Las restricciones para viajar a Cuba que impone Trump terminan alimentando el discurso cubano

El Mises Institute reproduce esta nota de Alice Salles sobre los viajes a Cuba:

“La prohibición de viajar a Cuba de Trump es un muro contra los estadounidenses

Alice Salles

El Estado tiene demasiado poder sobre las personas. Pero la mayoría de nosotros no podemos comprender realmente cuán profundo es este poder hasta que nuestras vidas son completamente cambiadas por una nueva política.

Tres años después de que el presidente Obama redujera las restricciones para viajar a Cuba, la administración Trump impuso nuevas restricciones para los turistas estadounidenses. Esta nueva política afecta a los aviones y barcos privados y corporativos, a los cruceros y a otros viajes de grupo a la nación isleña.

En un comunicado de prensa, el secretario de Hacienda, Steven Mnuchin, dijo que la prohibición de viajar fue restablecida debido al «papel desestabilizador en el Hemisferio Occidental, proporcionando un punto de apoyo comunista en la región y apoyando a los adversarios de Estados Unidos en lugares como Venezuela y Nicaragua, fomentando la inestabilidad, socavando el imperio de la ley y suprimiendo los procesos democráticos».

Con las nuevas restricciones, dijo Mnuchin, la administración espera «mantener los dólares estadounidenses fuera del alcance de los servicios militares, de inteligencia y de seguridad cubanos».

En Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla, dijo que Estados Unidos quiere «[sofocar] la economía y[dañar] el nivel de vida de los cubanos para obtener concesiones políticas a la fuerza».

Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla, Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, criticó fuertemente las nuevas sanciones a los viajes.

«Rechazo enérgicamente las nuevas sanciones anunciadas por #US vs. #Cuba que restringen aún más los viajes de los ciudadanos de #US a Cuba, con el objetivo de sofocar la economía y dañar el nivel de vida de los cubanos para obtener concesiones políticas por la fuerza», escribió Parrilla en Twitter. «Una vez más, fracasarán».

Independientemente de cómo se sienta, el conflicto entre el gobierno de Estados Unidos y el régimen cubano no debería afectar a la gente que no tiene nada que ver con ello. Ya sea que los funcionarios de ambos países lo reconozcan o no, no tienen autoridad legítima sobre la vida de las personas.

El Estado no debería dictar la política de viajes

Este nuevo ataque a Cuba, admitió el propio Mnuchin en su declaración, se debe a la estrecha asociación de Cuba con Venezuela. Pero debido a que estas restricciones afectan directamente a los ciudadanos cubanos, ya que muchos sólo pueden ganarse la vida gracias a los turistas estadounidenses, el movimiento de Trump podría ser visto como un acto de guerra.

Ya sea que usted apoye o no a los regímenes opresivos de Venezuela y Cuba, la naturaleza de la política de la actual administración no puede ser ignorada, ya que pone a Estados Unidos, una vez más, en el papel de la policía del mundo. Y como hemos visto en el pasado, desempeñar este papel significa poner en peligro la vida de personas inocentes.

Mientras que para algunos podría parecer bien castigar a todo el país por su gobierno corrupto, la realidad es que los cubanos no están enamorados del comunismo… Por el contrario, muchos están de acuerdo en que su gobierno no los representa. Pero cuando Estados Unidos impone sanciones o prohibiciones de viajar, termina alimentando la propaganda del Estado cubano y restringiendo el derecho del individuo a hacer lo que le plazca con su propio dinero. Al final, los que más sufren son los cubanos, muchos de los cuales viven del intercambio con extranjeros.”

Tres argumentos a favor de los aranceles a la importación son criticados: nos caben dos seguramente

Muchos proponentes de los aranceles reconocen lo absurdo de los aranceles como regla general. Sin embargo, consideran que hay ciertos casos especiales en los que los aranceles están justificados, y de hecho son vitales para la supervivencia de una nación. En este artículo analizaré tres de estos argumentos:

https://mises.org/es/wire/3-argumentos-modernos-favor-de-los-aranceles-desacreditados

I. REDUCIR EL DÉFICIT COMERCIAL

Mucha gente cree que un arancel sobre los bienes de un país específico es necesario cuando los Estados Unidos sufre de un alto déficit comercial con ese país. (Un déficit comercial ocurre cuando el valor monetario de las importaciones de un país excede el valor monetario de las exportaciones a ese mismo país). Sí, estas personas podrían argumentar que el comercio es bueno en general, pero sólo cuando está equilibrado. Si los EE.UU. compran constantemente más de, digamos, Japón que los japoneses nos compran a nosotros, entonces esta es una propuesta perdedora a largo plazo, porque drena nuestra moneda y socava nuestra capacidad de producir en el futuro.

Estos argumentos son casi tan tontos como el deseo general de proteccionismo, ya que pasan por alto el hecho de que un país puede tener un déficit comercial con Japón pero un superávit comercial con otros países. En última instancia, un país paga sus importaciones con exportaciones, pero eso no significa que un país deba pagar por sus importaciones desde Japón con exportaciones a Japón.

Para ver esto, imagínese un escenario simplificado donde Japón vende automóviles a Estados Unidos, Estados Unidos vende software a Kuwait y Kuwait vende petróleo a Japón. En este ejemplo ficticio, Estados Unidos tendría un déficit comercial con Japón pero un superávit con Kuwait, Kuwait tendría un déficit comercial con Estados Unidos pero un superávit con Japón, y Japón tendría un déficit comercial con Kuwait pero un superávit con Estados Unidos. Entonces los japoneses podrían usar los dinares para comprar petróleo kuwaití, mientras que los kuwaitíes usarían los dólares para importar software estadounidense.

Si los déficits comerciales siguen pareciendo peligrosos, considere que cada persona (que tiene un trabajo) tiene un enorme superávit comercial con la ciudad en la que está ubicado su empleador, y un déficit comercial con muchas otras ciudades de los Estados Unidos. En mi caso (y como les explico a mis estudiantes), tengo un enorme superávit comercial con el Condado de Hillsdale: si sumáramos todas las transacciones que realizo con personas que viven en el Condado de Hillsdale, descubriríamos que cada mes termino pagando mucho menos de lo que recibo. En contraste, tengo un gran déficit comercial con la cercana ciudad de Jackson, ya que aquí es donde mi esposa y yo vamos los fines de semana cuando queremos hacer algunas compras decentes. ¿Estoy llevando a cabo mi política comercial de forma tonta? ¿Debo restringir mis compras de Jackson hasta que tome un trabajo de medio tiempo en esa ciudad, tal vez en la de Denny?

II. SECTORES INCIPIENTES

Otra justificación popular para los aranceles es el argumento de la industria incipiente. Según este argumento, una tarifa es realmente mala en general. Sin embargo, un arancel temporal en una industria en desarrollo es algo bueno, porque permite que las empresas nacionales maduren y se vuelvan competitivas con las empresas extranjeras establecidas en la industria. Una vez que la incipiente industria se haya puesto al nivel de los competidores extranjeros más avanzados, se podrá eliminar el arancel.

Es revelador que estas propuestas nunca mencionen la duración del proceso de «maduración». Después de todo, si los consumidores se ven obligados (por la tarifa) a pagar precios más altos a productores nacionales relativamente ineficientes durante, digamos, dos años, después de los cuales los productores nacionales superarán a sus rivales extranjeros y ofrecerán precios más bajos para siempre, entonces el acuerdo no suena tan mal. Pero si los consumidores se ven obligados a subsidiar indirectamente a los productores nacionales ineficientes durante ochenta años con la esperanza de que algún día lleguen a ser competitivos, entonces la propuesta suena mucho menos atractiva. El hecho de que quienes defienden el argumento de la industria naciente ni siquiera mencionan el marco de tiempo demuestra lo poco que han pensado realmente en su propuesta.

A pesar de las propuestas de la industria incipiente, el mercado libre contiene un mecanismo por el cual las empresas pueden sufrir pérdidas a corto plazo siempre y cuando sean compensadas por eventuales ganancias a largo plazo. Ese mecanismo es simplemente un préstamo. Muchas empresas nuevas, especialmente las de propietarios únicos, no ganan dinero en sus primeros años de operación. Pero mientras el valor actual de los flujos de caja futuros esperados de la empresa sea positivo, los propietarios de la empresa deberían poder pedir dinero prestado para financiar los primeros años a medida que desarrollen experiencia, confianza de marca, etc.

Si una empresa o grupo de empresas no puede conseguir financiación de inversores privados para llevar a cabo sus proyectos porque los valores actuales de sus empresas son negativos, entonces esa es la forma en que el mercado dice que sus planes derrocharán recursos valiosos a corto plazo sin compensar suficientemente las ganancias a largo plazo. El defensor de una tarifa para promover una industria incipiente dice así que él o ella sabe mejor cómo determinar las compensaciones intertemporales que la persona promedio en sus decisiones de pedir o prestar dinero a diferentes tasas de interés.

El absurdo de la tarifa de la industria infantil puede ilustrarse considerando un impuesto de «trabajador infantil», que sería un impuesto que se aplicaría a los trabajadores experimentados con el fin de animar a las empresas a contratar a trabajadores más jóvenes con menos experiencia. Después de todo, sin esa ayuda a los jóvenes trabajadores, ¿cómo podrían sobrevivir durante los años de formación en las escuelas? Es evidente que tenemos que gravar a los trabajadores de más edad para fomentar el desarrollo del capital humano en nuestros trabajadores jóvenes.

III. SEGURIDAD NACIONAL

Un tercer argumento popular en apoyo de los aranceles es que ciertas industrias, como la del acero, son esenciales para la preparación para la guerra. La gente que argumenta esta ruta puede admitir que los precios del acero serán más altos, y el nivel de vida más bajo, desde un punto de vista puramente económico, pero que es mejor perder unos cuantos dólares al año y tener un suministro garantizado de acero en lugar de arriesgarse a perder una guerra.

Este argumento no tiene en cuenta que el mercado libre es totalmente capaz de hacer frente a las interrupciones del suministro. Si el ciudadano proteccionista que escribe cartas al editor es capaz de prever una interrupción en las importaciones de acero durante una guerra importante, también pueden hacerlo los magnates y especuladores de la propia industria del acero. Después de todo, pueden ganar o perder miles de millones de dólares dependiendo de la exactitud de sus pronósticos.

Consideremos el peor de los casos en que Estados Unidos importa todo su acero de países extranjeros, y existe una gran probabilidad de que se produzca una guerra importante en un año, y que si esto ocurre, todos y cada uno de nuestros proveedores cortarán el envío de acero. ¿Cuál será la respuesta del mercado? ¿Seguirá vendiéndose el acero a su precio habitual, y la gente de la industria siderúrgica se centrará únicamente en las cotizaciones bursátiles de mañana?

Por supuesto que no. Si el suministro de acero se cortara por completo, el precio de mercado del acero se dispararía (suponiendo que el gobierno no tome medidas para evitar la «estafa» y la «especulación»). Debido a esta posibilidad, los especuladores comprarán y almacenarán grandes cantidades de acero a los bajos precios actuales. (Después de todo, incluso si la guerra nunca llega, simplemente pueden revender el acero a su precio original, perdiendo sólo los costos de almacenamiento. El acero no es perecedero como la leche o los tomates.)

Además, si se espera que la guerra se prolongue durante muchos años, de modo que en ese momento sería necesario contar con una industria siderúrgica nacional, en la actualidad será rentable para los empresarios reacondicionar sus fábricas para que se pueda pasar a la producción de acero con relativa rapidez en caso de que estalle la guerra. Y si, debido a este costoso reacondicionamiento, las empresas en cuestión pueden cubrir sus costes variables (aunque no sus costes totales) mediante la producción de acero, entonces la posibilidad de guerra (y los precios exorbitantes del acero) estimulará a una industria siderúrgica nacional que opera con pérdidas a corto plazo con la esperanza de compensar sus costes irrecuperables una vez que estalle la guerra.

En resumen, el sistema de beneficios llevará automáticamente a los empresarios privados a tomar precisamente las medidas cautelares y previsoras que supuestamente promueve la tarifa del acero. La diferencia es que las acciones privadas sólo se emprenderían si los riesgos fueran lo suficientemente altos como para que las medidas cautelares valieran la pena, mientras que los políticos promulgarían aranceles sobre el acero en nombre de la defensa, incluso si no existe una amenaza real de una interrupción completa de las importaciones.

En conclusión, hemos visto que tres argumentos populares a favor de los aranceles —reducir los déficits comerciales, promover las industrias incipientes y garantizar la seguridad nacional— son tan falaces como las afirmaciones proteccionistas más crudas.

Robert P. Murphy is a Senior Fellow with the Mises Institute and Research Assistant Professor with the Free Market Institute at Texas Tech University. He is the author of many books. His latest is Contra Krugman: Smashing the Errors of America’s Most Famous Keynesian. His other words include Chaos Theory, Lessons for the Young Economist, and Choice: Cooperation, Enterprise, and Human Action (Independent Institute, 2015) which is a modern distillation of the essentials of Mises’s thought for the layperson. Murphy is co-host, with Tom Woods, of the popular podcast Contra Krugman, which is a weekly refutation of Paul Krugman’s New York Times column. He is also host of The Bob Murphy Show

El Estado Benefactor en Estados Unidos, no es pequeño y, además, es insostenible

Michael Tanner, del Cato Institute, escribe en Libertarianism.org sobre el estado benefactor en Estados Unidos. Usualmente se cree que es más limitado que el europeo, pero veamos lo que este autor dice:

“El estado de bienestar de los Estados Unidos es mucho más grande de lo que comúnmente se cree. Solo el gobierno federal financia y opera más de 100 programas de lucha contra la pobreza o asistencia social, a un costo de más de $ 700 mil millones anuales. Los gobiernos estatales y locales contribuyen $ 300 mil millones adicionales a estos programas, lo que significa que gastamos más de $ 1 billón por año en asistencia social. De hecho, desde que Lyndon Johnson declaró por primera vez la «guerra contra la pobreza» en 1965, los programas de lucha contra la pobreza han costado a los contribuyentes más de $ 23 billones (sobre una base ajustada a la inflación).

La pregunta no es si todo este gasto redujo muchas de las peores privaciones de la pobreza material. Por supuesto que sí, y lo hace. Como señala el economista de la Universidad George Mason, Tyler Cowen, según la mayoría de las teorías económicas clásicas, “un regalo en efectivo siempre hace que las personas estén mejor”. $ 23 billones es una gran suma de dinero en cualquier medida. Independientemente de la visión tenue que uno tenga de la competencia del gobierno en general, sería prácticamente imposible para el gobierno gastar $ 23 billones sin beneficiar a al menos algunas personas pobres.

Las mediciones de la pobreza que dan cuenta plenamente de las prestaciones sociales, tanto en efectivo como en efectivo, muestran que la tasa real de pobreza es mucho más baja que las estimaciones oficiales de la oficina del censo. E incluso una prueba ocular rápida muestra que el tipo de pobreza profunda que se había generalizado tan recientemente como en la década de 1960, donde grandes cantidades de pobres carecían de electricidad o agua corriente, o donde la desnutrición estaba generalizada, ha sido casi eliminada.

Esto ha llevado a algunos a argumentar para continuar o incluso expandir el estado de bienestar. Pero esa sería la lección equivocada para dibujar. Sigue habiendo muchas razones para cuestionar nuestro enfoque actual para combatir la pobreza. Entre ellas:

El estado del bienestar es insostenible.”

El artículo completo en: https://www.libertarianism.org/columns/libertarian-perspective-modern-american-welfare-state

La búsqueda de privilegios por grandes empresas a través de las regulaciones. El complejo industrial-regulador

Interesante artículo de Lu Rockwell, fundador del Mises Institute, sobre el lobby regulatorio en los Estados Unidos, parecido al que existe en cualquier otro país. O cómo es que grandes empresas buscan privilegios a través de las regulaciones. Algunos párrafos:

El complejo industrial-regulador

05/17/2019Llewellyn H. Rockwell Jr.

Los socialistas quieren el socialismo para todos los demás, pero el capitalismo para sí mismos, mientras que los capitalistas quieren el capitalismo para todos los demás, pero el socialismo para sí mismos.

Ni Ted Kennedy ni Jane Fonda hacen voto de pobreza, ni llevan a ninguna persona sin hogar a sus mansiones, mientras que demasiadas compañías grandes tratan de cortocircuitar el mercado con privilegios gubernamentales. Y una manera de hacerlo es a través de las agencias reguladoras que acaban con el acné en Washington, DC.

Si se me permite hacer una confesión pública (contando con la caridad de los lectores del Mises Daily): Solía trabajar para el Congreso de los Estados Unidos. Desde entonces he seguido adelante, por supuesto, pero la experiencia tuvo su valor, tanto como el futuro criminólogo podría beneficiarse de servir con la Pandilla James.

Por un lado, estar en el Capitolio me mostró que, a diferencia de la visión de la república de los Padres Fundadores, nuestro Leviatán de DC existe sólo para extraer dinero y poder del pueblo para sí mismo y para los intereses especiales.

Ludwig von Mises llamó a esto un inevitable «conflicto de castas». No puede haber un conflicto de clases natural en la sociedad, mostró Mises, ya que el libre mercado armoniza todos los intereses económicos, pero en un sistema de privilegios otorgados por el gobierno, debe haber una lucha entre los que viven del gobierno y el resto de nosotros. Es una lucha disfrazada, por supuesto, ya que la verdad amenaza el botín.

Cuando trabajé en el Capitolio, Jimmy Carter balbuceaba por la crisis energética y prometía castigar a los grandes petroleros con un «impuesto a las ganancias inesperadas». Pero vi que los cabilderos que presionaban por el impuesto eran de las grandes compañías petroleras.

Y, después de pensarlo un momento, fue fácil darse cuenta de por qué. No había ningún impuesto a las ganancias inesperadas en Arabia Saudita, pero cayó fuertemente sobre Oklahoma. Y como estaba previsto, el impuesto ayudó a las grandes empresas que importaban petróleo castigando a sus competidores, empresas más pequeñas e independientes.

El artículo completo en: https://mises.org/es/library/el-complejo-industrial-regulador

Dos temas que no parecen directamente relacionados, lo están para Alberdi: población y Aduanas

Con los alumnos de la UBA Derecho, leemos a Juan Bautista Alberdi en Sistema Económico y Rentístico. Cuando trata el tema de la población, lo vincula con el de la Aduana. Citando a Flores Estrada, dice:

«Los Españoles (nos dice el mismo autor) no conocían las aduanas. En los siglos XII, XIII y XIV el comercio que se hacía en toda la península, y particularmente en las provincias de la corona de Aragón, era inmenso. Hasta entonces toda la renta de los reyes se componía de las propiedades de la corona, de algunas obvenciones extraordinarias y de los únicos impuestos de la alcabala y de los cientos, contribución sobre toda mercancía, que primero fue de un cinco por ciento y después de un diez.. Desde fines del siglo XIV hasta mediados del XV, a medida que avanzaban las conquistas de los españoles y cedían el campo sus antiguos vencedores, se hacía sensible la decadencia de España. A Carlos I, el primer monarca de España que organizó metódicamente el despotismo, se debe el bárbaro reglamento de aduanas, estableciendo en 1529, y con él la ruina de la Nación, dice el brillante y sabio economista español.

El hecho es que por resultado de ese sistema aduanero y de otras instituciones económicas, o mejor, anti-económicas de su jaez, sin incluir la pérdida de los dos millones de Arabes expulsados por Felipe III, el resto de la población se halló disminuida en más de una mitad, pues en 1715, según aparece de un censo practicado entonces, no excedía la población de seis millones, al paso que en 1688 todavía constaba de doce millonesb.

El economista español, que acabo de citar, mencionado por Blanqui, del Instituto de Francia, en su Historia de la economía política, como uno de los primeros tratadistas de Europa en ese ramo, Flóres Estrada, opinaba en su libro citado por la abolición absoluta de las aduanas, y aun sin retribución o reciprocidad de otras naciones.

Si tal sistema fuese admisible en la hipótesis de la ciencia, por hoy fuera inaplicable a la República Argentina, que coloca por el art. 4 de su Constitución el producto de derechos de importación y exportación de las aduanas en el número de las fuentes de su Tesoro nacional. – Por su art. 64 da al Congreso el poder de legislar sobre las aduanas exteriores y establecer los derechos de importación y exportación que han de satisfacerse en ellas.

La aduana entra, pues, en el número de los males inevitables de la República Argentina, como figura en las rentas de los países más libres de la tierra. Es un legado doloroso de los errores de otros siglos.

Sin embargo, al legislador le incumbe reducirlo a sus menores dimensiones, dándole el carácter preciso que tiene por la Constitución, y poniéndolo en armonía, como interés fiscal, con los propósitos económicos, que la Constitución coloca primero y más alto que los intereses del fisco.»

Los norteamericanos tienen una larga tradición de libertad, pero también están enamorados del Estado

El enamoramiento con el Estado no es propio de los argentinos. Los norteamericanos también se enamoran de agencias gubernamentales que brindan servicios que el mercado puede perfectamente brindar y en la mayoría de los casos lo hace, y mucho mejor (correo), de otras que todavía no sabemos qué beneficios ha traído a los contribuyentes el enorme presupuesto(NASA), y, por último, algunas que supuestamente los van a defender, pero que también controlan todos sus movimientos (CIA, FBI, Homeland Security).

En una reciente encuesta de Gallup, les preguntaron cuáles eran las agencias gubernamentales que hacían un mejor trabajo. El resultado se muestra en el cuadro siguiente, y el informe completo está en : https://news.gallup.com/poll/257510/postal-service-americans-favorite-federal-agency.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_content=morelink&utm_campaign=syndication

Saquen sus propias conclusiones

Americans’ Ratings of Job — Key Federal Departments and Agencies
How would you rate the job being done by… Would you say it is doing an excellent, good, only fair or poor job?
Excellent/Good Only fair Poor
% % %
The U.S. Postal Service 74 18 8
The Secret Service 69 19 8
The Centers for Disease Control and Prevention, or the CDC 64 22 12
The Central Intelligence Agency, or the CIA 60 25 12
NASA, the U.S. space agency 60 26 5
The Federal Bureau of Investigation, or the FBI 57 23 19
The Department of Homeland Security 55 26 17
The Federal Emergency Management Agency, or FEMA 52 29 16
The Internal Revenue Service, or the IRS 50 30 19
The Federal Reserve Board 48 34 13
The Food and Drug Administration, or FDA 44 33 22
The Environmental Protection Agency, or EPA 43 30 26
The Veterans Administration, or VA 39 31 28
Gallup, April 17-30, 2019

Alberdi se pregunta si el Estado tiene que tener empresas tales como bancos, ferrocarriles y otras

Con los alumnos de la UBA Derecho vemos a Juan Bautista Alberdi plantear si el Estado tiene que tener algún tipo de “empresa”, incluyendo en ellas bancos, ferrocarriles y otras:

“Bancos, casas de seguros, ferrocarriles, líneas de navegación a vapor, canales, muelles, puentes, empresas y fabricaciones de todo género, toda cuanta operación entra en el dominio de la industria, debe de estar al alcance de los capitales particulares dispuestos a emplearse en la explotación de esos trabajos y empresas verdaderamente industriales, si las libertades concedidas por los artículos 14 y 20 de la Constitución, como base del derecho industrial, han, de ser una verdad práctica y no una ostentación de mentido liberalismo.

La industria, es decir, la fuerza que produce las riquezas forma esencialmente un derecho privado. Así lo ha entendido la Constitución argentina, colocando entre los derechos civiles de sus habitantes el de ejercer toda industria y todo trabajo, de navegar y comerciar, de entrar, salir y transitar el territorio, de usar y disponer de su propiedad. Conceder todo esto es hacer de la industria un derecho civil de todos los habitantes del país, porque todo eso forma el ejercicio de la industria y no es más.

De este principio, el más trascendental que contenga el edificio político argentino, resulta que -toda ley, todo reglamento, todo estatuto, que saca de manos de los particulares el ejercicio de alguna de esas operaciones, que se reputan y son industriales por esencia en todas las legislaciones del mundo, y hace de él un monopolio o servicio exclusivo del Estado- ataca las libertades concedidas por la Constitución, y altera la naturaleza del gobierno, cuyas atribuciones se reducen por la Constitución a legislar, juzgar y gobernar; jamás a ejercer industrias de dominio privado. No hallaréis en toda la Constitución Argentina una disposición que atribuya a rama alguna del gobierno la facultad de ejercer el comercio, la agricultura o las. manufacturas por cuenta del Estado.

El gobierno que se hace banquero, asegurador, martillero, empresario de industria en vías de comunicación y en construcciones de otro género, sale de su rol constitucional; y si excluye de esos ramos a los particulares, entonces se alza con el derecho privado y con la Constitución, echando a la vez al país en la pobreza y en la arbitrariedad.

Si esas industrias fuesen atribuciones suyas y no da los particulares, por utilidad del Estado convendría desprenderle de ellas, y deferirlas a los particulares. No hay peor agricultor, peor comerciante, peor fabricante que el gobierno; porque siendo estas cosas ajenas de la materia gubernamental, ni las atiende el gobierno, ni tiene tiempo, ni capitales, ni está organizado para atenderlas por la Constitución, que no ha organizado sus facultades y deberes como para casa de comercio, sino para el gobierno del Estado.”

A pocos meses de la Revolución Soviética, Mises escribe sobre los problemas de la planificación y el cálculo económico en el socialismo

Con los alumnos de Económicas en la UBA leemos a Mises sobre el cálculo económico en el Sistema socialista: http://www.hacer.org/pdf/rev10_vonmises.pdf

Recordemos que en ese Sistema no habría «precios» en el sentido económico ya que estos surgen de intercambios libres de derechos de propiedad, eliminados en el socialismo. Habría unos ciertos números definidos por los planificadores. Mises escribía esto a los pocos años de la Revolución Rusa (1922). Así comenta los problemas que enfrentarían:

Mises1

«Tratemos de imaginar la posición de una comunidad socialista. Habrá cientos de miles de establecimientos que trabajan continuamente. Una minoría de éstos producirá bienes listos para el consumo. La mayoría producirá bienes de capital y productos semimanufacturados. Todos estos establecimientos estarán estrechamente relacionados entre sí. Cada bien pasará por una serie de establecimientos antes de estar listo para el consumo. Sin embargo, la administración económica no tendrá realmente una dirección en medio de la presión de tantos procesos diferentes. No tendrá manera de asegurarse si tal o cual parte del trabajo es realmente necesaria, o si no se estará gastando demasiado material para completar su fabricación. ¿Cómo podría descubrir cuál de los dos procesos es más satisfactorio?

Cuando más, podría comparar la cantidad de productos entregados, pero sólo en contados casos podría comparar los gastos incurridos en su producción. Sabría exactamente, o creería saberlo, qué es lo que está tratando de producir. Por lo tanto, tendría que obtener los resultados deseados con el gasto mínimo. Pero para lograrlo tendría que sacar cálculos, y esos cálculos tendrían que ser cálculos del valor. No podrían ser tan sólo «técnicos», ni podrían ser cálculos sobre el valor-uso de los bienes y servicios. Esto es tan obvio que no necesita pruebas adicionales.

Bajo un sistema basado en la propiedad privada de los medios de producción, la escala de valores es el resultado de las acciones de cada miembro independiente de la sociedad. Todos hacen un doble papel en ella, primero como consumidores y segundo como productores. Como consumidor, el individuo establece el valor de bienes listos para el consumo. Como productor, orienta los bienes de producción hacia aquellos usos que rendirán más. Es así como los bienes de un orden más elevado también se gradúan en forma apropiada a las condiciones existentes de producción y de la demanda dentro de la sociedad.

El juego de estos dos procesos garantiza que el principio económico sea observado tanto en el consumo como en la producción. Y en esta forma surge el sistema exactamente graduado que permite a todos enmarcar su demanda dentro de las líneas económicas.

Bajo el socialismo, todo esto no ocurre. La administración económica puede establecer exactamente qué bienes son más urgentemente necesarios, pero eso es sólo parte del problema. La otra mitad, la evaluación de los medios de producción, no se soluciona. Puede averiguar exactamente el valor de la totalidad de tales instrumentos. Obviamente, ése es igual al valor de las satisfacciones que pueden darse. Si se calcula la pérdida en que se incurriría al retirarlos, también se podría averiguar el valor de instrumentos únicos de producción. Pero no puede asimilarlos a un denominador común de precios, como podría ser bajo un sistema de libertad económica y de precios en dinero.

No es necesario que el socialismo prescinda totalmente del dinero. Es posible concebir arreglos que permitan el empleo del dinero para el intercambio de bienes de consumo. Pero desde el momento en que los diversos factores de producción (incluyendo el trabajo) no pudieran expresarse en dinero, el dinero no jugaría ningún papel en los cálculos económicos

Supongamos, por ejemplo, que la comunidad de países socialistas estuviera planeando un nuevo ferrocarril. ¿Sería ese nuevo ferrocarril realmente conveniente? Si lo fuera, ¿cuánto terreno debería servir? Bajo el sistema de propiedad privada podríamos decidir esas interrogantes por medio de cálculos en dinero. La nueva red de ferrocarril abarataría el transporte de determinados artículos, y en base a ello podríamos calcular si la diferencia en los cargos de transporte justificaría los gastos de construcción y funcionamiento del ferrocarril. Un cálculo así sólo podría hacerse en dinero. No podríamos hacerlo comparando gastos y ahorros en especies. Es absolutamente imposible reducir a unidades corrientes las cantidades de trabajo especializado y no especializado, el hierro, carbón, materiales de construcción, maquinaria y todas las demás cosas que exige el mantenimiento de un ferrocarril, por lo cual es imposible también reducirlos a unidades de cálculo económico. Sólo podremos trazar planes económicos cuando todo aquello que acabamos de enumerar pueda ser asimilado a dinero. Es cierto que los cálculos de dinero no son completos. Es cierto que presentan grandes deficiencias, pero no contamos con nada mejor para reemplazarlos, y, bajo condiciones monetarias seguras, satisfacen todos los objetivos prácticos. Si los dejamos de lado, el cálculo económico se hace absolutamente imposible.

No queremos decir con esto que la comunidad socialista se encontraría totalmente desorientada. Tomaría decisiones a favor o en contra de la empresa propuesta y dictaría una orden. Pero, en el mejor de los casos, esa decisión se basaría tan sólo en vagas evaluaciones. No podría basarse en cálculos exactos de valor.»

Alberdi sobre cómo podía ser anulada la Constitución, en materia económica, por leyes anteriores. ¡Y las que vinieron después!

Con los alumnos de la UBA Derecho vemos a Alberdi en Sistema Económico y Rentístico sobre cómo puede ser anulada la Constitución, en materia económica, por las leyes orgánicas anteriores a su sanción…., y luego habría que ver las posteriores. Algunos párrafos:

“… las garantías y declaraciones contenidas en los art. 14, 16, 18, 26 Y 28 de la Constitución, que trazan los límites del poder de la ley y del legislador en la manera de reglar el ejercicio de los derechos económicos, no sólo prohíben la sanción de nuevas leyes capaces de alterar la libertad económica concedida por la Constitución, sino que imponen al legislador, y a todos los poderes creados para hacer cumplir la Constitución, el deber de promover la derogación expresa y terminante de todas nuestras leyes y reglamentos anteriores a 1853 que de algún modo limitaren o alteren los principios del nuevo sistema constitucional”.

“La adquisición bélica, estéril, primitiva y salvaje por carácter, es abolida en cierto modo por la Constitución argentina (no obstante su artículo 64, inciso 22), por la obligación que impone al gobierno de afianzar las relaciones de comercio con las naciones extranjeras, por medio de tratados que estén en conformidad con los principios del derecho público establecidos en ella (art. 27)”.

“Lo que los Romanos llamaban modo originario imperfecto de adquirir (accesión industrial), es uno de los modos más perfectos que reconozca la adquisición moderna. La adquisición por medio de la producción industrial simple y pura, la adquisición por medio del trabajo, de la tierra y del capital propios, no ajenos, que es la ley de formación de la riqueza moderna, ni siquiera cuenta con un solo estatuto protector en el derecho civil romano.

La accesión industrial agrícola, que era el medio de adquirir el fruto (producto) de la cosa ajena, supone el trabajo en unos y la propiedad territorial en otros, es decir, el feudalismo patricio.”

“Los caminos y canales comprendidos por el antiguo derecho en el número de las cosas públicas, serán por la Constitución de propiedad de quien los construya. Ella coloca su explotación por particulares en el número de las industrias libres para todos. Desde entonces, los caminos y canales pueden ser cosas de propiedad privada. Ni habría posibilidad de obtener los para la locomoción a vapor, sino por asociaciones de capitales privados, visto lo arduo de su costo para las rentas de nuestro pobre país.”

“el sistema económico de la Constitución argentina debe buscar su más fuerte garantía de estabilidad y solidez en el sistema económico de su política exterior, el cual debe ser Un medio orgánico del primero, y residir en tratados de comercio, de navegación, de industria agrícola y fabril con las naciones extranjeras. Sin esa garantía internacional la libertad económica argentina se verá siempre expuesta a quedar en palabras escritas y vanas.”

 

¿Porqué caemos en la trampa del Estado Benefactor? Básicamente, la gente cree que no tiene costo y da muchos beneficios

 

Antony P. Mueller es alemán, pero vive en Brasil, donde es profesor de Economía. Escribe una breve nota en el Mises Wire, del Ludwig von Mises Institute, titulada: ¿porqué los países caen en la trampa del bienestar?

Aquí van traducidos los primeros párrafos:

“A las personas les gusta el estado de bienestar porque suponen que esto no tiene costo y brinda muchos beneficios. Si la gente supiera cuánto el consumo actual de beneficios sociales conlleva menos prosperidad en el futuro, la población tendrá una actitud crítica hacia el estado de bienestar y los políticos tendrán más dificultades para vender su fraude. Así como una sociedad que clasifica la seguridad por encima de la libertad pierde ambas, una sociedad que atribuye un mayor valor a los beneficios sociales que a la creación de riqueza no tiene ni riqueza ni beneficios.

 

Una perspectiva a corto plazo es intrínseca a la democracia moderna. No está dirigido por el pueblo sino por los partidos políticos. Tal sistema político promueve la redistribución de la torta y descuida que los bienes deben producirse antes de que puedan ser consumidos. Sin producción, sin embargo, no puede haber distribución. La ilusión está generalizada y se propaga por la maquinaria política de que la producción es independiente de su distribución, por lo que se podría redistribuir sin debilitar la producción. Sin embargo, cómo se distribuye el producto afecta su fabricación futura.

 

Un concepto de justicia que solo concierne a la justicia social de distribución es una contradicción en los términos. La justicia de distribución de los bienes tiene como otra cara la justicia con respecto a los esfuerzos de producción de los bienes. La justicia, entendida correctamente, tiene un aspecto distributivo y conmutativo. El desprecio del aspecto conmutativo de la justicia en favor de la justicia distributiva es injusto. Tal enfoque también es irracional, ya que la distribución es posible solo cuando hay algo que distribuir.”

El texto completo está en: https://mises.org/wire/how-countries-fall-welfare-trap