- Descentralización y federalismo en Brasil
La división de poderes es uno de los elementos centrales de la calidad institucional y esta puede ser, digamos, horizontal (entre los distintos poderes a cierto nivel de gobierno: ejecutivo, legislativo y judicial) o vertical (entre los distintos niveles de gobierno: nacional, provincial o estadual y municipal).
Brasil es un país federal, y estamos viendo en estos momentos una puja que, con algunos bemoles, es un caso del control de poder que una división puede generar, aunque no lo logre en todos los casos. El gobierno nacional ha generado un Régimen de Recuperación Fiscal (RRF) por el que ayudará a los gobiernos estaduales en el pago de sus deudas si estos implementan un plan de reformas, que debe incluir no crear nuevos cargos, ni conceder aumentos, ni aumentar los gastos, y debe privatizar empresas bajo su órbita y otras medidas para reducir sus gastos. El gobierno nacional ha vetado la propuesta del estado de Rio de Janeiro pese a que el Consejo de Supervisión del RRF la hubiera aprobado, en base a opiniones técnicas del Tesoro Nacional y de la Procuraduría General de la Hacienda Nacional. El Consejo de Supervisión del RFF está formado por miembros del gobierno nacional, del gobierno de Rio y del Tribunal de Cuentas de la Unión.
No parece sorprendente que el plan de ajuste presentado por el gobierno de Rio de Janeiro contemplara aumentos de los sueldos de sus empleados y pospusiera el ajuste hasta 2030, el último del programa. El Tesoro señala que no hay ajuste del gasto.
En fin, son intentos de un gobierno nacional de presionar a un gobierno estadual para que realice reformas que, aparentemente, éste no quiere realizar. Estamos de nuevo en la cuestión de cómo se impone la disciplina en un estado que no quiere tenerla: en este caso viene desde arriba, pero también podría ser que la reclamaran los votantes y, por último, que la imponga en mercado: en Diciembre de 2020 el Estado Federal pagó una deuda de 4,7 billones de reales al BNP Paribas.
Autores de Public Choice han sugerido reformas institucionales para hacer frente a este problema, tales como la prohibición de tomar endeudamiento o la posibilidad de embargo de los bienes del Estado. Es decir, o que no pueda tomar deuda con ese banco o que luego se haga cargo de que le embarguen sus bienes.