no es una protección del individuo y su libertad contra las agresiones ajenas sino el dominio exiguo sobre lo que la mayoría tenga a bien conceder al individuo minoritario.

Piketty propone un impuesto del 90% sobre el patrimonio de los más ricos: “El objetivo es hacer circular la propiedad, permitir que todo el mundo acceda a ella.” Que todo el mundo acceda a propiedad que han producido legítimamente otros, es decir que el parasitismo sea legal.

El impuesto sobre la propiedad permitiría financiar una herencia para todos de 120.000 euros a los 25 años.

Aparte de que los números quizás no salgan tan bonitos, se estaría diciendo a los jóvenes que tienen derecho a la riqueza por la cara, a cambio de nada, sin necesidad de producir ni aportar nada valioso a cambio.

Ahora la mitad de la población no posee patrimonio. Aunque uno tenga un buen diploma y un buen salario, puede que una parte importante del salario sirva para pagar toda la vida un alquiler a hijos de propietarios y carezca de medios para crear su propia empresa.

Los números redondos como “la mitad de la población” suelen tener trampa. A Piketty le parece mal que un padre deje un patrimonio a sus hijos en forma de propiedad inmobiliaria que les permita obtener rentas del alquiler. Los pobrecitos inquilinos, a pesar de tener “un buen diploma y un buen salario”, están pagando toda la vida un alquiler en lugar de comprar su propia vivienda como si estuvieran en las garras del malvado arrendador. Y además no tienen medios para crear su propia empresa, como si todo el mundo tuviera que tener su propia empresa y como si los mercados de capitales estuvieran cerrados a las buenas ideas.

Quiero una sociedad en la que todo el mundo pueda tener algunos centenares de miles de euros, y en la que algunos que crean empresas y tienen éxito tengan unos millones de euros, quizá a veces unas decenas de millones de euros. Pero, francamente, tener varios centenares o miles de millones no creo que contribuya al interés general.

Y yo quiero felicidad, amor y salud para todos y la paz en el mundo. También quiero que la gente tenga riqueza, pero tengo ciertos escrúpulos morales que me prohíben quitársela por la fuerza a unos para dársela a otros y que así la distribución sea más conforme a mis preferencias subjetivas.

Piketty es tan generoso que permite que los empresarios de éxito tengan incluso decenas de millones de euros: otros serían mucho más cicateros y querrían quitarles más o todo. Se saca los números del sombrero mágico, y le sale que cientos o millones de euros ya no contribuye a un indefinido interés general. Olvida mencionar el interés de todos aquellos que hicieron negocios o intercambiaron con estos millonarios, como clientes, trabajadores o proveedores, y se beneficiaron por ello.

Afirma que las liberalizaciones y reducciones de impuestos de la época de Reagan en los años ochenta han incrementado el número de milmillonarios pero han reducido el crecimiento y no han incrementado los salarios. Esto es esencialmente falso, y además es absurdo criticar a los milmillonarios ya que el mero hecho de serlo suele mostrar que ellos sí que han contribuido al crecimiento generando enormes cantidades de riqueza.

… la verdadera razón fue que se estancó la inversión en educación. El resultado es que hoy muchas personas van a la universidad sin los medios que necesitarían. La lección es que lo que llevará al crecimiento en el siglo XXI es, ante todo, la educación.

Obviamente no conoce la crítica contra el exceso de educación de Bryan Caplan (The Case Against Education) y no sabe cómo se (mal)gastan recursos en señalización social. No distingue la inversión privada de la pública, probablemente porque no quiere que la gente decida individualmente cuánto invertir en educación sino subsidiarla o dirigirla desde el poder central del Estado.

Respecto a la arbitrariedad del impuesto a la riqueza del 90%, Piketty nos informa, por si no nos habíamos dado cuenta, de que “Un 90% a quien tenga 1.000 millones de euros significa que le quedarán 100 millones de euros. Con 100 millones todavía uno puede tener un cierto número de proyectos en la vida.” Tal vez se cree muy gracioso después de haber propuesto la confiscación de 900 millones de euros: calderilla que la pierdes y no duele. También con 10 millones de euros uno puede tener un cierto número de proyectos en la vida, incluso con 1 millón solo. Piketty es generoso y deja a los milmillonarios que se queden un 10%. No explica a partir de qué nivel de riqueza se aplicaría este impuesto, qué pasaría con el efecto frontera (quedarse en el límite), cuándo se ejecutaría el impuesto, ni otros enojosos detalles seguramente sin importancia.

El objetivo es regresar a un nivel de concentración de la fortuna que era más o menos el de los años sesenta, setenta u ochenta en Estados Unidos y en Europa. Mi enfoque es empírico. Lo que queremos evitar es la sedimentación. Mark Zuckerberg tuvo una buena idea a los 25 años. Pero, ¿esto justifica que a los 50 o 70 años continúe decidiéndolo todo sobre una red social mundial?

Para un progresista resulta misterioso este regreso al pasado idílico en lugar de mirar hacia el futuro. No explica qué es eso de la sedimentación que quiere evitar. Sobre Mark Zuckerberg, olvida que Facebook tiene muchos más accionistas que son los que lo nombran para que dirija la empresa, quizás porque lo hace bien para obtener beneficios. Que la red social sea mundial no significa que pertenezca al mundo y que por eso pueda confiscarse la riqueza de su creador.

Si no se para el aumento de las desigualdades Piketty advierte de “una explosión de la Unión Europea, otros Brexit. O bien una toma del control por parte de movimientos xenófobos”. Según él hay que “regular el capitalismo, hacer pagar impuestos a los más ricos y tener una economía más justa”. Olvida que el capitalismo ya tiene reglas (la inviolabilidad de la propiedad, la libertad contractual y las normas generadas en los pactos contractuales), que los ricos ya pagan grandes cantidades de impuestos, y que conviene aclarar qué entiende uno por justicia si va a jugar a hacer juicios morales que van mucho más allá de su (in)competencia como economista. También asegura que “nos desatamos golpeando a los pobres de origen extranjero”, sin plantearse que es la anquilosada y empobrecedora socialdemocracia, con su constante redistribución coactiva de riqueza y la lucha por la misma, la que genera resentimientos contra los de fuera.

Piketty reconoce que es propietario (quiere decir muy rico) y lamenta que su presidente Macron “decidió exonerarme del impuesto sobre la fortuna”. Seguramente no lo hizo por él personalmente, y si Piketty quería pagarlo, como mendazmente dice, las haciendas estatales suelen aceptar todo tipo de regalos voluntarios en favor del tesoro público: como este regalo no ha sido recibido, muestra con su acción su preferencia revelada de quedarse con su fortuna. Lo que seguramente quiere no es pagarlo solamente él sino que tengan que hacerlo todos los que tienen tanto como él o más, que es muy distinto.

Cuando uno escribe un libro como El capital en el siglo XXI, del que se venden 2,5 millones de ejemplares, no significa que sea mil veces mejor que aquellos de los que se venden 2.500 ejemplares. En parte es la suerte. Y me beneficié de las ideas de colegas y del sistema educativo francés. Es una ilustración perfecta de que las rentas y la propiedad siempre tienen orígenes sociales. No lo inventamos todo nosotros solos. Desde el momento en que uno obtiene altos ingresos, se ha beneficiado de muchas otras personas. Mi experiencia ha confirmado mis convicciones.

Efectivamente Piketty no es mil veces mejor, y ha tenido mucha suerte de ponerse de moda como el economista de izquierdas del momento. Sobre que se benefició del trabajo de otros, olvida mencionar que ese trabajo ya fue pagado en su momento, que no se hizo gratis, y que las ideas son de consumo no rival. La riqueza tiene origen social en el sentido de que a menudo se consigue o se produce en equipo o mediante intercambios con otros, pero esos otros ya han sido compensados y no tienen derecho a estar reclamando más pagos de forma perpetua.

Piketty a menudo tiene una visión estática de la distribución de la riqueza para reconfigurarla a su gusto de forma más uniforme, y cuando añade un componente dinámico solo es para mirar de forma equivocada hacia atrás (todo lo hemos hecho entre todos), y olvida mirar al futuro y preguntarse qué pasará con los grandes creadores de riqueza si saben que les van a expropiar el 90% de la misma: no sabe, no contesta.

En este extracto de su libro resume sus análisis y propuestas:

… estoy convencido de que es posible superar el capitalismo y la propiedad privada y construir una sociedad justa basada en el socialismo participativo y en el federalismo social. Esto pasa principalmente por desarrollar un régimen de propiedad social y temporal que repose, por una parte, en la limitación y la distribución (entre accionistas y asalariados) de los derechos de voto y de poder en las empresas y, por otra parte, en una fiscalidad fuertemente progresiva sobre la propiedad, en una dotación universal de capital y en la circulación permanente de la riqueza. También pasa por la fiscalidad progresiva sobre la renta y por un sistema de regulación colectiva de las emisiones de carbono que contribuya a la financiación de los seguros sociales y de una renta básica, así como por la transición ecológica y un sistema educativo verdaderamente igualitario.

Quiere entrometerse en la dirección de las empresas dando derechos de voto a los trabajadores sin que estos tengan que aportar capital ni asumir los riesgos de los accionistas, y obviando la posibilidad de que los trabajadores cobren parte de su salario en acciones, o simplemente las compren con su propio dinero si así lo desean.

La fiscalidad sobre la propiedad y la renta no solo deben ser progresivas sino fuertemente progresivas, o sea machacar a impuestos a los más ricos en renta y riqueza. No importa si eso desincentiva la producción de riqueza y el ahorro hasta que no quede renta y riqueza que gravar.

Dar capital a todo el mundo suena muy bonito si se olvida que este se ha expropiado a unos para dárselo a otros, y que los receptores quizás no sean especialmente hábiles en el uso del mismo: algunos quizás lo usen productivamente mientras que muchos otros lo invertirán mal o simplemente lo consumirán.

El Estado debe disponer de recursos para seguros sociales y renta básica: nada de plantearse que los individuos podrían resolver sus propios problemas mediante asociaciones libres no parasitarias de la riqueza ajena.

El sistema educativo debe ser verdaderamente igualitario: nadie podrá ofrecer servicios de mejor calidad, y los progenitores no podrán dar mejores oportunidades a sus hijos.

La superación del capitalismo y la propiedad privada también pasa por organizar la mundialización de otra manera, con tratados de cooperación al desarrollo que giren en torno a objetivos cuantificados de justicia social, fiscal y climática, cuyo cumplimiento condicione el mantenimiento de los intercambios comerciales y de los flujos financieros. Una redefinición del marco legal como ésta exige la retirada de un cierto número de tratados en vigor, en particular los acuerdos de libre circulación de capitales puestos en marcha desde los años 1980-1990 y su sustitución por nuevas reglas basadas en la transparencia financiera, la cooperación fiscal y la democracia transnacional.

Para destrozar con éxito el capitalismo y la propiedad privada es necesario un gobierno mundial o un sistema de acuerdos de boicoteo contra quienes quieran mantener sociedades y mercados libres. El capital no debe poder moverse libremente para así poder confiscarlo más fácilmente.

Algunas de estas conclusiones pueden parecer radicales. En realidad, son una continuación del movimiento hacia el socialismo democrático que se inició a finales del siglo XIX y que ha supuesto una profunda transformación del sistema legal, social y fiscal. La fuerte reducción de las desigualdades observada a mediados del siglo XX fue posible gracias a la construcción de un Estado social basado en una relativa igualdad educativa y en un cierto número de innovaciones radicales, como la cogestión germánica y nórdica o la progresividad fiscal a la anglosajona. La revolución conservadora de la década de 1980 y la caída del comunismo interrumpieron este movimiento y contribuyeron a que el mundo entrase, a partir de los años 1980-1990, en un periodo de fe indefinida en la autorregulación de los mercados y casi de sacralización de la propiedad.

El socialismo democrático es bueno, justo y necesario: es la expresión del progreso natural, solo interrumpido por la revolución conservadora (junto con la incómoda caída del comunismo), que no tiene un pensamiento económico y social profundo sino solo “fe” y “sacralización”.

Piketty llega a afirmar que “la toma de conciencia de las limitaciones del capitalismo mundial desregulado se ha acelerado tras la crisis financiera de 2008.” Al parecer vivimos en un capitalismo puro sin interferencia estatal, o en la ley de la jungla sin ningún tipo de normas. Asegura que “el riesgo de una nueva oleada de competencia exacerbada y dumping fiscal y social es desgraciadamente real”: no está claro si acepta la competencia que no sea exacerbada; sí lo está que cree que los gobiernos que reducen impuestos y eliminan regulaciones están haciendo trampas.

 

Alberdi sobre el problema principal que todavía sigue arruinando a la Argentina: cómo debería manejarse el Tesoro

Con los alumnos de la UBA Derecho continuamos viendo a Juan Bautista Alberdi, quien ahora trata cómo se debería manejar el Tesoro Público:

Alberdi 2

“El poder de crear, de manejar y de invertir el Tesoro público, es el resumen de todos los poderes, la función más ardua de la soberanía nacional. En la formación del Tesoro puede ser saqueado el país, desconocida la propiedad privada y hollada la seguridad personal; en la elección y cantidad de los gastos puede ser dilapidada la riqueza pública, embrutecido, oprimido, degradado el país.

¿Cómo evitar que el gobierno incurra en tales excesos al ejercer la soberanía del país delegada para crear el Tesoro y aplicarlo? ¿Hay garantías aplicables al remedio de esos abusos? ¿Cómo conseguir que los principios económicos y rentísticos de la Constitución prevalezcan en las leyes y en los actos del gobierno, encargado de hacer cumplir la Constitución? – La Inglaterra ha encontrado ese secreto a costa de muchos siglos de experiencias dolorosas, y lo ha enseñado al mundo parlamentario: consiste en dividir el poder rentístico en dos poderes accesorios e independientes, a saber, el poder de crear los recursos y votar los gastos públicos, y el poder de recaudar, administrar y emplear esos recursos en los gastos designados, ¿por quién? – Al poder legislativo, órgano más íntimo del país, es delegado el ejercicio de la primera atribución. y al ejecutivo el de la segunda por ser el Tesoro el principal medio de acción y de ejecución.. Tal es la teoría del gobierno parlamentario de Inglaterra, de que ha sido expresión práctica la Constitución argentina, a imitación de todas las conocidas en ambos mundos de medio siglo a esta parte.

Toda la libertad del país depende de la verdad en esa división del poder.

Ella constituye la principal y más importante tradición de la revolución de Mayo contra el gobierno de España.

En el acta del 25 de Mayo de 1810, inaugural del nuevo régimen, se previno que la. nueva junta, depositaria del Poder ejecutivo, no podría imponer contribuciones ni gravámenes al pueblo o sus vecinos sin previa consulta o conformidad del Cabildo, eco inmediato de la ciudad. (Artículo 9 dé dicha acta).

Los Estados Unidos de Norte-América debieron a su madre patria el legado de esa tradición de progreso y libertad. En la Gran Bretaña fué siempre de la Cámara de los comunes el privilegio de iniciar las contribuciones, por el principio de que procediendo del pueblo toda contribución, es justo que el pueblo sea quien se la imponga. Eso fuera cierto, decía Blackstone, si sólo el pueblo pagase contribuciones, y no la nobleza propietaria, que en realidad las soporta al igual del resto del país. La verdadera razón de ese privilegio de los representantes del pueblo inglés (Cámara de los comunes) residía en el peligro de promediarlo con la Cámara de los lores, elegida por el rey, a cuya influencia se la presumía sujeta por este motivo.

Sin que en América existieran esas causas, los Estados Unidos reservaron esa prerrogativa a la Cámara de diputados, presumida siempre más cercana del pueblo por el origen de su elección directa, que no el Senado elegido por las legislaturas de Estado. El hecho es que la Constitución argentina ha seguido el mismo ejemplo en ese punto.

Al Congreso pertenece. según su artículo 4, el poder de imponer contribuciones, y de decretar empréstitos y operaciones de crédito para atender a los gastos ordinarios y extraordinarios de la Nación.”

Alberdi sobre los impuestos, y cuando las contribuciones «exorbitantes» atacan la libertad de industria y comercio

Con los alumnos de la UBA Derecho vemos Sistema Económico y Rentístico de Juan Bautista Alberdi, sobre los impuestos, y las “contribuciones exorbitantes”:

“Por la contribución exorbitante atacáis la libertad de industria y de comercio, creando prohibiciones y exclusiones, que son equivalentes del impuesto excesivo; atacáis la propiedad de todo género, llevando la contribución más allá de los límites de la renta; atacáis la seguridad, por la persecución de los efugios naturales de defensa apellidados fraude, que son hijos naturales del rigor fiscal; atacáis la igualdad, disminuyendo las entradas y goces del pobre. Tales son los resultados del impuesto exorbitante: todos contrarios a las miras generosas de la Constitución, expresadas en su preámbulo.

Por la contribución desproporcionada atacáis la igualdad civil, dada como base del impuesto por los art. 4 y 16 de la Constitución.

Por el impuesto mal colocado, matáis tal vez un germen de riqueza nacional.

Por el impuesto mal recaudado, eleváis la contribución de que forma un gasto adicional; atacáis la seguridad, formáis enemigos al gobierno, a la Constitución y al país, alejando las poblaciones asustadas de un fisco armado en nombre de la República de todas las herramientas de la inquisición.

Las contribuciones opuestas a los fines y garantías de la Constitución son contrarias precisamente al aumento del Tesoro nacional, que según ella tiene su gran surtidero en la libertad y en el bienestar general. – Por esta regla, jamás desmentida, bajar la contribución, es aumentar el Tesoro nacional: regla que no produce tal efecto en el instante, pero que jamás deja de producirlo a su tiempo, como el trigo no produce al otro día que se siembra, pero rara vez deja de producir al cabo de cierto tiempo.

¿No puede darse a la contribución un asiento tal, que le permita servir los destinos que le asigna la Constitución sin salir de ellos? ¿Dónde colocar el impuesto para que no dañe al bienestar general tan protegido por la Constitución? ¿La ciencia lo conoce? – Sí. – La contribución, como gasto público de cada particular, debe salir de donde salen sus demás gastos privados: de la renta, de la utilidad de sus fondos, no de los fondos que la producen porque así disminuís los fondos originarios de la renta, empobrecéis a los particulares, cuya riqueza, colectiva forma la riqueza de la Nación, de la cual es parásita la del fisco. El que gasta de su principal para vivir, camina a la pobreza: es preciso vivir de las ganancias; y para tener ganancias, es preciso hacer trabajar los fondos que las producen. El Estado está comprendido en esta ley natural de la riqueza: debe subsistir de la renta colectiva de los particulares que le forman, no de sus fondos. He ahí el asiento de toda contribución juiciosa: de toda contribución que sirva para enriquecer la Nación y no para empobrecerla.

Salir de ahí, echar mano de los fondos productivos, exigir capitales, tierras, servicios por vía de contribución, es entrar en una crisis de destrucción, que sólo un extremo puede legitimar, a saber: – la necesidad de no sucumbir: antes de tener fortuna, es preciso tener existencia. La fortuna se hace; lo que no se hace dos veces es la patria.

Procediendo la contribución de una parte de la renta o utilidad privada de los habitantes del país, importa conocer los parajes en que la renta existe, para exigirle pago de su deuda al gasto público.

La renta, como la riqueza de que es vástago frutal, debe su creación a uno de estos tres agentes o fuerzas productoras:

La tierra,

El trabajo,

El capital.

Estos tres instrumentos de renta, obren juntos o separados, siempre proceden de alguno de los tres modos siguientes para producir su utilidad imponible:

La agricultura,

El comercio,

Las fábricas.

De aquí tantos asientos para la contribución como el número y la forma de las rentas o utilidades de los particulares contribuyentes.

Luego la contribución es imponible:

En la renta de la tierra, que es el alquiler;

En la renta del trabajo, que es el salario;

En la renta del capital, que es el interés.

Luego la Constitución debe buscar esas rentas en los’ tres campos de su elaboración, que son la agricultura, el comercio, la industria fabril.”

Las restricciones para viajar a Cuba que impone Trump terminan alimentando el discurso cubano

El Mises Institute reproduce esta nota de Alice Salles sobre los viajes a Cuba:

“La prohibición de viajar a Cuba de Trump es un muro contra los estadounidenses

Alice Salles

El Estado tiene demasiado poder sobre las personas. Pero la mayoría de nosotros no podemos comprender realmente cuán profundo es este poder hasta que nuestras vidas son completamente cambiadas por una nueva política.

Tres años después de que el presidente Obama redujera las restricciones para viajar a Cuba, la administración Trump impuso nuevas restricciones para los turistas estadounidenses. Esta nueva política afecta a los aviones y barcos privados y corporativos, a los cruceros y a otros viajes de grupo a la nación isleña.

En un comunicado de prensa, el secretario de Hacienda, Steven Mnuchin, dijo que la prohibición de viajar fue restablecida debido al «papel desestabilizador en el Hemisferio Occidental, proporcionando un punto de apoyo comunista en la región y apoyando a los adversarios de Estados Unidos en lugares como Venezuela y Nicaragua, fomentando la inestabilidad, socavando el imperio de la ley y suprimiendo los procesos democráticos».

Con las nuevas restricciones, dijo Mnuchin, la administración espera «mantener los dólares estadounidenses fuera del alcance de los servicios militares, de inteligencia y de seguridad cubanos».

En Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla, dijo que Estados Unidos quiere «[sofocar] la economía y[dañar] el nivel de vida de los cubanos para obtener concesiones políticas a la fuerza».

Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla, Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, criticó fuertemente las nuevas sanciones a los viajes.

«Rechazo enérgicamente las nuevas sanciones anunciadas por #US vs. #Cuba que restringen aún más los viajes de los ciudadanos de #US a Cuba, con el objetivo de sofocar la economía y dañar el nivel de vida de los cubanos para obtener concesiones políticas por la fuerza», escribió Parrilla en Twitter. «Una vez más, fracasarán».

Independientemente de cómo se sienta, el conflicto entre el gobierno de Estados Unidos y el régimen cubano no debería afectar a la gente que no tiene nada que ver con ello. Ya sea que los funcionarios de ambos países lo reconozcan o no, no tienen autoridad legítima sobre la vida de las personas.

El Estado no debería dictar la política de viajes

Este nuevo ataque a Cuba, admitió el propio Mnuchin en su declaración, se debe a la estrecha asociación de Cuba con Venezuela. Pero debido a que estas restricciones afectan directamente a los ciudadanos cubanos, ya que muchos sólo pueden ganarse la vida gracias a los turistas estadounidenses, el movimiento de Trump podría ser visto como un acto de guerra.

Ya sea que usted apoye o no a los regímenes opresivos de Venezuela y Cuba, la naturaleza de la política de la actual administración no puede ser ignorada, ya que pone a Estados Unidos, una vez más, en el papel de la policía del mundo. Y como hemos visto en el pasado, desempeñar este papel significa poner en peligro la vida de personas inocentes.

Mientras que para algunos podría parecer bien castigar a todo el país por su gobierno corrupto, la realidad es que los cubanos no están enamorados del comunismo… Por el contrario, muchos están de acuerdo en que su gobierno no los representa. Pero cuando Estados Unidos impone sanciones o prohibiciones de viajar, termina alimentando la propaganda del Estado cubano y restringiendo el derecho del individuo a hacer lo que le plazca con su propio dinero. Al final, los que más sufren son los cubanos, muchos de los cuales viven del intercambio con extranjeros.”

Tres argumentos a favor de los aranceles a la importación son criticados: nos caben dos seguramente

Muchos proponentes de los aranceles reconocen lo absurdo de los aranceles como regla general. Sin embargo, consideran que hay ciertos casos especiales en los que los aranceles están justificados, y de hecho son vitales para la supervivencia de una nación. En este artículo analizaré tres de estos argumentos:

https://mises.org/es/wire/3-argumentos-modernos-favor-de-los-aranceles-desacreditados

I. REDUCIR EL DÉFICIT COMERCIAL

Mucha gente cree que un arancel sobre los bienes de un país específico es necesario cuando los Estados Unidos sufre de un alto déficit comercial con ese país. (Un déficit comercial ocurre cuando el valor monetario de las importaciones de un país excede el valor monetario de las exportaciones a ese mismo país). Sí, estas personas podrían argumentar que el comercio es bueno en general, pero sólo cuando está equilibrado. Si los EE.UU. compran constantemente más de, digamos, Japón que los japoneses nos compran a nosotros, entonces esta es una propuesta perdedora a largo plazo, porque drena nuestra moneda y socava nuestra capacidad de producir en el futuro.

Estos argumentos son casi tan tontos como el deseo general de proteccionismo, ya que pasan por alto el hecho de que un país puede tener un déficit comercial con Japón pero un superávit comercial con otros países. En última instancia, un país paga sus importaciones con exportaciones, pero eso no significa que un país deba pagar por sus importaciones desde Japón con exportaciones a Japón.

Para ver esto, imagínese un escenario simplificado donde Japón vende automóviles a Estados Unidos, Estados Unidos vende software a Kuwait y Kuwait vende petróleo a Japón. En este ejemplo ficticio, Estados Unidos tendría un déficit comercial con Japón pero un superávit con Kuwait, Kuwait tendría un déficit comercial con Estados Unidos pero un superávit con Japón, y Japón tendría un déficit comercial con Kuwait pero un superávit con Estados Unidos. Entonces los japoneses podrían usar los dinares para comprar petróleo kuwaití, mientras que los kuwaitíes usarían los dólares para importar software estadounidense.

Si los déficits comerciales siguen pareciendo peligrosos, considere que cada persona (que tiene un trabajo) tiene un enorme superávit comercial con la ciudad en la que está ubicado su empleador, y un déficit comercial con muchas otras ciudades de los Estados Unidos. En mi caso (y como les explico a mis estudiantes), tengo un enorme superávit comercial con el Condado de Hillsdale: si sumáramos todas las transacciones que realizo con personas que viven en el Condado de Hillsdale, descubriríamos que cada mes termino pagando mucho menos de lo que recibo. En contraste, tengo un gran déficit comercial con la cercana ciudad de Jackson, ya que aquí es donde mi esposa y yo vamos los fines de semana cuando queremos hacer algunas compras decentes. ¿Estoy llevando a cabo mi política comercial de forma tonta? ¿Debo restringir mis compras de Jackson hasta que tome un trabajo de medio tiempo en esa ciudad, tal vez en la de Denny?

II. SECTORES INCIPIENTES

Otra justificación popular para los aranceles es el argumento de la industria incipiente. Según este argumento, una tarifa es realmente mala en general. Sin embargo, un arancel temporal en una industria en desarrollo es algo bueno, porque permite que las empresas nacionales maduren y se vuelvan competitivas con las empresas extranjeras establecidas en la industria. Una vez que la incipiente industria se haya puesto al nivel de los competidores extranjeros más avanzados, se podrá eliminar el arancel.

Es revelador que estas propuestas nunca mencionen la duración del proceso de «maduración». Después de todo, si los consumidores se ven obligados (por la tarifa) a pagar precios más altos a productores nacionales relativamente ineficientes durante, digamos, dos años, después de los cuales los productores nacionales superarán a sus rivales extranjeros y ofrecerán precios más bajos para siempre, entonces el acuerdo no suena tan mal. Pero si los consumidores se ven obligados a subsidiar indirectamente a los productores nacionales ineficientes durante ochenta años con la esperanza de que algún día lleguen a ser competitivos, entonces la propuesta suena mucho menos atractiva. El hecho de que quienes defienden el argumento de la industria naciente ni siquiera mencionan el marco de tiempo demuestra lo poco que han pensado realmente en su propuesta.

A pesar de las propuestas de la industria incipiente, el mercado libre contiene un mecanismo por el cual las empresas pueden sufrir pérdidas a corto plazo siempre y cuando sean compensadas por eventuales ganancias a largo plazo. Ese mecanismo es simplemente un préstamo. Muchas empresas nuevas, especialmente las de propietarios únicos, no ganan dinero en sus primeros años de operación. Pero mientras el valor actual de los flujos de caja futuros esperados de la empresa sea positivo, los propietarios de la empresa deberían poder pedir dinero prestado para financiar los primeros años a medida que desarrollen experiencia, confianza de marca, etc.

Si una empresa o grupo de empresas no puede conseguir financiación de inversores privados para llevar a cabo sus proyectos porque los valores actuales de sus empresas son negativos, entonces esa es la forma en que el mercado dice que sus planes derrocharán recursos valiosos a corto plazo sin compensar suficientemente las ganancias a largo plazo. El defensor de una tarifa para promover una industria incipiente dice así que él o ella sabe mejor cómo determinar las compensaciones intertemporales que la persona promedio en sus decisiones de pedir o prestar dinero a diferentes tasas de interés.

El absurdo de la tarifa de la industria infantil puede ilustrarse considerando un impuesto de «trabajador infantil», que sería un impuesto que se aplicaría a los trabajadores experimentados con el fin de animar a las empresas a contratar a trabajadores más jóvenes con menos experiencia. Después de todo, sin esa ayuda a los jóvenes trabajadores, ¿cómo podrían sobrevivir durante los años de formación en las escuelas? Es evidente que tenemos que gravar a los trabajadores de más edad para fomentar el desarrollo del capital humano en nuestros trabajadores jóvenes.

III. SEGURIDAD NACIONAL

Un tercer argumento popular en apoyo de los aranceles es que ciertas industrias, como la del acero, son esenciales para la preparación para la guerra. La gente que argumenta esta ruta puede admitir que los precios del acero serán más altos, y el nivel de vida más bajo, desde un punto de vista puramente económico, pero que es mejor perder unos cuantos dólares al año y tener un suministro garantizado de acero en lugar de arriesgarse a perder una guerra.

Este argumento no tiene en cuenta que el mercado libre es totalmente capaz de hacer frente a las interrupciones del suministro. Si el ciudadano proteccionista que escribe cartas al editor es capaz de prever una interrupción en las importaciones de acero durante una guerra importante, también pueden hacerlo los magnates y especuladores de la propia industria del acero. Después de todo, pueden ganar o perder miles de millones de dólares dependiendo de la exactitud de sus pronósticos.

Consideremos el peor de los casos en que Estados Unidos importa todo su acero de países extranjeros, y existe una gran probabilidad de que se produzca una guerra importante en un año, y que si esto ocurre, todos y cada uno de nuestros proveedores cortarán el envío de acero. ¿Cuál será la respuesta del mercado? ¿Seguirá vendiéndose el acero a su precio habitual, y la gente de la industria siderúrgica se centrará únicamente en las cotizaciones bursátiles de mañana?

Por supuesto que no. Si el suministro de acero se cortara por completo, el precio de mercado del acero se dispararía (suponiendo que el gobierno no tome medidas para evitar la «estafa» y la «especulación»). Debido a esta posibilidad, los especuladores comprarán y almacenarán grandes cantidades de acero a los bajos precios actuales. (Después de todo, incluso si la guerra nunca llega, simplemente pueden revender el acero a su precio original, perdiendo sólo los costos de almacenamiento. El acero no es perecedero como la leche o los tomates.)

Además, si se espera que la guerra se prolongue durante muchos años, de modo que en ese momento sería necesario contar con una industria siderúrgica nacional, en la actualidad será rentable para los empresarios reacondicionar sus fábricas para que se pueda pasar a la producción de acero con relativa rapidez en caso de que estalle la guerra. Y si, debido a este costoso reacondicionamiento, las empresas en cuestión pueden cubrir sus costes variables (aunque no sus costes totales) mediante la producción de acero, entonces la posibilidad de guerra (y los precios exorbitantes del acero) estimulará a una industria siderúrgica nacional que opera con pérdidas a corto plazo con la esperanza de compensar sus costes irrecuperables una vez que estalle la guerra.

En resumen, el sistema de beneficios llevará automáticamente a los empresarios privados a tomar precisamente las medidas cautelares y previsoras que supuestamente promueve la tarifa del acero. La diferencia es que las acciones privadas sólo se emprenderían si los riesgos fueran lo suficientemente altos como para que las medidas cautelares valieran la pena, mientras que los políticos promulgarían aranceles sobre el acero en nombre de la defensa, incluso si no existe una amenaza real de una interrupción completa de las importaciones.

En conclusión, hemos visto que tres argumentos populares a favor de los aranceles —reducir los déficits comerciales, promover las industrias incipientes y garantizar la seguridad nacional— son tan falaces como las afirmaciones proteccionistas más crudas.

Robert P. Murphy is a Senior Fellow with the Mises Institute and Research Assistant Professor with the Free Market Institute at Texas Tech University. He is the author of many books. His latest is Contra Krugman: Smashing the Errors of America’s Most Famous Keynesian. His other words include Chaos Theory, Lessons for the Young Economist, and Choice: Cooperation, Enterprise, and Human Action (Independent Institute, 2015) which is a modern distillation of the essentials of Mises’s thought for the layperson. Murphy is co-host, with Tom Woods, of the popular podcast Contra Krugman, which is a weekly refutation of Paul Krugman’s New York Times column. He is also host of The Bob Murphy Show

El Estado Benefactor en Estados Unidos, no es pequeño y, además, es insostenible

Michael Tanner, del Cato Institute, escribe en Libertarianism.org sobre el estado benefactor en Estados Unidos. Usualmente se cree que es más limitado que el europeo, pero veamos lo que este autor dice:

“El estado de bienestar de los Estados Unidos es mucho más grande de lo que comúnmente se cree. Solo el gobierno federal financia y opera más de 100 programas de lucha contra la pobreza o asistencia social, a un costo de más de $ 700 mil millones anuales. Los gobiernos estatales y locales contribuyen $ 300 mil millones adicionales a estos programas, lo que significa que gastamos más de $ 1 billón por año en asistencia social. De hecho, desde que Lyndon Johnson declaró por primera vez la «guerra contra la pobreza» en 1965, los programas de lucha contra la pobreza han costado a los contribuyentes más de $ 23 billones (sobre una base ajustada a la inflación).

La pregunta no es si todo este gasto redujo muchas de las peores privaciones de la pobreza material. Por supuesto que sí, y lo hace. Como señala el economista de la Universidad George Mason, Tyler Cowen, según la mayoría de las teorías económicas clásicas, “un regalo en efectivo siempre hace que las personas estén mejor”. $ 23 billones es una gran suma de dinero en cualquier medida. Independientemente de la visión tenue que uno tenga de la competencia del gobierno en general, sería prácticamente imposible para el gobierno gastar $ 23 billones sin beneficiar a al menos algunas personas pobres.

Las mediciones de la pobreza que dan cuenta plenamente de las prestaciones sociales, tanto en efectivo como en efectivo, muestran que la tasa real de pobreza es mucho más baja que las estimaciones oficiales de la oficina del censo. E incluso una prueba ocular rápida muestra que el tipo de pobreza profunda que se había generalizado tan recientemente como en la década de 1960, donde grandes cantidades de pobres carecían de electricidad o agua corriente, o donde la desnutrición estaba generalizada, ha sido casi eliminada.

Esto ha llevado a algunos a argumentar para continuar o incluso expandir el estado de bienestar. Pero esa sería la lección equivocada para dibujar. Sigue habiendo muchas razones para cuestionar nuestro enfoque actual para combatir la pobreza. Entre ellas:

El estado del bienestar es insostenible.”

El artículo completo en: https://www.libertarianism.org/columns/libertarian-perspective-modern-american-welfare-state

La búsqueda de privilegios por grandes empresas a través de las regulaciones. El complejo industrial-regulador

Interesante artículo de Lu Rockwell, fundador del Mises Institute, sobre el lobby regulatorio en los Estados Unidos, parecido al que existe en cualquier otro país. O cómo es que grandes empresas buscan privilegios a través de las regulaciones. Algunos párrafos:

El complejo industrial-regulador

05/17/2019Llewellyn H. Rockwell Jr.

Los socialistas quieren el socialismo para todos los demás, pero el capitalismo para sí mismos, mientras que los capitalistas quieren el capitalismo para todos los demás, pero el socialismo para sí mismos.

Ni Ted Kennedy ni Jane Fonda hacen voto de pobreza, ni llevan a ninguna persona sin hogar a sus mansiones, mientras que demasiadas compañías grandes tratan de cortocircuitar el mercado con privilegios gubernamentales. Y una manera de hacerlo es a través de las agencias reguladoras que acaban con el acné en Washington, DC.

Si se me permite hacer una confesión pública (contando con la caridad de los lectores del Mises Daily): Solía trabajar para el Congreso de los Estados Unidos. Desde entonces he seguido adelante, por supuesto, pero la experiencia tuvo su valor, tanto como el futuro criminólogo podría beneficiarse de servir con la Pandilla James.

Por un lado, estar en el Capitolio me mostró que, a diferencia de la visión de la república de los Padres Fundadores, nuestro Leviatán de DC existe sólo para extraer dinero y poder del pueblo para sí mismo y para los intereses especiales.

Ludwig von Mises llamó a esto un inevitable «conflicto de castas». No puede haber un conflicto de clases natural en la sociedad, mostró Mises, ya que el libre mercado armoniza todos los intereses económicos, pero en un sistema de privilegios otorgados por el gobierno, debe haber una lucha entre los que viven del gobierno y el resto de nosotros. Es una lucha disfrazada, por supuesto, ya que la verdad amenaza el botín.

Cuando trabajé en el Capitolio, Jimmy Carter balbuceaba por la crisis energética y prometía castigar a los grandes petroleros con un «impuesto a las ganancias inesperadas». Pero vi que los cabilderos que presionaban por el impuesto eran de las grandes compañías petroleras.

Y, después de pensarlo un momento, fue fácil darse cuenta de por qué. No había ningún impuesto a las ganancias inesperadas en Arabia Saudita, pero cayó fuertemente sobre Oklahoma. Y como estaba previsto, el impuesto ayudó a las grandes empresas que importaban petróleo castigando a sus competidores, empresas más pequeñas e independientes.

El artículo completo en: https://mises.org/es/library/el-complejo-industrial-regulador

Dos temas que no parecen directamente relacionados, lo están para Alberdi: población y Aduanas

Con los alumnos de la UBA Derecho, leemos a Juan Bautista Alberdi en Sistema Económico y Rentístico. Cuando trata el tema de la población, lo vincula con el de la Aduana. Citando a Flores Estrada, dice:

«Los Españoles (nos dice el mismo autor) no conocían las aduanas. En los siglos XII, XIII y XIV el comercio que se hacía en toda la península, y particularmente en las provincias de la corona de Aragón, era inmenso. Hasta entonces toda la renta de los reyes se componía de las propiedades de la corona, de algunas obvenciones extraordinarias y de los únicos impuestos de la alcabala y de los cientos, contribución sobre toda mercancía, que primero fue de un cinco por ciento y después de un diez.. Desde fines del siglo XIV hasta mediados del XV, a medida que avanzaban las conquistas de los españoles y cedían el campo sus antiguos vencedores, se hacía sensible la decadencia de España. A Carlos I, el primer monarca de España que organizó metódicamente el despotismo, se debe el bárbaro reglamento de aduanas, estableciendo en 1529, y con él la ruina de la Nación, dice el brillante y sabio economista español.

El hecho es que por resultado de ese sistema aduanero y de otras instituciones económicas, o mejor, anti-económicas de su jaez, sin incluir la pérdida de los dos millones de Arabes expulsados por Felipe III, el resto de la población se halló disminuida en más de una mitad, pues en 1715, según aparece de un censo practicado entonces, no excedía la población de seis millones, al paso que en 1688 todavía constaba de doce millonesb.

El economista español, que acabo de citar, mencionado por Blanqui, del Instituto de Francia, en su Historia de la economía política, como uno de los primeros tratadistas de Europa en ese ramo, Flóres Estrada, opinaba en su libro citado por la abolición absoluta de las aduanas, y aun sin retribución o reciprocidad de otras naciones.

Si tal sistema fuese admisible en la hipótesis de la ciencia, por hoy fuera inaplicable a la República Argentina, que coloca por el art. 4 de su Constitución el producto de derechos de importación y exportación de las aduanas en el número de las fuentes de su Tesoro nacional. – Por su art. 64 da al Congreso el poder de legislar sobre las aduanas exteriores y establecer los derechos de importación y exportación que han de satisfacerse en ellas.

La aduana entra, pues, en el número de los males inevitables de la República Argentina, como figura en las rentas de los países más libres de la tierra. Es un legado doloroso de los errores de otros siglos.

Sin embargo, al legislador le incumbe reducirlo a sus menores dimensiones, dándole el carácter preciso que tiene por la Constitución, y poniéndolo en armonía, como interés fiscal, con los propósitos económicos, que la Constitución coloca primero y más alto que los intereses del fisco.»

Los norteamericanos tienen una larga tradición de libertad, pero también están enamorados del Estado

El enamoramiento con el Estado no es propio de los argentinos. Los norteamericanos también se enamoran de agencias gubernamentales que brindan servicios que el mercado puede perfectamente brindar y en la mayoría de los casos lo hace, y mucho mejor (correo), de otras que todavía no sabemos qué beneficios ha traído a los contribuyentes el enorme presupuesto(NASA), y, por último, algunas que supuestamente los van a defender, pero que también controlan todos sus movimientos (CIA, FBI, Homeland Security).

En una reciente encuesta de Gallup, les preguntaron cuáles eran las agencias gubernamentales que hacían un mejor trabajo. El resultado se muestra en el cuadro siguiente, y el informe completo está en : https://news.gallup.com/poll/257510/postal-service-americans-favorite-federal-agency.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_content=morelink&utm_campaign=syndication

Saquen sus propias conclusiones

Americans’ Ratings of Job — Key Federal Departments and Agencies
How would you rate the job being done by… Would you say it is doing an excellent, good, only fair or poor job?
Excellent/Good Only fair Poor
% % %
The U.S. Postal Service 74 18 8
The Secret Service 69 19 8
The Centers for Disease Control and Prevention, or the CDC 64 22 12
The Central Intelligence Agency, or the CIA 60 25 12
NASA, the U.S. space agency 60 26 5
The Federal Bureau of Investigation, or the FBI 57 23 19
The Department of Homeland Security 55 26 17
The Federal Emergency Management Agency, or FEMA 52 29 16
The Internal Revenue Service, or the IRS 50 30 19
The Federal Reserve Board 48 34 13
The Food and Drug Administration, or FDA 44 33 22
The Environmental Protection Agency, or EPA 43 30 26
The Veterans Administration, or VA 39 31 28
Gallup, April 17-30, 2019

Alberdi se pregunta si el Estado tiene que tener empresas tales como bancos, ferrocarriles y otras

Con los alumnos de la UBA Derecho vemos a Juan Bautista Alberdi plantear si el Estado tiene que tener algún tipo de “empresa”, incluyendo en ellas bancos, ferrocarriles y otras:

“Bancos, casas de seguros, ferrocarriles, líneas de navegación a vapor, canales, muelles, puentes, empresas y fabricaciones de todo género, toda cuanta operación entra en el dominio de la industria, debe de estar al alcance de los capitales particulares dispuestos a emplearse en la explotación de esos trabajos y empresas verdaderamente industriales, si las libertades concedidas por los artículos 14 y 20 de la Constitución, como base del derecho industrial, han, de ser una verdad práctica y no una ostentación de mentido liberalismo.

La industria, es decir, la fuerza que produce las riquezas forma esencialmente un derecho privado. Así lo ha entendido la Constitución argentina, colocando entre los derechos civiles de sus habitantes el de ejercer toda industria y todo trabajo, de navegar y comerciar, de entrar, salir y transitar el territorio, de usar y disponer de su propiedad. Conceder todo esto es hacer de la industria un derecho civil de todos los habitantes del país, porque todo eso forma el ejercicio de la industria y no es más.

De este principio, el más trascendental que contenga el edificio político argentino, resulta que -toda ley, todo reglamento, todo estatuto, que saca de manos de los particulares el ejercicio de alguna de esas operaciones, que se reputan y son industriales por esencia en todas las legislaciones del mundo, y hace de él un monopolio o servicio exclusivo del Estado- ataca las libertades concedidas por la Constitución, y altera la naturaleza del gobierno, cuyas atribuciones se reducen por la Constitución a legislar, juzgar y gobernar; jamás a ejercer industrias de dominio privado. No hallaréis en toda la Constitución Argentina una disposición que atribuya a rama alguna del gobierno la facultad de ejercer el comercio, la agricultura o las. manufacturas por cuenta del Estado.

El gobierno que se hace banquero, asegurador, martillero, empresario de industria en vías de comunicación y en construcciones de otro género, sale de su rol constitucional; y si excluye de esos ramos a los particulares, entonces se alza con el derecho privado y con la Constitución, echando a la vez al país en la pobreza y en la arbitrariedad.

Si esas industrias fuesen atribuciones suyas y no da los particulares, por utilidad del Estado convendría desprenderle de ellas, y deferirlas a los particulares. No hay peor agricultor, peor comerciante, peor fabricante que el gobierno; porque siendo estas cosas ajenas de la materia gubernamental, ni las atiende el gobierno, ni tiene tiempo, ni capitales, ni está organizado para atenderlas por la Constitución, que no ha organizado sus facultades y deberes como para casa de comercio, sino para el gobierno del Estado.”