Jeffrey Hummel, del Independent Institute en San Francisco, publicó un artículo que fue luego traducido por la revista española Proceso Económico con el título “BIENES NACIONALES CONTRA BIENES PÚBLICOS: DEFENSA, DESARME Y FREE RIDERS”. El artículo está muy bueno, pero tal vez sea más útil para los lectores, alguna de las extensas citas que tiene, ya que brindan una excelente y breve revisión de la literatura principal sobre el tema. Aquí va:
“De las cuatro posibilidades que las dos características de bienes públicos generan, los economistas han tenido el momento de mayor dificultar al identificar ejemplos de la vida real de bienes y servicios que no sea excluibles pero sin embargo rivales en el consumo. Algunos intentos incluyen: uso de las flores de un vecino por las abejas apicultoras de la competencia, viajar en una autopista abarrotada, extracción de petróleo del subsuelo y el robo de automóviles. Todos estos ejemplos, sin embargo, con la posible excepción de las flores, representan bienes y servicios que pueden hacerse fácilmente excluibles con una mejor definición o protección de los derechos de propiedad.
Tyler Cowen, «Public Goods Definitions and Their Institutional Context: A Critique of Public Goods Theory», Review of Social Economy 43 (abril de 1985): 53-53, y Snidal, «Public Goods, Property Rights, and Political Organizations», argumentan que la no exclusion lógicamente implica un consume no rival. Snidal, sin embargo, llega a esta conclusión en parte a través de una estrategia de definición de manual. Inventa un término nuevo, «no control sobre exclusión», el cual distingue de «no exclusividad». El término nuevo conserva, bajo un suave nombre nuevo, una exclusión característica que pueden variar independientemente de un consumo no rival, mientras que el término antiguo se convierte en sinónimo por definición con un bien público que exhibe ambas características.
Muchas de las críticas tempranas a los artículos sobre bienes públicos originales de Samuelson se centraron en la polaridad de su concepto. Por ejemplo, véase Stephen Enke, «More on the Misuse of Mathematics in Economics: A Rejoinder», Review of Economics and Statistics 37 (mayo de 1955): 347-49, y Gerhard Colm, «Comments on Samuelson’s Theory of Public Finance», ibid. 38 (noviembre de 1956): 408-12. El propio Samuelson admitió este error en su segundo artículo, «Diagrammatic Exposition of a Theory of Public Expenditure».
El desarrollo de una aproximación más sofisticada puede ser trazada a través de James M. Buchanan y M. Z. Kafoglis, «A Note on Public Good Supply», American Economic Review 53 (enero de 1963): 403-14, Harold Demsetz, «The Exchange and Enforcement of Property Rights», Journal of Law and Economics 7 (octubre de 1964): 11-26; Jora R. Minasian, «Television Pricing and the Theory of Public Goods», (octubre de 1964): 71-80; R.N. McKean y Jorda R. Minasian, «On Acheiving Pareto Optimality-Regardless of Cost», Western Economic Journal 5 (diciembre de 1966): 14-23; Otto Davis y Andrew Winston, «On the Distinction Between Public and Private Goods», American Economics Review 57 (marzo de 1967): 360-73; E.J. Mishan, «The Relationship Between Joint Products, Collective Goods and External Effects», Journal of Political Economy 77 (mayo/junio de 1969): 329-48; y Head y Shoup, «Public Goods, Private Goods and Ambigous Goods».
4 Véase Cowen, «Public Goods Definitions and Their Institutional Context»; Tom G. Palmer, «Infraestructure: Public or Private?» Policy Report 5 (mayo 1983): 1-5, 11; Murray N. Rothbard, «The Myth of Neutral Taxation», Cato Journal 1 (otoño de 1981): 532-46; y Kenneth D. Goldin, «Equal Access vs. Selective Access: A Critique of Public Goods Theory», Public Choice 29 (primavera de 1977): 53-71.
Hasta cierto punto, esta posición fue anticipada por Earl Brubaker, «Free Ride, Free Revelation or Golden Rule», Journal of Law and Economics 18 (abril de 1975): 147-65. Brubaker argument que lo que llama «exclusión precontractual» permite a los mercados en muchas ocasiones superar el problema del free-rider. La «exclusión precontractual» supone obligar por contrato al beneficiario del bien público a pagar por las condiciones en el que un número específicos de otros beneficios pagan. El empresario no produce el bien público hasta que el número necesario de beneficiarios sea suficiente para llevar a cabo el contrato.”